Un informe del IDECBA muestra que la pobreza multidimensional subió en la Ciudad de Buenos Aires entre 2021 y 2025, aunque durante ese período haya bajado la pobreza medida por ingresos, que es el dato que se conoce con periodicidad. La medición multidimensional registra privaciones concretas que no siempre aparecen en el ingreso: saltearse comidas, reducir porciones, no poder arreglar goteras, postergar tratamientos dentales o no usar transporte público por falta de recursos.

Un hogar puede no ser considerado pobre según la medición monetaria y, aun así, vivir con privaciones concretas: comer menos variado, reducir porciones, no poder arreglar goteras, postergar tratamientos dentales, no tener margen para gastos personales o dejar de usar transporte público por falta de recursos.

Ese es el punto que muestra el nuevo informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) sobre pobreza multidimensional. Según el relevamiento, el 18,8% de los hogares porteños era pobre multidimensional en 2025, frente al 17,5% registrado en 2021. En el mismo período, la pobreza por ingresos bajó de 16,1% a 12,3%.

La diferencia entre ambos datos es central. La pobreza por ingresos mide si un hogar cuenta con recursos monetarios suficientes para cubrir una canasta. Es la medición más habitual, se publica con mayor frecuencia y permite seguir la evolución de ingresos, precios y canastas. Pero no alcanza para describir cómo se vive.

La pobreza multidimensional mira otra cosa: si los hogares pueden acceder efectivamente a bienes, servicios y actividades considerados necesarios para una vida digna. No se pregunta sólo cuánto dinero entra, sino qué parte de la vida cotidiana queda recortada por falta de recursos.

El IDECBA utiliza un método consensual de privación. Esto significa que los bienes, servicios y actividades incluidos en la medición surgen de lo que la propia población de la Ciudad considera necesario para tener un nivel de vida aceptable. A partir de ese criterio, el índice agrupa las privaciones en cinco dimensiones: alimentación, salud y cuidados, vivienda y servicios, equipamiento del hogar, y privación social y educación.

Para que un hogar sea considerado pobre multidimensional, debe presentar privaciones en al menos dos de esas cinco dimensiones. Esa condición es importante porque evita reducir la pobreza a un solo problema aislado. No alcanza con una carencia puntual: el indicador busca captar situaciones donde varias dimensiones del bienestar aparecen afectadas al mismo tiempo.

El resultado permite leer la pobreza de una manera más amplia que la medición monetaria. Un hogar puede superar la línea de pobreza por ingresos y, al mismo tiempo, tener problemas para sostener una alimentación adecuada, arreglar la vivienda, acceder a salud, reemplazar ropa o calzado, usar transporte público o mantener vínculos sociales básicos.

En una ciudad cara, con alquileres, tarifas, transporte, alimentos y servicios en niveles altos, el empleo o el ingreso mensual pueden evitar que un hogar caiga bajo la línea monetaria de pobreza, pero no garantizar todas las condiciones materiales de una vida digna.

El informe muestra que las privaciones crecieron en tres de las cinco dimensiones medidas. La más afectada fue alimentación: la proporción de hogares con carencias en esa dimensión pasó de 22,4% en 2021 a 25,6% en 2025. También aumentaron las privaciones en vivienda y servicios, de 11,2% a 12,1%, y en privación social y educación, de 18,1% a 20,9%.

Los indicadores específicos ayudan a entender qué significa esa pobreza en la vida real. Entre 2021 y 2025 aumentó la proporción de hogares que declararon saltearse comidas, comer menos variado o reducir porciones por falta de recursos. También crecieron las privaciones vinculadas a tratamientos dentales, reparación de goteras, gastos personales, vacaciones, posibilidad de invitar a alguien a comer y uso del transporte público.

No son consumos de lujo. Algunos son básicos, como comer suficiente o trasladarse. Otros parecen menos urgentes, pero también forman parte de una vida integrada: poder invitar a familiares o amigos a comer, hacer pequeños gastos personales o salir de vacaciones alguna vez. La pobreza multidimensional incorpora esos aspectos porque la exclusión no se expresa sólo en la falta de comida o techo, sino también en la pérdida de vínculos, autonomía y participación social.

En los hogares con menores de 18 años, la pobreza multidimensional bajó de 21,9% a 20,6%, pero se mantuvo por encima del promedio general. Allí también crecieron las privaciones vinculadas a alimentación y privación social y educación. En 2025, el 28,5% de los hogares con menores presentaba carencias en alimentación y el 28,4% en privación social y educación.

La desigualdad territorial sigue siendo marcada. La Zona Sur registró en 2025 una pobreza multidimensional de 30,4% de los hogares, muy por encima del promedio de la Ciudad. En la Zona Centro fue de 19,3% y en la Zona Norte, de 6,5%. La brecha muestra que las privaciones no se distribuyen de manera pareja: se concentran más en los barrios donde históricamente se acumulan peores condiciones de vivienda, ingresos, servicios y acceso a oportunidades.

El dato más revelador aparece cuando se cruzan las dos mediciones. En 2021, el 10,2% del total de hogares de la Ciudad era pobre multidimensional, pero no pobre por ingresos. En 2025, esa proporción subió a 12,6%. En hogares con menores, pasó de 7,0% a 9,1%.

Ese grupo es clave para entender los límites de mirar sólo la línea de pobreza. Son hogares que, según sus ingresos, no entran en la pobreza monetaria, pero que acumulan privaciones suficientes para ser considerados pobres desde una mirada multidimensional. La estadística de ingresos puede dejarlos afuera, aunque su vida cotidiana muestre recortes concretos.

El propio informe del IDECBA advierte sobre ese comportamiento dual: baja el núcleo duro de hogares que son pobres por ingresos y también pobres multidimensionales, pero crece la pobreza multidimensional entre hogares no pobres por ingresos.

La pobreza por ingresos sigue siendo un indicador necesario. Permite medir con frecuencia el impacto de precios y salarios sobre los hogares. Pero la pobreza multidimensional muestra una capa que muchas veces queda oculta: la vida que se achica incluso cuando el ingreso parece alcanzar en la estadística.

JJD

La inflación de junio fue de 1,9% y volvió a perforar el piso del 2%, según informó este martes el Indec. El dato confirma una desaceleración del índice general y le da al gobierno de Javier Milei un número para mostrar, pese a que en los primeros seis meses de su tercer año de mandato el IPC acumuló una suba de 16,8%, y la variación interanual llegó al 33,5%.

El promedio, de todas maneras, vuelve a contar sólo una parte de la historia. Para los trabajadores, un salario no se gasta en “IPC”: se gasta en alquiler, luz, gas, transporte, comida, medicamentos, internet, colegio y expensas.

Ese recorte cambia la lectura del dato. En junio, los bienes subieron 1,4%, por debajo del promedio general. Los servicios, en cambio, aumentaron 2,9%. La diferencia se repite en períodos más largos: en el primer semestre, los bienes acumularon 14,8%, pero los servicios subieron 20,9%. En la comparación interanual, la brecha es todavía mayor: 29,4% contra 42,4%.

La inflación mensual, entonces, bajó más por el lado de los bienes que por el lado de los gastos que muchas familias no pueden postergar. Los servicios son justamente una parte cada vez más pesada del presupuesto de los hogares: alquiler, electricidad, gas, agua, transporte, salud, educación, conectividad y otros pagos mensuales que no se resuelven comprando menos unidades en el supermercado.

La división con mayor aumento del mes fue Recreación y cultura, con 4,2%, impulsada por paquetes turísticos. Pero entre los rubros de mayor peso cotidiano también hubo subas superiores al promedio: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 3,3%; Salud, 2,9%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, 2,1%. Transporte subió 1,6% y Educación, 1,7%.

El dato de vivienda es especialmente sensible. Esa división acumula 25,1% en el primer semestre y 47,8% interanual, muy por encima del índice general. En el interior del rubro aparecen aumentos de alquileres, electricidad, gas y otros combustibles. En GBA, Noreste y Patagonia, esa división fue la de mayor incidencia en la inflación mensual, según el propio informe del Indec.

También los precios regulados siguieron corriendo por arriba del promedio. En junio subieron 2,3%, frente al 1,9% del nivel general. En el primer semestre acumularon 23% y en doce meses llegaron al 44,6%. Ese grupo incluye tarifas de servicios públicos, transporte público, combustibles, salud, educación formal, telefonía y otros precios con fuerte peso estatal o impositivo.

El Gobierno suele presentar la baja de la inflación como prueba de ordenamiento económico. Pero para los hogares trabajadores, la discusión central cuánto queda del ingreso después de pagar los gastos fijos. Si el salario se encuentra con servicios que suben más que los bienes, con regulados que aumentan más que el promedio y con vivienda casi 48% arriba en un año, la desaceleración estadística no parecer ser ningún alivio.

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,3% en junio, por debajo del nivel general. Ese dato ayudó a moderar el IPC del mes. Pero incluso allí hay diferencias importantes en la canasta concreta que llega a la mesa: en GBA, el tomate redondo aumentó 22,5%, la papa 4,8%, la lechuga 4,6%, el pan francés 4,1%, la cebolla 3,9% y los fideos secos tipo guisero 3,4%.

La baja de algunas frutas y carnes compensó parte de esos aumentos. Pero la experiencia de compra de los hogares no siempre se parece al promedio de una división completa. En una familia que consume más verduras, pan, fideos o productos de almacén, la inflación efectiva puede ser más alta que el 1,3% de Alimentos o que el 1,9% del índice general.

La inflación no es lo que parece

El dato oficial sigue medido con una canasta cuya actualización fue postergada. El nuevo IPC, basado en una estructura de consumo más reciente, debía reemplazar a la medición vigente, pero el Gobierno decidió demorar su implementación tras la salida de Marco Lavagna del Indec. Esa discusión no invalida el dato publicado, pero sí vuelve necesario leerlo con cuidado: la forma de medir también define qué peso tienen los gastos que hoy ocupan más lugar en el presupuesto familiar.

Junio dejó, entonces, una doble foto. La inflación general bajó y marcó el registro mensual más bajo del año. Pero los precios que organizan la vida cotidiana de los trabajadores no se comportaron todos igual. Los servicios subieron más que los bienes, los regulados más que el promedio y vivienda volvió a quedar entre los rubros más dinámicos.

Para el Gobierno, el 1,9% puede ser una señal de éxito. Para los trabajadores, la pregunta sigue siendo otra: si el salario alcanza después de pagar los gastos que no se pueden esquivar. En esa cuenta, la inflación puede bajar en el índice general y, al mismo tiempo, seguir pesando donde más duele: en los gastos fijos del mes.

JJD

El Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast abrirá esta semana una nueva disputa sobre el mercado laboral. Después de impulsar una reforma económica basada en la reducción de impuestos a las empresas y en incentivos para atraer inversiones, el oficialismo presentará ahora un proyecto para modificar la forma en que se calcula la jornada laboral de 40 horas semanales, una de las principales leyes aprobadas durante la gestión de Gabriel Boric.

La iniciativa fue anunciada por el ministro de Trabajo, Tomás Rau, quien aclaró que el Ejecutivo no pretende eliminar el límite de 40 horas semanales, sino ampliar el período utilizado para promediar esa jornada. El cambio permitiría que trabajadores de actividades estacionales, como la agricultura o el turismo, puedan cumplir semanas de hasta 52 horas durante los momentos de mayor demanda y compensarlas posteriormente con jornadas más reducidas.

Actualmente, la legislación chilena permite promediar las 40 horas en ciclos de apenas cuatro semanas. El Gobierno considera que ese plazo es excesivamente rígido y propone extenderlo a un promedio anual, siguiendo modelos aplicados en varios países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el Ejecutivo, el objetivo es ofrecer mayor flexibilidad a empresas y trabajadores sin modificar el límite anual de horas trabajadas y, al mismo tiempo, contribuir a reducir la informalidad laboral.

La propuesta, sin embargo, provocó un inmediato rechazo de dirigentes del anterior gobierno de Boric. La exministra de Trabajo y excandidata presidencial Jeannette Jara advirtió que el cambio permitiría semanas laborales de hasta 52 horas y vaciaría de contenido la reforma aprobada en 2023, que redujo gradualmente la jornada de 45 a 40 horas semanales. La exvocera Camila Vallejo planteó una objeción similar y cuestionó que una persona pueda mantener una buena calidad de vida trabajando más de diez horas diarias durante varios días consecutivos. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también alertó sobre el riesgo de precarización del empleo.

La ley de 40 horas fue presentada por Boric como una reforma “histórica” destinada a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fue aprobada con el respaldo de la mayoría del Congreso chileno. El Partido Republicano, fundado por Kast, fue una de las pocas fuerzas políticas que votó en contra durante su tratamiento parlamentario.

Un nuevo capítulo de la agenda proempresa

La discusión sobre la jornada laboral no aparece aislada. Forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Kast desde su llegada a la Presidencia, orientada a mejorar las condiciones para la inversión privada y flexibilizar distintos aspectos del mercado de trabajo.

Hace apenas unas semanas, la Cámara de Diputados aprobó la mayor parte del Proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, que contempla una reducción gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, beneficios tributarios para grandes inversiones, incentivos para la repatriación de capitales y otras medidas destinadas a estimular la actividad económica. El proyecto continúa ahora su trámite en el Senado.

Aquella iniciativa ya incluía varios puntos vinculados al mercado laboral, entre ellos contratos por hora, modificaciones en las modalidades de contratación y mayores márgenes de flexibilidad para las empresas. La propuesta conocida esta semana sobre la jornada laboral aparece, así, como una continuidad de esa agenda de reformas.

El antecedente argentino

El debate chileno encuentra un espejo cercano en la Argentina. Tanto Kast como Javier Milei sostienen que reducir costos para las empresas, flexibilizar regulaciones e incentivar la inversión privada puede traducirse en una mayor creación de empleo formal.

