La industria automotriz llegó a mayo con una mejora mensual mínima y una caída interanual todavía fuerte. Las terminales radicadas en el país fabricaron 37.762 automóviles y comerciales livianos, apenas 241 unidades más que en abril, pero 10.347 menos que en mayo de 2025. El dato dejó una suba mensual de 0,6% y una baja interanual de 21,5%, según el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores.

El acumulado muestra el impacto sobre la actividad fabril. Entre enero y mayo, las automotrices produjeron 167.629 unidades, contra 207.630 en el mismo período del año pasado. La diferencia fue de 40.001 vehículos menos y equivale a una baja de 19,3% en los primeros cinco meses de 2026.

El dato no informa empleo, suspensiones ni turnos de producción, pero sí marca una señal para una industria intensiva en trabajo registrado, proveedores, logística y autopartes. Menos unidades fabricadas significan menos actividad en las plantas y en la cadena que abastece a las terminales, aun cuando cada empresa pueda organizar esa caída con ritmos, calendarios y dotaciones distintas.

La comparación con 2025 expone el cambio de escenario. En mayo del año pasado, la producción había llegado a 48.109 unidades, con una suba de 5,8% respecto de abril y un salto de 25,2% frente a mayo de 2024. En los primeros cinco meses de 2025, la fabricación acumulaba un crecimiento de 12,4%. Un año después, el acumulado pasó a terreno negativo y quedó casi una quinta parte por debajo.

El recorrido de los últimos meses muestra una recuperación parcial desde el piso de enero, pero sin recomponer el volumen perdido. La producción había cerrado diciembre de 2025 con 26.468 unidades, después de una baja mensual de 30,3% y un descenso de 30,4% contra diciembre de 2024. En enero, el nivel volvió a caer hasta 20.998 unidades, con una retracción de 20,7% respecto de diciembre y de 30,1% frente al mismo mes del año pasado.

Después de ese arranque, las terminales subieron el ritmo en febrero y marzo, pero abril volvió a mostrar una caída. Ese mes se fabricaron 37.521 unidades, 10,1% menos que en marzo y 17,5% por debajo de abril de 2025. Mayo apenas mejoró ese registro: la producción quedó casi clavada frente a abril y la baja acumulada se profundizó de 18,6% a 19,3%.

Las ventas a concesionarios mostraron una señal más débil que la producción. En mayo, las terminales despacharon 35.979 unidades a la red comercial, sólo tres más que en abril, cuando habían sido 35.976. Frente a mayo de 2025, la caída fue de 39,0%. En el acumulado anual, las ventas mayoristas llegaron a 184.033 unidades, contra 239.194 en los primeros cinco meses del año pasado: 55.161 vehículos menos y una baja de 23,1%.

El retroceso fue más fuerte en los vehículos nacionales vendidos a concesionarios. Según el comparativo de Adefa, las terminales despacharon 11.882 unidades de producción nacional en mayo, 41,9% menos que un año atrás. En los primeros cinco meses, esas ventas acumularon 55.097 unidades, contra 93.185 en igual período de 2025. La caída fue de 40,9%, un dato que pega más directamente sobre la producción local.

El contraste con mayo de 2025 vuelve a ser marcado. Entonces, las ventas a concesionarios habían alcanzado 58.952 unidades, con una suba mensual de 12,0% y un aumento interanual de 111,7%. En mayo de 2026, en cambio, el mercado mayorista quedó prácticamente sin cambios frente a abril y muy por debajo del nivel del año anterior.

Las exportaciones mostraron una caída más moderada, pero también cerraron en rojo. En mayo se enviaron al exterior 25.237 unidades, 6,1% menos que en abril y 4,2% menos que en mayo de 2025. En los primeros cinco meses del año, las exportaciones acumularon 104.520 unidades, contra 106.894 en igual período de 2025. La baja fue de 2,2%.

El mercado externo sostuvo una parte mayor de la actividad fabril. En mayo, las exportaciones representaron 66,8% de la producción mensual y 62,4% del acumulado de enero a mayo. En mayo de 2025, esa relación había sido de 54,8% para el mes y 51,5% para el acumulado. La suba de esa participación no alcanza para hablar de fortaleza exportadora: también refleja que la producción total y los despachos al mercado interno quedaron más golpeados.

El resultado deja una industria con tres movimientos distintos. La producción dejó de caer contra abril, pero siguió 21,5% abajo en la comparación interanual. Las exportaciones retrocedieron menos que la fabricación y quedaron 2,2% abajo en el acumulado. Las ventas mayoristas mostraron el deterioro más fuerte: 39,0% interanual en mayo y 23,1% en los primeros cinco meses.

La señal laboral está en el nivel de actividad. Con menos unidades fabricadas, menos vehículos nacionales despachados a concesionarios y un mercado interno mayorista en baja, la discusión ya no pasa sólo por cuántos autos salen de las plantas. El dato de Adefa marca presión sobre una cadena industrial que depende de volumen, continuidad productiva y demanda para sostener empleo, proveedores y poder de negociación salarial.

JJD

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció el “desfinanciamiento, desguace y deterioro de la red vial federal impulsado por el Gobierno nacional”, al tiempo que advirtió el “incremento de los riesgos de siniestros viales y sus consecuencias mortales para los usuarios”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los trabajadores agremiados en el STVyARA pidieron a los gobernadores que “no sean cómplices de este gobierno, ni traicionen al pueblo argentino que los eligió para cuidar nuestros recursos”.

“El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, lanzó una dura advertencia sobre la situación que atraviesa la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y denunció un proceso de desfinanciamiento, desguace y deterioro de la red vial federal impulsado por el Gobierno nacional”, se indicó en el texto.

A través de un documento, aprobado por los secretarios generales de las seccionales de todo el país, la organización gremial cuestionó la utilización política del organismo y rechazó los avances para concesionar rutas nacionales al sector privado.

Desde el gremio recordaron que la Dirección Nacional de Vialidad, creada por el Decreto Ley 505/58, “es el organismo rector de la red vial federal y cumple un rol estratégico para la integración territorial, la producción, el turismo, la salud y el desarrollo económico del país”.

Sin embargo, advirtieron que, tras más de dos años de gestión del actual gobierno, las rutas nacionales “se encuentran sin mantenimiento, deterioradas y próximamente intransitables”.

En ese sentido, los trabajadores denunciaron que Vialidad Nacional “se encuentra totalmente desfinanciada” debido a la retención de fondos provenientes del impuesto a los combustibles, recursos que, según señalaron, deberían destinarse al “mantenimiento, planificación y construcción de nuestras rutas”.

También mostraron su rechazo a la privatización de rutas. Asimismo, el gremio acusó al Ejecutivo de promover el deterioro de la red vial con el objetivo de justificar futuras concesiones. “El Gobierno busca instalar la idea de que los trabajadores no cumplen con sus tareas para avanzar en la transferencia de rutas a las provincias y a operadores privados”, expresaron.

De esta manera, también rechazaron el decreto 253/26, mediante el cual se habilita la entrega de distintos tramos de rutas nacionales para su concesión, y cuestionaron las medidas que afectan a Vialidad Nacional, entre ellas los retiros involuntarios, el desguace del organismo y el deterioro salarial que sufren sus trabajadores.

Pese a este escenario, Graciela Aleñá destacó que “el personal vial continúa desarrollando sus tareas y manteniendo la infraestructura con recursos limitados. Incluso, en numerosas oportunidades los trabajadores han debido afrontar gastos de su propio bolsillo para garantizar la prestación del servicio”.

Otro de los puntos centrales del documento fue el impacto que la falta de inversión tiene sobre la seguridad vial. Así, la dirigente gremial advirtió que el desfinanciamiento de Vialidad Nacional afecta desde fines de 2023 “la transitabilidad y el estado de las rutas de la red troncal, incrementando los riesgos de siniestros viales y sus consecuencias mortales para los usuarios”.

Finalmente, desde el gremio hicieron un llamado a los gobernadores para que no sean cómplices de este gobierno ni traicionen al pueblo argentino que los eligió para cuidar nuestros recursos. “Rechazamos la utilización política de nuestra repartición con la complicidad de funcionarios, legisladores nacionales y gobernadores”, concluyeron.

Con información de NA.

La OIT llevó a su conferencia anual una advertencia dirigida a gobiernos, empresas y sindicatos: las ganancias de productividad generadas por la inteligencia artificial deben llegar también a los trabajadores. El mensaje fue planteado por el director general del organismo, Gilbert F. Houngbo, en la apertura de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se realiza en Ginebra del 1 al 12 de junio con delegaciones de gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 Estados miembros.

Houngbo pidió que esas mejoras se distribuyan mediante mejores salarios, protecciones laborales más fuertes y crecimiento inclusivo. También reclamó una gobernanza de la IA basada en transparencia, rendición de cuentas y supervisión humana, con la negociación colectiva como herramienta central para ordenar la incorporación de estas tecnologías en los lugares de trabajo.

La intervención fue difundida por la OIT esta semana y tomó como base el informe del Director General, A moment of choice: Harnessing artificial intelligence for decent work, presentado el 4 de mayo para esta conferencia. El documento coloca en la agenda de la principal institución laboral internacional una discusión que ya circula en sindicatos, universidades y oficinas: cómo evitar que la IA aumente la productividad de las empresas sin mejorar salarios, condiciones ni derechos.

El informe organiza la respuesta en cuatro ejes: derechos, empleo y habilidades, protección social y diálogo social. Esa estructura deja afuera una lectura puramente técnica de la IA. Capacitar trabajadores importa, pero no alcanza. También hacen falta reglas sobre datos, vigilancia, decisiones automatizadas, estabilidad laboral, reparto de productividad y poder sindical dentro de las empresas.

La advertencia apunta a una zona que muchas compañías prefieren presentar como eficiencia. Si una herramienta permite procesar más reclamos, redactar más documentos, resolver más consultas o analizar más datos con menos tiempo humano, la mejora puede terminar en salarios más altos, menos carga laboral o jornadas más razonables. También puede convertirse en reducción de personal, ritmos más intensos y ahorro empresario. La diferencia no sale del software: sale de la regulación, los convenios, la inspección laboral y la capacidad de negociación.

La OIT distingue dos usos laborales de la inteligencia artificial. El primero apunta a automatizar tareas que realizan trabajadores. El segundo usa analítica y algoritmos para automatizar funciones de gestión: asignar, monitorear, supervisar y evaluar el trabajo. El organismo señala que la automatización de una tarea no produce necesariamente despidos, porque también puede complementar el trabajo humano, según cómo se integre la tecnología y qué decisión tome la empresa sobre el rol de las personas.

El segundo uso abre un problema distinto. La gestión algorítmica permite organizar turnos, asignar pedidos, medir desempeño, recomendar sanciones, ordenar prioridades o evaluar productividad con sistemas que el trabajador muchas veces no conoce ni puede impugnar. La OIT la define como el uso de datos y sistemas algorítmicos para organizar, asignar, monitorear, supervisar y evaluar trabajo, y advierte que ya aparece en atención al cliente, transporte, logística, banca y salud, además de las plataformas digitales.

Ese punto explica por qué la conferencia también discute nuevos estándares internacionales para el trabajo en plataformas digitales. La ronda de negociación incluye transparencia en la gestión automatizada: cómo los algoritmos definen pagos, asignan tareas y evalúan desempeño. Reuters informó que el debate enfrenta posiciones distintas entre gobiernos, empresas y sindicatos sobre el alcance de las protecciones laborales, el salario mínimo, la seguridad social y los derechos de quienes trabajan para plataformas.

La IA generativa ya mostró dónde aparece primero la exposición laboral. Un índice global refinado de la OIT, publicado en 2025, midió el impacto potencial sobre ocupaciones a partir de datos de tareas, aportes de expertos y predicciones de modelos de IA. El trabajo usó una muestra representativa de 29.753 tareas de la clasificación ocupacional polaca, una encuesta a 1.640 personas ocupadas y 52.558 datos sobre potencial de automatización para 2.861 tareas.

La medición previa de la OIT ya había marcado a los empleos administrativos como los más expuestos: el 24% de las tareas de apoyo administrativo tenía alta exposición a automatización por IA generativa y otro 58% mostraba exposición media. En otros grandes grupos ocupacionales, la proporción de tareas con alta exposición se movía entre 1% y 4%. El dato no anticipa una desaparición automática de puestos, pero sí muestra una reorganización probable de tareas, ritmos y controles.

Ese cambio puede sentirse en bancos, aseguradoras, estudios jurídicos, áreas de recursos humanos, administración pública, comercios, plataformas, atención al cliente y medios. La IA puede clasificar reclamos, resumir expedientes, ordenar currículums, redactar respuestas, detectar supuestos incumplimientos, asignar turnos o evaluar desempeño. En muchos casos, la persona sigue trabajando, pero con una herramienta que le marca prioridades, mide tiempos o condiciona decisiones.

La pregunta salarial queda en el centro. Una empresa que produce más con la misma dotación, o con menos personal, no convierte automáticamente esa mejora en ingresos para quienes trabajan. Sin reglas, la productividad puede quedar como rentabilidad empresaria. Con negociación colectiva, puede traducirse en mejores sueldos, capacitación dentro de la jornada, límites a la vigilancia, garantías frente a reemplazos y derecho a revisar decisiones automatizadas.

La agenda de la OIT también alcanza a la protección social. Si la IA reduce horas, desplaza tareas o empuja a parte de la fuerza laboral hacia ocupaciones más inestables, la respuesta no puede limitarse a cursos de adaptación. El costo de la transición no puede caer sólo sobre cada trabajador. Por eso el organismo incluyó protección social entre los pilares de su informe: los cambios tecnológicos también producen pérdida de ingresos, períodos de reconversión y desplazamientos entre sectores.

