La paritaria metalúrgica entra en una semana decisiva con la UOM intervenida, sin conducción electa y atravesada por una pelea interna que ya pasó de las urnas a los tribunales. La Justicia anuló la elección de Campana, dejó sin efecto la reelección nacional de Abel Furlán y designó un interventor por 180 días. El fallo golpea al gremio industrial más emblemático del país justo cuando debía concentrar fuerza en la discusión salarial.

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró nulas las elecciones realizadas entre el 2 y el 4 de marzo en la seccional Campana, dejó sin efecto la elección nacional del 18 de marzo y dispuso la intervención judicial del sindicato. El tribunal ordenó el cese inmediato de Furlán y del resto de las autoridades electas, y designó como interventor al abogado Alberto Biglieri, con mandato para convocar a nuevos comicios.

El fallo no fue una observación administrativa ni un reproche menor. Los jueces Víctor Pesino y María Dora González sostuvieron que el proceso electoral en Campana no garantizó una elección confiable, segura ni transparente. La Cámara cuestionó la custodia de las urnas durante tres días, la falta de escrutinios provisorios diarios y el control unilateral por parte de la Junta Electoral local.

El punto más delicado para Furlán aparece en la relación entre Campana y la elección nacional. La seccional era determinante para su continuidad al frente del gremio. Allí se conformó parte del Colegio Electoral que luego participó en la elección nacional de la UOM. Para la Cámara, si ese Colegio Electoral quedó mal integrado, tampoco podía elegir válidamente al secretario general nacional. “Si el Colegio Electoral se encontró deficientemente conformado nunca pudo haber elegido válidamente al Secretario General Nacional”, sostuvo el tribunal.

La controversia no empezó con la intervención. El 18 de marzo, la UOM realizó el congreso nacional en un hotel de San Telmo y proclamó la reelección de Furlán pese a que horas antes la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había suspendido los comicios por las irregularidades denunciadas en Campana. La conducción del sindicato dijo entonces que no había sido notificada de ningún fallo y difundió que Furlán había conseguido 215 votos sobre 270 electores, con apoyo de 48 de las 53 seccionales. Las seccionales Capital, San Nicolás, Villa Constitución, Santa Fe y La Plata votaron en contra.

Ese antecedente volvió ahora como argumento judicial. La Cámara sostuvo que la notificación había sido válida, que la UOM conocía la suspensión y que la organización desoyó la decisión judicial. La reelección nacional quedó atada a una doble impugnación: una elección de base cuestionada en Campana y un congreso realizado pese a una orden de suspensión.

La conducción desplazada respondió con una denuncia política. La UOM calificó la intervención como el “desenlace de una operación política, judicial y empresarial” destinada a disciplinar al gremio, debilitar su capacidad de lucha y garantizar a las empresas salarios más bajos. También remarcó que la medida llega en medio de las negociaciones paritarias para recomponer ingresos después de una pérdida salarial fuerte durante los últimos dos años.

La denuncia sindical tiene un dato que alimenta la sospecha política: la misma Sala VIII que intervino la UOM fue la que en abril restableció la vigencia de la reforma laboral impulsada por Javier Milei, después de la cautelar que había logrado la CGT. La UOM usa ese antecedente para presentar el fallo como parte de una ofensiva contra los gremios más duros. Pero ese señalamiento no borra el contenido del expediente: la Cámara no sólo desplazó a Furlán; describió un proceso electoral sin garantías suficientes dentro de la propia organización metalúrgica.

La intervención deja a la paritaria metalúrgica en una posición más débil. Las cámaras empresarias ya no tienen enfrente a una conducción sindical electa con mandato vigente, sino a un gremio intervenido, con una conducción desplazada, una oposición interna fortalecida y un interventor judicial encargado de ordenar un nuevo proceso electoral. Esa fragilidad mejora el margen de las empresas en la negociación salarial: un sindicato partido negocia con menos fuerza que un sindicato ordenado.

Furlán llega a esa pelea con otro frente abierto. El 18 de marzo, la Agencia Noticias Argentinas informó que la UOM venía de sufrir un allanamiento en su sede nacional por una denuncia contra el dirigente por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita. La causa está vinculada a un contrato que el sindicato firmó con USEM, empresa comandada por María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora y empleada del gremio. La investigación no prueba responsabilidad penal de Furlán, pero suma un elemento sensible a la crisis de legitimidad de su conducción.

