El sistema, cualquier sistema, a lo largo de la historia, favorece a las parejas unidas por alguna forma de contrato.

“Hasta finales del siglo XVIII, la mayoría de las sociedades en todo el mundo consideraban el matrimonio una institución política y social demasiado importante como para dejarla en manos de las apetencias de dos individuos”, dice Stephanie Coontz en su ‘Marriage, a History’, no traducida aún, creo, al español.

¿Hasta finales del siglo XVIII? No, hasta hoy mismo. Stephanie Coontz se refiere a la irrupción del amor y de la gratificación sexual como motivos para contraer matrimonio. Efectivamente, la Edad de la Razón y de los derechos individuales altera la sociedad y, con ella, la institución matrimonial. Pero la pareja estable y legalizada (y los hijos que suele acarrear consigo, eso que llamamos familia) sigue siendo considerada la célula básica de la organización social.

Tendemos a pensar, cuando dejamos los sentimentalismos al margen, que el matrimonio es un mecanismo ideado por los humanos para canalizar los apetitos sexuales y facilitar la crianza y educación de los cachorros de la especie. En parte, es cierto. Pero contemplémoslo desde otra perspectiva. El antropólogo británico Edmund Leach lo ve como un regulador de la propiedad, como el conjunto de leyes y costumbres que permiten que la riqueza y el prestigio social se perpetúen de generación en generación.

Si viajamos al principio de la historia humana comprobamos que el matrimonio, en efecto, servía para crear, acumular y perpetuar riqueza y poder. En las antiguas sociedades, superada la etapa tribal y nómada, solo se casaba la gente importante y lo hacía con fines políticos y económicos: unir dinastías, forjar alianzas, ensamblar territorios. Las personas de a pie se limitaban a juntarse, sin ceremonias ni aspavientos, sin promesas de amor eterno ni compromisos de fidelidad. No eran todavía células básicas de nada, porque, dada su carencia de patrimonio, se consideraban irrelevantes.

(Una advertencia obvia: en este texto no se contemplarán instituciones sociales como la poligamia patriarcal entre los musulmanes o los mormones ni los miles de fórmulas distintas y altamente imaginativas con que se arreglan las sociedades tribales aún existentes).

¿Por qué desde el principio de la civilización humana se juntaba la gente en parejas? Olviden el sexo, para el que nunca han hecho falta emparejamientos estables. La teoría que podríamos denominar “machista” dice que la mujer buscaba unirse a un hombre por necesidad de protección en un ambiente hostil. Otra teoría, de tendencia opuesta, afirma que el hombre, válido como cazador y poco más, necesitaba la “tecnología” (en alimentación, en curtido de pieles, en los balbuceos de la agricultura, en crianza) que poseían las mujeres, y por tanto buscaba la compañía femenina estable. Según esa idea, con el tiempo el hombre transformó el matrimonio en instrumento de opresión para adueñarse de toda la aportación femenina.

Una tercera teoría, que no parece insensata, apunta a que el matrimonio neolítico se establecía realmente entre hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que el novio se “casaba” con su suegro y sus cuñados a través de la novia, convertida en “contrato” de carne y hueso, para integrarse en un clan. Esa es la tesis del antropólogo estructuralista Claude Levi-Strauss.

La célebre Atenas de los filósofos no era muy partidaria del matrimonio, considerado un engorro, un obstáculo para la cohesión social. Aristóteles pensaba que el ciudadano debía fidelidad a la Polis, no a su mujer o a su familia. Platón llegó a sugerir la abolición de la familia. En general, entre los antiguos griegos se valoraba positivamente la pareja homosexual entre un hombre mayor y un muchacho: se consideraba una buena fórmula educativa. Y también militar. El famoso Batallón Sagrado de Tebas, de gran efectividad bélica, estaba compuesto por 150 parejas homosexuales.

Los romanos, siempre más prácticos que nadie, dejaron el matrimonio de las clases populares en manos de cada uno: las parejas podían unirse o separarse mediante una simple declaración privada. Ese no era el caso, por supuesto, en las familias importantes. El Derecho romano, cuya influencia llega hasta hoy, formaliza la relación, no solo fonética, entre “matrimonio” y “patrimonio”: volvemos al concepto de la pareja como mecanismo de transmisión de riqueza y prestigio.