En la Argentina, el Congreso aprobó este año la Ley de Modernización Laboral impulsada por Milei, que amplió el alcance de la reforma iniciada con la Ley Bases. La norma introdujo cambios en el régimen de indemnizaciones, la organización de la jornada de trabajo, las modalidades de contratación, la negociación colectiva y las relaciones sindicales, con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad, facilitar la contratación y promover la formalización del empleo. Posteriormente, el Gobierno reglamentó varios de sus aspectos mediante decretos, completando buena parte del programa de flexibilización laboral que había anunciado al asumir. Sin embargo, los datos disponibles hasta el momento no muestran una recuperación del empleo registrado que permita confirmar esa hipótesis. Según el Indec, la desocupación aumentó durante 2025, mientras distintos estudios registraron una caída del empleo asalariado privado y un crecimiento del monotributo como forma de inserción laboral.

Ese antecedente atraviesa ahora la discusión chilena. Mientras el Gobierno de Kast sostiene que una mayor flexibilidad permitirá adaptarse mejor a las necesidades productivas y generar empleo, la oposición replica que reducir derechos laborales o ampliar los márgenes de organización del tiempo de trabajo no garantiza, por sí solo, una mayor contratación si la economía no crea nuevos puestos de trabajo.

El proyecto comenzará su discusión legislativa en los próximos días, en un Congreso donde el oficialismo deberá volver a buscar acuerdos para sacar adelante una de las reformas laborales más sensibles desde la aprobación de la ley de 40 horas.

JJD

La Asociación Trabajadores del Estado realiza este miércoles un paro y una caravana hacia el Centro Atómico Constituyentes en rechazo a los despidos y al “vaciamiento” de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La movilización fue convocada desde las 9.30 hacia la sede ubicada en avenida General Paz 1.499, en la Ciudad de Buenos Aires.

El gremio reclama la “inmediata reincorporación” de los trabajadores cesanteados la semana pasada y responsabiliza al Gobierno por el crecimiento del conflicto. “Si el Gobierno impulsa una nueva represión, será el exclusivo culpable por cualquier hecho que haya que lamentar”, advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

La protesta ocurre en medio de una escalada del conflicto dentro de uno de los organismos más sensibles del sistema científico y tecnológico argentino. La CNEA es el organismo estatal encargado de desarrollar investigación, tecnología, formación y proyectos vinculados a la energía nuclear, un área estratégica para la soberanía energética, la medicina, la industria y la ciencia aplicada.

El conflicto sindical se profundizó después de los despidos en el organismo. ATE habla de cerca de 100 cesantías en la CNEA y denunció que el recorte afecta áreas claves. En paralelo, el reclamo inmediato del gremio apunta a la reincorporación de 62 trabajadores despedidos la semana pasada.

La medida de fuerza también se produce después de una renuncia significativa dentro de la estructura técnica de la Comisión. Ayer presentó su renuncia Juan Manuel Ranalli, gerente del área de Energía Nuclear de la CNEA. En una nota dirigida al presidente del organismo, Martín Porro, Ranalli comunicó su salida del cargo y agradeció “la confianza depositada” y “el profesionalismo de los equipos de trabajo” que lo acompañaron durante su gestión.

La carta no menciona los motivos de la renuncia. Pero la salida de Ranalli cobra relevancia porque se conoció después de que el funcionario cuestionara los despidos dentro del área. En un organismo de alta especialización técnica, la renuncia de un gerente nuclear en medio de cesantías y protestas confirma el deterioro institucional al que la motosierra con que Javier Milei y su ministro desregulador, Federico Sturzenegger, vienen podando al Estado, inclusive en las áreas más sensibles de la administración, como salud, educación, remedios para los jubilados y discapacidad.

ATE sostiene que los despidos forman parte de una política de ajuste sobre ciencia y tecnología. “Lo que pasa en la Argentina no ocurre en ningún otro país del mundo. Todos los estados desarrollados invierten en ciencia y tecnología, además, planifican su energía nuclear, mientras que acá recortaron el 55% del presupuesto en los organismos específicos y en tan solo dos años y medio expulsaron a cientos de científicos y técnicos altamente especializados”, señaló Aguiar.

El sindicato también apuntó contra las autoridades del organismo. Según ATE, las protestas se replicarán en sedes de la CNEA de todo el país y responden a la falta de respuestas oficiales. En comunicados previos, el gremio había denunciado que las autoridades evitaron el diálogo con los trabajadores y que los despidos alcanzan a personal que cumplía funciones clave.

La discusión no se limita a la cantidad de cesantías. Para los trabajadores estatales, el eje es el impacto de esos recortes sobre capacidades acumuladas durante décadas. En áreas como energía nuclear, la pérdida de personal especializado no se reemplaza de manera inmediata: implica conocimiento técnico, experiencia en proyectos complejos y continuidad de equipos de investigación y desarrollo.

La oposición también cuestionó el recorte. Diputados denunciaron que el vaciamiento de la CNEA y de los centros atómicos implica una afectación de la soberanía nuclear y pidieron la intervención de la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara baja. Según esos planteos, los trabajadores despedidos habían sido evaluados y cumplían funciones desde hace años.

El Gobierno, por su parte, había presentado meses atrás una reestructuración de la CNEA orientada a generar recursos propios y mejorar la eficiencia operativa. El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, cuestionó entonces el funcionamiento histórico del organismo y anunció una reforma integral para orientarlo a resultados.

ATE rechaza ese diagnóstico. Aguiar sostuvo que la CNEA “no genera pérdidas” y que, por el contrario, “es superavitaria”. Para el gremio, no existe una justificación técnica o presupuestaria que explique el recorte y la medida forma parte de una política más amplia de ajuste sobre el empleo público, la investigación científica y los organismos estratégicos del Estado.

La caravana de este miércoles busca visibilizar ese conflicto. No se trata sólo de una pelea por puestos de trabajo, sino de una disputa por el futuro de un área estatal que concentra capacidades científicas difíciles de reconstruir. En la CNEA, cada despido no significa únicamente una baja en la nómina: puede implicar la pérdida de conocimiento acumulado, continuidad técnica y soberanía tecnológica.

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Corea del Sur planea crear un fondo con ingresos fiscales adicionales generados por el auge de los semiconductores y la inteligencia artificial para financiar inversiones, apoyar emprendedores y promover empleo joven. La iniciativa fue presentada por el jefe de Gabinete surcoreano, Kang Hoon-sik, como una herramienta para impulsar el crecimiento futuro y responder a la desigualdad que puede profundizar el nuevo ciclo tecnológico.

La propuesta no apunta sólo a acelerar el desarrollo de la IA sino que pone sobre la mesa la discusión sobre quién se queda con los beneficios de esa transformación. Kang afirmó que el fondo servirá para “responder a la polarización” de una economía “en forma de K”, una expresión utilizada para describir procesos en los que algunas personas, empresas o industrias crecen con mucha fuerza, mientras otras quedan rezagadas.

El diagnóstico es relevante porque aparece en uno de los países más integrados a la cadena global de semiconductores: los materiales y componentes con los que se fabrican chips, procesadores y memorias, piezas indispensables para computadoras, celulares, servidores, autos y sistemas de inteligencia artificial. Corea del Sur es sede de gigantes como Samsung Electronics y SK hynix, dos actores centrales de esa industria. El Gobierno surcoreano acaba de presentar proyectos industriales en semiconductores, IA física y centros de datos, con inversiones cercanas al billón de dólares entre empresas privadas y agencias estatales.

La novedad está en que Seúl empieza a vincular de manera explícita el boom tecnológico con una pregunta social y laboral: si la inteligencia artificial genera nuevas rentas, más productividad y más recaudación, una parte de esos recursos debería financiar políticas para evitar que la riqueza quede concentrada sólo en las empresas ganadoras.

El fondo, según el Gobierno, se destinará a inversiones y a dar “apoyo para emprendedores y empleo para jóvenes de entre 20 y 30 años”. Los detalles todavía no fueron definidos. El portavoz del gobernante Partido Democrático, Kang Jun-hyun, aclaró que el Ejecutivo sólo “esbozó” el propósito general del instrumento.

La idea ya había generado polémica en mayo, cuando el jefe de la Oficina de Políticas presidencial, Kim Yong-beom, planteó la necesidad de repartir entre los ciudadanos los beneficios fiscales generados por el auge de la IA. Sus declaraciones fueron cuestionadas por sectores que interpretaron la propuesta como un intento de repartir beneficios empresariales. El presidente Lee Jae-myung negó esa lectura.

Durante los últimos meses, las grandes tecnológicas insistieron en que la inteligencia artificial creará nuevas oportunidades laborales, pero las empresas ya empezaron a usarla para reorganizar tareas, reducir costos y achicar estructuras. El discurso de la innovación convive con decisiones empresarias que presentan la automatización como una vía para necesitar menos personal en determinadas áreas.

Recientemente, Amazon admitió que la IA reducirá la necesidad de personal corporativo a medida que automatice tareas de oficina. En China, el Gobierno empezó a observar con más precisión el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo, en un contexto de preocupación por despidos silenciosos y reestructuraciones vinculadas a la automatización. Distintos estudios sobre demanda laboral también muestran que la IA no sólo elimina puestos: cambia qué tareas se valoran, qué perfiles ganan peso y qué trabajadores quedan más expuestos.

Por eso la iniciativa de Corea del Sur importa más allá de su diseño final. No presenta la IA sólo como una promesa de eficiencia, inversión y crecimiento. La reconoce también como una fuente potencial de desigualdad. En una economía “en forma de K”, la misma tecnología que dispara beneficios para empresas líderes puede dejar atrás a trabajadores jóvenes, empleos administrativos, sectores de menor productividad o regiones menos integradas a la cadena digital.

La pregunta de fondo es laboral. Si la IA permite producir más con menos trabajo, automatizar tareas repetitivas o concentrar ganancias en empresas con capacidad de inversión, el problema no es únicamente tecnológico. Es distributivo: quién captura la productividad, quién financia la transición y qué protección reciben los trabajadores desplazados o presionados por nuevas exigencias.

Corea del Sur intenta anticiparse a esa tensión con un fondo financiado por ingresos fiscales adicionales. La propuesta todavía es general, pero introduce una idea que otros países evitan discutir: si la inteligencia artificial genera una nueva ola de riqueza, una parte debería volver a la sociedad en forma de empleo, capacitación, inversión pública y políticas contra la desigualdad.

Para los trabajadores, la cuestión no es si la IA será buena o mala en abstracto. La cuestión es bajo qué reglas se incorpora. Sin regulación, sin medición del impacto laboral y sin mecanismos de redistribución, el aumento de productividad puede terminar convertido en despidos, precarización o mayor concentración de ingresos. Con políticas públicas, en cambio, puede abrir una discusión distinta: cómo hacer que la tecnología no sea sólo un negocio para las empresas que automatizan, sino también una herramienta para sostener empleo y reducir brechas.

El plan surcoreano todavía está en etapa inicial y enfrenta resistencia política. Pero marca una diferencia frente al entusiasmo acrítico que suele rodear a la inteligencia artificial. Seúl no sólo quiere atraer inversiones en chips, centros de datos e IA física. También empieza a preguntarse cómo evitar que ese crecimiento deje una economía partida en dos: arriba, las empresas y sectores que capturan el boom; abajo, los trabajadores que pagan el costo de la transición.

JJD

El gobierno de Javier Milei mantiene abierto un frente judicial contra Luis Barrionuevo, uno de los dirigentes sindicales más antiguos del país y exaliado fugaz de La Libertad Avanza durante la campaña presidencial de 2023. La Secretaría de Trabajo no convalidó la conducción del gastronómico al frente de la Unión de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros de la República Argentina (UTHGRA) y acudió a la Corte Suprema para defender esa decisión.

El área que encabeza Julio Cordero no le otorgó a Barrionuevo el certificado de autoridades que necesita para gestionar formalmente el sindicato. La cartera laboral, que depende del Ministerio de Capital Humano, presentó un recurso extraordinario federal contra una sentencia de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había ordenado expedir un certificado provisorio de las autoridades electas en el gremio.

Según el escrito judicial al que accedió Noticias Argentinas, la presentación fue realizada por María Fernanda Penas, abogada de la Secretaría de Trabajo. El planteo sostiene que la cautelar concedida a Barrionuevo vulneró normas procesales y laborales, y busca que la Corte Suprema intervenga para validar la posición del Gobierno.

En la cartera laboral evitaron hacer comentarios públicos sobre el caso. “Está todo judicializado, no vamos a hablar”, respondieron. La definición, de todos modos, marca una señal política: el Gobierno no quiere convalidar por ahora el último proceso electoral que proclamó a Barrionuevo para un nuevo mandato al frente de UTHGRA.

La elección interna del gremio gastronómico quedó cuestionada por sectores opositores, que denunciaron irregularidades en el proceso. Según recogió NA, dirigentes críticos objetaron la cantidad de votantes informada por el barrionuevismo y pusieron como ejemplo el caso de Mar del Plata: afirmaron que en la última elección habrían votado 8.000 personas, cuando en una elección previa, con dos listas, habían sufragado alrededor de 800.

El conflicto también tuvo derivación judicial. El juez Julio Grisolía dejó sin reconocimiento legal a la conducción al no avalar la votación realizada en diciembre último para renovar el mandato hasta 2029. Esa decisión dejó en suspenso la continuidad formal de Barrionuevo, que conduce el gremio gastronómico desde hace más de cuatro décadas y es uno de los nombres más identificables del sindicalismo peronista tradicional.

La historia reciente entre Barrionuevo y Milei

Antes de las elecciones generales de 2023, el jefe gastronómico y el entonces candidato libertario alcanzaron un entendimiento para que el gremio aportara estructura y afiliados a la fiscalización de La Libertad Avanza. En ese momento, Milei buscaba reforzar un punto débil de su armado: el control territorial de los votos.

