La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó este viernes el fallo de la jueza Laura De Marinis, quien había declarado inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación del artículo 1° del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseído a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

El tribunal, integrado por los jueces Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca, también resolvió apartar a De Marinis del expediente y dispuso el sorteo de un nuevo magistrado para que continúe con la causa.

La decisión de primera instancia había sido dictada el 21 de septiembre. De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil N° 3, declaró inconstitucional para el adolescente el artículo 1° de la Ley 27.801, que estableció en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal juvenil, y dispuso su sobreseimiento al considerarlo no punible. El hecho investigado había sido calificado provisoriamente por la fiscalía como robo en grado de tentativa.

La jueza había hecho lugar a un planteo de la Defensa Oficial, al que adhirió la Asesoría Tutelar, y sostuvo que la aplicación de la nueva norma en ese caso implicaba una regresión en materia de derechos. Para fundamentarlo recurrió, entre otros elementos, al principio del interés superior del niño, la proporcionalidad de la respuesta estatal y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.

De Marinis consideró además que debía ponderarse la situación particular del adolescente y las características del hecho investigado. Su resolución sostuvo que, en el caso concreto, someterlo al nuevo régimen penal resultaba desproporcionado y que correspondía una intervención del sistema de protección integral.

La Fiscalía apeló y reclamó que se revocaran tanto la declaración de inconstitucionalidad como el sobreseimiento. También pidió que De Marinis fuera apartada del expediente.

Los argumentos de la Cámara

Al analizar el caso, la Cámara recordó que la declaración de inconstitucionalidad es una medida excepcional y sostuvo que debe distinguirse el control constitucional de una ley de la evaluación sobre si la política criminal elegida por el Congreso es conveniente o acertada.

En ese sentido, Mahiques sostuvo que el Congreso tiene atribuciones para definir los presupuestos generales de la responsabilidad penal y que esas normas pueden ser sometidas al control constitucional de los jueces. Sin embargo, señaló que ese control no permite sustituir la decisión legislativa por otra simplemente porque resulte “más conveniente, menos punitiva o preferible” desde determinada concepción de política criminal.

Para el camarista, los fundamentos de la sentencia de De Marinis no alcanzaron a demostrar que el artículo 1° de la Ley 27.801 fuera incompatible con una norma constitucional o convencional. Consideró, en cambio, que expresaban una valoración adversa de la decisión de política criminal adoptada por el Congreso.

Otro de los puntos centrales fue el alcance de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. La discusión gira alrededor de que ese organismo considera los 14 años como el umbral mínimo aceptable, aunque al mismo tiempo alienta a los Estados que establecieron edades superiores, como 15 o 16 años, a mantenerlas y no reducirlas.

La Cámara consideró que esas observaciones constituyen pautas relevantes para interpretar la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no tienen por sí mismas fuerza vinculante suficiente para invalidar la decisión del Congreso.

También cuestionó el modo en que la sentencia de primera instancia combinó argumentos generales sobre la reducción de la edad de punibilidad con circunstancias particulares del adolescente. Según el fallo de Cámara, si las razones generales utilizadas fueran suficientes para considerar inconstitucional la baja de 16 a 14 años, deberían alcanzar a todos los adolescentes de esas edades.

En cambio, si la norma es constitucional en abstracto, las circunstancias personales pueden justificar una intervención estatal menos intensa o una salida alternativa, pero no necesariamente convertir en inconstitucional la regla para una persona determinada.

La discusión también alcanzó al régimen anterior. La Fiscalía había objetado que De Marinis, después de declarar inaplicable el artículo 1° de la nueva ley, utilizara la Ley 22.278 para considerar no punible al adolescente, pese a que esa norma había sido expresamente derogada.

Por qué apartaron a De Marinis

La Cámara aclaró que el apartamiento de un juez es una medida excepcional y que no puede disponerse simplemente porque un tribunal superior revoque su sentencia o discrepe de su interpretación jurídica.

En este caso, sin embargo, entendió que De Marinis había realizado valoraciones sobre la entidad del hecho, su grado de ejecución y la afectación del bien jurídico que implicaban un adelanto de opinión sobre cuestiones que deberán volver a examinarse a medida que avance la investigación. Por ese motivo consideró justificado que otro magistrado se haga cargo del expediente.

La resolución fue respaldada por los tres integrantes de la Sala III. Larocca adhirió íntegramente a los fundamentos de Mahiques, mientras que Franza desarrolló su propio voto antes de arribar a la misma decisión.

De esta manera, quedó sin efecto el sobreseimiento y la causa continuará bajo la responsabilidad de un nuevo juez, que será designado por sorteo.

La jueza Laura de Marinis defendió este miércoles el fallo por el que sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo en la Ciudad de Buenos Aires y sostuvo que aplicarle el nuevo régimen penal juvenil habría resultado “regresivo” y “estigmatizante”.

La magistrada había declarado la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, para resolver el caso de un adolescente involucrado en un hecho ocurrido el pasado 10 de septiembre.

“Aplicar el sistema penal, la respuesta desde el sistema penal, es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante. En este contexto, se trata de un chico que no fue conocido por el Estado, que estaba sin educación y sin poder alimentarse; nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional”, argumentó De Marinis en declaraciones a Radio Con Vos.

El episodio se produjo cuando un hombre de 47 años denunció que había sido perseguido por un grupo de jóvenes que intentó robarle el teléfono celular. El robo no llegó a concretarse y los adolescentes fueron demorados por la Policía.

Al resolver la situación del chico de 14 años, De Marinis dispuso su sobreseimiento y dio intervención al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que adopte medidas de acompañamiento familiar, escolar y recreativo.

La jueza aclaró que la declaración de inconstitucionalidad se circunscribe al expediente que tenía bajo análisis y que su decisión no implica suspender la vigencia de la ley para el resto de los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen.

“Someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir”, afirmó la magistrada, quien señaló que incluso una amonestación puede constituir un antecedente que habilite posteriormente respuestas más gravosas.

