La histórica cooperativa láctea SanCor, fundada hace más de ocho décadas y símbolo de la producción tambera del centro del país, pidió su propia quiebra ante la Justicia de Rafaela después de que los informes elaborados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la coadministradora designada por los tribunales confirmaran que la empresa atravesaba una profunda crisis que incluye la cesación de pagos y una insolvencia patrimonial general.

Por su parte, otra industria del ramo, Lácteos Verónica, que lleva tiempo con un deterioro sin freno, consiguió de momento evitar la quiebra, aunque mantiene congelada su producción en las tres plantas que posee y adeuda meses de sueldo, según la denuncia que hicieron los trabajadores a fines de 2025.

SanCor, en quiebra

La decisión de los directivos de SanCor, presentada ante el juez Marcelo Gelcich, marca el punto más crítico de un deterioro que lleva al menos una década y que la empresa ya considera irreversible.

La firma arrastra una deuda cercana a los US$120 millones, entre obligaciones en dólares y más de $40.000 millones en pasivos verificados. El concurso preventivo iniciado en febrero de 2025 no logró revertir la situación: la cooperativa no pudo recomponer su operación, perdió acceso al crédito y acumuló nuevas deudas, incluidas obligaciones salariales, fiscales y comerciales.

Según surge de los elementos incorporados en la causa, el pedido de quiebra no modifica el cuadro de situación previamente acreditado, sino que representa el reconocimiento formal de una crisis que ya había sido verificada por los organismos intervinientes, de acuerdo a lo que publica este jueves Mundo Gremial.

Desde el sector sindical señalaron que la decisión “pone fin a una postura que negaba la realidad”, en referencia a la conducción de la empresa, y remarcaron que incluso algunos directivos ya habían admitido en privado el estado crítico que ahora se oficializa.

Un derrumbe productivo que no encontró piso

El colapso de SanCor no es repentino: desde 2017 la cooperativa comenzó a achicar su estructura, desprendiéndose de plantas, marcas y personal. Su capacidad de procesamiento cayó de 4 millones de litros diarios a menos de 500.000, una reducción que la dejó fuera de la competencia frente a jugadores más capitalizados del sector.

En paralelo, la empresa atravesó conflictos laborales prolongados. El gremio lácteo Atilra denunció que la cooperativa adeuda ocho meses de salarios, aguinaldos y aportes retenidos que no fueron girados. En los últimos meses, la actividad se sostuvo parcialmente gracias a fondos del propio sindicato para garantizar prestaciones básicas.

Una crisis con historia política y económica

La trayectoria reciente de SanCor también estuvo atravesada por decisiones políticas y operaciones frustradas. En 2006, un acuerdo con Adecoagro fue frenado por el gobierno de Néstor Kirchner, que impulsó en su lugar un financiamiento venezolano por US$80 millones. Años después, la cooperativa terminó vendiendo activos a esa misma compañía, hoy vinculada al ecosistema cripto de Tether.

La coadministradora no pudo revertir la crisis

La intervención judicial tampoco es nueva: en diciembre pasado, el juez Gelcich había designado a una coadministradora para supervisar la gestión, tras objeciones de la Sindicatura sobre el manejo interno. Ese movimiento ya anticipaba un desenlace complejo.

La resolución se apoyó en tres ejes críticos señalados por la Sindicatura y el Comité Provisorio de Control (CPC):

Para el juez, esta combinación de incumplimientos configura un riesgo para la continuidad del proceso concursal y para los acreedores, y justifica la adopción de una medida “intermedia” que permita un control real y efectivo sin desplazar por completo a la conducción de la cooperativa.

Procesamientos por por apropiación indebida de recursos de la seguridad social

En febrero pasado, la fiscalía federal de Rafaela solicitó el procesamiento de dos expresidentes de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas por apropiación indebida de recursos de la seguridad social por más de $1.644 millones.

El requerimiento alcanzó a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes estuvieron al frente del Consejo de Administración de la firma entre febrero de 2020 y enero de 2024, periodo en el que, según la acusación, se retuvieron aportes de los trabajadores sin ser depositados en los sistemas de jubilaciones, pensiones y obras sociales, tal como establece la ley.

De acuerdo con el dictamen, Gastaldi habría incurrido en 17 hechos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se le imputan otros 16 correspondientes a los años 2022, 2023 y enero de 2024, todos ellos en concurso real y en carácter de autor.

El expediente se inició tras denuncias penales realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, quienes detectaron que la empresa no había transferido los aportes retenidos. En ambos casos, la justicia federal asumió la competencia tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial y la acumulación de las causas.

La investigación, sustentada en reportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la base de datos de la AFIP, concluyó que durante 33 períodos fiscales SanCor actuó como agente de percepción y retención sin cumplir con la obligación de depositar los fondos retenidos.

