El 24 de marzo de 1976, Carlos León Arslanian llegó temprano a su juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en la calle Viamonte, como todos los días. Pero en la puerta lo frenaron: ningún magistrado podía pasar. Le avisaron que si necesitaba sacar algo, que se lo pidiera al policía. “Fue desazonante”, recuerda. Minutos después se juntó con otros colegas en la Asociación de Magistrados, a una cuadra. Y ahí llegó la noticia que los dejó helados: durante la madrugada, un grupo armado había derribado la puerta del departamento de Carmen Argibay –entonces secretaria de la Cámara Criminal, posteriormente miembro de la Corte Suprema durante el kirchnerismo– y se la había llevado. Nadie sabía adónde. Recién al caer la tarde confirmaron que estaba presa en Devoto.

Así recuerda Arslanian aquel día de hace cincuenta años el hombre que después presidió el tribunal que juzgó a los comandantes de la última dictadura militar, un caso único en la historia del mundo en el que la justicia civil condenó a los máximos responsables del terrorismo de Estado sin amnistías previas ni fueros especiales. Arslanian recibe a elDiarioAR en una enorme sala del estudio jurídico que comparte con su hija en un edificio sobre la calle Pellegrini, con vista a la avenida 9 de Julio y desde donde aún trabaja como abogado particular: ha defendido a firmas como Chevron o la Barrick Gold. Pero en esta entrevista se da el tiempo para revisitar el proceso de la última dictadura y su rol central en el juicio a las Juntas Militares, defiende el legado de Alfonsín como refundador de la democracia, cuestiona los indultos de Carlos Menem –pese a que fue ministro de Justicia entre 1989 y 1992–, advierte sobre la prescindencia del gobierno de Javier Milei frente a los juicios en curso y afirma, con convicción, que en la Argentina de hoy ya no hay lugar para derrocar un gobierno.

–¿Cómo transitó aquellos años de dictadura?

–Con temor. Hubo una especie de purga en la justicia, muy selectiva: buscaban por identidad política a quienes tenían vinculación con el peronismo. Esa purga produjo vacíos significativos, fundamentalmente por la calidad de las personas: magistrados dignos, gente inteligente, laboriosa, con opinión. Así empezó un proceso que fue teniendo las vicisitudes que todos conocemos.

–Con el retorno a la democracia, Alfonsín inicia el proceso pero primero intenta que sean los propios militares quienes juzguen.

–Alfonsín electoralmente ya había hecho pública su idea de enjuiciar a los militares y revisar el pasado. Había estallado el tema de la desaparición de personas, eran muchas las denuncias. Alfonsín fue fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Fue un hombre sumamente valiente que corrió todos los riesgos en el ejercicio profesional, defendiendo a personas con hábeas corpus, con una actividad política manifiestamente opositora y cuestionadora del golpe. Cuando llega al poder, una de las primeras cosas que hizo fue firmar el Decreto 158, por el cual le asignó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la misión de juzgar a los máximos responsables: los que habían sido comandantes en jefe de cada una de las fuerzas y de todas las juntas.

Acá no hay quien esté conspirando contra la democracia. En alguna época se había puesto de moda derrocar al gobierno por teléfono o de cualquier manera. Pero eso se acabó. Ya no hay lugar

–¿Por qué no llevarlo directamente a la justicia civil?

–La decisión de él era política. Quería, en principio, que los militares limpiaran su propia casa. Pero al propio tiempo, y como señalás, crea la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la CONADEP, un organismo de naturaleza administrativa pero compuesto por gente excepcional: independiente, de mente clara, democráticos. Magdalena Ruiz Guiñazú, Fernández Meijide, Ernésto Sábato… Personalidades muy respetadas de la vida pública argentina.

–La CONADEP fue base luego para el juicio a las Juntas pero el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no avanzó en su investigación interna.

–Alfonsín no tenía nada de ingenuo. Tengo la convicción de que cuando le asignó esa tarea al Consejo Supremo, lo que quería era fundamentalmente cumplir una formalidad o generar la oportunidad, si es que las nuevas Fuerzas Armadas, los nuevos mandos, querían investigar. Pero todos sabíamos que no estaban en condiciones de investigar absolutamente nada por el grado de compromiso que tenían. No solamente los mandos superiores, sino los intermedios, en la desaparición, en la tortura y los vejámenes que habían sufrido miles de personas.

–¿Y cómo la responsabilidad del juicio recae en la Cámara Federal?

–Se crea el proyecto de ley que torna apelable las decisiones del Consejo Supremo ante la Cámara Federal. Fueron echados los magistrados que estaban de facto y fuimos designados los seis nuevos. Ese proyecto fue muy enriquecido por el Congreso Nacional, en particular la Cámara de Diputados, porque se previó que si –como era evidente– el Consejo Supremo no avanzaba, desviaba el objeto de la investigación o lo que fuere, la Cámara Federal –ya no como tribunal de apelación sino como una suerte de custodio– tenía facultades de abocamiento. Y nosotros ejercimos esa facultad cuando verificamos que estaban haciendo cualquier cosa menos investigar. Incluso empezaron a investigar la subversión. Entonces nos abocamos y empezamos la investigación nosotros, con el Código Penal del año 21, respetando a rajatabla el principio de legalidad.

–¿Pensó alguna vez que el juicio podría haber fracasado?

