El Gobierno formalizó la suspensión de la desregulación en el practicaje, junto con la creación de una mesa de trabajo intersectorial y una rebaja tarifaria para garantizar el normal funcionamiento de las terminales portuarias.

La medida implementada por el Decreto 716/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, ratificó los puntos acordados entre el Ejecutivo y los prácticos el pasado martes, cuando se levantó el paro que impedía el movimiento de los barcos y generó una pérdida de hasta US$100.000 diarios por cada uno de los 185 buques varados.

La norma dispone la suspensión temporal de los efectos del Decreto 690/2026, a tan solo una semana de haber sido emitido, con el objeto de desactivar el grave conflicto con los prácticos que paralizó el comercio exterior argentino.

La norma suspendida aprobaba un nuevo “Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina”, actualizando la normativa de la Ley de Navegación N° 20.094, eliminando exigencias y disposiciones consideradas obsoletas que funcionaban como “barreras y restricciones injustificadas” para el ingreso de nuevos prestadores al mercado.

La medida produjo un fuerte rechazo por parte de los actuales prestadores del servicio de practicaje y pilotaje, quienes iniciaron medidas de fuerza de manera inmediata, lo que frenó la entrada y salida de barcos en los puertos argentinos.

Ante el riesgo de una mayor paralización, las autoridades del Ministerio de Seguridad convocaron de urgencia a una reunión con los principales representantes del sector. Tras negociaciones, se logró alcanzar un consenso para destrabar el conflicto. Los puntos acordados contemplan:

A través del Decreto 716/2026, el Gobierno nacional formalizó lo pactado, con la suspensión de los efectos del Decreto 690/2026 y restituyó la plena vigencia de todas las disposiciones normativas anteriores que habían sido modificadas o derogadas. Esta medida temporal busca mitigar de inmediato la crisis y garantizar la continuidad esencial del servicio.

Asimismo, se crea de manera formal la Mesa de Trabajo en la órbita del Ministerio de Seguridad. Este espacio de concertación estará integrado por funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, representantes de la Prefectura Naval Argentina, miembros de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y representantes del sector de practicaje y pilotaje.

El decreto también instruye a las áreas competentes del Ministerio de Seguridad, la Prefectura y la ANPYN a adoptar todas las medidas operativas necesarias para resguardar la seguridad y asegurar la continuidad ininterrumpida de la navegación y de la actividad portuaria en todo el país.

Después de tres días en los que el conflicto parecía no tener solución, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás con el decreto el Decreto 690/2026 que desregulaba la actividad de los prácticos, los profesionales especializados que orientan a los buques en zonas de navegación compleja, como ríos, canales y puertos. A cambio, los representantes del sector de practicaje aceptaron una reducción del 20% en las tarifas del servicio y reestablecer la actividad portuaria.

La decisión fue tomada luego de una reunión que mantuvo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con representantes de las empresas, entidades y profesionales que ofrecen servicios de practicaje y pilotaje. Allí, el Gobierno se comprometió a conformar una Mesa Intersectorial que integren también la Prefectura y la Agencia Nacional de Puertos de Navegación para analizar la posibilidad de modificar el régimen que desde 1991 regula la actividad.

Entre los prácticos, según supo elDiarioAR, el acuerdo se vivió como un triunfo ya que se logró revertir el decreto llevaba la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que originó el conflicto que dejó casi paralizados el comercio exterior del país y más de 150 barcos sin navegar.

Los prácticos son profesionales especializados cuya formación demanda entre 12 y 15 años y su intervención es clave en el amarre y desamarre de los barcos y en el tránsito por el río Paraná y el Río de la Plata, la puerta de salida de cerca del 80% de los embarques del país. Aunque históricamente su trabajo fue en relación de dependencia, a partir del régimen impuesto durante el menemismo pasaron a ser profesionales autónomos.

Si bien el Gobierno buscó desde un primer momento plantear una cuestión económica, el practicaje es una de las actividades profesionales mejor pagas, lo cierto es que el acuerdo llegó luego de que la Asociación Civil Prácticos y Pilotos de la República Argentina presentara una denuncia para que la justicia investigue penalmente a Milei y cuatro de sus ministros: Sturzenegger, Monteoliva, Carlos Presti, de Defensa, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, además de Autoridades de la Prefectura Naval, y funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y de Cancillería.

Allí, los prácticos denunciaban que el Gobierno había desoido un informe de la propia Prefectura en el que “se determinó que la actividad total de navegación en la hidrovía sin práctico a bordo se estimó que ocasionaría un riesgo de 84/100, riesgo alto”. En ese informe al que tuvo acceso este medio, la Prefectura proponía “un nuevo proyecto de reglamentación, distinto al original, según el cual mantiene la obligatoriedad de practicaje obligatorio en el caso de buques de bandera extranjera en el Río de la Plata”.