De Marinis también se refirió al nuevo régimen penal juvenil y aseguró que no rechaza la norma en su conjunto. “La ley me parece una herramienta hermosa para poder armonizarla con la Convención y poder trabajar con los chicos en el día a día”, sostuvo. No obstante, cuestionó su aplicación en el caso que debió resolver.

La decisión de la magistrada provocó críticas y derivó en pedidos para que sea sometida a juicio político. Frente a esos planteos, De Marinis sostuvo que sus resoluciones deben ser revisadas a través de los mecanismos previstos dentro del propio Poder Judicial.

“Mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales. Un juicio político es cuando uno no cumple con el desempeño de su función”, señaló.

Además, cuestionó las expresiones dirigidas contra ella a raíz de la resolución. “Que por el fundamento de mis decisiones me digan que van a iniciar un juicio político debilita las instituciones democráticas. Hablar de un fallo manchado con sangre en este hecho me parece distorsionar lo que yo resolví”, concluyó.

Con información de la agencia NA

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, que declaró la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil y anunció que pedirá su juicio político.

“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, afirmó Macri.

El jefe de Gobierno porteño usó sus redes sociales para citar a La Nación con la noticia sobre la resolución de la jueza Laura De Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años acusado por un robo en grado de tentativa.

El mandatario porteño sostuvo además que “la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito”.

“No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”, agregó Macri al cuestionar la resolución judicial.

Para Macri, el fallo es “una barbaridad, una aberración”

Más tarde, en declaraciones a TN, Macri remarcó: “A mí me van a ver del lado de cuidar a la gente bien. Yo no voy a pedir disculpas ni perdón por defender a los porteños de bien. Y si eso requiere la discusión política con la Justicia, lo voy a hacer, porque la inmensa mayoría de la sociedad quiere vivir en paz”.

“Y esta lógica de justificar al delincuente es una lógica que no tiene más espacio, de lo que nos estamos olvidando es de la víctima. La jueza se lava las manos, es Pilato: no le importa la víctima ni el delincuente. Ella decidió no cuidar a nadie”, agregó.

El jefe de Gobierno porteño consideró que el fallo es “una barbaridad, una aberración” y sostuvo que “la jueza se extralimita”.

“Desgraciadamente, estamos acostumbrados a estos jueces que en lugar de respetar y hacer cumplir la ley, la quieren reinterpretar. Si quieren escribir leyes, tienen que ir al Congreso, tienen que ser diputados, senadores. Una vez que el marco legal está establecido, tienen que aplicar la ley”, afirmó.

Asimismo, indicó: “La jueza tiene contradicciones permanentes. Ella habla de que este delincuente está en una situación de indefensión, de riesgo, y lo vuelve a dejar en esa situación. Cuando la ley que se aprobó, justamente, permite que haya medidas de cuidado para el chico, podría ser desde tareas comunitarias, hasta medidas de cuidado y de tratamiento. No es que si ella lo declara culpable, sí o sí tiene que ir detenido”. 

“Esta ley tiene herramientas que le dan a esta jueza, si realmente le importa al chico, la posibilidad de protegerlo. La jueza deja a la sociedad en indefensión, porque acaba de dejar a un delincuente en libertad y deja a ese chico en la indefensión en la que ella misma describe: no hay racionalidad alguna. Nadie dice que a este chico haya que mandarlo a Guantánamo, pero el mensaje de no tener consecuencias frente a lo que hacés... yo no entiendo en qué parte ella está actuando como adulta”, señaló el mandatario porteño.

Jorge Macri anticipó que pedirá “un juicio político” contra la magistrada porque se trata de “un listado de barbaridades”, al tiempo que reveló que instruyó en ese sentido “al ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia”.

“La jueza dice, ´Acá hay una ley, pero yo no la voy a aplicar´. Por eso vamos a pedir el juicio político porque la jueza no está cumpliendo con la ley. Veremos quién levanta la mano y quién no para el juicio político. Lo bueno de esto es poner en blanco sobre negro y saber quién se para del lado de los delincuentes y quién se para del lado de los porteños de bien. Además, vamos a apelar. Y es una gran oportunidad para discutir qué tipo de jueces queremos”, remarcó.

Para el jefe de Gobierno, “parece que buscan notoriedad en la defensa de un garantismo, quedar bien, tratar de jugar para su propia tribuna”.

“Acá hay una clara intencionalidad y un sesgo político que pone siempre al delincuente como víctima. Viven en el reino del revés”, añadió.

Por último, afirmó que “si es como ella dice, que un chico tiene una adicción, que por eso comete delito, que no tiene más remedio, entre comillas, como ella trata de citar, que cometer delito para sostener esa adicción, que es un problema de salud mental, con más razón debería tomar una medida de cuidado”.

“Si ella sabe que ese chico está en riesgo, es una locura que lo deje en libertad para que siga cometiendo delitos. Y, de nuevo, ojo, que este chico puede volver a salir, puede no haber un policía justo en la esquina, puede robar y, efectivamente, terminar cometiendo ese delito. Este caso se impidió porque había un policía cerca, pero este chico puede llegar a lastimar, dañar a alguien. La jueza se olvida justamente de la víctima, dice que apenas sufrió un estrés y el delito no llegó a ocurrir. ¿Por qué no llegó a ocurrir? Porque el señor corrió y porque vio un policía cerca, o sea, que haya policía se transforma en un problema”, concluyó.

El ministro de Justicia de la Ciudad promoverá el juicio político contra la jueza De Marinis “a título personal”

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, dijo que presentará a título personal un pedido de juicio político contra la jueza Laura Beatriz de Marinis, a la vez que mostró su indignación por el fallo de la magistrada que declaró la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil.

“Estamos indignados porque este tipo de fallos ponen en crisis todo un trabajo que se viene haciendo, que se hizo en el Congreso Nacional, que bajó la edad de imputabilidad para que aquel que no cumple la ley tenga sus consecuencias”, aseveró el funcionario porteño en declaraciones radiales.

