El Gobierno nacional confía en aprobar la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias convocadas para el 10 y 11 de febrero. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, forma parte del paquete de reformas estructurales que el oficialismo considera prioritarias y podría ser tratada sin modificaciones sustanciales, pese a la resistencia de algunos sectores.

Fuentes con acceso al despacho presidencial aseguraron a Noticias Argentinas que la administración de La Libertad Avanza cuenta con los votos necesarios para sancionar el proyecto. Aunque no se descartan sugerencias o enmiendas técnicas, el Ejecutivo ratificó que cualquier modificación “no debe alterar el espíritu” de la norma.

La reforma, denominada oficialmente como “modernización laboral”, fue presentada por el Gobierno nacional como una herramienta para formalizar el empleo y reducir costos laborales. Sin embargo, distintos especialistas advierten que los cambios propuestos pueden profundizar la precarización de quienes ya trabajan en condiciones informales o con bajos niveles de protección social.

El senador chaqueño Juan Cruz Godoy, miembro de la Comisión de Trabajo y referente de LLA en la Cámara alta, afirmó que el proyecto “va a salir con un gran consenso”. Según el legislador, gran parte de la iniciativa ya fue aprobada durante el tratamiento de la Ley Bases, pero su sanción fue postergada por la demora en la aprobación del Presupuesto 2026.

En paralelo, el oficialismo despliega una estrategia política de presión y negociación territorial. El ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene reuniones con gobernadores para intercambiar apoyos legislativos por beneficios específicos para las provincias. No obstante, desde Casa Rosada niegan que se vayan a implementar compensaciones fiscales directas: “La compensación va a surgir del crecimiento que va a generar, tanto en sus recursos propios como en la coparticipación”, sostuvo una fuente del entorno presidencial.

La exministra de Seguridad y actual jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich, impulsa una comisión técnica a cargo de la abogada laboralista Josefina Tajes, que buscaría canalizar sugerencias de sectores empresariales y gremiales sin alterar el texto base. Hasta el momento, los sindicatos no fueron formalmente convocados a una discusión estructurada del articulado, y la CGT ya había manifestado su rechazo al contenido del capítulo laboral dentro del fallido DNU 70/2023.

Uno de los ejes argumentales del oficialismo gira en torno a la informalidad. Según Godoy, “los puestos laborales se están creando en negro”, lo que afectará en el futuro a millones de trabajadores sin aportes jubilatorios. “En 10 o 15 años, esas personas van a estar complicadas para cobrar su jubilación”, declaró el senador en Radio Rivadavia. No obstante, la iniciativa oficial no incluye una propuesta clara para promover el blanqueo laboral ni detalla mecanismos de fiscalización o incentivos a la registración.

El proyecto tampoco contempla medidas concretas para reforzar el rol de la inspección laboral, uno de los pilares de control del trabajo no registrado. La visión dominante en el oficialismo promueve un esquema de desregulación y reducción de costos empresariales como vía para fomentar el empleo, sin abordar las causas estructurales de la informalidad como la tercerización, la falta de inversión productiva o la subocupación crónica.

Respecto a los sindicatos, el discurso oficial sostiene que “la reforma es para adelante” y que no afectará a quienes ya tienen empleo registrado. Sin embargo, diversos juristas advierten que varios artículos del proyecto podrían vulnerar derechos adquiridos, limitar la capacidad de negociación colectiva y alterar los convenios vigentes.

El oficialismo buscará aprobar la reforma laboral con celeridad, sin abrir instancias amplias de debate ni convocar a audiencias públicas. Aunque el Gobierno insiste en que “todos se benefician con la reforma”, los sectores del trabajo organizado reclaman participación real en la discusión de un cambio que impactará de lleno en sus condiciones de vida.

JJD, con información de NA

La Plaza de Mayo fue más fuerte que el calendario parlamentario. Aunque el gobierno de Javier Milei había anunciado que su reforma laboral sería debatida y votada antes de fin de año, el Senado la postergó hasta febrero, luego de una jornada donde la presión sindical y las tensiones internas en el Congreso marcaron el pulso político.

El dictamen de comisiones se firmó el miércoles por la tarde, pero el tratamiento en el recinto se reprogramó para una próxima convocatoria a sesiones extraordinarias, a partir del 10 de febrero. La titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, lo comunicó personalmente, tras un plenario que estuvo al borde del colapso político y que solo pudo destrabarse con gestos hacia la oposición dialoguista.

“Hubiese sido un desastre”, reconoció un senador radical. Las negociaciones estuvieron frenadas buena parte del día, y la decisión de demorar el debate —inédita para un oficialismo que hace bandera de la velocidad legislativa— fue el resultado de una relación de fuerzas que excede al recinto.

