“La reforma laboral va a discutirse el 10 de febrero, no a libro cerrado”, anticipó Patricia Bullrich en su doble rol como vocera del Gobierno en el Congreso y jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Con dictamen favorable desde diciembre y en plena tregua estival, el oficialismo prepara las condiciones para retomar el debate legislativo a partir de la segunda semana de enero y el objetivo de llevar el proyecto al recinto durante las sesiones extraordinarias, es decir antes de marzo.

El plan del Gobierno es aprobar en febrero una de sus reformas más ambiciosas: una modificación integral de la ley laboral con el argumento de “modernizar” las relaciones de trabajo y reducir los costos laborales. En los hechos, el proyecto avanza sobre derechos colectivos, elimina garantías vigentes y modifica de forma regresiva el régimen de contratación, indemnización y condiciones laborales.

El texto fue presentado como parte del paquete de reformas estructurales y tiene apoyo de varias cámaras empresarias. La CGT, en cambio, respondió con una movilización masiva en diciembre y prepara nuevos actos para febrero. Los sindicatos alertan que la propuesta oficial “rompe el equilibrio entre partes” y busca debilitar a las organizaciones gremiales al recortar financiamiento y limitar su rol en paritarias.

Uno de los puntos más conflictivos es la eliminación de las cuotas solidarias, el mecanismo por el cual los gremios reciben aportes de trabajadores no afiliados cuando existe un convenio colectivo firmado. El proyecto establece que los aportes solo podrán realizarse con consentimiento individual expreso, y los empleadores actuarán como agentes de retención únicamente para cuotas de afiliación voluntaria.

“Es un ataque directo a la sustentabilidad de los sindicatos”, advirtieron desde la conducción cegetista, que además ve con preocupación el intento de priorizar convenios por empresa por sobre convenios por rama de actividad. Esto atomiza la negociación colectiva, reduce el poder de los trabajadores y fortalece a las patronales en una relación estructuralmente desigual.

La reforma también propone eliminar la ultraactividad de los convenios, es decir, la prórroga automática de sus efectos una vez vencido el plazo hasta que se firme uno nuevo. Este punto, considerado clave para preservar condiciones laborales frente a contextos de crisis, es presentado por el oficialismo como parte de una estrategia para “desburocratizar” el sistema de relaciones laborales.

En materia de despidos, el proyecto busca bajar el costo de las indemnizaciones, excluyendo ítems como aguinaldo, vacaciones u otros adicionales del cálculo compensatorio. Como alternativa, plantea la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que operaría como seguro ante la pérdida del empleo, a cambio de reducciones en las contribuciones patronales.

Además, la iniciativa incluye la implementación de un sistema de banco de horas, que permitiría a las empresas modificar los horarios laborales sin compensación previa. Para los gremios, esto habilita una disponibilidad permanente del trabajador sin garantía de previsibilidad, lo que impacta directamente en la vida cotidiana.

Otros puntos polémicos son el fraccionamiento de las vacaciones, la reducción de plazos de preaviso y la eliminación de la responsabilidad solidaria de empresas contratantes frente a tercerizadas, lo que abre la puerta a nuevas formas de precarización.

El Gobierno confía en su capacidad de negociación para conseguir los votos necesarios en el Senado, pero aún debe enfrentar la oposición sindical y social. La CGT anticipó que no se quedará de brazos cruzados y varias centrales provinciales ya preparan jornadas de protesta para febrero.

JJD