La morosidad en los préstamos de las familias argentinas volvió a subir en mayo y alcanzó el 12,7%, en una tendencia que ya suma 19 meses consecutivos de incremento y que dejó a cerca de 7 millones de personas fuera del circuito formal de financiamiento.

El dato surge de un informe de la consultora 1816, elaborado a partir de estadísticas del Banco Central de la República Argentina. Según el análisis, la tasa de irregularidad en el pago de créditos se multiplicó por más de cinco en menos de dos años: pasó de 2,5% en octubre de 2024 a 12,7% en mayo de 2026.

El fenómeno golpea con mayor fuerza a los jóvenes. Entre quienes tienen préstamos activos, 4 de cada 10 personas menores de 35 años presentan problemas de pago. La mora llega al 42,8% en el grupo de 18 a 25 años, al 39,3% entre 26 y 35 años y al 31% en la franja de 36 a 45 años.

El informe también marca diferencias entre los distintos actores del sistema financiero. Mientras que la banca pública mantuvo el nivel de préstamos para evitar una caída más pronunciada del crédito, las entidades privadas recortaron de manera significativa la oferta de financiamiento durante los primeros meses de 2026.

La situación más delicada se observa en las entidades no financieras, que concentran alrededor del 17% del mercado de crédito a las familias, donde la morosidad trepó al 32,2%. Hace apenas un año y medio, ese indicador rondaba el 10%.

De acuerdo con los cálculos de la consultora, el 27% de las personas que tomaron préstamos ya no son consideradas “sujetos de crédito” debido a su situación de mora. Sin embargo, los analistas señalaron que el bajo peso del crédito en la economía argentina atenúa el impacto macroeconómico. “Lo positivo es que el peso del crédito en la economía local es tan pequeño que eso no significa que el PBI no pueda continuar creciendo en los próximos 12 meses”, indicaron.

De cara a los próximos meses, el mercado sigue de cerca los datos de junio y julio. La expectativa está puesta en el “efecto aguinaldo” y en la posibilidad de que ese ingreso adicional permita a las familias cancelar parte de sus deudas y frenar una tendencia de deterioro que ya lleva casi dos años. Mientras tanto, el Gobierno mantiene como prioridades el control del tipo de cambio y la reducción de la volatilidad de las tasas de interés.

Con información de la agencia NA

Según un informe, entre diciembre de 2023 y enero de 2026, la deuda de los argentinos creció, en promedio y por persona, tres veces. El informe elaborado por Fundación Éforo dio cuenta de que la deuda escaló de $337.000 a más de $1.000.000. Además, paralelamente, el acceso al crédito crece, aumenta la morosidad y cada vez es más difícil cumplir con los compromisos de pago de los hogares.

En este contexto, el informe elaborado por Fundación Éforo marca que, igualmente, el sistema de crédito argentino continúa expandiéndose, pero con la señal ascendente de inconsistencia financiera en los hogares argentinos.

Según el informe, los datos relevados muestran que, en los últimos dos años, las personas endeudadas mediante los proveedores no financieros pasaron de 9,5 millones a 11,3 millones, siendo asistidas por entidades como fintech, mutuales y tarjetas no bancarias. A su vez, en el mismo tiempo, el volumen total financiado creció de $3,2 billones a $11,8 billones.

Crece la morosidad

El informe de Éforo también da cuenta del incremento sostenido de la morosidad, marcando que, en relación con los préstamos otorgados por bancos privados, el incumplimiento se corrió del 4,5% al 10,6%. Además, en el segmento de proveedores no financieros se ubicó en el 16,2% y las tarjetas no bancarias registraron una mora del 14,5%. Estas son un instrumento de financiamiento principal para el consumo.

Al respecto, la vicepresidenta de Fundación Éforo, Carla Pitiot, dijo que “los datos muestran una realidad ambivalente. Más argentinos acceden al crédito, pero una parte creciente de los hogares lo hace en condiciones cada vez más exigentes y con mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros. El aumento simultáneo de la deuda promedio y de la morosidad sugiere que estamos frente a una señal de alerta que merece seguimiento, especialmente en los sectores de menores ingresos”.

El costo del crédito, otra de las preocupaciones

Mientras las tasas para los préstamos personales en bancos rondaron entre el 70% y el 90% nominal anual en 2025 y comienzos de 2026, en los proveedores no financieros promediaron el 129%, indica el informe, ampliando las dificultades de pago para quienes tienen menor acceso al sistema bancario tradicional.

