“Es sumamente importante venir porque los femicidios que pasaron pudieron haberse evitado y la Justicia no está actuando. Me preocupa que el día de mañana esa mujer sea mi hermana, mi prima o mis amigas. Creo que todas las mujeres argentinas conocemos a alguien que sufrió violencia”. La que habla frente al Cine Gaumont es Celeste, una adolescente de 15 años. Casi la misma edad que tenía Agostina Vega, la nena encontrada asesinada en Córdoba tras permanecer desaparecida varios días, en un caso que escaló la indignación e hizo que hoy muchas mujeres sintieran la necesidad de salir a las calles de todo el país en el undécimo aniversario de Ni Una Menos.

Once años después de aquella primera movilización, que se repite anualmente, la Plaza del Congreso en Buenos Aires se colmó de mujeres, disidencias, pero también de muchos hombres, niños, familias enteras para pedir que de una vez por todas paren los femicidios. Los asesinatos de Agostina pero también de Dulce María Candia y Noelia Romero, ocurridos en los últimos días, encendieron aún más un fuego que ya ardía. La jornada estuvo atravesada por la emoción, la bronca y la convicción de que, frente al avance de los discursos negacionistas y el desmantelamiento de las políticas públicas contra la violencia de género, la presencia en las calles sigue siendo una herramienta irremplazable.

Desde temprano comenzaron a llegar las columnas de organizaciones feministas, sindicales, sociales, estudiantiles y de derechos humanos. Los bombos marcaron el ritmo de una tarde fría que rápidamente ganó temperatura entre abrazos, pañuelos, carteles y cánticos que ya forman parte de la memoria colectiva del movimiento. “¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina!”, coreaban miles de voces frente al Congreso. Unos metros más allá llegaba la respuesta: “¡Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas! ¡Que América Latina será toda feminista!”. Más tarde, otra consigna recorría la plaza de punta a punta: “¡Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer!”.

La convocatoria de este miércoles se realizó bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”. El caso de Agostina se convirtió en uno de los motores de la movilización y estuvo presente en pancartas, intervenciones artísticas y discursos. También fueron recordadas Dulce María Candia, de 17 años, asesinada en Misiones, y Noelia Carolina Romero, de 30 años, asesinada en Temperley. Imágenes similares se replicaron en las marchas que tuvieron lugar en ciudades como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Paraná, Neuquén, Bariloche, Trelew y Comodoro Rivadavia.

Entre quienes participaron de la marcha porteña, la necesidad de acompañar colectivamente esa demanda apareció de manera constante. “Venimos por compromiso. Por compromiso social hacia todas las mujeres. Porque tengo dos hijas. Por eso vengo a la marcha”, contó Mariana, una manifestante, mientras caminaba junto a su familia entre las columnas.

Luciana, otra joven, explicó que decidió acercarse porque considera imprescindible enfrentar los discursos que niegan la violencia de género. “Estamos acá porque me parece súper importante luchar por todas las que matan y también porque hay mucha gente que niega que estas cosas pasan y que niega el concepto de femicidio. Me parece importante venir para que haya conciencia de que hay gente que realmente lucha por las chicas que ya no están, por las que fueron abusadas, acosadas o asesinadas. Aunque sea un rato, hay que estar presentes para demostrar que nos apoyamos entre todas”, señaló.

Al cierre de la jornada se leyó un documento consensuado por las organizaciones convocantes. Allí, Ni Una Menos sostuvo que la movilización estuvo atravesada por el reclamo de justicia por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Candia y Noelia Romero. “Las vidas de las pibas valen”, afirmaron, al tiempo que exigieron la renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y la destitución de los fiscales que intervinieron en la investigación del caso Agostina. El texto definió lo ocurrido como una muestra de la “desidia organizada del Poder Judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad”.

El documento, leído entre otras por la cantante Cazzu y la actriz Thelma Fardin, ambas víctimas de abusos, también incluyó fuertes críticas al Gobierno nacional. “Hoy frente al gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal, decimos: nuestras vidas no son desechables”, expresaron. Las organizaciones denunciaron además un “antifeminismo de Estado”, cuestionaron el desmantelamiento de programas vinculados a las políticas de género y reclamaron la recuperación de herramientas de prevención y asistencia para mujeres y diversidades.

