El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que había sido incluido en la reforma laboral aprobada a finales de febrero de este año y la medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Según el informe, ese cambio que había sido implementado a partir de la Ley de Modernización Laboral, modifica el pago de las indemnizaciones y obligaciones laborales a trabajadores debidamente registrados en el sector privado.

Además, el decreto estableció cómo se conformarán y administrarán estos fondos, a quiénes alcanzarán, cómo se canalizarán los aportes y cuáles serán los procedimientos para la declaración, inversión y utilización de los recursos. La norma determina que el FAL será dirigido a empleadores del sector privado, exceptuando las relaciones laborales expresamente excluidas por la ley y las del sector público.

En el documento se indicó que “resulta pertinente la instrumentación de los Fondos de Asistencia Laboral a través de vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Economía, tales como fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros, que permitan la segregación patrimonial, la afectación específica de los recursos y la adecuada supervisión del régimen”.

“Que, en ese marco, corresponde definir con precisión a los empleadores alcanzados, los vehículos de inversión colectiva autorizados y las entidades habilitadas para la administración de los citados fondos, las características de las cuentas individuales del empleador y los requisitos de registración de los trabajadores para acceder a la cobertura del respectivo Fondo de Asistencia Laboral (FAL)”, añadió.

Con relación a cómo se implementará, la disposición señaló que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de la recaudación y derivación de las contribuciones, integrándolas al sistema de la seguridad social, mientras que se establece que el empleador deberá informar un identificador del fondo, denominado “ID FAL”, para permitir la correcta asignación de los aportes.

Además, el texto también regula el procedimiento para el pago de indemnizaciones e indica que, una vez presentada la declaración correspondiente, la entidad administradora deberá transferir los montos al trabajador “dentro del plazo máximo de cinco días hábiles”, a la vez que dispone que las inversiones de estos fondos deberán realizarse exclusivamente en “instrumentos financieros emitidos y negociados en la República Argentina”.

“Con el FAL y el RIFL nuestro país está cada vez más cerca de acribillar al gran enemigo de la prosperidad de los argentinos: la informalidad laboral”. Así habló este lunes Manuel Adorni cuando festejó la reglamentación de un capítulo clave de la reforma laboral contenida en la Ley Bases, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). Sin embargo, detrás de la retórica libertaria sobre la “liberación de las fuerzas productivas”, se esconde un entramado de decretos y resoluciones que prometen reconfigurar el mapa del empleo en la Argentina, con un fuerte sesgo hacia la reducción de costos patronales y la flexibilización de las condiciones de salida.

Con la publicación del Decreto 341/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). Este esquema no solo funciona como un “perdón” para el pasado de incumplimientos, sino que proyecta un escenario de beneficios fiscales inéditos para los próximos cuatro años. En paralelo, la Casa Rosada ultima los detalles del Fondo de Administración Laboral (FAL), el sistema que busca enterrar el modelo de indemnizaciones de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para abrazar una lógica de capitalización financiera.

RIFL: El “blanqueo” con premio para el empleador

El RIFL, reglamentado formalmente este lunes, se presenta como el instrumento para regularizar relaciones laborales no registradas. El anuncio de Adorni fue preciso en la ambición del Ejecutivo: una reducción del 89% en el monto de las contribuciones patronales para todos los nuevos trabajadores que el sector privado contrate durante los próximos cuatro años.

Este beneficio no es menor. Alivia la carga fiscal de manera drástica, pero deja interrogantes sobre la sustentabilidad del sistema previsional a largo plazo. Los puntos más salientes de la letra chica del RIFL incluyen:

El FAL: La “letra chica” y la sombra de la justicia

Si el RIFL es el incentivo para entrar al sistema, el FAL es el mecanismo para abaratar la salida. Adorni adelantó que su reglamentación es inminente, pero el camino fue tortuoso debido a la fuerte resistencia judicial. El FAL busca reemplazar el Artículo 245 de la LCT —que establece la indemnización por antigüedad— por un sistema de aportes mensuales que el empleador deposita en un fondo administrado por terceros.

El 23 de abril pasado la Justicia dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de más de 80 artículos de la reforma laboral, entre ellos el FAL. La decisión de la Cámara de Apelaciones habilitó la plena vigencia de la Ley 27.802.

El nuevo sistema obligatorio para financiar las indemnizaciones por despidos establece una contribución obligatoria entre 1,5% y 2,5% de las remuneraciones brutas que se toman como base para el cálculo de los aportes patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El empleador integrará estos importes cada mes al momento de declarar y pagar los aportes y contribuciones patronales.

