En un final polémico, y después de más de 15 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó la vuelta a comisiones del proyecto sobre Endeudamiento Familiar, luego de que quedara en evidencia que el oficialismo no tenía los votos para sancionar su propia iniciativa.

A las 3.30 de la madrugada, a raíz de una moción formulada por la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, se sometió a votación la propuesta de regreso sin fecha alguna a las comisiones comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, y el resultado fue de 121 votos afirmativos, 117 rechazos y cinco abstenciones.

A favor votaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, un sector de Argentina Federal, Producción y Trabajo, y en contra votaron Unión por la Patria, una parte de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, entre otros.

Jugó en contra de la oposición las abstenciones de los cinco diputados cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora, al igual que había sucedido unas hgoras antes con la votación de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Unión por la Patria intentó evitar este desenlace con la finalidad de que saliera rechazado el dictamen de mayoría del oficialismo ---con un enfoque enmarcado en la educación financiera- y se pasara a votar el dictamen de minoría, que suponía un plan de refinanciación de deudas para morosos, límites a las tasas de interés y condonación de punitorios. 

“Hoy creemos que hay que votar, que quede claro que hay una mayoría clara que no quiere lo que propone el dictamen de mayoría y por lo tanto se abra naturalmente u ntiempo de espacio de búsqueda de consensos alrededor de una propuesta alternativa donde hay otros dictámenes, entre ellos el nuestro”, planteó el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

En medio de gritos, diputados opositores cuestionaron que la moción de Giudici no incluyera ningún tipo de fecha, lo que en los hechos podría significar que la vuelta a comisión no se concrete nunca si no hubiera voluntad del oficialismo.

“A los colegas que están dispuestos a que esto vuelva a comisión sin ningún tipo de fecha cuando ustedes cerraron las comisiones les pido dar una respuesta concreta con fecha. Son unos embusteros”, protestó sin éxito el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. No fue el único. La sesión terminó en un verdadero carnaval de críticas.

Pasadas las 12.30, hubo quórum este miércoles en la sesión especial de la Cámara de Diputados donde se tratará un repertorio extenso de proyectos, que demandará muchas horas de debate hasta bien entrada la madrugada del jueves. 

La convocatoria era a las 12 del mediodía y reúne en el recinto a un oficialismo que va confiado a defender sus dictámenes de mayoría, y una oposición agazapada buscando la oportunidad de dar el batacazo en alguno de los temas.

Después de que se cayera por falta de quórum la sesión opositora del pasado jueves, las cartas quedaron del lado del oficialismo, que jugará con la cancha inclinada a su favor e intentará imponer sus propios proyectos sobre Discapacidad y endeudamiento familiar.

Esos temas también habían estado en la fallida sesión de la semana pasada y fueron incorporados por el oficialismo en el temario de este miércoles como señuelo para seducir a dialoguistas para el quórum.

Qué se tratará

El primer tema del orden del día, y con el que se iniciará el debate en el recinto, es el proyecto venido del Senado sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de expropiaciones y desalojos, al tiempo que ratifica la vigencia de la Ley de Tierras del kirchnerismo, algo impensable meses atrás en un Gobierno que se jactaba de querer erradicar todo tipo de regulaciones a la extranjerización.

Además, aparece un proyecto transversal sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo (como el fentanilo, cuyo brote de ampollas contaminadas provocó la última gran tragedia sanitaria), que fuera trabajado por Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz y la ex legisladora Mónica Fein, y otra iniciativa para endurecer las penas contra el vandalismo rural. 

A La Libertad Avanza le interesa imponer sus propios dictámenes para bloquear los proyectos de la oposición, que implican una prorroga de la emergencia de la Discapacidad (que obliga a jueces a resolver con urgencia solicitudes de pensión y compensaciones a prestadores) y un plan de refinanciación de deudas a morosos con quita de punitorios y topes a las tasas de interés.

En el caso del proyecto sobre Discapacidad, el oficialismo no debería pasar apuros ya que tiene cerrado el dictamen a partir de concesiones a pedido de Argentina Federal y el MID.

El proyecto ciertatamente incorpora todo el esquema de beneficios incorporados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una ley de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.

La oposición se aferra a la prórroga de la emergencia (por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2027) porque por su propia naturaleza genera mayores condiciones de exigibilidad a jueces para que resuelvan de manera perentoria las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y las compensaciones no pagadas a los prestadores.

Además sostiene que el proyecto del oficialismo mantiene separadas la pensión por invalidez laboral y la pensión por discapacidad, y endurece los requisitos. 

También argumentan que la ley propuesta por La Libertad Avanza y sus aliados delega en la reglamentación la evaluación para acceder a la pensión y la compatibilidad con el trabajo, y permite suspender pensiones sin debido proceso, por simple cruce de datos. 

Tampoco garantiza el financiamiento, ni asegura el pago de la deuda con los prestadores ni el atraso arancelario del 30,67%. 

Desde el conglomerado opositor se jactan de contar con el apoyo para prorrogar la emergencia del Consejo Federal de la Discapacidad (COFEDIS), de todas las organizaciones de y para personas con discapacidad, del Foro Permanente Discapacidad, de las asociaciones de prestadores y transportistas, y de la Pastoral Social de la Conferencia Espiscopal.

“Lo de ellos es muy regresivo, por eso las organizaciones están a favor de nuestro pedido”, señaló la diputada nacional de Unión por la Patria consultada por la Agencia NA.

En el caso del proyecto sobre morosidad familiar, el escenario está mucho más abierto y casi cualquier cosa puede ocurrir en el recinto.

El dictamen de mayoría, firmado por LLA, el PRO y la UCR, hace hincapié en brindar información detallada sobre créditos al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no interviene ni con tasas máximas ni con planes de refinanciación para deudores críticos.

En cambio, el proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominado “ley de regularización y alivio financiero”, declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas, al cual pueden adherir personas que tengan una mora de más de 60 días y por montos de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2 (actualmente 3.265.010 pesos). 

En tanto, se fija como cuota máxima un monto que no supere el 30% de los ingresos de las personas.

No hay victoria de Flávio Bolsonaro en primera vuelta que haya bastado para calmar los ánimos de los acreedores de la Argentina. El riesgo país, indicador del peligro de impago de la deuda pública en dólares, había subido de los 400 puntos básicos que festejaba el gobierno de Javier Milei en julio pasado hasta los 655 a principios de octubre, antes de la victoria de la ultraderecha en Brasil. Después bajó a menos de 600 por el triunfo del Partido Liberal, que ilusionó a los inversores con un efecto contagio en la Argentina en los comicios de 2027, pero la primavera duró poco y el riesgo país regresó el viernes último a los 648 puntos básicos. Problemas de un país endeudado, con ciudadanos y empresas morosas.

El analista financiero Marcelo Lipovetzky atribuye el nuevo ascenso del indicador de la deuda pública a factores internos y externos. “Las tasas de interés de EE.UU. y Europa vienen subiendo, con fuertes déficits fiscales y sin esperanza de corrección, más allá de la parte intrínseca de la Argentina, con alguna declaración de algún político que habla de revisar todos los RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) en caso de que gane la oposición”, se refiere Lipovetzky a la opinión del diputado Máximo Kirchner de que debe auditarse cada uno de los proyectos aprobados del RIGI, de modo de controlar que hayan sido autorizados cumpliendo la normativa y sin posteriores traspasos de acciones para generar sólo un negocio financiero.

Pero algunos analistas también atribuyen las dudas sobre el pago del pasivo a los resultados de la política económica de Milei. “El riesgo país volvió a subir, también reflejando las dudas que surgen a partir del estancamiento económico y el resultado electoral del año que viene”, sostiene LCG, la consultora que dirige Javier Okseniuk. Es decir, hay un temor de los bonistas de que venza la oposición, pero también una preocupación porque el crecimiento cero conlleva caída de la recaudación impositiva, impulsa al Gobierno a meter más motosierra al gasto público y siembra incertidumbre sobre el pago de las obligaciones.

La empresa de información crediticia Fidelitas agrega que existe desconfianza sobre la capacidad de refinanciación de los vencimientos de deuda, pese a las promesas del ministro de Economía, Luis Caputo, y sobre la acumulación de reservas del Banco Central. Por eso habla de “incertidumbre financiera de cara a 2027”: “La demanda privada de divisas para dolarización de activos y pago de dividendos ronda los US$ 2.500 millones mensuales, mientras que los vencimientos de deuda soberana alcanzan unos US$ 25.000 millones entre capital e intereses durante ese año. Los rendimientos de los bonos con vencimiento en 2028, superiores al 20%, y un riesgo país por encima de los 550 puntos reflejan las dudas sobre la capacidad de refinanciación y la disponibilidad de reservas”.

Fidelitas también advierte en el mismo informe sobre el endeudamiento de las compañías: “El deterioro del crédito empresarial continúa siendo una de las principales señales de alerta de la economía argentina. En septiembre, otras 1.937 empresas ingresaron en mora, un incremento del 3,5% respecto de agosto. En paralelo, la cantidad de empresas con una situación diferente de la normal en el sistema bancario llegó a 58.982, un crecimiento del 53% en los últimos 12 meses”.

El Banco Central reconoció este viernes que crece la morosidad de las empresas con los bancos, pero rescató que por fin baja la de las familias: “El ratio de irregularidad del crédito al sector privado permaneció sin cambios significativos durante los últimos cuatro meses, situándose en 7,75% en agosto. El indicador de mora de las financiaciones a las familias se redujo ligeramente en el mes, hasta 12,81%. El indicador de morosidad del crédito a las empresas se ubicó en 3,80%, incrementándose levemente respecto a julio”.

El problema es que la mora también es con las billeteras virtuales o fintech y las casas de electrodomésticos, no sólo con los bancos. Un reciente informe de la Universidad Austral y la consultora Eco Go, de Marina Dal Poggetto, alertó esta semana que “La mora no encuentra techo: ya alcanza al 27% de los deudores argentinos, aunque aparecen señales de desaceleración”. A su vez, el monto en situación irregular de los créditos otorgados por entidades no bancarias alcanza al 31,7%.

En este contexto de endeudamiento de las familias a partir de créditos a tasas exorbitantes, y en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, cinco organizaciones sociales dedicadas a las capacitaciones, las tutorías, el microfinanciamiento y las redes de apoyo de emprendedores y trabajadores independientes abogaron por educación financiera y financiamiento ético. El comunicado fue firmado por De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario, Mujeres 2000, Nuestras Huellas, Fundación Mediapila e Impulso Microfinanzas.

“No existen respuestas mágicas ni unilaterales, la educación financiera y el financiamiento ético emergen como herramientas fundamentales y estratégicas para brindar capacidades críticas, proteger a las familias frente a la usura o el sobreendeudamiento, y permitirles tomar decisiones informadas para resguardar su economía y planificar su futuro con dignidad”, proclamaron las cinco entidades.

“La evidencia relevada en el territorio demuestra el valor de este enfoque”, sostienen y aportan datos de encuestas propias. “De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario reveló en su última encuesta que el 76,3% de sus emprendedoras sufrió un impacto negativo en su alimentación durante el último año, debiendo achicar porciones, alterar frecuencias o cambiar de marcas. Frente a este contexto de restricción, las herramientas de resiliencia muestran resultados concretos: los datos de Nuestras Huellas destacan que el 84,1% de los emprendimientos que recibieron acompañamiento en educación financiera y microcréditos lograron incrementar sensiblemente sus ingresos, mientras que un 95,1% generó capacidad de ahorro por primera vez.”

“En la misma línea, la experiencia de Mujeres 2000 refleja que el 74% de las participantes comenzó a registrar sus gastos, el 68% a elaborar un presupuesto mensual y el 40% logró ahorrar gracias al programa”, continuaron enumerando resultados de sus acciones. “Entre quienes accedieron a microcréditos, el 70% incrementó sus ingresos, al tiempo que el 77% fortaleció su autoestima y confianza, y un 44% de las emprendedoras logró independizarse económicamente de su pareja o familia, reafirmando que no hay salida sostenible de la pobreza sin autonomía económica. Asimismo, en Fundación Mediapila el 90% de las emprendedoras que recibieron talleres de educación financiera pudieron aprovechar estratégicamente la oportunidad de un crédito. El 76,9% de los participantes en De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario remarcó que la combinación de educación financiera y acompañamiento fue muy significativa para mejorar la gestión de sus emprendimientos.”