A pesar de que ambos imputados se abstuvieron de declarar al ser indagados, no negaron los hechos que se les atribuyen. Por eso, la fiscalía solicitó que el juez disponga su procesamiento conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

En cuanto a medidas de coerción, la fiscalía consideró suficiente la obligación de informar cambios de domicilio, dado que los acusados carecen de antecedentes penales, tienen domicilio fijo, actividad laboral declarada y se presentaron a las citaciones judiciales.

Qué puede pasar ahora

Aunque el pedido de quiebra aún debe formalizarse en el expediente, en el sector dan por hecho que la Justicia avanzará en esa dirección. Para los trabajadores, la incertidumbre es total: SanCor emplea a unas 850 personas y su continuidad dependerá de si el proceso permite una quiebra con continuidad, una figura que habilita mantener la actividad bajo otra estructura. Desde Atilra sostienen que la quiebra “no es un final”, sino la confirmación de un estado de insolvencia que ya estaba probado.

En paralelo, se espera la convocatoria a una asamblea de productores para ratificar la decisión y definir los pasos a seguir. La marca, todavía reconocida en el mercado, podría convertirse en un activo clave para eventuales inversores o esquemas cooperativos alternativos.

Un símbolo en caída

SanCor fue durante décadas un emblema de la lechería argentina y un actor central en la economía de Santa Fe y Córdoba. Su derrumbe sintetiza problemas estructurales del sector: volatilidad de precios, falta de financiamiento, costos crecientes y tensiones gremiales. Pero también expone errores de gestión, decisiones políticas fallidas y la incapacidad de adaptarse a un mercado cada vez más concentrado.

La quiebra no cierra la historia, pero sí marca un punto de inflexión. Lo que ocurra en las próximas semanas definirá si SanCor puede reconfigurarse o si su nombre quedará como un recuerdo de lo que alguna vez fue uno de los gigantes lácteos del país.

Lácteos Verónica sorteó la quiebra, pero sigue en crisis

Lácteos Verónica logró evitar la quiebra en la Justicia mediante el pago de una deuda superior a los $23 millones, pero la empresa continúa sin reactivar la producción en ninguna de sus tres plantas y la crisis afecta a sus más de 700 empleados que llevan meses sin cobrar, según denuncian desde fines de 2025.

Más de 700 empleados de las plantas de Lehmann, Clason y Suardi padecen atrasos salariales que se arrastran desde fines de 2025. Según relatan, en muchos casos no perciben ingresos desde febrero, lo que los obligó a recurrir a trabajos informales, endeudarse o depender de la asistencia de familiares para cubrir gastos básicos, de acuerdo a la información recabada por Infogremiales.

La crisis en la empresa de lácteos Verónica se profundizó en marzo pasado con suspensiones, jornada reducida y salarios impagos frente a lo que el gremio del sector presentó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo nacional.

La compañía láctea les comunicó a sus empleados, mediante una nota, la necesidad de reconfigurar la jornada laboral a raíz de la baja productividad y la falta de insumos esenciales para garantizar el proceso industrial.

Al respecto, el escrito expuso que “atento a la evidente crisis que se encuentra atravesando la Sociedad, la que comprende entre otros serios conflictos la ruptura de la cadena de abastecimiento, nos vemos en la obligación de reestructurar los horarios de empleabilidad”.

Al fundamentar esta decisión, la empresa expuso que se toma en base a “los escasos niveles de productividad actuales y siempre en miras de la conservación de los puestos de trabajo en tanto procuraremos continuar gestionando la recuperación del aprovisionamiento de materia prima”.

En este marco, puntualizó que “por lo expuesto y dando estricto cumplimiento a la previsión convencional, con causa en la pública y notoria crisis que estamos padeciendo, reducimos y reestructuramos los horarios de prestación de tareas y salarios conforme a un esquema reducido de 4 horas diarias”.

La medida está prevista que se extienda hasta el mes de abril inclusive, “con la esperanza de recuperar prontamente niveles razonables de productividad y empleabilidad”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Ante este panorama, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) presentó una denuncia por presunto lockout en la Dirección Nacional de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo.

En la presentación, el sindicato precisó que lácteos Verónica adeuda los salarios correspondientes a enero y febrero de 2026, sumado a la segunda cuota del aguinaldo pautada para diciembre pasado, y que incurre en retención indebida de aportes.

En este marco, trabajadores de la firma realizaron una presentación judicial en la Justicia Federal de San Isidro por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social y posible lavado de activos.

La empresa registra hace un año problemas financieros, cheques rechazados, atrasos en pagos a proveedores y demoras en salarios, aguinaldos y aportes de los trabajadores, lo que derivó en la delicada situación actual.

Con información de agencias, Mundo Gremial e Infogremiales.