La irrupción del cristianismo convirtió el matrimonio, por un tiempo, en una especie de mal menor que idealmente debería evitarse. El cristianismo de los primeros tiempos pensaba que el fin del mundo estaba próximo, que era fundamental prepararse para el juicio divino y que, en tales circunstancias, la mujer (o el hombre) y los hijos suponían una distracción inconveniente. El papa Gregorio Magno (540-604) afirma que “la unión conyugal no puede darse sin placer carnal, y ese placer bajo ninguna circunstancia carece de culpa”.

El cristianismo primigenio hizo, paradójicamente, menos énfasis en la promoción del matrimonio que en la prohibición estricta del divorcio (admitido tanto en la sociedad judía como en la romana): “Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”, se dice en el Evangelio de Marcos. La poligamia quedó también muy prohibida.

Dijera lo que dijera el papa Gregorio, la población de la alta edad media siguió por supuesto uniéndose en parejas. Incluyendo a los sacerdotes. En 742, el papa Zacarías tuvo que prohibir la celebración de la Eucaristía a los clérigos que cometieran adulterio y bigamia; los que contaban con parejas estables (casi todos) podían seguir con lo suyo. El celibato sacerdotal no se impuso hasta mucho después, en el siglo XII.

En la Edad Media, el matrimonio o la simple pareja constituían una necesidad económica de primer orden. Se trataba de una sociedad fundamentalmente agraria. El señor feudal, laico o eclesiástico, tenía interés en la división doméstica del trabajo entre hombre y mujer. Uno producía, la otra manipulaba y comercializaba.

El señor también tenía interés en que los matrimonios se realizaran dentro de su propia comunidad feudal, para evitar la emigración de personas jóvenes a otros feudos. Y tenía muchísimo interés en que los hijos se mantuvieran sometidos al orden jerárquico y obedecieran a sus padres, que a su vez obedecían al terrateniente. En el siglo XIV, los señores feudales alemanes, con la amenaza de la multa o la cárcel, podían imponer el matrimonio a los hombres mayores de 18 y a las mujeres mayores de 14. Y podían también cobrar un impuesto especial a las mujeres que tuvieran vida sexual sin casarse: constituían una distorsión en la jerarquía de una sociedad hecha a medida de la aristocracia y la iglesia. La pareja oficializada y con hijos ofrecía bastantes garantías de obediencia. 

Hay quien se queja de la laxa moralidad contemporánea, pero en la Inglaterra de los siglos XIII y XIV uno de cada dos niños nacía fuera del matrimonio.

El gran fenómeno del siglo XIV en Europa (el continente del que nos ocupamos por ahora) fue la peste negra: más de 100 millones de muertos, quizá hasta 200, lo que suponía al menos la mitad de la población continental. El desastre demográfico encareció una mano de obra muy escasa, lo cual tuvo como efecto secundario un incremento en el valor patrimonial del matrimonio: floreció la artesanía y las parejas empezaron a interesarse en acumular algún capital antes del casamiento, normalmente mediante el trabajo, tanto ellos como ellas, en el servicio doméstico de las clases altas. Ahorrar para montar un comercio o un taller llevaba algún tiempo. Eso retrasó hasta los 27 años, en promedio, la edad en que se establecía un hogar conjunto.

Y en esto llegó la reforma protestante. En 1517, Martín Lutero expuso sus tesis críticas con el papado. El movimiento religioso se extendió con rapidez, glorificando el matrimonio (también entre los curas y las monjas) y el enriquecimiento (como señal de benevolencia divina hacia quien se hacía rico). Mientras Roma insistía en la supremacía del celibato, Lutero proclamaba que el matrimonio era el estado natural del ser humano. “Hasta los árboles se casan, incluso hay matrimonio entre las piedras y las rocas”, escribió Lutero en un arrebato lírico.

El protestantismo coincidió con un progresivo auge del individualismo. El pronombre “yo” empezó a predominar. Las familias y las comunidades perdieron influencia a la hora de decidir quién se casaba con quién. Y las nuevas condiciones económicas favorecieron la aparición de gentes “sin dueño” (ese era el término usado en Francia y Alemania): emigrantes, mercenarios, vagabundos… Muchas ciudades europeas prohibieron la residencia a las mujeres solas, a no ser que se emplearan en el servicio doméstico. Los hombres solos eran vistos como una amenaza sobre el orden público. La opción de la soledad autónoma se consideraba subversiva.

