Protagonizaron el último gran cisma del siglo XX, cuando gobernaba la Iglesia Juan Pablo II. Su fundador, Marcel Lefebvre, un obispo que participó en el Concilio Vaticano II, pero nunca aceptó sus reformas (apertura a otras religiones, fin de las misas en latín o dejar de considerar a los judíos asesinos de Cristo, entre otras), ordenó, sin el permiso de Roma, a cuatro obispos. Todos fueron automáticamente excomulgados, pero la Fraternidad San Pío X (más conocidos como los lefebvrianos) mantuvieron el pulso con Roma durante décadas. En 2009, Benedicto XVI revirtió las excomuniones y planteó un camino de vuelta a la Iglesia que los tradicionalistas nunca terminaron de aceptar.

Durante el pontificado de Francisco, contaron con el apoyo de los sectores más rigoristas en el interior de la Iglesia, que acusaba a Bergoglio de “hereje” por permitir el diálogo en la Iglesia, bendecir parejas homosexuales o defender el medioambiente. Ahora, tras la llegada de León XIV, un Papa aparentemente más tradicional y amante de la liturgia, parecía que las aguas volverían a su cauce. Nada más lejos de la realidad.

A comienzos de este mes, la presión ultratradicionalista cruzó la línea roja, y la Fraternidad San Pío X anunció una nueva consagración de obispos, sin el aval del Vaticano, para el 1 de julio. ¿La razón? En este caso, que el consistorio extraordinario de cardenales convocado por Prevost en enero no abordó (más bien lo contrario) modificaciones a las limitaciones al antiguo rito (en latín).

En un comunicado emitido por su superior general, David Pagliarani, los cismáticos revelaron que, el pasado mes de agosto solicitaron “la gracia de una audiencia con el Santo Padre, haciéndole conocer su deseo de exponerle filialmente la situación actual de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X”. Posteriormente, enviaron a Prevost una carta en la que expresaron al Papa “abierta y explícitamente la necesidad particular de la Fraternidad de asegurar la continuidad del ministerio de sus obispos, que recorren el mundo desde hace cerca de cuarenta años, para responder a los numerosos fieles apegados a la Tradición de la Iglesia y deseosos de que sean conferidos, para el bien de sus almas, los sacramentos del orden y de la confirmación”.

“Tras haber madurado largamente su reflexión en la oración, y tras haber recibido de la Santa Sede, en estos últimos días, una carta que no responde en absoluto a nuestras peticiones, el Padre Pagliarani, apoyado en el parecer unánime de su Consejo, estima que el estado objetivo de grave necesidad en el que se encuentran las almas exige tal decisión”, señala la Fraternidad, dando a entender que el Vaticano habría contestado prohibiendo dichas consagraciones, y anunciando su derecho a llevarlas a cabo en todo caso, con o sin el permiso de la Santa Sede.

El pasado verano, durante el Jubileo en Roma, la Fraternidad San Pío X participó en un peculiar evento tradicionalista, llevando a cuatro mil de sus fieles a Roma, sin lograr ser recibidos por León XIV. Sí se consiguió, merced a los intentos del cardenal Burke, que los tradicionalistas fieles al Vaticano pudieran celebrar según el antiguo rito en la basílica de San Pedro.

Aunque tras su elección, los lefebvrianos rezaron por León XIV, para que “el nuevo Sumo Pontífice sea dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo y conduzca la barca de la Iglesia al Puerto de Salvación, para que cumpla la Voluntad de Dios sobre la Iglesia”, parece que de nada han servido los intentos de vuelta a la comunión durante el pontificado de Francisco, o el levantamiento de la excomunión a los obispos cismáticos que fueron consagrados inválidamente por monseñor Lefebvre (lo hizo Benedicto XVI en 2009). Sus sucesores, ahora, se arriesgan a una nueva excomunión, y a profundizar en un cisma que, hoy por hoy, parece irresoluble.