La CGT en la calle: advertencia y plan de lucha

A esa misma hora, en el centro de Buenos Aires, la CGT protagonizaba su primera gran marcha contra el Gobierno, con todo el Consejo Directivo presente, columnas de sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda. La consigna fue clara: rechazar una reforma que consideran “entreguista” y “a favor de las grandes empresas”.

“No se genera trabajo sacando derechos, ni con jornadas más largas”, advirtió Octavio Arguello, cosecretario general, ante una multitud. El mensaje fue directo al Senado: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los van a demandar”. La movilización cerró con una advertencia: si no hay marcha atrás, habrá paro nacional.

No fue una marcha testimonial, sino un gesto de fuerza y unidad. Estuvieron Hugo Moyano, Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Jorge Sola, y dirigentes como Axel Kicillof, Juan Grabois y José Mayans. Hubo incidentes menores, pero el mensaje de fondo fue político: la reforma no pasará sin resistencia.

Qué propone el proyecto: entre la flexibilización y la transferencia de recursos

¿De qué se trata la reforma que el Gobierno busca sancionar? Según el análisis de Juan Manuel Telechea en una publicación del portal Cenital, el proyecto busca reducir cargas patronales, abaratar despidos, limitar la protesta sindical y favorecer la flexibilidad horaria. Pero no hay garantías de que eso genere más empleo formal.

Uno de los puntos clave es el fondo de cese laboral. Las empresas aportarían un 3% mensual del salario, que se usaría para pagar futuras indemnizaciones. A cambio, dejarían de aportar esa misma proporción a la seguridad social. “La indemnización, en los hechos, la financiaría el sistema jubilatorio”, advierte Telechea.

Además, el proyecto amplía de tres a seis meses el período de prueba, quita del cálculo indemnizatorio ítems como el aguinaldo y otros adicionales, y mantiene un blanqueo laboral con perdón de deudas y multas que, según los datos disponibles, no logró resultados significativos.

La reforma también introduce un “banco de horas”, que permite reorganizar la jornada laboral sin pagar horas extra. Pero, sin protección gremial efectiva, el control sobre el uso del tiempo quedaría en manos del empleador. Es un esquema que debilita la negociación colectiva y diluye uno de los pocos márgenes de autonomía que tienen los trabajadores sobre su vida cotidiana.

La informalidad, excusa o problema

El argumento central del Gobierno es que la rigidez del sistema laboral actual impide la creación de empleo formal. Pero el propio texto del proyecto omite que el 90% del empleo no registrado se concentra en micro y pequeñas empresas, y que la gran mayoría de las medianas y grandes ya cumple con las normas.

¿Por qué entonces se proponen reducciones de cargas para todas las empresas, sin segmentación? Telechea sostiene que eso convierte una reforma supuestamente técnica en una medida regresiva: “Se transfiere recursos del Estado y los trabajadores hacia las empresas, sin generar incentivos efectivos para el blanqueo”.

Tampoco se incluyen reformas básicas que podrían mejorar la calidad del empleo: licencias por nacimiento, por ejemplo, siguen igual que hace 50 años. Para el padre, dos días. Para la madre, trece semanas.

Derecho a huelga y libertades sindicales en jaque

Uno de los puntos más controvertidos es la limitación al derecho constitucional de huelga. El proyecto establece un “servicio mínimo” del 50% en casi todas las actividades —alimentación, bancos, comercio electrónico, medios de comunicación—, lo que en la práctica implica vaciar de fuerza la protesta gremial.

Es un salto cualitativo en la conflictividad estructural: el Gobierno intenta regular la protesta desde una lógica empresarial, desconociendo su función social y su resguardo legal. En este punto, la reforma no busca solo cambiar normas laborales: busca disciplinar políticamente al movimiento obrero.

Lo que se posterga (por ahora)

El tratamiento en el Senado quedó fijado para febrero, en un nuevo período de sesiones extraordinarias. La postergación fue un revés parcial para el oficialismo, que logró el dictamen gracias a un acuerdo con sectores del radicalismo, el PRO y algunos peronistas disidentes. Pero la grieta parlamentaria está abierta, y el conflicto social escalando.

La CGT anunció que el plan de lucha continuará, con protestas y posibles paros sectoriales. El Gobierno, por su parte, apuesta a ganar tiempo para acumular votos, mientras avanza con otras reformas paralelas, como el Presupuesto 2026 y la ley de “inocencia fiscal”.

¿Una reforma laboral sin trabajo?