Pero además, la presentación judicial incluía una advertencia del gobierno uruguayo sobre el conflicto diplomático que podria ocasionar navegar las aguas que ambos países comparten sin la experiencia de un práctico al mando. Según la denuncia de la Asociación, el pasado 24 de abril de 2026, la Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico remitió una carta a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) donde se describió a los cambios introducidos por el decreto como“ sustanciales, invocó los artículos 14 y 26 del Tratado y sostuvo que una aplicación inconsulta podría generar una disparidad normativa y afectar seguridad, navegación y comercio”, ya que ese acuerdo establece “un régimen bilateral que no puede ser reducido a una mera recomendación”. Es decir que Argentina por sí sola no puede cambiar la obligatoriedad de llevar prácticos ya que es un acuerdo entre los dos países.

El conflicto terminó dejando al descubierto que mientras para el Gobierno se trataba de bajar los costos del servicio de practicaje, para los prácticos el decreto ponía en riesgo tanto la seguridad de la navegación como la soberanía sobre las aguas argentinas al habilitar para esa función a marinos extranjeros. “Funcionarios nacionales sustituyeron o debilitaron barreras regulatorias destinadas a la seguridad de la navegación, la vida humana y la protección ambiental sin acreditar técnicamente que el practicaje hubiera dejado de ser necesario”, señala la presentación en uno de sus tramos. Y pide a la justicia que investigue si los funcionarios nacionales “desconocieron conscientemente mandatos legales y convencionales que limitaban su potestad reglamentaria”.

Para los prácticos, las nuevas disposiciones que determiaba el decreto ahora suspendido “impactan directamente sobre la organización del sistema preventivo de seguridad de la navegación, reduciendo requisitos técnicos y operativos que históricamente fueron establecidos precisamente para disminuir los riesgos propios de la navegación en zonas especialmente complejas desde el punto de vista hidrográfico, meteorológico y operativo”.

En paralelo, el conflicto mostró una unidad inédita de todo el sector. A poco de conocerse la decisión de los prácticos de no volver a navegar mientras siguiera vigente el decreto, el Gobierno intentó, por un lado, intimarlos mediante cartas documentos, por el otro convocando a los capitanes de ultramar a asumir ese trabajo. Ninguna de las dos medidas dio resultado.

En un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo, por medio de la Prefectura, intimó a 536 prácticos a “la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026”, a la vez que advertía que el “incumplimiento de la presente intimación será objeto de las sanciones disciplinarias”.

“Una torpeza, una impericia, nada novedoso del ministro de Desregulación”, calificó Jorge Pablo Tiravassi, del Centro de Capitanes de Ultramar, la jugada del Gobierno. En diálgo con Víctor Hugo, explicó: “Son profesionales independientes. Esto es como si usted quiere levantar un puente con escarbadientes, entonces llama a un ingeniero y este le dice, 'yo no quiero, esto atenta contra mi responsabilidad profesional', usted no lo puede obligar a hacer un puente con escarbadientes. Eso es lo que están haciendo los prácticos”.

Un decreto del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que establece modificaciones en el servicio de practicaje y que generó que la mayoría de los prácticos, pilotos y baqueanos dejaran de prestar su servicio desde el fin de semana para el ingreso y egreso de buques en los puertos de todo el país ya afecta a 100 barcos.

En las últimas horas, tras reiteradas advertencias, el Gobierno intimó formalmente a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata tras la paralización de tareas por tiempo indeterminado.

La medida de fuerza, adoptada por los profesionales especializados en orientar a los buques en zonas de navegación compleja, como ríos, canales y puertos, y aportan conocimiento local sobre corrientes, profundidades y riesgos para garantizar la seguridad de las maniobras, mantiene frenado el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías.

Ante la preocupación del Gobierno por el impacto económico que puede generar al comercio internacional en la Argentinala la paralización de actividades (la intervención de los prácticos es clave en el amarre y desamarre de los barcos y en el tránsito por el río Paraná y el Río de la Plata, la puerta de salida de cerca del 80% de los embarques del país), la Prefectura Naval Argentina (PNA), en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular “de manera urgente”.

Desde la fuerza de seguridad advirtieron que la persistencia en la interrupción de las prestaciones dará lugar a la apertura de sumarios administrativos y a la formulación de denuncias penales en el marco de los artículos del Código Penal que castigan el entorpecimiento del transporte por agua y las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación, cuyas penas previstas contemplan prisión de hasta ocho años.

Las claves del nuevo régimen de desregulación

La huelga del sector técnico se desencadenó a partir de la firma del Decreto 690/2026, una iniciativa promovida por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. La normativa derogó la reglamentación vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial.