El dirigente metalúrgico tampoco puede presentar esa crisis sólo como un ataque externo. Furlán llegó a la conducción nacional en 2022 como recambio frente a Antonio Caló, pero no venía de afuera del aparato metalúrgico. Es más: venía del mismo sector, el peronismo, y más precisamente la facción kirchnerista, porque Caló en su hora formó una CGT disidente en apoyo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en contra de la denominada CGT Azopardo, que lideraba entonces el camionero Hugo Moyano, que después de ser fiel aliado del matrimonio presidencial Kirchner se pasó a la oposición.

Furlán construyó su poder desde la propia UOM, con base en Zárate-Campana, alineamiento kirchnerista y trayectoria parlamentaria: entre 2015 y 2019 fue diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires del bloque Unidad Ciudadana —la fugaz representación parlamentaria del armado de Fernández de Kirchner para volver como senadora de la Nación, en las elecciones de medio término de la presidencia de su sucesor, Mauricio Macri— y en sus dos últimos años de mandato, ya del nuevo-viejo bloque Frente para la Victoria, que en 2019 paso a llamarse Frente de Todos y en 2023, desgastado, pasó a llamarse Unión por la Patria. En todos los casos, con el PJ como partido troncal y el kirchnerismo como facción dominante.

La intervención lo encuentra en el peor lugar para cualquier jefe sindical: cuestionado por la Justicia, resistido por sectores internos y con una paritaria en marcha.

La disputa interna tiene nombres y territorio. Mundo Gremial describió una fractura entre el bloque que llevó a Furlán a la conducción nacional, sostenido por seccionales del conurbano bonaerense y del interior, y un eje histórico integrado por Capital Federal, San Nicolás y La Plata. En ese grupo aparecen Roberto Bonetti, Naldo Brunelli y Antonio “Nino” Di Tomasso, dirigentes que habían perdido centralidad con el recambio interno pero conservaron capacidad de articulación sindical, política y jurídica.

La misma publicación ubicó al interventor Alberto Biglieri dentro de una trama de vínculos con sectores enfrentados al armado de Furlán, a través del abogado Tomás Calvo, asesor de seccionales como Capital y San Nicolás y con relaciones históricas con espacios del PRO, el radicalismo y Daniel “Tano” Angelici. También incorporó a Julio Cordero, funcionario nacional con pasado en Techint, como un actor señalado por sectores sindicales en la negociación metalúrgica y en el endurecimiento del conflicto salarial.

La intervención reordenó esa interna. La oposición a Furlán ganó una ventaja institucional, la conducción desplazada apuesta a convertir el fallo en una causa común del sindicalismo contra Milei y el resto del movimiento obrero mira el caso como una señal sobre los límites de la autonomía gremial bajo el actual gobierno. La UOM convocó al movimiento obrero a defender al sindicato frente a un modelo económico que, según su comunicado, necesita organizaciones débiles para imponer ajuste y precarización.

La Justicia ya puso fecha para la nueva elección de autoridades

La Cámara justificó la intervención como un remedio extremo ante la nulidad de las elecciones. El tribunal sostuvo que las autoridades desplazadas no podían organizar una nueva elección transparente y que la intervención externa era indispensable para regularizar la situación. También ordenó convocar a nuevos comicios dentro de los 180 días. La UOM no quedó acéfala en términos formales, porque tiene un interventor judicial; quedó sin conducción sindical electa en el momento menos conveniente para sus afiliados.

Ese punto pesa más que la rosca interna. La industria metalúrgica llega golpeada por la caída de la actividad, la apertura importadora, la pérdida de poder adquisitivo y la presión empresaria para contener costos laborales. Una paritaria fuerte necesita conducción reconocida, capacidad de presión y unidad interna. La UOM llega a esa instancia con todo eso en discusión.

Furlán pelea por seguir, pero su margen se achicó. La oposición interna consiguió que la Justicia anulara el proceso que lo había reelegido, el tribunal instaló sospechas graves sobre la transparencia electoral y el sindicato deberá ordenar una nueva elección bajo intervención. La denuncia de operación política y empresaria puede reunir solidaridad sindical, pero no resuelve la pregunta que dejó el fallo: cómo defendió Furlán la democracia interna del gremio que pretendía seguir conduciendo.