El telón de fondo es más profundo que un proyecto de ley. Lo que se discute no es solo cómo despedir, contratar o registrar, sino quién define las condiciones del trabajo en la Argentina del siglo XXI: si el mercado, el Estado, o los trabajadores organizados.

La experiencia muestra que con este mismo régimen laboral, entre 2004 y 2011, la economía generó más de 2 millones de puestos formales y redujo la informalidad. No fue por una reforma laboral, sino por crecimiento económico sostenido y políticas públicas activas.

La reforma Milei puede terminar siendo un nuevo episodio de una vieja historia: flexibilizar sin crecer, ajustar sin incluir. Por ahora, la calle impuso un límite. Pero la disputa recién empieza.

JJD

Bruselas inició este jueves el primer paso hacia una nueva legislación laboral. La Comisión Europea (CE) presentó una consulta formal con sindicatos y empleadores para diseñar la Ley de Empleo de Calidad, que será presentada en 2026. El proyecto busca responder a las transformaciones tecnológicas y organizativas del trabajo en la Unión Europea, con especial foco en el uso de inteligencia artificial (IA), el avance del teletrabajo y las nuevas formas de subcontratación.

“Queremos modernizar el trabajo en Europa, crear empleos sostenibles y garantizar la protección de los trabajadores”, afirmó Roxana Minzatu, vicepresidenta de la CE, al presentar los lineamientos. Uno de los puntos más novedosos será la regulación del uso de algoritmos y herramientas de IA para la gestión laboral.

La propuesta contempla establecer límites éticos y reglas claras de transparencia, especialmente cuando estas tecnologías se utilizan para vigilar empleados, distribuir tareas, fijar remuneraciones o tomar decisiones automatizadas. Bruselas también considera necesario regular el grado de intervención humana, proteger la privacidad de los trabajadores y evitar interferencias en la negociación colectiva.

Algoritmos bajo supervisión humana

Minzatu aclaró que el objetivo es doble: fomentar la adopción de inteligencia artificial como motor de productividad, pero al mismo tiempo garantizar un entorno confiable para trabajadores y empleadores. “Esto requiere una protección mínima para quienes trabajan con estas herramientas”, sostuvo.

El planteo retoma el llamado que hizo la Eurocámara en noviembre, cuando reclamó que todas las decisiones tomadas por algoritmos en el ámbito laboral estén supervisadas por personas. También pidió prohibir el acceso a datos privados como el estado psicológico, la geolocalización o las comunicaciones personales de las y los trabajadores.

Subcontrataciones y dumping social

Otro eje central del proyecto es el combate a la explotación laboral y el dumping social, dos fenómenos crecientes en sectores como la construcción, el transporte y la logística. La CE busca poner límites al uso abusivo de cadenas de subcontratación, que muchas veces diluyen las responsabilidades empresariales y precarizan las condiciones laborales.

“Las subcontratas no deben debilitar los estándares sociales europeos”, advirtió Minzatu. El plan contempla mecanismos de corresponsabilidad empresarial y mayor transparencia en la contratación, con reglas claras para los empleadores que tercerizan tareas o trasladan personal al exterior.

Teletrabajo, salud mental y derecho a desconectarse

La futura Ley de Empleo de Calidad también abordará el impacto del teletrabajo. Desde 2019, la tasa de teletrabajo en Europa se duplicó y ya alcanza al 20,3% de la población laboral. Esta expansión, según el Ejecutivo comunitario, vino acompañada de un aumento de riesgos psicosociales y ergonómicos.

Un estudio citado por la CE señala que el 29% de las personas que trabajan en Europa sufre estrés, ansiedad o depresión provocada o agravada por sus tareas laborales, una cifra superior al 27% registrado en 2022.

En este contexto, Bruselas quiere avanzar también en la legislación sobre el derecho a desconectarse. Entre julio y octubre de este año, ya se había realizado una consulta sobre este punto, que ahora se complementa con el debate sobre condiciones justas en el teletrabajo.

Un nuevo marco para un mundo del trabajo en transformación

La futura Ley de Empleo de Calidad busca convertirse en el nuevo paraguas normativo para los cambios acelerados que vive el mercado laboral europeo. Con la Ley de IA aún en implementación y vacíos normativos en áreas clave, el proyecto apunta a equilibrar innovación y derechos, frente al avance de modelos de gestión automatizada que aún no contemplan garantías suficientes.

“Los algoritmos no pueden reemplazar el diálogo social”, advirtió Minzatu, que confirmó que el proceso de consulta continuará en 2026 con vistas a presentar una propuesta legislativa integral.

JJD