“Las organizaciones advierten que el acceso al financiamiento, sin información clara y transparente sobre los costos y las condiciones de devolución, puede generar situaciones de sobreendeudamiento”, alertaron. “Por eso, destacan la importancia de la educación financiera como herramienta fundamental para tomar decisiones informadas, identificar posibles estafas y prevenir prácticas abusivas. A las entidades financieras y empresas de crédito les solicitan asuman un rol activo garantizando información clara, transparente y comprensible que prevenga el sobreendeudamiento, recordando que la inclusión financiera debe estar respaldada por la capacidad real de la población para generar ingresos y fortalecer su economía de manera responsable.”

“La licuación de ingresos y la destrucción de empleo, transformó al endeudamiento de las familias en un protagonista central de la coyuntura que atraviesa nuestro país”, alertó el Informe sobre Endeudamiento de los hogares que elaboró el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que lidera el economista Claudio Lozano. “La licuación de ingresos y la destrucción de empleo que ha caracterizado los años de la gestión Milei transformó al endeudamiento de las familias en un protagonista central de la coyuntura que atraviesa nuestro país. En un primer momento, el endeudamiento fue uno de los mecanismos centrales para sostener el ingreso de los hogares y permitirles mantener su nivel de consumo, para luego rápidamente transformarse en un círculo vicioso de refinanciación, de acumulación de deuda y de sobrecarga de los hogares endeudados”, alertó Lozano.

El reporte identifica diversas tendencias:

AR/MG

Las deudas en las familias volvieron a cruzar un máximo histórico. Según un nuevo informe del Banco Central la mora bancaria durante julio fue del 12,9%, la peor cifra en 20 años.

El indicador de irregularidad del crédito a nivel sistémico se ubicó en 7,7%, según el último Informe sobre Bancos del Banco Central. El deterioro se explica por una caída en el volumen total de préstamos, mientras la morosidad de las empresas se mantuvo estable en 3,6%.

Estos números muestran que el deterioro de la cartera de los bancos continúa y ratifican, a la vez, lo que las consultaras privada venían señalando. Según un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), el  92,3% de los hogares argentinos registra algún tipo de deuda, mientras que casi nueve de cada diez obligaciones relevadas se encuentran impagas o en situación de incumplimiento.

El BCRA publicó su Informe sobre Bancos correspondiente a julio de 2026, en el que reportó que el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel sistémico, levemente por encima del registro de junio, es decir un valor similar al pico de mayo.

Según el organismo, el deterioro mensual del indicador —tanto a nivel agregado como en el segmento de las familias— estuvo explicado por una disminución del saldo real del financiamiento total otorgado, más que por un salto en los créditos impagos, cuyo crecimiento real continuó desacelerándose.

En ese contexto, el crédito al sector privado en pesos cayó 0,9% real en julio, con una baja del 2,3% en los préstamos destinados al consumo, mientras que los créditos con garantía real crecieron 0,5% y las líneas comerciales no mostraron cambios significativos. El saldo real de crédito total al sector privado, sumando pesos y moneda extranjera, se redujo 1% en el mes, aunque acumuló un alza de 4,7% en la comparación interanual.

El pasado 10 de septiembre, el Fondo Monetario Internacional reconoció este jueves que está monitoreando el avance del endeudamiento de las familias en Argentina a pesar de la insistencia del Gobierno que lo plantea como un problema entre privados. 

 “Por supuesto, estamos monitoreando el reciente aumento de las tasas de morosidad de los hogares”, dijo la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, durante una rueda de prensa en la sede del organismo, en Washington.. Sin embargo, señaló que no consideran que esto represente “un riesgo significativo para la estabilidad financiera” en Argentina.

El informe también midió la probabilidad de default estimada (PDE), un indicador complementario al de mora, que se redujo 0,2 puntos porcentuales en julio, hasta 2,4%. Al desagregarlo, la PDE de las familias bajó a 3,9%, mientras que la de las empresas se mantuvo casi sin cambios en 1,1%.

Pese al aumento de la morosidad, el BCRA remarcó que el sistema financiero conservó “elevados niveles de cobertura” frente al riesgo de crédito: las previsiones totales representaron 87,6% de la cartera irregular y 6,7% del crédito total al sector privado. Al considerar en conjunto la mora, las previsiones constituidas y el capital disponible de los bancos, el saldo de crédito irregular neto de previsiones se ubicó en 2,1% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) a nivel agregado, un indicador que, según el organismo, refleja la capacidad del sistema para afrontar potenciales pérdidas crediticias.

Distintas organizaciones convocaron a una movilización este miércoles frente al Congreso, en coincidencia con la sesión especial en la Cámara de Diputados que buscará avanzar con los proyectos sobre la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y el endeudamiento de las familias.

El Foro Permanente por la Discapacidad, que agrupa a organizaciones como FAdeA, FETAP, APRIDIS y Fundación Orione, entre otras entidades del sector, llamó a movilizarse bajo la consigna “La emergencia no terminó”. El reclamo central es la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

En paralelo, otro grupo de organizaciones convocó bajo el lema “Solución ya para las familias endeudadas - ¡Que sea ley!”. La actividad prevé asesorías, radio abierta y la presentación de un mapa de la deuda de las familias.

Ambas convocatorias se dan mientras en Diputados avanza la sesión especial que buscará emplazar a las comisiones para fijar plazos de dictamen sobre los dos proyectos, después de que La Libertad Avanza decidiera dar quórum este miércoles.

En el recinto, la oposición buscará aprobar el emplazamiento a las comisiones de Finanzas, Defensa del Consumidor y Presupuesto y Hacienda para que fijen un plazo de firma de dictamen sobre el paquete de proyectos vinculados al endeudamiento de las familias. Se trata de más de cincuenta iniciativas que proponen distintos mecanismos —desde la refinanciación de deudas hasta topes a tasas y comisiones de tarjetas de crédito y préstamos personales— con el objetivo de frenar el nivel de mora que hoy afecta a millones de argentinos con créditos formales.

El segundo eje de la sesión es la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que según el reclamo de las organizaciones convocantes debería extenderse hasta el 31 de diciembre de 2027. El proyecto busca sostener las prestaciones, aranceles y el financiamiento del sistema de salud para personas con discapacidad, en un contexto en el que las entidades del sector vienen advirtiendo por la falta de actualización de los montos y por atrasos en los pagos a prestadores.

Eufórico ante el impacto político generado tras la cadena nacional por Malvinas, el Gobierno pretende estirar el efecto lo más posible. O al menos hasta este miércoles, que es cuando la oposición buscará sesionar para tratar unos 50 proyectos vinculados al endeudamiento de las familias. Mientras baraja la posibilidad de presentar el proyecto sobre “soberanía” ese mismo día, de modo de eclipsar la avanzada opositora, el Gobierno comenzó a operar sobre los gobernadores de Santa Fe, Salta y Tucumán para voltear la sesión por endeudamiento.

“No creo que aprueben la ley, y si la aprueban no van a poder sostener nunca un veto”, se desentendió un operador libertario mientras, en la Cámara de Diputados, los jefes de la oposición habían comenzado a sondear las voluntades para el quórum de la sesión de mañana. Frente a la problemática del endeudamiento familiar, los voceros de La Libertad Avanza repiten la línea trazada por Javier Milei: es un problema entre privados sobre el que el Estado sólo puede intervenir de manera indirecta, dándole “credibilidad” al modelo económico y apostando a la baja de la inflación.

En conversaciones con aliados, sin embargo, funcionarios del Gobierno comenzaron a prometer medidas. Si no para los endeudados, que superan los 20,9 millones y ya arrastran casi 6 millones que no están pudiendo pagar las deudas, al menos para atender la emergencia en discapacidad. La ley que la oposición le impuso a Milei el año pasado, superando el veto presidencial e instalando la actualizaciones de los nomencladores de las prestaciones, vence a fin de año, y la oposición está buscando prorrogarla un año más.

En las provincias advierten que, cuando la Nación no se hace cargo, los reclamos políticos recaen sobre los gobiernos locales, que arrastran desde hace dos años las consecuencias de la caída de la recaudación. Un reclamo que apunta fundamentalmente a la presión sobre los hospitales y clínicas provinciales, pero también sobre al incremento de la morosidad: muchos de los gobernadores que hoy se resisten a las iniciativas opositoras para reestructurar las deudas vienen impulsando, hace algunas semanas, respuestas locales a los problemas de morosidad familiar.

Es el caso, por ejemplo, del mendocino Alfredo Cornejo, que presentó ayer una ley de alivio financiero en la Legislatura provincial. Pero también del chubutense Nacho Torres o del cordobés Martín Llaryora.

En la oposición observan con alarma los movimientos de los gobernadores que, hace dos semanas, comprometieron su apoyo en la última sesión de Diputados. Es el caso de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes acompañaron la avanzada opositora de hace un par de semanas, durante la sesión que aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central, y que ahora están en duda. “El Gobierno está presionando”, advierten en las filas opositoras.

En el oficialismo se mueven con cautela. Puertas adentro, Martín Menem y Diego Santilli dialogan con los aliados, buscando desactivar una sesión que echaría por tierra la centralidad conseguida tras la cadena nacional de Milei por la causa Malvinas. Para afuera, en cambio, se muestran confiados: aunque la oposición consiga el número para la sesión del miércoles, solo logrará avanzar con el emplazamiento de las comisiones. De ahí a la aprobación de las leyes hay un largo trecho y, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, el Gobierno tiene el número para sostener cualquier veto presidencial.

Un problema, diferentes universos

La oposición enfrenta dos desafíos. Por un lado, evitar el boicot del Gobierno y convencer a los gobernadores aliados a Milei de alinearse detrás de la nueva bandera opositora: la de la crisis del endeudamiento familiar. Pero más allá de las negociaciones políticas y de un juego de mayorías que amenaza con chocarse con un veto infranqueable, la oposición primero necesita definir prioridades. El diagnóstico es el mismo –la caída de los ingresos y la eliminación de los controles en la asignación de créditos duplicaron la mora en dos años–, pero las propuestas de alivio financiero varían según el universo al que se quiere beneficiar.

En total, hay unos 50 proyectos de ley presentados por la oposición. Algunos dialogan con los 20 millones de endeudados y plantean marcos regulatorios que pongan límites a las prácticas abusivas y a las tasas liberadas. Otros apuntan específicamente al universo de 6 millones de morosos, fijando regímenes de reestructuración de las deudas y la eliminación de intereses punitorios. Otros, mientras tanto, buscan mecanismos de intermediación con los acreedores informales, que ya no son ni bancos ni fintech, sino prestamistas de última instancia.

La mayoría de las iniciativas establecen diferentes mecanismos de reestructuración de las deudas. Algunos, como el de la peronista Kelly Olmos, proponen que quienes tengan deudas de consumo de hasta tres Canastas Básicas Totales –más de $1,5 millones– podrían ingresar obligatoriamente a un régimen de regularización que establece condonaciones del 100% de los intereses punitorios, planes de pago de hasta 36 cuotas y la suspensión de los embargos hasta que se cumpla el plan.

Otros, como uno presentado por Natalia Zaracho e Itai Hagman (Patria Grande), proponen crear un fondo que compre y reorganice las deudas de personas con ingresos que no superen los seis salarios mínimos ($2,3 millones) ni tengan un vehículo o propiedad a su nombre. La iniciativa establece que se fijará un plan de pagos con cuotas que no podrá superar el 30% de los ingresos de la persona adeudada.

Otros proyectos apuntan fundamentalmente a endurecer las reglas para bancos, tarjetas y fintech. En el caso de las billeteras virtuales y fintech, que ofrecieron créditos a tasas que duplicaron los créditos bancarios, los proyectos apuntan a fijar límites y regulaciones. En el caso del proyecto del radical Pablo Juliano, se exigen evaluaciones previas sobre la capacidad real de pago del usuario y obliga a las aplicaciones a precisar de manera clara cuáles serán las comisiones y el costo financiero total del préstamo otorgado.

La mayoría de las iniciativas coinciden, además, en regular las prácticas de cobranza para impedir el hostigamiento abusivo a los deudores.

En un mar de propuestas, que afecta a universos distintos, la oposición tendrá por delante el desafío de presentar una propuesta unificada que no genere costo fiscal. El objetivo es evitar que Milei pueda acusarlos de “degenerados fiscales” y dificultarle, así, la posibilidad de justificar un eventual veto presidencial.

MCM

La oposición desafía al Gobierno para intalar en la agenda la problemática de morosidad familiar y la emegencia en discapacidad. Este lunes se confirmó en la Cámara de Diputados la sesión del próximo miércoles para abrir el recinto y tratar una batería de proyectos opositores que chocan con la intención del Gobierno de encajonar esos debates en las comisiones especializadas.