Entre los puntos salientes de la reforma se destaca la apertura de un registro público de profesionales administrado por la PNA, la eliminación de las restricciones de ingreso a la actividad y la libertad de los usuarios comerciales para seleccionar a sus prestadores. Asimismo, la regulación faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para establecer techos tarifarios y exige la publicación transparente de los costos de las prestaciones.

El texto oficial también suprimió la segmentación por tramos geográficos —que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido—, flexibilizó los traslados del personal y amplió las exenciones de contratación para determinados buques.

Frente a este nuevo marco conceptual, las agrupaciones del sector resolvieron la suspensión total de tareas en embarcaciones nacionales e internacionales hasta tanto la administración central suspenda o deje sin efecto el decreto en cuestión.

Qué dice el comunicado de la asociación que nuclea a Capitanes y Baqueanos

“La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante, entidad que ejerce la representación profesional de los Capitanes y Baqueanos habilitados de la República Argentina, informa a las autoridades competentes, a los armadores, a las empresas de navegación, a los operadores logísticos y a la comunidad marítima en general su profunda preocupación por las consecuencias que podrían derivarse de la aplicación del Decreto N.º 690/2026 en materia de seguridad de la navegación, preservación de la vida humana, protección del ambiente y continuidad segura del transporte fluvial.

Nuestra Institución reafirma que el desarrollo de la Hidrovía Paraguay–Paraná constituye un activo estratégico para la República Argentina y la región, razón por la cual entiende que toda modificación del régimen aplicable al practicaje y la baquía debe garantizar, por encima de cualquier otra consideración, los más altos estándares técnicos, profesionales y operacionales que la navegación exige.

En ese contexto, y ante el escenario normativo actualmente planteado, esta Asociación considera que los profesionales no deben asumir nuevas prestaciones una vez concluidos los servicios ya comprometidos, hasta tanto existan condiciones que otorguen la debida seguridad jurídica y operacional para el ejercicio de la actividad.

Esta posición no responde a un criterio de confrontación ni procura afectar el normal desenvolvimiento del comercio. Constituye, por el contrario, el ejercicio responsable del deber institucional de advertir sobre los riesgos que podrían generarse cuando la prestación de un servicio esencial para la seguridad de la navegación se desarrolla en un marco de incertidumbre normativa que compromete responsabilidades profesionales, civiles y penales.

La Asociación advierte, asimismo, sobre la eventual indisponibilidad del servicio de practicaje y baquía que podría producirse como consecuencia del nuevo régimen, así como sobre las responsabilidades que eventualmente podrían derivarse de la sustitución de dichos servicios por personas que no reúnan las habilitaciones, competencias o condiciones legalmente exigidas para su prestación.

En igual sentido, se recuerda que el artículo 131 de la Ley N.º 20.094 (Ley de la Navegación) impone al Capitán, en su carácter de delegado de la autoridad pública para la seguridad y salvación del buque, de las personas y de la carga, la obligación de tomar los prácticos cuando los reglamentos o la prudencia así lo exijan.

Asimismo, los artículos 145, 146 y 147 de la citada Ley regulan específicamente el régimen jurídico del practicaje y del pilotaje, diferenciando dichas funciones de las propias del Capitán del buque. En consecuencia, las obligaciones inherentes al Práctico o al Baqueano no pueden considerarse sustituidas por el Comando de la embarcación cuando las circunstancias técnicas y normativas exigen la intervención de aquellos profesionales especialmente habilitados.

Del mismo modo, el artículo 121 de la Ley de la Navegación atribuye al Capitán la responsabilidad por la seguridad del buque, de los pasajeros, de la tripulación y de la carga, circunstancia que refuerza la necesidad de adoptar todas las medidas de prudencia exigidas por la normativa vigente y por la buena práctica náutica.

Desde una perspectiva estrictamente profesional, esta Asociación entiende que resulta contrario al principio de prudencia náutica asumir o promover operaciones de navegación cuando puedan verse comprometidas la seguridad operacional, la integridad de las personas, la protección del ambiente o el patrimonio de los distintos actores involucrados, con las consecuentes responsabilidades civiles y penales que pudieran derivarse, incluyendo las previstas por el ordenamiento jurídico vigente.

La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales reitera su plena disposición para colaborar con las autoridades nacionales, los organismos competentes, las empresas armadoras y todos los actores del sistema de navegación, aportando la experiencia técnica y profesional de quienes desarrollan diariamente su actividad en la Hidrovía Paraguay–Paraná.

Nuestro compromiso es con una navegación segura, eficiente y jurídicamente sustentable. La experiencia profesional de los Capitanes y Baqueanos constituye un componente esencial de la seguridad del sistema de navegación y un aporte estratégico para la continuidad del comercio, la protección de la vida humana y la preservación del ambiente“.

