El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10 estableció el embargo y la inhibición de bienes para las exautoridades del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri que estuvieron al mando del Banco Nación y otros imputados, en el marco de la causa que investiga a la cerealera Vicentín y el presunto fraude millonario contra el Estado. Entre los apuntados en el fallo figuran Javier González Fraga, expresidente de la entidad, su vice, Lucas Llach, y otros 18 directivos, además de los empresarios a cargo de la empresa.

De acuerdo a la resolución judicial, la “finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión. También será necesario considerar la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”, de acuerdo a la información que dio a conocer este miércoles DataClave.

Los apuntados son los exfuncionarios del Banco de la Nación Argentina:

Javier Antonio González Fraga (presidente),

Lucas Llach (vicepresidente),

Carlos Alberto Castellani (director),

Ercilia Antonia Nofal (directora),

Miguel Ángel Arce (director),

Guillermo Goldberg (director),

Jorge Alberto Lawson (director),

Marcelo Javier Pose (director),

Javier Okseunik (director),

Agustín Pesce (director),

Juan José Fragati (gerente general),

Martín Enrique González (subgerente de Banca Corporativa),

Susana Graciela Ojeda (subgerente de Riesgo y Política de Crédito),

Maricel Leonor Moschini (subgerente de Soporte Crediticio),

José Luis Testa (gerente zonal),

Luis María Celestino Restelli (gerente zonal),

Darío Marcelo Giacossa (gerente de sucursal),

Néstor Ariel Bled (gerente de sucursal),

Alexis Diosnel Tortul (responsable de la plataforma comercial) y

Alejandro Fabián Díaz (síndico).

Asimismo y por otro lado, habrían intervenido los siguientes empresarios del Grupo Vicentin:

Néstor Buyatti (presidente),

Alberto Julián Macua (vicepresidente),

Herman Roberto Vicentin (apoderado),

Martín Sebastián Colombo (director),

Roberto Oscar Vicentin (director) y

Máximo Javier Padoan (director).

La imputación sostiene que “los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentín, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentín SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de U$S 304.328.665,75 –según reclamara el banco en el concurso preventivo de la primera firma señalada–, que hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.

Para ello, “los funcionarios, apartándose de la normativa que regula su actividad, habrían omitido intimar a las empresas aludidas por la deuda que se hallaba vencida y era exigible desde el 8 de agosto de 2019, originada por préstamos concedidos en concepto de prefinanciación de exportaciones”, agrega la resolución.

Además, el fallo sostiene que esta maniobra “implicó la omisión de retener desde aquel mes hasta diciembre del mismo año los importes depositados en las cuentas nro. 4280047390 en dólares y nro. 4280047287 en pesos –ambas radicadas en el BNA y de titularidad de Vicentin SAIC–, que habían sido constituidas como garantía de los empréstitos, y por las que entre agosto y diciembre de 2019 circularon U$S 795.651.945 y $ 2.031.118.902 respectivamente”. 

“Los funcionarios habrían posibilitado entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 que desde las dos cuentas mencionadas se liberaran un total de $ 43.449.104.966, al autorizar que dicha suma fuera progresivamente transferida a través de 125 operaciones a la cuenta corriente nro. 4282044266 –también radicada ante el BNA–, desde la que las empresas carecían de restricciones para operar y sobre la que el banco carecía de facultades para cobrarse”, apunta la decisión judicial. 

Y añade: “Asimismo, los funcionarios, cada uno desde su rol, habrían posibilitado entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 que desde las dos cuentas mencionadas se liberaran un total de $ 43.449.104.966, al autorizar que dicha suma fuera progresivamente transferida a través de 125 operaciones a la cuenta corriente nro. 4282044266 –también radicada en el BNA–, desde la que las empresas carecían de restricciones para operar y sobre la que el banco carecía de facultades para cobrar. Ello permitió que los empresarios pudieran sustraer el dinero de la esfera de la entidad y que, como se denunciara, a partir del 26 de diciembre de 2019 las nuevas autoridades del BNA resolvieran cancelar las obligaciones pendientes del Grupo Vicentin, impidiendo que pudieran retener USD 6.795.851, representativos de un 2,2 % del total de la deuda”.

