El Gobierno postergó hasta el 1 de diciembre la entrada en vigencia de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y amplió de seis a doce períodos mensuales la carencia mínima prevista para su funcionamiento.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1228/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, que modificó dos artículos de la reglamentación aprobada en mayo.

El inicio del régimen estaba previsto para el 1 de noviembre. La nueva prórroga otorga un mes adicional para completar las adecuaciones operativas y tecnológicas, según los fundamentos de la medida.

Los FAL fueron creados por la Ley de Modernización Laboral 27.802 como instrumentos para cubrir determinadas obligaciones derivadas de la extinción de las relaciones laborales.

La carencia se contará desde el mes calendario en que quede registrada ante ARCA la integración efectiva de la primera contribución del empleador. Deberá abarcar doce períodos completos y consecutivos de devengamiento y pago.

El Ejecutivo sostuvo que el plazo anterior resultaba insuficiente para formar el patrimonio inicial de los fondos y que su ampliación busca fortalecer la acumulación de recursos antes de atender las obligaciones previstas.

También señaló que todavía se encuentran en adecuación procedimientos, sistemas y herramientas necesarios para la implementación integral del régimen.

La prórroga y la extensión de la carencia habían sido solicitadas, por intermedio de la Comisión Nacional de Valores, por las cámaras de fondos comunes de inversión, fideicomisos e inversión directa y agentes de Bolsa.

Los recursos deberán instrumentarse mediante fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros sujetos al control de la CNV.

El régimen alcanza a empleadores del sector privado, con las exclusiones establecidas por la ley. Las relaciones laborales del sector público quedan fuera de su aplicación.

El decreto modifica los plazos de implementación y de carencia, pero no elimina las obligaciones laborales que los fondos están destinados a cubrir.

La norma fue firmada el lunes y rige desde su publicación, mientras que el comienzo del régimen quedó fijado para el 1 de diciembre.

Qué es el Fondo de Asistencia Laboral y a quiénes alcanza

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que había sido incluido en la reforma laboral aprobada a finales de febrero de este año y la medida fue publicada en junio pasado en el Boletín Oficial.

Ese cambio que había sido implementado a partir de la Ley de Modernización Laboral, modifica el pago de las indemnizaciones y obligaciones laborales a trabajadores debidamente registrados en el sector privado.

Además, establece cómo se conformarán y administrarán estos fondos, a quiénes alcanzarán, cómo se canalizarán los aportes y cuáles serán los procedimientos para la declaración, inversión y utilización de los recursos. La norma determina que el FAL será dirigido a empleadores del sector privado, exceptuando las relaciones laborales expresamente excluidas por la ley y las del sector público.

En el documento se indicó que “resulta pertinente la instrumentación de los Fondos de Asistencia Laboral a través de vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Economía, tales como fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros, que permitan la segregación patrimonial, la afectación específica de los recursos y la adecuada supervisión del régimen”.

“Que, en ese marco, corresponde definir con precisión a los empleadores alcanzados, los vehículos de inversión colectiva autorizados y las entidades habilitadas para la administración de los citados fondos, las características de las cuentas individuales del empleador y los requisitos de registración de los trabajadores para acceder a la cobertura del respectivo Fondo de Asistencia Laboral (FAL)”, añadió.

Con relación a cómo se implementará, la disposición señaló que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de la recaudación y derivación de las contribuciones, integrándolas al sistema de la seguridad social, mientras que se establece que el empleador deberá informar un identificador del fondo, denominado “ID FAL”, para permitir la correcta asignación de los aportes.

Además, el texto también regula el procedimiento para el pago de indemnizaciones e indica que, una vez presentada la declaración correspondiente, la entidad administradora deberá transferir los montos al trabajador “dentro del plazo máximo de cinco días hábiles”, a la vez que dispone que las inversiones de estos fondos deberán realizarse exclusivamente en “instrumentos financieros emitidos y negociados en la República Argentina”.

Claves

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es un régimen de ahorro y capitalización obligatorio en la Argentina para los empleadores del sector privado, creado bajo la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

¿Para qué sirve?