A pesar de esta situación, una de las excepciones es que el crédito hipotecario se recuperó de manera significativa. El crecimiento real interanual fue superior al 50% y los niveles de mora, considerablemente más bajos que el promedio del sistema.

La mirada de Fundación Éforo

Al respecto, Fundación Éforo sostiene que la evolución de estos indicadores refleja una estructura del crédito cada vez más segmentada, ya que, mientras el sistema financiero formal exhibe signos de recuperación y expansión en líneas de largo plazo, los sectores más vulnerables concentran mayores niveles de endeudamiento, costos financieros más elevados y crecientes dificultades para cumplir con sus obligaciones.

Por último, el informe finaliza diciendo que la evolución reciente del crédito genera nuevos desafíos para las políticas de inclusión financiera, la protección de los consumidores y la estabilidad económica de mediano plazo.

Probablemente sea la primera medida del gobierno de Javier Milei que supone apiadarse de los trabajadores después de tanto ajuste, que al final recayó todo sobre ellos, no en “la casta”. El Banco Nación lanzó un paquete de herramientas para clientes con dificultades para afrontar sus compromisos económicos, justo después de que los datos de marzo del Banco Central mostraran un salto fuerte en la morosidad de los hogares.

El programa fue presentado como un “kit de soluciones”, un nombre simpático para una herramienta que pretende subsanar un estado de calamidad, que es que la gente no tiene plata (y cada vez menos). Este kit viene a reorganizar obligaciones financieras, reducir el monto de las cuotas mensuales y extender plazos de cancelación.

El paquete incluye consolidación de deudas, refinanciación de saldos vencidos de tarjetas de crédito y alternativas especiales para clientes con atrasos superiores a 90 días. Cada caso será evaluado según el perfil crediticio, la situación financiera y el tipo de compromiso que el usuario necesite reordenar.

La medida llega después de un deterioro acelerado de la capacidad de pago de las familias. Según los datos del Banco Central, la morosidad de los hogares pasó de 3,3% en marzo de 2025 a 11,5% en marzo de 2026. En el mismo período, la mora total del sistema financiero subió de 2% a 7%. Es el mayor deterioro interanual de la cartera crediticia desde la salida de la convertibilidad. O sea, la peor situación en un cuarto de siglo se sufre ahora, con Javier Milei de presidente de la Nación.

El problema se concentró en los instrumentos más usados para financiar gastos cotidianos. Los préstamos personales alcanzaron una irregularidad de 14,2%, más del triple que el 4,1% registrado un año antes. Las tarjetas de crédito llegaron a 11,7%, frente al 2,8% de marzo de 2025. El crédito que muchas familias usaron para llegar a fin de mes empezó a transformarse en una deuda cada vez más difícil de pagar.

La línea de consolidación del Banco Nación estará dirigida a personas que perciben sus haberes en la entidad. Permitirá reunir deudas tomadas dentro del banco y también en otras entidades, con tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual del 65% y montos de hasta $100 millones. El objetivo oficial es simplificar la administración de pagos y reemplazar varias obligaciones dispersas por una sola cuota.

Para las tarjetas de crédito, el banco habilitó una refinanciación destinada a clientes con hasta 90 días de atraso. Esa opción permitirá reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con planes de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%. La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de cuotas en el resumen siguiente y adecuaciones temporales en los límites de compra.

El esquema también prevé alternativas para quienes superen los 90 días de atraso. En esos casos, el Banco Nación informó que habrá opciones de financiación de hasta 96 meses, aunque sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones vigentes al momento de la solicitud. La entidad sostuvo que busca acompañar a sus clientes en la reorganización de compromisos financieros y ofrecer soluciones para una administración más ordenada de la economía personal.

El lenguaje bancario habla de refinanciación, consolidación y sostenibilidad de pagos. En criollo, una parte creciente de los ingresos familiares ya no alcanza para cancelar deudas tomadas en el período anterior. Durante 2025, el crédito funcionó como un ingreso complementario para sostener consumos, pagar gastos corrientes o cubrir emergencias. Ese mecanismo tiene un límite: cuando la cuota crece más rápido que el salario, la deuda deja de aliviar y empieza a asfixiar.