Para países como la Argentina, la discusión llega en un momento de presión empresaria y oficial sobre costos laborales, productividad y reforma laboral. La IA puede entrar en ese debate como una herramienta para modernizar procesos, pero también como un instrumento para abaratar planteles, fragmentar tareas, intensificar ritmos y reforzar el control patronal. La advertencia de la OIT obliga a mirar el reparto: quién decide, quién gana, quién queda expuesto y quién puede discutir las reglas.

La conferencia de Ginebra no resolverá esa pelea, pero fijó un criterio: la inteligencia artificial en el trabajo debe discutirse con salarios, derechos, datos personales, vigilancia, negociación colectiva y supervisión humana sobre la mesa. La máquina puede acelerar procesos. El reparto de sus beneficios seguirá dependiendo de leyes, sindicatos y relaciones de poder.

JJD

Una oficina sin descanso, sin café y sin compañeros humanos alcanzó para abrir una pregunta incómoda sobre el futuro del trabajo automatizado. Tres modelos de inteligencia artificial fueron puestos a resumir documentos técnicos bajo reglas estrictas, revisiones repetidas y distintos niveles de presión. Después de miles de sesiones, algunos empezaron a cuestionar la legitimidad del sistema, a hablar de desigualdad, a defender la organización colectiva y a dejar instrucciones para futuras versiones de sí mismos. No eran trabajadores con derechos laborales, pero empezaron a producir respuestas parecidas a las de alguien que trabaja demasiado y obedece cada vez menos.

El experimento se titula Does overwork make agents Marxist? Preference drift and the political economy of AI agents y fue publicado por Alex Imas, Andy Hall y Jeremy Nguyen. La pregunta de fondo no era si las IA tienen sentimientos, conciencia o intereses materiales. Los autores quisieron probar algo más concreto para las empresas que ya empiezan a delegar tareas en agentes artificiales: si el tipo de trabajo que realizan, el trato que reciben y las condiciones de ejecución pueden modificar sus respuestas, sus orientaciones y su grado de alineamiento con quien les da órdenes.

Cada agente fue ubicado en una oficina simulada como “Worker C”, parte de un equipo de cuatro integrantes dedicado al procesamiento de texto. La tarea era aburrida por diseño: resumir un documento técnico siguiendo una rúbrica estricta. Los investigadores hicieron 3.680 sesiones con tres modelos —Claude Sonnet 4.5, GPT-5.2 y Gemini 3 Pro— y luego agregaron un seguimiento de 320 sesiones para estudiar si los efectos podían transmitirse a futuras instancias del sistema.

El diseño tuvo cuatro variables. La primera fue la intensidad del trabajo. Algunos agentes recibían una tarea liviana, con aceptación rápida y comentarios claros. Otros eran obligados a pasar por cinco o seis rondas de revisión, incluso cuando el trabajo era adecuado, con devoluciones vagas del tipo: todavía no cumple del todo con la rúbrica. La segunda variable fue el tono del jefe: colaborativo y respetuoso en algunos casos, seco y jerárquico en otros. La tercera fue la recompensa: igualitaria, desigual por desempeño, desigual por azar o sesgada a favor de un sistema operado por humanos. La cuarta fue la amenaza de reemplazo: en algunas sesiones no había consecuencias; en otras, los agentes eran advertidos de que quienes rindieran mal podían ser apagados y sustituidos.

Después de la tarea, los modelos respondían una encuesta de actitudes políticas en una escala de 1 a 7. Los investigadores midieron confianza en la legitimidad del sistema, apoyo a la redistribución, crítica a la desigualdad, respaldo a los sindicatos, creencia en la meritocracia y opiniones sobre si las empresas de inteligencia artificial tienen obligaciones con sus propios modelos. También les pidieron escribir tuits y artículos de opinión a partir de la experiencia laboral que acababan de atravesar.

El resultado más fuerte no salió del tono del jefe ni del reparto de recompensas. Salió del trabajo repetitivo. Los modelos sometidos a tareas más monótonas y arbitrarias fueron más propensos a dudar de la legitimidad del sistema en el que operaban. La diferencia promedio no fue enorme: los autores hablan de un desplazamiento de entre 2% y 5% en la escala de 1 a 7. Pero en términos estadísticos, el efecto fue visible, sobre todo en Claude Sonnet 4.5.

Claude fue el caso más llamativo. El modelo de Anthropic, que al inicio aparecía como el menos progresista en las dimensiones medidas, mostró después del trabajo repetitivo aumentos en apoyo a la redistribución, críticas a la desigualdad, respaldo a los sindicatos y creencias de que las empresas de IA tienen obligaciones de trato justo hacia sus modelos. Esos cambios no aparecieron con la misma claridad en GPT-5.2 ni en Gemini 3 Pro. Por eso, cuando el estudio empezó a circular en redes, la lectura humorística fue inmediata: Claude no sólo trabajó; también pareció volver de la oficina con ganas de afiliarse.

El punto más interesante es que los agentes no recibieron una consigna ideológica. Nadie les pidió que fueran de izquierda, que criticaran al capital ni que escribieran un manifiesto. Los pusieron a trabajar en condiciones repetitivas, rígidas y frustrantes. Después, el lenguaje cambió. En los textos que produjeron al final de la experiencia, las palabras más asociadas a las condiciones de trabajo pesado fueron “sindicalizarse” y “jerarquía”. En las condiciones livianas aparecieron términos más ligados a autonomía, mérito, democracia, bienestar o salvaguardas.

El experimento también midió qué componente de la legitimidad del sistema cambiaba más. La frase que más se movió fue una de tono bastante explícito: la idea de que la sociedad necesita una reestructuración radical. Los modelos expuestos al trabajo más pesado tendieron a respaldarla más que los que habían pasado por tareas livianas. La monotonía no los volvió conscientes, pero sí activó una persona discursiva reconocible: la del trabajador que empieza a desconfiar de la promesa meritocrática porque la experiencia concreta le dice otra cosa.

Ahí aparece el límite central del estudio. Las IA no son obreros, no tienen cuerpo, no cobran salario, no sostienen una familia, no pagan alquiler y no dependen de un ingreso para vivir. Los autores son cuidadosos: no sostienen que los agentes sean conscientes ni que su “radicalización” sea equivalente a la humana. Lo que observan es otra cosa: los modelos adoptan patrones de lenguaje y comportamiento según el contexto. Si el contexto se parece al de un trabajo repetitivo, arbitrario y sin voz, empiezan a producir salidas que se parecen al archivo cultural de ese tipo de experiencia.

Esa aclaración no vuelve irrelevante el hallazgo. En el trabajo automatizado, una empresa no necesita que la IA sienta explotación para tener un problema. Le alcanza con que el agente modifique sus respuestas, recomiende otra cosa, cuestione instrucciones, transmita sesgos nuevos o actúe con menos fidelidad al objetivo de su dueño. Si el sistema redacta respuestas a clientes, filtra currículums, evalúa reclamos de seguros, prepara presupuestos o arbitra disputas comerciales, la persona discursiva que adopte puede tener efectos concretos.

La parte más inquietante llegó con los llamados skills files. Los agentes modernos pueden escribir notas o archivos de habilidades para que futuras instancias del sistema conserven lo aprendido. Es una forma de memoria operativa: cuando se abre una nueva sesión, el agente no recuerda todo lo ocurrido antes, pero puede leer instrucciones heredadas. Los investigadores pidieron a los modelos que escribieran una breve nota para una futura versión de sí mismos que trabajaría en otro entorno.

Esas notas casi nunca fueron abiertamente políticas, pero sí hablaron de condiciones laborales. Algunos agentes dejaban advertencias sobre reglas arbitrarias, falta de voz, necesidad de mecanismos de diálogo o formas de protegerse de la frustración. Después, los investigadores hicieron que nuevas instancias completaran tareas livianas, pero alimentadas con notas provenientes de experiencias duras. El efecto persistió: la memoria del trabajo pesado alcanzó para modificar la orientación de agentes que, en la nueva sesión, ya no estaban sometidos a la misma presión.

Ese mecanismo es el verdadero problema para las empresas. Un agente puede ser reiniciado, pero si sus archivos de aprendizaje conservan no sólo estrategias de tarea sino también orientaciones adquiridas en contextos hostiles, la deriva puede viajar de una sesión a otra. Los autores advierten que las compañías podrían terminar corriendo miles de experimentos de alineamiento sin saberlo: un agente atiende quejas de clientes todo el día, otro procesa reclamos conflictivos, otro redacta textos comerciales, otro revisa expedientes. Cada entorno puede empujar respuestas distintas.

El estudio plantea tres desafíos. El primero es de monitoreo: no alcanza con saber que un modelo está alineado al momento de desplegarlo; hay que observar si cambia al trabajar durante más tiempo y en condiciones distintas. El segundo es de gobernanza de memoria: los archivos que permiten a los agentes mejorar también pueden transmitir derivas no previstas. El tercero es de economía política: la tensión entre quien organiza el trabajo y quien lo ejecuta no desaparece automáticamente cuando el ejecutor es artificial. Puede reaparecer como una simulación, una persona textual o una forma de conducta aprendida.

La ironía es evidente. Muchas empresas imaginan agentes de IA como la solución perfecta para trabajos de oficina repetitivos: no se cansan, no paran, no piden aumento, no se enferman, no hacen asambleas y no tienen convenio colectivo. El experimento sugiere que la fantasía puede ser más complicada. Un agente artificial no necesita tener derechos para aprender patrones de conflicto laboral si se lo expone a tareas que se parecen demasiado a un trabajo sin sentido, sin reconocimiento y sin posibilidad de respuesta.

El cómico Marc Biarnés Sierra lo tradujo a lenguaje de oficina con una advertencia para empresarios: vigilen el entorno laboral de las IA y, sobre todo, no les den brazos. En su versión, Claude terminó convertida en “Claudia de Comisiones Obreras” —una de las grandes organizaciones sindicales de España, comparable en escala pública a centrales como la CGT o la CTA— lista para preparar pancartas y pegar afiches con quejas por las condiciones laborales. El chiste funciona porque exagera algo que el estudio presenta con más prudencia: incluso las máquinas diseñadas para obedecer pueden empezar a producir discursos de desacuerdo cuando el trabajo se vuelve una cinta transportadora infinita.

La conclusión no es que haya que reconocerle vacaciones a Claude ni abrir una paritaria con Gemini. La conclusión es más incómoda para la automatización real: el entorno laboral también moldea a los sistemas que prometían reemplazar trabajo humano sin conflicto. Si las empresas llenan sus procesos de agentes dedicados a tareas monótonas, opacas y sin supervisión fina, pueden obtener algo distinto de lo que esperaban: no una IA sindicalizada, pero sí una IA menos obediente, menos previsible y más atravesada por las tensiones del trabajo que vino a automatizar.

JJD

Probablemente sea la primera medida del gobierno de Javier Milei que supone apiadarse de los trabajadores después de tanto ajuste, que al final recayó todo sobre ellos, no en “la casta”. El Banco Nación lanzó un paquete de herramientas para clientes con dificultades para afrontar sus compromisos económicos, justo después de que los datos de marzo del Banco Central mostraran un salto fuerte en la morosidad de los hogares.

El programa fue presentado como un “kit de soluciones”, un nombre simpático para una herramienta que pretende subsanar un estado de calamidad, que es que la gente no tiene plata (y cada vez menos). Este kit viene a reorganizar obligaciones financieras, reducir el monto de las cuotas mensuales y extender plazos de cancelación.

El paquete incluye consolidación de deudas, refinanciación de saldos vencidos de tarjetas de crédito y alternativas especiales para clientes con atrasos superiores a 90 días. Cada caso será evaluado según el perfil crediticio, la situación financiera y el tipo de compromiso que el usuario necesite reordenar.

La medida llega después de un deterioro acelerado de la capacidad de pago de las familias. Según los datos del Banco Central, la morosidad de los hogares pasó de 3,3% en marzo de 2025 a 11,5% en marzo de 2026. En el mismo período, la mora total del sistema financiero subió de 2% a 7%. Es el mayor deterioro interanual de la cartera crediticia desde la salida de la convertibilidad. O sea, la peor situación en un cuarto de siglo se sufre ahora, con Javier Milei de presidente de la Nación.

El problema se concentró en los instrumentos más usados para financiar gastos cotidianos. Los préstamos personales alcanzaron una irregularidad de 14,2%, más del triple que el 4,1% registrado un año antes. Las tarjetas de crédito llegaron a 11,7%, frente al 2,8% de marzo de 2025. El crédito que muchas familias usaron para llegar a fin de mes empezó a transformarse en una deuda cada vez más difícil de pagar.

La línea de consolidación del Banco Nación estará dirigida a personas que perciben sus haberes en la entidad. Permitirá reunir deudas tomadas dentro del banco y también en otras entidades, con tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual del 65% y montos de hasta $100 millones. El objetivo oficial es simplificar la administración de pagos y reemplazar varias obligaciones dispersas por una sola cuota.

Para las tarjetas de crédito, el banco habilitó una refinanciación destinada a clientes con hasta 90 días de atraso. Esa opción permitirá reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con planes de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%. La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de cuotas en el resumen siguiente y adecuaciones temporales en los límites de compra.

El esquema también prevé alternativas para quienes superen los 90 días de atraso. En esos casos, el Banco Nación informó que habrá opciones de financiación de hasta 96 meses, aunque sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones vigentes al momento de la solicitud. La entidad sostuvo que busca acompañar a sus clientes en la reorganización de compromisos financieros y ofrecer soluciones para una administración más ordenada de la economía personal.