El resultado impactará más allá de la UOM. Si Furlán logra transformar la intervención en una ofensiva del Gobierno y las empresas contra el sindicalismo, puede recomponer parte de su autoridad dañada. Si la oposición interna convierte el fallo en una nueva elección bajo control judicial, la conducción metalúrgica puede cambiar de manos. Mientras tanto, los salarios metalúrgicos llegan a la negociación con un gremio debilitado, una interna abierta y empresas que encuentran enfrente a un sindicato menos ordenado que hace una semana.

JJD

Después de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anulara las elecciones nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica, desplazara de su cargo al secretario general, Abel Furlán, y dispusiera la intervención judicial de la UOM por un plazo de 180 días, período en el que deberá convocarse a nuevos comicios, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) marchó este martes en la sede central de los metalúrgicos.

“No naturalizar y resistir la intervención a la UOM es nuestra obligación. Se trata de un golpe al corazón de todo el movimiento obrero argentino. Quiere disciplinar a toda la clase trabajadora para que no discutamos la distribución del ingreso. Nos quieren mansitos y obedientes para aumentar aún más sus ganancias inescrupulosas”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

Según el fallo de la Sala VIII del tribunal laboral, que además declaró nulas las elecciones realizadas en la seccional Campana, esos comicios y los nacionales celebrados el 18 de marzo eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera arrastró la invalidez de la segunda. “Si una es nula, también la otra lo es”, sostuvo el juez de Cámara Víctor Arturo Pesino en el voto al que adhirió la magistrada María Dora González. Y dispusieron la intervención de la UOM, sacando a Furlán de la conducción, lo que provocó la reacción de todo el arco gremial.

Los jueces que firmaron la intervención, Víctor Pesino y María Dora González, son los mismos que avalaron la reforma laboral de Milei. Además, pocos días después de validar la norma --la cuál restringe derechos laborales y sindicales de los trabajadores--, el juez Pesino obtuvo una prórroga de su mandato en la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Sala VIII, a pesar que debía jubilarse al cumplir en junio 75 años.

“Los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Javier Milei, Víctor Pesino y María Dora González, avanzaron sobre la Unión Obrera Metalúrgica con un fallo arbitrario y antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización. La UOM es el principal sindicato industrial de la Argentina y este ataque llega en el mismo momento en que venimos enfrentando a las principales patronales del sector para defender el salario de los trabajadores metalúrgicos, después de una pérdida salarial brutal de los últimos dos años”, denunciaron desde la central que nuclea a los metalúrgicos.

Asimismo, advirtieron que se trata de “una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”.

El primer plenario del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), con más de 1.6000 delegados, resolvió esta tarde, en el Día Internacional de las y los Trabajadores, “seguir dando pelea en las calles y en todos los espacios que sea necesario para defender el conjunto de las y los trabajadores”, reivindicó el derecho a huelga como “herramienta esencial” para defender los derechos laborales y definió que “el salario digno y la distribución de la riqueza” son el primer punto del Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria. “Reivindicamos el derecho al trabajo y a un salario mínimo vital y móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”, señalaron en el programa, que fue votado a mano alzada durante el acto de cierre, y precisaron que el valor de ese salario debería ser $2,8 millones para un trabajador sin cargas de familia. En la actualidad es de $357.000.

Al cierre del Plenario, el secretario general de la Unión Obrera Metalúgica (UOM), Abel Furlán, afirmó: “Nunca más de aquí hacia el futuro, las y los trabajadores vamos a andar en tinieblas. Tenemos claro el programa, tenemos claro que es lo que tenemos que defender para nosotros, para nuestras familias y para nuestra patria”. “Mientras el Gobierno y los empresarios se reúnen en el Hotel Llao Llao para entregar el país, nosotros nos reunimos en esta contracumbre para defender la soberanía y a los trabajadores”, se refirió a la cita de hombres de negocios con el ministro de Economía, Luis Caputo. Incluso Furlán definió la reunión porteña del FreSU como “contracumbre” del Foro Llao Llao.

“Vamos a recorrer distintas provincias para fundar el FreSU en todo el país para que los trabajadores tengan un lugar donde expresarse”, prometió el metalúrgico. “Eso nos va a permitir empezar a construir ese camino que necesitamos para desembocar en un plan de lucha y en una huelga para decir basta, porque los trabajadores somos los que generamos la riqueza de nuestro país”, agregó Furlán.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, dijo que “hay una sola manera de derrotar la reforma laboral, de enterrarla para siempre, es no cumpliéndola en los lugares de trabajo”. “Llamemos a la desobediencia: que nadie pida permiso para hacer una asamblea. Le avisamos al Gobierno y a los patrones, pero sobre todo a las y los trabajadores: hoy iniciamos el camino por la recuperación salarial y no vamos a parar hasta que no nos devuelvan hasta el último peso que nos quitaron.”