La relación duró poco. Después de la elección general de octubre, cuando Milei no consiguió ampliar de manera significativa el resultado de las primarias, dentro del campamento libertario empezaron a circular reproches contra Barrionuevo. Dirigentes de La Libertad Avanza lo acusaron de no haber cumplido con lo pactado y de haberlos “traicionado”. El dirigente sindical se desmarcó del espacio y el vínculo quedó roto antes del balotaje.

Ese antecedente no alcanza para explicar por sí solo la decisión actual de la Secretaría de Trabajo, que se presenta como una controversia administrativa y judicial sobre la validez del proceso electoral de UTHGRA. Pero sí agrega contexto: el Gobierno que hoy se niega a convalidar la conducción de Barrionuevo es el mismo espacio político que en 2023 intentó apoyarse en su estructura sindical para fiscalizar una elección presidencial.

Para Milei, la relación con Barrionuevo condensó una de las tensiones de su armado inicial. El libertario llegó a la política nacional con un discurso de confrontación contra la “casta”, pero en la campaña buscó acuerdos con dirigentes de larga trayectoria territorial, incluidos sectores del sindicalismo tradicional. Barrionuevo fue uno de los casos más visibles de esa estrategia: un aliado útil durante unas semanas y un actor incómodo poco después.

Ahora la pelea ya no ocurre en el terreno electoral, sino en el sindical. La falta de certificado de autoridades limita la capacidad formal de la conducción barrionuevista para administrar el gremio y abre un nuevo capítulo en la disputa interna de UTHGRA. La intervención de la Corte Suprema, si finalmente avanza, puede definir si la Secretaría de Trabajo debe extender la certificación provisoria o si queda firme la negativa oficial.

El caso también se inscribe en un momento de mayor tensión entre el Gobierno y distintas organizaciones sindicales. Mientras la administración libertaria impulsa reformas laborales, cuestiona estructuras gremiales tradicionales y sostiene una agenda de desregulación, uno de los jefes sindicales más antiguos del país quedó atrapado en una disputa por el reconocimiento formal de su propia conducción.

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El Gobierno y las principales consultoras privadas coinciden en que la inflación de junio habría perforado el 2% mensual. El dato oficial se conocerá el 10 de julio, cuando el Indec publique el Índice de Precios al Consumidor, pero las primeras proyecciones ubican la suba entre 1,8% y 1,9%.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, estimó que el costo de vida se ubicará en 1,9%. “Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo”, señaló, según un cable de Noticias Argentinas. Las consultoras privadas se mueven en un rango similar: Eco Go y C&T proyectaron 1,9%, mientras que Analytica estimó una variación de 1,8%.

La desaceleración es un dato político relevante para el gobierno de Javier Milei. Después de meses de aumentos más altos, una inflación por debajo del 2% le permitiría mostrar el número mensual más bajo del año y reforzar el relato oficial de ordenamiento macroeconómico. Pero para los trabajadores la discusión no termina en el promedio general.

Si junio cierra en 1,9%, la inflación acumulada del primer semestre quedará cerca del 16,9%. Si el dato fuera 1,8%, rondaría el 16,8%. En ambos casos, el año llegaría a la mitad con una suba de precios muy inferior a la de 2024, pero todavía significativa para salarios que no recompusieron plenamente el poder de compra perdido.

El IPC es un promedio. Esa aclaración parece técnica, pero es central para entender por qué la inflación puede bajar y, al mismo tiempo, el bolsillo seguir bajo presión. Ningún trabajador paga “el promedio” cuando va al supermercado, carga la SUBE, paga la luz, el gas, internet, el alquiler, la prepaga, los remedios o la cuota del colegio. Cada hogar enfrenta una canasta concreta, y esa canasta suele estar más cargada de consumos difíciles de reemplazar.

En mayo, el IPC había sido de 2,1% y acumulaba 14,7% en los primeros cinco meses del año. Pero varios rubros sensibles para los hogares trabajadores habían vuelto a moverse por encima o muy cerca del promedio: Comunicación subió 3,4%, Educación 2,9%, Recreación y cultura 2,8%, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2,6%, Salud 2,6% y Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,5%.

Ese comportamiento importa porque los gastos más rígidos pesan más en la vida cotidiana. Un hogar puede postergar ropa, electrodomésticos o salidas, pero tiene menos margen para ajustar comida, transporte, servicios, conectividad, alquiler o salud. Por eso una inflación más baja no produce automáticamente alivio si los aumentos se concentran en los consumos que más condicionan el salario.

La diferencia entre el dato oficial y la experiencia cotidiana también se vincula con la forma en que se mide la inflación. El IPC vigente sigue apoyado en una estructura de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004-2005. Esa canasta quedó vieja frente a los cambios ocurridos en las últimas dos décadas, especialmente en el peso de servicios, vivienda, transporte, conectividad y gastos financieros.

El Indec tenía previsto avanzar en 2026 con una actualización metodológica basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, pero el cambio fue postergado tras la salida de Marco Lavagna del organismo y la decisión del ministro Luis Caputo de demorar la implementación del nuevo índice hasta que la desinflación esté más consolidada.

Una canasta actualizada daría mayor peso a consumos que hoy ocupan una porción más grande del presupuesto familiar. Eso no significa que el dato oficial de junio sea falso, sino que puede resultar menos representativo del gasto real de muchos hogares, especialmente de los que destinan buena parte de sus ingresos a alquileres, tarifas, transporte, telefonía, internet, salud y educación.

El Gobierno mira la inflación como un indicador de éxito macroeconómico. Los trabajadores la miran desde otro lugar: cuánto queda del salario después de pagar lo indispensable. Esa diferencia explica por qué una inflación de 1,8% o 1,9% puede ser celebrada desde el Ministerio de Economía y, al mismo tiempo, sentirse insuficiente en los hogares que vienen de meses de pérdida de ingresos, endeudamiento y recortes de consumo.

La desaceleración de junio, si se confirma, será una novedad favorable para el Gobierno. Pero no borra el acumulado del semestre ni resuelve la brecha entre precios y salarios. Tampoco corrige el problema de una medición que todavía no incorporó plenamente los cambios en la estructura de consumo de los hogares.

JJD

El Banco Nación pone en marcha este lunes una nueva línea de refinanciación para clientes que acumulan más de tres meses de atraso en sus pagos. La medida alcanza a deudores en situación crediticia 3, 4 y 5, según la clasificación del Banco Central: perfiles de riesgo medio, alto o incluso considerados irrecuperables.

La novedad no está sólo en la existencia de otra herramienta bancaria. Está en el tipo de cliente al que apunta. El Nación ya había lanzado en mayo un paquete para consolidar deudas, refinanciar tarjetas y ofrecer alternativas a clientes con atrasos menores. Ahora la asistencia se extiende hacia moras más profundas, en un contexto en el que la deuda de los hogares dejó de ser un problema aislado y pasó a formar parte de la economía cotidiana de millones de trabajadores.

La nueva línea permitirá refinanciar deudas de consumo originadas en pesos o en UVA, con actualización por CER, y tendrá un plazo máximo de 120 meses. La tasa será diferencial: 12% nominal anual fija para quienes cobran su sueldo, jubilación o pensión en el Banco Nación, y 14% para el resto de los usuarios. Para mantener la tasa preferencial, el cliente deberá conservar el cobro de haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo.

El programa estará disponible para trabajadores, jubilados, pensionados, autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus ingresos en el banco. También podrán incluirse deudores vinculados al segmento de microempresas o emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo.

Quienes ya cobran en el Banco Nación podrán contratar, además, un tope de cuota atado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Ese mecanismo busca evitar que la cuota ajustada por UVA supere la evolución de los salarios. En esos casos, si la cuota calculada por UVA queda por encima del CVS, se aplicará el límite salarial como referencia.

El anuncio llega después de un nuevo salto de la mora familiar. De acuerdo con el último Informe sobre Bancos del Banco Central, la irregularidad de los préstamos a familias alcanzó el 12,1% del total de créditos en abril. Un año antes, en abril de 2025, era de 3,7%. Es decir, el indicador más que triplicó su nivel en doce meses y llegó al máximo en más de dos décadas.

El deterioro también aparece en el total del financiamiento al sector privado. La cartera en situación de atraso llegó al 7,3% en abril, 0,3 puntos más que en marzo y 5,1 puntos por encima del mismo mes del año anterior. Pero el golpe más fuerte volvió a concentrarse en los hogares: la mora familiar subió 0,5 puntos en un mes y 8,3 puntos interanuales.

Las líneas de crédito más vinculadas al consumo cotidiano muestran la presión con claridad. La mora en préstamos personales llegó al 14,9%; en tarjetas de crédito, al 12,5%; en préstamos prendarios, al 7,3%; y en hipotecarios, al 1,5%. El crédito que durante meses funcionó como complemento del ingreso empezó a quedar fuera de calendario.

Ese recorrido ya venía apareciendo en los datos previos. En marzo, la mora de las familias había llegado al 11,5%, con préstamos personales en 14,2% y tarjetas de crédito en 11,7%. En febrero, las billeteras virtuales y entidades no financieras mostraban una irregularidad cercana al 30% en saldos familiares con más de 90 días de atraso. Mercado Pago, una de las principales puertas de entrada al crédito digital, había triplicado su mora hasta 14,7% entre enero de 2025 y enero de 2026.

La nueva refinanciación del Nación confirma que el problema escaló. Ya no se trata sólo de ordenar saldos de tarjeta o consolidar varias deudas en una cuota. La entidad estatal sale ahora a ofrecer una salida para clientes que llevan más de 90 días sin pagar y que, según el propio sistema financiero, ya entraron en categorías de riesgo más severas.

Según estimaciones de la consultora 1816 citadas por Infobae, hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular, es decir, impago hace al menos 90 días, ya sea con entidades financieras o no financieras. Sobre un universo de 20 millones de personas con préstamos, eso representa el 26,7% de quienes tienen algún tipo de financiamiento.

El dato marca un límite para el discurso de normalización del crédito. Durante buena parte de 2024 y comienzos de 2025, el endeudamiento ayudó a sostener consumos, cubrir gastos corrientes o estirar salarios golpeados. Pero una vez que la mora sube de manera sostenida, el crédito deja de funcionar como puente y empieza a convertirse en una carga que necesita ser reprogramada.

Para los bancos, la refinanciación permite reducir el riesgo de incobrabilidad y recuperar capacidad de pago de los clientes. Para los hogares, puede significar alivio inmediato: una cuota más baja, un plazo más largo y un calendario más ordenado. Pero también implica estirar hacia adelante una deuda que nació, muchas veces, porque el ingreso mensual no alcanzó.

La medida del Banco Nación tiene dos lecturas al mismo tiempo. Es una herramienta concreta para quienes quedaron atrapados en atrasos prolongados. Y es, también, una señal del tamaño del deterioro: cada vez más familias llegan al banco no para tomar crédito nuevo, sino para renegociar deudas vencidas que el salario ya no pudo sostener.

JJD

La economía argentina muestra señales que el Gobierno presenta como ordenamiento, desaceleración de la inflación o recomposición gradual. Pero cuando se mira desde el bolsillo de los trabajadores, la foto es menos compra en supermercados, menos venta en mayoristas, que los centros de compras siguen en baja real, que la industria retrocede en ramas intensivas en empleo y que el mercado laboral todavía no ofrece suficiente trabajo de calidad.

El último INDEC Informa, la publicación mensual que compila datos de coyuntura de distintos sectores, permite unir esas piezas. Los ingresos no alcanzan para recomponer el consumo, la producción manufacturera sigue floja y tener empleo no siempre alcanza para dejar de buscar otro trabajo o más horas.

El primer dato aparece en el consumo cotidiano. En abril, las ventas de supermercados a precios constantes cayeron 3,7% frente al mismo mes del año anterior y acumularon una baja de 3,3% en los primeros cuatro meses de 2026. A precios corrientes, en cambio, la facturación subió 21,5%. La diferencia dice mucho: se gastaron más pesos, pero se compró menos en términos reales.

Ese dato vuelve a mostrar el efecto directo de la pérdida de poder adquisitivo. El supermercado es uno de los termómetros más sensibles de la economía familiar porque registra compras básicas, alimentos, bebidas, limpieza, perfumería y productos de uso cotidiano. Cuando las ventas reales caen allí, el ajuste no habla sólo de consumos postergables. Habla de hogares que recortan cantidades, cambian marcas, reducen frecuencia de compra o reemplazan productos.

La caída también apareció en los autoservicios mayoristas, un canal que muchas familias usan para intentar ahorrar, comprar por volumen o estirar el ingreso mensual. En abril, las ventas reales bajaron 5% interanual y acumularon una caída de 3,2% en el año. La facturación nominal subió 19,7%, pero el volumen vendido siguió por debajo del año anterior.

Ese movimiento es especialmente relevante para trabajadores y hogares de ingresos medios y bajos. El mayorista suele funcionar como estrategia defensiva frente a precios altos: comprar paquetes grandes, buscar ofertas, organizar compras familiares o repartir gastos. Si también cae ese canal, la señal es que el problema no está sólo en el consumo aspiracional, sino en la capacidad de sostener compras básicas aun buscando precios más convenientes.

Los centros de compras completan el cuadro. Las ventas a precios constantes cayeron 5,9% interanual en abril, aunque la facturación nominal aumentó 12,6%. El retroceso real fue mayor fuera del Gran Buenos Aires, donde la baja llegó al 6,2%, frente al 5,7% en GBA. Es otro tipo de consumo, más asociado a indumentaria, tecnología, comida fuera del hogar y esparcimiento, pero marca el mismo límite: la mejora nominal no alcanza para recuperar cantidades.

La lectura conjunta es más fuerte que cada dato por separado. Supermercados, mayoristas y shoppings muestran caídas reales al mismo tiempo. Eso impide hablar de una recuperación clara del consumo de los hogares. Puede haber sectores o rubros con mejoras puntuales, pero el cuadro general sigue atravesado por salarios que no recompusieron plenamente el poder de compra y por familias que reorganizan gastos con menos margen.

