En los últimos 20 años algo cambió respecto de cómo pensamos a las familias y el rol de los padres en ellas, en especial respecto de la crianza. Hace tiempo que no es excepcional encontrar varones que quieren estar, criar, acompañar la vida cotidiana de sus hijos, no perderse un acto escolar. Estos avances no se tratan sólo del interés de los padres en cuidar, sino también de acompañar el deseo de muchas mujeres de perseguir su desarrollo profesional y la necesidad de procurar su autonomía económica, en el marco de acuerdos de pareja que también fueron cambiando.

Estos cambios los podemos verificar en nuestras familias y personas cercanas. También los hemos documentado en estudios más amplios, como el que recientemente realizamos junto a Equimundo, una organización global que promueve formas de paternidad más cercanas a modelos de familia basados en la igualdad. Según el estudio “Las Voces del Cuidado 2”, el 89% de los varones y el 78 % de las mujeres reconoce que, a diferencia de la generación de sus padres, cuidar dejó de ser algo excepcional entre los hombres. Cuando se les consulta en profundidad, muchos expresan el deseo de construir una paternidad distinta, más comprometida con el cuidado y con la posibilidad de acompañar la vida cotidiana de las familias, en contraste con aquella idea de padre proveedor y rígido que dominaba la escena en décadas anteriores. Además, el 88% de los hombres entrevistados para este estudio afirma que cuidar a sus seres queridos es una de las cosas que más disfruta en la vida. 

Como sucede tantas veces, los cambios en la sociedad se producen a una velocidad mayor que la que reflejan las instituciones. Este cambio en el ejercicio de la paternidad y en el deseo de participar más activamente en la crianza no fue acompañado por las regulaciones del empleo. Mientras múltiples estudios destacan estas transformaciones en las familias siglo XXI, padres y madres se enfrentan a una realidad anclada en el siglo pasado. La Ley de Contrato de Trabajo reconoce sólo dos días de licencia por paternidad. Es decir, un fin de semana para conocer a un hijo y empezar a construir un vínculo. Una ley que se sancionó en 1974, en una época en la que el padre tenía el ejercicio total de la patria potestad y se asumía que su único deber era anotar al recién nacido en el registro civil, que no logró adaptarse a familias y realidades nuevas.

Ese mundo en el que era posible distinguir de forma tajante los roles de hombre proveedor y mujer cuidadora, ya no existe. En 1986, el 65% de los hogares argentinos dependía de un solo proveedor varón; hoy el 57,1% tiene dos ingresos, y la participación laboral femenina pasó del 27% en 1980 al 51,6% en 2025 (INDEC, 2025). Aunque el modelo “papá trabaja, mamá cuida” dejó de describir a la mayoría de las familias reales, una gran parte del marco normativo y laboral continua estando pensado para ese esquema.

Es cierto que hubo avances legales que reconocieron en parte estos cambios, como la reforma del Código Civil de 1985 que estableció la patria potestad compartida. Dos años después, con la aprobación del divorcio vincular, no solo permitió ordenar la separación con reglas claras sobre cuidado y manutención sino que también permitió reconocer pluralidad de formas de familias. Ya en este siglo, en 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el cuidado como un derecho humano, esto implica que los Estados deben garantizar el tiempo, los recursos y los servicios para ejercerlo, para que no sea solo una responsabilidad que las familias deben resolver como pueden y por las suyas, sino que se reconoce la importancia de contar con recursos, servicios y tiempos para hacerlo posible. Sin embargo, sabemos que entre el derecho y la vida cotidiana queda un tramo que las leyes laborales aún no terminan de abordar.

Esta distancia tiene consecuencias concretas. Cuando la ley dispone que un padre cuenta apenas con dos días de licencia por paternidad, la que queda sola para sostener las primeras semanas es, otra vez, la madre. Los datos son claros en ese sentido, 7 de cada 10 personas creen que las licencias por paternidad deberían durar al menos 30 días, y 9 de cada 10 sostienen que la presencia del padre en los primeros años es clave para el desarrollo de las infancias. Cuando se comparan los datos de Argentina con las experiencias internacionales, los retrasos en materia de legislación laboral se ven con más nitidez. A nivel global, las madres cuentan en promedio con 24,7 semanas pagas, entre 5 y 6 meses, y los padres con 2,2, unos quince días. 

La Organización Internacional del Trabajo recomienda al menos 14 semanas para ambos progenitores. En esa comparación, Argentina aparece entre los países más atrasados en licencias laborales.