Además, Tapia manifestó que “los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores” y dijo que va a estar “presentando a título personal el pedido de jury a esta jueza para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analice e interprete” alegando que “ese es el tipo de procedimiento, si esta jueza cumplió o no con su tarea”.

En tanto, el ministro de Justicia de la Ciudad dijo que el pronunciamiento de De Marinis “ningunea un debate que se dio en el Congreso”, a la vez que remarcó: “Así como trabajamos para que el delincuente o aquel que incumpla la norma tenga sus consecuencias, también, si hay algún juez que no está cumpliendo o aplicando la norma y se dedica a interpretarla, vamos a trabajar para que tenga sus consecuencias”.

“Es un fallo de primera instancia que se aplica primero y principal a este único caso, es decir, que la ley está vigente en la Ciudad”, expresó en diálogo con radio Mitre al indicar que la decisión judicial no suspendió la vigencia de la Ley Penal Juvenil en el territorio porteño.

El 10 de septiembre, un grupo de al menos cuatro adolescentes interceptó a un hombre de 47 años en la Ciudad de Buenos Aires. “¡Dame todo. Dame el celular!”, le dijo uno de ellos. El hombre corrió unos metros, se cruzó con un policía de la Ciudad y pidió auxilio. Los adolescentes fueron detenidos en flagrancia. Uno tenía 14 años.

Once días después, la jueza Laura De Marinis, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801, que establece la punibilidad a partir de los 14 años. Para ese adolescente, declaró que no era punible y dictó su sobreseimiento. También rechazó el planteo de incompetencia presentado por la defensa oficial.

“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia”, escribió De Marinis. Castigarlos “por las faltas de respuesta del mundo adulto”, agregó, implica “desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto”.

Dos fallos contra la nueva ley

La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero, publicada el 9 de marzo y entró en vigencia el 5 de septiembre, después de cumplido el plazo de 180 días previsto para la adecuación de las estructuras provinciales.

La norma derogó la Ley 22.278 y fijó un nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 y 17 años. Entre sus principales cambios, estableció la punibilidad desde los 14 años, eliminó la excepción para delitos con penas menores a dos años y fijó un máximo de 15 años de prisión.

El fallo de De Marinis es el segundo pronunciamiento judicial que cuestiona la aplicación de la nueva norma desde su entrada en vigencia. El 7 de septiembre, la jueza Marta Pascual había suspendido por 60 días la aplicación de la ley en toda la provincia de Buenos Aires al hacer lugar a un hábeas corpus colectivo. La magistrada sostuvo que los centros bonaerenses no estaban en condiciones de recibir a más adolescentes privados de libertad.

La medida fue revocada el 15 de septiembre por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora. Los jueces Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi consideraron que una decisión cautelar no podía suspender con alcance general una ley nacional vigente.

El caso de De Marinis tiene otro alcance. No suspendió la ley para toda la Ciudad ni para un conjunto de adolescentes, sino que declaró inconstitucional su aplicación en un caso concreto, el del joven de 14 años detenido en flagrancia.

Una ley que todavía espera recursos

La implementación del nuevo régimen también está atravesada por la discusión sobre los recursos disponibles. La Ley 27.801 contempla una partida de 23.739 millones de pesos para el año de su entrada en vigencia, destinada al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.

En el texto original se señala que el defensor oficial del fuero penal juvenil de La Plata, Ricardo Berenguer, afirmó que no se transfirió dinero a las provincias. Esa afirmación requiere atribución a la fuente original antes de publicarse.

La norma, además, fue reglamentada por el Decreto 875/2026, publicado el 7 de septiembre. La reglamentación establece mecanismos vinculados con la implementación del régimen, entre ellos la figura del supervisor, la atención de las víctimas, las medidas alternativas y la capacitación de los operadores especializados.

La jueza De Marinis cerró su resolución con una aclaración sobre el alcance de su decisión. “No pretendo romantizar la infracción penal juvenil”, escribió. “Sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”.

La Libertad Avanza (LLA) bonaerense solicitará el juicio político a la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, por considerar que su decisión atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación.

Asimismo, indicaron que esa medida “profundiza la situación de impunidad” que padecen los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense, encabezará junto a sus equipos técnicos y políticos una mesa de trabajo para decidir el mecanismo que permita la destitución de la magistrada.

“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama”, explicó Pareja.

En la misma línea, manifestó que “siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes”, en referencia la kirchnerismo/peronismo y remarcó que “también lo hicieron durante la pandemia”: “Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes”, añadió.

Además, Pareja aseguró que una jueza “que actúa como un peón” del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, “no cumple con las características básicas” que debe reunir un magistrado, debido a que “no puede anteponer una mirada política”, respecto a una ley “demandada por la gente” y votada en el Congreso.

Por su parte, el presidente del bloque de senadores libertarios, Carlos Curestis manifestó que esta decisión “deja más que en claro de qué lado están” porque sus medidas “defienden delincuentes”.

“La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien”, sostuvo

Para finalizar, el jefe del bloque de Diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, expresó que “es inadmisible” que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil “dándole la espalda” a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad.

“Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión”, concluyó.

La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, apenas dos días después de su entrada en vigencia. La decisión se fundamentó en las condiciones de los establecimientos de detención y en el riesgo de que el ingreso de una mayor cantidad de adolescentes agrave una situación que ya presenta serias deficiencias.

La medida fue dictada este lunes por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, con el patrocinio de la abogada Patricia Liguori, en favor de los adolescentes privados de su libertad en territorio bonaerense.

El fallo suspende preventivamente la aplicación de la Ley 27.801 durante dos meses, pero no se pronuncia sobre la cuestión de fondo ni determina si el nuevo régimen es o no constitucional. La intervención judicial se limita al riesgo que supondría su implementación inmediata frente a las actuales condiciones materiales, institucionales y profesionales del sistema bonaerense.