La industria muestra otro costado del mismo problema. El índice de producción industrial manufacturero cayó 2,8% interanual en abril y acumuló una baja de 2,4% en el año. El dato general ya marca debilidad, pero la apertura por ramas muestra golpes más profundos en sectores con fuerte impacto laboral.

La producción textil cayó 22,2% frente a abril de 2025 y acumuló una baja de 25,5% en el año. Prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió 15,9% interanual. Maquinaria y equipo bajó 20,2%. Otros equipos, aparatos e instrumentos cayó 11,4%. Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes retrocedió 10,7%. Industrias metálicas básicas bajó 11,2%.

No todas las ramas cayeron. Sustancias y productos químicos creció 16,7%, refinación de petróleo subió 5,6%, madera, papel, edición e impresión avanzó 4,1% y productos de tabaco aumentó 6,5%. Pero esa heterogeneidad no borra el problema: varias ramas vinculadas al consumo interno, a bienes durables y a cadenas industriales con empleo asalariado siguen en rojo.

El dato de capacidad instalada también ayuda a medir la temperatura. La utilización general de la industria llegó a 59,9% en abril, pero algunos bloques operaron muy por debajo de ese nivel: productos textiles usó 42,4% de su capacidad, productos de caucho y plástico 42,4%, industria automotriz 46,5% y metalmecánica excluida automotriz 42,7%. Menos producción y capacidad ociosa no son conceptos abstractos: implican turnos que no se abren, horas que no se trabajan, proveedores con menos pedidos y trabajadores con menor poder de negociación.

Ahí se conecta el consumo con la actividad productiva. Cuando los hogares compran menos, las empresas venden menos. Cuando venden menos, producen menos. Y cuando producen menos, el empleo se vuelve más frágil. Esa cadena no funciona de manera mecánica ni inmediata, pero sí marca el terreno sobre el que se mueven los trabajadores: menos demanda, más incertidumbre y más presión para aceptar peores condiciones.

El capítulo laboral del mismo informe completa esa fotografía. En el primer trimestre de 2026, la desocupación abierta fue de 7,8%, con una tasa de empleo de 44,8% y una tasa de actividad de 48,6%. El desempleo no explotó, pero mirar sólo ese número deja afuera una parte importante del problema.

La presión sobre el mercado de trabajo alcanzó al 29,6% de la población económicamente activa. Ese indicador incluye a los desocupados, a los ocupados que buscan otro empleo y a quienes no buscan activamente otro puesto pero están disponibles para trabajar más horas. En otras palabras: casi tres de cada diez personas activas no están plenamente resueltas en su situación laboral.

El informe también muestra que el 15,8% de la PEA corresponde a ocupados demandantes de empleo y que la subocupación llegó al 11,1%. Son trabajadores que tienen una ocupación, pero necesitan otra, más horas o mejores ingresos. Esa es una de las claves del momento laboral: el problema no se agota en conseguir trabajo, sino en conseguir un empleo que alcance para vivir.

La informalidad agrega otra capa. El informe de mercado laboral del INDEC mostró que el 44,2% de los ocupados trabaja en condiciones informales. Esa estructura vuelve más débil cualquier recuperación porque una parte enorme del empleo queda sin protección plena, con ingresos más inestables y menor capacidad de negociar salarios.

La suma de los datos deja una conclusión menos optimista que el relato oficial. La inflación desaceleró, pero eso no implica automáticamente una mejora del poder de compra. El consumo real sigue flojo en canales básicos y comerciales. La industria cae en sectores sensibles. El mercado laboral no muestra una crisis abierta de desempleo masivo, pero sí una presión persistente de trabajadores que buscan más o mejor empleo.

La recuperación, si existe, todavía no ordena la vida material de quienes viven de su trabajo. Para un hogar asalariado, la economía no se mide sólo por la variación mensual del IPC o por un promedio general de actividad. Se mide en la compra del supermercado, en la posibilidad de pagar deudas, en las horas de trabajo disponibles, en la estabilidad del empleo y en el margen que queda después de cubrir gastos básicos.

El INDEC Informa de junio permite ver esa trama completa. No muestra una economía paralizada, pero tampoco una recuperación sólida para los trabajadores. Muestra un país donde se factura más porque los precios subieron, pero se compra menos en términos reales; donde algunas ramas industriales crecen, pero varias intensivas en empleo siguen golpeadas; y donde millones de personas tienen trabajo, aunque no siempre el trabajo que necesitan.

JJD

Hace un año viajar a Brasil parecía un negocio redondo para miles de argentinos. Las redes sociales comparaban el precio de un departamento en Florianópolis con una semana en la Costa Atlántica, los vuelos salían llenos y los pasos fronterizos registraban un movimiento que confirmaba una idea repetida hasta el cansancio: con este dólar convenía más salir del país que vacacionar en Argentina.

Doce meses después, esa postal empezó a cambiar. El atraso cambiario sigue funcionando como incentivo para mirar hacia afuera, pero el último informe de Estadísticas de Turismo Internacional del Indec mostró un dato nuevo: el déficit turístico empezó a moderarse. No porque se haya revertido el saldo negativo, sino porque entraron más extranjeros y, sobre todo, porque salieron menos argentinos.

En mayo de 2026 ingresaron al país 379.900 turistas no residentes, un 20,4% más que en el mismo mes del año anterior. En sentido inverso, 661.900 turistas residentes viajaron al exterior, una caída interanual de 12,1%. El resultado siguió siendo deficitario: hubo 282.000 turistas más saliendo de la Argentina que entrando. Pero la comparación con mayo de 2025 muestra un cambio importante. Un año antes habían llegado 315.400 turistas extranjeros y habían viajado al exterior 752.800 argentinos. El saldo negativo había sido de 437.400 turistas.

La diferencia es clara: el rojo turístico se achicó en alrededor de 155.000 turistas en un año. El dato no alcanza para hablar de equilibrio, pero sí muestra una corrección del desequilibrio que marcó buena parte de 2024 y comienzos de 2025.

El cambio más fuerte aparece en el turismo emisivo. En mayo de 2025, las salidas de argentinos al exterior crecían 48,9% interanual. En mayo de 2026, cayeron 12,1%. Pasar de una expansión cercana al 50% a una baja de dos dígitos indica que el boom de viajes al exterior encontró un freno.

Durante varios meses, el precio relativo de muchos destinos externos, especialmente Brasil y Chile, pesó fuerte en las decisiones de consumo de hogares con alguna capacidad de gasto. Viajar afuera aparecía como una oportunidad frente a precios locales muy altos. Pero el tipo de cambio es sólo una parte de la decisión. Para viajar también hacen falta ingresos disponibles, ahorro o crédito.

Ese punto conecta el informe de turismo con otros datos recientes sobre la economía de los hogares. El salario formal todavía no recuperó plenamente poder de compra, la informalidad alcanza a una parte muy amplia del mercado laboral y el crédito empezó a funcionar, para muchos trabajadores, como una extensión del ingreso mensual. En ese contexto, financiar un viaje ya no compite sólo contra otros consumos de ocio: compite contra alquiler, comida, servicios, transporte, deudas previas y cuotas de tarjeta.

Ahí aparece el límite. El dólar todavía puede invitar a viajar; el salario ya no siempre alcanza para hacerlo. Esa tensión ayuda a leer la moderación del déficit turístico: no necesariamente porque el exterior haya dejado de ser conveniente en términos relativos, sino porque una parte de los hogares ya no puede sostener ese consumo con la misma facilidad.

La serie mensual refuerza esa idea. El saldo turístico siguió negativo durante todo 2026, pero fue menos rojo que un año atrás. En enero de 2025 el déficit había sido de alrededor de 1,25 millones de turistas; en enero de 2026 fue de 1,08 millones. En febrero pasó de 1,33 millones a 1,09 millones. En marzo, de 846.000 a 552.000. En abril, de 462.000 a 301.000. Y en mayo, de 437.000 a 282.000.

La tendencia muestra una reducción sostenida del déficit, aunque no por un solo canal. Por un lado, llegan más turistas extranjeros. Por otro, salen menos residentes argentinos. El primer dato puede leerse como una mejora del turismo receptivo. El segundo, en cambio, abre una pregunta más sensible: qué está pasando con la capacidad de consumo de los hogares que hasta hace poco seguían eligiendo el exterior.

Brasil volvió a ocupar un lugar central en esa fotografía. En mayo de 2026 fue el principal origen de turistas extranjeros que llegaron a la Argentina, con 87.200 personas y una participación de 22,9% sobre el total. Le siguieron Uruguay, con 59.600 turistas, y Chile, con 55.100. El turismo receptivo desde países limítrofes explicó el 64,2% de las llegadas.

Del lado de los argentinos que viajaron al exterior, Brasil también fue el destino más elegido, con 137.300 turistas, aunque con una caída interanual de 7,8%. El bloque Resto de América recibió 111.100 turistas residentes argentinos y Chile quedó tercero, con 102.300, pero allí la baja fue mucho más fuerte: 38% menos que en mayo de 2025.

Ese dato ayuda a entender que la corrección no fue pareja. Los argentinos siguieron viajando sobre todo a países de la región, pero el volumen bajó en varios destinos. El turismo emisivo a Chile, que había sido uno de los grandes protagonistas del fenómeno de compras y escapadas por precios relativos, mostró una contracción marcada.

El cambio no borra lo ocurrido durante los meses previos. El atraso cambiario, combinado con precios internos altos, sostuvo durante un tiempo una escena particular: hogares que todavía conservaban margen de consumo encontraban más conveniente cruzar la frontera o tomar un vuelo regional que pagar unas vacaciones locales. El problema es que una ventaja cambiaria no alcanza si el ingreso disponible se achica.

Cuando el salario pierde poder de compra, incluso un viaje relativamente barato deja de ser accesible. No alcanza con que Brasil, Chile o Uruguay parezcan convenientes frente a la Costa Atlántica. Hace falta llegar a fin de mes con margen para pagar pasajes, alojamiento, comida, traslados, compras, seguro, cuotas de tarjeta o gastos en dólares. Si ese margen se estrecha, la decisión cambia.

La caída de las salidas al exterior no prueba por sí sola que todos esos viajes se hayan frustrado por falta de ingresos. Pero en una economía donde los trabajadores recurren cada vez más al financiamiento para sostener gastos corrientes, el turismo es una señal difícil de ignorar. Cuando el crédito ya se usa para completar el mes, endeudarse para viajar se vuelve una decisión mucho más estudiada y menos impulsiva.

El desequilibrio turístico empezó a corregirse. No necesariamente porque la Argentina se haya vuelto más competitiva para sus propios residentes, ni porque el tipo de cambio haya dejado de incentivar viajes al exterior. La novedad parece ser que cada vez más hogares parecen encontrar un límite en sus ingresos para sostener ese consumo.

JJD

Dos provincias llegan este miércoles con paros docentes y estatales, aunque por conflictos distintos. En Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) convocó a una huelga provincial por el deterioro salarial, la falta de respuestas del gobierno de Rogelio Frigerio y el rechazo a la reforma previsional que se debate en la Legislatura. En Neuquén, ATE y ATEN paran y se movilizan contra el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), que según los gremios implica una baja en las regalías que percibe la provincia.

El paro entrerriano expresa un conflicto que combina salarios y jubilaciones. AGMER denunció que el Ejecutivo provincial no convocó a reanudar la discusión paritaria desde el fracaso de las negociaciones salariales de mayo, cuando el gremio consideró insuficiente la propuesta oficial frente al avance de los precios y la pérdida de poder adquisitivo.

El sindicato docente mayoritario sostuvo que la situación salarial atraviesa un escenario crítico, marcado por el empobrecimiento de los trabajadores, el alto nivel de endeudamiento de activos y jubilados, el pluriempleo y la sobrecarga laboral. El reclamo no se limita al sueldo de bolsillo: apunta también a las condiciones de trabajo y al deterioro de la vida cotidiana de la docencia entrerriana.

La medida de fuerza coincide con el plan de acción de la Multisectorial contra la reforma previsional que impulsa el gobierno provincial. Habrá movilizaciones en distintos puntos de Entre Ríos y el reclamo docente se suma a una resistencia más amplia de estatales, jubilados y organizaciones sociales frente a los cambios propuestos sobre el sistema jubilatorio.

AGMER planteó cuatro demandas principales: convocatoria urgente a discutir salarios, rechazo a la reforma previsional, aumento de las partidas destinadas a comedores escolares y mayor inversión en infraestructura educativa. Para el gremio, la reforma previsional podría profundizar el deterioro económico de trabajadores y jubilados.

ATE Entre Ríos también se incorporó al plan de lucha contra el nuevo régimen jubilatorio. El sindicato participó de la entrega de un petitorio dirigido a legisladores provinciales y reclamó que defiendan la Ley 8732, rechacen cualquier proyecto que lesione derechos previsionales y no trasladen el costo del déficit de la Caja sobre trabajadores y jubilados.

La Defensoría del Pueblo de Paraná y la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores también fijaron posición sobre la reforma previsional. En una presentación ante comisiones del Senado provincial, advirtieron que una modificación que resuelva sólo los números a costa de derechos ciudadanos “no es una reforma, es un traslado de la carga fiscal hacia los sectores más vulnerables”.

Entre los puntos cuestionados aparecen la edad jubilatoria de 68 años para nuevos aportantes, el impacto de género sobre las mujeres trabajadoras, la modificación de la fórmula para determinar el haber inicial, la declaración de emergencia previsional, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo y los aportes solidarios a jubilados en actividad.

En Neuquén, el conflicto tiene otro eje. ATE y ATEN confirmaron un paro provincial de 24 horas para este miércoles, con impacto en el dictado normal de clases. La huelga incluye una movilización a la Legislatura, con concentración prevista entre las 9 y las 10 en el monumento a San Martín y marcha posterior hacia la Ciudad Legislativa.