La sesión quedó fijada para el 9 de septiembre a las 12. El temario oficial reúne alrededor de cincuenta expedientes. En el primer lugar figura el proyecto que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Y el resto de la nómina está compuesto casi en su totalidad por iniciativas vinculadas al sobreendeudamiento de las familias: modificaciones a la Ley de Tarjetas de Crédito, la inembargabilidad de la cuenta sueldo, límites a comisiones e intereses, regímenes de auxilio para deudores de créditos UVA y de servicios públicos, y al menos media docena de proyectos que declaran distintas variantes de “emergencia crediticia” o crean programas de desendeudamiento con nombres como RED, REDES o RESOP.

La convocatoria formaliza lo que la oposición había anticipado el 26 de agosto, cuando un conjunto de bloques —Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Argentina Federal, Elijo Catamarca y Coherencia— intentó dos mociones de apartamiento del reglamento para incorporar ambos temas al temario de esa sesión. La maniobra necesitaba los tres cuartos de los presentes, un umbral inalcanzable frente al tercio que reúne La Libertad Avanza, pero los 133 votos obtenidos superaron ampliamente el piso de 129 requerido para convocar una sesión especial por sí sola.

Ante el avance opositor, el oficialismo buscó marcar los tiempos por otra vía. La Comisión de Finanzas, presidida por el libertario Santiago Pauli, convocó reuniones informativas con especialistas y funcionarios para el 8 y el 16 de septiembre, fijó el debate en comisión para el 23 y estableció el 30 como fecha límite para emitir dictamen sobre desendeudamiento familiar. La oposición rechazó ese cronograma: la diputada massista Cecilia Moreau lo calificó de “una maniobra para ganar tiempo e impedir que esta Cámara legisle” y advirtió que, hacia fin de mes, la agenda parlamentaria quedará absorbida por el debate del Presupuesto 2027. El presidente de la Cámara, Martín Menem, había justificado la resistencia oficialista con el argumento de que “cada vez que el Estado intervino en algo las cosas terminaron peor”, en línea con la posición del presidente Javier Milei, que calificó reiteradamente el sobreendeudamiento de los hogares como “un problema entre privados” y llegó a atribuir buena parte de la suba de la mora al consumo de televisores durante el Mundial.

El trasfondo de la disputa son los datos de endeudamiento que la propia oposición cita para justificar la urgencia. Alrededor de 20 millones de personas tienen algún tipo de deuda en el sistema financiero o en billeteras virtuales, y cerca de 6 millones están en situación de mora grave. Un informe de junio de 2026 de CEPA, elaborado con datos del BCRA y el Cendeu, había ubicado la mora bancaria familiar en 12,8% y la de billeteras virtuales en 30,1%, por encima del pico de la pandemia (27,1% en mayo de 2020), con una carga mensual de deuda equivalente al 24,1% de la masa salarial; entre los jóvenes de 18 a 25 años, la mora asociada a billeteras digitales había saltado de 24,7% a 40,8% en el último año.

Con cerca de cincuenta expedientes distribuidos entre distintas comisiones —Legislación General, Finanzas, Defensa del Consumidor, Presupuesto y Discapacidad, entre otras—, el propio frente opositor reconoce que ordenar el tratamiento de todos los proyectos en una sola sesión es un desafío logístico. Aun así, la confirmación oficial de la fecha deja planteado para el 9 de septiembre un test desafiante para la oposición, en momentos en que el Gobierno insiste en que la solución al sobreendeudamiento pasa por la recuperación económica y no por una nueva ley, mientras la oposición sostiene que la emergencia ya está instalada en los hogares argentinos.

En paralelo, el Gobierno también se movió en el frente de discapacidad. La semana pasada, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches —quien había asumido como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, tras la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios—, expuso ante la Comisión de Discapacidad de Diputados junto a los subsecretarios Esteban Giler y Gianfranco Scigliano, en su primera exposición pública con el objetivo declarado de frenar la prórroga. La ley 27.793 había sido aprobada en julio de 2025 con el respaldo de distintos bloques opositores, vetada por Milei con el argumento de que era fiscalmente incompatible, y finalmente convertida en norma cuando el Congreso reunió los dos tercios necesarios en ambas cámaras para insistir sobre el veto.

No todo es tan lineal como la mentalidad polarizada intenta simplificar, ni en la Argentina actual ni en el resto del mundo. En el foro internacional antiwoke y libertario titulado Vientos de Libertad que este martes y miércoles se celebró en el hotel Sheraton de Retiro, y que cerró Javier Milei, los principales auspiciantes fueron un inversor de Sillicon Valley, Travis May; Chris Rufer, el dueño de un gigante procesador de tomates en California, The Morning Star; la Fundación Reynolds, que depende de un fondo de inversión norteamericano; Gerry Ohrstrom, un inversor de Nueva York con negocios en microscopía; y el colectivo internacional Gays for Capitalism and Freedom (GCF, por el capitalismo y la libertad). En el evento estaba anunciada la presencia de Peter Thiel, pero desapareció del cartel después de que un grupo de manifestantes vestidos de Gandalf protestaran hace dos semanas frente a la mansión de Barrio Parque que el dueño de la empresa de datos Palantir y su esposo adquirieron para instalarse, al menos un tiempo, con sus tres hijos.

En el foro no aclararon si Thiel está detrás de GCF pero adjudicaron el faltazo a sus negocios, que van desde la persecución de inmigrantes con la policía norteamericana ICE hasta el genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Thiel no se va a amedrentar por unos disfrazados ni por los ecologistas de Basta de Falsas Soluciones que fueron el pasado sábado a su casona para protestar contra el Súper Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

Igual, la iniciativa está ahora trabada: piden más cambios al Súper RIGI los senadores aliados del Gobierno como Carlos “Camau” Espínola, el medallista náutico que en política bornea tanto como el viento. Quieren que los proveedores nacionales puedan ganar las licitaciones de los centros de datos y demás inversiones aunque pidan hasta un 15% más de presupuesto. Fue un reclamo adicional después de que La Libertad Avanza aceptara que el 20% de compre local sea de bienes -no un global de manufacturas y servicios, como sí pasó con el RIGI, para perjuicio de la industria criolla- y que además concediera que los grandes proyectos se aseguren abastecimiento propio de energía, de modo tal de no afectar al resto de la sociedad. La preocupación por el suministro de agua, te la debo.

El foro organizado por la Fundación Libertad y Progreso, el Instituto Archbridge y el portal Reason también recibió el financiamiento de otros filántropos del libre mercado internacional: Linda y Bryant Edwards, Henry y Jean Haller, Dave Lindbergh y Suzana Marusic, Norine Rink, Mark y Johari Wels, Harry y Vondell White, Debbi Gibbs, Nancey Trevanian Tsai, Greg Hamer y Kerry Walsh. Además, lo patrocinaron empresas: el guatemalteco BI Bank; IRSA, la desarrolladora inmobiliaria de Eduardo Elsztain; Roberts Investment Group (RIG), de los antiguos dueños del Banco Roberts, vendido en los 90 al HSBC, que a su vez le vendió su negocio argentino al Galicia al comienzo del gobierno de Milei; el agrícola Ceibos Group, de Ciro Echesortu; la fabricante de cocinas, calefactores, termotanques y calefones Longvie, de la familia Zinzer; Hilton Global Investigations, consultora estadounidense; iFlow Integrated Logistics, de capital argentino; la chilena Energyasset; Colonia Express, la empresas de los Dupetit que une la capital argentina con Colonia del Sacramento; la proveedores de paneles solares Sustentator, de Daniel Nofal; OneClick, distribuidor local de Apple; el grupo IHSA Emergencias y el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento. Otro Benegas Lynch, el bodeguero Federico, y Luis Jáuregui aportaron a título personal. Todo sea por defender sus ideas sobre inversiones, impuestos o educación.

A diferencia del festejo del Día de la Industria, al que no asistió ningún ministro de Milei, a los Vientos de Cambio fueron el de Desregulación, Federico Sturzenegger, que se vanaglorió de miles de reformas; el de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, que abogó por más apertura comercial y defendió que se siga intercambiando con China, por más alineamiento que haya con EE.UU.; y el de Economía, Luis Caputo, que admitió lo que el presidente negó hace dos semanas, que la economía marche a dos velocidades. Es lo que le sucede a otros expositores del foro como Martín Brandi, presidente del grupo PCR, que crece con el petróleo y las energía renovables pero sufre por su industria cementera.

“Me agarra una ulcera cuando escucho a Milei, Toto y Sturze”, confesaba un empresario libertario que asistió al encuentro. “Las reformas que hizo Sturze no son importantes, la única importante es el equilibrio fiscal que lograron Milei y Toto, pero tampoco es creíble su sostenibilidad en el tiempo. Se evaporará si vuelve el populismo. Hoy estamos resignados a Milei porque enfrente está (Axel) Kicillof, porque no hay alternativa. Pero eso que dijo Milei en el foro de que crecimos 10% en los primeros dos años de su gobierno y que vamos a crecer 17% en los cuatro años es Wonderland. De 2023 a hoy creciste sólo 4%, muy poco. Y creciste eso sólo por minería, Vaca Muerta y porque en 2023 tuviste la seca del campo, pero el resto te da para abajo. Argentina debería crecer mucho más de lo que crece, pero está estancada y va a seguir así cuatro años más. El riesgo político está en lo económico, en que haya una corrida cambiaria. Falta mucha inversión: el RIGI es una cargada, y es lo menos liberal que puede haber porque el Estado eligió cuáles son los sectores ganadores”, lapida el mismo hombre de negocios desilusionado en el Sheraton.

Me agarra una ulcera cuando escucho a Milei, Toto y Sturze

El negocio con los morosos

Pero no sólo los sectores extractivos hacen buenos negocios. También los cobradores de morosos. Ante los préstamos impagos, problema tanto para las entidades financieras como para los endeudados, las primeras terminan vendiéndoles las carteras a empresas e individuos especializados en perseguir a los segundos hasta hacerlos abonar. En el balance de Naranja X, una de las firmas con más individuos morosos, un millón --sólo superada por los 1,1 millones de Mercado Libre-, figuran los nombres a los que le cedió parte de su cartera de créditos en situación irregular.

Comafi Fiduciario Financiero y la sociedad de bolsa Cohen son los más conocidos, aunque esta última no figura a título personal sino en su calidad de fiduciario del fideicomiso privado HR&C Recupero. Recupero de Activos también es grande en este nicho. También aparecen Bia, Creditia, Exi, Sociedad de Crédito, Axxia Lending, HR&C Recupero, TFIN, Latin American Trust, Rosario Administradora Sociedad Financiera, Compañía Fiduciaria Americana (CFA) y cobradores a título personal como Santiago Reyna Álvarez, Alfredo Pueyrredón, Raúl Vera Ocampo, Guillermo Clark, Alejandro Waldovino, María de los Ángeles Real, Lorena Mayor y Ezequiel Castro Nalu.

El diputado peronista Rodolfo Tailhade comentó en la red social X que una de estas cobradoras, Exi, tiene como dueño a Rubén Ward, el mismo que posee la empresa ATX, que en diciembre pasado había ganado una licitación del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para contratar un servicio de envío de 36 millones de mensajes SMS, 600 millones de correos electrónicos y 12 millones de llamada de voz en 2026. “¿Recuerdan este curro de Adorni para el envío masivo de mensajes ($3.650 millones para mandar no sabemos qué mensajes a no sabemos qué base de contactos)? Bueno, parece que la empresa que ganó la licitación está usando la base de datos que le dio el Estado para apretar a las familias endeudadas. Ya les conté que el dueño de ATX es también dueño de Exi Group, una financiera de esas que compran deudas para extorsionar. En enero ATX empezó a mandar los 650 millones de mails, SMS y llamadas de voz contratados por Adorni… y en febrero Exi Group compró $3.145 millones en deudas nominales de Naranja X (pagaron $134 millones). O sea, los mismos que te mandan mensajitos para contarte lo maravilloso que es el gobierno de Milei te mandan mensajitos para amenazarte por las deudas que no podés pagar por lo horrible que es el gobierno de Milei. Todo con la base de datos de vaya uno a saber qué organismo estatal”, denunció Tailhade.