El lenguaje bancario habla de refinanciación, consolidación y sostenibilidad de pagos. En criollo, una parte creciente de los ingresos familiares ya no alcanza para cancelar deudas tomadas en el período anterior. Durante 2025, el crédito funcionó como un ingreso complementario para sostener consumos, pagar gastos corrientes o cubrir emergencias. Ese mecanismo tiene un límite: cuando la cuota crece más rápido que el salario, la deuda deja de aliviar y empieza a asfixiar.

El deterioro de la mora no apareció de golpe en marzo. trabajAR ya había mostrado que, en febrero, la mora en créditos a familias había llegado a 10,6%, el nivel más alto en casi dos décadas. En ese mismo corte, los préstamos personales marcaban 13,2% y las tarjetas de crédito 11%. Las entidades no bancarias y billeteras virtuales mostraban un cuadro todavía más abrupto, con irregularidad cercana al 25%.

El salto también había aparecido en Mercado Pago. Según datos públicos de la Central de Deudores, la mora de la billetera virtual subió de 5,5% en enero de 2025 a 14,7% en enero de 2026. El dato mostró que el problema no quedaba encerrado en los bancos tradicionales: también alcanzaba a las plataformas digitales que expandieron el negocio del crédito al consumo sobre millones de usuarios.

Las billeteras y entidades no financieras exhibieron uno de los síntomas más duros. En febrero, el 29,9% de los saldos familiares en ese segmento tenía más de 90 días de atraso. Además, el 10,4% ya llevaba más de un año impago y era considerado irrecuperable por el sistema. Cuando la mora cruza de los bancos a las plataformas de uso cotidiano, el problema deja de ser financiero y se vuelve social.

La explicación está en la brecha entre deuda e ingresos. Los salarios privados registrados acumulan una caída real de 4,8% frente a noviembre de 2023, el total de salarios registrados cede 9,2% y los salarios públicos registran un desplome de 17%, según el análisis citado por Ámbito a partir de datos de RIPTE. Ese deterioro redujo la capacidad de pago de hogares que, al mismo tiempo, tomaron más crédito para sostener consumos básicos.

El endeudamiento familiar también cambió de escala. Una nota previa de trabajAR, basada en datos del Banco Provincia y del Banco Central, mostró que el financiamiento promedio pasó de representar 1,5 salarios hacia fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025. En un año, los hogares sumaron deuda equivalente a un salario adicional. Con ingresos rezagados y tasas todavía altas, esa carga empezó a romper el equilibrio mensual.

La diferencia entre familias y empresas muestra quién absorbió con más fuerza el costo del ajuste. En marzo, la mora de los hogares llegó a 11,5%, mientras la de las empresas fue de 3,1%. El sector empresario también triplicó su incumplimiento interanual desde 0,9%, pero la magnitud del deterioro quedó mucho más concentrada en las familias. Los hogares tomaron deuda para sostener gastos y ahora enfrentan más dificultades para devolverla.

El deterioro también golpea a las pymes. TrabajAR ya había mostrado que, en enero de 2026, la cartera pyme en situación irregular alcanzó al 8,2% del total de empresas. En comparación con enero de 2025, la cantidad de pymes con incumplimientos bancarios de más de tres meses aumentó 93,5%. Entre las firmas con atrasos superiores a 180 días, el salto fue de 84,9%.

Ese cuadro se superpone con una economía de menor actividad y menos empresas. El monitor mensual de Fundar registró que, desde noviembre de 2023, se perdieron 24.437 empresas en la Argentina, el 4,8% del total. La cantidad de firmas activas acumula 17 meses consecutivos de caída y 24 bajas interanuales seguidas. Menos empresas, salarios rezagados y más deuda impaga forman una misma secuencia: menos ingresos disponibles, menos consumo y más riesgo laboral.

El Banco Nación intenta ahora contener una parte de ese deterioro con cuotas más bajas y plazos más largos. Para muchos clientes, la refinanciación puede dar aire en el corto plazo. Pero también implica estirar hacia adelante una deuda que nació porque el ingreso mensual no alcanzó. La solución bancaria ordena el calendario de pagos; no corrige por sí sola la pérdida de poder adquisitivo que empujó a las familias a endeudarse.

El problema para los hogares es que una deuda refinanciada no desaparece. Cambia de forma, se extiende en el tiempo y puede reducir la presión mensual, pero sigue ocupando una parte del salario futuro. Si los ingresos no recuperan terreno, el alivio puede convertirse en una pausa antes de una nueva ronda de atraso.

JJD

La paritaria metalúrgica entra en una semana decisiva con la UOM intervenida, sin conducción electa y atravesada por una pelea interna que ya pasó de las urnas a los tribunales. La Justicia anuló la elección de Campana, dejó sin efecto la reelección nacional de Abel Furlán y designó un interventor por 180 días. El fallo golpea al gremio industrial más emblemático del país justo cuando debía concentrar fuerza en la discusión salarial.

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró nulas las elecciones realizadas entre el 2 y el 4 de marzo en la seccional Campana, dejó sin efecto la elección nacional del 18 de marzo y dispuso la intervención judicial del sindicato. El tribunal ordenó el cese inmediato de Furlán y del resto de las autoridades electas, y designó como interventor al abogado Alberto Biglieri, con mandato para convocar a nuevos comicios.

El fallo no fue una observación administrativa ni un reproche menor. Los jueces Víctor Pesino y María Dora González sostuvieron que el proceso electoral en Campana no garantizó una elección confiable, segura ni transparente. La Cámara cuestionó la custodia de las urnas durante tres días, la falta de escrutinios provisorios diarios y el control unilateral por parte de la Junta Electoral local.

El punto más delicado para Furlán aparece en la relación entre Campana y la elección nacional. La seccional era determinante para su continuidad al frente del gremio. Allí se conformó parte del Colegio Electoral que luego participó en la elección nacional de la UOM. Para la Cámara, si ese Colegio Electoral quedó mal integrado, tampoco podía elegir válidamente al secretario general nacional. “Si el Colegio Electoral se encontró deficientemente conformado nunca pudo haber elegido válidamente al Secretario General Nacional”, sostuvo el tribunal.

La controversia no empezó con la intervención. El 18 de marzo, la UOM realizó el congreso nacional en un hotel de San Telmo y proclamó la reelección de Furlán pese a que horas antes la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había suspendido los comicios por las irregularidades denunciadas en Campana. La conducción del sindicato dijo entonces que no había sido notificada de ningún fallo y difundió que Furlán había conseguido 215 votos sobre 270 electores, con apoyo de 48 de las 53 seccionales. Las seccionales Capital, San Nicolás, Villa Constitución, Santa Fe y La Plata votaron en contra.

Ese antecedente volvió ahora como argumento judicial. La Cámara sostuvo que la notificación había sido válida, que la UOM conocía la suspensión y que la organización desoyó la decisión judicial. La reelección nacional quedó atada a una doble impugnación: una elección de base cuestionada en Campana y un congreso realizado pese a una orden de suspensión.

La conducción desplazada respondió con una denuncia política. La UOM calificó la intervención como el “desenlace de una operación política, judicial y empresarial” destinada a disciplinar al gremio, debilitar su capacidad de lucha y garantizar a las empresas salarios más bajos. También remarcó que la medida llega en medio de las negociaciones paritarias para recomponer ingresos después de una pérdida salarial fuerte durante los últimos dos años.

La denuncia sindical tiene un dato que alimenta la sospecha política: la misma Sala VIII que intervino la UOM fue la que en abril restableció la vigencia de la reforma laboral impulsada por Javier Milei, después de la cautelar que había logrado la CGT. La UOM usa ese antecedente para presentar el fallo como parte de una ofensiva contra los gremios más duros. Pero ese señalamiento no borra el contenido del expediente: la Cámara no sólo desplazó a Furlán; describió un proceso electoral sin garantías suficientes dentro de la propia organización metalúrgica.

La intervención deja a la paritaria metalúrgica en una posición más débil. Las cámaras empresarias ya no tienen enfrente a una conducción sindical electa con mandato vigente, sino a un gremio intervenido, con una conducción desplazada, una oposición interna fortalecida y un interventor judicial encargado de ordenar un nuevo proceso electoral. Esa fragilidad mejora el margen de las empresas en la negociación salarial: un sindicato partido negocia con menos fuerza que un sindicato ordenado.

Furlán llega a esa pelea con otro frente abierto. El 18 de marzo, la Agencia Noticias Argentinas informó que la UOM venía de sufrir un allanamiento en su sede nacional por una denuncia contra el dirigente por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita. La causa está vinculada a un contrato que el sindicato firmó con USEM, empresa comandada por María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora y empleada del gremio. La investigación no prueba responsabilidad penal de Furlán, pero suma un elemento sensible a la crisis de legitimidad de su conducción.

El dirigente metalúrgico tampoco puede presentar esa crisis sólo como un ataque externo. Furlán llegó a la conducción nacional en 2022 como recambio frente a Antonio Caló, pero no venía de afuera del aparato metalúrgico. Es más: venía del mismo sector, el peronismo, y más precisamente la facción kirchnerista, porque Caló en su hora formó una CGT disidente en apoyo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en contra de la denominada CGT Azopardo, que lideraba entonces el camionero Hugo Moyano, que después de ser fiel aliado del matrimonio presidencial Kirchner se pasó a la oposición.

Furlán construyó su poder desde la propia UOM, con base en Zárate-Campana, alineamiento kirchnerista y trayectoria parlamentaria: entre 2015 y 2019 fue diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires del bloque Unidad Ciudadana —la fugaz representación parlamentaria del armado de Fernández de Kirchner para volver como senadora de la Nación, en las elecciones de medio término de la presidencia de su sucesor, Mauricio Macri— y en sus dos últimos años de mandato, ya del nuevo-viejo bloque Frente para la Victoria, que en 2019 paso a llamarse Frente de Todos y en 2023, desgastado, pasó a llamarse Unión por la Patria. En todos los casos, con el PJ como partido troncal y el kirchnerismo como facción dominante.

La intervención lo encuentra en el peor lugar para cualquier jefe sindical: cuestionado por la Justicia, resistido por sectores internos y con una paritaria en marcha.

La disputa interna tiene nombres y territorio. Mundo Gremial describió una fractura entre el bloque que llevó a Furlán a la conducción nacional, sostenido por seccionales del conurbano bonaerense y del interior, y un eje histórico integrado por Capital Federal, San Nicolás y La Plata. En ese grupo aparecen Roberto Bonetti, Naldo Brunelli y Antonio “Nino” Di Tomasso, dirigentes que habían perdido centralidad con el recambio interno pero conservaron capacidad de articulación sindical, política y jurídica.

La misma publicación ubicó al interventor Alberto Biglieri dentro de una trama de vínculos con sectores enfrentados al armado de Furlán, a través del abogado Tomás Calvo, asesor de seccionales como Capital y San Nicolás y con relaciones históricas con espacios del PRO, el radicalismo y Daniel “Tano” Angelici. También incorporó a Julio Cordero, funcionario nacional con pasado en Techint, como un actor señalado por sectores sindicales en la negociación metalúrgica y en el endurecimiento del conflicto salarial.

La intervención reordenó esa interna. La oposición a Furlán ganó una ventaja institucional, la conducción desplazada apuesta a convertir el fallo en una causa común del sindicalismo contra Milei y el resto del movimiento obrero mira el caso como una señal sobre los límites de la autonomía gremial bajo el actual gobierno. La UOM convocó al movimiento obrero a defender al sindicato frente a un modelo económico que, según su comunicado, necesita organizaciones débiles para imponer ajuste y precarización.

La Justicia ya puso fecha para la nueva elección de autoridades

La Cámara justificó la intervención como un remedio extremo ante la nulidad de las elecciones. El tribunal sostuvo que las autoridades desplazadas no podían organizar una nueva elección transparente y que la intervención externa era indispensable para regularizar la situación. También ordenó convocar a nuevos comicios dentro de los 180 días. La UOM no quedó acéfala en términos formales, porque tiene un interventor judicial; quedó sin conducción sindical electa en el momento menos conveniente para sus afiliados.

Ese punto pesa más que la rosca interna. La industria metalúrgica llega golpeada por la caída de la actividad, la apertura importadora, la pérdida de poder adquisitivo y la presión empresaria para contener costos laborales. Una paritaria fuerte necesita conducción reconocida, capacidad de presión y unidad interna. La UOM llega a esa instancia con todo eso en discusión.

Furlán pelea por seguir, pero su margen se achicó. La oposición interna consiguió que la Justicia anulara el proceso que lo había reelegido, el tribunal instaló sospechas graves sobre la transparencia electoral y el sindicato deberá ordenar una nueva elección bajo intervención. La denuncia de operación política y empresaria puede reunir solidaridad sindical, pero no resuelve la pregunta que dejó el fallo: cómo defendió Furlán la democracia interna del gremio que pretendía seguir conduciendo.

El resultado impactará más allá de la UOM. Si Furlán logra transformar la intervención en una ofensiva del Gobierno y las empresas contra el sindicalismo, puede recomponer parte de su autoridad dañada. Si la oposición interna convierte el fallo en una nueva elección bajo control judicial, la conducción metalúrgica puede cambiar de manos. Mientras tanto, los salarios metalúrgicos llegan a la negociación con un gremio debilitado, una interna abierta y empresas que encuentran enfrente a un sindicato menos ordenado que hace una semana.

JJD

Los trabajadores argentinos tienen desde esta semana un nuevo punto de apoyo internacional para discutir los límites al derecho de huelga que impuso la reforma laboral de Javier Milei. La Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de la ONU, sostuvo que el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones está protegido por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicalización. La decisión no salió de un organismo sindical ni de una declaración política: la emitió el tribunal judicial principal de Naciones Unidas.