Todo esto afectaba casi exclusivamente a lo que luego se denominó proletariado. Las clases pudientes (que, por pudientes, podían permitirse ciertas dosis de libertinaje) seguían concentradas en el matrimonio-empresa. Va un ejemplo. Thomas Pepys estaba casado con una hermana del famoso escritor inglés Samuel Pepys (1633-1703). Cuando ella murió, Thomas pidió a Samuel que le ayudara a buscar una nueva esposa, “viuda, sin hijos pero con una buena renta, abstemia, trabajadora y tacaña”. No lo decía en broma. Era el sentido común imperante en la época.

¿Cómo se mezcló el amor en todo esto? Siempre hubo enamoramientos, pero solían considerarse tonterías juveniles o episodios pasajeros. La literatura medieval está llena de amores imposibles (recuérdese la Dulcinea del Quijote, parodia de las novelas de caballerías) y de adulterios. La literatura de la edad moderna tiende a asociar el gran amor con la tragedia: piensen en Romeo y Julieta o en Otelo y Desdémona, en las obras de William Shakespeare.

Sin embargo, a finales del siglo XVIII, el individualismo y la Ilustración generan un anhelo novedoso, “la búsqueda de la felicidad”, incluido por Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia de las colonias americanas (1776). Según el historiador Jeffrey Watt, el matrimonio dejó de ser un instrumento económico, un arreglo para facilitar la vida o un sacramento: “El amor se convirtió en el criterio esencial para elegir cónyuge”. El absolutismo entraba en proceso de desaparición. En 1789, la Asamblea Nacional revolucionaria aprobó en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1791, la intelectual feminista Olympe de Gouges (de verdadero nombre Marie Gouze) escribió una Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.

Olympe de Gouges despreciaba personalmente la institución matrimonial (“tumba de la confianza y del amor”, la llamaba). Desde un punto de vista político, sin embargo, concedía al matrimonio una función fundamentalísima. En el artículo 3 de su Declaración se decía: “El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación, que no es más que la reunión de la Mujer y el Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad que no emane de ellos”. Y ahí tenemos la pareja como fuente última de la soberanía.

La feminista revolucionaria exigía que las mujeres tuvieran el mismo protagonismo político que los hombres: “Si la mujer puede subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho de subir a la tribuna”. El gobierno de Maximilien Robespierre no se mostró de acuerdo con uno de los dos enunciados. La condenó en 1793 por “traicionar a su sexo” y por pretender erigirse en “hombre de Estado”, la hizo subir al cadalso y la guillotinó.

Y en estas llegó el amor.

Con el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX, el matrimonio, siempre considerado como la célula básica de la sociedad, dejó de ser tan estable como solía. Había irrumpido el amor. El sociólogo británico Anthony Giddens, inspirador de la “tercera vía” plasmada en Tony Blair, habla del “carácter intrínsecamente subversivo del amor romántico”. En 1800 ya estaba legalizado en países como Francia, Prusia, Dinamarca o Suecia el divorcio por razones de incompatibilidad, es decir, por desamor. La pasión producía el matrimonio y la falta de pasión lo disolvía. Para cualquier sistema político se trataba de un cambio alarmante.

Hubo intentonas de contrarreforma casi en todas partes. Napoleón prohibió que las mujeres casadas firmaran contratos o abrieran cuentas bancarias y, ante el riesgo de que, con la proliferación del amor y el divorcio, se rompiera la ancestral cadena de transmisión patrimonial a través del matrimonio, afirmó que “la sociedad no tiene interés en que sean reconocidos los bastardos”.

A lo largo del siglo XIX, el esfuerzo de la política por mantener estable la institución matrimonial (y evitar cualquier otro tipo de unión extraoficial) tuvo dos aspectos. Uno, el moral, perfectamente ejemplificado por la época victoriana: se insistió en la pureza intrínseca de la mujer y en su papel como reina del hogar. Otro, el patrimonial: en Europa y Estados Unidos, las leyes que regían las herencias fueron modificadas a favor del cónyuge, en detrimento de los demás miembros de la familia. Ese cambio constituyó un eficaz mecanismo disuasorio contra los divorcios.