Pero no sólo las personas están asfixiadas por deudas. También las empresas. Así lo expuso este miércoles el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, que por fin se decidió adoptar un discurso más duro con un gobierno que descalifica a su sector. “La combinación de tasas extraordinariamente altas y caída de actividad dejó a muchas pymes con deudas fiscales y financieras difíciles de regularizar”, advirtió Rappallini. También reclamó “un puente que permita llegar desde la economía distorsionada que estamos dejando atrás hasta la economía competitiva que queremos construir, preservando empresas, empleo y capacidades productivas durante la transición”. En la campaña presidencial de 2023, Milei decía que iba a haber un “industricidio” si él abría la economía sin antes bajarle los impuestos a las fábricas. Pero finalmente dejó a las plantas expuestas a la competencia china, a contramano del resto del mundo, pero prácticamente no les cambió la presión tributaria.

Más fuerte que Rappallini estuvo uno de los vicepresidentes de la UIA, Guillermo Moretti, pero no al acto del Día de la Industria en Laboratorios Elea, de Hugo Sigman, porque está recuperándose de una neumonía. “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, apuntó Moretti contra Caputo. “No conocen el país y no conocen lo que es la industria”, agregó después de que el ministro de Economía apuntara hace un mes de los “tarados que hablan de la industria”. El jefe del Palacio de Hacienda sólo envió al evento al secretario de Producción, Pablo Lavigne, y a la subsecretaria de Industria, Daniela Ramos, que ni se quedaron a almorzar y que fueron definidos como “la nada misma” por uno de los integrantes del comité ejecutivo de la UIA. “Rappallini levantó un poco el tono de las críticas, pero no hay escucha activa del otro lado”, continuó el industrial mordaz. Son funcionarios a los que les debe resultar inevitable enterarse de los cierres de fábricas y despidos que suceden a diario. En el relevamiento de noticias del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sólo en agosto se sumaron ajustes de personal de Granja Tres Arroyos, Mirgor, Peabody, Unilever y Will Der, la textil Santiago “Tati” Phelan, ex jugador de los Pumas.

Piensen la próxima vez que voten

Santiago "Tati" Phelan, ex-Puma y empresario textil.

“Piensen la próxima vez que voten”, les pidió Phelan a los 120 obreros cuando cerró la fábrica. Muchos operarios industriales prefirieron en 2023 a Milei antes que a un peronismo que les aumentaba el sueldo pero un mes después de que la inflación saltara 12% cada 30 días. Quizás hoy lo analizan distinto. Como les sucede a los jóvenes que encuesta el antropólogo y sociólogo Pablo Semán, que hace tres años percibió como nadie el aluvión libertario.

“En aquel momento una parte de los jóvenes tenía una esperanza. Luego de un período de hipereconomización de la vida cotidiana, se dio un período de hacer las cuentas y estas empezaron a ser negativas. Hasta llegar al momento actual en el que muchos de los jóvenes y las jóvenes que estaban en una dinámica de empleo por cuenta propia tienen lo que llamo una gran desazón porque ya no hay marcha atrás. E inclusive sus padres pueden apoyar mucho menos que antes. El futuro es al mismo tiempo oscuro y de muy corto plazo”, dice Semán, que completa: “Muchos de los que habían votado a Milei te empiezan a reconocer como nunca que no lo votarían o que se sienten mal con lo que él está haciendo. Yo había escuchado el año pasado distintas formas de dejar de ser mileísta, pero de no dejar de votarlo, eran como distintos grados de estar prendidos con alfileres. Esos alfileres se aflojaron muchísimo. Se pasó de evaluaciones negativas sobre el Gobierno que uno tenía que sacar con fórceps a distancias explícitas en las que los pibes toman la iniciativa de comunicarlas”.

El que había prometido asistir a la ¿celebración? de la UIA pero faltó fue el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Tampoco los industriales lo tenía como un hombre de palabra. Mientras, refuerzan contactos con Kicillof, que armó su propio acto por el día fabril, y el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, que anduvo la semana pasada por Rosario. Igual, el gobernador bonaerense sólo ilusiona a ciertos empresarios pyme. Los grandes le desconfían, como quedó expuesto con el debut de Alejandro Gentile, director senior de relaciones institucionales del grupo Techint, como presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), la semana pasada, con un reclamo centrado contra Ingresos Brutos.

El presidenciable exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner no sólo despierta desconfianza en ella, que prefiere soñar desde la prisión domiciliaria con su propia candidatura o con la de políticos ideológicamente en teoría menos afines como Sergio Massa, Gerardo Zamora o Sergio Uñac -estos últimos dos desconocidos para el gran público nacional-. También el establishment recela. ¿Buscará despejar las dudas de ese empresariado pero también de la clase media con un candidato a vicepresidente de centro, como hizo Lula en Brasil? ¿Un Horacio Rodríguez Larreta? Pero el exjefe de gobierno porteño y ahora legislador sueña con volver a aquel cargo. Claro que para eso deberá abrirse camino entre Jorge Macri, algún libertario que eventualmente rivalice, el peronismo que nunca gana pero tiene más votos que él y María Migliore, aquella que fue su ministra estrella encargada de la urbanización de barrios populares pero que se le ha abierto y quiere competirle con un nuevo partido que está juntando firmas para su inscripción, Renegeración.

AR

La Iglesia se sumó al debate público sobre el endeudamiento de las familias argentinas. Monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), reclamó al Gobierno que adopte criterios concretos para la toma de deuda y cuestionó a quienes minimizan el problema. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial y menos decir que no nos interesa, o que se arreglen”, afirmó en declaraciones a Radio Mitre Mendoza recogidas por La Nación e Infobae.

El titular del Episcopado comparó la situación actual con otra preocupación que la Iglesia había planteado en el pasado: la ludopatía online. “Tuvimos una intervención muy fuerte cuando peleábamos por la ludopatía online, un tema muy parecido, en el efecto, al menos, con familias que se endeudaban por la adicción al juego. Ahora, esto que se agrega, que es tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas o por tener que ponerse en deuda para tener alguna situación de satisfacer algún ítem, no deja de preocupar y sobre todo después las consecuencias”, sostuvo Colombo.

El arzobispo pidió avanzar hacia “alguna solución” que ponga límites a la forma en que se contraen los créditos y que discuta qué proporción del sueldo puede comprometerse en el pago de deudas. “Hay que analizar de qué manera se puede contraer deudas. Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas, y otras que son a gotas, que uno se va quedando de manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”, explicó, en referencia a la diferencia entre créditos abusivos desde su origen y otros que se acumulan de a poco hasta volverse impagables.

Las declaraciones de Colombo se producen en un momento de tensión política por la evolución de la morosidad. Según datos del Banco Central, 5,8 millones de argentinos estaban en situación de mora en junio, de los cuales unos 3 millones son considerados deudores irrecuperables. El informe también muestra un salto pronunciado entre los jóvenes de 18 a 25 años, cuya tasa de mora pasó del 24,7% al 40,8%, un fenómeno asociado al uso de billeteras digitales y a los menores ingresos de ese segmento etario. En paralelo, un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos del BCRA y el CENDEU, ubicó la mora bancaria familiar en 12,8% y la de las billeteras virtuales en 30,1% en junio, un nivel que superó el pico registrado en plena pandemia, en mayo de 2020, cuando había llegado a 27,1%. El mismo relevamiento señala que 5,91 millones de personas, sobre un total de 20,96 millones de deudores, están en situación irregular, y que la carga mensual de los servicios de deuda equivale al 24,1% de la masa salarial, con los préstamos personales y las tarjetas de crédito explicando el 73% del saldo irregular.

El propio presidente Javier Milei relativizó la magnitud del problema y rechazó las críticas por el aumento de la morosidad. “Es un problema entre privados”, sostuvo el mandatario, quien además afirmó sobre los deudores morosos que “nadie les puso una pistola en la cabeza”. Milei también acusó a la oposición y a medios de comunicación de instalar la preocupación de manera “repugnante” con el objetivo, según su interpretación, de “dividir a la sociedad”. Las palabras de Colombo llegan, así, como un contrapunto directo a esa lectura oficial.

La discusión también escaló en el plano legislativo. La oposición convocó una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 9 de septiembre con el objetivo de tratar el tema de la morosidad, mientras que La Libertad Avanza impulsó para el 2 de septiembre una reunión de la Comisión de Finanzas, en lo que se interpreta como un intento de ganar tiempo antes del debate en el recinto. Las declaraciones de Colombo se dieron, además, en una semana en la que el arzobispo de Mendoza volvió a reunirse con el papa León XIV en el Vaticano, en el marco de los preparativos de la visita papal a la Argentina prevista para noviembre.

“El que mejor se encuentra, solo está endeudado”, dice T., un vecino de La Carbonilla, parado entre altas y precarias construcciones que quedaron a medio terminar. Delante hay un estacionamiento que funciona como cancha de fútbol, mientras se desarrolla el entrenamiento por donde pasan autos y motos, vecinos, vendedores y mormones yankies que comen mandarinas e interrumpen la práctica. “El que menos, está endeudado”, insiste T., abriendo los ojos, recurriendo a la elipsis para explicar la compleja y laberíntica trama en la que muchos vecinos están atrapados.

La devaluación del 50% de 2023, la eliminación de programas como Volver al Trabajo y los operativos policiales que prohíben la venta y secuestran mercadería hicieron que las familias de las villas perdieran ingresos y entraran en un circuito de endeudamiento múltiple. Primero se recurre a billeteras virtuales; cuando esa vía se agota, se desinstala la aplicación y la deuda pasa al interior del barrio, a prestamistas y redes vinculadas al dinero que mueve el narco.

La deuda es de subsistencia; para darle de comer a los hijos y para conseguir algo que permita trabajar. Es común que alguien pida $20.000 para comprar alfajores y salir a vender al subte. En tres días tendrá que devolver $30.000. Pero si en un operativo –situación que ocurre con frecuencia, según vecinos– le secuestran la mercadería –caja de alfajores, paltas– o su herramienta –parrilla, carro–, se queda sin trabajar y conserva la deuda con el prestamista.

“Lo que se observa es un circuito en el que parte del dinero proveniente del narco, que no puede ingresar al sistema financiero formal, termina colocado en préstamos dentro del barrio. El préstamo aparece así también como una forma de mover o blanquear ese dinero”, advierte Rodrigo Karasik, presidente de la ONG Tejiendo el Barrio.

El negocio creció hasta volverse un mecanismo más de la economía de la zona, y llega a un límite cuando las familias ya no tienen qué vender. Entonces aparece un fenómeno reciente: empiezan a entregar el espacio aéreo de sus casas. En barrios populares, construir hacia arriba es la única posibilidad de crecimiento; tener otra habitación para que los hijos dejen de dormir hacinados. “Ahora, esa posibilidad está siendo cedida al prestamista vinculado con el narco”, avisa Karasik.

Los casos, la usura y la violencia

Cecilia (reservamos su identidad) tiene 52 años, vive en La Carbonilla, vende comida por encargo y coordina las entregas por Whatsapp. Su herramienta de trabajo es el celular. Uno de sus hijos, que atraviesa una situación de consumo problemático, le vendió el teléfono. Para seguir trabajando tuvo que endeudarse y comprar otro. Ya se había desinstalado todas las billeteras virtuales, así que el préstamo se lo dio una estructura vinculada al narcomenudeo, con tasas imposibles de afrontar.

Según un relevamiento de Tejiendo el Barrio, el costo anual del crédito bancario arranca en el 74% y en las billeteras virtuales llega al 1.376%. Los prestamistas barriales cobran 40% por mes: un costo efectivo anual del 5.569%. Sobre un préstamo de $100.000 a un año, en el banco más barato se devuelven $174.000. Con el prestamista de la cuadra, $5.670.000.

Al no poder devolver el dinero, Cecilia empezó a recibir presiones y amenazas. La deuda se resolvió recientemente, cuando la mujer cedió a los prestamistas la parte superior de su vivienda, un espacio que iba a ser destinado para descomprimir la situación de hacinamiento de la familia. Actualmente viven 8 personas en una sola habitación.

También está el caso de Yohana, una mujer de 40 años que vive en el Playón, una villa en Chacarita, y vende comida en la calle. Se endeudó para comprar insumos y hace unas semanas la policía la detuvo y le secuestró la mercadería. Pidió otro préstamo para pagar el anterior y volver a cocinar. Tras múltiples amenazas, entregó parte de su vivienda y su espacio aéreo.

