La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) oficializó este martes una actualización de las escalas salariales mínimas para 11 actividades rurales, con vigencias que se extenderán hasta el primer semestre de 2026. Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial, alcanzan tanto a personal permanente de prestación continua como a trabajadores contratados para tareas específicas, como la esquila patagónica o la cosecha de cítricos en Tucumán.

Para quienes trabajan en el campo, la medida representa una mejora salarial que intenta acompañar la inflación, aunque desde los sectores gremiales advierten que los valores fijados aún están por debajo del costo de vida en las zonas rurales.

Las nuevas escalas incluyen un aporte obligatorio del 2% mensual, denominado “cuota de solidaridad gremial”, que deberán pagar los empleadores a favor de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). El descuento será sobre las remuneraciones y regirá para todas las actividades comprendidas, salvo para los afiliados al sindicato, que están exentos del pago.

Entre los casos más relevantes se encuentran los adicionales establecidos para la actividad de esquila en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se fijó un extra del 50% cuando se practique esquila secuencial, modalidad que implica un mayor esfuerzo físico y continuidad laboral. Además, se establecieron aumentos del 30 al 35% para tareas complementarias como la pelada de ojo y el descole, funciones especializadas dentro del circuito de esquila.

En Entre Ríos, las resoluciones alcanzan a quienes trabajan en horticultura, floricultura, arroz y arreos de ganado, sectores que, según UATRE, sufren altos niveles de precarización. Para estos casos se definió un adicional del 10% por presentismo, una bonificación pensada para fomentar la asistencia diaria, especialmente en temporadas de alta rotación.

También se actualizaron las escalas para la cosecha de cítricos en Tucumán, una de las economías regionales con mayor volumen de empleo estacional. Los salarios fijados aún no fueron detallados públicamente, pero entrarán en vigencia de manera escalonada hasta mediados del año próximo.

Desde el gremio conducido por José Voytenco, valoraron los acuerdos aunque alertaron sobre la necesidad de “seguir monitoreando los precios y el impacto del ajuste sobre los trabajadores rurales”, por lo que se estableció una nueva audiencia para marzo de 2026, donde se revisarán las escalas.

Para el personal permanente de todo el país, el ajuste significa una actualización parcial en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. El sector rural cuenta con uno de los mayores niveles de informalidad del país, con más del 50% de sus trabajadores no registrados, según estimaciones de la UATRE y relevamientos del Renatre.

Mientras el Gobierno promueve la desregulación del mercado laboral y avanza con una reforma agraria de perfil empresario, el acuerdo paritario en el sector rural aparece como una herramienta de contención para los trabajadores más postergados, aunque con limitaciones en su alcance.

JJD