Cómo funciona

Vigencia y plazos

En la misma Argentina en la que este jueves las fuerzas de seguridad arrojaron a mansalva gases lacrimógenos que afectaron más a las decenas de miles de manifestantes pacíficos que a los pocos violentos ya comienza a hablarse de estanflación. Es la temible combinación de estancamiento o recesión, es decir, dos trimestres consecutivos de caída económica –consultoras como LCG, Analytica y Oxford Economics consideran que así ocurrió–, con una inflación elevada, que rebrotó en septiembre al 1,9%, tras el 1,7% de agosto, y se encamina cerrar el año parecido al 31,5% de 2025. Uno de los primeros que pronunció la palabra estanflación fue Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra.

“Salvo en los sectores minería, energía y agroindustria, el resto no crece y con una tasa de inflación que se enquistó en torno al 2%”, advierte Sigaut Gravina. Es un índice de precios al consumidor (IPC) menor al 12% que dejó Sergio Massa en el Ministerio de Economía, pero similar al que se le criticaba al kirchnerismo y muy superior al 0,8% del Brasil de Lula da Silva y al 0,4% del México de Claudia Sheinbaum. Un problema de la estanflación radica en que si la política económica ataca la inflación, como pretende Javier Milei, se hunde más la actividad económica y el empleo, pero si se apuntara al estancamiento o la recesión, se calentarían aún más los precios.

En el almuerzo de este miércoles en el hotel Alvear del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), que reúne a las cámaras del comercio, la construcción, la Unión industrial, la Sociedad Rural, la banca privada nacional y la Bolsa porteña, más que el discurso del invitado Horacio Marín, presidente de YPF, resonaron los comentarios por lo bajo de los empresarios sobre la incertidumbre sobre 2027. “Por la economía que no repunta: no se ven motivos por los que habría de mejorar, con dólar que corre por debajo de la inflación y afecta a la industria y a la construcción, que cotiza en dólares, y con el boom del contrabando y la invasión de productos chinos”, comentó uno de los pesos pesados de la Cicyp, que preside Bettina Bulgheroni, embajadora de la marca país por decisión de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, e integrante de la familia dueña de Pan American Energy.

“Incertidumbre sobre quién viene a gobernar”, agrega otro motivo el confidente del Cicyp. En el establishment hay un consenso en el apoyo a la baja de la inflación y el superávit fiscal sin financiamiento monetario, pero preocupa la actividad económica. Por eso no todos están con Milei, pero incluso los que lo critican dudan de que Patricia Bullrich pueda configurar una alternativa y en el peronismo prefieren a un Massa que a un Axel Kicillof porque pese a su mal paso por Economía se lo ve más proclive a sostener el giro pro mercado y no regresar a recetas pasadas. Empresarios como José Luis Manzano y Francisco de Narváez siguen siendo estrechos amigos del abogado que en 2013 rompió con Cristina Fernández de Kirchner, en 2016 apoyaba a Mauricio Macri y en 2019 se reconcilió con la expresidenta.

Un clima similar se palpó en la enésima gira de Milei por EE.UU. esta semana. Mientras, el deterioro del crédito empresarial continúa siendo una de las principales señales de alerta de la economía argentina. En septiembre, otras 1.937 empresas ingresaron en mora, un incremento del 3,5% respecto de agosto. En paralelo, la cantidad de compañías con una situación diferente de la normal en el sistema bancario llegó a 58.982, un crecimiento del 53% en los últimos 12 meses. En este contexto, el Score de Riesgo Económico y Financiero (SERF) de la firma de gestión de riesgos Fidelitas se ubicó en 37,7 puntos en septiembre, con una caída de 0,6 puntos frente al mes anterior y dentro de la categoría de riesgo elevado. El resultado refleja un escenario heterogéneo, en el que algunas mejoras sectoriales y financieras conviven con una actividad económica débil y una fragilidad crediticia persistente.