La proclama vinculó además la agenda feminista con otros reclamos sociales y económicos. “Nos movilizamos para gritar basta a este modelo de hambre y saqueo que precariza y criminaliza la vida”, señalaron, al tiempo que rechazaron las políticas de ajuste y endeudamiento impulsadas por el Gobierno. Hacia el final, el texto recuperó el espíritu que dio origen al movimiento hace más de una década: “Frente al odio, más organización; frente al saqueo, más solidaridad; frente a la crueldad, más comunidad. Somos quienes sostenemos la vida y también quienes podemos transformarla”.

Según datos del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de este año se registraron 99 víctimas letales de violencia de género en Argentina. La organización también indicó que desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015, se contabilizaron más de 3.400 femicidios en todo el país.

La movilización contó además con la presencia de la CGT, las dos CTA, sindicatos docentes, organizaciones estudiantiles, agrupaciones de derechos humanos y colectivos transfeministas. La marcha coincidió con la habitual protesta de jubilados de los miércoles, generando una importante concentración de manifestantes en las inmediaciones del Congreso durante gran parte de la tarde.

Cuando la tarde comenzaba a caer, las columnas iniciaron la desconcentración. Quedaban todavía los bombos, las banderas y los últimos cánticos resonando entre los edificios del centro porteño.

CRM

Los protocolos de búsqueda de niños, niñas y adolescentes impulsados por el Ministerio Público Fiscal, en línea con los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son claros: no existe tiempo de espera para recibir una denuncia; debe presumirse la hipótesis más grave; la búsqueda debe activarse de inmediato; y todas las herramientas disponibles, incluyendo el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU) y, cuando corresponda, el Alerta Sofía, deben ponerse en marcha sin dilaciones.

Sin embargo, todo indica que en el caso de Agostina Vega esas premisas no fueron respetadas desde el primer momento. La denuncia no habría sido receptada con la urgencia que exige el protocolo y tampoco se habrían activado de manera inmediata los mecanismos federales de búsqueda. Se trata de decisiones que no pueden considerarse menores cuando las primeras horas son determinantes para preservar la vida de una víctima.

Lo más preocupante es que no estamos ante un protocolo desconocido. El propio Ministerio Público Fiscal de Córdoba ha demostrado que sabe aplicarlo cuando la situación lo requiere, como ocurrió en la búsqueda de Liam. Del mismo modo, los casos de Loan Peña en Corrientes y Guadalupe Lucero en San Luis instalaron en la agenda pública nacional la importancia de actuar rápido y sin especulaciones frente a la desaparición de un menor.

Por eso, el debate no puede limitarse a determinar quién ejecutó materialmente el crimen. También debe analizarse si existieron errores, negligencias o incluso posibles responsabilidades institucionales que contribuyeron a perder tiempo valioso.

Las denuncias públicas sobre eventuales vínculos políticos, policiales o judiciales que habrían favorecido la falta de reacción merecen una investigación exhaustiva, independiente y transparente. La sociedad tiene derecho a conocer toda la verdad.

Pero aun cuando se identifique y sancione a todos los responsables directos e indirectos de este caso, Agostina no debe ser vista como una excepción. En demasiadas desapariciones de menores en Argentina todavía prevalece la lógica de la simple “búsqueda de paradero”, cuando los estándares nacionales e internacionales exigen exactamente lo contrario: actuar desde el primer minuto bajo la presunción de que la víctima puede estar siendo objeto de un delito grave.

Cada demora burocrática, cada denuncia no tomada, cada alerta que no se activa a tiempo equivale a jugar a la ruleta rusa con el destino de un niño o adolescente desaparecido. Por eso resulta urgente que el Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y los ministerios de Seguridad nacionales y provinciales impulsen una política activa de capacitación, control y cumplimiento obligatorio de los protocolos de búsqueda.

Del mismo modo, es imprescindible reforzar las campañas públicas de difusión de los números 911, 145 y 134 para que familiares, vecinos y testigos sepan cómo actuar ante una desaparición. La mejor forma de honrar la memoria de Agostina no será solamente condenar a los culpables. Será garantizar que ningún otro niño, niña o adolescente desaparecido vuelva a quedar librado a su suerte por la indiferencia, la burocracia o la inacción del Estado.