“Se han duplicado los hechos delictivos, homicidios, intentos y tiros en las piernas por deudas de dinero”, confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. “Cuando tenés una deuda formal, pasás a las billeteras virtuales y después a los prestamistas, entonces aparecen personas vinculadas al narcomenudeo que están prestando plata y buscan sacarles las casas a familias que pidieron un millón de pesos y en cinco meses tienen que devolver 25 millones”, advirtió. Según los últimos datos oficiales del Ministerio, los hechos se duplicaron en un año, pasando de 132 casos mensuales durante 2025 a 252 entre enero-marzo 2026.

Son los casos registrados. Hay otro universo, el de quienes eligen no denunciar. “El tema del endeudamiento es algo de lo que no se habla mucho acá, es un asunto del que se elige callar”, cuenta Manon Laugier, presidenta de la Asociación de Fomento Vecina de Villa Miraflores, en el Bajo Flores. “Se ve gente todo el tiempo yendo de un lado a otro buscando comida. Acá, en el barrio, por ejemplo, la única proteína que se consume es la alita de pollo”.

Una encuesta de agosto del Instituto Periferias a más de 5.000 personas de barrios populares de todo el país arrojó que el 60% está endeudado y que el 42,3% de ese universo pidió plata para comer. “En ese camino de desesperación cayeron en manos de usureros inescrupulosos”, dice a elDiarioAR el sociólogo Daniel Menéndez, director del instituto.

Entre los más jóvenes, el prestamista ya le gana al sistema formal. El Instituto Universitario CIAS encuestó a 964 chicos de 16 a 24 años de barrios populares del AMBA: el 57% dijo que en su hogar tomaron deuda para gastos corrientes y, de esos hogares, el 39% fue a un prestamista del barrio, el 21% a una billetera virtual y el 18% a la tarjeta.

Primero los muebles, después la casa

Juan Pablo Hudson investiga hace más de una década las mutaciones de los barrios populares de Rosario. Publicó recientemente en Crisis un informe que describe el circuito del endeudamiento. Desde comienzos del año pasado verificó que las redes narco diversificaron el negocio: además de vender droga, prestan plata y manejan juego clandestino online, los “casinitos”. “Hoy, en los barrios populares y en las villas, el narco, un ‘tranza’, es el principal prestamista para los vecinos y las vecinas”, dice.

El préstamo se pide a alguien conocido: un familiar, un vecino, un amigo. Hudson los llama “acreedores populares”. Son miles los que intermedian y decenas de miles los que deben. La mora corre por día. Si de lunes a viernes el interés es de $5.000 diarios, el sábado y el domingo pasa a $10.000. “Se paga como un plus por el fin de semana”.

Cuando la deuda supera cierto límite, deja de administrarla el conocido. Aparecen los “soldaditos”, o “cobrantes”. “Te van a buscar a tu casa, te tocan la puerta y te piden el dinero. Cuando decís que no lo tenés, te dan una cantidad de horas”, describe. Cumplido el plazo piden un bien: un electrodoméstico, un mueble. Eso se repite. “Y cuando terminaste de entregar todo lo que tenías en tu casa y la deuda continúa, directamente te piden la casa”.

La baja de programas como Volver al Trabajo empuja el circuito. Unos 900.000 titulares cobraban un monto congelado desde el inicio de la gestión de Javier Milei y este mes dejaron de recibirlo. “Si ya no tenés ni siquiera los $78.000 del plan social, necesitás quizá pedir un préstamo de $80.000 o $100.000 a un vecino para poder suplirlo”, dice Hudson.

Para él, el Gobierno juega con fuego pero cree que “está cómodo en un escenario en el que las periferias urbanas son gobernadas por los mercados ilegales”, dice, y aclara que no habla de una participación directa. Mientras la violencia quede entre prestamistas y deudores, no llega a Plaza de Mayo. “En la medida en que esto quede acotado al interior de las periferias, de los barrios populares y las villas, al Gobierno no le importa”.

LN/MG

Pese a que Mercado Libre, con su billetera virtual Mercado Pago, sólo concentra el 3,4% de los préstamos a individuos en mora, y ocupa el octavo puesto de las entidades con más créditos irregulares en este segmento, está en el centro de la discusión pública. No aparecen en primera línea de fuego los líderes en la materia, los bancos Galicia y Nación y Naranja X. La empresa de Marcos Galperin tampoco figura entre las que enfrentan mayor índice de morosidad en sus carteras: 17,8%, menos que el 30,1% promedio de las billeteras virtuales, aunque más que el 12,8% de los bancos.

Sin embargo, Galperin se ha ubicado en el centro de la discusión sobre si es grave o no tener la mayor irregularidad en dos décadas, la más alta de Latinoamérica, y si deben resolverlo el sector privado, entre prestamistas y deudores, sin intervención del Gobierno, como asegura Javier Milei. Quizás sea por sus opiniones políticas en la red X no sólo cercanas al presidente libertario sino de neto tinte racista. Pero tal vez sea porque, aunque no sume mucho dinero en mora, sí es la segunda entidad con más clientes individuales morosos: 1,1 millones, según datos del Banco Central procesados por el sociólogo, analista de datos y economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) Francisco Martinelli Massa.

Sólo Naranja X supera a Mercado Pago. Entre su tarjeta y su compañía digital, que tiene licencia de banco, totalizan 1,7 millones de deudores. El tercer puesto es para el Banco Galicia, con 513.000. Tanto este banco como Naranja X pertenecen al mismo Grupo Financiero Galicia, de los individuales, Braun y Ayerza. Entre las tres entidades del podio de más personas morosas totalizan 3,3 millones, el 56% de los 5,9 millones de deudores en situación irregular en la Argentina.

Por cierto, son muchos más que los 1,5 millones de televisores que se vendieron en los primeros siete meses de 2026, según la auditora GfK. No pareciera que la mayoría de los morosos se hayan endeudado para comprar el aparato para ver el Mundial, como dice Milei, ni que dejaron de abonar la cuota porque se enojaron ante la derrota argentina en la final, como sostiene su diputado Bertie Benegas Lynch. En una cadena como Frávega, el televisor más barato cuesta $279.000 y el más caro, $2,8 millones.

El top ten es completado por los siguientes bancos y billeteras virtuales o fintech (financial technology): BBVA, 448.000; Nación, 375.000: Recupero de Activos Fideicomiso Financiero, 297.000 -se trata de una entidad especializada en comprarles a otras sus carteras de morosos para ejecutarlas, así como también lo hacen varios estudios jurídicos expertos en este negocio-; Provincia de Buenos Aires, incluida su Cuenta DNI, 281.000; Macro, 240.000; Santander, 222.000 y la financiera Credil, 186.000.

Pero los montos que se les debe a cada uno son bien distintos en promedio. En el caso de Mercado Libre, cada moroso le debe de media $457.000. Los clientes en estado irregular de Tarjeta Naranja deben $1,2 millones y los de su compañía digital, $325.000. Los del Galicia, $3,3 millones; BBVA, $1,8 millones; los del Nación, que preside Darío Wasserman, $4 millones; Recupero de Activos, $560.000; Provincia, $3,9 millones; Macro, $2,3 millones; Santander, $6,3 millones y Credil, $631.000.

Entre las entidades con morosos que más deben en promedio aparecen también la cadena de supermercados Cencosud (Jumbo, Vea, Disco, Easy), con $1,3 millones; la financiera Crédito Argentino, $1,5 millones; la cadena de electrodomésticos Megatone, $1,4 millones; Credicuotas, $1,3 millones; ICBC, $3,8 millones; Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), $3,8 millones y el Patagonia, $2,1 millones.

Para más datos sobre cuáles son las entidades que más créditos morosos a individuos acumulan, las que presentan mayor porcentaje de estos préstamos impagos y qué costo financiero total máximo llegan a cobrar, se puede dar click en esta otra nota de elDiarioAR.

AR/MG

La Argentina encabeza el ranking de morosidad en América Latina, registrando un 7,3% de su cartera en situación irregular, lo que duplica el promedio general regional del 2,78%, según expuso un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

En paralelo, el reporte remarcó que la Argentina presenta el ratio de crédito sobre el PBI más bajo de la región, situándose en un escaso 14,3% frente a un promedio latinoamericano del 47,3%. De esta manera, el crédito en el país es casi tres veces menor que en la región a pesar de tener el índice de deuda más elevado.

A nivel regional, la tendencia de la morosidad es alcista en general, ya que la cartera vencida en América Latina creció un 10% respecto a diciembre de 2025 y cerró en marzo de 2026 rozando los US$104.621 millones.

Sin embargo, la brecha argentina se hace evidente al comparar el 7,3% de morosidad con los países con indicadores más bajos de la tabla, como Uruguay (1,7%), El Salvador (1,4%) o República Dominicana (1,1%), y con los que completan el podio de mayor irregularidad regional junto al país, como Brasil (4,3%) y Colombia (3,7%).

Este escenario de alta morosidad convive además con niveles de cobertura inusualmente bajos para amortiguar posibles pérdidas. Según el reporte de Felaban, la Argentina es uno de los pocos países en la región, junto con Panamá, cuyos bancos tienen un indicador de cobertura inferior al 100%, ubicándose en un 84%, muy lejos de países como República Dominicana (316%), Uruguay (226%) o Ecuador (210%).

De los préstamos en situación irregular en el país, que totalizan 14 billones de pesos, el sistema bancario tradicional concentra casi las dos terceras partes, mientras que el tercio restante corresponde a las fintech y otros proveedores no bancarios, como cooperativas o tarjetas de cadenas de supermercados y electrodomésticos.

La aceleración de los impagos ganó fuerza tras la reactivación del crédito al sector privado en los últimos dos años, impulsada por la desaceleración de la inflación, la estabilidad cambiaria y la menor competencia de los títulos remunerados del Banco Central.

Si bien esta reactivación del financiamiento ayudó a consolidar la recuperación económica de la actividad general, trajo aparejado un aumento de la irregularidad en los pagos que hoy divide las opiniones en el plano político y económico.

Mientras el Gobierno nacional sostiene que las deudas que afrontan alrededor de 7 millones de argentinos “es un asunto entre privados” y que no intervendrá, analistas y sectores de la oposición recomiendan que el Banco Central tome medidas para auxiliar a los deudores.

Un trabajo realizado por el analista Mati Fernández muestra una radiografía de la mora en la Argentina: 5,86 millones de personas físicas registraban deudas atrasadas en junio de 2026, equivalentes al 27,1% de los deudores relevados, mientras que la morosidad alcanzaba el 15,5% del monto total adeudado.

El análisis fue elaborado a partir de los microdatos de la Central de Deudores del Banco Central, correspondientes a junio, y del panel de los últimos 24 meses, cruzados con información del padrón de ARCA.

Los datos muestran una fuerte diferencia entre la cantidad de morosos y el volumen de dinero comprometido. El 17% de las personas con atrasos debe menos de $100.000 y casi el 40% menos de $400.000. En cambio, el 14,5% de los morosos con mayores obligaciones concentra el 73% del monto total en mora.

Los bancos tradicionales concentran alrededor del 65% del dinero en mora. Las entidades privadas explican el 45% del monto y el 27% de las personas, con una mediana de deuda atrasada de $1.458.000, mientras que los bancos públicos representan otro 20% del volumen.

La situación es diferente cuando se mide la cantidad de personas. Mercado Libre/Mercado Pago concentra el 19% de los morosos, pero apenas el 2,9% del monto, con una mediana de deuda en mora de $116.000.

Fernández atribuyó ese comportamiento a la fuerte expansión de la inclusión financiera y al otorgamiento de créditos de montos relativamente bajos, por lo que consideró que la compañía no aparece como la principal responsable del volumen de deuda impaga.

Por su parte, el segmento denominado “crédito rápido no bancario”, que comprende firmas como Credicuotas, Moni, Waynicoin y Mins, reúne al 22,6% de las personas en mora y el 7,7% del monto. La mediana de deuda ronda los $500.000 y la tasa promedio de mora alcanza el 52%, con niveles superiores en algunas entidades.

Las tarjetas no bancarias, casas de electrodomésticos y supermercados concentran, en conjunto, alrededor del 35% de las personas con atrasos y el 14% del volumen adeudado. Además, el 17,8% de los morosos ya figura en carteras de recupero.

Uno de los datos que más se destaca en la radiografía corresponde a los jóvenes de entre 18 y 25 años. La cantidad de deudores de esa franja aumentó 38%, pero su tasa de mora pasó del 24,7% al 40,8%, con una mediana de deuda atrasada de $282.000.

El estudio también señala que el endeudamiento no está extendido entre una gran cantidad de acreedores: el 50% de los deudores mantiene obligaciones con una sola entidad y el 90% con un máximo de tres.

