El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó este viernes más detalles sobre el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades que el Gobierno nacional planea enviar al Congreso. La iniciativa, que ya había sido anticipada por Manuel Adorni, propone una profunda actualización del régimen societario vigente, con el propósito de adecuarlo a las nuevas dinámicas económicas y fomentar la llegada de inversiones.

De acuerdo con el funcionario, el esquema actual responde a una lógica normativa propia de los años setenta, caracterizada por una fuerte intervención estatal y una visión de control sobre la actividad privada. La propuesta oficial busca reemplazar ese enfoque por otro basado en la libertad contractual y la capacidad de los socios para definir las reglas de funcionamiento de sus empresas.

Uno de los cambios más relevantes es que gran parte de las disposiciones de la ley pasarían a tener carácter supletorio. Esto significa que prevalecerían los acuerdos establecidos en los estatutos societarios, mientras que las limitaciones impuestas por el Estado quedarían reservadas para casos excepcionales.

La reforma también contempla una reducción de las facultades de los registros públicos, que ya no podrían imponer requisitos o restricciones adicionales a las previstas por la normativa. En paralelo, se flexibilizaría el concepto de objeto social: las compañías podrían abarcar actividades diversas sin necesidad de que guarden relación entre sí e incluso prescindir de su definición específica, quedando habilitadas para desarrollar cualquier actividad lícita.

Otro de los aspectos incluidos en el proyecto apunta a la resolución de conflictos empresariales. Las sociedades tendrían la posibilidad de someter controversias al arbitraje o incluso a legislaciones extranjeras, evitando la intervención de los tribunales locales. Según explicó Sturzenegger, esta práctica es habitual en centros financieros internacionales y contribuiría a mejorar las condiciones de competitividad del país.

En materia de modernización administrativa, la iniciativa propone una digitalización integral de la vida societaria. Entre otras medidas, habilita la constitución de empresas mediante firma digital, la utilización de libros contables electrónicos, la fijación de domicilios digitales y la realización de reuniones societarias remotas. Además, se prevé la creación de un legajo digital público para cada empresa, reemplazando definitivamente la documentación en papel.

El texto incorpora además nuevas figuras jurídicas vinculadas a los avances tecnológicos. Entre ellas se encuentran las denominadas “Sociedades Automatizadas”, capaces de operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin requerir personal para sus actividades habituales. También reconoce a las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), estructuras basadas en tecnología blockchain cuyos derechos de participación pueden representarse mediante tokens. Ambas modalidades contarían con personalidad jurídica y responsabilidad limitada.

Sturzenegger señaló que estos cambios buscan posicionar a la Argentina como un destino atractivo para emprendimientos tecnológicos y proyectos relacionados con la inteligencia artificial, tomando como referencia modelos internacionales exitosos en la captación de inversiones.

La iniciativa incorpora además herramientas financieras destinadas a facilitar el acceso al capital, como los aportes convertibles, que permiten financiar una empresa sin que el inversor adquiera de inmediato la condición de socio. También simplifica mecanismos de reorganización corporativa, habilitando procesos más ágiles para fusiones y absorciones dentro de grupos empresariales.

Por último, el proyecto contempla la renovación automática del plazo de duración de las sociedades y la continuidad indefinida de los mandatos de sus autoridades, salvo que los propios socios dispongan lo contrario.

Al presentar los lineamientos de la reforma, Sturzenegger sostuvo que el objetivo es reducir costos, eliminar regulaciones consideradas innecesarias y otorgar mayor libertad de acción al sector privado. El texto, elaborado con participación de distintas áreas del Gobierno, deberá ahora iniciar su recorrido legislativo en el Congreso.