A estas limitaciones normativas, se suman las presiones económicas que van en sentido contrario al deseo de cuidar. El 77% de las personas percibe que hoy es mucho más difícil alcanzar la seguridad financiera que en la época de sus padres. Los datos indican que el mandato del proveedor aún pesa sobre la identidad masculina: el 55% de los varones acuerda con que no se siente “lo suficientemente hombre” si no puede mantener a su familia, un porcentaje que alcanza el 61,3% entre los más jóvenes (ELA y Equimundo, 2026). En contextos de crisis, muchos refuerzan su dedicación al trabajo remunerado, con jornadas extendidas o pluriempleo, en detrimento del tiempo para la crianza.

 “Alcanza para sacarse una muela, no para tener un hijo”, resumió un padre argentino entrevistado sobre la extensión de la licencia por paternidad. Por eso los avances que valoramos como sociedad, necesitan un apoyo normativo para que la crianza compartida sea real. En 2013, el 58% de los varones cuidaban; ese porcentaje trepó al 75,1% en 2021, con 3,4 horas diarias en promedio (Encuesta de Uso del Tiempo, INDEC, 2013). Sin embargo, las mujeres dedican 6,3 horas, casi el doble que los varones), y a eso se suma el trabajo fuera del hogar. Esta diferencia también aparece en cómo cada uno percibe la distribución de tareas: en el estudio publicado por ELA y Equimundo, el 88% de los varones dice que divide las tareas en partes iguales con su pareja, pero sólo el 67% de las mujeres coincide con esto. El punto de divergencia no radica sólo en quién hace qué, sino mayormente en quién carga con la tarea de anticipar, planificar y coordinar la logística cotidiana, que sigue mayormente del lado de las madres. Para que esto cambie y se sigan consolidando arreglos más igualitarios, es importante reconocer para los hombres la disponibilidad de tiempo que los haga partícipes de la organización del hogar desde la primera infancia.

En estos últimos años, hubo intentos por impulsar esta conversación desde las políticas públicas, las prácticas empresarias, las negociaciones sindicales y también algunas propuestas de reforma normativa. En 2022 se presentó en el Congreso el proyecto Cuidar en Igualdad, que proponía un sistema integral de cuidados y una reforma general del régimen de licencias que además incorporaba a monotributistas y autónomos, hoy todavía excluidos de toda consideración sobre los cuidados. Aunque la iniciativa no prosperó, dejó planteada una agenda que sigue vigente y que hoy impulsan desde distintos bloques en el Congreso.

Las políticas públicas para facilitar los cuidados no reemplazan el amor ni la responsabilidad familiar, por el contrario: crean las condiciones para cuidar mejor. Licencias más amplias, servicios de cuidado, horarios laborales compatibles con la vida familiar y culturas empresariales que no penalicen a quienes cuidan permiten equilibrar la distribución de tareas al interior de las familias, acotar los costos laborales de la crianza y ejercer una paternidad más cercana sin que eso se interprete como falta de compromiso profesional.

Las nuevas paternidades requieren de políticas públicas y marcos normativos a la altura de los tiempos para generar las condiciones materiales y laborales para sostenerlas. Y también, para permitir el desarrollo de personas más plenas, que seguramente nos llevará a ser una sociedad mejor.

NG/MG

La reforma laboral no es ya un proyecto en disputa sino una pieza casi cerrada del engranaje institucional. A cuatro días de su sanción definitiva, el oficialismo transformó el calendario legislativo en una flecha recta, inquebrantable, como pocas veces se ha visto en democracia. Sin ir más lejos, es la reforma laboral más abarcativa desde las modificaciones estructurales de fines de los años 90, cuando el paradigma de flexibilización marcó la última gran reconfiguración del derecho del trabajo argentino, con todo lo engorroso y peliagudo que supone enmendar una ley marco, un texto largo, con muchísimos artículos y regulaciones que afectan a cientos de miles de trabajadores. Si el Senado valida la modificación incorporada por Diputados en el artículo sobre descuentos salariales por enfermedad, Javier Milei llegará a su tercer 1º de marzo con la ley convertida en norma vigente.

El período de sesiones ordinarias del Congreso comienza el 1º de marzo y finaliza el 30 de noviembre. Las extraordinarias —convocadas por el propio Presidente durante el receso estival— funcionaron como un corredor legislativo acelerado para tratar una reforma que altera pilares históricos del derecho del trabajo argentino. Total, si durante el año parece haber importado muy poco el desguace del Estado, pese a cobrar los mismos impuestos para la gran mayoría de la población e inclusive de haberlos aumentado, menos importancia le darán a una discusión que realiza en febrero, en plenas vacaciones de verano. Todos felices.

Si el Senado confirma la redacción, la norma quedará sancionada antes del inicio formal del nuevo año parlamentario. Milei podrá presentar la ofrenda de sus héroes parlamentarios frente a la Asamblea Legislativa, el domingo próximo, como otra conquista política en el escenario institucional más solemne del calendario republicano, donde en un mismo sitio, el recinto de la Cámara de Diputados se reúnen las máximas autoridades de los tres poderes del Estado y los gobernadores, entre otros altos cargos. Por eso es la jornada institucional más importante de la República.