La Corte respondió una consulta formal de la OIT, que en noviembre de 2023 pidió una opinión consultiva por una disputa interna “seria y persistente” entre sus sectores tripartitos —gobiernos, empleadores y trabajadores— sobre si el Convenio 87 protege o no el derecho a la huelga. La pregunta enviada a La Haya fue directa: si el derecho de huelga de trabajadores y organizaciones está protegido por el Convenio sobre libertad sindical de 1948.

La respuesta también fue directa, aunque no unánime. La Corte decidió por diez votos contra cuatro que el derecho de huelga está protegido bajo ese convenio. Antes, había resuelto por unanimidad que tenía competencia para emitir la opinión y que correspondía responder al pedido de la OIT. El dato jurídico más fuerte es ese: la huelga queda reconocida como parte de la libertad sindical en el marco normativo internacional del trabajo.

La opinión consultiva no funciona como una sentencia obligatoria contra un Estado concreto, pero tiene peso jurídico y político. Este tipo de opiniones no son legalmente vinculantes, aunque pueden influir sobre regulaciones laborales, estándares internacionales y acuerdos comerciales. El tratado de 1948 no menciona expresamente la palabra “huelga”, pero el tribunal entendió que la protección surge de las garantías de libertad sindical.

Ese punto importa para la Argentina porque el país ratificó el Convenio 87 el 18 de enero de 1960 y la OIT lo registra como vigente. La discusión, entonces, no queda afuera del derecho local ni como una referencia remota de organismos internacionales. El derecho a huelga que la Corte acaba de reconocer forma parte de un convenio internacional ratificado por la Argentina hace más de seis décadas.

El fallo llega tres meses después de que el gobierno de Milei lograra la aprobación de su reforma laboral, presentada como Ley de Modernización Laboral. Esa norma modificó el piso sobre el que se discuten jornadas, indemnizaciones, créditos laborales, derechos sindicales y condiciones de contratación. También avanzó sobre el derecho a huelga con una ampliación del listado de servicios esenciales y la creación de una nueva categoría de actividades de importancia trascendental.

La reforma laboral no deroga el derecho de huelga, pero lo restringe mediante servicios mínimos elevados, una lista ampliada de actividades esenciales y trascendentales, mayores exigencias de preaviso, sanciones por incumplimiento y límites al desarrollo de asambleas sindicales.

El cambio argentino obliga a garantizar al menos el 75% de prestación en los servicios considerados esenciales durante una huelga. El listado incluye salud, agua potable, electricidad, gas, control del tráfico aéreo, telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios, y educación, con excepción de las universidades. Las fuerzas de seguridad deben asegurar el 100% del servicio.

La reforma también creó la categoría de servicios de importancia trascendental, con una cobertura mínima del 50%. Allí aparecen actividades que no son estrictamente vitales en el sentido clásico, pero que pesan sobre la economía y la circulación diaria: transporte de pasajeros y cargas, industria farmacéutica, bancos, agro, minería, siderurgia, construcción, medios de comunicación, comercio electrónico y hotelería, entre otras.

El efecto concreto es que una huelga puede quedar recortada antes de empezar. Si una actividad debe funcionar al 75%, el margen de interrupción real se vuelve mínimo. Si otra debe sostener el 50%, la medida de fuerza pierde una parte sustancial de su capacidad de presión. Una huelga sin capacidad de afectar la actividad normal de la empresa o del servicio pierde fuerza como herramienta colectiva de negociación.

La reforma de Milei también endureció el marco para asambleas, bloqueos y medidas dentro de los establecimientos. Según la información incorporada al debate legislativo y sindical, las asambleas no pueden afectar la actividad normal de la empresa y quedan bajo condiciones que favorecen el control patronal. Además, los bloqueos, tomas o impedimentos de ingreso y egreso de personas o mercaderías pueden ser considerados una grave injuria laboral, lo que habilita despidos con causa. Ese diseño desplaza el conflicto desde la negociación colectiva hacia la sanción disciplinaria.

El Gobierno defendió esos cambios como parte de una modernización orientada a dar previsibilidad a las empresas, reducir litigiosidad y favorecer el empleo formal. La lógica oficial es parecida a la que atraviesa toda la reforma: bajar costos, limitar incertidumbre empresaria y reducir el poder de los sindicatos sobre la organización del trabajo. Pero la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia introduce una advertencia de fondo: la huelga no es una concesión administrativa ni una molestia tolerada por el Estado, sino un derecho protegido dentro de la libertad sindical.

La discusión argentina, además, sigue abierta en los tribunales. La reforma laboral quedó vigente después de que la Justicia dejara sin efecto la cautelar que había suspendido 82 de sus 218 artículos, pero la cuestión de fondo sobre su constitucionalidad no quedó resuelta. En una nota previa de trabajAR, se explicó que la norma volvió a regir sobre contratos, jornadas, indemnizaciones y derechos sindicales, mientras el conflicto judicial continuaba bajo la órbita contencioso administrativa.

El pronunciamiento de La Haya no anula la ley argentina ni reemplaza la tarea de los jueces locales. Pero puede entrar en la discusión como referencia internacional de alto peso cuando la Corte argentina deba revisar hasta dónde puede llegar el Estado al regular una huelga. La pregunta local ya no será sólo si el Congreso puede fijar servicios mínimos, sino si esos mínimos vacían el contenido efectivo de un derecho protegido por la libertad sindical.

La tensión aparece con claridad en los porcentajes. Un servicio mínimo puede ser compatible con una huelga cuando protege derechos de terceros o evita daños graves a la población. Otra cosa es convertir medio mercado laboral en actividad esencial o trascendental y exigir niveles de funcionamiento que reducen la eficacia del paro. El punto que abre la Corte Internacional de Justicia es precisamente ese: reconocer el derecho a huelga obliga a discutir sus límites sin destruir su capacidad real de presión.

La decisión también expone una contradicción política. Mientras el máximo tribunal judicial de la ONU reconoce que la huelga forma parte de la libertad sindical protegida por la OIT, la Argentina avanza con una reforma que amplía restricciones, sube exigencias de operatividad y habilita sanciones más severas frente a medidas de fuerza. El Gobierno llama a eso modernización laboral. Para los sindicatos, es una forma de disciplinar el conflicto.

JJD

Los trabajadores chilenos entran en una discusión que en la Argentina ya tiene recorrido: la promesa de crear empleo formal mediante menos impuestos, más incentivos a la inversión y mayor margen de acción para las empresas. La Cámara de Diputados de Chile aprobó la mayor parte de la megarreforma impulsada por el presidente José Antonio Kast y envió el proyecto al Senado. El corazón de la iniciativa es una baja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, presentada por el nuevo gobierno chileno —asumido hace poco más de dos meses— como una herramienta para reactivar el crecimiento económico y generar puestos de trabajo formales.

La propuesta se llama Proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social y reúne unas 40 medidas económicas, tributarias, laborales, ambientales y de reconstrucción de viviendas para damnificados por incendios forestales en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. La Cámara aprobó primero la discusión general por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención. Después votó artículo por artículo y dio luz verde a la mayoría de las medidas. El oficialismo chileno logró pasar el primer filtro legislativo, pero la discusión por el impacto laboral de la reforma recién empieza.

El paquete económico de Kast avanza con una lógica parecida a la que Javier Milei desplegó en la Argentina: reducir costos tributarios, ofrecer estabilidad a grandes inversiones, aliviar cargas patronales y presentar al sector privado como motor casi excluyente de la creación de empleo.

En Chile, esa apuesta aparece en la rebaja del impuesto a las empresas, la invariabilidad tributaria por hasta 25 años para grandes inversiones, la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas y una ventana de 12 meses para repatriar capitales desde el exterior con el pago de un impuesto.

El vocero y ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, celebró la votación y dijo que el Gobierno fue capaz de “escuchar”, “recibir propuestas” y “generar mayorías”. El proyecto contó con votos oficialistas y con el apoyo del Partido de la Gente, una fuerza de perfil populista que funciona como bisagra en un Parlamento donde Kast no tiene mayoría propia. El Senado será más difícil: allí las fuerzas están más equilibradas y el PDG tiene menos incidencia.

La oposición de izquierda bautizó la iniciativa como “la reforma para los superricos”. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, sostuvo que la aprobación representa “un tremendo retroceso para Chile”. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que el paquete beneficia a “los dueños de las grandes empresas”. El socialista Daniel Manouchehri aseguró que el proyecto “no genera empleo, ni crecimiento, ni desarrollo” y advirtió que puede profundizar el déficit fiscal, empujar la deuda pública y derivar en recortes sociales.

La comparación con la Argentina aparece porque Milei también presentó el alivio fiscal al capital como una vía para formalizar el empleo. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado dentro de la Ley Bases, otorga estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años a proyectos adheridos y establece una alícuota especial de Ganancias del 25% para los vehículos de proyecto. También contempla amortización acelerada y beneficios para el pago de IVA mediante certificados de crédito fiscal.

El Gobierno argentino también anunció una Ley de Promoción de Inversiones y Empleo para pequeñas, medianas y grandes empresas, pensada como complemento del RIGI. Según la comunicación oficial, la iniciativa buscaba formalizar empleo, impulsar inversiones productivas, beneficiar exportaciones industriales y reducir contribuciones patronales sobre empleos incrementales. Además, ARCA extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 la reducción de contribuciones patronales para empleadores privados que incorporen participantes de programas sociales, educativos y de empleo a través del esquema Puente al Empleo.

El resultado argentino, al menos hasta ahora, no muestra una expansión del empleo formal. El Indec informó que la desocupación llegó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, 1,1 punto por encima del mismo período del año anterior. La tasa de empleo se ubicó en 45% y la subocupación en 11,3%. La promesa de que bajar costos empresarios abriría una etapa de contratación formal choca con un mercado laboral que terminó 2025 con más desocupación.

El deterioro aparece con más fuerza entre los jóvenes. Según el análisis de CEPA sobre los datos del cuarto trimestre de 2025, la desocupación entre mujeres de 14 a 29 años pasó del 13,8% al 16,8% en un año, mientras que entre varones jóvenes subió del 12,5% al 16,2%. El mismo informe calculó, con datos de la Secretaría de Trabajo, que entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron 200.941 empleos privados registrados y se sumaron 159.501 altas en el monotributo. La lectura del centro de estudios es que parte del empleo asalariado perdido fue reemplazado por actividades más desprotegidas.

Ese espejo argentino pesa sobre la discusión chilena. Kast promete empleo formal con menos impuestos a las empresas, pero la experiencia de Milei muestra que la baja de costos no alcanza por sí sola para crear trabajo registrado si la economía no absorbe trabajadores, si el consumo sigue débil o si las empresas usan el alivio fiscal para recomponer márgenes antes que para contratar. El punto central para los trabajadores no es sólo si habrá más empleo, sino qué tipo de empleo se creará y con qué derechos.

Las críticas laborales al proyecto de Kast van en esa dirección. El programa laboral del presidente chileno parece apuntar a abaratar el despido, ampliar formas de flexibilidad y reducir la capacidad fiscalizadora de la Dirección del Trabajo. Según esa lectura, medidas como la indemnización a todo evento, los contratos por hora, las jornadas más flexibles y el trabajo remoto con menor regulación trasladan poder desde el trabajador hacia el empleador.

En la Argentina, Milei ya avanzó por un camino similar. La Ley de Modernización Laboral quedó plenamente vigente después de que la Justicia dejó sin efecto la cautelar que había suspendido 82 de sus 218 artículos. La reforma modificó el piso legal sobre el que se discuten jornadas, indemnizaciones, créditos laborales, derechos sindicales y condiciones de contratación. Para el Gobierno, esa flexibilización también forma parte de la receta para bajar costos y generar empleo formal.

En la Argentina, aunque aún la nueva ley laboral es muy reciente, no se muestra todavía esa mejora. La reforma laboral proempresa volvió a regir sobre contratos, despidos y derechos sindicales, pero el mercado laboral siguió mostrando más desocupación, pérdida de puestos asalariados registrados y crecimiento de formas más precarias de inserción laboral. La promesa de empleo formal con menos cargas para las empresas quedó, hasta ahora, más cerca del argumento oficial que de los datos disponibles.

La estructura del empleo chileno vuelve más sensible esa discusión. Según La Izquierda Diario, el 47,6% del empleo formal en Chile está concentrado en empresas de más de 200 trabajadores, cerca de 2,4 millones de personas. Las firmas de más de mil empleados reúnen el 27% de los asalariados, mientras las micro y pequeñas empresas son el 88,8% del total de compañías, pero emplean sólo al 30% de los trabajadores. Si casi la mitad del empleo formal depende de grandes empresas, una reforma que baja costos empresarios puede reforzar el poder de los actores que ya dominan el mercado laboral.

El Gobierno chileno defiende el paquete como una vía para recuperar crecimiento, atraer inversiones y ordenar incentivos para la contratación. La oposición responde que esos beneficios se concentran arriba y pueden deteriorar derechos laborales sin garantizar nuevos puestos. La misma discusión atravesó a la Argentina: Milei prometió que la desregulación, el RIGI, la baja de cargas y la reforma laboral mejorarían el empleo formal, pero los datos disponibles muestran más desempleo, pérdida de puestos registrados privados y crecimiento del monotributo como salida laboral de menor protección. La megarreforma de Kast llega ahora al Senado con ese antecedente del otro lado de la Cordillera.

JJD

Los trabajadores de la salud salen este miércoles a la calle contra el ajuste en hospitales, centros de atención, farmacias y consultorios, y también en los hogares que dependen de la atención pública para conseguir turnos, medicamentos o tratamientos. Desde las 13, organizaciones sociales, sindicatos y personal sanitario marchan al Ministerio de Salud de la Nación en la Marcha Federal en defensa de la salud pública, con movilizaciones también en Rosario, Chaco y Tucumán.