Para la Justicia, “la actuación coordinada entre funcionarios del BNA y empresarios, al haber perjudicado patrimonialmente al banco mediante el otorgamiento irregular de veintiocho préstamos por un total de USD 105.500.000, concedidos entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019”.

“Ello ocurrió sin considerar que el grupo ya registraba, al 7 de noviembre de 2019, una deuda vencida y exigible de USD 149.500.000, que superaba los límites normativos y que, además, carecía de calificación crediticia actualizada, así como de la autorización y garantías necesarias para acceder a nuevos créditos”, dice la resolución.

En este contexto, el fallo acusa a los empresarios, “en connivencia con los funcionarios del BNA”, de haber “actuado con el fin de defraudar al banco para beneficiar a Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA, evitando el pago de las obligaciones contraídas, solicitando la liberación de fondos garantizados y obteniendo nuevos préstamos sin reunir las condiciones ni ofrecer garantías suficientes”.

Asimismo, “habrían desviado fondos que se encontraban bajo custodia del banco para evitar que fueran aplicados al pago de la deuda contraída”.

Finalmente, “el grupo habría realizado operaciones bancarias destinadas a desviar y ocultar los fondos provenientes de la maniobra fraudulenta. Entre ellas, se menciona una transferencia de USD 16.942.805 a una cuenta en el exterior sin justificación aparente, y el canalizamiento de $ 222.780.392,10 a través de once empresas mediante facturación apócrifa, cuyas actividades declaradas ante AFIP/ARCA no pudieron ser verificadas”.

Qué decía el exdiputado Claudio Lozano en septiembre

En una columna que publicó elDiarioAr en septiembre pasado, el economista Claudio Lozano explicaba que el juez Julián Ercolini, “a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, citó para que presten declaración indagatoria a 26 personas que en 2019 integraban de los directorios de la cerealera Vicentin y del Banco Nación, acusados de cometer un fraude millonario contra el Estado”.

“Siendo director del Banco Nación, a comienzos del 2020, fui el primero en presentarme ante el fiscal Pollicita para hacer una declaración testimonial y presentar tres informes que describían el comportamiento delincuencial del grupo empresario, así como la connivencia con las principales autoridades del Banco”, relató Lozano.

Además, remarcó que “muchos de los argumentos vertidos por el fiscal retoman lo que sostuve en esos informes y que ratifiqué en mi declaración. El vínculo del Grupo Vicentín con Mauricio Macri, relación materializada en que el grupo empresario era el principal aportante a las campañas electorales. En la presencia de uno de los integrantes del Directorio del Grupo como presidente del PRO en la Provincia de Santa Fe, se traducía en las llamadas del ingeniero presidente de la Argentina, pidiéndole al presidente del Banco Nación, González Fraga, que le facilitara el acceso al crédito a Vicentín”.

De este modo, “el grupo empresario pudo transitar desde abril del 2018 con la calificación crediticia vencida, superando los límites normativos internos del Banco e incluso los límites y regulaciones propias del sistema financiero. Así las cosas y fuera de toda norma Vicentín mantuvo su línea de financiación incluso cuando dejó de pagar a partir de la derrota de Macri en las PASO del 2019”, detalló.

Para Lozano, “la connivencia entre el gobierno de Macri con Vicentín llegó al extremo de posibilitarle al grupo empresario disponer de los 791 millones de dólares que estaban depositados en una cuenta en garantía en el Banco Nación y que más que duplicaban la deuda del grupo con el Banco. Decisión esta que le permitió al grupo Vicentín estafar al Estado argentino”.

“Han pasado cinco años y ya no está en el poder la fuerza que gobernaba en ese momento. La primera reflexión habla de la lentitud con la que se mueve la Justicia. La segunda nos lleva a lamentar los titubeos, la improvisación y la falta de orientación estratégica que caracterizó al último gobierno del Frente de Todos. Estaban todos los elementos, todas las pruebas y por ende todas las posibilidades de transformar las acreencias que el Banco tenía sobre Vicentín en la creación de una Empresa Pública no estatal, de carácter mixto con participación del Estado y de los pequeños productores rurales, que a su vez funcionara como empresa testigo del comercio exterior de granos de nuestro país. Se pudo hacer, no se hizo”, cerró Lozano.

Con información de DataClave.