La reforma laboral ya tiene fecha de tratamiento: el 10 de febrero. Para entonces, el Gobierno necesita sumar los votos de al menos una decena de legisladores aliados o provinciales. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió de gira para negociar cara a cara con los gobernadores, abrir canales de diálogo político y ofrecer recursos a cambio de respaldo legislativo.

Pero el primer encuentro mostró el límite de esa estrategia: en Chubut, el gobernador Ignacio Torres ya exigió hace unos días el pago de una deuda previsional de más de $51.000 millones que la ANSES mantiene con la provincia desde 2017. Según advirtió el mandatario, ese dinero no afecta la administración central, sino que impacta directamente en las jubilaciones de miles de trabajadores retirados del Estado provincial.

“La deuda que tiene el Gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses, que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna”, afirmó Torres. Aunque valoró la apertura de negociaciones, ratificó que la presentación de la demanda ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento del convenio bilateral firmado con Nación. “Podemos sentarnos a negociar, pero no voy a desistir del reclamo judicial”, sostuvo.

La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral combina presión parlamentaria, favores fiscales y concesiones puntuales. Santilli ya tiene previsto visitar al menos diez provincias durante enero. Según confirmaron desde el Ministerio del Interior, el objetivo es “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos por asistencia financiera o flexibilización de partidas.

La escena revela una paradoja: mientras se promete modernización laboral y reducción del gasto público, se utilizan transferencias discrecionales como moneda de cambio para habilitar una reforma que recorta derechos laborales, debilita a los sindicatos y reduce los costos de despido e indemnización.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen en el Senado, propone eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, limitar las cuotas solidarias que financian a los gremios, habilitar bancos de horas, flexibilizar vacaciones y acortar los plazos de preaviso. También incluye la creación de un fondo de cese laboral como sustituto de las indemnizaciones tradicionales. Para la CGT, se trata de “una reforma regresiva que rompe el equilibrio entre partes y precariza el empleo”.

En este contexto, las provincias aparecen como el escenario clave para destrabar la votación, pero también como territorio de disputa por deudas sociales. El caso de Chubut es elocuente: es una de las trece jurisdicciones que no transfirió su caja previsional a la Nación. Por ley, la ANSES debe cubrir anualmente el déficit de ese sistema. Pero en este caso, la deuda acumulada desde 2017 fue certificada por el propio organismo nacional y nunca saldada.

“No estamos mendigando nada. Estamos exigiendo lo que nos corresponde”, señaló Torres, que encabeza por primera vez una demanda judicial de este tipo en nombre de la provincia. La falta de esos fondos deja al sistema previsional local en estado crítico y obliga al Gobierno provincial a cubrirlo con recursos propios, en medio de un escenario de ajuste y recorte de transferencias.

Los jubilados del sector público, en especial docentes, administrativos y trabajadores estatales retirados, son quienes más sufren la demora.

JJD