Pero los hombres de negocios que están ampliando sus fortunas durante el gobierno libertario aspiran a que su cosecha continúe. Es llamativo cómo en diversas licitaciones de concesiones y privatizaciones ha habido candidatos fijos a ganarlas que finalmente triunfaron. Los actores cercanos al contrato de la hidrovía del río Paraná preveían que la belga Jan de Nul y su socio local Leonardo Román, de familia con larga tradición portuaria, iban a vencer. Y lo hicieron. La diputada Marcela Pagano denunció que los hermanos Juan y Patricio Neuss, amigos del asesor presidencial de Santiago Caputo, conseguirían subcontratos.

Los Neuss y sus socios dentro de Edison Energía sonaban como favoritos para las concesiones de las represas del Comahue y ganaron dos de las cuatro. Lo mismo para la venta de la participación del Estado en la transportista eléctrica Transener y la obtuvieron en sociedad con Jorge Brito, el dueño del Banco Macro que este año coqueteó con meterse en política pero parece haberse contenido al menos por ahora. Eso sí, Georgi Neuss, primo de Juan y Patricio, se quedó con las ganas de Metrogas, que fue a parar a manos de Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

En la privatización de AySA sonaba el nombre de Filiberti, su proveedor de cloro, y efectivamente prevaleció. Lo hizo en alianza con Walter Román, tío de Leonardo y aportante de la campaña de La Libertad Avanza en 2025; con Águas do Rio y con un misterioso fondo de inversión especulativa llamado PHX, con sede en Curazao, colonia neerlandesa que jugó el último Mundial, según descubrió el periodista Esteban Rafele en Letra P.

Ahora Grupo México aparece como favorito en la próxima concesión, la de los ferrocarriles de carga. Logró que la licitación sea por el negocio integral: el Gobierno desistió de su idea original de dividirlo entre vías, talleres e inmuebles, por un lado, y material rodante, por otro. También que lo incluyera en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Enfrenta en la contienda a un consorcio de cerealeras, las extranjeras Bunge, Cargill y LDC, la cooperativa ACA y Aceitera General Deheza (AGD). Veremos si a AGD, la empresa del ex senador peronista cordobés Roberto Urquía, le juegan en contra los posicionamientos críticos que viene adoptando la Fundación Mediterránea, donde él pesa fuerte, y donde la presidenta es la constructora María Pía Astori, secundada por Marcos Brito –hermano de Jorge– y Sergio Roggio, del grupo que perdió AySA.

Los que también hacen negocios en plena estanflación son los bancos y las sociedades de bolsa que tienen hasta fin de mes para conseguir que el medio millón de empresas de la Argentina los contraten para gestionar su Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con el que podrán pagar indemnizaciones por despido y retiros voluntarios. En el sector financiero se espera que el plazo se prorrogue hasta finales de noviembre, dado que existen problemas operatorios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para registrar las inscripciones. A aquellas compañías que no escojan quién administrará su fondo se les asignará uno por sorteo. Las grandes aportarán el 1% de su masa salarial y las pymes, el 2,5%. Se trata de hasta US$2.500 millones por año. Son recursos que antes iban a pagar jubilaciones y asignaciones familiares o a financiar el Fondo Nacional de Empleo o el Programa de Asistencia Médico Integral (PAMI). Ya no, por decisión de la reforma laboral impulsada por LLA y aprobada también por sus aliados.

El banco español BBVA fue el primero que se lanzó a una campaña agresiva para conseguir que las empresas la contraten para gestionar su FAL. Arrancó ofreciendo comisión cero por un año, en lugar del 1% tope que estableció el Ejecutivo. Pronto sus competidores lo imitaron con ofertas similares: el Galicia, el Macro, el Santander y el ICBC y los públicos Nación y Provincia de Buenos Aires. Estos siete bancos controlan 85% del negocio de las cuentas sueldo en la Argentina y con esa base aspiran a quedarse con el del FAL. Pero las sociedades de bolsa, técnicamente llamadas agentes de liquidez y compensación (ALYC), domina el 40% de los fondos comunes de inversión y, como el FAL será justamente eso, pretenden quedarse con el 30% de este nuevo mercado.