La medida se realiza en rechazo al proyecto de GNL que la Legislatura analizará este miércoles. Según los sindicatos, la iniciativa implica una baja en las regalías que recibe Neuquén por sus recursos hidrocarburíferos. También se sumarán gremios como Sejun, de judiciales, y Adunc, de la Universidad Nacional del Comahue.

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, explicó que la protesta se realiza “en defensa de nuestra provincia, de nuestra soberanía fiscal y de la autonomía sobre nuestros recursos naturales”. El dirigente cuestionó el esquema de regalías diferenciales previsto en el acuerdo entre la Provincia e YPF y sostuvo: “Queremos que la riqueza de nuestro subsuelo garantice el futuro de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas”.

ATEN, el gremio docente neuquino, adhirió a la huelga en defensa de los recursos naturales y contra lo que considera una entrega de la soberanía provincial. La organización precisó que el paro será provincial y se realizará el día en que el proyecto sea tratado en el recinto.

La iniciativa cuestionada busca convertir en ley el acta acuerdo firmada entre la Provincia e YPF para producir gas con destino a exportación en cinco áreas no convencionales ubicadas al norte de la Comarca Petrolera. El convenio establece una regalía diferencial para el gas metano que la petrolera estatal utilizará para producir GNL desde la costa rionegrina.

Según el esquema informado, las alícuotas de regalías oscilarán entre el 7,5% y el 12%, de acuerdo con la evolución de los precios internacionales medidos a través del índice JKM, referencia del mercado asiático.

El proyecto obtuvo despacho en un plenario de comisiones y podría votarse este miércoles, en la anteúltima sesión antes del receso invernal. Representantes de ATE, ATEN, Sejun y otras organizaciones se acercaron previamente a la Legislatura para informarse sobre los detalles del texto y cuestionaron la celeridad con la que se impulsó el tratamiento.

A diferencia de Entre Ríos, donde el eje inmediato es la paritaria docente y la reforma previsional, en Neuquén la protesta se ordena alrededor de los recursos naturales y la capacidad futura del Estado provincial para sostener ingresos. Pero en ambos casos aparece una misma preocupación de fondo: qué parte del ajuste recae sobre trabajadores, jubilados, servicios públicos y financiamiento estatal.

Las dos huelgas ocurren en un contexto nacional marcado por salarios que siguen corriendo detrás de los precios en buena parte del empleo formal, conflictos estatales, debates previsionales y presión sobre las cuentas públicas provinciales. En ese escenario, los paros de Entre Ríos y Neuquén muestran que la conflictividad laboral no se limita al Estado nacional ni a las grandes paritarias: también se juega en las provincias, allí donde salarios, jubilaciones, regalías y servicios públicos se vuelven parte de la misma disputa.

JJD

Los salarios subieron 3,7% en abril y quedaron por encima de la inflación de 2,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Pero esa mejora no alcanzó por igual al empleo formal: en el acumulado del año, los trabajadores privados registrados y los estatales siguieron detrás de los precios.

El dato general parece positivo. Entre enero y abril, el índice de salarios acumuló una suba de 12,7%, apenas por encima del 12,3% que acumuló la inflación en el mismo período. La diferencia es mínima: cuatro décimas. El problema aparece cuando se abre el promedio y se mira qué pasó con cada sector.

El sector privado registrado, que reúne a los asalariados formales de empresas, acumuló una suba de 10,1% en los primeros cuatro meses del año. Es decir, quedó 2,2 puntos por debajo de la inflación acumulada. El sector público avanzó 12%, casi empatado con los precios, pero también por debajo del IPC. La mejora total quedó explicada, en buena medida, por el salto del sector privado no registrado, que acumuló 19,7%.

Si se mira sólo el índice general, los salarios parecen haberle ganado por poco a la inflación. Si se mira el empleo formal, el resultado cambia: los trabajadores con empleo registrado todavía no lograron recuperar poder de compra en el primer cuatrimestre.

En abril, el movimiento mensual también mostró diferencias. El sector privado registrado subió 4%, el sector público aumentó 2,3% y el sector privado no registrado avanzó 4,7%. El índice total quedó en 3,7%. Frente a una inflación mensual de 2,6%, el sector público volvió a quedar rezagado incluso en el mes en que el promedio salarial general mostró una mejora.

El informe del Indec también permite mirar la comparación interanual. El índice de salarios total subió 36,9% frente a abril de 2025. Pero, otra vez, el promedio escondió una brecha fuerte: el sector privado registrado aumentó 29,3%, el sector público 29,6% y el privado no registrado 69,6%. Frente a una inflación interanual de 32,4% en abril, los asalariados formales privados y estatales quedaron por debajo.

La diferencia con el segmento no registrado debe leerse con cuidado. No se trata de un universo más protegido ni necesariamente mejor remunerado. Al contrario: es el sector más precario del mercado laboral, sin garantías plenas de estabilidad, aportes, cobertura o negociación colectiva. Además, el propio Indec aclara que ese componente se construye con información de la Encuesta Permanente de Hogares y tiene un rezago metodológico de cinco meses.

Eso vuelve más delicada cualquier lectura triunfalista. El dato que empuja hacia arriba el promedio salarial surge del segmento más frágil del mercado laboral, mientras el empleo formal, que debería marcar la zona más estable y protegida, sigue corriendo desde atrás.

La foto dialoga con otro informe reciente del Indec sobre el mercado de trabajo. En el primer trimestre de 2026, la informalidad laboral llegó al 44,2% de los ocupados y alcanzó a casi 6 millones de personas. Ese dato ayuda a entender por qué el promedio salarial puede ser insuficiente para describir la realidad laboral: una parte enorme del empleo argentino se mueve en zonas de menor protección, ingresos inestables y derechos incompletos.

El Gobierno suele presentar la desaceleración de la inflación como la antesala de una recomposición de ingresos. Pero el índice de salarios muestra que esa recuperación todavía no se consolidó para quienes tienen empleo formal. En el sector privado registrado, el avance acumulado de 10,1% quedó lejos del costo de vida. En el sector público, el 12% apenas rozó el IPC, sin revertir el deterioro previo.

La comparación es especialmente sensible para los estatales. El informe desagrega el sector público entre nacional y provincial: en abril, los salarios del subsector público nacional subieron sólo 1,6% mensual, mientras que los provinciales aumentaron 2,5%. En el acumulado del año, el nacional avanzó 10,3% y el provincial 12,5%. También ahí aparece una diferencia interna: los trabajadores del Estado nacional quedaron más atrás que el promedio del sector público.

Ese dato se publica en medio de una ofensiva oficial sobre el empleo estatal: retiros voluntarios, pases a disponibilidad, reestructuraciones y nuevos conflictos con los gremios. El problema no es sólo la cantidad de puestos. También es el valor de esos salarios después de meses de ajuste, paritarias contenidas y pérdida de poder adquisitivo.

La lectura de fondo no pasa por negar la mejora de abril. Los salarios subieron más que los precios en el promedio mensual y el índice total quedó apenas por encima de la inflación acumulada. Pero trabajAR no mira sólo el promedio: mira qué trabajadores ganan, cuáles pierden, qué sectores quedan rezagados y qué parte del mercado laboral sostiene la mejora estadística.

En esa lectura, abril dejó una conclusión precisa: la recuperación salarial existe en el número general, pero no alcanza todavía al núcleo formal del empleo. Privados registrados y estatales siguieron por debajo de la inflación acumulada, mientras el segmento no registrado empujó el promedio desde una zona laboral más precaria.

La discusión, entonces, no es si los salarios subieron. Subieron. La pregunta es si esa suba recompone poder de compra y si llega a los trabajadores con empleo formal, aportes y derechos. El informe del Indec muestra que, en los primeros cuatro meses de 2026, esa respuesta todavía es insuficiente.

JJD

El mercado laboral argentino no mostró una explosión del desempleo abierto en el primer trimestre de 2026, pero sí dejó —otra vez— una señal de época: en esta Argentina libertaria tener trabajo no alcanza necesariamente para tener estabilidad, derechos ni ingresos suficientes. La desocupación se ubicó en 7,8%, sin cambios estadísticamente significativos frente al mismo período del año anterior, pero la informalidad, la subocupación y la búsqueda de otro empleo expusieron un deterioro más silencioso.

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), mostró que en los 31 aglomerados urbanos hubo 13,5 millones de personas ocupadas y 1,1 millones desocupadas durante el primer trimestre del año. La tasa de empleo fue de 44,8% y la tasa de actividad llegó a 48,6%.

El dato que mejor muestra la fragilidad del mercado laboral no está sólo en la desocupación. Está en la presión sobre el empleo. Según el Indec, el 29,6% de la población económicamente activa estuvo desocupada, tuvo trabajo pero buscó otro, o no buscó activamente pero estuvo disponible para trabajar más horas. En números, eso equivale a unos 4,3 millones de personas.

Es decir que el ingreso laboral no alcanza, el empleo disponible no siempre es suficiente y una parte importante de quienes trabajan sigue presionando sobre el mercado porque necesita otra ocupación o más horas pagas.

La desocupación abierta alcanzó al 7,8% de la población económicamente activa. Son personas que no tenían ocupación, buscaban trabajo activamente y estaban disponibles para trabajar. En términos absolutos, el informe estimó 1.145.000 desocupados en los 31 aglomerados relevados.

A ese universo se suman 2.316.000 ocupados demandantes de empleo. Son trabajadores que ya tienen un puesto, pero buscan otro. El dato es clave porque rompe una lectura demasiado simple del mercado laboral: estar ocupado no significa necesariamente estar conforme con el ingreso, la jornada, la estabilidad o las condiciones de trabajo.

El informe también registró 1.629.000 subocupados. Se trata de personas que trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestas a trabajar más. Dentro de ese grupo, la subocupación total llegó al 11,1% y tuvo una suba interanual estadísticamente significativa de 1,1 puntos porcentuales. No es desempleo abierto, pero sí una forma concreta de insuficiencia laboral: personas que tienen empleo, aunque no la cantidad de trabajo que necesitan.

Sube el trabajo en negro

La informalidad fue otro de los puntos más fuertes del informe. El Indec estimó que el 44,2% de los ocupados tuvo un empleo informal durante el primer trimestre. La suba fue de 2,2 puntos frente al mismo período del año anterior y también resultó estadísticamente significativa. En números, casi 6 millones de trabajadores se desempeñaron en condiciones de informalidad.

La diferencia con el empleo formal no es menor. Un empleo informal suele implicar falta de aportes jubilatorios, menor protección frente al despido, más dificultad para acceder a obra social, crédito o licencias, y menos herramientas para negociar salarios. En una economía con precios todavía en alza y salarios que venían perdiendo poder adquisitivo, esa precariedad vuelve más difícil sostener gastos básicos.

El informe muestra que, dentro de la población ocupada, el 71,8% fue asalariado y el 28,2% no asalariado. Entre los asalariados, el 37,9% no tuvo descuento jubilatorio. Ese dato permite ver una parte de la informalidad más extendida: trabajadores bajo relación salarial de hecho, pero sin los derechos que deberían acompañar esa relación.

JJD

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, avanzará con nuevos recortes de personal en el Ministerio de Capital Humano. La denuncia se inscribe en una nueva etapa del ajuste estatal del gobierno de Javier Milei, que ya acumuló varias rondas de despidos, no renovaciones de contratos, retiros voluntarios y reestructuraciones en organismos públicos. ATE sostiene que la administración nacional atravesó siete olas de despidos desde el inicio de la gestión libertaria y que ahora el foco vuelve a estar puesto en áreas sensibles de Capital Humano.

Según un despacho de la agencia Noticias Argentinas, Sturzenegger está a cargo del ajuste de trabajadores en las áreas más importantes del Estado y monitorea la situación en cada cartera. Para avanzar con esa poda, utiliza herramientas normativas como el decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo.

Ese decreto estableció la necesidad de “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los Objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada Jurisdicción”.

En ATE interpretan que ese texto habilitó una nueva reducción de estructuras dentro del ministerio de Pettovello. Según señalaron al medio que difundió la información, Desregulación eliminó áreas de gestión administrativa de tres secretarías de Capital Humano: Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia.

“Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días”, afirmaron desde el gremio.

El pase a disponibilidad es uno de los mecanismos más sensibles dentro del empleo público porque coloca a trabajadores de planta permanente en una situación de incertidumbre laboral. En el esquema de ajuste estatal del Gobierno, los sindicatos lo leen como un paso previo a posibles cesantías, traslados forzados o pérdida efectiva del puesto.

Durante la conferencia de prensa, los dirigentes de ATE detallarán las próximas acciones gremiales y las presentaciones legales que llevarán adelante para intentar frenar la reestructuración y defender los puestos de trabajo afectados.

Desde ATE apuntaron contra el Gobierno por lo que consideran una doble vara en el trato a los trabajadores estatales. “Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal, hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores”, acusaron en el sindicato.

El gremio también anticipó resistencia frente a la disposición oficial, tanto para garantizar los puestos laborales como para reclamar mejoras salariales para el personal del Estado.

El gobierno de Milei presenta la poda como parte de su agenda de “desregulación” y reducción del gasto público. Sturzenegger se convirtió en una de las figuras centrales de ese proceso: interviene en la revisión de estructuras, impulsa reformas administrativas y aparece como uno de los funcionarios encargados de sostener el discurso oficial contra lo que el oficialismo define como exceso de Estado.

JJD, con información de la agencia NA.

China decidió mirar la inteligencia artificial desde el lugar que más incomoda al discurso tecnológico: el empleo. El Consejo de Estado, el Ejecutivo chino, anunció que hará un seguimiento específico del impacto de la IA sobre el mercado laboral durante los próximos cinco años, dentro de las directrices que marcarán la política nacional de empleo entre 2026 y 2030.

