El Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, horas después de que el gremio de estatales (ATE) levantara el paro previsto, introduce un cambio de fondo en el régimen de prestación del servicio meteorológico aplicado a la aviación.

La norma establece, por primera vez de manera expresa, que el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea constituye un servicio público esencial en la República Argentina y fue dictada por el Poder Ejecutivo en un contexto de conflicto gremial con los trabajadores del SMN, y llevó al levantamiento del paro que estaba previsto para este viernes.

El decreto se apoya jurídicamente en la Ley 27.161 de Navegación Aérea, que ya calificaba como esenciales a los servicios de navegación aérea, y precisa que dentro de ese conjunto se encuentra el llamado MET aeronáutico, es decir, la especialidad de la meteorología dedicada exclusivamente a la aviación civil.

En ese sentido, el texto aclara que no se trata de una declaración de esencialidad de toda la actividad del SMN, sino específicamente de la función meteorológica vinculada a la seguridad operacional de los vuelos, la planificación de rutas, los despegues y aterrizajes y la gestión del tránsito aéreo.

Uno de los ejes centrales del decreto es la modificación del artículo 15 de la Ley 27.161, que redefine quién debe prestar el servicio meteorológico para la navegación aérea. A partir de esta reforma, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.A.) pasa a ser la responsable primaria del MET aeronáutico.

El nuevo esquema habilita a EANA a prestar ese servicio de manera directa o a través de terceros, siempre que estos cumplan los estándares técnicos, operativos y de seguridad exigidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). De este modo, el SMN deja de ser el proveedor exclusivo del servicio meteorológico para vuelos, como lo había sido hasta ahora. No obstante, el decreto establece un régimen transitorio para evitar cualquier interrupción del servicio.

Durante un plazo de hasta 180 días hábiles, el Servicio Meteorológico Nacional deberá continuar prestando el MET aeronáutico asistiendo a EANA, mientras se implementa el nuevo esquema de responsabilidades. El Gobierno argumenta que este período de transición es necesario para garantizar la continuidad operativa y preservar los niveles de seguridad aérea exigidos por las normas nacionales e internacionales.

La norma también introduce un cambio en el destino de los recursos económicos asociados a esta función. El 10% de la Tasa de Protección al Vuelo que hasta ahora se transfería al SMN como contraprestación por el servicio meteorológico aeronáutico dejará de ingresar al organismo y será redireccionado a una cuenta específica del Tesoro Nacional vinculada a la prestación del servicio por parte de EANA. Según el Poder Ejecutivo, esta reasignación acompaña el traspaso de responsabilidades y busca alinear financiamiento y operación.

En los considerandos del decreto, el Gobierno justifica la urgencia de la medida al advertir que la interrupción del servicio meteorológico aeronáutico puede generar demoras, cancelaciones, desvíos y restricciones operativas, con impacto directo en pasajeros, operadores, cargas y en la actividad económica en general.

El texto subraya que el sistema de navegación aérea funciona como un conjunto técnico único, interdependiente y de operación continua, por lo que la falla de uno de sus componentes compromete la totalidad del sistema. En ese marco, cuestiona la concentración del servicio en un único prestador sin mecanismos alternativos de provisión inmediata, al considerar que ello configura un riesgo cierto e inminente para la seguridad operacional.

El decreto tiene además consecuencias directas sobre el derecho a huelga en el ámbito del MET aeronáutico. Al encuadrar esta función específica como servicio público esencial, habilita legalmente a restricciones en las medidas de fuerza que impliquen su interrupción total. Esta interpretación fue el fundamento utilizado por el Gobierno para declarar ilegal el denominado “apagón informativo” que ATE había anunciado en el SMN y que amenazaba con afectar la operatoria aérea en todo el país.

En síntesis, el DNU 274/2026 redefine el marco institucional del servicio meteorológico aplicado a la aviación, traslada su responsabilidad operativa a EANA, establece un período de transición con participación del SMN, reasigna recursos financieros y fija una base normativa que limita la interrupción del MET aeronáutico por conflictos gremiales.

El cambio marca un giro estructural en un área clave de la seguridad aérea y abre una nueva etapa de debate sobre el rol del Servicio Meteorológico Nacional, la organización del sistema aeronáutico y los límites del derecho de huelga en servicios críticos del Estado.

El reclamo de los trabajadores

El conflicto entre los controladores aéreos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) entra en una fase crítica: este viernes 19 de enero vence la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Si no se alcanza un acuerdo o una prórroga, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) podría retomar las medidas de fuerza, interrumpidas desde el 23 de diciembre.

ATEPSA exige la reapertura de paritarias, revisión de trayectorias laborales, condiciones operativas y mejoras en los adicionales salariales. El reclamo incluye más de 60 puntos que, según el gremio, fueron presentados formalmente sin recibir respuesta. La organización también denuncia despidos en aeropuertos con dotación crítica, falta de cobertura médica adecuada y omisiones de mantenimiento en infraestructura estratégica. La conducción sindical advirtió que muchos controladores deben tener doble o triple empleo para alcanzar ingresos básicos, situación que se agravó con la aceleración inflacionaria y el congelamiento salarial.