Uno de los puntos centrales considerados por Pascual es que el nuevo régimen amplía el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal al reducir de 16 a 14 años la edad de punibilidad. Según sostuvo, la modificación provocará un aumento considerable de la población privada de la libertad, tanto por la incorporación de nuevos jóvenes como por su mayor permanencia dentro del sistema.

La pregunta que planteó entonces la magistrada es si el Estado puede ampliar la cantidad de adolescentes sometidos al sistema de responsabilidad penal sin haber creado previamente “las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables” para garantizar sus derechos.

“El Poder Judicial no puede esperar”

Pascual consideró que no es necesario esperar a que la vulneración de derechos se produzca para intervenir. Para fundamentar la medida recurrió al principio precautorio en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.

“No cabe ninguna duda y resulta de sentido común” que la aplicación del nuevo régimen incrementará el número de adolescentes privados de la libertad, sostuvo. Y agregó: “El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá”.

La magistrada conoce de primera mano las condiciones de los dispositivos de encierro. Su juzgado supervisa desde hace años el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora y ya había dispuesto limitar su capacidad a un máximo de 60 adolescentes después de constatar que las condiciones de alojamiento no cumplían con los estándares mínimos.

El fallo reconoce que hubo mejoras recientes en infraestructura, alimentación y provisión de agua potable, pero advierte que todavía persisten problemas importantes. “En modo alguno se encuentra cumplido un piso mínimo que permita afirmar que la detención no compromete la responsabilidad internacional de la Argentina”, señaló Pascual.

Entre las deficiencias mencionó las dificultades para acceder a la educación y la formación profesional, los problemas relacionados con la incorporación al ámbito laboral y la necesidad de disminuir los períodos de aislamiento. La resolución sostiene, además, que situaciones similares se presentan en otros dispositivos de la provincia y que esas falencias fueron reconocidas por autoridades del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

La advertencia sobre el hacinamiento

Uno de los argumentos más contundentes de Pascual vincula directamente las condiciones de detención con la seguridad pública. “No respetar las condiciones mínimas de los derechos de los adolescentes detenidos tiene consecuencias futuras no deseadas para la propia sociedad”, sostuvo. Y advirtió: “Hacinar ‘menores’, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia”.

Para la jueza, el deterioro de las condiciones de encierro no afecta únicamente los derechos de quienes se encuentran detenidos, sino que también repercute sobre la sociedad cuando esos jóvenes recuperan la libertad. “Aunque intuitivamente parezca que nada mejora más la pacificación social que la severidad del castigo, las condiciones de encierro determinan los niveles de violencia con los que egresarán esas personas en desarrollo una vez que hayan cumplido con su condena”, señaló.

En ese marco, Pascual concluyó que el estado actual de los establecimientos bonaerenses “no permite al día de la fecha recibir una mayor cantidad de adolescentes” sin profundizar su vulnerabilidad y comprometer derechos fundamentales.

Una audiencia para el 16 de septiembre

Además de suspender la aplicación del régimen durante 60 días, la jueza convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre a las 10 en la sede del tribunal. Allí deberán comparecer funcionarios de las principales áreas del Poder Ejecutivo provincial involucradas en la implementación del sistema. Tendrán que informar qué medidas se adoptaron hasta el momento, cuáles se encuentran proyectadas y qué plazos manejan para adecuar los dispositivos bonaerenses a las exigencias de la nueva legislación.

La resolución ordenó además al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia bonaerense adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión.

Qué establece el nuevo régimen

La Ley 27.801 fue reglamentada a nivel nacional mediante el Decreto 875/2026 y tiene como uno de sus principales cambios la reducción de 16 a 14 años de la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser sometidos al sistema penal.

La normativa prohíbe la prisión perpetua y establece un máximo de 15 años de privación de la libertad. Dispone además que las penas de encierro deben cumplirse en establecimientos especializados, sin contacto con adultos.

El esquema contempla también medidas alternativas a la prisión, entre ellas la reparación del daño, las tareas comunitarias, las restricciones de acercamiento y la utilización de tobilleras electrónicas.

La reglamentación creó además la figura del “supervisor especializado” para el seguimiento de los adolescentes y un registro provisorio de profesionales de disciplinas como psicología, trabajo social y pedagogía. También dispuso la conformación de un Comité Interministerial y una Mesa Federal destinada a coordinar las políticas entre la Nación y las provincias.

Para poner en funcionamiento el nuevo sistema, el Congreso asignó una partida de $23.739.155.303,08.

Por ahora, sin embargo, esas disposiciones no podrán aplicarse en territorio bonaerense. Durante los próximos 60 días, la discusión estará puesta en determinar si la provincia cuenta con los recursos y las condiciones necesarias para incorporar a los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen sin profundizar las deficiencias que la propia Justicia viene constatando en los lugares de detención.

El Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, que alcanza a adolescentes desde los 14 años y hasta las cero horas del día en que cumplen 18, cuando sean imputados por un hecho tipificado como delito, fue reglamentado este lunes por el Gobierno.

Así se informó en el Decreto 875/2026 publicado en el Boletín Oficial, en el cual se indica además que el Ministerio de Justicia fue designado como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal, a la vez que estableció mecanismos para el seguimiento de los jóvenes, la asistencia a las víctimas y la coordinación con las provincias.

“Por la Ley N° 27.801 se estableció el Régimen Penal Juvenil aplicable a las personas adolescentes desde 14 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18 años de edad y se fijó como finalidad del régimen fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”, indicó.

Además, en el escrito se señaló: “Créase, en el ámbito del Ministerio de Justicia, el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil como dispositivo permanente de articulación interministerial para la implementación de la Ley N° 27.801”. El mismo tendrá las siguientes funciones:

En tanto, se indicó que el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil estará integrado por: “Un representante del Ministerio de Justicia, que ejercerá la coordinación, un representante del Ministerio de Seguridad Nacional, un representante del Ministerio de Capital Humano y un representante del Ministerio de Salud”.

La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo y la misma estableció que entraría en vigencia 180 días después de su publicación, mientras que el decreto reglamentario dispone que comenzará a regir conjuntamente con ella.