Los FAL serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV). “En ningún caso esta derivación implicará responsabilidad alguna por parte del Estado Nacional respecto de las obligaciones del empleador”, sostiene la ley.

Los detalles técnicos que el Gobierno está puliendo en las últimas horas revelan un esquema de alta complejidad:

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó el primer encuentro del año con los principales operadores legislativos del oficialismo, en una reunión que buscó afinar la estrategia para aprobar la reforma laboral en el Congreso antes del inicio del período ordinario. La mesa política se reunió durante más de dos horas en la Casa Rosada y contó con la presencia de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el operador Eduardo “Lule” Menem, entre otros.

El objetivo inmediato es que el Senado habilite el tratamiento del proyecto a fines de enero. La discusión se concentra en dos ejes sensibles: el capítulo tributario —vinculado a cargas sociales y al Impuesto a las Ganancias coparticipable— y el futuro del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que garantiza cobertura ante despidos y suspensiones. La eliminación o modificación de este fondo podría representar un recorte directo en las protecciones mínimas para trabajadores en situación de conflicto laboral o desvinculación forzosa.

Entre los puntos en análisis se encuentran la eliminación de multas por empleo no registrado, la reformulación del régimen de indemnizaciones, cambios en los regímenes de licencias y restricciones a la representación gremial. La propuesta también apunta a modificar las condiciones de negociación colectiva y reemplazar el FAL por un esquema alternativo con menor alcance. Todo el paquete tiene como eje una flexibilización del mercado de trabajo, que podría debilitar la posición de los trabajadores frente a sus empleadores y facilitar contrataciones más precarias, sobre todo para sectores jóvenes, tercerizados o sin convenio colectivo.

Desde los sindicatos se advierte que la iniciativa implica una regresión en derechos adquiridos, con especial impacto en sectores laborales desprotegidos. El reemplazo del sistema de sanciones y la eliminación del FAL implican, en los hechos, menos incentivos para registrar trabajadores y menos herramientas para enfrentar despidos arbitrarios. La CGT ya anticipó que no descarta medidas de fuerza si el proyecto avanza sin cambios sustantivos.

El Gobierno, a su vez, estudia la posibilidad de dar lugar a una serie de compensaciones destinadas a los gobernadores que se resisten a determinados puntos del articulado de la reforma laboral. Según la agencia Noticias Argentinas, uno de los puntos impositivos que más resquemores encuentra entre los representantes provinciales está dado por la modificación de la escala para el pago del impuesto a las Ganancias que afecta la recaudación del tributo que es coparticipable.

Son varios los mandatarios provinciales aliados que no ocultan sus diferencias, por lo que en Casa Rosada debaten la posibilidad de “compensarlos” para acumular los apoyos necesarios y fue un tema que se debatió en la reunión de mesa política que convocó Adorni.

Lo cierto es que hay quienes plantean ofrecer soluciones específicas ante los reclamos puntuales de cada gobernador, mientras otros rechazan la posibilidad de dar lugar al planteo. Los menos permeables a ceder ante las tensiones sostienen que los representantes provinciales responden ante los argumentos y que se beneficiarán del impacto de la reforma en sus provincias.

Sobre la mitad del mes, el Poder Ejecutivo aceita los mecanismos que le permitan al equipo negociador compuesto por los Menem, Bullrich, Santilli y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, concertar la línea que desplegarán para intentar anotarse un nuevo triunfo legislativo.

Santilli sigue de gira

El ministro del Interior, Diego Santilli, debió reprogramar por segunda vez la reunión con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien tenía previsto visitar Casa Rosada el viernes por la tarde.

El mandatario provincial argumentó “problemas personales” para cancelar la audiencia en agenda para las 14 y, si bien la idea original era relizarla el pasado miércoles, los planes se vieron truncados por fuertes lluvias en La Pampa.

Desde la cartera que lidera el exdiputado del PRO revelaron: “El gobernador se comunicó con el ministro y pidió, por cuestiones personales de último momento, reprogramar la agenda. Acordaron una reunión para los próximas días”:

El encuentro se enmarca en una serie de contactos que el funcionario nacional protagoniza en la búsqueda de acuerdos que le permitan sancionar la Reforma Laboral que obesesiona al presidente Javier Milei.

Como contó esta agencia, el peronista Ziliotto se muestra abierto al diálogo, pero no oculta sus reparos al articulado que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Santilli ya se reunió con gobernadores con diálogo con la Casa Rosada, como el chubutense Ignacio Torres, y el lunes visitará Salta para entrevistarse con otro de ellos, Gustavo Sáenz.

JJD