La jornada laboral máxima en México quedó fijada en 40 horas semanales tras la publicación oficial de la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación. Desde este martes comenzó a regir un esquema de reducción progresiva que lleva el límite legal de 48 a 40 horas, con implementación gradual hasta 2030. En la Argentina de Javier Milei la situación es completamente opuesta: la legislación continúa en 48 horas, sin chance alguna de que baje a 40 estando en el poder el partido conservador La Libertad Avanza, y el Congreso, a instancias de su gobierno, acaba de sancionar una reforma laboral proempresa, en medio de una ola de despidos, cierres de empresas y reducción del poder de compra.

En México, su presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció la medida en una conferencia matutina y confirmó que la reforma se publicó oficialmente. La modificación recibió respaldo unánime tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. De ese modo, el cambio quedó incorporado al texto constitucional y adquirió vigencia formal.

La reforma estableció que la reducción se aplicará sin disminución de sueldos, salarios ni prestaciones. También prohíbe las horas extra para menores de edad. Durante el anuncio, Sheinbaum sostuvo que la nueva normativa busca “reducir la fatiga y los accidentes laborales mediante un mayor descanso, mejorando la salud, la seguridad y el equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional de los trabajadores”.

En contraste con este propósito del gobierno de Sheinbaum, entre los cambios a la legislación laboral aprobados en la Argentina, uno de los puntos más cuestionados por sectores sindicales fue la incorporación del denominado “banco de horas”. El esquema permite compensar horas trabajadas en exceso con descansos posteriores dentro de un período determinado, en lugar de pagarlas como horas extra en el momento. Sindicalistas advirtieron que el mecanismo puede trasladar al empleador la decisión sobre la distribución del tiempo de trabajo y alterar la previsibilidad de la jornada.

México es la segunda economía de América Latina, solo por detrás de Brasil y por delante de Argentina, que ocupa el tercer lugar en la región. Con más de 120 millones de habitantes, el país estuvo gobernado durante siete décadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que articuló un modelo de fuerte presencia estatal y relación corporativa con sindicatos, aunque con control político centralizado. En 2000 se produjo la primera alternancia con el conservador Partido Acción Nacional (PAN), cuyos gobiernos impulsaron una agenda más orientada al mercado y reformas estructurales. En 2018, Andrés Manuel López Obrador fundó y llevó al poder al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con un programa centrado en la ampliación del gasto social, la recuperación del rol del Estado y el fortalecimiento del salario mínimo. Esa línea política continuó con la elección de Claudia Sheinbaum, actual presidenta y referente del mismo espacio.

El Gobierno mexicano fundamentó la reducción de la jornada laboral en recomendaciones internacionales. La medida se apoyó en el Convenio 47 de 1935 y en la Recomendación 116 de 1962 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que orientaron a los países a adoptar jornadas semanales de 40 horas sin reducción salarial y con diálogo social. Según informó la propia OIT en un reporte regional, en la mayoría de los países de América Latina persistieron límites de 48 horas semanales, aunque algunos avanzaron en reformas recientes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo citada en la cobertura mexicana, el 36,1% de las personas trabajadoras en México cumplió jornadas de 40 horas o menos, mientras que el 63,9% trabajó más de ese tiempo, especialmente entre 41 y 48 horas semanales o incluso más. El cambio constitucional impacta directamente sobre ese universo mayoritario que superaba el nuevo tope legal. En términos comparativos regionales, la Argentina mantiene el límite general de 48 horas semanales en la normativa laboral vigente.

La reforma mexicana se elaboró tras un proceso de diálogo entre representantes empresariales, sindicales, académicos y trabajadores, otra diferencia con la reforma laboral de Milei, cuya negociación se circunscribió a los gobernadores: plata para las provincias a cambio de votos en el Congreso.

Según la información publicada en México, más de 40 mesas de trabajo reunieron a 2.000 expertos para analizar la viabilidad y el impacto de la medida. El oficialismo presentó ese proceso como la base del consenso legislativo alcanzado.

El avance mexicano se produjo en un contexto regional donde el debate sobre el tiempo de trabajo volvió a cobrar centralidad. El informe técnico de la OIT para el Cono Sur señaló que los efectos de la reducción de jornada dependieron del diseño institucional y de la existencia de medidas complementarias que acompañaron su implementación. En ese sentido, la gradualidad hasta 2030 forma parte del esquema adoptado por México.

La modificación constitucional mexicana no implica, según lo publicado, una baja salarial. Tampoco habilita mecanismos de compensación que extendieran indirectamente la jornada. El núcleo de la reforma fue el reconocimiento del derecho al descanso como garantía constitucional, en línea con estándares internacionales.

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“¿Para qué sirvieron todos esos avances tecnológicos, entonces?”, se preguntó Luiz Inácio Lula da Silva ante el Consejo de Desarrollo Económico y Social Sostenible (CDESS), al proponer reducir la jornada laboral en Brasil. El mandatario defendió el fin de la jornada 6 por 1 —seis días de trabajo y uno de descanso— y llamó a pensar una redistribución del tiempo laboral como respuesta a los incrementos de productividad.

“La producción aumenta, pero los salarios caen. Eso no tiene sentido”, argumentó. Lula no presentó un proyecto de ley, pero instó al Consejo —integrado por empresarios, sindicatos y movimientos sociales— a analizar la viabilidad de bajar la jornada legal, actualmente de 44 horas semanales, a 40. El debate se da en simultáneo con una propuesta de enmienda constitucional que apunta en esa dirección y ya circula en el Congreso Nacional.

El planteo del presidente brasileño se suma a una corriente regional que pone en discusión la duración del trabajo en contextos de automatización, concentración de la riqueza y crisis de bienestar. Apenas un día antes, México oficializó una iniciativa legislativa con alcance histórico: reducir progresivamente la jornada de 48 a 40 horas semanales sin baja salarial ni pérdida de derechos.

“Es un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada”, expresó la presidenta del Senado mexicano, Laura Itzel Castillo, al presentar el proyecto de Claudia Sheinbaum. La reforma será gradual —dos horas menos por año entre 2027 y 2030— y fue diseñada tras cinco meses de foros con más de 2.000 actores sociales, incluyendo sindicatos, empresas y académicos.

Mientras Brasil y México avanzan hacia una reorganización del tiempo de trabajo en clave de bienestar, en la Argentina el Gobierno impulsa una reforma laboral en sentido contrario. El presidente Javier Milei, con el respaldo de Patricia Bullrich en el Senado, propone flexibilizar convenios colectivos, facilitar despidos y eliminar derechos adquiridos. Los gremios rechazaron el proyecto por considerarlo “inconstitucional, antisindical y regresivo”.

En México y Brasil, el foco está en distribuir mejor el tiempo generado por el crecimiento tecnológico. En Argentina, en cambio, la reforma oficialista busca reducir costos laborales sin contemplar el impacto social. Lula recordó que, cuando era sindicalista, 40.000 trabajadores producían 1.200 autos; hoy 12.000 fabrican el doble. “¿Por qué no se redujo la jornada?”, preguntó. Su respuesta: redistribuir ese excedente en tiempo libre para el pueblo.

El Consejo asesor convocado por Lula elaborará propuestas que luego pueden ser tomadas como base legislativa. Aunque sin fuerza de ley, el gesto presidencial instala el tema en la agenda pública y consolida una perspectiva común con México: priorizar la salud mental, el equilibrio vital y los derechos laborales en el marco de un nuevo contrato social.

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