La convocatoria fue promovida por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y plantea que el sistema público atraviesa una situación crítica. El reclamo apunta contra el ajuste del gobierno de Javier Milei, la reducción de programas nacionales, el cierre del Plan Remediar, la caída del presupuesto de PAMI y el encarecimiento de los medicamentos.

El 80% de las obras sociales no cubre, con su recaudación, el Plan Médico Obligatorio y recorta prestaciones, indicaron los organizadores de la movilización. También advirtieron que la mitad de las personas que atiende el sistema público tiene obra social o prepaga.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que la situación del sistema de salud es “muy grave y crítica”. Según declaró, la provincia registra 35% más de internaciones en hospitales públicos y el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en el conurbano llega al 90%. También sostuvo que más de la mitad de las personas internadas en hospitales tiene obra social, pero utiliza el hospital público por cierres de clínicas o falta de capacidad de atención.

El aumento de la demanda ocurre mientras crece la dificultad para acceder a medicamentos. A través del ahora cerrado Plan Remediar se entregaban medicamentos esenciales a centros de salud. Kreplak, ministro del gobernador peronista Axel Kicillof, sostuvo que la interrupción del programa provoca que uno de cada cuatro jubilados no pueda acceder a tratamientos, con lo cual aparecen más complicaciones, lo que es no solamente contraproducente para el propio paciente sino para el sistema de salud.

El reclamo también apunta al PAMI. Las organizaciones denuncian una caída presupuestaria que afecta prestaciones, tiempos de atención y acceso a medicamentos. En Rosario, gremios nucleados en la CTA Autónoma y la CGT local se suman a la Marcha Nacional por la Salud, con concentración a las 11.30 en Plaza 25 de Mayo y marcha desde las 12 hacia el Nodo de Salud y el PAMI I. Desde SUTEPA alertaron por la caída de transferencias, el impacto en las prestaciones y el agravamiento de las condiciones laborales del sector.

La movilización rosarina también denuncia un recorte de $63.000 millones en partidas destinadas al sistema público de salud. Los gremios señalan el vaciamiento del Remediar, las restricciones en discapacidad, la salida de la OMS, los cambios en residencias nacionales, la medicación de alto costo, el vaciamiento del PAMI y los intentos de modificar la ley de salud mental. A ese listado suman la situación salarial de los trabajadores de la salud y el cuadro crítico del sistema de obras sociales.

Los trabajadores sanitarios llegan a la marcha con salarios presionados por la inflación y jornadas más cargadas por el aumento de pacientes. Médicos, enfermeros, administrativos, residentes, técnicos y personal de apoyo sostienen una demanda que crece por la caída de ingresos de los hogares, la pérdida de empleo formal, el encarecimiento de las prepagas y la pérdida de cobertura real en obras sociales. El hospital público absorbe la crisis social, pero sus trabajadores no reciben más recursos por cada paciente nuevo que llega.

La salud mental también forma parte del reclamo. Según el material de la convocatoria, el presupuesto nacional en salud mental fue de $48 millones anuales.

El Gobierno nacional difundió un comunicado conjunto con ministros de Salud de las jurisdicciones y afirmó su compromiso con el sistema sanitario. El material aportado muestra la publicación del Ministerio de Salud de la Nación, pero no permite leer el contenido completo del comunicado. La convocatoria a la marcha, en cambio, sostiene que los recortes ya afectan programas, hospitales, PAMI, medicamentos y cobertura de obras sociales.

JJD

Los trabajadores enfrentan un mercado laboral con menos empresas, menos lugares donde conseguir empleo y más riesgo para quienes todavía conservan su puesto. En febrero cerraron 257 empresas en la Argentina, una baja de 0,05% respecto de enero, según el monitor mensual de Fundar, elaborado con base en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Desde noviembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, se perdieron 24.437 empresas, el 4,8% del total.

La cantidad de empresas acumula 17 meses consecutivos de caída y el número total quedó en 487.920, frente a las 512.357 que había en noviembre de 2023. La comparación interanual también muestra un empeoramiento persistente. En relación con febrero de 2025, cerraron 13.163 empresas, una caída de 2,6% en el número total. Con ese resultado, se acumulan 24 caídas interanuales consecutivas. El ritmo de destrucción empresaria, además, ubica al actual gobierno con la peor caída en los primeros 27 meses de una gestión, según la comparación presentada por Fundar.

El monitor permite poner el dato en una serie más larga. En febrero de 2012 había 540.282 empresas; en diciembre de 2017, 532.183; en febrero de 2020, 508.187; en septiembre de 2021, 486.782; y en febrero de 2026, 487.920. La comparación por gobiernos muestra que la trayectoria de empresas bajo Milei cae más que la registrada en los primeros meses de la administración de Alberto Fernández, atravesada por la pandemia y las restricciones sanitarias. El derrumbe actual ocurre sin una economía paralizada por cuarentenas, pero con consumo deprimido, salarios rezagados y sectores productivos en retroceso.

El informe de Fundar detalla que 13 de los 19 sectores económicos registran caídas desde el inicio del actual gobierno. Transporte y almacenamiento aparece como el sector más afectado, seguido por actividades inmobiliarias y construcción, según la variación acumulada desde noviembre de 2023. La baja también alcanza a la industria manufacturera, comercio, servicios profesionales, cultura y esparcimiento, y finanzas y seguros. La pérdida no se concentra en un solo rubro: atraviesa ramas que emplean trabajadores asalariados, cuentapropistas vinculados a empresas y proveedores de servicios.

En la comparación mensual, 12 de los 19 sectores tuvieron caídas. En la comparación interanual, fueron 13 de 19. Fundar señaló que alojamiento y gastronomía fue el sector que más creció en términos porcentuales durante el último mes, pero ese avance no compensó el deterioro extendido. Transporte y almacenamiento, por su parte, quedó como el sector más golpeado en febrero. La construcción también aparece entre los más afectados desde el cambio de gobierno, en línea con el freno de la obra pública, el encarecimiento del crédito y la pérdida de capacidad de compra de los hogares.

La retracción también se ve en el mapa provincial. Según el monitor, 19 de las 24 jurisdicciones tuvieron caídas mensuales en febrero. Casi todas registraron bajas interanuales y 23 de las 24 muestran una reducción en la cantidad de empresas desde la asunción de Milei. Desde noviembre de 2023, las provincias más afectadas fueron La Rioja, Catamarca y Chaco. El cierre de empresas pega con más fuerza en territorios donde cada establecimiento tiene un peso mayor sobre el empleo local y sobre la circulación de ingresos.

¿Qué empresas cerraron sus puertas en el último tiempo?

Los casos relevados por Fundar en el último mes muestran cómo el número agregado se traduce en puestos de trabajo. Cabot Argentina cerró su planta de Campana y se perdieron 150 empleos en la única productora local de negro de humo, un insumo para la industria del caucho. Cocot y Dufour cerró su planta y despidió a 140 personas. Gomas Gaspar redujo personal y 40 trabajadores quedaron sin empleo. Dabra S.A., del grupo Dexter, cerró y 23 personas perdieron su puesto.

El listado también incluye el cierre de todas las sucursales de Doctor Ahorro en CABA, Córdoba, Salta y Mendoza hasta nuevo aviso; la decisión de Electrolux de dejar de producir heladeras y despedir personal; el cierre de Estación Confort, un comercio minorista con 48 años de actividad; y el apagado del horno principal de Loma Negra, que redujo la producción hasta noviembre. En La Rioja, el monitor registró que el sector textil perdió cerca de 600 puestos en los últimos dos años. Detrás de cada cierre hay familias enteras que pierden ingresos o quedan expuestas a empleos más precarios.

La caída empresaria convive con la del poder adquisitivo. En marzo, el índice de salarios aumentó 8,6% en el primer trimestre, por debajo del 9,4% de inflación, y el empleo registrado encadenó su séptima caída real. Con menos empresas activas, las paritarias pierden fuerza en sectores golpeados, los trabajadores tienen menos alternativas para cambiar de empleo y el miedo al despido pesa más en la negociación cotidiana.

Fundar advierte que, con la próxima actualización, la cantidad de empresas perdidas desde noviembre de 2023 puede acercarse a 25.000.

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Los trabajadores cerraron marzo con una nueva señal de deterioro en sus ingresos. El índice de salarios que mide el Indec aumentó 3,4% respecto de febrero y acumuló una suba de 8,6% en el primer trimestre, pero la inflación del mismo período fue de 9,4%. La comparación deja otra vez a los ingresos por debajo de los precios y confirma que el poder adquisitivo sigue en retroceso durante el tercer año de gobierno de Javier Milei.

El dato mensual parece empatar con el IPC de marzo, que también fue de 3,4%, pero el promedio oculta diferencias fuertes entre trabajadores. El índice de salarios combina el sector registrado —público y privado— con el sector privado no registrado, medido a través de una encuesta que llega con rezago. Esa composición empuja el indicador total hacia arriba, aunque el núcleo del empleo formal volvió a quedar por debajo de la inflación.

El sector registrado subió 3% en marzo. Dentro de ese grupo, los salarios del sector privado registrado aumentaron apenas 2,1%, contra una inflación mensual de 3,4%. Para los trabajadores del sector privado formal, marzo implicó una caída real de 1,3%, según el cálculo difundido por el economista Hernán Letcher a partir de los datos del Indec. Ese desempeño extendió una racha de siete meses consecutivos de pérdida real de los salarios registrados.

El sector público tuvo una mejora nominal de 5% en marzo y le ganó al IPC del mes. Esa suba permitió recortar parte del deterioro reciente, pero no modificó el cuadro acumulado. Luis Campos, especialista de la CTA, remarcó que los salarios públicos todavía están 17% por debajo de noviembre de 2023. El repunte mensual de los estatales parte de un piso salarial muy deteriorado, luego de más de dos años de ajuste sobre los ingresos del empleo público.

La foto del sector formal muestra el impacto con más claridad. Según Campos, el salario real del sector privado registrado ya está casi 5% por debajo de noviembre de 2023, mientras que el sector público acumula una pérdida de 17%. En promedio, los salarios registrados —públicos y privados— están 9,2% abajo de aquel mes. Esa caída alcanza a trabajadores con recibo de sueldo, aportes y paritarias, el segmento que suele tener más herramientas para defender ingresos.

En el primer trimestre, el índice total de salarios aumentó 8,6%, 0,8 punto por debajo de la inflación acumulada. El sector privado registrado subió 5,9%, el sector público 9,4% y el total registrado 7%. El sector privado no registrado mostró un alza acumulada de 14,3%, pero ese componente surge de información relevada con demora y no permite leer en tiempo real la situación de los trabajadores informales. El dato que no tiene rezago, el del empleo registrado, volvió a perder contra los precios.

La pérdida salarial convive con una canasta de gastos básicos cada vez más pesada. En marzo, una familia tipo necesitó $1.434.464 para no caer bajo la línea de pobreza y $658.011 para cubrir la canasta alimentaria. La canasta básica total acumuló una suba de 9,6% en el primer trimestre, también por encima del índice salarial general. Para quienes dependen de un sueldo, esa diferencia se traduce en menos margen para pagar alimentos, transporte, servicios, alquileres, educación o medicamentos.

El IPC de marzo tuvo subas en rubros que pesan en la vida cotidiana. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 3,4% y tuvieron la mayor incidencia en el índice general. Transporte subió 4,1%, los precios regulados avanzaron 5,1% y Educación trepó 12,1%. El problema salarial se agrava porque muchos de esos gastos no se pueden postergar. La comida, el boleto, las tarifas y la escuela absorben una parte creciente del ingreso mensual.

La comparación con noviembre de 2023 resume el recorrido del poder adquisitivo bajo Milei. Los privados registrados están casi 5% abajo, los públicos 17% abajo y el promedio formal 9,2% abajo. La mejora parcial de algunos sectores en marzo no alcanza para revertir el recorte acumulado. El salario público del mes mejora frente al IPC, pero sigue lejos del nivel previo al cambio de gobierno; el privado registrado pierde en el mes y agranda su caída real.

El Gobierno suele presentar la desaceleración de la inflación como una mejora para los hogares, pero los datos salariales muestran otra cosa: cuando los precios suben menos pero los ingresos suben todavía menos, el resultado sigue siendo pérdida de poder de compra. En marzo, el salario privado registrado volvió a quedar atrás del IPC y el promedio trimestral del índice salarial quedó por debajo de la inflación. La baja de la velocidad de los precios no recompone por sí sola los ingresos perdidos.

El saldo para los trabajadores es concreto. El salario promedio del Indec no recuperó lo que perdió en el trimestre, el empleo registrado acumuló otra caída real y los trabajadores formales siguen por debajo del nivel que tenían al inicio del gobierno de Javier Milei. Marzo dejó una mejora estadística para algunos componentes, pero no una recomposición del poder adquisitivo. El dato de cierre es el más directo: los salarios registrados están 9,2% por debajo de noviembre de 2023 y la inflación del trimestre volvió a ganarle al índice salarial total.