–Sin duda. Teníamos la sensación de que teníamos una amenaza. Pero era nuestro deber, nuestra obligación legal. Todos éramos magistrados, así que asumimos ese compromiso y sacamos el pecho y fuimos para adelante, como se asumen las grandes responsabilidades de la vida. Los resultados fueron realmente extraordinarios. Estamos orgullosos de haber podido esclarecer, hacer justicia, respetar el principio de impunidad para crímenes de lesa humanidad, crímenes de un Estado terrorista.

–La apertura y el cierre del juicio los tuvo usted. ¿Era consciente del momento histórico?

–Es como estar en una batalla: uno no piensa qué le va a pasar. Hay un fuego, un calor encendido que te empuja hacia adelante por la convicción íntima de la necesidad de hacer justicia, de esclarecer los hechos, de averiguar qué había pasado con tantas personas que habían desaparecido y dar a sus familias una mínima satisfacción. Ese compromiso nos obligaba a poner de nuestra parte lo mejor y asumir los sacrificios que fueran necesarios.

–La sentencia incluía el punto 30, que marcaba que debía investigarse hacia adelante, a los mandos intermedios.

–El Código Procesal Penal determina la obligación de investigar todos los delitos de acción pública que lleguen a manos de funcionarios públicos. Todos ellos eran crímenes de lesa humanidad, sujetos a convenciones internacionales. Nosotros teníamos esa misión y la llevamos adelante. Porque los miembros de la Junta no tocaron a nadie con sus propias manos: eran los autores mediatos, quienes integraban y manejaban el aparato de poder. Pero era insoslayable no juzgar también a quienes cometían los homicidios, torturaban, tiraban los cadáveres desde aviones. La respuesta de un Estado democrático de derecho es justicia.

–El juicio a la Junta condenó a Videla, Massera, Viola, entre otros, aunque también hubo algunas absoluciones. ¿Cómo vivió usted los posteriores indultos de Menem? Usted formó parte de ese gobierno.

–Formé parte del gobierno de Menem porque él me llamó y me dijo que quería un código de procedimientos nuevo, porque el que regía era del año 1868. Yo tenía una gran experiencia judicial, era profesor de Derecho Procesal Penal y dije: voy a ir con ese objetivo, que era muy importante. Lamenté profundamente la decisión de los indultos. Sabía que iba a terminar en una pérdida muy grande de tiempo, que era imposible que eso se consolidara.

–¿Tuvo oportunidad de discutirlo con él?

–Todo fue anterior. Le dije de antemano, y lo dije públicamente, que estaba totalmente en contra, que era una medida totalmente desafortunada, que no se podía dejar impune crímenes de esa magnitud, que en Argentina no lo iba a querer nadie. Él argumentaba: “Yo busco la paz, tomo una medida pareja para todos”. Indultaba a los montoneros también. El argumento de buscar la pacificación, de que la sociedad pudiese reencauzarse y dejar atrás el dolor, era muy plausible. Pero no cuajaba de ninguna manera.

–Con el tiempo llegó el kirchnerismo y los juicios por la memoria fueron reabiertos y actualmente continúan. ¿Qué opina de los procesos vigentes, que son clave para la reparación histórica pero tienen mucho menos difusión mediática?

–Los más pesados ya han sido condenados. Hay un fenómeno: hubo gente que tuvo diversos cargos durante el período, en distintos lugares del país. Entonces a lo mejor en un caso se lo juzgó por lo que había pasado en La Perla, y después aparece el mismo hombre con una función en otra zona donde también hubo muertos y desaparecidos. Eso dio lugar a varios juzgamientos distintos y demoró todo. Hoy se juzgan responsabilidades remanentes o cosas que recién ahora se descubren.

–Sin embargo, hay un gobierno que empieza a poner en tela de juicio estos procesos, o al menos a no alentarlos. ¿Cómo lo ve?

–Hay un Poder Judicial debidamente empoderado haciendo su trabajo. El Poder Ejecutivo no alienta estos juicios, pero no levanta un dedo para desalentarlos en absoluto. Hay una prescindencia muy fuerte de parte del Gobierno. La vicepresidenta, que tiene un compromiso personal con el tema, da una opinión, pero no hay el más mínimo movimiento institucional. El Gobierno no quiere recibir una herencia donde las cuentas están cerradas.

–¿Ve posibilidad de que se indulte a alguno de los genocidas condenados?

–No lo sé. Honestamente, lo desconozco. No creo que vaya a haber un indulto presidencial, aunque pueda tener relación con legisladores que participen de la idea de celebrar lo que hicieron los condenados por crímenes de lesa humanidad.

–Pero que estemos discutiendo esa posibilidad, 50 años después... ¿qué reflexión le cabe?

–No estamos hablando de hechos que significaron una persona: estamos hablando de hechos que conmovieron los cimientos de la institucionalidad argentina, que instalaron terrorismo de Estado, que utilizaron las prácticas más genocidas para sofocar un fenómeno. La respuesta posible de un Estado de Derecho no era esa.

–50 años después del golpe, ¿el balance como sociedad ha sido positivo?

–No hay duda. Por fortuna. El mérito de Alfonsín es indiscutible: es un refundador de la democracia, quien tomó medidas que hoy consolidan la estabilidad de un gobierno democrático. Los sucesivos gobiernos continuaron con un enorme compromiso. Acá no hay quien esté conspirando contra la democracia. En alguna época se había puesto de moda derrocar al gobierno por teléfono o de cualquier manera. Pero eso se acabó. Ya no hay lugar. Se avanzó en términos de democracia, respeto por la legalidad, observancia de las garantías constitucionales, aplicación de las reglas del Estado de Derecho. Argentina es un país que supera cualquier test en materia de apego a un marco institucional propio del Estado de Derecho. Eso, sin duda.

MC