La reforma laboral ya fue aprobada por ambas Cámaras en sus ejes estructurales. El Senado no vuelve a discutir el corazón del proyecto. Solo debe convalidar una modificación puntual sobre licencias médicas. El resto del texto —indemnizaciones, fondo de cese, período de prueba, banco de horas, negociación por empresa, regulación sindical— cuenta con aval parlamentario completo. En términos legislativos, la reforma laboral sale o sale.

Ese desenlace, sin embargo, no se produce en un vacío social ni jurídico. El Gobierno ya intentó avanzar con un paquete desregulador en la ley Bases y en el DNU, capítulo que fue rechazado por la Justicia. Este es el tercer intento. Nada garantiza que el nuevo texto no enfrente cuestionamientos judiciales, especialmente en los artículos que rozan derechos consagrados en la Constitución nacional, advierten juristas.

Pero el viernes no se discutirá eso. Se discutirá una redacción técnica. Y el 1º de marzo se celebrará un hecho político trascendental para el gobierno libertario y sus colaboradores, además de los grandes empresarios, por supuesto. Todo lo que venga después está por verse y, si hay fallos adversos, el gobierno de La Libertad Avanza, que ha demostrado más audacia en el manejo de la agenda-setting (la capacidad de un actor político de instalar y jerarquizar los temas que dominan la conversación pública) que cualquier otro gobierno en democracia, sabrá ponerse en víctima, decir que buscan ponerle palos en la rueda a “un presidente que vino a cambiar la historia del país”, y otras cosas que los argentinos ya las conocemos de memoria.

La reforma en concreto: qué cambia para quienes trabajan

Más allá de la escena simbólica, el impacto material es profundo.

En materia de despidos, la ley redefine el cálculo de la indemnización sobre la mejor remuneración mensual normal y habitual, excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios. Se establece un tope máximo equivalente a tres salarios promedio del convenio colectivo y un piso del 67% del salario real. La indemnización pasa a ser la única reparación posible y se habilita el pago de sentencias en cuotas.

No es una modificación técnica menor: reduce el costo del despido y limita la reparación económica frente a la ruptura unilateral del vínculo laboral.

Se crea además el Fondo de Cese Laboral, financiado por aportes del empleador, que puede reemplazar completamente la indemnización tradicional. Si el convenio lo adopta, el trabajador no puede optar por el régimen anterior.

El período de prueba se extiende a ocho meses y puede llegar a un año en pymes. Durante ese tiempo, el despido no genera indemnización.

Se habilita el banco de horas mediante acuerdo individual o colectivo. La jornada deja de medirse estrictamente por día y pasa a promediarse. Si las horas se compensan dentro del período acordado, no se pagan como extras.

Se refuerza la negociación por empresa frente a la de actividad y se habilita que acuerdos individuales modifiquen adicionales y premios. La ultraactividad puede suspenderse por acuerdo de partes.

En registración laboral, la emisión de facturas excluye la presunción de relación de dependencia y la carga de la prueba recae sobre el trabajador.

En licencias por enfermedad, el texto reduce el salario durante períodos prolongados, endurece controles y exige alta médica definitiva para la reincorporación . Este es el punto que Diputados modificó y que ahora debe validar el Senado.

Cada uno de esos artículos altera equilibrios históricos entre capital y trabajo

Saturación, apatía y reforma estructural

El contexto cultural también importa. La reforma avanza en extraordinarias, convocadas durante el receso estival, en un clima de saturación informativa permanente. El debate convive con múltiples agendas superpuestas, conflictos judiciales, tensiones económicas y una exposición mediática constante.

Aquí aparece una referencia teórica que ilumina el momento: los sociólogos Paul Lazarsfeld y Robert Merton desarrollaron hace casi ocho décadas el concepto de “disfunción narcotizante”. Su hipótesis sostenía que la sobreexposición a información masiva podía producir el efecto inverso al deseado: en lugar de estimular la acción, generaba apatía. La ciudadanía se siente informada, pero no necesariamente movilizada. El conocimiento superficial reemplaza al compromiso activo.

La teoría, pese a su antigüedad, conserva una sorprendente actualidad, como la de Mirtha Legrand, quien esta semana cumplió 99 años. Sobre la disfunción narcotizante: en un ecosistema comunicacional donde todo ocurre al mismo tiempo, una reforma que modifica décadas de regulación laboral puede avanzar sin que la intensidad del debate refleje la magnitud del cambio.

El 1º de marzo como escena

Si el Senado convalida la modificación este viernes, Milei abrirá las sesiones ordinarias con una reforma estructural ya sancionada. El discurso presidencial no será entonces la antesala de una batalla legislativa sino la celebración de un resultado.