También se señaló que en el ámbito del Ministerio de Justicia se crea la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil “como espacio permanente de articulación entre el orden nacional, las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires”. La misma tendrá las siguientes funciones:

La Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil estará integrada por “un representante de la Autoridad de Aplicación, que ejercerá la coordinación; los representantes que designen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno por cada jurisdicción y los representantes que, en su caso, designen la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, uno por cada una de ellas”.

El nuevo Régimen Penal Juvenil

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN PENAL JUVENIL N° 27.801

Capítulo I

Derechos y atención integral a las víctimas

ARTÍCULO 1°.- Equipos interdisciplinarios. La Autoridad de Aplicación pondrá a disposición de las víctimas un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos y trabajadores sociales, en el marco de lo previsto en el inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 27.801.

ARTÍCULO 2°.- Patrocinio gratuito. La Autoridad de Aplicación establecerá mecanismos de coordinación y derivación con la DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN a fin de garantizar el patrocinio jurídico gratuito previsto en el inciso b) del artículo 40 de la Ley N° 27.801.

Capítulo II

Supervisor

ARTÍCULO 3°.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente Capítulo se aplican a los supervisores que actúen en procesos de competencia nacional ordinaria y federal.

ARTÍCULO 4°.- Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Créase el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA Y LEGISLACIÓN PENAL de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA, en el que se deben inscribir los profesionales habilitados para ser designados como supervisores en los términos de los artículos 23 y 46 de la Ley N° 27.801.

La Autoridad de Aplicación tiene a su cargo la gestión integral del registro y del cuerpo de supervisores, lo que comprende la inscripción, el seguimiento de su desempeño, la capacitación, la suspensión, el cese por remoción o por otra causa y el legajo personal de cada profesional.

ARTÍCULO 5°.- Requisitos. Para integrar el Registro creado por el artículo 4°, los profesionales deben reunir los siguientes requisitos:

ARTÍCULO 6°.- Funcionamiento del Registro. La Autoridad de Aplicación dictará las normas complementarias sobre el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL relativas a:

La convocatoria pública para la incorporación al Registro se regirá por los principios de transparencia, igualdad de oportunidades, idoneidad y especialización, y la inscripción no generará derecho a designación automática.

ARTÍCULO 7°.- Cese de la inscripción en el Registro. Son causales de cese de la inscripción en el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL las siguientes:

La Autoridad de Aplicación debe comunicar el cese dentro de las VEINTICUATRO (24) horas al juez interviniente en las causas en que el profesional se encontrare designado, a fin de que, en caso de corresponder, disponga el cese de la intervención del supervisor y designe uno nuevo entre los profesionales inscriptos en el

REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL.

En el supuesto del inciso d), la Autoridad de Aplicación debe proceder de conformidad con lo previsto en el artículo 8°, último párrafo.

ARTÍCULO 8°.- Causales de remoción. Son causales de remoción del REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL las siguientes:

La Autoridad de Aplicación establecerá el procedimiento de remoción, el que debe asegurar el derecho de defensa y la adecuada participación del supervisor sujeto a tal procedimiento, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 1° bis de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias.

La Autoridad de Aplicación debe comunicar la remoción, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas, al juez interviniente en las causas en que el profesional removido se encontrare designado. Comunicada la remoción, el juez competente podrá disponer el cese de su intervención en tales causas y procederá a la designación de un nuevo supervisor entre los profesionales inscriptos en el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL.

ARTÍCULO 9°.- Suspensión preventiva. La Autoridad de Aplicación dispondrá la suspensión preventiva de la inscripción en el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL cuando el profesional registrare un procesamiento o acto procesal equivalente por la comisión de delitos dolosos o por la comisión de delitos culposos cuya escala penal tenga prevista una pena máxima de prisión superior a TRES (3) años, o cuando se encontrare en trámite un proceso disciplinario vinculado al ejercicio profesional con niñas, niños o adolescentes.

Asimismo, dispondrá la suspensión preventiva cuando existieren elementos objetivos y suficientes que permitan considerar, con carácter provisional, que la permanencia del profesional en el ejercicio de sus funciones podría comprometer seriamente la integridad de los adolescentes, aun cuando no mediare causa penal en trámite.

La Autoridad de Aplicación debe comunicar la suspensión preventiva, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas, al juez interviniente en las causas en que el profesional suspendido se encontrare designado. Comunicada la suspensión, el juez podrá disponer el cese provisorio de su intervención y procederá a la designación de un suplente conforme el mecanismo previsto en el artículo 12 de esta reglamentación. Mientras dure la suspensión, el profesional no podrá ser designado en nuevas causas. Levantada la suspensión, el juez podrá restituir al profesional en las causas en que hubiera intervenido, si lo estimare conveniente para la continuidad del seguimiento del adolescente.

ARTÍCULO 10.- Incompatibilidades. Los profesionales inscriptos en el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL no serán designados como supervisores de un adolescente respecto del cual:

La Autoridad de Aplicación podrá establecer otras incompatibilidades funcionales cuando ello resulte necesario para preservar la objetividad e idoneidad en el desempeño del cargo.

ARTÍCULO 11.- Capacitación continua. Los supervisores deben acreditar, anualmente, la realización de actividades de capacitación continua en las materias propias de su función, organizadas o convalidadas por la Autoridad de Aplicación.

La Autoridad de Aplicación establecerá los contenidos mínimos de dicha capacitación, las modalidades de acreditación y el plazo y procedimiento para la regularización de su incumplimiento.

ARTÍCULO 12.- Suplencia del supervisor. En los supuestos en que el supervisor designado se vea impedido de ejercer sus funciones de manera transitoria, el juez competente designará un suplente entre los profesionales inscriptos en el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL, de manera de preservar la continuidad del seguimiento del adolescente.

Durante el tiempo en el cual el supervisor se vea impedido de ejercer sus funciones, no le corresponderá derecho alguno al cobro de honorarios.

