Desde este jueves 1° de febrero, los trabajadores de la Argentina deberán afrontar nuevos aumentos en servicios esenciales. Transporte público, medicina prepaga, telecomunicaciones, alquileres y patentes se encarecen con porcentajes que, aunque moderados en algunos casos, confirman una tendencia persistente: los ingresos formales siguen por debajo de los precios. La inflación estimada para enero oscila entre 2,3% y 2,6%, según relevamientos privados, lo que implica una desaceleración respecto al 2,8% de diciembre. Sin embargo, para quienes trabajan y viven de su salario, el alivio sigue sin sentirse.

En el transporte público, uno de los gastos ineludibles para millones de personas, los boletos subirán tanto en Ciudad como en provincia de Buenos Aires. En CABA, el pasaje mínimo de colectivo (tramo de hasta 3 kilómetros) pasará de $619,37 a $637,58, lo que representa un aumento del 2,8%. En PBA, el mismo tramo costará $721,08, con un incremento del 4,5%.

Para los tramos más largos, el impacto será mayor. En la provincia, un viaje de más de 27 kilómetros costará desde febrero $988,63. También subirá el subte: con SUBE registrada, el valor del pasaje será de $1.336, frente a los $1.259 actuales. El premetro, por su parte, costará $467,60.

A esto se suma una novedad que genera incertidumbre: los aumentos no aplican a los colectivos interjurisdiccionales, es decir, a las líneas que cruzan los límites entre CABA y PBA. La falta de actualización de tarifas en ese segmento, donde operan conflictos históricos por los subsidios cruzados, complica aún más la situación de quienes deben trasladarse por motivos laborales entre ambas jurisdicciones.

En el sistema de salud, las empresas de medicina prepaga anunciaron que las cuotas subirán en febrero un 2,8%, al igual que los copagos. Se trata del segundo aumento en dos meses consecutivos, lo que lleva a muchos trabajadores a replantearse la posibilidad de sostener una cobertura privada. El ajuste también alcanza a los servicios de telecomunicaciones, que aplicarán subas en torno al mismo porcentaje, aunque con variaciones según la compañía.

En paralelo, el nuevo régimen de subsidios a la luz y el gas ya está en vigencia. Se trata del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza a la segmentación anterior por niveles socioeconómicos. Con este esquema, solo se contemplan dos categorías: hogares que mantienen el subsidio y hogares que lo pierden. Para conservarlo, los ingresos familiares no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del Indec para un hogar tipo 2. Existen excepciones, como la presencia de personas con discapacidad, pensiones vitalicias por guerra o certificados de vivienda del Renabap.

El trámite es 100% online, y quienes ya estaban inscriptos en el sistema anterior deben actualizar sus datos si hubo cambios en el hogar, ingresos o titularidad. Además, los beneficiarios del Programa Hogar tienen un plazo de seis meses para migrar al nuevo régimen, si desean mantener la asistencia estatal.

Otro de los rubros más sensibles que se encarece en febrero son los alquileres. Aunque ya fue derogada la Ley de Alquileres, muchos contratos aún vigentes se rigen por su fórmula de actualización. En esos casos, el índice aplicable este mes establece un aumento del 34,6%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Pero la mayor polémica del mes está en las boletas de patentes automotor en la Ciudad de Buenos Aires. Miles de propietarios recibieron notificaciones con aumentos de más del 100% respecto a lo que pagaron en 2025. El Gobierno porteño lo justificó por el cambio en el método de valuación: en lugar de usar la tabla de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), se adoptaron los valores del mercado real provistos por ACARA, la cámara de concesionarios.

De acuerdo con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), no se modificó la alícuota del impuesto. Sin embargo, un 16% de los vehículos del padrón registró aumentos por la revaluación, mientras que otro 16% pagará menos. El 68% restante mantendrá los valores de 2025.

Ante el malestar generalizado, el Gobierno de la Ciudad anunció un proyecto de ley para limitar los aumentos futuros al tope de la inflación. El objetivo, según el comunicado oficial, es que “ninguna patente se actualice por encima de la inflación” en 2026. Mientras los ingresos siguen rezagados —el salario formal promedio subió 25,6% entre enero y noviembre de 2025, frente a una inflación del 27,9% para el mismo período—.

JJD