La escena estará cargada de simbolismo: un Presidente que utilizó las extraordinarias para aprobar una ley que redefine indemnizaciones, convenios, jornada y derechos sindicales; un Congreso que, antes de iniciar su período ordinario, ya habrá convalidado el nuevo marco laboral; y un país que discutirá en tribunales, en empresas y en sindicatos el alcance real de la norma.

El viernes se votará un artículo. El 1º de marzo se narrará una victoria. Lo que ocurra después ya no dependerá solo del Congreso. Pero por ahora el gobierno festeja.

JJD

La Ley de Modernización Laboral ya tiene letra chica. El texto completo, filtrado en las últimas horas, revela un proyecto de 182 artículos que apunta a redibujar el mapa del trabajo en la Argentina. Incluye cambios sustanciales en el régimen de contratación, indemnizaciones, licencias, convenios colectivos y condiciones fiscales. También deroga normas con más de medio siglo de vigencia, como el Estatuto del Periodista Profesional.

La filtración del borrador se produce mientras el oficialismo acelera negociaciones parlamentarias. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, anticipó que la reforma será tratada en sesiones extraordinarias junto al Presupuesto 2026. “Vamos a sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”, prometió.

1. Exclusiones: quién queda fuera del paraguas de la ley laboral

Uno de los cambios más estructurales es el recorte del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Según el texto, quedarán fuera:

Este punto legaliza figuras laborales hoy consideradas fraudulentas o encubiertas, como los monotributistas dependientes, y deja a miles de trabajadores sin amparo sindical, vacaciones ni licencias.

2. Redefinición del principio de favor

El nuevo artículo 9° de la LCT establece que la interpretación más favorable al trabajador solo se aplicará por “instituciones” (es decir, bloques normativos), y no por cada cláusula o norma aislada. Esto debilita un principio clave del derecho laboral argentino, que históricamente prioriza la protección individual.

3. Cambios judiciales y “castigo” por reclamar de más

El proyecto introduce un nuevo criterio para costas judiciales: si un trabajador reclama un monto “excesivo” (pluspetición inexcusable), deberá pagar las costas junto a su abogado. Para gremios y juristas, esto desalienta el acceso a la Justicia y criminaliza la demanda laboral.

4. La pata fiscal: incentivos, exenciones y baja de impuestos

El capítulo fiscal busca atraer inversiones con alivios impositivos. Entre las medidas más destacadas se incluyen:

También se crea un Régimen de Incentivo para Inversiones Productivas (RIMI) destinado a MiPyMEs, con beneficios fiscales específicos.

5. Derogaciones: normas históricas que caen

El Título XXV del proyecto deroga artículos clave de la Ley 20.744, entre ellos:

La eliminación del estatuto de prensa implica un golpe directo a la organización sindical en medios de comunicación, y abre la puerta a regímenes más precarios de contratación.

6. El “modelo productivista”: convenios por empresa y salarios por mérito

La reforma impulsa la negociación colectiva descentralizada, permitiendo convenios por empresa. A su vez, elimina la “ultraactividad” (vigencia automática de convenios vencidos) y promueve aumentos por productividad individual, por encima de paritarias sectoriales.

Se habilita además la fragmentación de vacaciones, que podrán tomarse por períodos mínimos de una semana, lo que atenta contra el descanso continuo y la salud laboral.

7. Jornada extendida y fondo de cese: trabajo más largo, despido más barato

Aunque el Gobierno relativizó este punto en público, el borrador incluye la posibilidad de extender la jornada diaria de 8 a 12 horas mediante acuerdos y de implementar “bancos de horas” (compensación con francos en lugar de pago extra).

Respecto a los despidos, el proyecto:

Para la CGT, esto implica un “traslado del costo del despido al trabajador” y rompe con la lógica protectoria del sistema actual.

8. Escenario político y resistencias

Mientras el oficialismo se encolumna detrás de la narrativa de “modernización”, los sindicatos anuncian movilizaciones y denuncias judiciales. CTA, ATE, UTEP y la CGT ya anticiparon su rechazo y preparan medidas de fuerza.

Desde el oficialismo, Bullrich considera que el proyecto es “necesario para que los argentinos vuelvan a conseguir un trabajo formal”, aunque reconoció que no será “de un día para el otro”.

Una reforma que busca cambiarlo todo

La propuesta oficial desarma pilares del derecho laboral argentino y redibuja el mapa de relaciones entre capital y trabajo. Para sus impulsores, es el paso necesario hacia un sistema más “eficiente y competitivo”. Para sus detractores, es una ofensiva sin precedentes contra los derechos laborales.

Como advirtió la CGT, “una reforma sin diálogo puede rebotar en la Justicia y generar más incertidumbre” . El Congreso, mientras tanto, se prepara para una batalla legislativa que marcará un antes y un después en el mundo del trabajo.

JJD