A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, organizaciones feministas convocaron a marchar este 3 de junio frente al Congreso bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”. Aunque la convocatoria había sido definida en asamblea la semana pasada, el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba tras varios días de búsqueda, le imprimió un nuevo sentido de urgencia a la protesta.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes en la Ciudad de Buenos Aires, las referentes del colectivo señalaron que el caso expone las fallas de las instituciones encargadas de prevenir y actuar ante las violencias de género. Según diferentes observatorios, en la Argentina se registra un femicidio cada 31 horas. Además, denunciaron que la respuesta estatal estuvo marcada por demoras y omisiones que, según sostuvieron, vuelven a poner en evidencia la falta de protección para niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad.

“Nos enteramos de esta triste noticia del femicidio de Agostina y nos pareció importante dar un mensaje transversal desde todos los sectores para denunciar que en la Argentina la vida de las pibas importa muy poco”, señalaron las voceras.

Las organizaciones definieron el caso como una “desidia organizada desde el Estado” y apuntaron especialmente contra la actuación judicial. Según expresaron, existieron demoras en la búsqueda de la adolescente y una respuesta insuficiente por parte de los organismos que debían intervenir.

“Hemos catalogado este femicidio como una desidia organizada desde el Estado. Un Poder Judicial que buscó tarde, que no implementó las medidas de alerta en el tiempo que requerían”, afirmaron durante la conferencia.

En el documento consensuado por las organizaciones que integran Ni Una Menos también se cuestiona que las condiciones sociales de la víctima hayan influido en la respuesta institucional. “Con el femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aun cuando existen sistemas de alerta y facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular”, sostuvieron.

Las denuncias planteadas por Ni Una Menos coinciden con las conclusiones difundidas por el Observatorio Lucía Pérez, que en un informe sostuvo que “todo femicidio es evitable” y atribuyó una responsabilidad directa al Estado en la reproducción de estas violencias. Según el relevamiento, en lo que va de 2026 se registraron 95 femicidios y travesticidios, 95 tentativas de femicidio, 59 mujeres y niñas desaparecidas y 66 niñas y niños que quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes.

El informe dedica un apartado al caso de Agostina Vega y cuestiona la actuación de la Justicia cordobesa. Entre otros puntos, señala que la activación de los protocolos de búsqueda y las medidas de investigación se realizaron con demora, pese a que existían datos sobre el principal sospechoso desde los primeros momentos de la desaparición. Para el Observatorio, el caso constituye un ejemplo de lo que denomina “femicidios territoriales”, crímenes atravesados por tramas de violencia e impunidad en las que intervienen distintos actores estatales y que terminan favoreciendo la falta de respuestas efectivas.

Las críticas también alcanzaron al Gobierno nacional. Las referentes de Ni Una Menos rechazaron recientes declaraciones oficiales sobre una reducción de los femicidios y consideraron que ese enfoque desconoce la gravedad de las distintas formas de violencia que atraviesan mujeres y diversidades.

“Se busca desconocer la realidad de las violencias y evaluarla con porcentajes cuando estamos hablando de vidas concretas”, señalaron. En la misma línea, cuestionaron lo que definieron como una política de ataque a los movimientos feministas y de diversidad sexual, y advirtieron sobre el crecimiento de los discursos de odio y crueldad.

La movilización de este año se realizará bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos” y coincidirá con el undécimo aniversario de la primera marcha de Ni Una Menos, que en 2015 marcó un punto de inflexión en la visibilización de las violencias machistas en Argentina.

Desde la organización remarcaron que, frente al contexto actual, la respuesta seguirá siendo colectiva. “Contra eso armamos una comunidad en cada barrio, en cada escuela, en cada salita. Contra eso hicimos redes y desde allí nos vamos a movilizar y construir protección y cuidado para las vidas que queremos vivir”, concluyeron.

La concentración está prevista para el miércoles 3 de junio a las 17 frente al Congreso Nacional, desde donde volverán a reclamar justicia por Agostina Vega y por todas las víctimas de la violencia machista.