El deterioro de la mora no apareció de golpe en marzo. trabajAR ya había mostrado que, en febrero, la mora en créditos a familias había llegado a 10,6%, el nivel más alto en casi dos décadas. En ese mismo corte, los préstamos personales marcaban 13,2% y las tarjetas de crédito 11%. Las entidades no bancarias y billeteras virtuales mostraban un cuadro todavía más abrupto, con irregularidad cercana al 25%.

El salto también había aparecido en Mercado Pago. Según datos públicos de la Central de Deudores, la mora de la billetera virtual subió de 5,5% en enero de 2025 a 14,7% en enero de 2026. El dato mostró que el problema no quedaba encerrado en los bancos tradicionales: también alcanzaba a las plataformas digitales que expandieron el negocio del crédito al consumo sobre millones de usuarios.

Las billeteras y entidades no financieras exhibieron uno de los síntomas más duros. En febrero, el 29,9% de los saldos familiares en ese segmento tenía más de 90 días de atraso. Además, el 10,4% ya llevaba más de un año impago y era considerado irrecuperable por el sistema. Cuando la mora cruza de los bancos a las plataformas de uso cotidiano, el problema deja de ser financiero y se vuelve social.

La explicación está en la brecha entre deuda e ingresos. Los salarios privados registrados acumulan una caída real de 4,8% frente a noviembre de 2023, el total de salarios registrados cede 9,2% y los salarios públicos registran un desplome de 17%, según el análisis citado por Ámbito a partir de datos de RIPTE. Ese deterioro redujo la capacidad de pago de hogares que, al mismo tiempo, tomaron más crédito para sostener consumos básicos.

El endeudamiento familiar también cambió de escala. Una nota previa de trabajAR, basada en datos del Banco Provincia y del Banco Central, mostró que el financiamiento promedio pasó de representar 1,5 salarios hacia fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025. En un año, los hogares sumaron deuda equivalente a un salario adicional. Con ingresos rezagados y tasas todavía altas, esa carga empezó a romper el equilibrio mensual.

La diferencia entre familias y empresas muestra quién absorbió con más fuerza el costo del ajuste. En marzo, la mora de los hogares llegó a 11,5%, mientras la de las empresas fue de 3,1%. El sector empresario también triplicó su incumplimiento interanual desde 0,9%, pero la magnitud del deterioro quedó mucho más concentrada en las familias. Los hogares tomaron deuda para sostener gastos y ahora enfrentan más dificultades para devolverla.

El deterioro también golpea a las pymes. TrabajAR ya había mostrado que, en enero de 2026, la cartera pyme en situación irregular alcanzó al 8,2% del total de empresas. En comparación con enero de 2025, la cantidad de pymes con incumplimientos bancarios de más de tres meses aumentó 93,5%. Entre las firmas con atrasos superiores a 180 días, el salto fue de 84,9%.

Ese cuadro se superpone con una economía de menor actividad y menos empresas. El monitor mensual de Fundar registró que, desde noviembre de 2023, se perdieron 24.437 empresas en la Argentina, el 4,8% del total. La cantidad de firmas activas acumula 17 meses consecutivos de caída y 24 bajas interanuales seguidas. Menos empresas, salarios rezagados y más deuda impaga forman una misma secuencia: menos ingresos disponibles, menos consumo y más riesgo laboral.

El Banco Nación intenta ahora contener una parte de ese deterioro con cuotas más bajas y plazos más largos. Para muchos clientes, la refinanciación puede dar aire en el corto plazo. Pero también implica estirar hacia adelante una deuda que nació porque el ingreso mensual no alcanzó. La solución bancaria ordena el calendario de pagos; no corrige por sí sola la pérdida de poder adquisitivo que empujó a las familias a endeudarse.

El problema para los hogares es que una deuda refinanciada no desaparece. Cambia de forma, se extiende en el tiempo y puede reducir la presión mensual, pero sigue ocupando una parte del salario futuro. Si los ingresos no recuperan terreno, el alivio puede convertirse en una pausa antes de una nueva ronda de atraso.

JJD

Desde Chile, Patricia Bullrich llamó por teléfono a Javier Milei y, con la excusa de ofrecer una recomendación amigable, le mandó un mensaje envenenado: Manuel Adorni tenía que dar un paso al costado hasta que se expidiera la Justicia. Lo piden sus funcionarios, lo exige el círculo rojo y así lo muestran las métricas que llegan, semana a semana, a los despachos gubernamentales. El desgaste del caso Adorni estaba arrastrando al Gobierno y no había tema –el “super RIGI”, la reforma electoral o la guerra contra el periodismo– que pudiera evitarlo. 

