El fenómeno climático de El Niño se origina por el calentamiento del océano Pacífico por encima de las temperaturas promedio en el mar. Sus consecuencias son previsibles pero también intensas. En muchas zonas del continente traerá fuertes lluvias e inundaciones. En otras, disminución de las precipitaciones y sequías. Mongabay Latam consultó a expertos en este fenómeno del clima que viene siendo registrado desde finales del siglo XIX y que en 2006 y principios de 2027 podría ser más intenso que en el pasado.

“El Niño es un evento recurrente y es parte de la dinámica del planeta”, afirma Ana Sabogal, directora del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (Inte) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). A continuación, los especialistas explican qué países y zonas pueden esperar las grandes lluvias.

René Garreaud, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), explica que El Niño es un evento que “impacta el clima en todo el mundo”, pero “no en todas partes con la misma intensidad”. Afecta muy “intensamente en Sudamérica”. También impacta en Indonesia, norte de Australia, muchas partes del sudeste asiático, así como en Norteamérica y algunas zonas de África, entre otros lugares.

Durante la entrevista, Garreaud muestra un mapa de Sudamérica en el que se puede ver cómo impacta El Niño en cada zona de la región. Tormentas y lluvias intensas en parte de Chile, las costas de Perú y Ecuador, así como en el norte de Argentina, el sur de Brasil y Uruguay, que tendrán mayor cantidad de lluvias durante octubre, noviembre y diciembre. “Lo que usualmente hace El Niño es potenciar la estación lluviosa” en estas zonas.

En contraste, hay otras zonas que sufrirán sequías: otros sectores de Chile y al otro lado de la cordillera de Los Andes, afectando con menores precipitaciones de lo normal a Colombia y Bolivia, así como partes de Ecuador y Perú. En la Amazonía, las condiciones climáticas también se ven más secas. “El altiplano sudamericano, es decir, parte de Perú, parte de Bolivia y parte del norte de Chile experimentan condiciones más secas y más cálidas”, explica el experto.

“Son impactos globales de precipitación y temperatura, pero después se traducen, por ejemplo, en problemas de seguridad alimentaria o sanitarios. Más agua, más lluvia, más temperatura puede ir de la mano con brotes de cólera y enfermedades infecciosas”, comenta Garreaud, quien también es académico del departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

La posibilidad, cada vez más creciente, de que en esta oportunidad nos enfrentemos a un Niño más intenso ha despertado el recuerdo de aquellos eventos que dejaron ciudades bajo el agua, economías fragmentadas y cientos de personas damnificadas.

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Mientras tanto, el Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) del gobierno de Estados Unidos también ha informado que “el Niño se está fortaleciendo, con una probabilidad mayor del 90 % de un evento muy fuerte para el otoño e invierno del hemisferio norte 2026-27”. La alerta publicada el 13 de agosto por este organismo señala que se podría tratar de una evento histórico que superaría la intensidad de los eventos El Niño registrados desde 1950.

Las tormentas en Chile

“Chile central y el norte de Chile han tenido tormentas muy intensas, eso es característico de los años de El Niño y ocurre, más bien, en invierno”, comenta Garreaud sobre las tormentas que ya están cayendo en ese país y que están dejando miles de damnificados y más de una decena de fallecidos.

Garreaud explica que en el caso de Chile e incluso al otro lado de la cordillera, en la parte sur de Brasil, norte de Argentina y Uruguay, ya se experimentan condiciones más lluviosas. En Chile sucede desde el invierno, en junio, julio y agosto; mientras que el sur de Brasil y Uruguay experimentarán una primavera muy lluviosa, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, explica el experto.

El 10 de agosto el gobierno chileno decretó la “emergencia preventiva” por seis días en el norte de Chile, en las regiones de Arica, Parinacota y Coquimbo, ante el anuncio de fuertes lluvias durante esos días.

Las tormentas ocurridas en Chile durante el mes de julio obligó al gobierno de José Antonio Kast a declarar “estado de catástrofe” en el norte del país, en las regiones de Atacama y Coquimbo, por un período de 30 días a partir del 21 de julio. Las lluvias torrenciales han dejado por lo menos diez personas fallecidas en Atacama y Araucanía, unas 16 personas heridas, cuatro desaparecidos y más de 2400 damnificados. Las tormentas ocasionaron desbordes de ríos y canales, anegamientos, cortes de servicios básicos y restricciones en las carreteras.

