Federico Furiase y Felipe Nuñez, dos funcionarios del área de Economía, se defendieron este jueves de las críticas surgidas, luego de haber obtenido sendos créditos hipotecarios, y coincidieron en afirmar que no hicieron “nada ilegal” al respecto.

Furiase se desempeña como secretario de Finanzas, mientras que Nuñez es el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), además de ser asesor del ministro de Economía, Luis Caputo. Ambos negaron haber tenido algún privilegio para acceder a los préstamos por parte del Banco Nación.

“No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. ¿Por qué elegimos el Banco Nación? Primero, porque cobramos el sueldo ahí”, aseveró Nuñez, en declaraciones al canal de streaming Carajo.

Asimismo, aseveró que “somos clientes del Banco Nación. Tenemos la posibilidad de acceder a los productos que ofrece el banco y uno de ellos es el crédito hipotecario. Y lo más importante, era la tasa más competitiva del mercado. Nuestras familias se endeudaron a 30 años”.

Por su parte, Furiase aclaró que tomó un crédito en el Banco Nación para la compra de “una segunda vivienda a una tasa más alta. Eso de la tercera vivienda de la que se habla es una donación de derechos de usufructo que hicieron mis padres y me corresponde el 33%. No se toma como una vivienda. Y no vivo ahí desde 2010”.

Furiase obtuvo un crédito por 367 millones de pesos, unos 280 mil dólares desde agosto del año pasado, mientras que Nuñez accedió a 373 millones de pesos, es decir, unos 315 mil dólares en febrero del año pasado, aunque no fueron los únicos funcionarios del gobierno que pudieron conseguirlos.

También fueron beneficiados legisladores como Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde, así como Juan Pablo Carreira, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial; Sharif Menem, director de la secretaría privada en Diputados; Guillermo Madero, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa; Emiliano Mongilardi, director de YPF; y Leandro Massaccesi, ex jefe de gabinete del ministerio de Capital Humano, quien fue removido de su puesto por no habérselo informado a Sandra Pettovello, a cargo de esa cartera.

Qué investiga la Justicia

La polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo tiene su correlato judicial a raíz de las dos denuncias penales presentadas en Comodoro Py, que días atrás fueron sorteadas y recayeron en los juzgados federales de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, quienes deberán determinar si existieron irregularidades en la operatoria.

La primera presentación fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y quedó a cargo de Rafecas. Apunta contra el expresidente del Banco Nación Daniel Tillard y contra el superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet. La denuncia incluye acusaciones por presunta administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La segunda denuncia, en tanto, fue presentada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, acompañada por el socialista Esteban Paulón, y recayó en el juzgado de Capuchetti. A diferencia de la anterior, este planteo amplía el foco e incorpora no solo a las autoridades del banco sino también a varios de los beneficiarios de los préstamos.

Entre los nombres mencionados figuran el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el director del BICE, Felipe Núñez; y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni, entre otros. En este caso, los delitos señalados incluyen negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y defraudación.

El escándalo se desató tras la difusión de una lista de funcionarios y dirigentes que accedieron a créditos hipotecarios por montos millonarios en los últimos dos años. La información, basada en datos públicos del Banco Central y sistematizada por herramientas de acceso abierto, puso bajo la lupa posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los préstamos obtenidos.

Con información de NA.