La decisión no frena la carrera tecnológica. China quiere avanzar en inteligencia artificial, competir con Estados Unidos, apuntalar a empresas como DeepSeek, ByteDance, Alibaba o Tencent y reforzar su autosuficiencia en sectores estratégicos. Pero el Gobierno chino también parece asumir algo que muchas compañías prefieren dejar en segundo plano: la IA puede crear empleos, pero también destruirlos, cambiar perfiles laborales, acelerar tareas y dejar trabajadores afuera.

Según informó la agencia EFE, el documento oficial llama a llevar adelante “una investigación en profundidad” para afrontar de manera proactiva el impacto de la IA sobre el empleo. La misma lógica aparece frente a otros factores sensibles para Pekín, como el envejecimiento de la población o los cambios en el “entorno exterior”, una fórmula diplomática que alude a las tensiones geopolíticas, especialmente con Estados Unidos.

El punto más relevante es la creación de un mecanismo de seguimiento y evaluación del impacto de la IA sobre el empleo. Ese dispositivo deberá desarrollar un sistema de encuestas para analizar cómo influye la tecnología en el mercado laboral: no sólo cuántos puestos puede destruir, sino también qué nuevos empleos puede crear, qué perfiles empiezan a buscar las empresas y cuánto penetran estas herramientas en los lugares de trabajo.

La diferencia de enfoque importa porque, en buena parte del debate global, la inteligencia artificial aparece presentada como innovación, productividad o ventaja competitiva. China decidió ubicarla también como un riesgo laboral que debe medirse. El mensaje político del gigante asiático es que el impacto de la IA no puede quedar librado únicamente a las empresas que la incorporan, la venden o la usan para reorganizar su personal.

Las directrices chinas también plantean mejorar la capacidad oficial para seguir y advertir riesgos relacionados con el empleo. Pekín quiere establecer un sistema de alerta temprana para regiones, industrias, empresas, grupos de población o períodos considerados clave. La idea es detectar dónde puede aparecer una presión laboral antes de que se transforme en desempleo abierto, conflicto social o deterioro de ingresos.

El tamaño del problema explica la cautela. La tasa oficial de desempleo urbano cerró mayo en 5,1%, dentro del límite máximo de 5,5% fijado para este año. Pero China tiene una fuerza laboral de más de 767 millones de personas. En una economía de esa escala, un salto en el desempleo puede convertirse en un factor de desestabilización social y afectar la base de legitimidad del Partido Comunista, construida durante décadas sobre crecimiento, empleo y mejora material.

Las estadísticas oficiales chinas fueron cuestionadas en distintas ocasiones por su confiabilidad. Tal vez por eso, las autoridades también prevén utilizar métricas alternativas, como pagos móviles o consumo industrial de electricidad, para analizar la evolución del mercado laboral mediante macrodatos, lo más próximo a un monitoreo en tiempo real.

El plan no presenta la inteligencia artificial solamente como una amenaza sino que también habla de aprovecharla para promover el empleo, explorar nuevas formas de colaboración entre humanos y máquinas y aplicar esas herramientas en políticas y servicios laborales. La formulación oficial apunta a aprovechar los “dividendos” del desarrollo de la IA para garantizar empleo y mejorar el sustento de la población.

China no quiere elegir entre IA y empleo: quiere las dos cosas

El país asiático se propone acelerar la tecnología y evitar que la automatización golpee el mercado laboral con fuerza suficiente como para erosionar ingresos, expectativas y estabilidad social. El desafío es enorme porque los sectores más expuestos no son únicamente los industriales sino que quedan alcanzados servicios, comercio, tareas administrativas, atención al cliente, logística, programación, diseño, educación y funciones de oficina.

La decisión china llega en una semana en la que el debate global volvió a mostrar sus dos caras. Jeff Bezos dijo en VivaTech, la feria tecnológica de París, que la inteligencia artificial no volverá redundantes a los humanos y que incluso puede generar escasez laboral. Esa mirada optimista es habitual entre los dueños de la tecnología: cada revolución destruye ciertos trabajos, pero crea otros nuevos; cada herramienta aumenta la productividad y abre oportunidades.

Los datos que circulan en Estados Unidos muestran un cuadro menos lineal. En mayo, los empleadores estadounidenses anunciaron 97.006 recortes de puestos y el 40% de esos despidos estuvo vinculado a la inteligencia artificial, según datos de Challenger, Gray & Christmas citados por Reuters. Gartner, además, advirtió que cerca del 80% de las grandes organizaciones que prueban o despliegan capacidades autónomas reportó reducciones de personal, pero que esos recortes no necesariamente se traducen en mejores resultados.

Ese contraste no convierte a China en un modelo laboral ideal. El país mantiene fuertes restricciones políticas, limita la organización sindical independiente y administra la información pública bajo control estatal. Pero el movimiento sí muestra otra forma de encarar la discusión: la IA no aparece sólo como una apuesta de innovación empresarial, sino como una variable que puede afectar empleo, ingresos, capacitación, perfiles laborales y estabilidad social.

JJD

Jeff Bezos eligió el tono optimista: la inteligencia artificial no va a dejar a los humanos sin trabajo, dijo, sino que puede crear una escasez de trabajadores. El problema es que, mientras los dueños de la tecnología prometen abundancia futura, muchas empresas vienen usando la IA para justificar despidos presentes.

El fundador de Amazon habló este miércoles en VivaTech, la feria tecnológica de París, y presentó una mirada casi inversa a la que temen millones de trabajadores: según él, la IA no hará redundantes a las personas, sino que bajará barreras, permitirá crear más, construir más y multiplicar las tareas disponibles. En su lectura, el problema no será la falta de empleo, sino la falta de trabajadores.

La frase encaja bien en el discurso de Silicon Valley: cada revolución tecnológica destruye ciertos puestos, pero crea otros nuevos; cada herramienta libera tiempo, aumenta productividad y abre oportunidades. Sin embargo, el mercado laboral ya muestra una zona bastante menos luminosa. En mayo, los empleadores de Estados Unidos anunciaron 97.006 recortes de puestos y el 40% de esos despidos estuvo vinculado a la inteligencia artificial, según datos de Challenger, Gray & Christmas citados por la agencia Reuters.

Los dueños de la IA prometen trabajo futuro, pero las empresas ya contabilizan trabajadores presentes como costo reemplazable. La discusión no es si la tecnología puede aumentar la productividad. Puede hacerlo. La pregunta laboral es quién captura esa productividad, quién pierde el puesto en nombre de la eficiencia y qué pasa con quienes quedan dentro de organizaciones cada vez más automatizadas.

El propio caso de Amazon muestra el contraste. Reuters recordó que la empresa recortó unos 30.000 puestos corporativos desde fines del año pasado, en parte por ganancias de eficiencia asociadas a la IA. Andy Jassy, su CEO, ya había advertido que la mayor automatización mediante herramientas de inteligencia artificial derivaría en pérdidas de empleo corporativo. Bezos habla de escasez de trabajadores; la empresa que fundó viene achicando personal.

Un informe reciente de Gartner ayuda a ordenar esa discusión. La consultora relevó a 350 ejecutivos globales de empresas con ingresos anuales de al menos US$1.000 millones que ya estaban probando o desplegando capacidades autónomas, como agentes de IA, automatización inteligente u otras tecnologías similares. Cerca del 80% reportó reducciones de personal. Pero Gartner marcó un punto incómodo para los propios empresarios: esos recortes no parecen traducirse necesariamente en retorno de inversión.

La advertencia es fuerte porque discute el reflejo más elemental de muchas compañías: despedir para demostrar que la IA “rinde”. Gartner lo dijo en términos empresariales, no sindicales: las reducciones de personal pueden liberar presupuesto, pero no crean retorno por sí solas. Las organizaciones que mejoran sus resultados no son necesariamente las que eliminan personas, sino las que invierten en habilidades, roles y modelos operativos para que los humanos guíen, gobiernen y escalen los sistemas autónomos. Es decir que cortar cabezas puede mejorar un Excel en el corto plazo, pero no prueba que la inteligencia artificial esté creando valor real. Puede ser apenas una forma nueva de nombrar un ajuste viejo.

El debate público sobre la IA está en un brete

Ese punto importa porque buena parte del debate público sobre IA quedó atrapado en dos extremos. De un lado, el entusiasmo empresario que imagina una productividad sin límites. Del otro, la idea de un reemplazo total e inmediato de trabajadores por máquinas. La evidencia empieza a mostrar algo más complejo: no todos los puestos desaparecen, pero muchas tareas se reorganizan; no todos los trabajadores son despedidos, pero muchos empleos cambian; no toda búsqueda laboral se cancela, pero algunas contrataciones se enfrían o se rediseñan.

Ahí entra otro estudio reciente, Generative AI and the Reorganization of Labor Demand, elaborado por Fangyan Wang, Zaiyan Wei y Yang Wang. El trabajo analizó ofertas de empleo en Estados Unidos y buscó medir cómo las empresas reorganizan la demanda laboral a medida que se difunde la inteligencia artificial generativa. Su conclusión no es simplemente que la IA destruye empleos. Es más precisa: las firmas están modificando dónde contratan, qué puestos buscan y qué tareas incluyen dentro de cada empleo.

El estudio identificó dos movimientos principales. Por un lado, la reasignación de demanda entre puestos: las empresas cambian qué perfiles buscan y cuáles dejan de priorizar. Por otro lado, el rediseño interno de los trabajos: las tareas que antes formaban parte de un puesto pueden desaparecer, mezclarse con otras o quedar absorbidas por herramientas de IA.

Los autores calcularon que la reasignación de demanda entre empleos explicó en promedio el 52% del ajuste, mientras que el rediseño de tareas dentro de los puestos representó el 39,5%. La IA no sólo amenaza con eliminar trabajos: también cambia la arquitectura interna del empleo, altera qué se espera de cada trabajador y reordena las puertas de entrada al mercado laboral.

Ese matiz es central para mirar el impacto sobre jóvenes y perfiles iniciales. El estudio encontró que los puestos senior tienden a ajustarse antes, sobre todo mediante cambios en la demanda entre empleos, mientras que los puestos junior enfrentan una combinación más amplia de reasignación, rediseño de tareas e interacción entre ambos procesos. En otras palabras: quienes recién ingresan al mercado laboral pueden encontrarse con menos tareas de aprendizaje, menos posiciones de entrada o puestos que exigen desde el primer día habilidades antes reservadas para perfiles con más experiencia.

La pregunta no es sólo cuántos empleos destruye la IA sino qué tipo de empleo deja en pie. Si las tareas más repetitivas, administrativas o iniciales pasan a herramientas automatizadas, una parte del aprendizaje laboral puede desaparecer del recorrido. Lo que para una empresa aparece como eficiencia puede significar para un trabajador joven menos oportunidades para entrar, equivocarse, aprender y acumular experiencia.

Cuando una compañía incorpora IA y reduce personal, las tareas no siempre desaparecen: muchas veces se redistribuyen entre menos trabajadores, se aceleran los tiempos, se amplían responsabilidades y se espera que cada persona produzca más con herramientas nuevas. La productividad prometida puede convertirse en sobrecarga real si no se discuten jornada, salarios, capacitación, control humano y participación sindical.

El dato de Gartner vuelve ahí con fuerza. Si las empresas que recortan no obtienen necesariamente mejores retornos, entonces el despido no aparece como una consecuencia inevitable de la tecnología, sino como una decisión de gestión. La IA no firma telegramas. Los firman empresas que eligen convertir una herramienta de productividad en una poda de personal.

Bezos no es el único empresario que presenta una mirada optimista. Buena parte del sector tecnológico insiste en que la IA creará empleos nuevos, abrirá mercados y permitirá a las personas dedicarse a tareas de mayor valor. Puede ocurrir en algunos casos. La historia del trabajo muestra que las innovaciones no sólo destruyen ocupaciones: también crean otras. Pero esa transición nunca fue automática, neutral ni indolora. Siempre tuvo ganadores, perdedores, conflictos y reglas.

La diferencia es que esta vez la promesa llega en un contexto de empresas que ya usan la IA para achicar estructuras, justificar congelamientos de contratación o exigir más producción con menos personal. En ese marco, hablar de “trabajos del futuro” sin mirar los despidos del presente sirve más a la estrategia comunicacional de las compañías que a la experiencia concreta de los trabajadores.

También hay una disputa por el relato. Si una empresa despide y dice que lo hace por IA, coloca el recorte bajo una apariencia de inevitabilidad técnica. Parece una consecuencia del progreso, no una decisión empresarial. Pero los estudios disponibles empiezan a mostrar que la relación entre inteligencia artificial, productividad y empleo es más política y organizacional que automática. Depende de cómo se implementa, quién decide, qué tareas se automatizan, qué trabajadores se capacitan y qué derechos se protegen.

Para trabajadoras y trabajadores, el punto no es rechazar la tecnología. Es impedir que la tecnología sea usada como una excusa para precarizar. La IA puede asistir tareas, reducir cargas repetitivas, mejorar procesos y abrir funciones nuevas. Pero también puede concentrar poder empresario, debilitar puestos de entrada, acelerar ritmos, justificar despidos y trasladar a los trabajadores el costo de una transición que beneficia a accionistas y ejecutivos.

El discurso de Bezos resume la promesa. Los datos de despidos muestran la práctica. Gartner agrega una advertencia empresaria: despedir no garantiza resultados. Y el estudio sobre demanda laboral muestra el cambio más profundo: el mercado de trabajo no sólo pierde o gana puestos, sino que se reorganiza desde adentro.

La discusión, entonces, no debería quedar en si la IA “crea” o “destruye” empleo en abstracto. La pregunta es quién gobierna esa transformación. Si la deciden sólo las empresas, la productividad puede terminar convertida en menos puestos, más presión y menos poder de negociación. Si intervienen sindicatos, Estados, regulaciones y trabajadores, la tecnología puede distribuir de otra manera sus beneficios.