Un decreto del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que desregula el servicio de practicaje paraliza desde el fin de semana el ingreso y egreso de buques en los puertos de todo el país. Desde la madrugada del sábado 1° de agosto, la mayoría de los prácticos, pilotos y baqueanos dejó de prestar servicio a título personal en rechazo a la norma.

No se trata de un paro en sentido estricto: los prácticos son profesionales independientes, sin relación de dependencia ni un gremio que pueda ordenar un retiro colectivo de tareas. En los hechos, la medida equivale a un freno a las nuevas contrataciones de practicaje, mientras los contratos ya programados con anterioridad se siguen honrando.

Los prácticos son profesionales especializados que orientan a los buques en zonas de navegación compleja, como ríos, canales y puertos, y aportan conocimiento local sobre corrientes, profundidades y riesgos para garantizar la seguridad de las maniobras. Su formación acumula entre 12 y 15 años y su intervención es clave en el amarre y desamarre de los barcos y en el tránsito por el río Paraná y el Río de la Plata, la puerta de salida de cerca del 80% de los embarques del país.

La medida es la respuesta más dura hasta ahora al Decreto 690/2026, firmado el viernes por Milei, Sturzenegger, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La norma reemplaza el reglamento de practicaje y pilotaje vigente desde el Decreto 2694/91. Entre sus cambios centrales, elimina los cupos de inscripción para prácticos, habilita la contratación directa y libre entre armadores y profesionales independientes, fija tarifas máximas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y permite que capitanes —argentinos o extranjeros— con un mínimo de viajes acreditados en la zona obtengan un Certificado de Conocimiento de Zona y naveguen sin práctico obligatorio.

El Gobierno presentó la medida como parte de su agenda de desregulación. “La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, planteó Sturzenegger al oficializar el decreto, y sostuvo que el esquema anterior había montado “barreras de entrada para los prestadores, reduciendo la competencia y escalando los precios”. El ministro también apuntó contra la segmentación geográfica del servicio, que —según argumentó— obligaba a contratar distintos prácticos para un mismo recorrido y encarecía la operación.

Esa lectura no fue compartida por el sector. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante, entidad con más de un siglo de historia, calificó al decreto de “abusivo e inconstitucional” en un comunicado y anunció que impulsa una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo ante la Justicia Federal, además de una denuncia penal contra los firmantes de la norma por presunta violación al artículo 190 del Código Penal, que sanciona los actos que pongan en peligro la seguridad de la navegación. La entidad coordina además con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos un plan de acción conjunto, y advirtió que la desregulación compromete la seguridad de la navegación y la continuidad de los puestos de trabajo del sector.

Frente al lock-out, el Gobierno pasó a la ofensiva administrativa. La Prefectura, en su carácter de autoridad de control operativo del Decreto 690/2026, comenzó a notificar cédulas de “intimación perentoria” a prácticos en forma individual, exigiéndoles la “inmediata puesta a disposición” de sus servicios de practicaje y pilotaje, sin condicionamiento alguno, en los términos del artículo 99 de la Ley de Navegación 20.094, que define al practicaje como un servicio público.

Según pudo saber elDiarioAR, ayer la Prefectura se comunicó con el centro de capitanes de ultramar para pedirles que aportaran reemplazantes de los prácticos en huelga, pero la respuesta del sector fue negativa. El rechazo profundiza las dificultades del Gobierno para garantizar la continuidad del servicio por fuera de los mecanismos de excepción previstos en el propio decreto.

El lock-out no se circunscribe a la Hidrovía: alcanza a los puertos de todo el país, desde Ushuaia hasta el Paraná, en la medida en que involucra a la totalidad de los prácticos, pilotos y baqueanos habilitados por la Prefectura. El impacto más visible, sin embargo, se concentra en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, donde buques de gran calado permanecen fondeados en rada a la espera de prácticos disponibles. Se trata de las principales terminales agroexportadoras del país, por lo que la prolongación del conflicto amenaza con generar demoras en la carga de granos y subproductos justo en un momento de plena actividad exportadora. El propio decreto había previsto mecanismos de contingencia para estos escenarios: habilita a la Prefectura Naval Argentina y, de ser necesario, a la Armada, a asumir directamente la prestación del servicio.

El cese de actividades no es total: los servicios vinculados al transporte de petróleo y de gas quedan al margen de la medida. Según explicaron fuentes del sector, los prácticos siguen operando los buques petroleros por una cuestión de seguridad, ya que es necesario retirar el crudo ya cargado desde las bases y terminales de origen, y también continúan trabajando en los buques gaseros, para evitar que la interrupción del servicio derive en un desabastecimiento de combustibles y de gas en el mercado interno.

MC