Fernández no encontró una correlación directa clara entre los niveles de mora y variables como pobreza o desempleo. El análisis identifica, en cambio, una mayor relación con el peso de los créditos otorgados por entidades no bancarias y con el deterioro del poder adquisitivo.

Otro indicador es la caída en el ingreso de nuevos deudores al sistema: las entradas mensuales bajaron de alrededor de 840.000 a 542.000 personas, mientras las salidas de personas al día permanecieron relativamente estables en torno a 450.000.

El analista también puso el foco en la carga impositiva sobre el crédito, que incluye IVA sobre intereses, Ingresos Brutos, impuesto al cheque, sellos y tasas municipales, y señaló que distintas estimaciones ubican su incidencia entre una cuarta parte y más del 40% del costo financiero.

Como conclusión, Fernández planteó que el deterioro de la mora estaría asociado a una combinación de expansión del crédito, pérdida del poder adquisitivo y políticas de riesgo más laxas en algunos segmentos no bancarios. Entre sus propuestas mencionó mayores controles sobre los créditos rápidos y tarjetas no bancarias, una reducción de los impuestos que encarecen el financiamiento y especial atención sobre el endeudamiento de los jóvenes.

El autor aclaró que se trata de un análisis independiente realizado sobre datos primarios y que los cruces pueden contener errores, por lo que los resultados deben considerarse con esa salvedad.

Con información de NA.

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el pedido de la oposición para incorporar al temario de la sesión los proyectos que buscan dar respuesta al sobreendeudamiento de las familias. La moción, presentada por Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Germán Martínez (Unión por la Patria), pretendía habilitar el debate de las iniciativas que atienden la situación de los casi 6 millones de personas que hoy están en mora con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias.

Como el pedido implicaba un apartamiento del reglamento, requería el respaldo de las tres cuartas partes de los diputados presentes para prosperar. El tablero electrónico marcó 133 votos a favor y 107 en contra, un resultado que quedó lejos de ese piso pero que superó los 129 votos que hacen falta para el quórum habitual de una sesión. Para los bloques opositores, ese número funcionó como una señal alentadora: la lectura es que, en las próximas semanas, podrían reunir el respaldo necesario para forzar una sesión especial dedicada exclusivamente al endeudamiento familiar.

“Venimos a solicitar un apartamiento de reglamento para que se pongan en consideración todos los proyectos relativos al endeudamiento familiar. Muchos de estos proyectos han sido presentados y no tienen costo fiscal. Tenemos que abrir las comisiones para que se debata este tema, para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a seis millones de argentinos que hoy están en mora y sobreendeudados”, planteó Juliano al fundamentar el pedido ante el pleno.

A su turno, el diputado peronista Martínez remarcó que se trata de un reclamo sostenido desde el inicio del año legislativo: “Insistimos desde el principio del año parlamentario. Solicitamos dos sesiones especiales para tratar la mora y el endeudamiento de las familias. En dos oportunidades pedimos ampliar el endeudamiento. No se pudo. Esta es la quinta vez”, dijo, y agregó una distinción entre el universo total de endeudados y quienes están en situación crítica: “Sabemos que son 20 millones de personas los endeudados, en mora son seis millones. Esto no puede estar ausente. No es posible que no se puedan abrir las comisiones”.

El rechazo se produjo en el marco de una sesión con un temario amplio, en la que el oficialismo busca avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de “Inocencia Fiscal”. Se trató del quinto intento formal de la oposición en lo que va del año para instalar en el recinto el debate sobre la morosidad, un fenómeno que, según datos del Banco Central y del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), alcanza a cerca de seis millones de personas con al menos una obligación en mora grave, sobre un universo de unos veinte millones de argentinos endeudados.

Los más de treinta proyectos sobre endeudamiento familiar permanecen sin dictamen en las comisiones que tratan la materia, presididas por diputados de La Libertad Avanza, que hasta ahora evitaron llevarlos al recinto. Con el resultado de este miércoles, la oposición descartó la vía del apartamiento de reglamento como atajo inmediato, pero mantiene abierta la posibilidad de reunir los 129 votos de quórum necesarios para exigir, mediante una sesión especial, que el oficialismo no pueda seguir demorando el tratamiento del tema.

El Gobierno buscó este martes despegar a Javier Milei de Fernando Cerimedo, en medio de las derivaciones judiciales de la investigación que involucra al consultor en Bolivia, y volvió a rechazar una intervención directa del Estado frente al crecimiento de la morosidad de las familias. Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero Adrián Ravier aseguró que el Presidente hace tiempo que dejó de tener vínculo con Cerimedo y sostuvo que las dificultades para afrontar créditos deben resolverse mediante “acuerdos entre privados”.

“Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023”, afirmó Ravier. El vocero reconoció que el consultor registró algunos ingresos durante la primera mitad de 2024, aunque aclaró que “no han sido con el Presidente”, y evitó pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones que lo involucran. elDiarioAR reveló la semana pasada que Cerimedo ingresó hasta junio de aquel año al menos 13 veces, y la última fue autorizado por Santiago Caputo. “Este delito se cometió en Bolivia, si es que se cometió. Hay investigaciones al respecto y hay que dejar trabajar a la Justicia de ese país”, planteó.

Ravier sostuvo que Cerimedo tuvo un papel durante la campaña previa a 2023 y que durante la primera mitad de 2024 mantuvo reuniones que “terminaron con su salida del Gobierno en el rol que jugaba”. Es una formulación algo distinta de simplemente decir que Milei no tiene relación con él desde 2023, porque admite que Cerimedo continuó desempeñando algún tipo de rol durante los primeros meses de la gestión, aunque sin precisar cuál.

La segunda definición del vocero llegó alrededor de uno de los problemas económicos que comenzó a ganar espacio en la agenda del Gobierno: el aumento de la morosidad de las familias. Después de haber vinculado días atrás parte de los impagos con la compra de televisores para mirar el Mundial, Ravier relativizó aquella explicación y aseguró que se trataba solamente de “un ejemplo”.

“Hay otros factores que explican las moras”, admitió. Esta vez, el vocero desarrolló una explicación más amplia y atribuyó el fenómeno a la recuperación del crédito iniciada durante 2024 y, especialmente, al incremento posterior de las tasas de interés.

Según la interpretación oficial, durante la gestión de Alberto Fernández buena parte del crédito bancario estaba destinado a financiar al Estado y existían pocas líneas disponibles para familias y empresas. Ravier sostuvo que esa dinámica comenzó a modificarse con el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la baja de las tasas durante el primer año de Milei. “Cuando vuelve el crédito aparecen moras”, resumió.

Pero el vocero introdujo además un responsable político para explicar por qué los problemas de pago comenzaron a hacerse más visibles durante 2025: el Congreso. Ravier ubicó el crecimiento de la morosidad “en concreto, con el ataque político, si se quiere, del Congreso”, al que acusó de haber votado “con mucha irresponsabilidad cantidad de proyectos de ley que no tenían un financiamiento claro”. Según explicó, esa situación “impactó sobre la demanda de dinero, impactó sobre el tipo de cambio, impactó sobre las tasas de interés” y, cuando estas últimas subieron, “llevó a que muchas familias no pudieran pagar los créditos”.

Frente a ese escenario, el Gobierno volvió a descartar una intervención estatal destinada a financiar una salida generalizada para los deudores. Ravier recordó que Milei considera que los créditos constituyen “acuerdos entre privados” y que deben ser renegociados entre quienes tomaron las deudas y las entidades que las otorgaron.

Ravier puso además parte de la responsabilidad sobre los propios bancos y las entidades financieras no bancarias, que, según señaló, otorgaron créditos “en algunos casos con tasas de interés elevadas” para cubrirse de los riesgos que asumían. En ese contexto, advirtió que una intervención estatal para resolver la situación “implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”. Y aprovechó el argumento para cuestionar a los sectores de izquierda: “Nos sorprende que desde la izquierda, que siempre cuestionan esto de salvar a los bancos o ayudar a los bancos, se esté promoviendo una medida” que, sostuvo, terminaría permitiéndoles recuperar el capital que prestaron a riesgo.

La respuesta que propone la Casa Rosada pasa, en cambio, por profundizar el programa de estabilización. Ravier aseguró que las tasas de interés, que ubicó alrededor del 50% a comienzos del año, se encuentran actualmente cerca del 25%, y sostuvo que esa reducción debería facilitar refinanciaciones a plazos más largos y costos menores. Sobre el proyecto que busca establecer un esquema para atender el endeudamiento de las familias, se limitó a señalar que “por ahora es un proyecto de ley que puede entrar al Congreso”, y dio a entender que La Libertad Avanza no acompañará los proyectos presentados por la oposición.

La conferencia también dejó una definición sobre Santiago Caputo y la reorganización de la comunicación oficial. Ravier buscó corregir cualquier interpretación acerca de un desplazamiento general del asesor. Reveló que se reunió con Caputo ayer para preparar temas vinculados con la propia conferencia de prensa y sostuvo que sigue participando de la comunicación. Además, lo definió como una persona “central” para Milei, tanto por su tarea de asesoramiento como por la amistad que mantienen, y ratificó su intervención en el diseño de la estrategia política del Gobierno.

2027

Ravier también comenzó a delinear la estrategia electoral de La Libertad Avanza hacia 2027. Frente a la posibilidad de que el oficialismo relegue sus construcciones provinciales para priorizar las chances de reelección de Milei, aseguró que el partido pretende jugar electoralmente en los 24 distritos, aunque dejó abierta la forma que adoptará esa participación.

“Habrá que definir caso por caso qué rol jugará, si es con candidatos propios, si es negociando con otros partidos”, explicó. La definición supone que la Casa Rosada no descarta acuerdos con fuerzas provinciales allí donde una candidatura libertaria pueda entrar en tensión con la estrategia nacional.

En ese marco, Ravier reconoció que las conversaciones que mantiene el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores y representantes provinciales no se limitan a conseguir respaldos para los proyectos que el Ejecutivo necesita aprobar en el Congreso. Según admitió, esos vínculos también pueden terminar proyectándose sobre el armado electoral. “Santilli está permanentemente en reunión con las provincias o sus representantes y eso eventualmente va a tener un resultado para la campaña, para las listas, para el escenario electoral”, afirmó.

El Gobierno parte, de todos modos, de un escenario de fuerte optimismo respecto de las posibilidades de Milei. Ravier contrapuso la situación económica actual con la que recibió el libertario en diciembre de 2023, y aseguró que la economía crece actualmente al 3%, con una proyección similar para el próximo año. Sobre esa base, sostuvo que una mayoría de los argentinos no querrá “volver atrás” en las próximas elecciones y utilizó una expresión particularmente explícita para describir la evaluación electoral que realiza la Casa Rosada: “Pensamos que el riesgo kuka es mínimo”.

PL

Esta semana el Gobierno salió a celebrar una supuesta buena noticia. El Banco Central informó que en junio la mora del crédito bancario al sector privado cedió una décima de punto y cortó así diecinueve meses de suba ininterrumpida. El Ministro de Economía fue todavía más entusiasta: después de reunirse con los bancos contó que le confirmaron que la mora “definitivamente, a partir de ahora frenó y va a tender a bajar”. El relato es atractivo, tocamos fondo y empezamos a salir.

El problema es que el número que se festeja no mide lo que se dice que mide.

Desde el Centro de Estudios de la Ciudad seguimos, mes a mes, cuántas personas están en situación de mora con los bancos: es decir, con al menos noventa días de atraso en el pago de sus deudas. La foto es contundente. En enero de 2025 era un millón de personas. En mayo de 2026 ya eran 2,4 millones, con un crecimiento promedio mensual del 5%. Recién en junio esa tendencia se cortó: hubo una caída del 2%, unas sesenta mil personas morosas menos.

¿Sesenta mil familias que se pusieron al día? Podría ser. Pero no.

Hay al menos tres maniobras contables que explican por qué la mora “baja” en los registros oficiales sin que baje en la vida real de las familias.

La primera es la venta de deuda al mercado secundario. En lo que va de 2026, los bancos vendieron más de 75.000 carteras de deudores morosos a fideicomisos y empresas de cobranza. Esas personas siguen debiendo y además son perseguidas por estudios jurídicos, pero dejan de computar en la tasa de mora que informa el Banco Central. El deudor no desaparece, solo cambió de acreedor.