JJD

Un solo hijo o hija de entre 6 y 12 años demandó en mayo $665.950 por mes en la Argentina, es decir casi 460 dólares al tipo de cambio minorista del Banco Nación de este martes. En el mismo mes, el salario mínimo fue de $363.000, menos de 250 dólares. Es decir que para cubrir la canasta de crianza más alta hizo falta casi 1,8 salario mínimo, sin contar alquiler, servicios, transporte, comida, salud y el resto de los gastos de un hogar.

El dato surge del último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre la valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. El indicador mide cuánto cuesta sostener a niños y niñas de hasta 12 años y combina dos componentes: el valor de los bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana y el costo del tiempo de cuidado.

La canasta más alta correspondió al tramo de 6 a 12 años, con $665.950 mensuales. Le siguieron los niños y niñas de 1 a 3 años, con $620.125. Para el grupo de 4 a 5 años, el valor fue de $529.756, mientras que criar a un bebé menor de un año demandó $520.569.

La cifra cambia según la edad, pero el problema se repite en todos los casos: ningún tramo de crianza queda cerca de los ingresos más bajos del mercado laboral. El salario mínimo de mayo alcanzó apenas para cubrir el 54,5% de la canasta más cara. Dicho de otro modo: un trabajador que cobró el mínimo no llegó ni siquiera a cubrir el costo mensual estimado por el Indec para criar a un solo hijo de 6 a 12 años.

El desfasaje también aparece cuando se mira la Asignación Universal por Hijo (AUH), uno de los principales programas de transferencia de ingresos para hogares con niños y niñas. En mayo, la AUH fue de $141.286 por hijo. Incluso si se toma el monto total, cubrió apenas el 21% de la canasta más alta. Como el pago mensual efectivo es del 80% y el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la libreta, el ingreso directo fue todavía menor: alrededor del 17% de ese costo.

El informe vuelve a mostrar que criar no es sólo comprar alimentos, ropa, útiles, medicamentos o pagar transporte. También implica tiempo. Y ese tiempo tiene un valor económico, aunque en la mayoría de los hogares no aparezca en ningún recibo de sueldo.

En mayo, el costo del cuidado fue de $350.809 para menores de 1 año y de $400.925 para niños y niñas de 1 a 3 años. En esos primeros años de vida, el cuidado representó casi dos tercios del costo total de la crianza. Para el grupo de 4 a 5 años, el costo del cuidado fue de $250.578, y para el tramo de 6 a 12 años, de $319.628.

Ese componente se calcula a partir de las horas mensuales de cuidado requeridas para cada edad y de la remuneración del personal de casas particulares en la categoría “asistencia y cuidado de personas”. Según el Indec, un bebé menor de un año requiere 147 horas mensuales de cuidado; un niño o niña de 1 a 3 años, 168 horas; el grupo de 4 a 5 años, 105 horas; y el tramo de 6 a 12 años, 84 horas.

La estructura de la canasta muestra una tensión central para las familias trabajadoras. En los primeros años, el costo más alto no está en los bienes y servicios, sino en el tiempo humano necesario para cuidar. En el tramo de 1 a 3 años, por ejemplo, los bienes y servicios costaron $219.200, pero el cuidado ascendió a $400.925. El trabajo que sostiene la crianza vale más que el consumo, pero sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres y continúa mal reconocido por el mercado y por el Estado.

La situación cambia parcialmente en edades escolares. Para niños y niñas de 6 a 12 años, los bienes y servicios tuvieron un peso mayor: $346.321 frente a $319.628 de cuidado. Aun así, el costo total fue el más alto de todos los tramos, porque la canasta básica total aplicada a esa edad aumenta y porque la crianza sigue demandando acompañamiento, traslados, alimentación, controles de salud, escolaridad, actividades y tiempo adulto.

Respecto de abril, todos los tramos volvieron a subir. La canasta de menores de 1 año pasó de $511.763 a $520.569. La de 1 a 3 años subió de $609.574 a $620.125. La de 4 a 5 años pasó de $520.413 a $529.756. Y la de 6 a 12 años trepó de $654.221 a $665.950. Las subas mensuales rondaron entre 1,7% y 1,8%, por debajo de la inflación general de mayo, pero sobre valores que ya estaban muy lejos de los ingresos de buena parte de los hogares.

La comparación interanual también muestra una escalada sostenida. En mayo de 2025, criar a un niño o niña de 6 a 12 años costaba $516.113. Un año después, la misma canasta llegó a $665.950. El aumento fue de 29% nominal en doce meses, una carga adicional para familias que ya venían arrastrando pérdida de poder adquisitivo, endeudamiento y dificultad para cubrir gastos básicos.

La canasta de crianza se convirtió en un indicador especialmente sensible porque permite ver una zona del costo de vida que suele quedar diluida en otros índices. El IPC mide precios. La canasta básica mide pobreza e indigencia. Pero la canasta de crianza pone número a una pregunta concreta: cuánto cuesta sostener la vida cotidiana de un niño o una niña cuando se incorporan bienes, servicios y tiempo de cuidado.

Esa medición tiene impacto directo sobre la vida laboral. Muchas madres reducen horas pagas, rechazan empleos, aceptan tareas informales o dependen de redes familiares porque el costo de cuidar supera los ingresos disponibles. En hogares monomarentales, esa presión se multiplica: un solo ingreso debe cubrir alquiler, comida, transporte, escuela, salud y crianza, mientras el tiempo de cuidado limita la posibilidad de trabajar más horas o acceder a mejores empleos.

El informe del Indec no mide sólo un gasto privado. Muestra una transferencia silenciosa de costos hacia las familias y, dentro de ellas, hacia las mujeres. Cuando no hay jardines suficientes, licencias extendidas, horarios compatibles, políticas de cuidado, salarios adecuados o transferencias estatales proporcionales, la crianza se resuelve con sobrecarga, endeudamiento o renuncia a ingresos.

Por eso la discusión excede la administración doméstica. La canasta de crianza vuelve a poner sobre la mesa el vínculo entre salarios, cuidados y desigualdad. Si criar a un solo hijo cuesta hasta $665.950 y el salario mínimo queda en $363.000, el problema no es sólo cuánto suben los precios. También es cuánto vale el trabajo, cuánto acompaña el Estado y quién paga, con dinero y con tiempo, el costo real de sostener la vida.

El Indec puso otra vez la cifra. Criar a un hijo en la Argentina ya puede costar casi dos salarios mínimos por mes.

JJD

La Organización Internacional del Trabajo avanzó en Ginebra con una norma internacional para ordenar uno de los territorios laborales más precarizados de la economía digital: el trabajo en plataformas. La 114ª Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el texto final del Convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, una norma que fija obligaciones para los Estados y apunta directamente al poder de las aplicaciones, los algoritmos y las empresas que organizan trabajo sin reconocer, muchas veces, una relación laboral tradicional.

La señal política del convenio es que la economía de plataformas deja de aparecer como un territorio excepcional, gobernado sólo por términos y condiciones privados, decisiones algorítmicas y contratos de adhesión. La OIT plantea que los Estados deben regular ese universo: definir responsabilidades, controlar la clasificación laboral, garantizar derechos mínimos, abrir vías de reclamo y poner límites a las decisiones automatizadas.

El convenio no se limita a repartidores o conductores. La definición de plataforma digital de trabajo abarca a toda persona jurídica —o física, cuando corresponda según la legislación nacional— que, mediante tecnologías digitales y sistemas automatizados de toma de decisiones, organiza o facilita trabajo remunerado para prestar un servicio. Ese trabajo puede hacerse en línea o en una ubicación geográfica específica. En otras palabras: alcanza tanto a quienes pedalean, manejan o reparten en la calle como a quienes realizan tareas digitales organizadas por plataformas.

La definición de trabajador de plataformas también es amplia. El texto incluye a toda persona empleada o contratada para prestar servicios organizados o facilitados por una plataforma digital de trabajo, a cambio de remuneración o pago, independientemente de la clasificación de su situación en el empleo. Ese punto es clave: la OIT no acepta que la etiqueta contractual colocada por la empresa cierre por sí sola la discusión sobre derechos.

Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa una agenda laboral de flexibilización y reconocimiento de figuras autónomas para el trabajo en plataformas, la OIT acaba de fijar un criterio internacional que empuja en otra dirección: la clasificación de los trabajadores debe basarse en los hechos reales del trabajo, la ejecución de tareas y la forma de pago, no sólo en el nombre del contrato.

El abogado laboralista Juan Ottaviano, asesor de la Asociación Gremial de Computación, participó de la conferencia en Ginebra y vinculó el alcance del convenio con la situación argentina. “La mayoría de los trabajadores de plataformas están subclasificados como independientes y no gozan de derechos laborales básicos. El convenio de la OIT busca revertir esa situación”, le dijo por teléfono desde Suiza a trabajAR.

Ottaviano también apuntó contra la Ley de Modernización Laboral aprobada durante el gobierno de Milei. “Por esa ley, la Argentina es uno de los pocos países que excluye expresamente a los trabajadores de plataformas de la protección laboral. Con este convenio, la Argentina debería modificar esa previsión incluso antes de ratificarlo”, sostuvo.

El convenio no declara automáticamente que todos los trabajadores de plataformas sean empleados en relación de dependencia. Pero obliga a los Estados a adoptar medidas para asegurar una clasificación correcta, vinculada a la existencia o inexistencia de una relación de trabajo. Esa definición debe mirar cómo se realiza el trabajo, cómo se remunera, qué control ejerce la plataforma y cuáles son las condiciones concretas de prestación del servicio.

El texto, de hecho, mantiene abierta la existencia de trabajadores de plataformas clasificados como independientes. La diferencia es que ya no deja esa definición sólo en manos de la empresa: exige que la clasificación sea correcta, basada en los hechos reales del trabajo, y que no funcione como una vía para dejar a quienes trabajan fuera de derechos básicos.

Ese criterio golpea el corazón del modelo de muchas aplicaciones. Empresas de reparto, transporte y servicios digitales suelen presentar a quienes trabajan para ellas como autónomos, colaboradores, prestadores independientes o usuarios de una tecnología. La OIT, en cambio, pone el foco en la realidad material: si una plataforma organiza el trabajo, fija reglas, controla el acceso a tareas, evalúa desempeño, define pagos o puede desactivar cuentas, la discusión sobre derechos laborales no puede cerrarse con una cláusula contractual.

El texto incorpora además los principios y derechos fundamentales en el trabajo dentro de la economía de plataformas: libertad sindical, reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil, no discriminación y derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Para un sector marcado por la fragmentación, la dispersión y la gestión individualizada por aplicaciones, el reconocimiento de la organización colectiva es uno de los puntos más relevantes.

En Argentina, repartidores, conductores y trabajadores organizados por plataformas enfrentan dificultades para sindicalizarse, negociar condiciones colectivas o reclamar frente a cambios unilaterales en tarifas, bloqueos de cuentas, modificaciones de recorridos o exigencias de disponibilidad. El convenio de la OIT introduce un principio: la economía digital no queda fuera de la libertad sindical ni de la negociación colectiva.

La norma también avanza sobre seguridad y salud en el trabajo. Los Estados deberán adoptar medidas para prevenir accidentes, enfermedades profesionales y cualquier otro daño para la salud que sea consecuencia del trabajo, guarde relación con él o sobrevenga durante su realización. En el caso de plataformas de reparto o transporte, esa obligación toca problemas concretos: siniestros viales, exposición climática, jornadas extensas, presión por tiempos de entrega y riesgos asumidos muchas veces por el propio trabajador.

El convenio reconoce incluso el derecho a alejarse de una situación de trabajo cuando existan motivos razonables para considerar que presenta un peligro grave e inminente para la vida o la salud, sin sufrir consecuencias injustificadas. Para un repartidor que circula bajo tormenta, para un conductor expuesto a situaciones violentas o para una trabajadora que recibe una tarea insegura, esa cláusula introduce un límite al mandato permanente de aceptar pedidos para no perder ingresos o reputación dentro de la app.

Otro capítulo aborda la violencia y el acoso, incluidos los casos que ocurran en línea o que involucren a terceros, como clientes. La economía de plataformas suele desplazar parte del riesgo hacia el trabajador: el cliente califica, denuncia, cancela, insulta o agrede; la plataforma intermedia, pero muchas veces decide con poca transparencia. El convenio obliga a los Estados a adoptar medidas para proteger de manera eficaz a los trabajadores frente a esas situaciones.

La remuneración es otro punto central. El texto exige que el pago adeudado se realice de manera puntual y completa. Para quienes estén vinculados por una relación de trabajo, la remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo aplicable, excluidas propinas u otras gratificaciones. Además, esos trabajadores deberán ser compensados por los gastos o costos incurridos para realizar su tarea, de acuerdo con la legislación y la práctica nacionales.

Ese punto es decisivo en las plataformas. Bicicleta, moto, combustible, celular, datos móviles, mantenimiento, seguro, elementos de seguridad o tiempo de espera suelen quedar a cargo del trabajador. La OIT establece una línea: la remuneración no incluye la compensación por gastos; el pago por trabajar no debe confundirse con el reintegro de los costos necesarios para poder trabajar.

La seguridad social también entra en el convenio. Los Estados deberán asegurar que los trabajadores de plataformas tengan acceso a protección en condiciones no menos favorables que las aplicables a otros trabajadores con la misma clasificación de empleo. El objetivo es impedir que el formato digital de organización del trabajo funcione como una vía para excluir a millones de personas de cobertura previsional, salud laboral, licencias o prestaciones básicas.

La parte más novedosa aparece en la gestión algorítmica. Las plataformas deberán informar a trabajadores, representantes u organizaciones sobre el uso de sistemas automatizados, algoritmos o métodos similares para seguimiento, evaluación del trabajo o generación de decisiones laborales. También deberán informar en qué medida esos sistemas impactan en las condiciones de trabajo o en el acceso a tareas.