A 1400 kilómetros de distancia, mientras tanto, un frigorífico en Moreno llamado “Cabañas Don Theo” abría una convocatoria para contratar administrativos, cajeros, carniceros y personal de carga y descarga. Ofrecían sueldos entre $1 millón y $1,3 millón y convocaban a los interesados a que dejar el currículum en la empresa. Había 60 vacantes pero, cuando llegó el día, se presentaron más de 4 mil personas. Jóvenes solos y con amigos, madres con sus hijos, jubilados, mujeres de mediana edad agotadas de esperar, durante horas, en la fila: la columna de postulantes era una espiral que daba la vuelta del frigorífico, se extendía más allá y volvía a envolverse sobre sí misma. 

En simultáneo, dos dimensiones de la crisis que atraviesa al Gobierno. La política, que tiene al Gobierno paralizado hace dos meses, con un Milei dispuesto a sacrificarse por su fusible y una Bullrich que ya empezó a coquetear con la idea de presentarse como alternativa en 2027. Y la económica, que viene explotando por goteo, con la crisis en los hospitales universitarios, la deuda con el PAMI, el derrumbe del empleo formal, el cierre de industrias y la morosidad récord de las familias. 

Pese al impacto mediático del caso Adorni, y a su efecto desestabilizador sobre el Gobierno, la hipótesis de un entramado de corrupción en el gabinete libertario aparece como un tema secundario en casi todas las encuestas de opinión pública. El último informe realizado por La Sastrería, conducida por Raúl Timerman, junto a las consultoras Tres Punto Zero y Alaska, registró que, en cambio, 7 de cada 10 consultados puso a la economía en el centro de sus preocupaciones.

Cuando le preguntaron a los encuestados cuál era su principal problema personal o familiar, el 45% dijo que eran los ingresos. Le siguieron la inflación (15%), la pobreza (10%), la inseguridad (7%), la desocupación (5%) y, recién en sexto lugar, apareció la corrupción (3%). 

Un conjunto de problemáticas que se puede resumir en cinco crisis que, detrás de la crisis política de Adorni, empujan para abajo la imagen negativa de Milei. 

La crisis en Salud

“Si no nos depositan los fondos, en un mes y medio nuestros hospitales van a dejar de funcionar”, advirtió el director del Instituto de Investigaciones Médicas, Norberto Lafos, el miércoles durante una conferencia de prensa en el Hospital de Clínicas. Reducción de la cantidad de cirugías y tratamientos médicos, recortes en la compra de medicamentos, pérdida del 50% del poder adquisitivo de médicos y enfermeros (que cobran entre un millón y un millón y medio de pesos, con dedicación exclusiva): la postal de los hospitales universitarios que integran la red UBA, que atiende a más de 700 mil pacientes todos los años, es crítica, pero apenas un reflejo de lo que sucede hace ya varios meses en gran parte del sistema de salud de todo el país. 

Los profesionales de la salud vienen encabezando marchas en diferentes ciudades del país. Rosario, Comodoro Rivadavia, Jujuy, Neuquén, Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba. A los reclamos por sueldos pisados y falta de recursos para sostener la atención en los hospitales se le suma la preocupación por el desmantelamiento de programas como el Remediar o el de Cardiopatías Congénitas. El cierre del Instituto Nacional del Cáncer o el recorte del 75% del presupuesto destinado a la prevención del VIH, la hepatitis y la tuberculosis. 

El sistema de salud pública coquetea con el colapso. A los recortes se suma que hubo un incremento de las personas que se quedaron sin prepaga u obra social en el último par de años: según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), en base a datos del INDEC, 742 mil personas se quedaron sin cobertura privada de salud desde noviembre de 2023. Esto presiona el sistema de salud público, ya golpeado y al borde del colapso. 

La crisis en Educación

La crisis de los hospitales universitarios es un resultado de la crisis presupuestaria que atraviesa a las universidades nacionales. Los rectores denuncian que las transferencias a las universidades nacionales registran, entre 2023 y 2026, una caída real acumulada del 45%. Se le suma a ello el deterioro del poder adquisitivo de los docentes, que vienen impulsando paros en casi todo el país y denuncian que están cobrando los salarios más bajos de los últimos 23 años. 

“Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 el salario real de los docentes cayó en un 36%”, explica Blanca Osuna, diputada del peronismo e impulsora de la Ley de Financiamiento Universitario que la oposición aprobó en el Congreso el año pasado. Una ley que obligaba a actualizar por inflación los sueldos docentes, así como los gastos de funcionamiento de las universidades, y que el Gobierno está incumpliendo con el argumento de que fue judicializado. 

El próximo martes 12 se llevará a cabo una jornada de protesta en todo el país en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. Será la tercera marcha universitaria durante la era Milei y en el Gobierno estarán prestando particular atención a la convocatoria frente al Congreso, a donde se espera que movilicen decenas de miles de personas.

La crisis del empleo y de los ingresos

La postal de la cola frente al frigorífico de Moreno fue la síntesis perfecta de la gran demanda ciudadana que aparece en todas las encuestas: la necesidad de estabilidad laboral y mejores ingresos. La semana pasada, Milei expuso en la Fundación Libertad y se jactó de que se habían creado 113 mil puestos de trabajo nuevos desde diciembre de 2023. Pero se olvidó de mencionar un detalle, que aparecía en el mismo informe de Econométrica que utilizó como base: el crecimiento se explicaba por la multiplicación de trabajadores informales, a costa de una caída de los trabajadores formales. 

Según un informe de CEPA, en base a los datos oficiales del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), en Argentina se perdieron más de 290 mil empleos formales registrados entre diciembre de 2023 y enero de 2026. Es decir, empleos estables, con derecho a vacaciones pagas y aportes a la obra social y al sistema previsional. El índice de desempleo, sin embargo, se mantuvo estable en 7,5%, gracias a la multiplicación de trabajadores “independientes” (monotributistas) y no registrados. 

Frente a este escenario, el IAG desarrolló un índice propio llamado “Desempleo Blue” que apuesta a visibilizar el “desempleo encubierto” bajo otras formas inestables o informales de contratación. Este índice utiliza tres criterios para ampliar el concepto de desempleo: aquellos que buscan más trabajo, aquellos que trabajaron muy pocas horas en la última semana (el INDEC considera empleada a cualquier persona que trabaje más de una hora a la semana), y aquellos en una actividad desprotegida y de alta precariedad. Bajo estas tres variables, el “desempleo blue” llega a un 15,3%. 

Al desempleo se le suma otro dato: la caída del poder adquisitivo en los últimos dos años en el sector público y formal. Según otro informe del IAG, entre diciembre del 23 y febrero del 26, se registró una caída real del 37,9% en los sueldos públicos, del 5,5% en el sector privado (registrándose una leve mejora durante el último trimestre) y del 39% en el caso del salario mínimo. 

La crisis de la morosidad

Por último, está la crisis de la morosidad en las familias, que alcanzó su nivel más alto en los últimos 18 años. Las personas que llegan a fin de mes usando billeteras virtuales, tarjetas o préstamos personales se enfrentan cada vez más a una realidad: la imposibilidad de pagar las deudas que tienen. Según datos del Banco Central, las familias no consiguen pagar a tiempo el 30% de la deuda que toman con billeteras virtuales y más del 11% de sus créditos con bancos tradicionales.

A este dato se le suma el motivo detrás del incremento del endeudamiento de las familias. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, las familias recurren al endeudamiento “porque no logran cubrir sus gastos mensuales y necesitan financiamiento incluso para consumos básicos”. El uso del crédito para sostener el consumo, explica el informe, creció en un 57% desde el inicio de la gestión Milei.

Consultado por esta situación, sin embargo, el ministro Luis Caputo aseguró que el sobreendeudamiento se explicaba porque la gente pensaba que iba a subir el dólar y no subió.

MCM/MG

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que una parte de la población atraviesa dificultades para afrontar sus deudas luego de haberse endeudado con tasas altas bajo la expectativa de una devaluación o una aceleración inflacionaria que redujera el peso real de los créditos.

Durante una entrevista concedida a la TV Pública, el funcionario explicó que muchas personas replicaron comportamientos habituales de la economía argentina, pero que en esta oportunidad ese escenario no se concretó debido a la estabilidad cambiaria y a la desaceleración de la inflación.

“La gente también se sobreendeudó a tasas muy altas pensando que, como siempre, el dólar se iba a disparar y la inflación también, y eso los iba a licuar. Y eso no pasó”, señaló Caputo.

