Tres años estuvo en vigor la vía extraordinaria abierta por la Ley de Memoria Democrática para que los hijos y nietos de españoles que se exiliaron o emigraron pudieran adquirir la nacionalidad española. El aluvión de solicitudes fue tal que el Gobierno español tuvo que ampliar un año el plazo, cerrado definitivamente en octubre con un enorme flujo de peticiones pendiente de tramitar por los consulados, que se vieron desbordados: en total, más de un millón de personas (1.170.999) ejercieron este derecho desde 2021, de las que más de la mitad, en concreto 632.670, siguen esperando una decisión. Solo el 25% del total de solicitudes están al día de hoy finalmente inscriptas.

Son los datos que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores hasta febrero de 2026, los últimos disponibles, a los que elDiario.es accedió a través de una solicitud de acceso a la información realizada a través del Portal de Transparencia. Las cifras revelaron la incapacidad de los consulados de España en el extranjero para gestionar el volumen de solicitudes. Argentina, Cuba, Brasil y México concentran el mayor número de peticiones y también la mayor cifra de inscripciones: solo entre los cuatro países acumulan el 72% de las personas que pidieron la nacionalidad.

Del total de peticiones ya resueltas, fueron aceptadas hasta la fecha y solo hay un 1,32% de denegaciones. El cuello de botella está en que un 54% de las solicitudes esperan todavía en un cajón y por eso, el paso siguiente, el de hacer la nacionalidad plenamente efectiva y que sea anotada definitivamente en el Registro Civil consular, va con tanto retraso. La situación mantiene en un limbo a miles de personas, que llevan en muchos casos esperando más de un año solo para lograr pedir cita y que denuncian sentirse atrapados en un laberinto que parece no tener fin. Consultado por la situación, el Ministerio de Exteriores no respondió a este medio, pero fuentes del Gobierno apuntaron a que se hizo “un esfuerzo enorme” para reforzar el personal de los consulados como medida para atajar la situación.

“Esto se ha convertido para muchas familias en una pesadilla burocrática y un vía crucis de papeleos, silencios administrativos y desgaste emocional”, señaló desde La Habana Roberto, que pidió la nacionalidad junto a su madre, sus hermanas y sus primos y que está en contacto con decenas de afectados a través de los grupos de Telegram en los que se organizaron. Las experiencias de unos y otros, dijo, son “muy similares” y retratan esperas “interminables” para obtener la credencial con la que después podrán pedir cita, expedientes “que desaparecen” o solicitudes que “son devueltas para empezar de cero”.

En su caso, inició el proceso en junio de 2024 con la reclamación de una credencial vía correo electrónico, que era la vía estipulada antes de que el sistema cambiara a un formulario digital. En la respuesta, el consulado advertió: “IMPORTANTE. Tenemos una cantidad muy alta de solicitantes, lo que provoca unos tiempos de espera mayores. Es posible que reciba sus credenciales con una demora de HASTA SEIS MESES”, reza el correo electrónico automático que recibió. Lo que iba a ser medio año, sin embargo, se convirtió en más de un año y medio y no fue hasta este febrero cuando recibió la clave con la que ya tuvo una cita para entregar la documentación.

“Nos dicen que ahora tendremos que esperar otro año y medio”, apuntó este hombre, nieto de un canario que salió de España hacia Cuba en 1908 huyendo del servicio militar obligatorio y de “una situación política compleja” que en esa época “castigaba a las clases humildes”. La familia intentó acogerse a la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ya abrió por primera vez una vía excepcional para otorgar la nacionalidad en estos casos, pero no logró encontrar la partida de nacimiento de los abuelos.

La ley de 2022 nació con vocación de superar las lagunas que de la anterior legislación y reconoce varios supuestos: podrán acogerse a ella los hijos y nietos de exiliados por “razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual” que perdieran o renunciaran a la nacionalidad, también los hijos de mujeres que la perdieron por casarse con un extranjero —algo que ocurría antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978— y los hijos de quienes adquirieran la nacionalidad en virtud de la ley de 2007. Sin embargo, la instrucción posterior que desarrolla la norma extiende su aplicación a los “nacidos de padres o abuelos originariamente españoles”, es decir, de quienes emigraron independientemente del motivo.