“Efectivamente han ocurrido tormentas muy intensas, tanto de lluvia como de nieve”, agrega Garreaud. “Todo el Pacífico se calienta y eso afecta a Perú y a lugares como Antofagasta, Iquique, en el norte de Chile, que están con temperaturas por encima del promedio”.

El experto habla de los impactos económicos y sociales en Chile como consecuencia de la presencia de El Niño. “Se estima que el costo, por ahora, va del orden de los 1200 millones de dólares, por cortes de camino producto de aluviones, cortes de infraestructura vial e inundaciones en la zona centro y sur”.

Por otro lado, Garreaud menciona que los pasos fronterizos entre Chile y Argentina estuvieron cerrados, lo que produjo problemas en el transporte terrestre y de importación y exportación de artículos. “La gente lo está pasando muy mal porque cada vez que hay una tormenta grande se cierra la escuela, se corta el agua potable, se cortan los suministros básicos”.

Sin embargo, Garreaud también menciona algunos beneficios que traen las lluvias de El Niño. “En Chile tenemos una generación eléctrica que involucra centrales hidráulicas y este año les ha ido muy bien. Afortunadamente se han llenado nuestros embalses. Hasta junio estábamos en una condición muy crítica de escasez hídrica en Chile que se ha revertido”. Las intensas lluvias que han ocurrido en Chile han significado un superávit pluviométrico del 30 % sobre lo que se esperaba para esta época, comenta Garreaud.

“La temperatura actual, en la zona a la que denominamos Niño 3.4 [corresponde a la zona central del Pacífico ecuatorial] está mucho más cálida que todos los eventos anteriores. Está en el orden de 2.5 °C por encima de las condiciones normales. Nunca habíamos visto una anomalía tan grande en esta época del año”, asegura el experto chileno y recuerda que en marzo y abril de 2026 las condiciones climatológicas estaban por debajo del promedio de esa temporada, pero sucedió un cambio acelerado y repentino hasta llegar a la situación actual.

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Los efectos en Perú

“Ahora estamos sintiendo los efectos que se van a intensificar hacia octubre y noviembre de este año, fundamentalmente, el aumento de la temperatura en general y el aumento de lluvias”, explica Ana Sabogal, del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (Inte) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). .

Sabogal explica que las lluvias durante El Niño se concentran en la zona norte de Perú, por tanto, disminuyen en el sur. “En general, a nivel global, existe una cantidad definida de agua, entonces, esa agua se reparte, y si llueve en el norte, esa humedad no llega al sur, por eso es una característica recurrente que cuando aumentan las lluvias en el norte, disminuyen las lluvias en el sur. Por tanto, tenemos lluvias extremas en el norte y sequías en el sur”.

“Las zonas que más van a sufrir con el aumento de lluvias son Tumbes, Piura, quizás Chiclayo y Trujillo”, comenta Sabogal. “Se espera un aumento muy grande de lluvias en la zona norte de Perú y tendrá efecto hasta la mitad del país, inclusive Lima”.

Estas lluvias, dice Sabogal, tendrán efecto sobre las ciudades, los cultivos. Además, el aumento de la temperatura y de las lluvias producen el incremento de insectos. “Tenemos que prevenir el dengue y la chikungunya. Es una cadena de diferentes cosas que van sucediendo. Estamos hablando de una población de alrededor de 9 millones de personas que tendrán efectos directos por El Niño”.

El último comunicado oficial de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) de Perú, publicada el 14 de agosto, prevé que en la región denominada 1+2, es decir cerca a las costa de Perú y Ecuador, la magnitud del evento será entre “fuerte y extraordinaria hasta el verano” de 2027, para que, posteriormente, “ocurra una transición gradual hacia la condición neutra a partir de mayo de 2027”.

El comunicado también informa que “para el trimestre agosto–octubre se prevé la continuidad de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa y que en los ríos de la región hidrográfica del Pacífico se registrarán, predominantemente, caudales dentro de sus valores normales. El reporte también informa sobre el repliegue de la anchoveta frente a la costa central de Perú y la presencia de especies como pez sierra, samasa, perico, barrilete y atún aleta amarilla.

