La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el acuerdo que contempla la transferencia de las competencias de la Justicia Laboral desde la órbita nacional hacia el fuero porteño.

La iniciativa salió adelante con 36 votos a favor, dos en contra y 20 abstenciones. El esquema parlamentario mostró en sintonía a las bancadas de Pro, La Libertad Avanza, el radicalismo y otros bloques aliados, al tiempo que la representación del peronismo optó por abstenerse.

El convenio tiene como objetivo que la Ciudad pase a manejar todos los juicios individuales de trabajo, es decir, las demandas de empleados contra empresas por despidos, accidentes laborales e indemnizaciones. En cambio, todo lo que tenga que ver con reclamos sindicales o conflictos colectivos continuará tramitándose en la Justicia Nacional.

El objetivo principal de la reforma es acortar los tiempos de resolución de las demandas. Desde el sector judicial estiman que los expedientes que hoy tardan entre 3 y 5 años en resolverse podrían salir en un plazo de un año o menos. Los juicios que ya están abiertos seguirán en los tribunales nacionales hasta que haya sentencia final, mientras que los casos nuevos irán directamente a los nuevos juzgados porteños.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad tendrá las facultades de revisar las causas de derecho local y común. Por su parte, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad fue designado como el organismo responsable de garantizar las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento.

Para que el cambio se ponga en marcha, el Gobierno nacional y el porteño deberán firmar un segundo acuerdo por el envío de los fondos presupuestarios. Una vez rubricado ese documento, correrá un plazo de 180 días para nombrar a los nuevos jueces, adaptar la infraestructura e implementar el sistema.

Otros proyectos aprobados: Banco Ciudad y excombatientes de Malvinas

La Legislatura porteña también aprobó la modificación de la Carta Orgánica del Banco Ciudad. A partir de este cambio, el banco deberá destinar el total del remanente, luego de cubrir reservas y capital, exclusivamente a la bonificación de tasas de interés o a la reducción de gastos administrativos en créditos hipotecarios para los residentes de la Ciudad. Antes de esta reforma, las utilidades excedentes se transferían al presupuesto central para financiar obras sociales y soluciones habitacionales.

Luego, el Cuerpo Legislativo dio lugar a la iniciativa que extiende de forma permanente el subsidio especial para excombatientes de la Guerra de Malvinas, incluyendo a quienes ya están jubilados. El beneficio, hasta ahora limitado a quienes permanecían en actividad, se mantendrá tras el retiro y también alcanza a quienes ya estén jubilados, siempre que acrediten su condición de veterano mediante el certificado oficial. El subsidio conservará sus características actuales: será personal, vitalicio, intransferible y compatible con otras jubilaciones o pensiones, pero solo podrá percibirlo el titular, sin posibilidad de transferencia a familiares.

Por último, otro proyecto que logró la aprobación del cuerpo fue el proyecto de ley que elimina los trámites digitales y requisitos adicionales para acceder al pase gratuito de subte destinado a jubilados, pensionados y retirados de las fuerzas armadas y de seguridad. Desde ahora, el beneficio se gestiona únicamente de manera presencial, sin necesidad de plataformas digitales, bancos ni documentación extra, y solo se requiere la presentación del DNI y el último recibo de haberes para acreditar domicilio e ingresos. Los mismos no deben superar los dos y medio haberes mínimos jubilatorios.

La nueva normativa establece que el pase gratuito se otorga mediante una tarjeta magnética física, sin integración con entidades bancarias ni proveedores de servicios de pago. Además, habilita al Estado local a verificar la condición previsional del solicitante mediante cruces de datos con otros organismos.

Con información de NA y Legislatura Porteña.