Un decreto del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que desregula el servicio de practicaje paraliza desde el fin de semana el ingreso y egreso de buques en los puertos de todo el país. Desde la madrugada del sábado 1° de agosto, la mayoría de los prácticos, pilotos y baqueanos dejó de prestar servicio a título personal en rechazo a la norma.

No se trata de un paro en sentido estricto: los prácticos son profesionales independientes, sin relación de dependencia ni un gremio que pueda ordenar un retiro colectivo de tareas. En los hechos, la medida equivale a un freno a las nuevas contrataciones de practicaje, mientras los contratos ya programados con anterioridad se siguen honrando.

Los prácticos son profesionales especializados que orientan a los buques en zonas de navegación compleja, como ríos, canales y puertos, y aportan conocimiento local sobre corrientes, profundidades y riesgos para garantizar la seguridad de las maniobras. Su formación acumula entre 12 y 15 años y su intervención es clave en el amarre y desamarre de los barcos y en el tránsito por el río Paraná y el Río de la Plata, la puerta de salida de cerca del 80% de los embarques del país.

La medida es la respuesta más dura hasta ahora al Decreto 690/2026, firmado el viernes por Milei, Sturzenegger, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La norma reemplaza el reglamento de practicaje y pilotaje vigente desde el Decreto 2694/91. Entre sus cambios centrales, elimina los cupos de inscripción para prácticos, habilita la contratación directa y libre entre armadores y profesionales independientes, fija tarifas máximas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y permite que capitanes —argentinos o extranjeros— con un mínimo de viajes acreditados en la zona obtengan un Certificado de Conocimiento de Zona y naveguen sin práctico obligatorio.

El Gobierno presentó la medida como parte de su agenda de desregulación. “La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, planteó Sturzenegger al oficializar el decreto, y sostuvo que el esquema anterior había montado “barreras de entrada para los prestadores, reduciendo la competencia y escalando los precios”. El ministro también apuntó contra la segmentación geográfica del servicio, que —según argumentó— obligaba a contratar distintos prácticos para un mismo recorrido y encarecía la operación.

Esa lectura no fue compartida por el sector. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante, entidad con más de un siglo de historia, calificó al decreto de “abusivo e inconstitucional” en un comunicado y anunció que impulsa una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo ante la Justicia Federal, además de una denuncia penal contra los firmantes de la norma por presunta violación al artículo 190 del Código Penal, que sanciona los actos que pongan en peligro la seguridad de la navegación. La entidad coordina además con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos un plan de acción conjunto, y advirtió que la desregulación compromete la seguridad de la navegación y la continuidad de los puestos de trabajo del sector.

Frente al lock-out, el Gobierno pasó a la ofensiva administrativa. La Prefectura, en su carácter de autoridad de control operativo del Decreto 690/2026, comenzó a notificar cédulas de “intimación perentoria” a prácticos en forma individual, exigiéndoles la “inmediata puesta a disposición” de sus servicios de practicaje y pilotaje, sin condicionamiento alguno, en los términos del artículo 99 de la Ley de Navegación 20.094, que define al practicaje como un servicio público.

Según pudo saber elDiarioAR, ayer la Prefectura se comunicó con el centro de capitanes de ultramar para pedirles que aportaran reemplazantes de los prácticos en huelga, pero la respuesta del sector fue negativa. El rechazo profundiza las dificultades del Gobierno para garantizar la continuidad del servicio por fuera de los mecanismos de excepción previstos en el propio decreto.

El lock-out no se circunscribe a la Hidrovía: alcanza a los puertos de todo el país, desde Ushuaia hasta el Paraná, en la medida en que involucra a la totalidad de los prácticos, pilotos y baqueanos habilitados por la Prefectura. El impacto más visible, sin embargo, se concentra en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, donde buques de gran calado permanecen fondeados en rada a la espera de prácticos disponibles. Se trata de las principales terminales agroexportadoras del país, por lo que la prolongación del conflicto amenaza con generar demoras en la carga de granos y subproductos justo en un momento de plena actividad exportadora. El propio decreto había previsto mecanismos de contingencia para estos escenarios: habilita a la Prefectura Naval Argentina y, de ser necesario, a la Armada, a asumir directamente la prestación del servicio.

El cese de actividades no es total: los servicios vinculados al transporte de petróleo y de gas quedan al margen de la medida. Según explicaron fuentes del sector, los prácticos siguen operando los buques petroleros por una cuestión de seguridad, ya que es necesario retirar el crudo ya cargado desde las bases y terminales de origen, y también continúan trabajando en los buques gaseros, para evitar que la interrupción del servicio derive en un desabastecimiento de combustibles y de gas en el mercado interno.

MC