Ese punto traduce al lenguaje laboral una experiencia cotidiana de quienes trabajan con aplicaciones: no siempre saben por qué reciben menos pedidos, por qué bajó su calificación, por qué cambió su tarifa, por qué fueron suspendidos o por qué la cuenta quedó desactivada. El convenio exige transparencia sobre esos sistemas y reconoce que el algoritmo puede funcionar como jefe, supervisor, evaluador y sancionador al mismo tiempo.

La norma va más allá de la información. Cuando una decisión sea generada por un sistema automatizado y afecte negativamente las modalidades de trabajo o el acceso al trabajo, el trabajador deberá poder solicitar una explicación por escrito. También deberá tener acceso a una revisión cuando la decisión implique falta de pago, suspensión, desactivación de la cuenta o terminación del empleo o contratación. Esa revisión deberá contar con intervención humana apropiada.

Es decir que una plataforma no debería poder bloquear, suspender o dejar sin ingresos a una persona sólo por una decisión opaca de un sistema automatizado. La OIT reconoce así uno de los problemas laborales centrales del presente: trabajadores que dependen de una aplicación para generar ingresos, pero no tienen a quién reclamar cuando una decisión algorítmica los expulsa o les reduce el acceso al trabajo.

El convenio también incorpora protección de datos personales y privacidad. Los trabajadores tendrán derecho a solicitar acceso a sus datos personales procesados por las plataformas, así como su rectificación y supresión, según la legislación aplicable. En un modelo empresarial que acumula datos sobre ubicación, tiempos, aceptación de pedidos, desempeño, calificaciones y disponibilidad, esa protección se vuelve parte de la disputa laboral.

La norma prohíbe además la suspensión o desactivación de cuentas, o la terminación del empleo o contratación, cuando se base en motivos discriminatorios u otros motivos ilegales. Y exige que los trabajadores reciban información oportuna, verificable y fácilmente comprensible sobre sus condiciones de empleo o contratación. La opacidad contractual, frecuente en términos y condiciones extensos o modificables por la propia app, queda así bajo cuestionamiento.

Para los trabajadores migrantes y refugiados, el convenio ordena adoptar medidas para prevenir abusos en la contratación y el trabajo en plataformas. Ese punto también dialoga con la realidad argentina y regional: una parte importante del reparto urbano y de los trabajos de plataformas se apoya en población migrante, muchas veces con menor capacidad de reclamo, mayor urgencia económica y más exposición a condiciones informales.

El texto también establece mecanismos de solución de conflictos, vías de recurso y reparación, y control de cumplimiento de la legislación nacional y los convenios colectivos pertinentes. La economía de plataformas no queda planteada como un espacio autorregulado por empresas tecnológicas, sino como un campo laboral sujeto a normas, inspección, derechos y obligaciones.

La dimensión política del convenio es inocultable: la OIT no niega que las plataformas hayan creado oportunidades de ingresos, desarrollo empresarial y formalización. El propio texto lo reconoce. Pero también reconoce déficits de trabajo decente y la necesidad de normas específicas para una modalidad que transformó el mundo del trabajo. La novedad no está en demonizar la tecnología, sino en impedir que la tecnología sea usada para degradar derechos.

En la Argentina, esa decisión de la OIT llega en un momento sensible. El gobierno de Milei presenta la flexibilización laboral como modernización y promueve esquemas que separan a trabajadores de plataformas de la relación laboral tradicional. La OIT acaba de aprobar un convenio que coloca otra vara: modernizar no puede significar dejar a quienes trabajan bajo control algorítmico sin salario mínimo, seguridad social, organización colectiva, protección frente a accidentes o revisión humana de sanciones.

La diferencia de enfoque es nítida. Para las plataformas y los gobiernos que priorizan desregulación, el trabajador aparece como prestador independiente conectado a una aplicación. Para la OIT, la pregunta no se agota ahí: importa quién organiza el trabajo, quién controla el acceso a los pedidos, quién fija las condiciones, quién decide el pago, quién evalúa el desempeño y quién puede cortar la cuenta.

El convenio deberá ser ratificado por los Estados para entrar en vigor en cada país. Según el texto final, obligará únicamente a los miembros de la OIT cuyas ratificaciones registre el Director General y entrará en vigor doce meses después de que dos países lo ratifiquen. Para cada Estado que lo ratifique después, regirá doce meses después de su propio registro.

Ese camino puede ser largo, pero la señal internacional ya quedó marcada. La OIT fijó un piso global para una discusión que las plataformas intentaron mantener durante años en el terreno de la innovación, la flexibilidad y la autonomía individual. El nuevo convenio devuelve el conflicto a su lugar original: si hay trabajo organizado por empresas, hay derechos que no pueden quedar escondidos detrás de una app.

JJD

La inflación de mayo bajó a 2,1% y marcó el segundo mes consecutivo de desaceleración, pero está aún lejos de permitir hablar de un alivio al bolsillo de los trabajadores. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 14,7% en los primeros cinco meses de 2026 y registró una suba interanual de 33,2%, según informó este miércoles el Indec.

El Gobierno consiguió el número mensual más bajo del año, después del 3,4% de marzo y el 2,6% de abril. Pero Javier Milei sigue sin cumplir la promesa con la que llegó a la presidencia: terminar con la inflación. En mayo, los precios volvieron a subir más de 2% en un solo mes, una velocidad que se suma al deterioro previo de los ingresos y al encarecimiento acumulado de alimentos, servicios, alquileres, transporte, salud y educación.

La desaceleración recorta la velocidad del aumento, pero no devuelve poder de compra por sí sola. Para los hogares que viven de un salario, el problema es qué precios siguen aumentando y cuánto pesan esos consumos dentro del presupuesto familiar. Un trabajador no paga el promedio sino la comida, el alquiler, la luz, el gas, el transporte, internet, la telefonía celular, los remedios y la cuota de la escuela. Y todo esto es lo que más sube.

En mayo, la división con mayor aumento mensual fue comunicación, con 3,4%, impulsada por los servicios de telefonía. Le siguieron educación, con 2,9%; recreación y cultura, con 2,8%; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,6%; salud, también con 2,6%; y alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2,5%. Todos esos rubros quedaron por encima del nivel general o muy cerca de él.

El dato alimentario vuelve a ser central. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,5% en mayo y fue la división de mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones del país. El Indec atribuyó ese impacto a los aumentos en pan y cereales y en productos lácteos.

El acumulado del año muestra mejor esa presión. Entre enero y mayo, alimentos y bebidas no alcohólicas subió 16,2%, por encima del 14,7% del nivel general. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 21,1%; educación, 22,5%; comunicación, 16,9%; transporte, 15,1%; y salud, 13,2%.

El nivel general subió 33,2% frente a mayo de 2025, pero varios rubros esenciales quedaron por encima de esa marca: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 48%; educación, 42,7%; transporte, 42,1%; comunicación, 37,4%; restaurantes y hoteles, 37,3%; y alimentos, 33,4%. Los números explican por qué la inflación, aunque “baja”, como dice el Gobierno, sigue siendo un ataque feroz a los hogares: el promedio baja pero los gastos fijos y los consumos básicos siguen corriendo a una velocidad que erosiona el salario.

Este último informe del Indec también muestra una presión mayor de los servicios. El mes pasado, los bienes subieron 2% y los servicios, 2,5%. La diferencia se agranda al mirar el acumulado: los bienes aumentaron 13,3% en los primeros cinco meses del año, mientras los servicios avanzaron 17,5%. En la comparación interanual, la distancia es todavía más fuerte: los bienes subieron 28,8% y los servicios, 42,8%.

Una inflación del Indec que es menor a la real

Ese dato tiene una lectura adicional: el IPC vigente todavía se calcula con una estructura de consumo vieja, basada en los hábitos relevados en 2004-2005. La actualización que el Indec tenía previsto aplicar desde enero de 2026, postergada tras la salida de Marco Lavagna del organismo, iba a tomar una canasta más reciente y a darle más peso a rubros como vivienda, servicios y transporte. Justamente esos gastos fijos —luz, gas, agua, alquileres, combustibles, telefonía, internet y transporte— son los que más condicionan el presupuesto de los hogares trabajadores y los que menos margen dejan para ajustar cuando el salario no acompaña.

Los precios regulados también volvieron a quedar por encima del nivel general. En mayo aumentaron 2,4%, por debajo del salto de abril, pero todavía más que el IPC. El Indec explicó esa suba por aumentos en combustibles, electricidad y agua. Los estacionales subieron 3,5%, por el aumento de verduras compensado parcialmente por la caída de frutas. El IPC núcleo, que excluye regulados y estacionales, avanzó 1,9%, con subas vinculadas a restaurantes, bares, casas de comida y productos farmacéuticos.

La inflación de mayo también debe leerse junto con los datos salariales disponibles. El último índice de salarios publicado por el Indec mostró que en marzo los ingresos aumentaron 3,4% y acumularon 8,6% en el primer trimestre, por debajo del 9,4% de inflación del mismo período. Dentro de ese promedio, el sector registrado subió 3% en marzo, menos que el IPC de ese mes, y encadenó otra caída real.

Esa brecha es la que define el poder de compra. Si los salarios llegan tarde o aumentan menos que los precios, una inflación mensual más baja no implica recuperación automática sino que el deterioro avanza a menor velocidad. Para que haya alivio real, los ingresos tienen que ganarle a los precios durante varios meses, además de recuperar lo perdido desde el salto inflacionario que siguió a la devaluación inicial del gobierno de Milei.

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El salario llega hasta donde puede. Después empiezan la tarjeta, la billetera virtual, la mutual, la fintech o el préstamo personal. Las personas endeudadas con proveedores no financieros de crédito pasaron de 9,5 millones a 11,3 millones entre diciembre de 2023 y enero de 2026. Cada vez más hogares usan deuda para cubrir consumos que los ingresos no logran sostener.

Un informe de Fundación Éforo describe la deuda de personas físicas con proveedores no financieros de crédito: fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas no bancarias y otros prestadores que financian consumo por fuera del sistema bancario tradicional. Allí se ve el movimiento de fondo: más personas toman crédito, el volumen total financiado crece y la mora empieza a mostrar que una parte de esos compromisos ya no puede pagarse con los ingresos disponibles.

La deuda promedio por persona pasó de $337.000 a $1.044.000 entre diciembre de 2023 y enero de 2026. Descontada la inflación acumulada del período, cercana al 195%, la suba real fue de alrededor de 5%.

El saldo total financiado muestra mejor esa expansión. Según Éforo, el volumen operado por esos proveedores pasó de $3,2 billones a $11,8 billones en poco más de dos años. Descontando la inflación, ese stock creció alrededor de 25% en términos reales. La deuda promedio individual avanzó poco por encima de los precios, pero la masa total de crédito a personas creció bastante más porque se amplió el universo de deudores.

La deuda ya no aparece sólo al final del mes, cuando una familia no puede pagar. Aparece antes, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir alimentos, servicios, alquiler, transporte, salud o gastos escolares. El crédito es ya una extensión cara del salario.

Eso no debería ser normal en una economía sana, mucho menos en la economía ordenada y de recuperación salarial que Javier Milei prometió durante la campaña presidencial. Cuando ni un salario —y muchas veces ni dos ingresos dentro del mismo hogar— alcanzan para cubrir gastos básicos, el crédito ya no es una opción para ampliar un negocio o comprar un bien durable o resolver una emergencia específica, sino que se vuelve una fuente de estrés permanente porque cada compra necesaria llega con vencimiento, intereses y una pregunta que se repite al mes siguiente: cómo se paga.

La señal más delicada es que el endeudamiento crece al mismo tiempo que la morosidad. Según el informe de Éforo, en los préstamos otorgados por bancos privados el incumplimiento pasó de 4,5% a 10,6%. En los proveedores no financieros de crédito, la mora llegó al 16,2%. En las tarjetas no bancarias, una de las vías principales de financiamiento del consumo cotidiano, alcanzó el 14,5%.

Si sólo creciera el acceso al crédito, podría leerse como una normalización financiera después de años de bajo financiamiento. Si sólo creciera la mora, podría interpretarse como un problema de administración de pagos. Pero cuando suben al mismo tiempo la cantidad de deudores, el volumen financiado y los atrasos, el dato empieza a avisar que los hogares que toman más crédito y encuentran cada vez más dificultades para devolverlo.

El costo de esa deuda profundiza la diferencia entre hogares. Mientras las tasas para préstamos personales en bancos rondaron entre el 70% y el 90% nominal anual durante 2025 y comienzos de 2026, en los proveedores no financieros promediaron el 129%, según el informe. Es decir que quienes tienen ingresos más estables, mejor historial o relación bancaria pueden acceder a líneas menos caras; quienes quedan fuera del sistema formal suelen terminar en circuitos más costosos.

Ese mapa también explica por qué el crecimiento del crédito hipotecario aparece como una excepción. El informe de Éforo marcó una recuperación significativa de esa línea, con un crecimiento real interanual superior al 50% y niveles de mora más bajos que el promedio del sistema. Pero esa mejora convive con un endeudamiento de consumo mucho más tensionado, concentrado en hogares que necesitan crédito para sostener el mes.

El último informe del Banco Central sobre proveedores no financieros de crédito también muestra que el fenómeno siguió vigente en 2026. En febrero, el financiamiento promedio por deudor persona humana alcanzó $1,1 millones, aunque mostró una caída real de 3% entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Ese dato confirma el matiz: el promedio individual dejó de crecer con fuerza en términos reales, pero el volumen de personas endeudadas y la mora sostienen la señal de alerta.

El endeudamiento se volvió una forma de administrar esa distancia. El sueldo paga una parte del mes; el resto se cubre con tarjeta, préstamo, adelanto, billetera o refinanciación. Cada mecanismo tiene su tasa, su vencimiento y su costo. El alivio inmediato puede ser real, pero también deja una obligación futura sobre ingresos que ya venían ajustados.

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