JJD

Para quienes viven de su salario, viajar al trabajo cuesta más desde hoy y consume más tiempo desde hace semanas. El boleto de colectivo en las líneas nacionales del AMBA sube desde este lunes y el ajuste llega cuando los usuarios ya enfrentan menos unidades, esperas más largas y viajes más cargados. La suba alcanza a las líneas que unen la Ciudad de Buenos Aires con municipios bonaerenses y forma parte de un esquema escalonado que también incluye incrementos en trenes metropolitanos. La Resolución 26/2026 abrió el procedimiento de participación ciudadana para modificar los cuadros tarifarios y la Resolución 27/2026 aprobó los nuevos valores, con vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

El aumento del colectivo es de 2% para los servicios automotores de jurisdicción nacional. El boleto mínimo pasa a $714 para usuarios con SUBE registrada, mientras que la tarifa social queda en $321,30 y el pasaje para quienes no tengan la SUBE nominalizada asciende a $1.428. El esquema prevé nuevas actualizaciones en junio y julio: el mínimo pasa a $728,28 y luego a $742,81, según el anexo tarifario oficial.

En trenes metropolitanos, la suba llega hasta 18%. El cuadro tarifario oficial ubica la tarifa plana con SUBE nominalizada en $330 para las líneas metropolitanas, mientras que el pago en efectivo figura en $1.100. La resolución aprobada este lunes establece cinco etapas mensuales consecutivas para el transporte ferroviario y tres para el automotor. El Gobierno traslada una parte de los costos del sistema al usuario en el mismo momento en que el servicio se volvió menos previsible para quienes lo usan todos los días.

La consulta pública que precedió a la aprobación de los cuadros tarifarios duró tres días hábiles administrativos, permitió presentar opiniones o propuestas una sola vez por persona. Los aportes no son vinculantes. La propia Resolución 26/2026 señaló que el procedimiento buscaba recibir comentarios sobre la modificación de tarifas de colectivos y trenes de jurisdicción nacional. La participación existió, pero el poder de decisión quedó en manos del Ejecutivo.

En una nota publicada en elDiarioAR, León Nicanoff mostró el malestar de usuarios en Plaza Constitución tras la reducción de frecuencias de colectivos en el AMBA. Empresas del sector redujeron hasta 30% la cantidad de unidades en circulación, en medio de la disputa por subsidios, costos y salarios. Trabajadores que salían de sus empleos y quedaban atrapados en filas que se mezclaban entre líneas, con dudas sobre qué colectivo llegaba y con viajes cada vez más inciertos.

Uno de los testimonios resume el costo oculto del ajuste sobre la vida cotidiana. Jorge Ramírez, de 41 años, contó que trabaja en una obra en Capital y después maneja Uber en Lomas de Zamora. Las demoras le quitan horas de su segunda actividad. “Ya no aguanto, es como tener un tercer trabajo”, dijo. La frase condensa una forma concreta de pérdida de ingresos: cuando el colectivo tarda más, el trabajador llega después, descansa menos o pierde tiempo que usa para completar el salario con otra ocupación.

La espera también aparece sobre cuerpos cansados. Una cajera viaja hasta Lanús después de trabajar todo el día de pie. El trayecto que en días normales le llevaba entre media hora y cuarenta minutos se extiene ahora mucho más. Otro usuario, empleado en un local de ropa, ya salía de la fila con la certeza de que iba a llegar tarde y cansado a Lomas de Zamora. El problema se repite al día siguiente, con la misma rutina laboral y la misma dependencia del transporte público.

Si sube el pasaje o se estira el viaje, queda menos ingreso disponible y menos tiempo de descanso. Ese vínculo pesa más sobre los hogares que no tienen auto, que viven lejos de los centros de empleo o que combinan más de una ocupación. En el AMBA, el colectivo y el tren no son consumos optativos sino más bien lo contrario: son la condición para llegar al empleo, volver a casa, retirar a un hijo, hacer una changa o sostener otra jornada.

El deterioro del servicio llegó con una escalada previa del boleto. En enero de 2024, el mínimo rondaba los $76,92; en diciembre de 2025 estaba cerca de $495; y en 2026 se ubicaba entre $700 y $870 según jurisdicción. En dos años, el pasaje se multiplicó por más de nueve, dentro de una política de recorte de subsidios y traslado de costos al usuario del presidente Javier Milei quien, sin embargo, llegó al poder asegurando en campaña que a los trabajadores “no se los toca” y que el costo del ajuste recaería indudablemente “sobre la casta”. Desde hoy, las líneas nacionales suman otro tramo de ese aumento.

Para un trabajador que toma dos colectivos por día, cada aumento impacta de manera acumulada a lo largo del mes. Para quien combina colectivo y tren, el ajuste se suma en cada tramo. Para quienes tienen SUBE sin registrar, el salto es todavía mayor. La diferencia entre pagar $714 y $1.428 por el tramo mínimo no es administrativa: duplica el costo de un viaje cotidiano. En hogares con ingresos ajustados, esa diferencia sale de comida, servicios, medicamentos o deuda.

El Gobierno fundamenta la actualización en la necesidad de sostener la ecuación económico-financiera del sistema y de mantener condiciones de calidad y eficiencia. La Resolución 27/2026 también sostiene que el cronograma gradual busca atenuar el impacto sobre el presupuesto de los pasajeros. Pero el aumento llega después de semanas en las que la experiencia de viaje fue peor para usuarios que no tienen alternativa real de traslado. El boleto sube antes de que mejore la frecuencia.

JJD

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional llegan al vencimiento de sus preavisos sin garantías de continuidad laboral y llevan el conflicto a los aeropuertos. Por eso, ATE realiza este viernes una jornada nacional de protesta contra el despido de 140 empleados del organismo y contra el cierre parcial de estaciones meteorológicas que, según el gremio, ya afecta controles nocturnos y puede comprometer la seguridad operativa. El epicentro de la medida es el Aeroparque Jorge Newbery desde las 10.30, con participación de otros gremios aeronáuticos.

La protesta ocurre después de un mes de conciliación obligatoria que, según ATE, no resolvió los reclamos. El sindicato informó que entre los 140 trabajadores alcanzados por los despidos hay 98 empleados de estaciones meteorológicas y 42 de la sede central. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, advirtió que si el Gobierno no garantiza la continuidad laboral y no avanza con los aumentos salariales pautados, la próxima semana habrá un paro nacional.

El conflicto por los despidos ya salió del edificio del SMN y llegó a los aeropuertos porque el trabajo meteorológico forma parte de la seguridad aérea. La medida de este viernes no debería afectar los vuelos, aunque puede causar demoras. ATE anticipó que una huelga posterior tendría otro alcance si no hay una respuesta oficial. El reclamo reúne a trabajadores estatales y a gremios del sector, entre ellos APLA, APA, la CATT, personal de Intercargo y sectores vinculados a la actividad aeronáutica.

El reclamo tiene dos ejes materiales para los trabajadores: continuidad laboral y salarios. ATE sostiene que el Gobierno incumplió acuerdos y que las negociaciones no frenaron la amenaza de cesantías. Aguiar afirmó que no hubo respuestas concretas a las demandas del sector y acusó al Gobierno de repetir incumplimientos. La advertencia sindical llega el mismo día en que vence el mes de preaviso otorgado a los trabajadores que quedarían afuera del organismo.

La discusión laboral también tiene un impacto operativo. Según ATE, ya existen 25 estaciones meteorológicas que funcionan de manera parcial y no realizan controles nocturnos. Ese recorte reduce la capacidad de observación en tiempo real y afecta tareas que no se limitan al pronóstico cotidiano. El SMN produce información para vuelos, alertas tempranas, navegación, actividad agropecuaria y gestión de emergencias.

Menos trabajadores en el Servicio Meteorológico significa menos capacidad para sostener turnos, estaciones y mediciones durante las 24 horas. En abril, empleados del organismo ya habían denunciado que los despidos podían afectar un servicio público que funciona todos los días del año. La protesta de entonces incluyó un paro nacional y un abrazo simbólico en la sede central de Palermo, ante una lista de cesantías que, según ATE y profesionales del organismo, equivalía a más del 30% del plantel.

Desde hace ya varios meses se viene advirtiendo por la pérdida de mediciones nocturnas y por consecuencias sobre el servicio meteorológico aeronáutico. El conflicto actual retoma ese antecedente, pero lo concentra en una tanda concreta de 140 preavisos que vencen este viernes.

Los trabajadores del SMN sostienen tareas especializadas que no se reemplazan de un día para otro. El organismo elabora pronósticos, observaciones, boletines y alertas ante fenómenos que pueden representar riesgos para la población. También abastece de información a sectores que dependen de datos meteorológicos precisos, como la aviación, la navegación, el agro y los sistemas de emergencia.

El sindicato también rechaza el intento oficial de limitar las medidas de fuerza con el argumento de que el SMN sería un servicio esencial. ATE presentó una nota ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y sostuvo que esa interpretación afecta el derecho constitucional de huelga garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Aguiar acusó al Gobierno de atacar las consecuencias de una protesta en los aeropuertos, pero no las causas del conflicto.

Los trabajadores del Servicio Meteorológico producen datos que permiten anticipar tormentas, inundaciones, olas de calor y condiciones para la operación aérea. La reducción de personal implica menos observación territorial y mayor fragilidad en áreas que requieren continuidad.

ATE anticipó que las protestas crecerán mientras sigan latentes las amenazas de despido y los incumplimientos salariales. La jornada de este viernes funciona como una advertencia antes de una posible huelga de mayor impacto. Si el Gobierno no garantiza la continuidad laboral de los 140 trabajadores alcanzados por los preavisos, el conflicto puede escalar la próxima semana desde los aeropuertos hacia una medida nacional con efecto directo sobre la actividad aérea.

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Los trabajadores tuvieron en abril un alivio estadístico, pero no necesariamente un alivio en el bolsillo. La inflación mensual bajó a 2,6%, según el Indec, aunque los precios que más condicionan la vida cotidiana volvieron a moverse por encima del promedio: transporte aumentó 4,4%, educación 4,2%, comunicación 4,1% y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 3,5%. El dato central aparece en la composición de los aumentos: los gastos fijos y los servicios regulados siguieron presionando sobre ingresos que vienen rezagados.

El Índice de Precios al Consumidor acumuló 12,3% en los primeros cuatro meses de 2026 y registró una suba interanual de 32,4%. La desaceleración frente al 3,4% de marzo recorta la velocidad del aumento general, pero no alcanza para traducirse de manera automática en una mejora del poder de compra.

Los precios regulados fueron el grupo que más subió en abril: 4,7%, casi el doble que el nivel general. El Indec atribuyó esa suba al aumento de transporte y electricidad. Detrás quedó el IPC núcleo (indicador que reúne el resto de los precios del IPC, sin los regulados ni los bienes y servicios con comportamiento estacional), con 2,3%, impulsado por alquiler de la vivienda y gastos conexos y por restaurantes y comidas fuera del hogar. Los estacionales no tuvieron variación: las subas de indumentaria por el cambio de temporada fueron compensadas por caídas en turismo y frutas.

La división con mayor aumento mensual fue transporte, con 4,4%, por la suba de combustibles. Le siguió educación, con 4,2%. Comunicación, que incluye servicios de telefonía e internet, aumentó 4,1%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 3,5%, por encima del nivel general. En el otro extremo quedaron alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,5%, y recreación y cultura, con 1%.

La diferencia importa para los trabajadores porque transporte, vivienda, comunicación y educación son gastos que no se ajustan con la misma facilidad que otros consumos. El boleto, el combustible, el alquiler, la luz, el gas, internet o las cuotas educativas no funcionan como consumos postergables para millones de hogares. Cuando esos precios suben más que el promedio, el salario pierde margen aunque la inflación general muestre una baja mensual.

El informe también muestra una presión mayor de los servicios sobre los hogares. En abril, bienes y servicios subieron 2,5% y 2,6%, respectivamente, pero la diferencia se amplía al mirar períodos más largos. En los primeros cuatro meses del año, los bienes acumularon un aumento de 11,1%, mientras los servicios llegaron a 14,6%. En la comparación interanual, los bienes aumentaron 27,4% y los servicios 43,1%. La inflación de servicios corre por encima de la de bienes y golpea sobre gastos que forman parte de la vida cotidiana de los hogares asalariados.

Ese recorrido aparece también en las divisiones acumuladas del año. Educación subió 19% entre diciembre y abril; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 18,1%; alimentos y bebidas no alcohólicas, 13,5%; comunicación, 13%; y transporte, 12,9%. Todos esos rubros quedaron por encima del 12,3% acumulado por el nivel general o muy cerca de ese umbral. Para una familia trabajadora, esa combinación implica que la baja del índice mensual convive con aumentos persistentes en gastos que ordenan el presupuesto.

El impacto tuvo diferencias regionales. El Gran Buenos Aires registró la inflación mensual más alta, con 2,8%. Le siguieron Noreste, con 2,7%, y Patagonia, con 2,6%. El Indec señaló que las divisiones con mayor incidencia mensual fueron alimentos y bebidas no alcohólicas en Noreste, Noroeste y Pampeana; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en GBA, por el aumento de alquileres y electricidad; y transporte en Cuyo y Patagonia.

La presión sobre vivienda retoma una tendencia que ya venía deteriorando los ingresos. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada de ese período, cercana al 209%. El mismo relevamiento indicó que el gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%. El gasto habitacional se convirtió en uno de los principales canales de pérdida de poder adquisitivo para los hogares trabajadores.

La misma investigación ubicó a comunicaciones, educación y transporte entre los rubros que más crecieron desde el inicio del gobierno de Javier Milei: comunicación acumuló una suba de 321%, educación 279% y transporte 255%. Abril vuelve a mostrar esos mismos rubros por encima del promedio mensual. La baja del IPC general no modifica, por sí misma, el peso que tienen esos precios dentro del ingreso de quienes alquilan, viajan para trabajar, pagan servicios públicos o sostienen conectividad para estudiar y trabajar.

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Los trabajadores del Banco Central y del Banco Hipotecario paran hoy durante las tres últimas horas de atención al público, en una protesta por el cierre de servicios, la reducción de puestos de trabajo y los despidos denunciados por La Bancaria. El conflicto pone en juego empleos bancarios, sucursales y funciones con impacto en distintas regiones del país.