Claro que el FAL no podrá meterse en inversiones de riesgo como las acciones. Algunos descansarán en opciones conservadoras como plazos fijos. Son los más atractivos para empresas que prevean despidos y rotaciones de personal más frecuentes. Otros invertirán en las alternativas autorizadas con más riesgo, como deuda provincial o corporativa, aunque estas variantes están limitadas al 15% y al 20%, respectivamente, del total de la cartera. La idea del Gobierno fue que no se corra el peligro de que el dinero destinado a indemnizaciones se pierda, como ocurrió con el de las desaparecidas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) entre 1994 y 2008 con apuestas ruinosas.

Otros negocios se tejen con la venta de ciudadanía, activo de interés para extranjeros que quieren saltearse el límite del 15% a la propiedad foránea de tierras por municipio. Entre el 29 de septiembre en que la Corte Suprema habilitó la extranjerización total de terrenos y el 9 de octubre, cuando echó por tierra esa decisión, el empresario chino Mao Dong Xu creó seis sociedades argentinas, Voltstone, Gridvera, Xcity Mining, Gridcrest, Voltara y Terrawatt, según descubrió el portal Tengo Data a partir de lo publicado en el Boletín Oficial. Mao, un financista inhabilitado de por vida en su país y radicado en EE.UU., promociona Xcity, una “ciudad-estado superinteligente” de 400.000 hectáreas en San Juan, que con energía solar minará bitcoins y alimentará centros de inteligencia artificaial, con robots residentes.

Mao vende derechos de uso de parcelas por 30 años, respaldados con NFT, un token no fungible, activo digital único. La tierra queda formalmente a nombre de una sociedad argentina, pero el control económico pasa a inversores extranjeros. Además, la documentación prevé usar varias entidades cuando las tenencias de un inversor se acerquen a los topes legales para extranjeros. Planea pedir al Gobierno facultades de autogobierno parcial, con un consejo de inversores en asuntos locales. Ofrece servicios de residencia y ciudadanía ligados a inversiones.

El oro del Banco Central también ha sido objeto de negocios. Queda por conocerse qué bancos extranjeros fueron contratados por el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, para enviarlo primero a Londres y después a Suiza. Y cuáles otros se encargaron del contrato de cobertura del precio del metal, por el que el Central terminó dejando de ganar, o perdiendo, unos US$1.000 millones. Bausili acumula tres denuncias por estas diversas operatorias: una de los senadores peronistas Juliana Di Tullio, Florencia López y Martín Soria, otra del abogado Gregorio Dalbón y una nueva del diputado socialista Esteban Paulón.

Más allá de estos negocios que se tejen, unas 25 mujeres de los mundos de la empresa, la política, la academia y la sociedad civil presentarán este jueves VEGA, Voces de Equidad y Género en Acción. A la cabeza está Carolina Castro, de la autopartista Industrias Guidi, que tuvo su paso por la política con Macri primero y Florencio Randazzo después. Su voz es una de las más lúcidas del empresariado argentino. La acompañan la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, la legisladora porteña macrista Silvia Lospennato, la auditora general de la Nación Pamela Calletti; Andrea Gualde, directora de asuntos jurídicos e institucionales de Farmacity; la politóloga María Victoria Murillo, de la Universidad de Columbia, y las empresarias Lorena Basso (Semillas Basso) y Patricia Furlong (Global Processing). VEGA sostiene que su objetivo es “trabajar por una Argentina más democrática, más productiva y más innovadora”. Quizás otro país es posible de la mano de las mujeres.

AR/MG

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que había sido incluido en la reforma laboral aprobada a finales de febrero de este año y la medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Según el informe, ese cambio que había sido implementado a partir de la Ley de Modernización Laboral, modifica el pago de las indemnizaciones y obligaciones laborales a trabajadores debidamente registrados en el sector privado.

Además, el decreto estableció cómo se conformarán y administrarán estos fondos, a quiénes alcanzarán, cómo se canalizarán los aportes y cuáles serán los procedimientos para la declaración, inversión y utilización de los recursos. La norma determina que el FAL será dirigido a empleadores del sector privado, exceptuando las relaciones laborales expresamente excluidas por la ley y las del sector público.

En el documento se indicó que “resulta pertinente la instrumentación de los Fondos de Asistencia Laboral a través de vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Economía, tales como fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros, que permitan la segregación patrimonial, la afectación específica de los recursos y la adecuada supervisión del régimen”.