Y no porque Roma no lo haya intentado. Apenas dos días después del anuncio de cisma, la Santa Sede convocaba al superior de los lefebvrianos a un encuentro con el prefecto de Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel ‘Tucho’ Fernández, que se celebró el pasado 12 de febrero. Tras la cita, de hora y media, celebrada en el mismo palacio donde, todavía hoy, reside León XIV, ambos acordaron avanzar para debatir “los mínimos necesarios para la plena comunión con la Iglesia Católica y, en consecuencia, delinear un estatuto canónico de la Fraternidad, junto con otros aspectos que deben profundizarse aún más”. Siempre y cuando, eso sí, se frenen las anunciadas consagraciones episcopales, que traerían “una ruptura decisiva de la comunión eclesial (cisma) con graves consecuencias para la Fraternidad en su conjunto”, según apuntó en una nota el dicasterio de Doctrina de la Fe.

El prefecto “propuso un camino de diálogo específicamente teológico, con una metodología bien definida, sobre temas que aún no han sido suficientemente precisados”, como “la diferencia entre acto de fe y «respeto religioso de la mente y la voluntad», o los diferentes grados de adhesión que requieren los distintos textos del Concilio Ecuménico Vaticano II y su interpretación”.

“La Santa Sede ha reiterado que la ordenación de obispos sin el mandato del Santo Padre, que detenta una potestad ordinaria suprema, plena, universal, inmediata y directa, implicaría una ruptura decisiva de la comunión eclesial (cisma) con graves consecuencias para la Fraternidad en su conjunto”, dejó claro Fernández, quien insistió en que “la posibilidad de llevar a cabo este diálogo presupone que la Fraternidad suspenda la decisión de las ordenaciones episcopales anunciadas”. Paglianari, por su parte, se comprometió a presentar la propuesta a su consejo y dar respuesta. En caso de ser positiva, “se establecerán de común acuerdo los pasos, las etapas y los procedimientos a seguir”.

La respuesta llegó al día siguiente, en forma de comunicado, en el que la Fraternidad de San Pío X reivindicaba su derecho a seguir nombrando obispos, “habida cuenta de las circunstancias completamente particulares en las que se encuentra la Santa Iglesia”, y lamentaba que Roma afirme que se puede “dialogar sobre el Concilio”, pero no “corregir sus textos”. Al tiempo, exigía una reunión directa con el Papa para abordar estas cuestiones, sin dar el paso requerido por Roma: revertir el anuncio de consagraciones episcopales.

La respuesta definitiva vino este jueves, cuando los cismáticos anunciaron que no hay posibilidad de acuerdo con Roma. Entre otras razones, porque la única posibilidad de diálogo y acuerdo implicaría la derogación del Concilio Vaticano II. Esta es la principal conclusión de la 'respuesta' enviada por el Consejo General de la Fraternidad San Pío X a la propuesta lanzada por el prefecto del dicasterio de Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández, para tratar de evitar el cisma que provocarían las consagraciones anunciadas por los tradicionalistas y previstas para el 1 de julio. Unas ordenaciones que, a día de hoy, se mantienen.

De hecho, en su respuesta, el padre Pagliarani sostiene que “no puedo aceptar, por honestidad intelectual y fidelidad sacerdotal, ante Dios y ante las almas, la perspectiva y los objetivos en nombre de los cuales el Dicasterio propone reanudar el diálogo en la situación actual; ni tampoco, por otra parte, el aplazamiento de la fecha del 1 de julio”. Al tiempo, asume que “dado que no podemos llegar a un acuerdo sobre la doctrina, me parece que el único punto en el que podemos coincidir es el de la caridad hacia las almas y hacia la Iglesia”.

“La mano tendida para la apertura al diálogo va acompañada, lamentablemente, de otra mano ya dispuesta a infligir sanciones. Se habla de ruptura de la comunión, de cisma y de 'graves consecuencias'. Más aún, esta amenaza es ahora pública, lo cual crea una presión difícilmente compatible con un verdadero deseo de intercambios fraternos y de diálogo constructivo”, constata el líder lefebvriano. A falta de que llegue el 1 de julio, el primer cisma de León XIV (con el permiso del vodevil de Belorado), a las puertas de hacerse realidad.

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