La Justicia ratificó el procesamiento del empresario Marcelo Porcel, acusado por los presuntos abusos sexuales y corromper a diez adolescentes, compañeros del colegio de sus hijos, al tiempo que ordenaron colocarle una tobillera electrónica.

La resolución fue dictaminada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrado por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López, en el caso que investiga los hechos ocurridos durante reuniones que el implicado llevaba a cabo en su vivienda.

Los camaristas desestimaron el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la medida establecida, sin prisión preventiva, por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 50, a cargo del magistrado Carlos Bruniard.

Marcelo Porcel había sido procesado por ser considerado autor de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el aprovechamiento de la situación de guarda, cometido en forma reiterada a diez damnificados, que concurren realmente entre sí y en forma ideal con el de corrupción de menores de 13 años en al menos diez oportunidades que concurren materialmente entre sí, y a su vez idealmente con el de producción de representaciones de genitales de un menor de 18 años con fines predominantemente sexuales”, mientras que se le impuso un embargo contra sus bienes por la suma de $111.564.950.

Conforme al fallo, el empresario aprovechó los encuentros realizados en los distintos domicilios, a fin de desplegar “un entramado de relaciones y vínculos, naturalmente signado por una inexorable asimetría”, por lo que hacía uso de su posición económica y confianza para atacar a los damnificados.

Los camaristas resaltaron que las actitudes del implicado deben ser analizadas “de manera conjunta”, a raíz de que dan cuenta de “la unidad de acción exhibida en la fuente de captación de los niños y de oportunidad de desplegar en el trato con ellos el designio sexual abusivo”.

En este sentido, el sindicado les ofrecía alcohol, actividades recreativas y regalos a los adolescentes en medio de las reuniones donde les realizaba masajes e impulsaba situaciones de exhibición corporal.

Además, las entrevistas efectuadas en Cámara Gesell resultaron claves porque presentaron “coherencia interna y concatenaciones lógicas en su configuración”, en tanto que los menores evidenciaron “incomodidad y malestar” y se descartó la posibilidad de que esos testimonios sean fabulados o se encuentren motivados por intereses espurios.

“Sobre la producción de imágenes sexuales, los jueces validaron la imputación referida a fotografías halladas en teléfonos celulares secuestradas durante los allanamientos. Según la resolución, se trató de imágenes de uno de los adolescentes desnudo mientras se duchaba, tomadas ‘sin anuencia previa e incluso sin que aquél lo advirtiera'”, agregó el portal Fiscales.

Los jueces ordenaron la colocación de una tobillera y la entrega de botones antipánico a los denunciantes para la posible emisión de alertas en caso de que Porcel incumpla las restricciones de acercamiento vigentes.

Los tres miembros de la Cámara solicitaron que se comuniquen esos impedimentos de contacto a las comisarías pertinentes a los domicilios de los adolescentes y notificar a Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Cancillería respecto a la prohibición de salida del país contra el involucrado.

El empresario fue denunciado en julio de 2024 por llevar a los adolescentes a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina de Avenida del Libertador, del barrio porteño de Retiro, en donde organizaba “reuniones y fiestas”.

Hay al menos diez víctimas, pero son nueve las familias querellantes, ya que dos de los chicos son hermanos, y todas tienen el patrocinio de Pablo Hawlena Gianotti, mientras que al acusado lo defiende el abogado Roberto Rallin.

El acusado, que hasta no fue indagado ni imputado, formó parte de Oh! Buenos Aires, un holding uruguayo que tenía la concesión del shopping del ex Buenos Aires Design en Recoleta.

Además, está vinculado a una firma agropecuaria fundada por su familia y estuvo al frente de la empresa Campazu S.A., con proyectos en Nordelta y Punta del Este.

Los denunciantes son alumnos del Colegio Palermo Chico, donde también asisten los cuatro hijos de Porcel.

Con información de Noticias Argentinas

JIB