La defensa de la educación pública y de la soberanía nacional reunirá este jueves a estudiantes, docentes, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos en una movilización que tendrá su epicentro frente al Congreso. La quinta Marcha Federal Universitaria coincidirá con una jornada de protesta contra el DNU 70/2023, mediante el cual el gobierno de Javier Milei derogó, entre otras normas, la Ley de Tierras, que establecía límites a la propiedad extranjera de territorios rurales.

La convocatoria, que se replicará en distintas ciudades del país, tendrá como uno de sus principales reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada después del veto presidencial. También se exigirá la protección de los recursos naturales, la continuidad de las políticas destinadas a las personas con discapacidad y medidas frente al creciente endeudamiento de las familias.

En la Ciudad de Buenos Aires, las primeras actividades están previstas desde las 10.30, mientras que distintas organizaciones comenzarán a concentrarse entre las 12.30 y las 13.30 en las inmediaciones del Congreso. Las dos CTA convocaron a reunirse a las 13 en Avenida de Mayo y Salta, y el acto central universitario está anunciado para las 16 en la Plaza del Congreso.

La movilización contará con la participación de las centrales sindicales, gremios universitarios, agrupaciones estudiantiles, organizaciones de jubilados, movimientos sociales, colectivos ambientalistas, sectores vinculados a la discapacidad y agrupaciones políticas de la oposición.

La universidad pública vuelve a las calles

La quinta Marcha Federal Universitaria fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.

La legislación establece mecanismos para recuperar el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, actualizar las becas estudiantiles y sostener las actividades académicas y científicas. Sin embargo, el Gobierno condicionó su puesta en marcha a la identificación de fuentes presupuestarias, una decisión que dio lugar a distintas presentaciones judiciales.

El conflicto sumó este miércoles un nuevo capítulo cuando el juez federal Martín Cormick impuso una multa de 100.000 pesos diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba avanzar con las recomposiciones salariales y las becas.

La sanción se produjo después de que el Consejo Interuniversitario Nacional denunciara que el Ejecutivo había dejado vencer los plazos fijados por la Justicia sin concretar las actualizaciones reclamadas. El magistrado advirtió que tanto el monto de la multa como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si continúa el incumplimiento.

Además de exigir la aplicación de la ley, las universidades cuestionan las partidas previstas en el proyecto de Presupuesto 2027, que consideran insuficientes para atender las necesidades del sistema educativo y científico.

En su convocatoria, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) reclamó el cumplimiento de las decisiones judiciales y sostuvo que la movilización busca defender tanto la educación superior como la investigación científica. La Universidad Nacional de las Artes (UNA), por su parte, convocó a sumarse a los reclamos por la soberanía, la democracia y los derechos de las personas con discapacidad.

La soberanía y la Ley de Tierras, otro eje de la protesta

La marcha también estará atravesada por el rechazo al DNU 70/2023, firmado por Milei en diciembre de 2023, que introdujo modificaciones y derogaciones en numerosas leyes. Entre ellas se encuentra la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establecía restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Esa legislación fijaba un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales y establecía topes adicionales por nacionalidad y por propietario. Su derogación provocó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, sectores políticos, movimientos sociales y agrupaciones de excombatientes de Malvinas.

La discusión volvió a ocupar el centro de la escena después de una serie de decisiones judiciales. El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la ley, al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no estaba legitimado para promover esa acción.

Sin embargo, el 9 de octubre, el máximo tribunal dispuso restablecer provisoriamente los efectos de una medida cautelar que protege la vigencia de la Ley de Tierras, en el marco de otra presentación judicial impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie.

La decisión no resolvió definitivamente la constitucionalidad de la derogación, por lo que las organizaciones convocantes mantienen el reclamo de una solución legislativa.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices también anunció su participación en la jornada y vinculó la defensa de la soberanía con la protección de los recursos nacionales y el derecho a una educación y una cultura propias.

Una sesión en Diputados contra el DNU de Milei

La movilización coincidirá con una sesión especial convocada por distintos bloques opositores en la Cámara de Diputados para las 14. El temario incluye el tratamiento del DNU 70/2023, una iniciativa destinada a atender el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027.

La oposición buscará reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum y abrir el debate. El decreto ya fue rechazado por el Senado en 2024, pero todavía necesita el rechazo de la Cámara baja para quedar sin efecto.