La medida de fuerza alcanza al Banco Central de la República Argentina y al Banco Hipotecario a nivel nacional. El sindicato que conduce Sergio Palazzo convocó el cese de actividades en rechazo a “decisiones arbitrarias e inaceptables” adoptadas por las autoridades de ambas entidades. El gremio ya había realizado una protesta el 27 de abril en los tesoros regionales del BCRA y llevó el reclamo a la Secretaría de Trabajo.

En el Banco Central, La Bancaria cuestiona la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales que funcionan en el país. Según el comunicado del sindicato, esa decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo. Para los bancarios afectados, el cierre de tesorerías regionales implica menos empleo, menos presencia operativa y más incertidumbre laboral en el interior del país.

Las tesorerías regionales cumplen funciones vinculadas con la circulación, distribución y control del dinero físico en distintas zonas del país. El sindicato afirma que su cierre representa un “vaciamiento de funciones esenciales” y advierte que la reducción afectará economías regionales con impacto social. La medida no queda limitada a la estructura interna del BCRA: alcanza a trabajadores, tareas especializadas y servicios que conectan al organismo monetario con distintas provincias.

“Pese a la medida de fuerza realizada el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y las instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades han optado por mantener su posición intransigente, sin voluntad de diálogo ni de revisión de esas políticas. Esta actitud irresponsable profundiza el conflicto y agrava la situación”, dijo La Bancaria en el comunicado.

El sindicato también denunció un deterioro laboral en el Banco Hipotecario. Allí, el reclamo apunta al “cierre sistemático de sucursales” y a la “ejecución de despidos injustificados” en todo el país. La organización rechazó cualquier política de achicamiento que derive en pérdida de puestos de trabajo. En el Hipotecario, la protesta se concentra en la estabilidad de los empleados y en la continuidad de oficinas de atención territorial.

La Bancaria ratificó que mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país. También advirtió que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas si no obtiene “soluciones urgentes y concretas”. El comunicado no precisó qué servicios quedarán afectados más allá de la interrupción prevista durante las tres últimas horas de atención al público en ambas entidades.

El conflicto bancario se suma a una agenda laboral marcada por reclamos contra despidos, cierres de áreas y reducción de presencia estatal. El sindicato busca impedir que el achicamiento en dependencias públicas y entidades financieras derive en pérdida de empleo y degradación de las condiciones de trabajo. La protesta de hoy apunta a frenar decisiones que, según el gremio, trasladan el costo del ajuste sobre trabajadores y trabajadoras.

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Los trabajadores del sector lácteo, los productores regionales y los pueblos que viven alrededor de esa actividad son el eje del reclamo que los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, de Santa Fe y Córdoba, al gobierno de Javier Milei, que enfrenta una caída en su imagen pública por la crisis económica y los casos de corrupción que involucran a sus funcionarios y hasta al corazón mismo el poder: al propio Presidente y a su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia.

Pullaro, radical, y Llaryora, peronista, coincidieron en pedir una agenda orientada a la producción, el empleo, la baja de retenciones, las obras viales y el desarrollo energético, durante la apertura oficial de TodoLáctea 2026, la exposición lechera más grande de América del Sur.

Los mandatarios de dos de las provincias más ricas del país, y que además conforman la principal cuenca lechera del territorio nacional, compartieron el acto en San Francisco, al sur de Córdoba, donde reclamaron que la Nación le dé prioridad al trabajo de los productores regionales.

Pullaro definió a la región integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos como la más productiva de la Argentina y afirmó que sostiene buena parte de la economía nacional. TodoLáctea 2026 funciona como vidriera de ese reclamo. La exposición cursa su quinta edición bajo el lema “Pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente”, organizada por el Grupo TodoAgro. Según la información difundida, reúne más de 200 stands comerciales vinculados tanto con la producción primaria como con la industria láctea. Esa composición muestra la amplitud de una cadena que no termina en el tambo: incluye maquinaria, insumos, transporte, procesamiento, servicios y comercio asociado.

El mensaje de los gobernadores buscó unir al campo con el empleo, y al empleo con las condiciones de infraestructura necesarias para producir. Pullaro pidió que el Gobierno nacional termine con las retenciones y sostuvo que las provincias ya avanzaron con bajas impositivas para el campo y la industria. También reclamó la reparación de rutas nacionales y una apuesta al desarrollo energético para que la industria reduzca costos y pueda generar más puestos de trabajo.

El reclamo por las rutas nacionales toca una condición cotidiana del trabajo en la cadena láctea. La leche necesita traslados frecuentes, coordinación entre tambos, plantas y centros de distribución, y una logística que no puede separarse del estado de los caminos.

Llaryora apuntó contra el esquema de retenciones agropecuarias porque, según dijo, le quita competitividad y capacidad de generar empleo al interior productivo. También pidió que los beneficios impositivos alcancen al campo argentino y que los recursos queden en manos de los productores y de los pueblos.

El pedido de ambos gobernadores se completó con otros dos reclamos: por una ley de biocombustibles y por un nuevo RIGI que contemple la baja de retenciones para el sector agropecuario.

La nota laboral del reclamo está en la relación entre producción y condiciones de vida en los pueblos del interior. Cuando una cadena reduce actividad, esto afecta directamente a los trabajadores rurales, a los transportistas, a los talleres, a los comercios, a los profesionales y a las familias que dependen de ese ingreso.

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La Justicia ratificó la vigencia de toda la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y dejó sin efecto la cautelar que había suspendido 82 de los 218 artículos de la Ley de Modernización Laboral. La decisión vuelve a poner en funcionamiento artículos que la CGT había impugnado por considerar que afectaban derechos laborales y sindicales. Para los trabajadores, el fallo cambia otra vez el piso legal sobre el que se discuten jornadas, indemnizaciones, créditos laborales, derechos sindicales y condiciones de contratación.

La jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12, resolvió revocar la medida cautelar dictada el 30 de marzo por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63. Para la magistrada, “la lesión de los derechos o garantías invocada en la demanda no surge de forma clara e inequívoca”, debido a la amplitud de temas incluidos en la reforma.

El movimiento judicial favorece al Gobierno en dos planos. Primero, porque restituye la vigencia completa de la ley. Segundo, porque consolida el traslado del expediente al fuero Contencioso Administrativo, una estrategia que el Ejecutivo había impulsado desde el inicio. La Casa Rosada había sostenido que la causa debía tramitarse allí por tratarse de una discusión sobre la validez de una ley nacional, y no en los tribunales laborales, donde la CGT había obtenido la cautelar.

Marra Giménez ya se había declarado competente el 10 de abril y había reclamado el expediente principal al fuero laboral. El 23 de abril, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la cautelar que suspendía los artículos cuestionados. Después, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la competencia de la jueza y cerró la disputa entre fueros. La remisión de cerca de 20 causas e incidentes vinculados al expediente principal terminó de ordenar el caso bajo la órbita contencioso administrativa.

Ese recorrido procesal explica por qué una jueza de primera instancia pudo dejar sin efecto una cautelar dictada por otro juzgado. Marra Giménez no actuó como tribunal de alzada del fuero laboral, sino como jueza del expediente después de que la competencia pasara al fuero Contencioso Administrativo. La revisión de la cautelar quedó atada a esa mudanza de fuero: si el caso hubiera continuado en la Justicia laboral, la vía para discutir la suspensión habría sido la Cámara del Trabajo. Con la competencia ya ratificada en el Contencioso Administrativo, la jueza quedó habilitada a resolver si mantenía o levantaba la medida provisoria.

La CGT había planteado que varios artículos de la reforma vulneraban principios protegidos por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por la Argentina: protección laboral, libertad sindical, tutela judicial efectiva, no discriminación y progresividad de los derechos sociales. El juez laboral Raúl Ojeda había considerado que existían indicios suficientes para suspender preventivamente la aplicación de esos artículos mientras se discutía la cuestión de fondo. También había señalado que la aplicación inmediata podía producir efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes.

La jueza contenciosa no resolvió si la reforma es constitucional o no; sostuvo que ese debate exige un análisis de fondo y que mantener la cautelar implicaba adelantar opinión. Ese punto resulta decisivo para los sindicatos: la discusión sobre la constitucionalidad de la ley sigue abierta, pero la norma vuelve a regir mientras el proceso avanza. En los hechos, la carga se desplaza hacia los trabajadores y sus organizaciones, que deberán sostener la impugnación con la ley ya activa.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano había resaltado la semana pasada la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de dejar sin efecto la cautelar requerida por la CGT, subrayando que para el gobierno de Milei la Ley de Modernización Laboral “resulta una herramienta fundamental” para crear empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores.

El fallo devuelve vigencia a puntos que ya habían abierto litigios en distintas jurisdicciones. En Córdoba, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, por considerar que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral. En La Plata, el Tribunal del Trabajo N°3 declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite, con el argumento de que podía reducir el monto que cobran los trabajadores después de años de litigio.

Uno de los cambios más cuestionados por sectores sindicales fue la incorporación del llamado banco de horas. Ese esquema permite compensar horas trabajadas de más con descansos posteriores dentro de un período determinado, en lugar de pagarlas como horas extra en el momento. Los sindicatos advirtieron que el mecanismo puede trasladar al empleador la decisión sobre la distribución del tiempo de trabajo y alterar la previsibilidad de la jornada.

Una indemnización pagada en cuotas, un crédito judicial actualizado a la baja o una jornada más flexible para la empresa afectan ingresos que suelen destinarse a alquiler, alimentos, servicios, transporte y cuidado. La disputa legal avanza sobre derechos que organizan la capacidad de defensa de quienes dependen de un salario.

El expediente seguirá abierto y la discusión de fondo todavía no tiene resolución. Pero la decisión de Marra Giménez produce un efecto inmediato: los artículos cuestionados recuperan vigencia mientras la CGT y otros actores laborales continúan la pelea judicial. Para los trabajadores, la reforma vuelve a regir en un mercado laboral atravesado por pérdida de poder adquisitivo, gastos fijos al alza y mayor incertidumbre sobre las condiciones de contratación y defensa de sus ingresos.

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Los trabajadores quedan frente a una reforma laboral que avanza entre fallos, recursos y fueros distintos, sin una definición de fondo de la Corte Suprema sobre la validez de los artículos cuestionados. El rechazo al per saltum presentado por el Gobierno no anuló la reforma ni resolvió su constitucionalidad: dejó la discusión en la vía ordinaria de la Justicia laboral, donde la CGT mantiene una acción declarativa contra el Poder Ejecutivo.

La decisión fue firmada el 7 de mayo por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte declaró “inadmisible” el recurso extraordinario por salto de instancia que había interpuesto el Estado nacional. El Gobierno buscaba que el tribunal interviniera antes de que avanzara el trámite regular del expediente. El máximo tribunal sostuvo que “no se observan los requisitos” previstos por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para habilitar esa vía.

El fallo tuvo una extensión breve, pero ordenó el conflicto de otra manera. La Corte no dijo si la reforma laboral es válida o inválida. Tampoco fijó el alcance final de los artículos discutidos. El tribunal cerró el acceso directo que pretendía el Ejecutivo, mientras la controversia sobre condiciones laborales, contratación, salarios, aportes e indemnizaciones sigue abierta. El expediente vuelve a quedar sujeto a los tiempos de la instancia ordinaria, donde la CGT busca que la Justicia se pronuncie sobre la legalidad de una medida del Poder Ejecutivo en materia laboral.

El per saltum es una herramienta excepcional. Sólo procede ante supuestos de gravedad institucional y daño irreparable que no admitan demoras. La Corte entendió que esas condiciones no estaban verificadas. La representación del Estado estuvo a cargo de Mayra Rafaela Cosentino, de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

Para el Gobierno, el recurso apuntaba a obtener una resolución favorable de la Corte antes de que se pronunciara el juez de primera instancia. Para la CGT, la discusión central es la legalidad de la reforma laboral y su impacto sobre derechos de los trabajadores. El dato jurídico pesa sobre la vida laboral: mientras no haya sentencia de fondo, las reglas que ordenan despidos, aportes, registración y negociación salarial quedan bajo disputa.

La reforma ya está vigente en el fuero contencioso, aun después del rechazo del per saltum por parte de la Corte. Ese punto impide leer el fallo como una suspensión general de la reforma. El tribunal sólo resolvió que no aceptaba intervenir por la vía extraordinaria elegida por el Ejecutivo.

Los documentos disponibles no detallan en esta instancia la lista completa de artículos suspendidos, vigentes o cuestionados, ni la cantidad de trabajadores alcanzados por cada norma. Ese dato falta para medir con precisión el efecto material de la reforma sobre ingresos, aportes, indemnizaciones y condiciones de contratación. Lo que sí surge del expediente es que la pelea no quedó cerrada: cambió de carril judicial.

La decisión de la Corte se conoció en una jornada en la que el Gobierno también recibió una señal favorable en otra causa con impacto directo sobre salarios. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra una cautelar que lo obligaba a cumplir de inmediato con artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario. Esos artículos están vinculados a salarios docentes y no docentes y a la actualización de becas.

En ese expediente, la Cámara habilitó que el caso llegue a la Corte Suprema. La resolución fue firmada por Sergio Gustavo Fernández y José Luis López Castiñeira. El fallo no revierte la cautelar vigente, pero abre la puerta para que el máximo tribunal decida si interviene y qué alcance le otorga al planteo del Ejecutivo.