Cuando circunstancias de urgencia, debidamente motivadas, tornen imposible designar en tiempo oportuno un suplente del Registro, ya sea por imposibilidad de localizar o contactar al supervisor designado, o por inexistencia de suplente disponible en la jurisdicción, el juez competente podrá designar de manera inmediata y provisoria, entre los profesionales inscriptos en el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL, a quien deba asumir la suplencia, aun cuando no se encontrare disponible en esa jurisdicción, a cuyo efecto se priorizará la mayor proximidad territorial posible.

Dicha designación deberá ser comunicada dentro de las VEINTICUATRO (24) horas a la Autoridad de Aplicación.

Cuando no existieren profesionales disponibles en el Registro que pudieran asumir la suplencia en tiempo oportuno, el juez competente lo comunicará de inmediato a la Autoridad de Aplicación, la que podrá, mediante acto fundado y con carácter excepcional y transitorio, incorporar al Registro a UNO (1) o más profesionales que reúnan los requisitos previstos en el artículo 5° de esta reglamentación, a los exclusivos fines de asegurar la continuidad de la supervisión. Efectuada dicha incorporación, el juez procederá a la designación correspondiente en el carácter de supervisor.

Cuando la designación o habilitación de emergencia obedezca a la inexistencia de suplente disponible en la jurisdicción o en el Registro, la Autoridad de Aplicación arbitrará los medios a su alcance para regularizar la cobertura de supervisores, y la designación de emergencia mantendrá su vigencia mientras dicha regularización no se hubiera concretado, conforme a lo que disponga el juez competente.

Cuando obedezca a la imposibilidad transitoria de localizar o contactar al supervisor designado, la suplencia de emergencia cesará cuando este último se encuentre en condiciones de reasumir sus funciones, conforme a lo que disponga el juez competente.

ARTÍCULO 13.- Honorarios. Los supervisores recibirán por su gestión un honorario que se liquidará en función de los casos asignados.

Institúyese la unidad de medida “MÓDULO DE SUPERVISIÓN” (MOSU), cuyo valor será equivalente a TREINTA Y SIETE (37) Unidades Retributivas del valor establecido por el artículo 79 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios. UN (1) MOSU equivaldrá a UNA (1) hora de labor profesional. El valor del MOSU se actualizará automáticamente ante cada variación del valor de la Unidad Retributiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), a cuyo efecto la Autoridad de

Aplicación publicará el nuevo valor resultante.

Los honorarios de los supervisores se liquidarán y abonarán durante el tiempo que demande su actuación, según la duración y complejidad de la actuación, conforme a los criterios generales y objetivos que fije la Autoridad de Aplicación, previa intervención de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Ningún supervisor podrá percibir, por la totalidad de los casos que tuviere asignados en forma simultánea, más de OCHENTA (80) MOSU mensuales.

La Autoridad de Aplicación fijará, mediante actos de alcance general, las fechas de pago y los mecanismos uniformes de liquidación, rendición, aprobación y forma de pago.

ARTÍCULO 14.- Articulación con el equipo interdisciplinario. El supervisor debe trabajar, cuando corresponda, en forma coordinada con el equipo interdisciplinario previsto en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 27.801, de manera de evitar la superposición de intervenciones y de propiciar la complementariedad técnica.

ARTÍCULO 15.- Articulación con organismos de protección y de salud. El supervisor debe articular su tarea, según corresponda, con los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, los equipos de salud comprendidos en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA del MINISTERIO DE SALUD, las instituciones educativas y los programas de capacitación laboral, a los fines del seguimiento y cumplimiento de las medidas o penas dispuestas.

Dicha articulación no implicará el acceso del supervisor a información sujeta a confidencialidad conforme a la Ley N° 26.657 y demás normativa aplicable en materia de salud, sin perjuicio de los intercambios de información que resulten necesarios para el cumplimiento de sus funciones, con resguardo del secreto profesional y en la medida que esté autorizado por la normativa vigente.

ARTÍCULO 16.- Supervisión de la tarea. La Autoridad de Aplicación realizará la supervisión periódica de la tarea de los supervisores inscriptos en el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL mediante mecanismos de evaluación de desempeño basados en criterios objetivos, indicadores de calidad y registros sistematizados. Los resultados de las evaluaciones se incorporarán al legajo del profesional.

Capítulo III

Convenios de colaboración y cooperación. Capacitación de magistrados, funcionarios y demás operadores

ARTÍCULO 17.- Convenios de colaboración y cooperación. La Autoridad de Aplicación podrá celebrar convenios de colaboración y cooperación con las provincias, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, universidades, organismos públicos estatales y no estatales, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades públicas o privadas, con el objeto de fortalecer la implementación del régimen, el desarrollo de dispositivos especializados, la capacitación de los operadores y la producción de evidencia para la toma de decisiones.

ARTÍCULO 18.- Capacitación de los operadores de la justicia nacional ordinaria y federal. La Autoridad de Aplicación llevará a cabo actividades de capacitación destinadas a los magistrados, funcionarios y demás operadores del sistema de justicia penal juvenil que se desempeñen en el ámbito de la justicia nacional ordinaria y federal, sin perjuicio de las actividades de capacitación que implementen las provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en sus respectivas jurisdicciones, así como los demás organismos con competencia en la materia, según lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 27.801.

Capítulo IV

Comunicación al Registro Nacional de Reincidencia

ARTÍCULO 19.- Comunicación al Registro Nacional de Reincidencia. Cuando se imponga a un adolescente una pena en el marco de lo establecido en la Ley N° 27.801, el juez competente comunicará dicha circunstancia al REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA en los términos de la Ley N° 22.117 y sus modificatorias.

El REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA llevará una sección especial relativa a los adolescentes alcanzados por la Ley N° 27.801, en la que se asentarán los datos de las sentencias y resoluciones firmes, así como sus modificaciones, sustituciones, suspensiones, revocaciones y extinciones, con cobertura nacional y federal.

