El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial esta madrugada

Entre las modificaciones principales se destaca la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, acompañada por la creación de un nuevo régimen de penas graduadas. Este esquema contempla tanto la edad del menor como las particularidades del contexto en el que se cometió el delito.

Durante el periodo de sesiones extraordinarias del 27 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa con una votación con 44 votos positivos y 27 negativos. Así, La Libertad Avanza (LLA) logró un nuevo triunfo legislativo.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

Originalmente, el oficialismo había impulsado el proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, en el marco de una compleja “negociación parlamentaria” con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años con el objetivo de destrabar el consenso político y garantizar los votos necesarios para la media sanción en la Cámara de Diputados.

Con esta modificación, el Gobierno se aseguró el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR. Desde estos espacios señalaban que el límite de los 14 años representaba un punto de equilibrio más sólido, alineando la legislación local con los estándares de la mayoría de los países de la región.

El gobierno de Javier Milei celebró este viernes la aprobación definitiva de la Ley de Modernización Laboral y de la reforma a la Ley Penal Juvenil como una doble señal política en el cierre de las sesiones extraordinarias. En la Casa Rosada hablaron de una jornada “histórica” y destacaron que ambas sanciones consolidan la agenda estructural que el Presidente había anticipado para esta etapa de su gestión.

El debate en el Senado fue seguido de cerca por el ministro del Interior, Diego Santilli, que se instaló en el Congreso para monitorear el poroteo y coordinar la estrategia parlamentaria. Al igual que durante el tratamiento en Diputados, trabajó en articulación con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y en esta instancia coordinó con la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, para asegurar la sanción final de ambas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

En la previa, Santilli había marcado el tono político que el oficialismo buscó imprimirle a la jornada. “Después de medio siglo, la Argentina avanza hacia una legislación laboral moderna, acorde a los desafíos actuales”, afirmó. Según el ministro, la reforma permitirá “incorporar a todos los argentinos que están en la informalidad” y “fortalecer a las economías regionales y a las provincias, generando condiciones reales para el crecimiento y la inversión”.

Sobre la reforma de la Ley Penal Juvenil, en tanto, Santilli destacó que el Gobierno “está cumpliendo con su compromiso: ‘el que las hace, las paga’”. Y agregó: “Hay que proteger a las víctimas y asegurar que los delitos de adultos tengan penas de adulto”. La baja de la edad de imputabilidad a los 14 y el nuevo esquema punitivo fueron presentados como parte de una política integral de seguridad que el oficialismo considera central para su identidad.

Desde el oficialismo también buscaron subrayar el ritmo legislativo como parte del mensaje político. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó en su cuenta de X que “es la primera vez en la historia argentina que el Senado de la Nación sesiona tres veces en una misma semana” y contrastó ese dato con 2023, “último año de la gestión Fernández-Fernández”, cuando, según señaló, la Cámara alta sesionó apenas ocho veces en todo el año.

Un camino sinuoso, pero de éxito

La discusión de la Ley de Modernización Laboral, sin embargo, estuvo lejos de ser un trámite lineal. El proyecto atravesó semanas de negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas, concesiones en el articulado y momentos de tensión interna. El punto más crítico fue la incorporación del artículo 44, que modificaba el régimen de licencias médicas e incluía descuentos salariales para ausencias vinculadas a enfermedades atribuibles al empleado.

La redacción generó resistencia incluso entre aliados del oficialismo y obligó al Gobierno a retroceder. Finalmente, el artículo fue eliminado para garantizar los votos necesarios y evitar que el proyecto naufragara en el Senado. Esa marcha atrás permitió ordenar el frente parlamentario y cerrar la sanción sin sobresaltos en la votación final.