Según el ministro, la situación derivó en un aumento de la mora y llevó a los bancos a endurecer sus análisis antes de otorgar nuevos préstamos. “Eso generó cierta mora adicional. Hasta que baje un poco esa mora, el crédito se ralentizó”, sostuvo.

En ese contexto, indicó que el Gobierno sugirió a las entidades financieras refinanciar los créditos en problemas, extendiendo plazos y ofreciendo tasas más bajas para aliviar la carga de los deudores.

Pese a ese freno en el crédito minorista, Caputo destacó un cambio en la estructura del sistema financiero y aseguró que los bancos comenzaron a orientar más recursos hacia el sector privado que hacia el financiamiento estatal.

“Prácticamente el 50% de sus préstamos son al sector privado y lo que es préstamos al sector público bajó a un 25%”, afirmó el ministro.

De acuerdo con el titular del Palacio de Hacienda, esa modificación permitirá que en el futuro exista una mayor disponibilidad de crédito para el consumo y la inversión productiva.

Con información de la agencia NA

Los trabajadores que llegan a fin de mes usando billeteras virtuales, tarjetas o préstamos personales enfrentan en estos meses una dificultad cada vez mayor: la de poder pagar. Los atrasos crecen, la mora alcanza niveles récord en varios segmentos y el deterioro no se ciñe a los hogares; también afecta a las pequeñas empresas, en particular a las pymes.

Las familias no consiguen pagar a tiempo el 30% de la deuda que toman con billeteras virtuales y más del 11% de sus créditos con bancos tradicionales. La información surge de datos del Banco Central correspondientes a febrero. Para los hogares, la irregularidad en créditos bancarios ya es la más alta desde 2004, durante la normalización de la economía tras la debacle de 2001.

El dato de las billeteras virtuales es todavía más abrupto. La demora mayor a 90 días en entidades no financieras llegó al 29,9% en febrero, subió 2 puntos respecto de enero y triplicó el nivel de hace un año y medio. En ese grupo entran billeteras, cadenas comerciales, cooperativas y préstamos rápidos. Además, el 10,4% de los saldos familiares en ese segmento ya tiene más de un año de atraso y el sistema los considera “irrecuperables”.

Mirando a las empresas, en enero de 2026 la cartera PyME en situación irregular —las clasificaciones 3, 4 y 5 del BCRA, que implican atrasos mayores a 90 días— alcanzó al 8,2% del total de las empresas. En comparación con enero de 2025, la cantidad de pymes con incumplimientos bancarios de más de tres meses aumentó 93,5%. Entre las firmas con atrasos superiores a 180 días, el salto fue de 84,9% en doce meses.

Los datos también muestran qué hay detrás de esos atrasos. En las familias, los préstamos personales bancarios mantienen tasas cercanas al 70% nominal anual y un costo financiero total que ronda el 100%, mientras que en entidades no financieras el costo puede superar el 500% anual. En las pymes, se reducen los plazos de financiamiento y se mantiene un diferencial de tasas en contra de las empresas más chicas.

JP Morgan registró que los impagos a 90 días en los préstamos de Mercado Pago en Argentina subieron de 1,8% en diciembre de 2024 a 8,7% en diciembre de 2025. En el mismo período, la morosidad medida sobre saldos recientes pasó de 3,3% a 10,1%.

Ese aumento ocurre sobre una base cada vez más grande. Las líneas de crédito de Mercado Pago alcanzan a 6,3 millones de personas, con 21 millones de préstamos pendientes y un promedio de 3,3 créditos por usuario. De ese total, 205.000 corresponden a pymes.

Otra medición sobre el sistema en general muestra que la morosidad en créditos a familias pasó de 2,67% a 10,6% en un año, mientras que los préstamos personales alcanzan 13,2% y las tarjetas de crédito, 11%.

Las fuentes coinciden en el diagnóstico: un informe del Banco Provincia señala que 1 de cada 4 argentinos endeudados con billeteras virtuales no paga, y vincula ese dato con la caída del poder adquisitivo. En la medición por cantidad de personas, la proporción de deudores en mora llega al 24%.

Entre las pymes, los atrasos se extienden a distintos sectores: servicios, comercio, agro, construcción, industria y minería. En el sistema de garantías, la morosidad alcanza al 3,1% en las Sociedades de Garantía Recíproca y al 5,2% en los fondos públicos.

