El revuelo arrancó con una frase al pasar, pero con impacto directo en millones de trabajadores. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó en una entrevista que la reforma laboral impulsada por el Gobierno “aplica a cualquier relación laboral”, y no solo a las futuras contrataciones. De inmediato, la CGT respondió con dureza: acusó al Ejecutivo de querer avanzar con retroactividad y lo denunció como un intento de “quitar derechos individuales y colectivos”.

Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la central obrera, fue el primero en salir al cruce. “Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era solo para nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, declaró a Radio Mitre. Para la CGT, las palabras del ministro no fueron una confusión, sino la confirmación de una intención encubierta del oficialismo: afectar derechos vigentes sin discusión previa.

Frente a la reacción gremial, el Gobierno intentó apagar el incendio. En declaraciones en off a TN, una fuente oficial desmintió al propio Sturzenegger: “Está equivocada la interpretación sobre los derechos. Los derechos adquiridos son adquiridos”. La aclaración buscó frenar un frente gremial cada vez más amplio, que ya incluyó el llamado a una movilización a Plaza de Mayo para el 18 de diciembre, sin paro general, pero con respaldo de la CTA, ATE y la UOM.

La tensión se enmarca en el proyecto de “modernización laboral” que impulsa el oficialismo. Según explicó Sturzenegger, se propone modificar 57 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y eliminar otros 9. Entre los cambios se destacan la posibilidad de fraccionar vacaciones por acuerdo, un nuevo esquema de indemnizaciones y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado parcialmente por el Estado. Todo bajo la premisa —repetida por el funcionario— de “dar más libertad a las partes”.

Desde el sindicalismo, sin embargo, advierten que la falta de consenso y el sesgo regresivo del proyecto son innegociables. Jerónimo sostuvo que la reforma “prácticamente le saca todo tipo de protección a trabajadores y trabajadoras” y acusó al Gobierno de negarse al diálogo: “Nunca quisieron dialogar con las contrapartes naturales”.

Gerardo Martínez, jefe de la Uocra y representante de la CGT en el Consejo de Mayo —un espacio impulsado por el Gobierno para debatir reformas estructurales— fue más diplomático. “Sturzenegger es muy inteligente”, dijo, pero marcó un límite: “Aquí estamos tocando intereses. No son cuestiones caprichosas”. El propio Martínez se retiró de la mesa de negociación al considerar que se estaban planteando propuestas “ilógicas” que desconocen la realidad laboral argentina.

Con la aclaración oficial de que la reforma no será retroactiva, el Gobierno intenta contener el conflicto. Pero el malestar ya está instalado. Para los gremios, las declaraciones de Sturzenegger no fueron un error, sino un adelanto de la verdadera orientación del proyecto. Y la tensión se mantiene latente en cada artículo que modifica la legislación laboral.

El 18 de diciembre será una prueba de fuerza. Allí se verá si la CGT logra convocar una movilización masiva que frene el avance de la reforma. Pero sobre todo, se jugará un capítulo más del pulso entre el oficialismo y el movimiento obrero organizado, en una disputa central para el futuro de quienes viven de su trabajo.

JJD