Entre los espacios que impulsan la sesión se encuentran Unión por la Patria, sectores del radicalismo, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otras bancadas opositoras. No obstante, persisten las dudas sobre la posibilidad de reunir los votos necesarios para avanzar con el rechazo del decreto.

Las organizaciones que convocan a la protesta consideran que la presencia de manifestantes frente al Congreso puede contribuir a respaldar el tratamiento parlamentario de las iniciativas.

Paro de ATE y adhesión de las centrales sindicales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas para este jueves, acompañado de movilizaciones y otras medidas de protesta. El sindicato reclama la derogación del DNU 70/2023 y la defensa de la soberanía nacional frente a la extranjerización de las tierras.

Su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó la utilización de decretos para modificar leyes y convocó a los trabajadores estatales a participar de la jornada.

Por su parte, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma llamaron a movilizarse con cese de actividades y abandono de tareas. Ambas centrales plantearon que la protesta debe reunir los reclamos de las universidades, los trabajadores, los jubilados y las personas con discapacidad.

También se sumarán organizaciones vinculadas a la economía popular, agrupaciones de inquilinos y colectivos que reclaman medidas frente al endeudamiento de los hogares.

Movilizaciones en todo el país

La protesta tendrá expresiones en distintas provincias, con concentraciones organizadas por universidades, federaciones estudiantiles y sindicatos locales.

En Córdoba, la marcha comenzará a las 15.30 y recorrerá el centro de la capital provincial hasta la plaza Doctor Dalmacio Vélez Sársfield, donde está previsto un acto a las 18. La Universidad Nacional de Córdoba recomendó suspender las actividades académicas obligatorias durante parte de la tarde para facilitar la participación.

En Neuquén, las organizaciones universitarias convocaron a concentrarse a las 17 en el playón de la Universidad Nacional del Comahue, con una movilización prevista para las 18. En General Roca, la concentración será a las 17 en la Plaza San Martín, mientras que en Bariloche los manifestantes se reunirán a las 17.30 en Onelli y Moreno.

La Universidad Nacional del Nordeste también convocó a marchar en Corrientes y Resistencia. En ambas ciudades, las concentraciones comenzarán a las 17.30 y las columnas partirán a las 18 hacia las respectivas plazas 25 de Mayo.

Con reclamos que abarcan desde el presupuesto universitario hasta la propiedad de las tierras rurales, la jornada buscará reunir distintas expresiones de oposición a las políticas del Gobierno. El resultado de la sesión en Diputados y la respuesta del Ejecutivo a las demandas de las universidades serán dos de los puntos centrales de una protesta que volverá a poner en discusión el financiamiento de la educación pública y la soberanía nacional.

CRM

Las inmobiliarias rurales de la Patagonia no perdieron el tiempo. Durante la ventana de 10 días que la Corte Suprema habilitó, entre fallo y fallo, la venta sin límites de las tierras rurales, una inmobiliaria de Chubut aprovechó para ofrecer miles de hectáreas con lago privado, kilómetros de costa sobre el Río Pico y una cascada. La publicación, que fue expuesta por el Observatorio de Tierras, no es la única, y se presenta como un caso testigo en la previa de la sesión que debatirá el rechazo del DNU 70/2023. El Gobierno sabe que la Ley de Tierras es su flanco débil, y se prepara para hacer una contrapropuesta. 

“Exclusivo campo de 2.943 hectáreas con lago privado, 16 km de costa sobre el Río Pico y extraordinario potencial productivo, forestal y turístico”, reza la publicación de la inmobiliaria Loma Alta Propiedades. La publicación estuvo disponible durante dos semanas: desde el martes 29 de septiembre –cuando la Corte Suprema revocó la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70– hasta este martes, cuando el Observatorio de Tierras expuso el caso en su último informe. Cuando el caso escaló, la inmobiliaria eliminó la publicación. 

Según revela el informe del Observatorio, la inmobiliaria creó un perfil de Instagram tres días antes de la publicación del primer fallo de la Corte. En la primera publicación, del 26 de septiembre, se presentan del siguiente modo: “Confianza para invertir en la Patagonia. Te ayudamos a encontrar el campo o la propiedad rural que estás buscando, con acompañamiento en todo el proceso”. Ya en la tercera publicación, subida después del primer fallo de la Corte, la inmobiliaria llama a aprovechar la ventana de oportunidad y brinda información sobre “todo lo que un inversor extranjero debería saber”. 