“Que, en ese marco, corresponde definir con precisión a los empleadores alcanzados, los vehículos de inversión colectiva autorizados y las entidades habilitadas para la administración de los citados fondos, las características de las cuentas individuales del empleador y los requisitos de registración de los trabajadores para acceder a la cobertura del respectivo Fondo de Asistencia Laboral (FAL)”, añadió.

Con relación a cómo se implementará, la disposición señaló que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de la recaudación y derivación de las contribuciones, integrándolas al sistema de la seguridad social, mientras que se establece que el empleador deberá informar un identificador del fondo, denominado “ID FAL”, para permitir la correcta asignación de los aportes.

Además, el texto también regula el procedimiento para el pago de indemnizaciones e indica que, una vez presentada la declaración correspondiente, la entidad administradora deberá transferir los montos al trabajador “dentro del plazo máximo de cinco días hábiles”, a la vez que dispone que las inversiones de estos fondos deberán realizarse exclusivamente en “instrumentos financieros emitidos y negociados en la República Argentina”.

“Con el FAL y el RIFL nuestro país está cada vez más cerca de acribillar al gran enemigo de la prosperidad de los argentinos: la informalidad laboral”. Así habló este lunes Manuel Adorni cuando festejó la reglamentación de un capítulo clave de la reforma laboral contenida en la Ley Bases, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). Sin embargo, detrás de la retórica libertaria sobre la “liberación de las fuerzas productivas”, se esconde un entramado de decretos y resoluciones que prometen reconfigurar el mapa del empleo en la Argentina, con un fuerte sesgo hacia la reducción de costos patronales y la flexibilización de las condiciones de salida.

Con la publicación del Decreto 341/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). Este esquema no solo funciona como un “perdón” para el pasado de incumplimientos, sino que proyecta un escenario de beneficios fiscales inéditos para los próximos cuatro años. En paralelo, la Casa Rosada ultima los detalles del Fondo de Administración Laboral (FAL), el sistema que busca enterrar el modelo de indemnizaciones de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para abrazar una lógica de capitalización financiera.

RIFL: El “blanqueo” con premio para el empleador

El RIFL, reglamentado formalmente este lunes, se presenta como el instrumento para regularizar relaciones laborales no registradas. El anuncio de Adorni fue preciso en la ambición del Ejecutivo: una reducción del 89% en el monto de las contribuciones patronales para todos los nuevos trabajadores que el sector privado contrate durante los próximos cuatro años.

Este beneficio no es menor. Alivia la carga fiscal de manera drástica, pero deja interrogantes sobre la sustentabilidad del sistema previsional a largo plazo. Los puntos más salientes de la letra chica del RIFL incluyen:

El FAL: La “letra chica” y la sombra de la justicia

Si el RIFL es el incentivo para entrar al sistema, el FAL es el mecanismo para abaratar la salida. Adorni adelantó que su reglamentación es inminente, pero el camino fue tortuoso debido a la fuerte resistencia judicial. El FAL busca reemplazar el Artículo 245 de la LCT —que establece la indemnización por antigüedad— por un sistema de aportes mensuales que el empleador deposita en un fondo administrado por terceros.

El 23 de abril pasado la Justicia dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de más de 80 artículos de la reforma laboral, entre ellos el FAL. La decisión de la Cámara de Apelaciones habilitó la plena vigencia de la Ley 27.802.

El nuevo sistema obligatorio para financiar las indemnizaciones por despidos establece una contribución obligatoria entre 1,5% y 2,5% de las remuneraciones brutas que se toman como base para el cálculo de los aportes patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El empleador integrará estos importes cada mes al momento de declarar y pagar los aportes y contribuciones patronales.

Los FAL serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV). “En ningún caso esta derivación implicará responsabilidad alguna por parte del Estado Nacional respecto de las obligaciones del empleador”, sostiene la ley.

Los detalles técnicos que el Gobierno está puliendo en las últimas horas revelan un esquema de alta complejidad:

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó el primer encuentro del año con los principales operadores legislativos del oficialismo, en una reunión que buscó afinar la estrategia para aprobar la reforma laboral en el Congreso antes del inicio del período ordinario. La mesa política se reunió durante más de dos horas en la Casa Rosada y contó con la presencia de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el operador Eduardo “Lule” Menem, entre otros.

