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El Congreso perfila la investigación de abusos en la Iglesia: solo queda viva la iniciativa del Defensor del Pueblo

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo en una imagen de archivo. EFE/J.J. Guillén

Laura Galaup

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El Congreso encarrila el formato con el que se investigarán los abusos sexuales en la Iglesia. Los grupos parlamentarios se han posicionado este martes en el pleno del Congreso sobre la iniciativa presentada por PSOE y PNV para esclarecer las denuncias de abusos en instituciones católicas. Estas dos formaciones pretenden que sea el Defensor del Pueblo el que pilote esas pesquisas, a través de una comisión independiente que tendrá el encargo de elaborar un informe.

El posicionamiento de Unidas Podemos es una incógnita, después de que este martes su propuesta haya decaído en la Junta de Portavoces. El grupo confederal abogaba por una investigación coordinada a través de una comisión que dependa del Congreso. Los socialistas no han apoyado la propuesta del socio mayoritario y, por ahora, tampoco hay acuerdo entre los socios del Gobierno en la enmienda presentada por la coalición a la propuesta socialista que se ha debatido este martes en el Congreso. Las dos formaciones se emplazan a seguir negociando hasta el jueves, que es el día en el que se tendrá que votar la propuesta del PSOE.

Espaldarazo al Defensor del Pueblo

Ciudadanos, BNG y PDeCAT se han posicionado a favor de la iniciativa de PSOE y PNV en el debate. Por su parte, populares y Vox han criticado el texto a debatir. El PP ha presentado otra enmienda para que “se incorporen otros abusos” a la investigación, en línea con la posición de la Iglesia católica, que considera una persecución que la comisión trate solo sobre la pederastia eclesial. En su intervención, la diputada del PP Macarena Montesinos se ha referido a los casos de las menores tuteladas de Baleares y Valencia. Aún así, fuentes del partido conservador no hacen público su posicionamiento y aseguran que no decidirán “hasta ver qué transacción pacta el PSOE con UP”, informa Íñigo Aduriz.  

Por el PNV ha tomado la palabra la diputada Josune Gorospe, que ha defendido que no quieren que su iniciativa se convierta en “una causa general contra ningún colectivo”. Su formación aboga por que la investigación de las denuncias “salga de la guerra política de esta Cámara”. Para los nacionalistas vascos “la mejor fórmula” que permitiría esclarecer lo sucedido en las instituciones católicas pasa por “una comisión de expertos que esté fuera de las diatribas políticas”. 

Por su parte, la ex vicepresidenta del Gobierno y diputada del PSOE, Carmen Calvo, ha defendido que “sean expertos los que escuchen” a las víctimas para conseguir que de esta forma la investigación sea más “rápida”. “Nuestro país ha dado una respuesta lenta”, ha apuntado la política socialista al apostar por un procedimiento ágil. 

Ante los reproches de su socio de Gobierno, Calvo ha asegurado que su propuesta no consiste en “una comisión que esté fuera de los poderes públicos”. Para la portavoz socialista es relevante que en este asunto se alcance un acuerdo en el Congreso. “Lo tenemos que hacer desde aquí, desde la sede de la soberanía popular. Nos han pedido que acordemos, que busquemos unanimidad. Sabemos que en otro países han obtenido respuesta”, ha señalado sobre las peticiones que las víctimas realizan a los políticos. 

En esa línea, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, se ha mostrado decepcionado al no haber llegado a un acuerdo con los socialistas para que su iniciativa salga adelante. Y se ha dirigido a las víctimas para pedirles perdón . “No solo os hemos fallado. Hemos llegado tarde y mal. Nos habéis pedido que nos pusiéramos de acuerdo y hemos dado un espectáculo lamentable”, ha destacado el diputado del grupo confederal.

Decae la comisión parlamentaria

Asens es el interlocutor con el PSOE en este asunto.  En su intervención ha asegurado que la coalición seguirá negociando “hasta el final” para llegar a un acuerdo “porque las víctimas se lo merecen”. El grupo confederal busca alguna cesión del PSOE para darle su apoyo, después de que este mismo martes su iniciativa haya decaído en la Junta de Portavoces del Congreso. La propuesta del grupo confederal, ERC y EH Bildu no ha superado el primer corte tras la abstención de los socialistas y Ciudadanos y el voto en contra de PNV, Vox y PP.  

Algunas víctimas, como el escritor Alejandro Palomas, que desveló en enero que había sufrido abusos sexuales en un colegio de La Salle, han lamentado la decisión de los socialistas. “¿De verdad era tanto pedir? ¿De verdad?”, ha publicado Palomas este martes en su cuenta de Twitter acompañando a la noticia de que el PSOE tumbaba la propuesta Unidas Podemos.

“Creemos que hace falta aprobar una ley que permita crear una auténtica Comisión de la Verdad con poderes legislativos y eso no es el Defensor del Pueblo”, ha insistido el presidente de Unidas Podemos en el Congreso. La coalición confía en que el PSOE termine aceptando alguna de sus propuestas, entre ellas, que la comisión tenga capacidad coercitiva para obligar a representantes de Iglesia a acudir y cuente con metodología clara y capacidad presupuestaria. En esa línea, fuentes del grupo confederal requieren “que los trabajos que pueda hacer el Defensor del Pueblo no limiten el derecho que tiene la sede de la soberanía popular o el Gobierno de constituir una Comisión de la Verdad”. 

Bildu y ERC también han defendido su propuesta. Para la diputada vasca Isabel Pozueta el texto en el que han trabajado las tres formaciones “posibilita” que todas las víctimas “puedan expresarse con libertad”. “Es una PNL descafeinada porque no da respuesta a la principal demanda de las víctimas, que es dar publicidad a sus relatos”, ha señalado la republicana Carolina Telechea i Lozano.

La posición de la Iglesia también ha sido abordada por los diputados. “Estamos en un momento en el que ha cambiado de opinión”, ha apuntado Calvo sobre la institución católica, en alusión a la Comisión de Investigación promovida por el despacho de abogados de Javier Cremades. La exvicepresidenta ha pedido a la jerarquía católica que tengan un papel colaborador en las pesquisas que resulten del parlamento. “Necesitamos que la Iglesia Católica nos ofrezca información para hacer lo que los organismos internacionales nos piden en referencia a los Derechos Humanos”, ha destacado Calvo.

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