El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, señaló: “Los compañeros vinieron a buscar una respuesta a la problemática que hoy tiene el movimiento obrero y se la van a llevar: este frente sindical se constituyó y se sigue fortaleciendo pensando en la lucha. Luchar contra este gobierno, contra las patronales y contra la burocracia sindical que nos quiera venir a frenar”. Así fue que apuntó contra la CGT, que por ahora ha basado su estrategia contra la flexibilización laboral en recursos judiciales. Yofra llamó a “prender fuego el país con huelgas” para conseguir mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Del acto de cierre participó también el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, que recibió la solidaridad del FreSU ante la sanción impuesta por la Secretaría de Trabajo contra el sindicato de maquinistas ferroviarios. “La multa millonaria aplicada por ejercer el derecho de huelga no es una medida administrativa: es un acto de persecución y disciplinamiento contra todo el movimiento obrero. El Gobierno pretende castigar a quienes paran, organizan y reclaman. Pretende instalar el miedo como límite a la acción sindical. No lo vamos a aceptar”, subrayó el FreSU en un comunicado. La multa ocurrió la misma semana en que la revista Noticias reveló que el patrimonio de Maturano creció con propiedades en el exterior, casas, departamentos y autos de alta gama, todos registrados a nombre de su esposa, Fernanda Selva.

“Convocamos a fortalecer la unidad, ampliar el FreSU, multiplicar la organización desde los lugares de trabajo y construir un plan de acción sostenido. Reivindicamos el derecho a la protesta, la huelga y todas las formas legítimas de lucha colectiva como herramientas esenciales para defender al pueblo trabajador”, afirmaron los delegados en el programa. “Reafirmamos una convicción histórica: los sindicatos no somos un obstáculo para salir de la crisis. Somos, en cambio, una herramienta de defensa colectiva, de organización democrática y de transformación social”, subrayó el FreSU en la introducción del programa de este frente conformado por más de 140 organizaciones de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, la Federación Aceitera y Desmotadora, los Aeronáuticos de Pablo Biró, Docentes Universitarios, los Encargados de Edificios de Víctor Santa María, Portuarios, Papeleros, Molineros, Gráficos, Metrodelegados, Curtidores, Visitadores médicos y la Asociación de Personal Jerárquico del Gas. El FreSU también tiene diálogo con otros gremios como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que viene reclamando por los bajos salarios de todos y cada uno de los diarios.

Precisamente, el pasado lunes se celebró una asamblea de toda la prensa escrita reunida en Sipreba.“ Nuevamente, la aceleración de la inflación del primer trimestre de 2026 de casi el 10%, y que volverá a ser alta en abril, degradó la capacidad de compra de nuestros ingresos”, se advirtió. “Y todas las empresas, grandes, medianas o chicas, incluso los medios que son líderes en lectores, siguen sin dar respuestas acordes al momento que nos toca vivir. Por resolución del plenario, se definió realizar con asambleas, reuniones por sectores y recorridas para hacer escuchar nuestro reclamo salarial y que los medios del sector se dispongan a subir las escalas salariales y atender a la deuda histórica que afrontan con periodistas y trabajadores/as de prensa”, se promovió. El salario básico neto de convenio es de $586.000, algunos diarios lo pagan y otros tampoco superan el $1 millón, menos que $1.100.000 de la paritaria con más empleados, la de comercio.

AR

La convocatoria de la Confederación General del Trabajo a una movilización sin paro contra la reforma laboral del Gobierno abrió una discusión interna en el movimiento obrero. Una de las críticas más directas surgió desde la propia conducción cegetista: Osvaldo Lobato, secretario gremial de la CGT e integrante de la Unión Obrera Metalúrgica, cuestionó esa estrategia y anunció que su gremio parará actividades este miércoles desde las 10 y se movilizará a la plaza del Congreso.

En una entrevista en AM 530 Somos Radio, Lobato sostuvo que la UOM resolvió avanzar con medidas de fuerza porque “las instancias de negociación nunca estuvieron sobre la mesa, porque no era negociación, era imposición”. Según explicó, esa definición surgió del debate interno del gremio frente al avance del proyecto de reforma laboral y al deterioro del empleo industrial.