Las familias deben más y pagan peor. Las pymes venden menos, acceden a crédito más caro y también pagan peor. Esa combinación impacta en el mismo punto: el trabajo.

JJD

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y creador de su billetera digital Mercado Pago, es uno de los empresarios argentinos que más afinidad ha mostrado con la agenda económica del presidente Javier Milei. Pero a juzgar por los niveles de morosidad que presenta su compañía, no le estaría yendo muy bien.

Mercado Pago registró un salto en su nivel de morosidad y mostró una señal del deterioro de la capacidad de pago de trabajadores y familias en la Argentina.

Según datos públicos de la Central de Deudores (CENDEU), el ratio de irregularidad de la billetera virtual subió de 5,5% en enero de 2025 a 14,7% en enero de 2026. El movimiento siguió la tendencia general del sistema financiero, pero mostró con claridad que el problema ya no quedó limitado a los bancos tradicionales: también alcanzó a las plataformas digitales que en los últimos años expandieron su negocio de crédito al consumo.

El dato de Mercado Pago apareció en un escenario más amplio de fuerte empeoramiento del endeudamiento de los hogares. El último Informe sobre Bancos del Banco Central mostró que la mora en créditos a familias pasó de 2,67% a 10,6% en un año, el nivel más alto en casi dos décadas.

En el mismo corte, la morosidad general del financiamiento al sector privado llegó a 6,4%. Dentro de las líneas más sensibles para el consumo cotidiano, los préstamos personales marcaron 13,2% y las tarjetas de crédito, 11%. En las entidades no bancarias y billeteras virtuales, la irregularidad se acercó al 25%, por encima del nivel informado para Mercado Pago.

El impacto de ese deterioro recayó sobre quienes viven de su ingreso mensual y debieron sostener gastos corrientes con financiamiento. La propia cobertura sobre el salto de la mora de Mercado Pago señaló que el deterioro de la capacidad de pago golpeó “con fuerza sobre las familias”.

La empresa sostuvo ante Infobae que su cartera estuvo concentrada en personas físicas y defendió que su tasa de irregularidad quedó “en línea con la de los principales bancos privados del país” y por debajo del promedio de las entidades no bancarias, al que ubicó en 23,9%. Pero incluso en esa comparación favorable, el 14,7% mostró un empeoramiento fuerte en apenas doce meses.

La suba de la mora no se explicó sólo por el crecimiento del crédito, sino también por el retroceso del ingreso real. En una nota publicada por trabajAR a fines de enero, se mostró que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación para ese mismo período alcanzó 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales en los trabajadores formales. El mismo artículo advirtió que más del 80% de la masa salarial relevada por el Indec quedó por debajo de la inflación acumulada hasta noviembre.

Ese cruce entre deuda más cara y salarios debilitados apareció también en las explicaciones de economistas y bancos. Según una cobertura de marzo sobre el endeudamiento de los hogares, la consultora LCG vinculó el aumento de la morosidad con tasas de interés activas elevadas y con un contexto de “salarios estancados o en retroceso”. En ese informe, la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales en febrero se ubicó en 69%. Otra nota de abril sobre la preocupación bancaria resumió el diagnóstico en dos motores: “tasas altas y salarios golpeados”.

La mora expresó que una parte creciente de los hogares no logró sostener el pago de cuotas de préstamos, tarjetas o financiamiento de consumo con ingresos corrientes. En un mercado laboral con salarios formales rezagados y con expansión del pluriempleo, el crédito funciona cada vez más como un recurso para cubrir gastos y no como una herramienta excepcional. En ese marco, que Mercado Pago —una de las puertas de entrada más extendidas al financiamiento digital— mostrara una irregularidad de 14,7% resultó menos una anomalía empresaria que un síntoma del ajuste sobre los ingresos laborales.

El Gobierno reconoció las dificultades, aunque buscó relativizarlas. En marzo, Luis Caputo afirmó que era fundamental “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. En esa misma intervención, sostuvo que las dificultades “se va[n] a ir acomodando” y que no era un asunto “problemático a futuro”. Hasta ahora, sin embargo, los datos públicos del Banco Central mostraron un empeoramiento persistente de la mora de los hogares y un traslado directo de esa presión a bancos, fintech y billeteras virtuales.