La misma inmobiliaria aclara, en sus redes sociales, que la eliminación de los topes establecidos por la Ley de Tierras puede cambiar y ofrece poner a los interesados en contacto con abogados y escribanos para que los asesoren sobre las condiciones legales vigentes al momento de la compra. “Incluida la zona de frontera”, aclara la publicación de Loma Alta, dando cuenta de uno de los puntos principales que la derogación de la Ley de Tierras había habilitado para los extranjeros: posibilidad de comprar tierras en zonas de frontera y en áreas que contengan grandes cuerpos de agua o sean ribereñas de ellos.

“Esto es solo la punta del iceberg. No sabemos si la operación se concretó, pero da cuenta de que las inmobiliarias estaban al tanto de que en ese momento no existía una legislación y podía concretar esas operaciones”, aseguró Matías Oberlín, doctor en Historia y uno de los investigadores que elaboró el informe del Observatorio de Tierras. 

Oberlín advierte que el problema es el DNU 70, y que el último fallo de la Corte, que volvió a suspender la derogación de la Ley de Tierras, solo “lo ata con alambres”. “Es una suspensión provisoria, por lo cual en cualquier momento se puede volver a abrir una ventana temporal. Tenemos que hacer caer el DNU 70, es la única vía para recuperar una ley que proteja nuestros lagos y nuestras zonas de fronteras y cuide el patrimonio de todos los argentinos”, insiste, en diálogo con elDiarioAR. 

La contrapropuesta del Gobierno

El Gobierno respiró con tranquilidad cuando, el viernes pasado, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, convocó a dos conjueces a un acuerdo extraordinario y dictó una nueva medida cautelar interina que restableció los límites a la venta de tierras a extranjeros. El primer fallo, pese a sintonizar con los objetivos originales del megadecreto desregulador, le había abierto la puerta a un problema político de dimensiones incalculables. La oposición había convocado una sesión para rechazar todo el DNU 70 con la excusa de la Ley de Tierras, y el Gobierno necesitaba desactivarla. 

El segundo fallo de la Corte fue un salvavidas político gestionado por el propio Gobierno. Inmediatamente después de que se comunicara la nueva cautelar, el oficialismo salió a instalar que el debate por el rechazo del DNU 70 había quedado trunco y pasó a la ofensiva. Martín Menem mandó a convocar una nueva sesión, fechada para el 21 de octubre, con un temario propio que incluía dos iniciativas opositoras: la ley de discapacidad y la ley de endeudamiento familiar. Dos proyectos que están incluidos en la sesión del próximo jueves y cuyo tratamiento el oficialismo necesita garantizar, como gesto a los aliados, de que se podría tratar más adelante. 

“Se esconden detrás del DNU 70 porque quieren generar algún tipo de caos. Porque el tema ya está solucionado”, señaló Menem, en diálogo con LN+, poco después. 

El objetivo del riojano, ahora, es terminar de desactivar la sesión con la promesa de incluir, en el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una alternativa a la Ley de Tierras. Una de las opciones que baraja Menem, que necesita que los aliados no den quórum en la sesión del jueves, es incluir en el proyecto un artículo que incluya la derogación del artículo 154 del DNU. Sería un giro de 180 grados respecto a la versión original del proyecto de Federico Sturzenegger, que fue la iniciativa que incluyó la derogación de la Ley de Tierras y despertó, con ello, una ola de rechazo cuando se debatió en el Senado. El capítulo de Tierras, finalmente, se borró del proyecto. 

El proyecto de Inviolabilidad volverá a activarse este miércoles, cuando el oficialismo lo trate en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El bloque libertario está negociando con las fuerzas provinciales para conseguir dictamen y la postura que adopten los diputados de Córdoba, Misiones, Tucumán, Salta y Neuquén será un anticipo de su postura durante la sesión del jueves. La oposición los necesita a todos para conseguir quórum: si los aliados se pliegan a la contrapropuesta del Gobierno, la posibilidad de conseguir el número para el jueves será difícil. 

“Sigue todo igual. Depende de la calle”, señalan en el peronismo.

MCM/CRM

Los extranjeros poseen 13 millones de hectáreas rurales en Argentina, lo que representa el cinco por ciento del total de tierras rurales del país, superficie equivalente a la extensión de Inglaterra. La actual Ley de Tierras Rurales (26.737) permite un tope de 15 por ciento (hasta 40 millones de hectáreas), y el gobierno de Javier Milei pretende derogarla de hecho a través del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, para que los extranjeros no tengan ningún límite en la compra de hectáreas argentinas.