Llegado el siglo XX, dos nuevos fenómenos hasta cierto punto ligados, el feminismo y la difusión de los métodos anticonceptivos (muy elementales), reventaron las costuras sociales, es decir, matrimoniales. Los anticonceptivos permitían poner en duda la castidad extramarital de las mujeres. El feminismo exigía que la fidelidad o infidelidad de las mujeres se rigiera según los mismos criterios que valían para los hombres: se trataba de una cuestión personal que no debía tener consecuencias legales.

Las dos guerras mundiales, en especial la segunda, desplazaron masivamente a la mujer desde el hogar hasta el puesto de trabajo. Mientras los hombres combatían, sus esposas trabajaban, gestionaban las cuentas domésticas y se erigían en “cabeza de familia”. En 1946, existía una unanimidad casi total entre los sociólogos: el matrimonio podía darse por finiquitado debido a la emancipación femenina.

Ocurrió justo lo contrario: en las siguientes décadas, el matrimonio convencional (el hombre en el trabajo, la mujer en casa y a cargo de los hijos) cobró nuevas fuerzas y, muy importante, recobró la estabilidad. El número de divorcios descendió con rapidez: en 1955 eran más o menos la mitad que en 1945 en todas las sociedades occidentales (nunca hablamos de España porque gracias a monarquías y dictaduras permanecía encadenada al pasado), y bajaban año tras año. El poder político no tuvo que hacer nada para restablecer el vigor de la pareja oficializada hasta la muerte. Fueron la prosperidad posbélica y el aumento del poder adquisitivo de los salarios los que propiciaron que solo uno de los cónyuges (el marido, salvo rarísimas excepciones) trabajara fuera de casa. El matrimonio se consideró definitivamente a salvo.

Y entonces, con los movimientos de liberación sexual de los 60 y la crisis económica de los 70, entró de nuevo en crisis. En 1980, uno de cada dos matrimonios estadounidenses acababa en divorcio. Y, más significativo, cada vez menos divorciados se casaban de nuevo. Las mujeres fueron perdiendo el miedo a ser “madres solteras”: en 1999, siguiendo con Estados Unidos, uno de cada tres niños carecía oficialmente de padre. Y había tantas parejas con hijos que cohabitaban sin papeles como parejas con hijos formalmente casadas.

Esta revolución social indujo a los gobiernos a introducir nuevas medidas para favorecer el matrimonio por diversas vías (fiscales, patrimoniales, etcétera) y, últimamente, también hasta cierto punto a las parejas no casadas pero estables. Mientras las sociedades occidentales habían evolucionado paulatinamente, en España las cosas llegaron de golpe.

Tras el largo y muy desagradable paréntesis de la dictadura franquista, en 1981 se legalizó por fin el divorcio. Poco antes, en 1978, se había instaurado el actual Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que a través de mecanismos como la declaración conjunta y la reducción de las bases imponibles para los matrimonios con hijos trata de favorecer la unidad conyugal, aún vista como “célula básica” de la sociedad.

El sistema político, o el poder si prefieren llamarlo así, sigue apostando por el matrimonio. Hay muchas razones para ello. Las “economías de escala” cuando ambos cónyuges trabajan (gastos como los de vivienda y alimentación suelen ser compartidos) y la “seguridad económica” (se supone que un cónyuge ayudará al otro si pierde el trabajo o enferma) destacan entre las razones “prácticas”. A ellas se añaden consideraciones de tipo moral. Una, la referente a la manida “célula básica” que aporta estabilidad a la sociedad. Otra, la idea de que los hijos se benefician de la estabilidad matrimonial, tanto en lo relacionado con la crianza y la educación como (y volvemos a lo mismo) en lo relacionado con las herencias y las transmisiones de patrimonio.

Por supuesto, la moral cambia con los tiempos. En España y en casi todos los países donde se ha legalizado el matrimonio homosexual, ambos cónyuges, sean hombres o mujeres, tienen derecho a ventajas fiscales muy similares a las aplicadas sobre los matrimonios heterosexuales. El mensaje del sistema político es claro: hagan lo que quieran con su sexualidad, pero firmen papeles y cásense.