CRM

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba tras una semana de búsqueda, ingresó en una nueva etapa marcada por las pericias forenses pendientes, la reconstrucción de las horas previas al crimen y la posible ampliación de responsabilidades más allá del único detenido hasta el momento, Claudio Barrelier.

Aunque el fiscal Raúl Garzón adelantó que el asesinato se habría producido durante la noche de la desaparición de la joven o en las primeras horas del día siguiente, los resultados definitivos de la autopsia y de los estudios complementarios serán determinantes para establecer de manera oficial la fecha, la causa precisa de la muerte y la mecánica del homicidio.

La confirmación de que Agostina fue víctima de un femicidio profundizó el dolor de su familia y modificó el rumbo de la causa. La imputación inicial por privación ilegítima de la libertad deberá ser recalificada por una figura más grave, que podría derivar en una acusación de homicidio agravado, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

Las pruebas que busca consolidar la fiscalía

Uno de los principales focos de la investigación sigue siendo la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico, donde los investigadores secuestraron elementos considerados relevantes para la causa.

Según trascendió, en el lugar se detectaron manchas de sangre y sectores que habrían sido limpiados con lavandina, una circunstancia que ahora forma parte de los análisis periciales. La hipótesis de los investigadores es que el crimen pudo haberse producido dentro de esa casa.

A la vez, continúan los rastrillajes en la zona de Ampliación Ferreyra, donde fueron hallados restos vinculados a la víctima. Los procedimientos buscan recuperar evidencia adicional que permita reconstruir el recorrido posterior al crimen y precisar cómo fue trasladado el cuerpo.

La fiscalía también intenta determinar si Barrelier actuó solo o si contó con colaboración de terceros. En ese marco, podrían adquirir relevancia los testimonios de personas de su entorno y de quienes compartían la vivienda donde se habrían producido los hechos.

La posición de la querella y las responsabilidades pendientes

El abogado de la familia paterna de Agostina, Gino Torreani, afirmó que existen elementos de prueba que comprometen de manera directa al acusado y sostuvo que la investigación debe avanzar ahora sobre las circunstancias que rodearon el hecho.

“Hay elementos probatorios y evidencia clara y concreta que lo tienen acorralado”, señaló el letrado, quien consideró que la recalificación de la imputación es un paso inevitable tras la confirmación del crimen.

Sin embargo, la querella evita cerrar otras líneas de investigación. Entre los aspectos que podrían ser analizados figura el vínculo que mantenía Barrelier con la madre de la adolescente y la eventual participación de otras personas.

Por el momento no existen imputaciones adicionales, aunque la fiscalía procura establecer si hubo colaboradores, encubridores o personas que pudieron haber tenido conocimiento de lo ocurrido.

En paralelo, también podrían revisarse las circunstancias que permitieron que Barrelier recuperara la libertad el año pasado luego de haber sido imputado en una causa por privación ilegítima de la libertad contra una expareja.

El impacto en la familia y las protestas en Córdoba

Mientras la investigación judicial avanza, la familia de Agostina atraviesa las horas más difíciles desde el hallazgo del cuerpo.

La madre de la adolescente, Melisa Heredia, permanecía internada cuando recibió la noticia de la muerte de su hija. Según relataron familiares, debió ser asistida y sedada por recomendación médica debido al fuerte impacto emocional que provocó la confirmación del crimen.

La conmoción también se trasladó a las calles. Vecinos, familiares y amigos participaron de movilizaciones para exigir justicia y reclamar el esclarecimiento completo de los hechos. Algunas de las protestas derivaron en incidentes frente a dependencias policiales, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de seguridad.

En ese contexto, el abuelo de la adolescente, Miguel Heredia, reclamó que la investigación avance hasta identificar a todos los responsables. “Quiero que caigan todos los que tengan algo que ver con su muerte”, sostuvo.

Con los resultados forenses aún pendientes y varias preguntas sin respuesta, la causa se encamina ahora hacia una etapa clave. Determinar cuándo y cómo fue asesinada Agostina, quiénes participaron y qué ocurrió durante las horas posteriores a su desaparición serán los principales desafíos de una investigación que mantiene en vilo a Córdoba.

Con información de NA

Agostina Vega, quien estaba desaparecida desde hace una semana, fue hallada sin vida esta tarde en un descampado ubicado cerca del barrio Ampliación Ferreyra, en las inmediaciones la capital de Córdoba, según confirmaron las autoridades.