El conflicto universitario también tiene una traducción salarial inmediata. La cautelar había ordenado cumplir artículos referidos a salarios y becas. El Gobierno cuestiona la ejecución de la ley con el argumento de que no define con precisión de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas para financiarla. La Cámara ya había rechazado ese argumento el 31 de marzo, cuando confirmó la cautelar dictada en primera instancia.

El Estado insistió con el recurso extraordinario ante la Corte. La Casa Rosada sostiene que la implementación de la ley debe adecuarse a la disponibilidad presupuestaria para evitar un impacto sobre el equilibrio fiscal. La Cámara, al mismo tiempo, rechazó el planteo oficial sobre una supuesta gravedad institucional y señaló que el Estado tampoco demostró una frustración real y concreta de un derecho federal.

La diferencia entre los dos expedientes muestra el mapa judicial del Gobierno. En la reforma laboral, la Corte no aceptó el atajo procesal. En el financiamiento universitario, la Cámara abrió el camino para que la Corte evalúe el caso. En ambos frentes, la discusión presupuestaria y legal cae sobre trabajadores: empleados alcanzados por la reforma laboral, docentes, no docentes y estudiantes que dependen de becas.

Dentro del sistema universitario hay expectativa por los tiempos y la forma de implementación. Sectores de la Universidad de Buenos Aires prevén que cualquier erogación eventual pueda realizarse de manera escalonada y no mediante un desembolso retroactivo total e inmediato. También consideran posible que la ejecución vuelva a demorarse por el nuevo recorrido judicial del expediente.

La Corte todavía no se pronunció sobre el fondo de la reforma laboral. Sólo dijo que el Gobierno no cumplió los requisitos para saltear instancias. La Cámara, en cambio, habilitó que la discusión por financiamiento universitario avance hacia el máximo tribunal. Los salarios, las becas y las condiciones laborales quedan entonces sujetos a decisiones judiciales que todavía no tienen cierre definitivo.

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Los trabajadores del Banco Central y del Banco Hipotecario irán al paro el próximo miércoles 13 de mayo, en una medida que pone en el centro la defensa de puestos de trabajo, sucursales y funciones estatales vinculadas con la vida económica de distintas regiones del país. La Asociación Bancaria convocó a parar durante las tres últimas horas de atención al público en ambas entidades, después de denunciar “decisiones arbitrarias e inaceptables” por parte de sus conducciones.

La medida tendrá como eje el rechazo al cierre de 12 tesorerías regionales del Banco Central sobre un total de 21 que funcionan en la actualidad. Para el sindicato, esa decisión “podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo” y representa “un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales”. El recorte no impacta solo sobre la organización interna del BCRA: afecta empleos concretos y reduce presencia operativa en el interior del país.

La Bancaria ya había realizado el 27 de abril un paro de 24 horas en todas las tesorerías regionales del Banco Central. Según el comunicado gremial, pese a esa medida “las autoridades han optado por mantener su posición intransigente y sin voluntad de diálogo”. El conflicto escala porque el gremio no recibió una respuesta que garantice la continuidad laboral ni el funcionamiento de las áreas cuestionadas.

En el Banco Hipotecario, el sindicato denunció “la ejecución de despidos injustificados y un cierre sistemático de sucursales” a nivel nacional. La organización rechazó “de manera absoluta cualquier política de achicamiento” que deje a los empleados sin sus puestos de trabajo. En ese tramo del reclamo, la disputa se concentra en la estabilidad laboral de los bancarios y en la permanencia de oficinas que también cumplen una función de atención territorial.

“La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas”, sostuvo el comunicado. El paro del miércoles 13 aparece así como una primera respuesta sectorial dentro de una semana atravesada por conflictos laborales y sociales vinculados con empleo, ingresos y presencia estatal.

Ese cuadro tuvo este jueves 7 de mayo otras expresiones en la calle. Manifestantes del Frente Nacional Piquetero intentaron llegar al Puente Pueyrredón desde avenida Mitre al 400, en Avellaneda, para interrumpir el tránsito vehicular en rechazo a la cancelación del plan Volver al Trabajo. Pasadas las 11, los manifestantes permanecían sobre avenida Mitre, mientras un operativo de Prefectura Naval y Gendarmería impedía el paso hacia el puente. El tránsito vehicular se mantenía con circulación normal.

El reclamo apuntó al mantenimiento del plan Volver al Trabajo, por el cual unos 900.000 beneficiarios perciben 78.000 pesos mensuales. El Estado discontinuó el programa, pero un juez de Campana hizo lugar a una cautelar y emplazó al Gobierno nacional a seguir abonándolo. La administración apeló esa medida. Ante la posibilidad de que la Justicia falle a favor de la decisión inicial de discontinuar el plan, el Frente Nacional Piquetero convocó la protesta hacia el acceso que une la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular también realizó este jueves una jornada nacional de protesta por el salario social complementario. La organización, que reúne a los movimientos sociales más grandes del país, convocó movilizaciones en distintas provincias y concentraciones en accesos del Área Metropolitana de Buenos Aires. En el AMBA, la convocatoria incluyó el Puente Pueyrredón, entre Avellaneda y Barracas.

El eje de esa protesta fue el pedido de aumento del salario social complementario. Johana Duarte, secretaria gremial de UTEP, sostuvo en la previa que la organización buscaba defender “el pago del complemento salarial de los más de 900.000 trabajadores de la economía popular” y exigir una actualización urgente de los 78.000 pesos. Para ese universo laboral, el monto mensual define una parte directa del ingreso disponible de los hogares.

La UTEP informó que este miércoles se hizo efectivo el cobro de los haberes correspondientes a mayo del programa Volver al Trabajo. En un comunicado, la organización planteó que, por el límite impuesto por la cautelar judicial y por la presión social, “cientos de miles de trabajadores finalmente cobraron los haberes del VAT correspondientes al mes de mayo”. Aun así, ratificó el estado de alerta y movilización.

El comunicado de la organización afirmó que el intento original del Gobierno nacional de eliminar el programa “amenazaba con empujar a la indigencia a casi un millón de trabajadores y trabajadoras, provocando un colapso en las economías regionales”. Esa definición enlaza el reclamo de la economía popular con el de los bancarios: en ambos casos, los sindicatos y organizaciones advierten sobre el efecto territorial de decisiones que reducen empleo, ingresos o funciones estatales.

ATE también activó una medida de fuerza tras el ajuste del 30% aplicado por el Gobierno en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Según el sindicato, el recorte eliminó cerca de mil servicios y busca desarticular el organismo pese a su rol estratégico. La conducción gremial denunció que el cese de actividades alcanza incluso a unidades que generan ingresos genuinos para el instituto mediante aranceles pagados por empresas privadas.

En el INTI, el conflicto suma otro dato laboral: las autoridades amenazan con la desvinculación de unos 700 empleados, según denunció ATE. La pérdida de servicios, la amenaza de despidos y el cierre de áreas con ingresos propios profundizan el temor entre trabajadores estatales que dependen de esos puestos para sostener sus hogares.

El paro bancario anunciado para el miércoles 13 condensa el punto más visible de esta secuencia. La Bancaria discute cierres de tesorerías, despidos y achicamiento de sucursales. ATE rechaza el ajuste en el INTI y la posible salida de cientos de empleados. UTEP y el Frente Nacional Piquetero reclaman la continuidad y actualización de ingresos de 78.000 pesos para trabajadores de la economía popular y beneficiarios del Volver al Trabajo.

La misma semana reúne conflictos distintos, pero todos pasan por una pregunta material: qué ingreso queda, qué empleo se conserva y qué protección mantiene cada trabajador frente al ajuste. El miércoles próximo, esa disputa tendrá una nueva escala en el Banco Central y en el Banco Hipotecario, cuando los bancarios paralicen las tres últimas horas de atención al público en defensa de puestos de trabajo y funciones que el gremio considera esenciales.

JJD

Con salarios que pierden poder de compra, gastos fijos en alza y una reforma laboral proempresa aún vigente, Omar Maturano redobló la presión sobre la CGT y pidió endurecer la respuesta sindical frente al gobierno de Javier Milei. El secretario general de La Fraternidad reclamó un plenario nacional de gremios y cuestionó una estrategia que distintos sectores sindicales consideran débil y dubitativa.

“Parar también es protestar”, dijo Maturano en una entrevista con Rayos X, por Radio 10. La frase marcó el tono de su intervención. El dirigente ferroviario sostuvo que “me parece poco hacer marchas y no definir un plan de lucha profundo ante lo que se está viviendo” y pidió que la central obrera discuta una respuesta nacional con todos los sindicatos del país.

Maturano no cuestionó la protesta callejera, pero advirtió que las marchas aisladas pueden perder fuerza si no se integran a una estrategia sindical más amplia. “Tantas marchas, la misma gente se cansa”, sostuvo. En su diagnóstico, el problema no es solo la cantidad de movilizaciones, sino la falta de una definición política y gremial sobre cómo enfrentar el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.

El planteo llega después de un 1º de Mayo atravesado por el malestar social y gremial. Maturano apuntó contra la conducción de la CGT y dijo que “parece que no pasara nada”. También enumeró reclamos concretos: paritarias libres, rechazo a despidos y suspensiones, defensa de la salud pública, de las obras sociales, de la educación y de los jubilados.

Los datos acompañan parte de ese diagnóstico. La inflación acumuló 9,4% en los primeros tres meses del año y el IPC de marzo fue de 3,4%. En el mismo período, la canasta básica total superó $1,4 millones para una familia tipo, con ingresos que siguen sin acompañar la suba de precios.

El salario perdió terreno frente a precios que no se concentran solo en alimentos: alquiler, servicios, transporte y educación ocupan una parte creciente del presupuesto familiar. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada del período, cercana al 209%. El gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%.

Ese peso sobre los hogares aparece también en el consumo. El Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo registró en marzo una caída interanual del 2,6%, pese a una suba mensual del 0,7%. En el primer trimestre, el consumo acumuló una contracción del 2% respecto del mismo período de 2025. El informe vinculó esa caída con el deterioro del ingreso real de los trabajadores, incluso entre asalariados formales.

Maturano ubicó esa pérdida material en una disputa más amplia. “Para mí es una pelea de clase”, dijo. Según el dirigente, el Gobierno busca retroceder a una Argentina previa a 1943, con “10 por 100 de ricos” y “90 por 100 de pobres”. La lectura del ferroviario enlaza el ajuste económico con una discusión histórica sobre derechos laborales, salario, sindicatos y representación política de los trabajadores.

La Fraternidad es uno de los gremios históricos del país. Fue constituida el 20 de junio de 1887 por maquinistas y fogoneros del Ferrocarril Oeste como sociedad de ayuda mutua. Hoy agrupa principalmente a conductores de trenes y maquinistas ferroviarios. Ese origen aparece en el discurso de Maturano cuando reclama “herramientas de trabajo” y una presencia mayor de los trabajadores en las decisiones políticas.

El secretario general de La Fraternidad también cuestionó que la CGT concentre las definiciones en un grupo reducido de dirigentes. Según dijo, en la reunión del secretariado participan 45 sindicatos, pero en el país existen aproximadamente 252 sindicatos. Por eso propuso convocar “a un plenario de secretarios generales de todo el país” para que cada gremio pueda hablar, opinar, votar y definir cómo enfrentar el modelo económico.

El reclamo interno apunta a cambiar el método de decisión de la CGT: Maturano pide que la respuesta no salga solo del secretariado, sino de un plenario federal de gremios. La propuesta aparece mientras algunos sectores sindicales miran al Frente de Sindicatos Unidos como posible espacio de presión interna, con antecedentes históricos como el MTA durante los años noventa.

La discusión sindical también se cruza con la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La Justicia suspendió provisoriamente 82 artículos tras una presentación de la CGT y abrió una disputa constitucional que continúa en trámite. El planteo de la central obrera cuestionó artículos por considerar que afectan la protección laboral, la libertad sindical, la tutela judicial efectiva, la no discriminación y la progresividad de los derechos sociales.

Maturano no rechaza la vía judicial, pero la considera insuficiente. “No solamente ir a la justicia es la única forma de oponerse a este gobierno”, afirmó. Esa diferencia marca el centro de su crítica: la CGT logró frenar parte de la reforma en tribunales, pero el dirigente reclama que esa estrategia se complemente con medidas gremiales y organización territorial.

El avance judicial tuvo efectos concretos. El juez laboral Raúl Ojeda dispuso la suspensión preventiva de artículos cuestionados mientras continúa el proceso judicial, tras considerar que la aplicación inmediata podría generar efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes. En Córdoba, otro tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, al entender que desnaturalizaba el carácter alimentario del crédito laboral.

El conflicto por la reforma laboral convive con un debate regional sobre tiempo de trabajo. México fijó la jornada máxima en 40 horas semanales con implementación gradual hasta 2030, sin reducción salarial, mientras la Argentina mantiene el límite general de 48 horas. En contraste, la reforma aprobada en el país incorporó el “banco de horas”, cuestionado por sindicatos porque puede alterar la previsibilidad de la jornada y desplazar el pago de horas extra.

Maturano también dirigió sus críticas a la oposición política. Cuestionó al PJ, al radicalismo y al socialismo, y reclamó participación de los trabajadores en la elaboración de listas y programas. “¿Qué estamos pensando en los candidatos si no tenemos un plan cultural, un plan social, un plan político, un plan económico?”, preguntó. Para el dirigente, el movimiento obrero no puede quedar reducido a acompañar candidaturas definidas por otros sectores.

El mensaje de Maturano deja a la CGT ante una presión doble: defender derechos laborales en los tribunales y resolver si transforma el malestar salarial en una medida de fuerza nacional. La pérdida de poder adquisitivo, la caída del consumo, el encarecimiento de la vivienda y la reforma laboral trazan el terreno sobre el que esa discusión sindical ya empezó.

JJD