El acceso a la información contenida en dicha sección debe quedar reservado a quienes se encuentren autorizados a tal efecto conforme la Ley N° 22.117 y sus modificatorias y el artículo 5°, inciso i), de la Ley N° 27.801.

Con información de agencias y Boletín Oficial.

El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial esta madrugada

Entre las modificaciones principales se destaca la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, acompañada por la creación de un nuevo régimen de penas graduadas. Este esquema contempla tanto la edad del menor como las particularidades del contexto en el que se cometió el delito.

Durante el periodo de sesiones extraordinarias del 27 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa con una votación con 44 votos positivos y 27 negativos. Así, La Libertad Avanza (LLA) logró un nuevo triunfo legislativo.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

Originalmente, el oficialismo había impulsado el proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, en el marco de una compleja “negociación parlamentaria” con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años con el objetivo de destrabar el consenso político y garantizar los votos necesarios para la media sanción en la Cámara de Diputados.

Con esta modificación, el Gobierno se aseguró el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR. Desde estos espacios señalaban que el límite de los 14 años representaba un punto de equilibrio más sólido, alineando la legislación local con los estándares de la mayoría de los países de la región.

El gobierno de Javier Milei celebró este viernes la aprobación definitiva de la Ley de Modernización Laboral y de la reforma a la Ley Penal Juvenil como una doble señal política en el cierre de las sesiones extraordinarias. En la Casa Rosada hablaron de una jornada “histórica” y destacaron que ambas sanciones consolidan la agenda estructural que el Presidente había anticipado para esta etapa de su gestión.

El debate en el Senado fue seguido de cerca por el ministro del Interior, Diego Santilli, que se instaló en el Congreso para monitorear el poroteo y coordinar la estrategia parlamentaria. Al igual que durante el tratamiento en Diputados, trabajó en articulación con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y en esta instancia coordinó con la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, para asegurar la sanción final de ambas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

En la previa, Santilli había marcado el tono político que el oficialismo buscó imprimirle a la jornada. “Después de medio siglo, la Argentina avanza hacia una legislación laboral moderna, acorde a los desafíos actuales”, afirmó. Según el ministro, la reforma permitirá “incorporar a todos los argentinos que están en la informalidad” y “fortalecer a las economías regionales y a las provincias, generando condiciones reales para el crecimiento y la inversión”.

Sobre la reforma de la Ley Penal Juvenil, en tanto, Santilli destacó que el Gobierno “está cumpliendo con su compromiso: ‘el que las hace, las paga’”. Y agregó: “Hay que proteger a las víctimas y asegurar que los delitos de adultos tengan penas de adulto”. La baja de la edad de imputabilidad a los 14 y el nuevo esquema punitivo fueron presentados como parte de una política integral de seguridad que el oficialismo considera central para su identidad.

Desde el oficialismo también buscaron subrayar el ritmo legislativo como parte del mensaje político. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó en su cuenta de X que “es la primera vez en la historia argentina que el Senado de la Nación sesiona tres veces en una misma semana” y contrastó ese dato con 2023, “último año de la gestión Fernández-Fernández”, cuando, según señaló, la Cámara alta sesionó apenas ocho veces en todo el año.

Un camino sinuoso, pero de éxito

La discusión de la Ley de Modernización Laboral, sin embargo, estuvo lejos de ser un trámite lineal. El proyecto atravesó semanas de negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas, concesiones en el articulado y momentos de tensión interna. El punto más crítico fue la incorporación del artículo 44, que modificaba el régimen de licencias médicas e incluía descuentos salariales para ausencias vinculadas a enfermedades atribuibles al empleado.

La redacción generó resistencia incluso entre aliados del oficialismo y obligó al Gobierno a retroceder. Finalmente, el artículo fue eliminado para garantizar los votos necesarios y evitar que el proyecto naufragara en el Senado. Esa marcha atrás permitió ordenar el frente parlamentario y cerrar la sanción sin sobresaltos en la votación final.

Pero el balance oficial de las sesiones extraordinarias no se limita a la reforma laboral y a la Ley Penal Juvenil. Este jueves, el oficialismo también consiguió la media sanción de la reforma a la Ley de Glaciares, considerada estratégica por los libertarios para ampliar el margen de desarrollo minero en las provincias. En Balcarce 50 sostienen que esa modificación es incluso más relevante en términos económicos que la propia reforma laboral, por el supuesto impacto potencial en exportaciones y generación de divisas. A eso se sumó la ratificación parlamentaria del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un movimiento que el Ejecutivo presenta como una señal de apertura comercial y alineamiento internacional.

La lectura interna es que el oficialismo logró cerrar extraordinarias con una secuencia de votaciones que, pese a las tensiones iniciales, terminaron consolidando su capacidad de negociación. El Ejecutivo consiguió articular con bloques dialoguistas, ordenar su frente interno y evitar fisuras mayores en temas sensibles. En un Congreso fragmentado y sin mayorías propias, ese resultado es leído como una demostración de músculo político.

Con este escenario, Milei llega a la apertura de sesiones ordinarias de este domingo con la iniciativa política nuevamente en sus manos. En Balcarce 50 entienden que el cierre exitoso de extraordinarias no solo consolida la agenda legislativa del Ejecutivo, sino que le permite al economista libertario exhibir capacidad de gestión parlamentaria después de semanas atravesadas por el conflicto sindical, la presión opositora y la negociación voto a voto.

PL/MG

El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos y 27 negativos.

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

El debate tuvo momentos de fuertes cruces y exposiciones llamativas, como la de Nadia Márquez, senadora por Neuquén de La Libertad Avanza: “Por favor, me muero si alguien hoy dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal. Si en pleno uso de sus facultades ¿no sabe que robar está mal? Sí que sabe. ¿También sabe que pegarle al compañero y molerlo a palos en una casita ahí al costado cerca de donde está la escuela no es un delito? Por supuesto que saben que es un delito. ¿Saben que dispararle a alguien está mal? Si lo sabe”, planteó la legisaldora.