Pero el balance oficial de las sesiones extraordinarias no se limita a la reforma laboral y a la Ley Penal Juvenil. Este jueves, el oficialismo también consiguió la media sanción de la reforma a la Ley de Glaciares, considerada estratégica por los libertarios para ampliar el margen de desarrollo minero en las provincias. En Balcarce 50 sostienen que esa modificación es incluso más relevante en términos económicos que la propia reforma laboral, por el supuesto impacto potencial en exportaciones y generación de divisas. A eso se sumó la ratificación parlamentaria del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un movimiento que el Ejecutivo presenta como una señal de apertura comercial y alineamiento internacional.

La lectura interna es que el oficialismo logró cerrar extraordinarias con una secuencia de votaciones que, pese a las tensiones iniciales, terminaron consolidando su capacidad de negociación. El Ejecutivo consiguió articular con bloques dialoguistas, ordenar su frente interno y evitar fisuras mayores en temas sensibles. En un Congreso fragmentado y sin mayorías propias, ese resultado es leído como una demostración de músculo político.

Con este escenario, Milei llega a la apertura de sesiones ordinarias de este domingo con la iniciativa política nuevamente en sus manos. En Balcarce 50 entienden que el cierre exitoso de extraordinarias no solo consolida la agenda legislativa del Ejecutivo, sino que le permite al economista libertario exhibir capacidad de gestión parlamentaria después de semanas atravesadas por el conflicto sindical, la presión opositora y la negociación voto a voto.

PL/MG

El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos y 27 negativos.

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

El debate tuvo momentos de fuertes cruces y exposiciones llamativas, como la de Nadia Márquez, senadora por Neuquén de La Libertad Avanza: “Por favor, me muero si alguien hoy dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal. Si en pleno uso de sus facultades ¿no sabe que robar está mal? Sí que sabe. ¿También sabe que pegarle al compañero y molerlo a palos en una casita ahí al costado cerca de donde está la escuela no es un delito? Por supuesto que saben que es un delito. ¿Saben que dispararle a alguien está mal? Si lo sabe”, planteó la legisaldora.

El oficialismo a pleno y sus aliados hicieron una fuerte defensa del proyecto. La senadora de la UCR Carolina Losada planteó que los menores “entienden lo que están haciendo” cuando comenten un delito, por lo que llamó a “no decir que un chico de 15 no es responsable si mata o si tortura a alguien”. “Si decimos eso, estamos mirando para otro lado. ¿Bajar la edad de imputabilidad a 14 va a solucionar el problema? No. Pero al menos puede generar un cambio el ejemplo de que el que las hace las paga”, puntualizó.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo estipula un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

La norma es fuertemente cuestionada por organizaciones civiles. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtió que la iniciativa vulnera el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y no garantiza que la privación de libertad sea una medida excepcional, por el tiempo más breve posible y sujeta a revisión periódica. Además desconoce recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y del Comité contra la Tortura, que instaron al Estado argentino a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años.

Según datos relevados por el CNPT, al 31 de diciembre de 2024, 4.119 adolescentes se encuentran bajo el sistema penal juvenil y solo 48 tienen menos de 16 años (1,2% del total). Además, 865 están bajo medidas de privación de libertad y 44 menores de 16 años se encuentran privados de libertad (5,1%).

El CNPT sostuvo que la “población no punible es cuantitativamente reducida” y reiteró que cualquier reforma debe adecuarse estrictamente a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y los estándares internacionales vigentes, “priorizando medidas alternativas al encierro y políticas públicas de protección integral”.

MC

El proyecto de Régimen Penal Juvenil, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, será debatido en el Senado el viernes, luego de un cambio en el plan de Labor dispuesto por el oficialismo y aliados.

Finalmente, la agenda parlamentaria para este jueves pondrá el eje en los debates sobre la Ley de Glaciares (26.639), sancionada en 2010, para lograr la modificación de la protección del ambiente periglacial y facilitar las actividades extractivas de los sectores de minería e hidrocarburos, además de otorgarle mayor autonomía a las provincias sobre sus territorios.

Por otra parte, también se tratará el acuerdo UE-Mercosur, la asociación estratégica y de libre comercio, que fue firmada a principios de este año y que eliminará aranceles en más del 90% de los bienes.