Un territorio equivalente a Buenos Aires y Corrientes podría estar en manos extranjeras con la ley vigente. La pregunta es entonces: ¿por qué el Gobierno quiere quebrar todos los límites y poner el país a la venta? El Observatorio de Tierras (Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria/UBA) realizó cuatro informes claves para analizar el estado actual de la extranjerización de la tierra y repasar cuáles son las tierras estratégicas que ya tienen los capitales transnacionales.

“Las más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas relevadas se concentran mayoritariamente en zonas estratégicas del país, como áreas de frontera, la vera del río Paraná, nodos logísticos clave, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos de importancia estratégica y extensas áreas de bosques nativos”, advierte el Observatorio de Tierras y precisa que 36 municipios del país, en esas zonas estratégicas, ya superan el límite del 15 por ciento de extranjerización y cuatro exceden el 50 por ciento con dueños de otro bandera.

Los informes marcan como un punto de quiebre de la extranjerización en el país el año 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem autorizó la venta de ocho millones de hectáreas en zonas de seguridad de frontera con la creación de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), con la que vulneró áreas históricamente protegidas por el Decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. El decreto sigue vigente, pero la norma impulsada por La Libertad Avanza propone la derogación de su artículo 4: “Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”.

Desde 2011, con la sanción de la Ley de Tierras se establecieron límites para la extranjerización, aunque no se revirtió el avance ocurrido. No se consideró extranjero solo al titular de la propiedad sino que se contempló a las empresas con un control de hasta un 25 por ciento, algo que el gobierno de Mauricio Macri revirtió con el decreto 820/2016 y elevó hasta un 51 por ciento del control de una sociedad para considerarla extranjera, además de flexibilizar los controles societarios.

El objetivo de la reforma de la Ley de Tierras, escrita por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y negociada en el Congreso por la senadora Patricia Bullrich, es derogar todas las restricciones para la extranjerización de la tierra. Desde el dictamen firmado el 20 de mayo, La Libertad Avanza negoció con sus aliados —UCR, PRO y bancas provinciales— 15 borradores y aún sostiene la eliminación de ocho artículos y la modificación o sustitución de otros cinco. En síntesis:

“Más allá del nombre, esta es una ley de extranjerización, propone eliminar todo tipo de límites para que capitales radicados en el exterior se puedan hacer de nuestros territorios más valiosos”, sentencia Julieta Caggiano, integrante del Observatorio de Tierras.

El trabajo central del observatorio fue la creación del Mapa de Extranjerización de la Tierra, construido originalmente a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) y ampliado luego con datos de la red de Parques Nacionales (PN), el Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla), el Registro Nacional de Tierras Indígenas y la Cartera de Proyectos Mineros (Siacam). El diseño de La Libertad Avanza para abrir los bienes comunes del país al capital privado y despojar a las poblaciones locales se puede advertir hasta en las fuentes de información que se utilizó para el mapeo. La modificación de la Ley de Glaciares dejó en manos de las provincias la autoridad de quitar glaciares o zonas periglaciares del inventario nacional, mientras que la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que promovía la regularización territorial de los pueblos originarios y su registro, fue derogada con la firma de Milei en diciembre de 2024.

En paralelo, la sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) otorga a los capitales extranjeros beneficios impositivos, fiscales y aduaneros por 30 años para que lleguen al país a explotar los bienes comunes. Hasta el momento, el Gobierno aprobó 21 proyectos dentro del RIGI, en su mayoría, mineros. Los más recientes: el proyecto Vicuña (en zona glaciar en San Juan) y el proyecto Tres Quebradas (en zona del sistema de humedales de Lagunas Altoandinas en Catamarca). El Súper RIGI —que ingresó en paralelo a la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y ya obtuvo media sanción en Diputados— amplía esos beneficios para “nuevas industrias” altamente demandantes de tierras, recursos hídricos y energéticos como, por ejemplo, los enormes centro de datos (data centers).

El mapa del Observatorio cruza la posesión de tierras en manos extranjeras con el 0,1 por ciento del territorio nacional de área glaciar (283.886 hectáreas), con los 701 proyectos mineros en marcha y proyectados, con las tierras de las 747 comunidades originarias reconocidas, las 258 que quedaron con trámite sin concluir y las 652 sin relevar.