El objetivo inmediato es que el Senado habilite el tratamiento del proyecto a fines de enero. La discusión se concentra en dos ejes sensibles: el capítulo tributario —vinculado a cargas sociales y al Impuesto a las Ganancias coparticipable— y el futuro del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que garantiza cobertura ante despidos y suspensiones. La eliminación o modificación de este fondo podría representar un recorte directo en las protecciones mínimas para trabajadores en situación de conflicto laboral o desvinculación forzosa.

Entre los puntos en análisis se encuentran la eliminación de multas por empleo no registrado, la reformulación del régimen de indemnizaciones, cambios en los regímenes de licencias y restricciones a la representación gremial. La propuesta también apunta a modificar las condiciones de negociación colectiva y reemplazar el FAL por un esquema alternativo con menor alcance. Todo el paquete tiene como eje una flexibilización del mercado de trabajo, que podría debilitar la posición de los trabajadores frente a sus empleadores y facilitar contrataciones más precarias, sobre todo para sectores jóvenes, tercerizados o sin convenio colectivo.

Desde los sindicatos se advierte que la iniciativa implica una regresión en derechos adquiridos, con especial impacto en sectores laborales desprotegidos. El reemplazo del sistema de sanciones y la eliminación del FAL implican, en los hechos, menos incentivos para registrar trabajadores y menos herramientas para enfrentar despidos arbitrarios. La CGT ya anticipó que no descarta medidas de fuerza si el proyecto avanza sin cambios sustantivos.

El Gobierno, a su vez, estudia la posibilidad de dar lugar a una serie de compensaciones destinadas a los gobernadores que se resisten a determinados puntos del articulado de la reforma laboral. Según la agencia Noticias Argentinas, uno de los puntos impositivos que más resquemores encuentra entre los representantes provinciales está dado por la modificación de la escala para el pago del impuesto a las Ganancias que afecta la recaudación del tributo que es coparticipable.

Son varios los mandatarios provinciales aliados que no ocultan sus diferencias, por lo que en Casa Rosada debaten la posibilidad de “compensarlos” para acumular los apoyos necesarios y fue un tema que se debatió en la reunión de mesa política que convocó Adorni.

Lo cierto es que hay quienes plantean ofrecer soluciones específicas ante los reclamos puntuales de cada gobernador, mientras otros rechazan la posibilidad de dar lugar al planteo. Los menos permeables a ceder ante las tensiones sostienen que los representantes provinciales responden ante los argumentos y que se beneficiarán del impacto de la reforma en sus provincias.

Sobre la mitad del mes, el Poder Ejecutivo aceita los mecanismos que le permitan al equipo negociador compuesto por los Menem, Bullrich, Santilli y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, concertar la línea que desplegarán para intentar anotarse un nuevo triunfo legislativo.

Santilli sigue de gira

El ministro del Interior, Diego Santilli, debió reprogramar por segunda vez la reunión con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien tenía previsto visitar Casa Rosada el viernes por la tarde.

El mandatario provincial argumentó “problemas personales” para cancelar la audiencia en agenda para las 14 y, si bien la idea original era relizarla el pasado miércoles, los planes se vieron truncados por fuertes lluvias en La Pampa.

Desde la cartera que lidera el exdiputado del PRO revelaron: “El gobernador se comunicó con el ministro y pidió, por cuestiones personales de último momento, reprogramar la agenda. Acordaron una reunión para los próximas días”:

El encuentro se enmarca en una serie de contactos que el funcionario nacional protagoniza en la búsqueda de acuerdos que le permitan sancionar la Reforma Laboral que obesesiona al presidente Javier Milei.

Como contó esta agencia, el peronista Ziliotto se muestra abierto al diálogo, pero no oculta sus reparos al articulado que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Santilli ya se reunió con gobernadores con diálogo con la Casa Rosada, como el chubutense Ignacio Torres, y el lunes visitará Salta para entrevistarse con otro de ellos, Gustavo Sáenz.

JJD