Por último, se discutirá la designación de Fernando Iglesias como futuro embajador ante el Reino de Bélgica y, simultáneamente, ante la Unión Europea, cuyo objetivo es unificar ambas representaciones diplomáticas para optimizar recursos en el marco de la negociación del acuerdo Mercosur-UE.

Para el viernes 27, quedaron los dos temas más importantes para el Gobierno Nacional como el Proyecto de Modernización Laboral, que entra en revisión, junto con la modificación del régimen penal juvenil. 

NB con información de NA.

Tras la media sanción en la Cámara baja, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) buscará la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el Senado.

La norma establece bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina.

El objetivo del oficialismo es avanzar con la discusión en el recinto el 26 de febrero.

La propuesta impulsada por el oficialismo plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

Uno de los temas que generó mayor debate fue el financiamiento, e incluso el diputado Maximiliano Ferraro, planteó una propuesta para establecer un mecanismo directo, pero fue rechazado por el oficialismo, que insistió con su propuesta de la firma de convenios entre Nación y Provincias.

El oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Con información de NA.

La Cámara de Diputados dio este miércoles un paso clave en una de las reformas más sensibles del temario oficial: la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil que fija en 14 años la edad mínima de imputabilidad. La iniciativa obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y ahora deberá ser tratada en el Senado.

El respaldo llegó desde el bloque libertario, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal y otras bancadas provinciales. El peronismo, en cambio, votó de manera unificada en rechazo al proyecto.

La reforma, impulsada por el Ministerio de Seguridad, no solo reduce la edad de responsabilidad penal -actualmente fijada en 16 años- sino que establece un nuevo esquema de sanciones. Para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros, se prevé una pena máxima de hasta 15 años de prisión. En casos con escalas menores a diez años, el texto contempla alternativas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricciones de acercamiento, prohibiciones de concurrencia a determinados lugares o impedimentos para conducir.

Uno de los puntos que el oficialismo destacó como central es la creación de institutos especializados para el alojamiento de menores condenados. Según el proyecto, estos espacios deberán garantizar educación, atención médica y tratamientos por adicciones, y contar con personal capacitado en niñez y adolescencia. También se establece de manera expresa la prohibición de convivencia con detenidos adultos.

El régimen incorpora, además, mecanismos como la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para infracciones leves, siempre con consentimiento de la víctima. En esa línea, la norma amplía los derechos de quienes hayan sufrido delitos: podrán acceder a información sobre el proceso, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias restaurativas.

Desde la oposición peronista, las críticas apuntaron a la falta de un abordaje integral. Juan Grabois cuestionó que el foco esté puesto exclusivamente en la edad de imputabilidad y reclamó políticas más robustas en salud mental y tratamiento de consumos problemáticos. “No es un problema de números”, planteó, al tiempo que pidió dispositivos específicos para adolescentes en crisis.

Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la reforma como una respuesta a las víctimas y a la demanda social de mayor seguridad. El diputado Santiago Santurio reconoció que la medida no resolverá de manera definitiva la problemática del delito juvenil, pero sostuvo que establece un marco de responsabilidad para quienes cometen hechos graves.

La sesión fue seguida desde los palcos por familiares de víctimas de crímenes cometidos por menores de edad, entre ellos integrantes de la organización Madres del Dolor y allegados a casos que tuvieron fuerte repercusión pública en los últimos años.

En la etapa final de negociaciones, el Gobierno incorporó un artículo presupuestario para garantizar la implementación del régimen. Se prevé una asignación total de $23.739 millones, distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. La inclusión de estos fondos respondió a planteos de gobernadores, que habían advertido sobre el impacto financiero que podría recaer en las provincias.

Con la media sanción en Diputados, la discusión se traslada ahora al Senado, donde volverán a cruzarse dos miradas: quienes consideran que la reforma responde a una demanda urgente de seguridad y quienes sostienen que el problema excede la edad y requiere una política social más profunda.