El hallazgo, en vísperas de la marcha del Ni Una Menos (3 de junio), se concretó durante uno de los rastrillajes que se llevó a cabo en esa zona, con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y del jefe de la Policía, Marcelo Marín.

Desde el Observatorio Lucía Pérez, luego de conocerse la noticia del asesinato de Agostina Vega, informaron que en lo que va de 2026 se han registrado 94 femicidios.

La adolescente, de 14 años, estaba desaparecida desde el sábado pasado, y por hecho había sido detenido Claudio Barrelier, expareja de la madre, y quien había mostrado contradicciones durantes las declaraciones que dio ante la Justicia.

Los restos fueron encontrados en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra durante una rastrillaje del que participaron el fiscal de la causa, Raúl Garzón; y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el papá de Agostina, Gabriel Vega.

“Hemos encontrado restos humanos que en un 98 por ciento podemos decir que corresponderían a Agostina”, dijo el fiscal Garzón durante la conferencia de prensa que ofreció por la noche.

“Estamos frente a un homicidio, hay un detenido y es necesario evaluar otras circunstancias. A Agostina la buscamos en todo el país, no solo en Córdoba”, siguió Garzón. El fiscal confirmó que el  “homicidio se produjo entre las 23,30 del sábado y la una o dos de la mañana” del domingo. Además rechazó cualquier crítica a su actuación.  “No hay ninguna, absolutamente ninguna autocrítica que hacer”, dijo.

La mamá de Agostina, Melisa Heredia, fue trasladada a un centro asistencial con un cuadro de descompensación tras haber sido informada del hallazgo.

La joven había sido vista por última vez la noche del sábado 23 de mayo, lo que había generado un amplio operativo policial y una fuerte movilización en redes sociales y entre familiares y vecinos para dar con su paradero. Finalmente, el cuerpo fue encontrado en un descampado, un lugar que ya había sido relevado por los investigadores y donde había estado Claudio Barrelier, quien permanece como el único detenido en la causa.

Este sábado, poco antes del hallazgo del cuerpo, renunció como defensor de Barrelier su abogado Jorge Sánchez del Bianco por  “diferencias técnicas irreconciliables”.

El caso, que se sigue minuto a minuto, generó gran conmoción en la comunidad y reavivó los reclamos por el avance de la investigación. Fuentes cercanas al expediente indicaron que el foco ahora está puesto en determinar las circunstancias del hecho y en analizar las pruebas recolectadas durante la búsqueda para reconstruir lo ocurrido.

La desaparición de Agostina Vega había motivado la activación de protocolos especiales y la intervención de distintas áreas de seguridad, en un operativo que se extendió durante varios días hasta el hallazgo que puso fin a la incertidumbre.

Los femicidios en Argentina

Este miércoles 3 de junio se cumplirán 11 años de la primera marcha “Ni Una Menos”, la puso a la violencia de género y los femicidios en el centro de la discusión política. El disparador fue el asesinato de otra adolescente de la misma edad de Agostina, Chiara Páez, quien fue asesinada por su novio.

Este año, por primera vez desde 2017, hubo una leve baja en el índice de femicidios según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ): se registraron 200 víctimas directas, una cada 44 horas. Pero los números están lejos de ser una buena noticia. Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA): “Que bajen los femicidios siempre es una buena noticia. Pero decir que la violencia de género ya no es un problema o que el Estado puede retirarse con una variación de un sólo año, es falaz. Lo que muestran las estadísticas es otra cosa: hubo más tentativas de femicidio pero menos femicidios en el mismo año. Muchas mujeres sobrevivieron porque existieron intervenciones previas, dispositivos territoriales y políticas públicas que llegaron antes. La violencia no desapareció: sigue ocurriendo, sólo que en algunos casos el desenlace fatal pudo evitarse. Desarmar esas herramientas en este contexto no es eficiencia: es abandonar a las mujeres cuando más necesitan ayuda”.

Es que el asesinato de Agostina se produce en el marco de un ajuste sin precedentes en las políticas de género y de atención a las víctimas, desde el Ministerio de la Mujer hasta el programa Acompañar o la línea 144.

Con información de NA