La segunda y más importante es la reclasificación de deudores como “irrecuperables en partidas fuera de balance”. La normativa vigente obliga a los bancos a sacar de su activo a las deudas totalmente previsionadas (morosos incobrables), a partir del séptimo mes desde alcanzada esa situación. Es una regla prudencial que cuida los balances de los bancos, pero que también borra a esas personas de la estadística de mora. En junio había casi 800.000 personas en esta situación, lo que implica un crecimiento de 170.000 más respecto de mayo (un salto del 25% en un solo mes), equivalente a 650 mil millones de pesos adicionales (un aumento del 35% respecto del monto de mayo). Para dimensionarlo: en apenas treinta días, esta reclasificación movió más del doble de personas de las que los bancos vendieron al mercado secundario en los primeros seis meses del año. Ahí está, básicamente, el “freno” de la mora.

La tercera es la refinanciación. En los últimos tres meses, la cantidad de clientes refinanciados creció 15%. El ministro lo presentó como una buena noticia: tasas de entre 20% y 25% a tres años que, según los bancos, la mayoría ya está pagando. Puede ser virtuoso para el sistema financiero, pero refinanciar a esas tasas en el contexto actual de ingresos deprimidos, se parece más a patear el problema hacia adelante que a resolverlo.

Cuando uno vuelve a sumar lo que los balances esconden, el cuadro cambia. La tasa de mora “limpia” del sistema pasó de 11,05% en abril a 11,99% en junio: efectivamente, se amesetó. Pero la tasa que incorpora los “otros conceptos” y el mercado secundario trepó de 13,48% a 15,05% en el mismo período. La brecha entre ambas no dejó de ampliarse: de 2,44 a 3,06 puntos. Cuanto más se estabiliza el número que se muestra, más crece el que se esconde.

Adicionalmente, el propio Banco Central reconoció que la mejora de la tasa de mora de junio se explica sobre todo porque el crédito creció más rápido que la cartera irregular, no porque la cartera irregular haya caído. No es un detalle menor cuando lo que está en juego es si una política funciona o no. La tasa de mora se estabiliza al mismo tiempo que la cantidad de familias en situación irregular crece.

Frente a esto el Gobierno eligió enmarcar el sobreendeudamiento de las familias como una cuestión a dirimir entre partes privadas y descartó cualquier intervención. “No hay que confundir la empatía con las políticas públicas”, dijo el ministro. La frase es elocuente. Porque sacar a una persona endeudada del balance de un banco no la saca de la sociedad argentina. Sigue debiendo, sigue siendo hostigada por los estudios jurídicos y de cobranzas, pero ahora está fuera del perímetro que el Estado dice estar mirando.

Conviene recordar que el problema no empezó por mala suerte ni por la supuesta irresponsabilidad de las familias. Su combustible es el salto de tasas y el desajuste monetario que provocó el desarme de las LEFI (las Letras Fiscales de Liquidez, el instrumento con el que el Banco Central ordenaba la liquidez diaria de los bancos) a mediados del año pasado. De aquella decisión se cumple, justamente, un año. Desde entonces el país quedó sin una tasa de política monetaria de referencia y con un costo del dinero fijado por un mercado que reaccionó con subas bruscas y una volatilidad enorme. Esas tasas no se quedaron en las pantallas de la City, se trasladaron, cuota a cuota, a los resúmenes de tarjeta y a los créditos personales de millones de hogares. La mora de las familias es, en buena medida, la contracara de aquel experimento monetario.

La pregunta de fondo, entonces, no es si la mora bajó una décima en un mes. Es si las refinanciaciones son una salida genuina del sobreendeudamiento o apenas una postergación prolija del problema. Y, sobre todo, si vamos a seguir midiendo el éxito de una política financiera por la salud de los balances de los bancos en lugar de por la de las familias que los sostienen.

Desde el CEC construimos el Mapa de la Deuda (mapadeladeuda.ar) justamente para mostrar lo que las estadísticas oficiales tienden a esconder, que el endeudamiento es un problema nacional, que golpea más fuerte a los jóvenes y que se vuelve mucho más grave por fuera del sistema bancario tradicional. La deuda de las familias no se resuelve cambiándola de casillero contable, se resuelve con ingresos que alcancen y con créditos que no sean una trampa.

Javier Milei puso este lunes la discusión sobre la morosidad en el centro de la reunión de gabinete y buscó fijar una posición frente a uno de los indicadores que comenzaron a alimentar las dudas sobre la situación económica. Ante sus ministros, el Presidente sostuvo que los números no muestran una situación de crisis, aseguró que el incremento de los atrasos comenzó a revertirse y ratificó que no modificará el rumbo económico para intentar estimular la actividad. “Al populismo no se le gana con más populismo”, planteó.

El tema ocupó una parte importante del encuentro que Milei encabezó desde pasadas las 10 en la Casa Rosada, el primero con todo su gabinete desde el 9 de julio. Según reconstruyeron fuentes oficiales, los funcionarios realizaron un análisis de las principales variables económicas y se detuvieron especialmente en la evolución de la mora, después de que el endeudamiento de las familias y las dificultades para afrontar créditos comenzaran a ganar espacio en la discusión pública.

La conclusión que transmitió el Gobierno fue que los indicadores actuales no permiten hablar de una crisis. En el gabinete sostuvieron además que el incremento de la morosidad registrado durante los últimos meses comenzó a revertirse y que los datos más recientes muestran una tendencia descendente. La lectura oficial apunta así a presentar el fenómeno como un “deterioro transitorio” antes que como el síntoma de un problema más profundo en la capacidad de pago de hogares y empresas.

Frente al diagnóstico oficial, otros relevamientos describen un escenario bastante más crítico, aunque miden un universo más amplio que el de los créditos registrados por el sistema financiero. Casi 6 millones de personas en Argentina se encuentran actualmente en situación de mora o atraso grave en el pago de sus deudas. Según un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), realizado en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, el 92,3% de los hogares registra algún tipo de deuda y el 28,4% de los hogares endeudados acumula más de tres obligaciones. Esa última cifra era del 23,5% en marzo y del 12% en mayo de 2025.

El dato más delicado aparece en la capacidad de pago. De acuerdo con el mismo estudio, el 88,9% de las obligaciones relevadas se encuentra impaga o en situación de incumplimiento y apenas el 11,1% permanece en condición regular. El 41,3% ya ingresó además en instancia judicial. La presión de las deudas sobre los ingresos también aumentó: el 44% de los hogares destina más de la mitad de lo que gana mensualmente al pago de obligaciones, frente al 38% que se encontraba en esa situación en marzo.

El relevamiento aporta además un elemento que ayuda a explicar la distancia entre esos números y las estadísticas del sistema financiero utilizadas por el Gobierno. El 49,3% de las obligaciones detectadas queda fuera de los registros tradicionales del Banco Central, ya que incluye atrasos de alquileres, impuestos y servicios, fiado en comercios, préstamos informales y otros compromisos. El endeudamiento también se desplazó hacia consumos básicos: según el IETSE, el 62,5% del uso de las tarjetas de crédito se destina actualmente a la compra de alimentos.

La mirada libertaria

El diagnóstico de Milei estuvo acompañado por una discusión sobre las posibles respuestas. Milei y sus ministros repasaron las medidas que el Ejecutivo viene implementando para mejorar las condiciones de financiamiento y mencionaron entre ellas la reducción de la inflación y del riesgo país. También analizaron las conversaciones con distintos actores del sector financiero para renegociar las tasas y extender los plazos, con la intención de reducir la presión sobre quienes acumularon deudas.

La decisión política, sin embargo, es no responder al problema con medidas que impliquen alterar el programa económico. Milei insistió ante sus ministros en que “al populismo no se le gana con más populismo” y aseguró que no piensa abandonar las ideas que guiaron su gestión para obtener un beneficio electoral. Según fuentes oficiales, sostuvo que “para ganar no se hacen trampas” y que no va a “traicionar” sus convicciones en busca de mejores resultados en las elecciones de 2027.

El argumento utilizado por el Presidente fue también el de la credibilidad. Milei planteó que construirla demandó buena parte de su gestión y que un cambio en las políticas que el Gobierno viene aplicando podría hacerla desaparecer rápidamente. La respuesta frente a las señales de enfriamiento económico será, por lo tanto, intentar corregir problemas específicos sin modificar el esquema general que la Casa Rosada atribuye a la desaceleración de la inflación y al equilibrio fiscal.

Pero la discusión no quedó limitada a los números. Durante la reunión, Milei y sus ministros analizaron también el impacto político que está adquiriendo el debate sobre la situación económica y apuntaron contra los discursos que, según la interpretación oficial, buscan generar “incertidumbre y temor” tanto en la sociedad como en los mercados.

“Efecto mundial”

No es la primera vez que Milei intenta convertir la discusión sobre la morosidad en una disputa política. Apenas tres días antes de la reunión de gabinete, durante su discurso por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, había rechazado que los problemas para afrontar créditos pudieran atribuirse a las políticas de su administración. “El efecto mundial. Si ustedes se fijan, una de las cosas que genera los problemas de créditos, ¿qué pasa? Vino el mundial, ¿saben qué hicieron muchos? Iban a cadenas de venta de electrodomésticos, ¿y qué hacían? Se llevaban televisores para el mundial”, dijo Milei.

“No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por el tema morosidad”, afirmó entonces. Milei sostuvo que los indicadores argentinos no resultaban particularmente diferentes de los registrados en otros países y comparó la situación local con Estados Unidos, Chile y Brasil. “Entonces la pregunta es: ¿por qué tanto ruido?”, planteó.

La respuesta que ofreció entonces fue similar a la que atravesó este lunes la discusión dentro del gabinete. Milei considera que el debate económico ya quedó incorporado a la campaña presidencial de 2027. “Las elecciones son el año que viene, la campaña ya empezó”, había advertido en Rosario.

El Presidente fue todavía más lejos y atribuyó la instalación del debate sobre la morosidad a una estrategia para perjudicar al Gobierno. “Quieren retener el status quo prebendario y corrupto”, afirmó. Según su interpretación, el objetivo es generar “todo el ruido y todas las distorsiones posibles” para conseguir que aumente el riesgo país y frenar de esa manera la expansión de la economía.

En aquel discurso también cuestionó la movilización encabezada días antes por la CGT, organizaciones de izquierda y movimientos sociales contra las altas tasas de interés y el endeudamiento. “Me pregunto si quieren salvar a los bancos que están tan preocupados con la morosidad”, ironizó.

PL/MC

La Cámara Argentina Fintech, que agrupa a billeteras virtuales y bancos, afirmó este jueves que la respuesta a la morosidad en los créditos “requiere soluciones compartidas” y reclamó “mejorar la información crediticia disponible” para evitar dar dinero a quienes ya están endeudados.

La entidad consideró el crédito como “una herramienta indispensable para el desarrollo”, pero que en la Argentina hay un “problema estructural de acceso al financiamiento desde hace décadas”.

“El crédito al sector privado representa apenas 13% del PBI, un nivel similar al promedio de las últimas dos décadas y muy inferior al 53% registrado en América Latina y el Caribe. Para seguir desarrollándose, el país necesita más crédito formal, no menos”, destacó.

En medio de la discusión alrededor del endeudamiento en las familias, la Cámara sostuvo que “previo a la pandemia, menos de medio millón de personas tenían un crédito fintech: hoy son más de 10 millones, de las cuales 3,8 millones no tienen un crédito bancario”.

“En este tiempo, las fintech se convirtieron en un actor clave del sistema financiero, ampliando la frontera del crédito formal para millones de personas. Para muchas de ellas, la alternativa no era elegir entre un banco y una fintech, sino entre acceder a un crédito formal o recurrir a circuitos informales, donde no existen mecanismos de información, registro ni la protección al usuario que provee el sistema financiero argentino”, expresó en un comunicado.

“El crédito fintech ha permitido registrar las obligaciones y el comportamiento de pago de sus clientes, además de construir un historial crediticio. Ese recorrido puede facilitar posteriormente el acceso a mayores montos, plazos más largos y mejores condiciones en cualquier entidad. Ampliar el acceso no deteriora el sistema: incorpora personas al circuito formal, hace visible su situación financiera y permite evaluar mejor su comportamiento crediticio”, subrayó la entidad.

De acuerdo a su análisis, “la respuesta a la mora requiere soluciones compartidas: avanzar en mejorar la información crediticia disponible, reducir la carga impositiva, promover más educación financiera y alternativas tempranas para quienes atraviesan dificultades”.

