El Gobierno Nacional publicó este viernes en el Boletín Oficial el Decreto 273/2026, que declara de interés público la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro y dispone la convocatoria a licitación pública en el marco del régimen de iniciativa privada. “La medida busca modernizar por completo la concesión de la terminal más importante de transporte automotor de pasajeros bajo un esquema de concesión con financiamiento 100% privado”, dispuso el Ejecutivo.

Desde 1993, la concesión de la Terminal está en manos de la empresa TEBA S.A., que era del empresario Néstor Otero (el “Zar de Retiro”), fallecido a fines de febrero de este año, quien en 2015 fuera condenado en el marco de una causa por el pago de coimas al entonces secretario de Transporte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Ricardo Jaime. Además, estaba imputado en la Causa Cuadernos. También manejeba hasta diciembre pasado la concesión de la estación Once del tren Sarmiento, cuando fue desalojado por orden del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6, a cargo del Dr. Enrique Lavié Pico.

De acuerdo al comunicado, “con inversión 100% privada, el Gobierno Nacional pone fin a más de 30 años de atraso y decadencia en la Terminal de Retiro. La posibilidad de avanzar con un esquema de financiamiento 100% privado es resultado del proceso de ordenamiento macroeconómico impulsado por el presidente Javier Milei, que permitió recuperar previsibilidad, estabilizar las variables económicas y generar condiciones de confianza para la inversión. Este nuevo contexto hace posible encarar proyectos de infraestructura de gran escala sin comprometer recursos del Estado, promoviendo la participación del sector privado bajo reglas claras, competitivas y transparentes”.

Además, el Gobierno remarcó que la Terminal de Ómnibus de Retiro, “principal nodo de transporte terrestre de larga distancia del país, por donde circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año —con picos de hasta 2 millones mensuales en temporada alta— y que opera más de 300 mil servicios anuales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con todo el territorio nacional y países limítrofes, será nuevamente licitada luego de 33 años”.

“De esta manera, se pone fin a una concesión otorgada en 1993, actualmente vencida, a cargo de la empresa TEBA S.A., de Néstor Otero, que con el paso de los años evidenció un deterioro sostenido en la calidad del servicio, con instalaciones deficientes, problemas de seguridad, falta de iluminación adecuada y condiciones de confort insuficientes que en nada beneficiaron a los millones de usuarios que transitan la terminal”, argumentaron desde el oficialismo.

Y agregaron: “A lo largo de distintos gobiernos se intentó sin éxito avanzar en un nuevo proceso licitatorio que permitiera revertir esta situación. Con esta decisión, el Gobierno Nacional ordena definitivamente un esquema que se prolongó en el tiempo sin las inversiones necesarias y da inicio a una nueva etapa basada en estándares modernos de calidad, seguridad y servicio”.

De acuerdo al decreto, el nuevo proyecto, propuesto por las empresas Inverlat Investments S.A., Service Trade S.A., Inversiones Peirod S.A. y BV Investment S.A., tiene como objetivo central “modernizar integralmente la terminal y su entorno, mejorar la experiencia de los usuarios, optimizar su operación y ampliar su capacidad, incluyendo la incorporación de nuevas dársenas y una planificación alineada con la demanda futura”, al tiempo que, de acuerdo al análisis de la gestión Milei, la iniciativa “permitirá avanzar en la transformación de una infraestructura clave que durante años no recibió las inversiones necesarias, con impacto directo en la calidad del servicio y en el funcionamiento general del sistema”.

Además de la mejora en las condiciones operativas, el proyecto “tendrá un impacto positivo en el entorno urbano, contribuyendo al ordenamiento del tránsito y a la generación de nuevas alternativas de circulación en una de las zonas más dinámicas de la Ciudad. Asimismo, se prevé un incremento significativo en los ingresos públicos”, detallaron.

Según se explica en la comunicación oficial, la iniciativa privada “fue presentada por un conjunto de empresas y evaluada por las áreas competentes en la materia, que elaboraron el correspondiente informe circunstanciado recomendando declarar de interés público el proyecto. Este se desarrollará bajo el régimen de concesión de obra, infraestructura y servicio público, con financiamiento íntegramente privado, lo que permitirá avanzar sin comprometer recursos del Estado”.

Las obras previstas incluyen “el reacondicionamiento, la modernización y la ampliación de la terminal, junto con la optimización de los servicios de administración, mantenimiento y operación” y la concesión tendrá una vigencia de 30 años. “Durante ese período, el concesionario asumirá la totalidad de la inversión y la operación del sistema, percibiendo los ingresos derivados de su explotación, y deberá abonar un canon mensual al Estado Nacional”, explicaron.

El Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo será la autoridad encargada de llevar adelante el proceso, incluyendo la elaboración de los pliegos, la convocatoria a licitación y la adjudicación, conforme al régimen vigente.

En paralelo, se garantizará la continuidad del servicio mediante el operador actual hasta tanto se adjudique la nueva concesión, asegurando el normal funcionamiento de la terminal durante todo el proceso de transición.

“Esta medida forma parte de una estrategia orientada a recuperar, modernizar y poner en valor la infraestructura de transporte, mejorando la calidad del servicio y promoviendo esquemas que impulsen la inversión privada con reglas claras y previsibilidad”, aseguraron desde Economía.

Y concluyen: “La renovación de la Terminal de Retiro representa una oportunidad para transformar un punto neurálgico del transporte en un espacio moderno, eficiente y mejor integrado con su entorno urbano, fortaleciendo su rol como puerta de entrada y salida para millones de argentinos”.

Antecedentes de la concesión

La Terminal de Ómnibus de Retiro es operada desde 1993 por la empresa TEBA S.A., a cargo desde aquel entonces de Nestor Otero y hoy en día por sus herederos, que obtuvo la concesión original tras una licitación pública. El contrato, con vencimiento inicial en 2005, fue luego prorrogado de manera directa hasta 2015, sin que se realizara un nuevo proceso competitivo.

A partir de ese momento, la concesión continuó sin licitación vigente: entre 2015 y 2020 operó con el contrato vencido, y en 2020 se otorgó una nueva prórroga acompañada de compromisos de mantenimiento de alcance limitado. “Desde entonces, la operación se ha sostenido en condiciones precarias y transitorias, sin un marco contractual actualizado”, sostienen desde la cartera de Caputo.

“Este esquema derivó en un progresivo deterioro del servicio y en reiterados problemas de funcionamiento, evidenciados en deficiencias de infraestructura, falencias de mantenimiento, condiciones inadecuadas de seguridad y una experiencia general deficitaria para los usuarios. Si bien a lo largo de los años se impulsaron procesos licitatorios, estos fracasaron, lo que limitó los incentivos para realizar inversiones estructurales y mejorar la calidad del servicio”, analizaron. Y agregaron: “En paralelo, el canon mostró una significativa pérdida de valor en términos reales a lo largo del tiempo. Mientras que en la licitación original se había ofertado un monto sustancialmente superior, durante años se mantuvo en niveles considerablemente más bajos y sin actualización acorde”.

“En los últimos años, distintos gobiernos intentaron avanzar en la regularización de esta situación y en el llamado a una nueva licitación, sin lograr concretarlo. En 2025, el Estado Nacional inició una revisión integral del esquema concesional, que hoy se encamina a su resolución definitiva mediante el proceso licitatorio anunciado”, concluye el comunicado que publicó este vierners el Gobierno en sus redes sociales y páginas oficiales.