“Hay impactos que han sido notorios. El más evidente es el de la anchoveta. Se dio una cuota menor que las cuotas habituales y se ha pescado un poco más del 25 %” de lo normal, señala Juan Carlos Sueiro, director de Pesca de la organización Oceana.

Sueiro señala que también se están dando impactos negativos en la pesca artesanal. “El impacto principal es la presencia de lo que los pescadores llaman la jaiba morada (Euphylax dovii), un tipo de cangrejo que no tiene valor comercial, que sus tenazas son muy fuertes y rompen las redes”. La presencia de esta especie ha sido reportada en Tumbes, Chimbote y Chancay. “En varios lugares del litoral han advertido la presencia de este cangrejo”.

La presencia de este cangrejo está estrechamente vinculada a condiciones oceanográficas cálidas y ya se ha reportado su presencia en Perú y en Ecuador. Según un análisis realizado por el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca de Ecuador, “la proliferación del molusco está asociada a temperaturas superficiales del mar entre 26° C y 27 °C, la alta disponibilidad de nutrientes y condiciones ambientales favorables”.

Otro impacto en la pesca, señala Sueiro, ocurre con el pejerrey, que se espera tenga una reducción significativa, al igual que la merluza que “tiene reducciones significativas cuando hay un evento El Niño”. Esto se debe al aumento de la temperatura del mar. “También sucede con la concha de abanico que tiene efectos diferentes, dependiendo del lugar, pues en la Bahía Independencia, en Pisco, se espera un incremento; mientras que en la Bahía de Sechura, en Piura, se espera mortandad grande”, explicó.

Sueiro dice que “si bien hay generalidades que se cumplen, no hay un fenómeno del El Niño exactamente igual a otro”. Pone como ejemplo que durante El Niño 1982-83 ingresó a lo largo de la franja costera abundante langostino y percebes, que son propios de Paita, Piura, y el efecto llegó hasta Cerro Azul, al sur de Lima. “Por dos a tres meses en varias ciudades de la costa hubo abundante oferta de langostinos, pero en El Niño 1997-98 no hubo. La gente estaba preparándose de nuevo para el langostino, pero no hubo langostino”.

Sueiro también explica que la ausencia de especies como la anchoveta afecta a otros animales que se alimentan de ellos, como los pelícanos. Por eso las aves marinas, como los pingüinos, y los lobos marinos “están teniendo una mortandad grande” y se estima que es por la falta de alimento. “Esta mortandad se está reportando en múltiples sitios y se seguirán viendo animales muertos, desnutridos, nidos abandonados”.

El problema, dice Sueiro, es que las poblaciones de aves vienen de una mortalidad por gripe aviar que ocurrió hace dos a tres años. “Esa población debilitada está enfrentando a El Niño de esta magnitud, donde la perturbación del ecosistema es bastante grande”.

En julio de 2026 Mongabay Latam informó que en Perú se registraron muertes inusuales de lobos marinos en dos áreas naturales protegidas de la región Ica, así como aves marinas muertas, debilitadas y nidos abandonados debido a la reducción de alimento provocada por el fenómeno de El Niño.

Hace unos días, el gobierno peruano anunció la creación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, presidida por el ministro de Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, para implementar acciones efectivas ante las emergencias por El Niño.

“Esta comisión lo que busca es tomar decisiones de manera rápida y convocar a todas las autoridades competentes. Acá lo importante es trabajar con velocidad, con eficiencia y estar preparados”, dijo la presidenta Keiko Fujimori durante su viaje a Lambayeque, en el norte del país, una de las zonas que podrían resultar más afectadas durante un evento El Niño.

El último domingo 16 de agosto, Vinelli informó que de los 1900 puntos críticos identificados en el país se priorizará la atención de 600 para mitigar los efectos de El Niño. Indicó que esos puntos críticos están ubicados en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Arequipa, y que los trabajos se ejecutarán hasta diciembre. “Nuestro mayor esfuerzo será evitar que el impacto sea grande”, dijo en una entrevista ofrecida al canal de televisión Latina.

El lunes 17 de agosto, la presidenta Kaiko Fujimori anunció que declarará en emergencia los distritos del sur de Lima, luego de que intensas lluvias afectaran varios de estos distritos. También se declarará en emergencia las regiones que estén afectadas por las intensas lluvias.