Sobre la mejora de la información disponible, explicó que “la Central de Deudores (del BCRA) refleja la situación de los créditos con un rezago de 60 días”, por lo que “reducir ese plazo permitiría evaluar mejor a cada persona, prevenir acumulación de deuda y disminuir los casos de fraude, bajando así el costo del crédito”.

Otra de las propuestas es impulsar el Sistema de Finanzas Abiertas promovido por el Banco Central. “Bajo el principio de que las personas son dueñas de sus datos, este sistema permitiría que cada persona comparta información hoy distribuida entre distintos organismos y entidades. Contar con más datos permitiría evaluar mejor a cada solicitante y ofrecer créditos más económicos”, consideró la Cámara Argentina Fintech.

También, la entidad consideró necesario “revisar la carga impositiva que afecta a todos los proveedores y termina elevando el costo que afrontan quienes necesitan acceder a un crédito” y promover “herramientas de educación y soluciones tempranas”.

Detalle de la morosidad

Casi 3 de cada 10 personas que tienen un crédito en la Argentina registran un atraso de más de 90 días en el pago de su cuota. Medido en monto de dinero son 16,3 de cada 100 pesos solicitados a diferentes fuentes de crédito en la Argentina, entre bancos, fintechs y otros proveedores no financieros, que operan bajo regulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA), según datos de la consultora Analytica.

En términos de montos, el crédito total a las familias asciende a $82,8 billones, de los cuales $13,5 billones -el 16,3%- se encuentran en situación irregular. En detalle:

Los bancos concentran el 81,1% del crédito total ($67,2 billones) y explican el 63,3% del monto irregular ($8,5 billones); las fintech representan el 11,7% del crédito ($9,7 billones) y el 16,3% del volumen irregular ($2,2 billones); y los demás proveedores concentran el 7,1% del crédito total ($5,9 billones) y explican el 20,4% de la deuda irregular ($2,8 billones).

“Los datos muestran que el sector bancario concentra casi dos tercios del volumen total de crédito irregular a las familias. Detrás de estos aparece un sector muy heterogéneo de otros proveedores que, además de tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos, mutuales y cooperativas, también lo integran fideicomisos financieros que compran carteras con mora superior a un año a otros actores. En último lugar figura el sector fintech, que incluye a proveedores de crédito digital de punta a punta y que utilizan distintas herramientas de análisis crediticio para conocer mejor a sus clientes, y que concentra menos de 1 de cada 6 pesos en mora en el crédito a familias”, resaltó la Cámara.

La CGT, las dos CTA y movimientos sociales se movilizaron este jueves al Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al creciente endeudamiento de las familias y las Pymes y exigieron al Gobierno de Javier Milei la implementación de un programa de refinanciación de deudas.

Las organizaciones entregaron en el Palacio de Hacienda un documento con una serie de propuestas para enfrentar la morosidad y cuestionaron el costo del financiamiento que deben afrontar trabajadores, familias y pequeñas y medianas empresas.

La movilización no tuvo un acto con discursos, ya que no se montó un escenario frente al Ministerio. Sin embargo, distintos dirigentes sindicales plantearon durante la jornada sus críticas a la política económica y reclamaron una intervención del Estado para limitar el impacto del endeudamiento.

Entre los principales pedidos incluidos en el documento figura que el Gobierno cumpla con la función de regulación del Banco Central respecto de los niveles de las tasas de interés aplicadas a préstamos bancarios, aplicaciones financieras, billeteras virtuales y otros mecanismos que puedan generar endeudamiento de personas físicas.

Las centrales también reclamaron analizar la situación de endeudamiento de las Pymes, al advertir que el deterioro de su capacidad financiera compromete el capital de trabajo, amenaza la continuidad de las actividades y pone en riesgo fuentes laborales. Además, pidieron poner en marcha un programa de refinanciación que permita atender el “alarmante nivel de morosidad”, con tasas acordes a la evolución de los ingresos.

Qué plantea el documento entregado en Economía

El escrito sostiene que el equilibrio macroeconómico no debería limitarse a las variables financieras, sino que también debería contemplar una solución al endeudamiento y la morosidad de familias y Pymes, con el objetivo de reactivar el consumo y la producción.

Las organizaciones plantearon que la caída de los ingresos y el deterioro del consumo se combinan con el elevado costo del endeudamiento, una situación que, según señalaron, dificulta que las familias puedan afrontar las cuotas y llegar a fin de mes.

El documento también advierte sobre el crecimiento de la morosidad financiera formal, tanto en el sistema bancario como en otros canales de financiamiento. “Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad”, señalaron las organizaciones en el escrito.

En esa línea, sostuvieron que la caída simultánea del consumo y la producción termina afectando también al empleo. Otro de los puntos destacados es la situación de las personas que, al quedar fuera de los canales formales de crédito, recurren a mecanismos informales de financiamiento para cubrir necesidades básicas.

El documento advierte que esas familias quedan expuestas a intereses que calificaron de “usurarios” y reclamó políticas públicas específicas para abordar esa problemática. Para las organizaciones, una alternativa sería refinanciar las deudas, extender los plazos y reducir transitoriamente la presión de las cuotas, de modo que las familias puedan recuperar capacidad de consumo y las empresas sostener sus niveles de producción.

Aguiar: “No hay que descartar un estallido social”

El secretario general de ATE y referente de la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar, cuestionó durante la movilización la situación de endeudamiento de los hogares y advirtió sobre sus posibles consecuencias sociales. “No hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que en este momento atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática”, sostuvo.

Aguiar reclamó que el Gobierno intervenga para limitar las tasas que consideró abusivas y propuso implementar un programa de desendeudamiento para las familias que, según planteó, tuvieron que recurrir al crédito para poder afrontar sus gastos cotidianos. El dirigente también apuntó contra el presidente Javier Milei y contra el exministro de Economía Luis Caputo por el rumbo de la política económica. “El Gobierno no puede seguir mirando para otro lado”, afirmó Aguiar, quien sostuvo que el Ejecutivo cuenta con herramientas para intervenir frente al problema del endeudamiento.

También cuestionó los beneficios que, según su planteo, recibió Mercado Pago y contrapuso esa situación con las dificultades que atraviesan los hogares para llegar a fin de mes. “Hoy existen claramente dos argentinas: una llena de privilegios, con beneficios y subsidios, y otra Argentina llena de injusticias”, afirmó.

De la movilización participaron los integrantes del triunvirato de la CGT, Cristina Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, además de otros dirigentes de la central, entre ellos Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez.

La CGT también difundió un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó el nivel de endeudamiento de los hogares y afirmó que se trata de una consecuencia de las políticas económicas del Gobierno.

Según los datos citados de la situación financiera de los hogares, más de 20 millones de personas mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias, mientras que la morosidad de las familias se cuadruplicó desde diciembre de 2023 y alcanzó el 17,5% de los créditos personales.

El reclamo de las centrales sindicales apunta así a que el Gobierno incorpore el endeudamiento y la morosidad de las familias y las Pymes como parte de la agenda económica y avance con un esquema que permita aliviar el peso de las cuotas y recuperar capacidad de consumo y producción.

En una de las 15 entidades financieras, entre bancos y fintech, que concentran la mayor cantidad de préstamos morosos a las familias, el 72% del total, reconocen que la tasa de interés de cobra es “usuraria”, pero no cree que sea un problema de una particular sino sistémica. A diferencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que dicen que se trata de un problema “entre privados” que debe resolverse entre ellos, es decir, con ofertas de refinanciaciones a menor tasa, como sucede hasta ahora, en una de las entidades involucradas coinciden con el exministro de Hacienda de Mauricio Macri lanzado a la carrera presidencial por el PRO, Hernán Lacunza, de que cuando los inconvenientes se generalizan –ya afecta a 6 millones de argentinos– puede poner en riesgo el sistema y deben adoptar soluciones macro, aunque no rescates ni subsidios, como plantea parte de la oposición peronista.

A partir de datos del Banco Central, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) puntualizó en un reciente informe con datos a mayo cuáles son las 15 entidades que concentran la mayor cantidad de créditos a individuos en situación irregular: el 11,5% el Banco Galicia; el 10,3% el Nación, que es uno de los que adoptó la política más proactiva para refinanciar a menor tasa, aunque pareciera insuficiente para resolver el problema, según fuentes del sector; el 9,8% el Santander; el 8,6% la Tarjeta Naranja, que opera como Naranja X es del Grupo Financiero Galicia; el 7,7% el Provincia de Buenos Aires (Bapro); el 5,7% BBVA; el 3,7% el Macro; el 3,4% Mercado Libre, con su app Mercado Pago; el 2% el Provincia de Córdoba (Bancor) y la financiera Crédito Argentino; el 1,9% el ICBC; el 1,7% Carrefour Banco, la aplicación del supermercado; el 1,5% Naranja Digital Compañía Financiera, otra división del grupo; 1,3% la casa de electrodomésticos Megatone y el 1,1% el Supervielle.

¿Pero cuáles de ellos cobran más tasa? De acuerdo con el Régimen de Transparencia del Central, que obliga a las entidades a informar periódicamente, sobre el costo financiero total (CFT) máximo que cobran en este tipo de préstamos, Carrefour aparece a la cabeza con 1.457%; seguido por Mercado Libre con 1.375% y Megatone, con 664%. Detrás aparecen Supervielle (414%), Galicia (398%), Naranja Digital (392%), Tarjeta Naranja (367%), BBVA (322%), ICBC (196%), Nación (186%), Bapro (178%), Macro (171%), Santander (165%) y Bancor (74%). Son datos disponibles en la web de la autoridad monetaria, pero difícil acceso. Lejos está de constituir un sistema transparente para cotejar tasas, como el que sugiere Lacunza, y que ni su gobierno ni el siguiente ni el actual crearon. Siempre se informan CFT máximos: después cada entidad puede prestar a menor valor según la evaluación de cada cliente.

Lo que está claro es que son tasas mucho mayores a la inflación. El índice de precios al consumidor (IPC) fue del 33,5% en los últimos 12 meses. Los bancos, consultoras, universidades y think tanks relevados por el Central prevén que en los próximos 12 haya 21,8%. Hay que tener un negocio extraordinariamente rentable, casi imposible de conseguir, para pagar las tasas de los créditos que ofrecen las entidades argentinas. Este margen sumado a salarios que corren por detrás de la inflación y el empeoramiento de la calidad del empleo, dado que el formal es reemplazado por el informal, donde se gana un tercio menos, explican la mayor mora crediticia de las familias en 20 años.

Entre las 15 entidades con más créditos a personas en rojo, Megatone y Crédito Argentino son las que presentan el mayor porcentaje en estado irregular: 55%. Otras casas de electrodomésticos tienen carteras en situación similar, aunque les deben menos: Frávega y Cetrogar, con 54%. Carrefour presentar un 52% de mora; Tarjeta Naranja, 24%, igual a otra app, Ualá; Naranja Digital y Galicia, 18%; Santander y Mercado Libre, 17%; Bapro, 15%; BBVA, 13%; Bancor e ICBC, 11%; Supervielle, 10% y Nación y Macro, 8%.

“Argentina: El aumento de los préstamos morosos lastrará el crecimiento del consumo” es el título de un nuevo reporte de la consultora británica Oxford Economics, que escribió en analista Mauricio Monge. “El reciente aumento de la tasa de morosidad en Argentina refleja un problema que probablemente se agravará a corto plazo: los elevados y crecientes costos reales del crédito, junto con un débil crecimiento de los salarios reales. Esto seguirá frenando el crecimiento del crédito y limitando su contribución a la actividad económica, especialmente en sectores impulsados por el consumo privado”, concluye.

“El aumento de la morosidad se ha concentrado en el sector de los hogares, especialmente en los préstamos personales y las tarjetas de crédito”, continúa el reporte de una de las consultoras que más acierta en sus pronósticos, según el relevamiento de la firma FocusEconomics. “Por el contrario, el índice de morosidad de las hipotecas, que ha sido un importante motor de la recuperación de la actividad de la construcción durante la administración de Javier Milei, se ha mantenido estable. Si bien el índice de morosidad ha alcanzado su nivel más alto desde 2005, los bancos siguen estando bien provistos para absorber posibles pérdidas crediticias. Además, el costo macroeconómico potencial de los impagos es bajo (entre el 0,3% y el 0,6% del PIB) debido al reducido tamaño del sector financiero argentino en relación con la economía en general”, aclara Oxford Economics.

Para buscar solucionar, hay que entender las causas del problema. La consultora aporta su explicación: “Desde una perspectiva macroeconómica, tres factores clave ayudan a explicar el aumento sostenido de los índices de morosidad:

AR/MG