“La combinación de estas variables permite identificar algo que no aparece en cada dato por separado: la convergencia de procesos que estructuran la disputa por el control y uso de los bienes comunes”, sostiene el Observatorio de Tierras que integran también los docentes e investigadores Matías Oberlin y Pablo Volkind.

Una reforma para extranjerizar la tierra, el agua y los minerales

La verdadera dimensión del impacto de la reforma propuesta por el oficialismo surge al analizar la extranjerización de la tierra a escala departamental y observar cuáles son las pretendidas por los capitales extranjeros. Haciendo zoom sobre la cordillera de Los Andes —zona de frontera, donde se ubican los mayores recursos hídricos y mineros del país— y en la zona ribereña del Río Paraná —que acaba de ser reprivatizado a manos de la empresa belga Jan de Nul—, por donde sale el 80 por ciento de la producción del país: del agronegocio a la minería.

“Con el mapa de extranjerización identificamos que hay 36 partidos que superan el límite del 15 por ciento de la ley y cuatro que superan el 50 por ciento. Esto no se trata de cualquier territorio sino de liberalizar la venta en los territorios que tienen cuerpos de agua, zonas de frontera, tierras ribereñas lo cual atenta contra nuestra soberanía”, advierte Caggiano.

De acuerdo al mapa de extranjerización del Observatorio de Tierras, los cuatro casos que superan el 50 por ciento de propiedad extranjera son Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), todos ellos en zona de cordillera o precordillera con recursos de agua dulce o minerales. En el caso de General Lamadrid, con el 57 por ciento de la superficie en manos extranjeras, existen seis proyectos mineros previstos en zonas con presencia de ambientes glaciares o periglaciares.

En el caso de la localidad salteña de San Carlos, con el 60 por ciento de la tierra extranjerizada, se trata de una zona de glaciares de escombros —con su protección desregulada por la modificación de la Ley de Glaciares—, con cuatro proyectos mineros previstos y con cuatro comunidad indígenas sin su relevamiento finalizado antes de la derogación de la Ley de Emergencia Territorial.

Al este, Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires), duplican el límite actual de extranjerización con un 30 por ciento. Allí, se encuentran recursos hídricos, el acceso al río Paraná y un caso paradigmático: el de la forestal Arauco —controlada por el Grupo Angelini, uno de los principales conglomerados económicos de Chile— 264.000 hectáreas, incluidas 120.000 de bosque nativo, lo que representaba el 27 por ciento del territorio de Misiones.

El informe del Observatorio de Tierras hace foco en otras localidades que superan los límites actuales de la Ley de Tierras y la influencia directa de los intereses mineros. En Tinogasta (Catamarca), el 27 por ciento de la superficie rural está extranjerizada, en un departamento donde existen tres proyectos mineros en operación y seis previstos en áreas con casi 4.500 hectáreas de ambientes glaciares o periglaciares.

En el departamento de Iglesia (San Juan) el 25 por ciento de la superficie rural se encuentra extranjerizada. Allí se encuentra la mina Veladero, operada por Barrick Gold y Shandong Gold, la que registra el mayor derrame de la historia de la minería argentina y cuenta con nuevas denuncias de contaminación.

Otro departamento que supera el límite de la norma actual es Malargüe (Mendoza), donde el gobierno de Mendoza —que impulsó la modificación de la Ley de Glaciares— avanza con decenas de proyectos mineros a través del denominado Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), y para el cual habilitó la minería de cobre en una provincia que cuenta con la Ley 7772 para la protección del agua.

“En un contexto de expansión extractiva, creciente presencia de capitales extranjeros y marcos normativos que habilitan la libre disponibilidad de divisas, el riesgo es claro: que esos recursos se exploten de manera intensiva, con graves consecuencias sociales y de reproducción de las comunidades que los circundan, que la renta se fugue y que la economía se reoriente hacia formas de reprimarización, mientras se debilita la capacidad de decidir sobre el uso y el destino de estos territorios”, advierte el Observatorio de Tierras en sus informes.

¿Quiénes ya controlan el cinco por ciento del territorio argentino?

El análisis del Observatorio de Tierras marca el primer punto crítico de la extranjerización de tierras en la década del noventa y un segundo momento en los años 2000, cuando el boom del precio de los alimentos incrementó el valor de la tierra y la devaluación del 2001 facilitó en el país la compra por parte de extranjeros de tierras fértiles y estratégicas. A partir de 2008, tras la crisis financiera global, la tierra paso a ser un commodity a nivel global para los capitales especulativos.