Lo que expuso Mercado Pago fue el límite del relato de normalización financiera cuando el salario no alcanza. La mora de su cartera casi se triplicó en un año, mientras la de los hogares se cuadruplicó y los salarios registrados volvieron a perder contra los precios.

Galperín, que durante más de dos décadas fue CEO de la compañía y hoy mantiene un rol de conducción estratégica, ha expresado en distintas ocasiones su respaldo a las ideas de liberalización económica impulsadas por el gobierno de La Libertad Avanza, e inclusive manifestó coincidencias con el enfoque confrontativo de Milei frente a sectores políticos y mediáticos. Su posición lo ubica entre los referentes del empresariado tecnológico que miran con buenos ojos el rumbo económico del Gobierno, en contraste con el vínculo más tenso que la compañía mantuvo en otros períodos con administraciones de perfil más intervencionista.

Pero los números de su propia billetera virtual sugieren que, más allá de las afinidades ideológicas, la economía real, la de la clase trabajadora, está bajo una presión cada vez más tenaz: si el crédito se usa para sobrevivir y no para consumir, ¿hasta dónde puede crecer el negocio?

JJD

La morosidad en los créditos de las familias alcanzó su nivel más alto en 18 años, según surge de los balances de cierre de 2025 presentados por las principales entidades bancarias privadas del país. El aumento de la falta de pago en préstamos personales y tarjetas reflejó un deterioro en la capacidad de los hogares para cumplir con sus obligaciones financieras, en un contexto marcado por la pérdida de ingresos reales y el encarecimiento del crédito.

Los documentos presentados por Grupo Supervielle, Banco Macro, BBVA y Grupo Galicia expusieron una misma tendencia: aumento de la morosidad, mayores previsiones por incobrabilidad y un impacto negativo sobre la rentabilidad del sector financiero. Ese escenario fue interpretado por las entidades como una señal de deterioro en la calidad de la cartera de préstamos a individuos.

El problema se concentró especialmente en los créditos destinados a los hogares, que durante 2025 enfrentaron una combinación de tasas de interés reales elevadas, caída de la actividad económica y pérdida del poder adquisitivo. Esa combinación redujo la capacidad de pago de los clientes a lo largo del año y se profundizó hacia el final del período.

Además, un estudio elaborado por el Banco Provincia sobre datos del Banco Central señaló que uno de cada cuatro argentinos enfrenta dificultades para cancelar sus créditos, una proporción que refleja la presión que las obligaciones financieras ejercen sobre los ingresos familiares.

El mismo informe registró un cambio significativo en el nivel de deuda de las familias. El financiamiento promedio pasó de representar el equivalente a 1,5 salarios hacia fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025, lo que implicó que los hogares incrementaran su endeudamiento en un monto equivalente a un salario adicional durante ese período.

Ese crecimiento de la deuda coincidió con un deterioro del poder adquisitivo de los ingresos laborales. Según datos del Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación para el mismo período alcanzó 27,9%, lo que implicó una caída real del salario superior a dos puntos porcentuales.

La pérdida de poder de compra obligó a muchos hogares a recurrir al crédito para sostener gastos corrientes, una dinámica que elevó el nivel de endeudamiento y, posteriormente, las dificultades para cumplir con los pagos. El sistema financiero comenzó a reflejar ese deterioro en los indicadores de riesgo crediticio, especialmente en los segmentos de préstamos personales y consumo.

Frente a ese escenario, algunas entidades financieras empezaron a aplicar estrategias de refinanciación para intentar contener el aumento de la morosidad. Según relevamientos del sector, los bancos comenzaron a analizar los casos de clientes con atrasos de manera individual y a ofrecer condiciones de pago más flexibles en determinadas situaciones para evitar que las deudas se vuelvan incobrables.

Las entidades sostuvieron en sus informes que el deterioro observado durante 2025 podría moderarse en los próximos meses si mejora la situación macroeconómica y la capacidad de pago de los clientes. Sin embargo, los balances reflejaron que el impacto del aumento de la morosidad ya se trasladó a los resultados financieros de las compañías y generó preocupación en los mercados.

La reacción de los inversores no se hizo esperar. Las acciones de bancos argentinos que cotizan en Wall Street registraron caídas luego de la difusión de los balances y de las advertencias sobre el deterioro en la calidad del crédito. Para millones de trabajadores el crédito deja de ser una herramienta de financiamiento y se transforma en una deuda difícil de sostener.

JJD