México y Argentina atraviesan realidades opuestas en materia de política salarial. Mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum acordó con sindicatos y empresarios un aumento del 13% en el salario mínimo para 2026, en Argentina el Consejo del Salario fracasó por falta de acuerdo y el Gobierno impuso por decreto un incremento muy inferior, sin respaldo sindical ni consenso tripartito.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó el ajuste anunciado esta semana, que llevará el salario mínimo nacional de 278,8 a 315,04 pesos diarios (US$17,26). El acuerdo incluye un componente inflacionario del 6,5% y un “monto independiente de recuperación” que refuerza el poder adquisitivo, con el objetivo explícito de que el salario cubra el 100% de la línea de bienestar.

“Es una decisión histórica y consensuada que fortalece el ingreso sin afectar la estabilidad del empleo formal”, señaló la Coparmex en un comunicado.

En Argentina, aumento sin acuerdo y por debajo de la inflación

En cambio, en Argentina, el Consejo del Salario fracasó la semana pasada, cuando empresarios ofrecieron una suba de apenas $4.000 sobre los $322.200 congelados desde agosto. La CGT rechazó la propuesta oficial y exigió una recomposición del 71,6% para acercar el salario mínimo a la Canasta Básica Total, hoy ubicada en $1.176.852.

Frente al desacuerdo, el Gobierno impuso de manera unilateral un cronograma de aumentos por decreto, que llevará el salario mínimo a $376.600 en agosto de 2026, un incremento interanual del 17% y apenas un 3,9% de suba en el primer mes, muy por debajo de la inflación proyectada.

“El laudo impuesto consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, denunció la CGT. La central obrera remarcó que la decisión del Ejecutivo “desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores” y no se corresponde con los niveles de pobreza ni con el costo de vida real.

Dos caminos, dos modelos

El contraste entre ambos países vuelve a poner en primer plano las diferencias de enfoque político. En México, el aumento salarial fue definido en el marco del Consejo Nacional de los Salarios (Consami), tras más de 40 foros con participación de más de 2.000 representantes, incluidos gremios y empleadores. En Argentina, en cambio, los acuerdos tripartitos están quebrados y el Gobierno deslegitima la participación sindical en la negociación de los pisos salariales.

La iniciativa mexicana además contempla aumentos diferenciados para la frontera norte, donde el salario mínimo alcanzará 440,87 pesos diarios (US$25,15), con el objetivo de evitar desigualdades territoriales y acompañar el costo de vida local.

En paralelo, el gobierno de Sheinbaum propuso una reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales entre 2027 y 2030, también con respaldo de empresarios, bajo un esquema progresivo que incluye a las mipymes.

Una política salarial al servicio del trabajo

En México, el objetivo declarado es que para 2030 el salario mínimo supere en 2,5 veces el valor de la canasta básica, lo que implicaría una mejora real del poder de compra y una estrategia de redistribución con consenso social.

En Argentina, por el contrario, el salario mínimo se mantiene como un umbral desconectado de la realidad, que no llega a cubrir ni un tercio de una canasta básica para una familia tipo. Aun así, sigue siendo una referencia clave para programas sociales, prestaciones por desempleo y convenios colectivos.

Los dos gobiernos enfrentan contextos económicos distintos, pero la diferencia no es solo macroeconómica: es política. En uno, el salario se negocia; en el otro, se impone. En uno, se piensa en términos de bienestar; en el otro, en términos de recorte.

JJD