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Frío intenso en el sur de Argentina

“El Niño ya está activo, bastante intenso, y se espera que a medida que avance el año el fenómeno se siga intensificando”, comenta Cindy Fernández, de Meteored Argentina. “Lo que venimos observando este invierno, que es característico de El Niño es, en primer lugar, un frío extremo en la Patagonia Argentina”.

Fernández comenta que este invierno, “sobre todo julio y lo que llevamos de agosto, el extremo sur de Argentina ha sido extremadamente frío, alcanzando valores de temperatura récord, olas de frío extensas como ha ocurrido en la provincia de Santa Cruz. Y también hemos tenido valores de temperatura inferiores a los 20 grados bajo cero en zonas bajas”.

Otra característica que menciona Fernández es que durante un evento de El Niño “se hacen más frecuentes los ríos atmosféricos que llegan a la franja central de Argentina y de Chile”. Se trata de grandes cantidades de vapor de agua que avanza desde zonas tropicales e impacta sobre la cordillera central de los Andes y forma precipitaciones principalmente en forma de nieve durante el invierno.

“Sectores de Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja tienen acumulados más de tres a cinco metros de nieve, complicando los pasos internacionales hacia Chile. Y hay poblados que están completamente aislados. El paso Cristo Redentor, que es el paso más importante que tenemos hacia Chile, lleva prácticamente un mes cerrado”, cuenta Fernández. “Esto trae pérdidas millonarias tanto a Argentina como a Chile, porque hay dos países que quedan incomunicados en su principal paso”.

Fernández agrega que otra consecuencia de El Niño, que se extiende hasta la primavera y el verano, es un aumento en las precipitaciones. “Tenemos tormentas intensas, mucho más frecuentes. Esto no solamente afecta a Argentina, sino a Uruguay, Brasil y Paraguay. En estas últimas dos semanas hemos tenido cuatro o cinco temporales bastante intensas con tormentas severas, con granizo de gran tamaño y, en los últimos 10 días, hemos tenido cuatro tornados registrados entre Brasil y Argentina”. Junto con las intensas lluvias llegan las inundaciones que conlleva a miles de personas a desplazarse por las crecidas de los ríos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan fuertes precipitaciones en el norte del litoral, La Pampa, Sudoeste de Buenos Aires, oeste de Cuyo y el este de la Patagonia. El gobierno argentino ha iniciado el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, destinado a fortalecer la preparación ante posibles inundaciones y tormentas severas.

El último 3 de agosto, la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei –hermana del presidente Javier Milei– lideró un encuentro de coordinación con las provincias “para anticipar y responder de manera coordinada ante inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno El Niño”, dice el comunicado de la Secretaría General de Argentina. El plan contempla acciones de planificación preventiva, monitoreo permanente y coordinación operativa entre diferentes organismos del Estado.

“Para nosotros El Niño enciende muchas alarmas porque genera graves pérdidas económicas y miles de desplazados. Para tener un ejemplo, el último El Niño intenso que tuvimos, en 2015-16 en Argentina, el sur de Brasil, Paraguay y Uruguay hubo más de 150 000 desplazados. Este El Niño podría ser más intenso y afectar a la región de una manera similar”.

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Los impactos en Ecuador

“Las temperaturas están entre 2 y 3 °C sobre lo normal en el aire y 2 °C en la temperatura del mar. Este cambio altera dos cosas: las pesquerías y los ecosistemas”, dice María del Pilar Cornejo, docente e investigadora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, de Ecuador.

Cornejo explica que en los ecosistemas se ha visto la mortandad de aves a lo largo de la costa, porque al estar el agua más caliente, sus alimentos, que son peces, se hunden más, buscando agua fría y las aves no pueden bucear. “Entonces, se mueren de hambre”. Y un segundo efecto ha sido la aparición de la jaiba mora o morada –al igual que en Perú– que daña las redes. “Ha sido como una plaga, pero es un indicador biológico de que las temperaturas han estado altas”.

Cornejo señala que en sector pesca aún no se reportan impactos importantes, pero que deben empezar a verse pronto porque “las anomalías de temperatura están como en 3 a 4 °C sobre el normal”. “Eso sí tiene un efecto en la pesca semiindustrial e industrial”.