Argentina, a la cabeza

Las peticiones de nacionalidad salpican prácticamente a todos los países, pero unos pocos concentran la inmensa mayoría de las mismas. A la cabeza está Argentina, donde hay registradas 462.815 peticiones en los cinco consulados de España en el país, seguida de Brasil (137.322), México (116.785) y Cuba, en cuyo único consulado en La Habana se acumulan 137.770 expedientes. Estados Unidos y Chile también registran por encima de las 50.000 solicitudes y Francia supera las 25.000.

Todos ellos son igualmente los países que más demandas tienen pendientes de gestionar. “Se ha generado una avalancha internacional de solicitudes y saturación de oficinas consulares con especial incidencia en América Latina. Es un auténtico colapso que está provocando que haya grandes bolsas de solicitantes a la espera de cita. Harán falta muchos años para que puedan completarse todos los expedientes y se llegue al último paso, el de la inscripción, en todos los casos”, lamentó Estela Marina Pérez, presidenta de la Asociación de Descendientes en el Mundo.

De los países con más solicitudes sin tramitar, Estados Unidos, Cuba y México tienen entre 54.000 y 64.000 peticiones pendientes, México supera las 100.000 y Argentina es el país con más retraso con 229.653 instancias sin respuesta. Sin embargo, la proporción de personas que pudieron finalmente inscribirse varía, aunque casi ninguno de los países supera la mitad de inscripciones, solo Cuba, que roza el 52%. En Argentina, únicamente fueron anotadas de forma definitiva el 16% de todas las peticiones y le siguen Chile, Uruguay y Brasil como países con menor porcentaje de inscripciones.

Manuel Camejo, abogado de Camejo Law Firm, está asesorando a muchas de estas personas en Buenos Aires, un consulado en el que “hay un caos total”, aseguró. Los obstáculos principales tienen que ver con personas a las que no les llegan las credenciales reclamadas o con quienes, una vez que las tienen, “no están pudiendo acceder a un turno” mientras que las peticiones que se están ahora resolviendo fueron presentadas en el verano de 2023, señaló el abogado.

Consciente del retraso, el consulado reconoció que los sistemas informáticos “no permiten procesar con la velocidad necesaria” el número de solicitudes y apuntó a que “se están ampliando la velocidad y la capacidad de las líneas de conectividad existentes”, señaló en un boletín informativo publicado en marzo, en el que el consulado avanzó que decidió externalizar “la carga de los datos en papel de los expedientes” y que actualmente “se están cerrando los detalles” de este nuevo sistema, que entrará en vigor “en breve”.

Sobre la situación que atraviesan los trámites de nacionalidad alertó el Defensor del Pueblo por segundo año consecutivo en su informe anual, publicado la semana pasada. En él apuntó a que el funcionamiento de los registros civiles consulares fue “un año más” la cuestión que provocó un mayor número de quejas ciudadanas debido en parte al “impacto” que tuvo la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, por la que el organismo abrió una actuación de oficio ante la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del ministerio.

El Defensor del Pueblo recalcó el “indudable esfuerzo” del personal de las oficinas y señaló algunas medidas que se adoptaron en los distintos consulados para acelerar los trámites, incluyendo “la habilitación de nuevos espacios y el aumento de plantillas”. Esto sumado a la plena implementación del plan de digitalización consular “podría permitir a medio plazo resolver algunas de las dificultades identificadas”.

Aun así, al cierre del informe, el organismo remarcó que las actuaciones ante el Gobierno siguen abiertas a la espera de recibir información sobre el sistema de citas, las “demoras” en el envío de credenciales, los obstáculos para que todas las personas puedan presentar solicitudes en plazo y sobre el número de expedientes pendientes y la gran cantidad de inscripciones que están aún en el aire.