En ese contexto, la norma sancionada en 2011, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estableció los límites actuales a nivel nacional, provincial y departamental, y planteó la tierra rural como un recurso estratégico, limitado e irreproducible, sin revertir el proceso de extranjerización anterior. “La ley operó como un freno al proceso de extranjerización, aunque no lo revirtió: las tierras que ya se encontraban en manos extranjeras mantuvieron esa condición”, señala el observatorio.

A partir de los datos del Registro Nacional de Tierras, creado con la norma de 2011, el observatorio analizó las nacionalidades de los principales poseedores de tierras y el listado es encabezado por propietarios estadounidenses, que poseen más de 2,7 millones de hectáreas —una área equivalente a la provincia de Misiones—, seguidos por los propietarios de nacionalidad italiana con dos millones de hectáreas —una superficie casi equivalente a Tucumán— y en tercer lugar los españoles —con 1,7 millones de hectáreas, es decir 85 veces la Ciudad de Buenos Aires—.

Otro caso emblemático para la Argentina son los propietarios de tierras con capitales británicos. Gran Bretaña ocupa ilegalmente 1,1 millón de hectáreas en las Islas Malvinas, pero además posee otras 246 mil hectáreas en el territorio nacional. De ese total, 12.000 pertenecen al caso paradigmático de Joe Lewis en el Lago Escondido, departamento de Bariloche (Río Negro), que se encuentra al límite de extranjerización con 13,6 por ciento de sus tierras en manos extranjeras. Pero las propiedades británicas dentro de Argentina se distribuyen a nivel federal con los casos más significativos en la zona núcleo del agronegocio: con 19.000 hectáreas entre las localidad de Balcarce, Arrecifes y Río Cuarto.

Si el análisis se concentrara en las hectáreas dominadas por propietarios radicados en “paraísos fiscales” o países con regulaciones especiales, esos propietarios se ubican en segundo lugar, por delante de los italianos y españoles, con 2,2 millones de hectáreas. En este punto resulta crítico el análisis del decreto decreto 820/2016 de Mauricio Macri que desmanteló la articulación con la AFIP (ahora ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), al eliminar los cruces de información que permitían identificar beneficiarios finales y detectar triangulaciones societarias, además de quitar la obligación de anunciar previamente al Estado los cambios societarios.

Como consecuencia, precisa el Observatorio de Tierras, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022 la reducción del total de hectáreas registradas como extranjerizadas pasó de 15 millones a 13 millones, algo que “no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología”. Con esa opacidad instalada, en la actualidad, 2,2 millones de hectáreas están controladas por firmas radicadas en paraísos fiscales o países con regulaciones especiales.

En el caso de los paraísos fiscales se registran empresas o empresarios con domicilio en Luxemburgo (163.661 hectáreas), Liechtenstein (66.971 hectáreas), Panamá (69.243 hectáreas). Por otro lado, 1,1 millones de hectáreas están en manos de ciudadanos o empresas de Suiza, mientras que los otros países con regulaciones fiscales especiales que tienen empresas radicadas con propiedad de tierras en Argentina son Singapur, Arabia Saudita, los Países Bajos, Bélgica y Uruguay.

La decisión del gobierno de La Libertad Avanza de eliminar todo límite para los titulares extranjeros privados surge del análisis del Observatorio de Tierras como una contrarreforma a favor del capital. “Dado que la extranjerización de la tierra en Argentina ha sido realizada mayoritariamente por capitales privados, esta redefinición equivale, en los hechos, a legalizar la extranjerización masiva del territorio”, sentencian.

“La discusión actual remite, en última instancia, a quién controla los territorios estratégicos y qué intereses orientan su uso. Aquí aparece una cuestión central: la función social de los bienes naturales. El agua, la tierra, los ecosistemas de alta montaña, los minerales y las fuentes de energía sostienen la vida de las poblaciones que habitan el territorio argentino —urbanas y rurales— y hacen posible las producciones agropecuarias, además de los equilibrios ecológicos de los que dependen”, plantean desde el observatorio e invitan a reflexionar a los legisladores en el Congreso: “Se trata de bienes que nadie creó con su trabajo y que forman parte del patrimonio común. La pregunta es qué se hace con ellos y quién se apropia de la renta que generan”.