El oficialismo a pleno y sus aliados hicieron una fuerte defensa del proyecto. La senadora de la UCR Carolina Losada planteó que los menores “entienden lo que están haciendo” cuando comenten un delito, por lo que llamó a “no decir que un chico de 15 no es responsable si mata o si tortura a alguien”. “Si decimos eso, estamos mirando para otro lado. ¿Bajar la edad de imputabilidad a 14 va a solucionar el problema? No. Pero al menos puede generar un cambio el ejemplo de que el que las hace las paga”, puntualizó.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo estipula un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

La norma es fuertemente cuestionada por organizaciones civiles. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtió que la iniciativa vulnera el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y no garantiza que la privación de libertad sea una medida excepcional, por el tiempo más breve posible y sujeta a revisión periódica. Además desconoce recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y del Comité contra la Tortura, que instaron al Estado argentino a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años.

Según datos relevados por el CNPT, al 31 de diciembre de 2024, 4.119 adolescentes se encuentran bajo el sistema penal juvenil y solo 48 tienen menos de 16 años (1,2% del total). Además, 865 están bajo medidas de privación de libertad y 44 menores de 16 años se encuentran privados de libertad (5,1%).

El CNPT sostuvo que la “población no punible es cuantitativamente reducida” y reiteró que cualquier reforma debe adecuarse estrictamente a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y los estándares internacionales vigentes, “priorizando medidas alternativas al encierro y políticas públicas de protección integral”.

MC

El proyecto de Régimen Penal Juvenil, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, será debatido en el Senado el viernes, luego de un cambio en el plan de Labor dispuesto por el oficialismo y aliados.

Finalmente, la agenda parlamentaria para este jueves pondrá el eje en los debates sobre la Ley de Glaciares (26.639), sancionada en 2010, para lograr la modificación de la protección del ambiente periglacial y facilitar las actividades extractivas de los sectores de minería e hidrocarburos, además de otorgarle mayor autonomía a las provincias sobre sus territorios.

Por otra parte, también se tratará el acuerdo UE-Mercosur, la asociación estratégica y de libre comercio, que fue firmada a principios de este año y que eliminará aranceles en más del 90% de los bienes.

Por último, se discutirá la designación de Fernando Iglesias como futuro embajador ante el Reino de Bélgica y, simultáneamente, ante la Unión Europea, cuyo objetivo es unificar ambas representaciones diplomáticas para optimizar recursos en el marco de la negociación del acuerdo Mercosur-UE.

Para el viernes 27, quedaron los dos temas más importantes para el Gobierno Nacional como el Proyecto de Modernización Laboral, que entra en revisión, junto con la modificación del régimen penal juvenil. 

NB con información de NA.

Tras la media sanción en la Cámara baja, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) buscará la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el Senado.

La norma establece bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina.

El objetivo del oficialismo es avanzar con la discusión en el recinto el 26 de febrero.

La propuesta impulsada por el oficialismo plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

Uno de los temas que generó mayor debate fue el financiamiento, e incluso el diputado Maximiliano Ferraro, planteó una propuesta para establecer un mecanismo directo, pero fue rechazado por el oficialismo, que insistió con su propuesta de la firma de convenios entre Nación y Provincias.

El oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Con información de NA.

La Cámara de Diputados dio este miércoles un paso clave en una de las reformas más sensibles del temario oficial: la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil que fija en 14 años la edad mínima de imputabilidad. La iniciativa obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y ahora deberá ser tratada en el Senado.

El respaldo llegó desde el bloque libertario, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal y otras bancadas provinciales. El peronismo, en cambio, votó de manera unificada en rechazo al proyecto.

La reforma, impulsada por el Ministerio de Seguridad, no solo reduce la edad de responsabilidad penal -actualmente fijada en 16 años- sino que establece un nuevo esquema de sanciones. Para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros, se prevé una pena máxima de hasta 15 años de prisión. En casos con escalas menores a diez años, el texto contempla alternativas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricciones de acercamiento, prohibiciones de concurrencia a determinados lugares o impedimentos para conducir.

Uno de los puntos que el oficialismo destacó como central es la creación de institutos especializados para el alojamiento de menores condenados. Según el proyecto, estos espacios deberán garantizar educación, atención médica y tratamientos por adicciones, y contar con personal capacitado en niñez y adolescencia. También se establece de manera expresa la prohibición de convivencia con detenidos adultos.

El régimen incorpora, además, mecanismos como la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para infracciones leves, siempre con consentimiento de la víctima. En esa línea, la norma amplía los derechos de quienes hayan sufrido delitos: podrán acceder a información sobre el proceso, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias restaurativas.

Desde la oposición peronista, las críticas apuntaron a la falta de un abordaje integral. Juan Grabois cuestionó que el foco esté puesto exclusivamente en la edad de imputabilidad y reclamó políticas más robustas en salud mental y tratamiento de consumos problemáticos. “No es un problema de números”, planteó, al tiempo que pidió dispositivos específicos para adolescentes en crisis.

Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la reforma como una respuesta a las víctimas y a la demanda social de mayor seguridad. El diputado Santiago Santurio reconoció que la medida no resolverá de manera definitiva la problemática del delito juvenil, pero sostuvo que establece un marco de responsabilidad para quienes cometen hechos graves.

La sesión fue seguida desde los palcos por familiares de víctimas de crímenes cometidos por menores de edad, entre ellos integrantes de la organización Madres del Dolor y allegados a casos que tuvieron fuerte repercusión pública en los últimos años.

En la etapa final de negociaciones, el Gobierno incorporó un artículo presupuestario para garantizar la implementación del régimen. Se prevé una asignación total de $23.739 millones, distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. La inclusión de estos fondos respondió a planteos de gobernadores, que habían advertido sobre el impacto financiero que podría recaer en las provincias.

Con la media sanción en Diputados, la discusión se traslada ahora al Senado, donde volverán a cruzarse dos miradas: quienes consideran que la reforma responde a una demanda urgente de seguridad y quienes sostienen que el problema excede la edad y requiere una política social más profunda.