En un comunicado reciente, EANA anunció una nueva audiencia para el mismo viernes y anticipó que podría solicitar una prórroga de cinco días hábiles, tal como lo habilita la normativa vigente. El objetivo declarado es evitar interrupciones durante la temporada alta del turismo, donde la operación aérea alcanza picos de demanda. Esta posibilidad se encuentra contemplada en la Ley de Asociaciones Sindicales y la normativa de la Secretaría de Trabajo, que establece la conciliación como herramienta para evitar daños mayores en actividades sensibles.

“Desde EANA se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto”, sostuvo la empresa, aunque volvió a calificar de “beligerante” la postura del gremio. En un tono confrontativo, aseguró que ATEPSA busca “generar daño” y no mejoras laborales, y defendió la vigencia de acuerdos previos. Esta narrativa fue replicada por el Ministerio de Capital Humano, que a través de la Secretaría de Trabajo definió las medidas como “ilegítimas y extorsivas” y vinculó la protesta con intereses políticos, sin detallar cuáles.

La secretaria general del gremio, Paola Barritta, sostiene que el actual escenario es consecuencia directa del vaciamiento institucional de los espacios de negociación colectiva. Según ATEPSA, la última instancia paritaria legítima fue desconocida de manera unilateral por EANA, y los acuerdos salariales firmados a fines de 2023 no fueron homologados formalmente. La conducción sindical también reclama una revisión de los protocolos operativos, ya que alertan sobre fallas crecientes en los sistemas de navegación, radarización y control técnico, que impactan directamente en la seguridad de trabajadores y pasajeros.

El conflicto ya tuvo expresiones previas. En julio de 2023, el gremio impulsó medidas de fuerza antes de las vacaciones de invierno, que fueron desactivadas por conciliación obligatoria. En agosto, se concretaron tres jornadas de paro nacional. En noviembre, ATEPSA focalizó su plan de lucha en vuelos de carga y capacitaciones técnicas, con nueve jornadas de acciones progresivas. Finalmente, en diciembre, las protestas afectaron por primera vez a vuelos de pasajeros y derivaron en la intervención administrativa que vence este viernes.

A diferencia de etapas anteriores, el conflicto actual traspasó el plano gremial y se dirime también en la Justicia federal. Se investigan dos causas paralelas: una por fraude administrativo en la firma de un acta paritaria de 2023, en la que están implicadas Barritta y la expresidenta de EANA, Gabriela Logatto; y otra por presuntas irregularidades en seguridad operacional, donde la empresa acusa al gremio de interferir con torres de control mediante elementos sindicales que obstaculizarían la visibilidad.

El controlador aéreo es un recurso humano insustituible. Cumple una función altamente especializada, que requiere formación técnica intensiva, certificaciones oficiales y una alta carga de responsabilidad operativa y psicológica. La presión laboral sobre estos trabajadores aumentó con la reactivación pospandemia y el crecimiento del tráfico aéreo, sin que esto se traduzca en mejoras estructurales ni salariales.

La línea económica oficial insiste en sostener el congelamiento del gasto, pero el sistema de navegación aérea necesita dotaciones mínimas, turnos adecuados y condiciones técnicas garantizadas para su funcionamiento. Los trabajadores denuncian que la parálisis no es el objetivo, sino el único recurso de presión ante el deterioro del servicio y el vaciamiento del diálogo.

De no concretarse un acuerdo o una nueva prórroga este viernes, ATEPSA podría retomar medidas de fuerza inmediatas, lo que afectaría a miles de pasajeros y pondría a prueba la capacidad del Estado para sostener un servicio esencial bajo conflicto.

JJD, con información de NA

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) inició este miércoles 17 de diciembre un cronograma de paros escalonados que afectará los despegues de vuelos nacionales e internacionales en todo el país. La medida se mantendrá hasta fin de mes, en uno de los períodos de mayor tráfico aéreo del año, y ocurre tras el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

El gremio reclama incumplimientos de acuerdos salariales, despidos injustificados en aeropuertos con emergencia dotacional, y la falta de respuestas a más de 60 reclamos operativos. También exige la reapertura de paritarias, revisión de trayectorias laborales y del monto por refrigerio.

“Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia total de diálogo”, denunció Atepsa en un comunicado. La organización advirtió que muchos controladores necesitan dos o tres empleos para completar sus ingresos, y que la situación ya fue expuesta en reiteradas instancias oficiales sin solución.

El Gobierno, en cambio, respondió con dureza. La Secretaría de Trabajo calificó las medidas como “ilegítimas y extorsivas” y sostuvo que el plan de lucha responde a intereses políticos y no laborales. EANA, por su parte, acusó al sindicato de “tomar de rehenes a los pasajeros” en plena época de fiestas.

El primer paro se realizó hoy entre las 8 y las 11. El cronograma seguirá así:

Las medidas afectan únicamente los despegues de aeronaves, con restricciones en autorizaciones en tierra y transmisión de planes de vuelo. Están exceptuadas las aeronaves en emergencia y los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado o búsqueda y rescate.

EANA insiste en que el acuerdo paritario de noviembre aún está vigente, y que el gremio rompió unilateralmente la mesa de negociación, incluso antes de agotar las instancias de conciliación. Aún así, se convocó una nueva audiencia para el miércoles 17 a las 10, sin impacto en la huelga ya iniciada.

El conflicto amenaza con escalar si no hay avances. Para los trabajadores del sector, la parálisis operativa no es el objetivo sino la herramienta: buscan reabrir un canal de diálogo frente a lo que describen como desidia patronal y precarización silenciosa en un servicio estratégico para el país.

JJD