El dirigente señaló que la postura de la UOM fue clara desde el inicio del proceso legislativo. “Quizás podría haber sido antes, fuimos bastante prudentes, pero ante la situación general que vive el movimiento obrero, la UOM, a través de sus cuerpos orgánicos, decidió tomar la decisión de ir a la calle”, afirmó. En ese marco, recordó las movilizaciones realizadas en Córdoba y Rosario y confirmó que el miércoles el gremio realizará un cese de actividades y movilizará al Congreso.

La definición marcó una diferencia explícita con la conducción de la CGT, que convocó a movilizar sin paro. Consultado sobre esa decisión, Lobato indicó que no participó de las reuniones donde se definió la estrategia general. “Yo como secretario gremial no fui invitado a ninguna reunión, ni con los gobernadores”, sostuvo, aunque aclaró que la central estuvo representada por el triunvirato.

Sin embargo, cuestionó el resultado de esa línea de acción. “La mayoría decidió que había que agotar las instancias de diálogo, y lo hicieron con el mismo resultado que nosotros sabíamos que íbamos a tener: nada”, afirmó. Para Lobato, la diferencia entre movilizar con o sin paro no es secundaria y tiene consecuencias concretas sobre la participación real de los trabajadores.

“No entiendo cuál es la diferencia entre parar a las diez de la mañana y convocar a una movilización. Los que tienen que ser partícipes no son los dirigentes, son los trabajadores, que son y van a ser los grandes perjudicados”, sostuvo. En ese sentido, rechazó equiparar el impacto de la reforma sobre la dirigencia sindical y las bases. “No seamos hipócritas de creer que los dirigentes estamos tan perjudicados como lo van a estar los trabajadores”, agregó.

Lobato también cuestionó el contenido del proyecto impulsado por el presidente Javier Milei. Desde su mirada, la reforma no respondió a un debate laboral genuino. “Esta ley es una ley absolutamente hecha en los estudios jurídicos de las multinacionales”, afirmó, y consideró que no implicó una modernización sino “un retroceso a la época de la esclavitud”.

En esa línea, sostuvo que el objetivo central del proyecto fue debilitar al movimiento obrero organizado. “Para este proyecto económico, el único muro que quedaba era la CGT y el movimiento obrero, y lo van a tratar de destruir totalmente”, advirtió. Según señaló, la ofensiva actual buscó eliminar la capacidad de representación y defensa colectiva de los trabajadores.

El dirigente metalúrgico también apuntó contra gobernadores peronistas que acompañaron la reforma. Mencionó el caso de Tucumán, donde, según relató, 70 trabajadores perdieron su empleo mientras el gobernador respaldó el proyecto oficial. “Va a tener cada vez más ciudadanos tucumanos sin trabajo”, afirmó, y extendió esa crítica a otras provincias industriales.

“No se dan cuenta que los desocupados que van a venir son ciudadanos de su provincia, que ya están viniendo”, sostuvo. Para Lobato, el respaldo de algunos mandatarios respondió exclusivamente a negociaciones fiscales. “No he visto ningún gobernador discutiendo los derechos de los trabajadores”, remarcó.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente hizo una autocrítica sobre el estado del movimiento obrero. Reconoció que la representatividad sindical se deterioró con el paso del tiempo y que no se logró recuperar la cercanía con los trabajadores en la dimensión necesaria. Pero fue más allá y lanzó una de las definiciones más duras: “La solidaridad de la CGT no existe más”.

Según explicó, esa fractura se expresó con claridad entre gremios industriales y de servicios. “No es lo mismo la realidad de un gremio de servicios que no tiene un solo despido, que la de los metalúrgicos o los textiles, a los que les cierran empresas permanentemente”, afirmó. Desde su mirada, esa diferencia explicó parte de las tensiones actuales dentro de la central.

La UOM, indicó, se movilizará de manera orgánica y diferenciada. “Las 54 seccionales del país, en mayor o menor medida, van a venir a la movilización”, señaló, y aclaró que el gremio no se concentrará con las regionales de la CGT, sino directamente en el Congreso.

Las declaraciones de Lobato expusieron una discusión estratégica abierta dentro de la CGT en la antesala del debate en el Senado. Mientras la conducción convocó a una movilización sin paro, gremios industriales como la UOM anunciaron medidas de fuerza concretas, en un escenario donde la reforma laboral avanzó y el impacto sobre el empleo y los derechos de quienes trabajan quedó en el centro del conflicto.

JJD