El aumento del nivel del mar es otro efecto del que habla Cornejo, aunque aún no se han presentado reportes, si han habido “casos de erosión en algunas playas o incremento de la cantidad de arena”, comenta Cornejo, ex secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador.

Cornejo también menciona que dependiendo de la magnitud de las precipitaciones que empiecen en enero en la costa de Ecuador, van a tener una época de lluvias muy fuerte que afectará toda la cadena logística en la producción de diferentes sectores. “Lo que estamos revisando es cuánto del producto interno bruto (PIB) podría afectar. Cuando tuvimos el Niño de 1997-98, la afectación fue entre el 14 % y el 17 % del PIB [5000 millones de dólares], pero los impactos no dependen del tamaño de la amenaza, también depende de cómo está la vulnerabilidad en el país”, comenta.

En ese sentido, Cornejo dice que las tasas de empleo, desempleo, nutrición de la población, el acceso a servicios básicos y servicios básicos como alcantarillado y agua potable pueden afectarse durante un evento de El Niño. “Lo que uno tendría que trabajar son escenarios similares a lo que pasaba en eventos extremos como el de 1997-98 y ver cómo está la vulnerabilidad en el país”.

Las zonas que más se ven afectadas por El Niño en Ecuador, dice Cornejo, son la Cuenca del Guayas, que alberga un poco más de 4 millones de habitantes, casi el 25 % de la población total del país y donde se generan los tres productos más importantes de exportación: camarones, banano o plátano y la pesca de atún. “Estos tres rubros importantes de exportación podrían verse afectados por el evento, por el tema de las precipitaciones”.

En el caso del banano, explica, si no son haciendas muy tecnificadas, los drenajes no pueden evacuar la cantidad de agua que llega con las fuertes lluvias. En el caso del camarón, al llover tanto la salinidad baja y esto puede afectar la calidad del camarón que se produce. En el caso de la pesca, normalmente durante un año de El Niño, el atún migra. “Estos impactos afectarían mucho la economía del país”.

El 21 de julio, la actual secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, anunció el inicio de alerta naranja para 17 provincias y 143 municipios, y confirmó que se había aprobado el Plan de Acción Nacional ante el Evento El Niño 2026-2027.

“Lo ideal es que el evento de El Niño sea parte de cualquier planificación. El clima tiene que estar incluido en cualquier planificación y no esperar a tener planes de contingencia. Es un cambio de mentalidad que debe permear en todos los niveles de gobierno, tanto en el sector público como en el sector privado”, puntualiza Cornejo.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los países de Latinoamérica enfrentan un escenario complejo en la degradación de la tierra. Por un lado, la conversión de los suelos para monocultivos o ganadería extensiva está provocando desertificación. Por otro lado, la crisis climática y fenómenos climáticos como El Niño intensifican los efectos por la degradación de los suelos. Los resultados ya se ven directamente en la vida diaria: menor acceso al agua y menos producción de alimentos, más riesgos de incendios y con ello el desplazamiento de personas y comunidades.

En medio de este escenario, la región tendrá la oportunidad de abordar estas realidades en la sesión 17 de la Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) que se realiza en Ulán Bator, Mongolia, a partir de este lunes y hasta el 28 de agosto, con el objetivo de encontrar caminos para restaurar de los suelos. Mongabay Latam estará informando desde el centro de reuniones durante los próximos días.

Se trata del único tratado internacional que obliga a los 197 países que son parte a comprometerse en la gestión sostenible de la tierra para proveer alimentación, agua y oportunidades económicas para todas las personas. Además es una de las tres Convenciones de Río —junto con la biodiversidad y el cambio climático—, los grandes acuerdos internacionales firmados en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, las cuales también sesionarán a finales de 2026.

Este año, los países también pondrán sobre la mesa las alternativas y posibles soluciones a la degradación de la tierra. Los pastizales tendrán un rol protagónico al ser considerados ecosistemas aliados y estratégicos para gestionar de forma sostenible los suelos de regiones impactadas por la desertificación.

Especialistas consultadas por Mongabay Latam explican los acuerdos y mecanismos clave a seguir en esta COP17, los escenarios que enfrentan los países más vulnerables de Latinoamérica a la desertificación, así como las alternativas que ya se construyen en nuestra región.

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Perder alimentos por la desertificación

La degradación de la tierra y la desertificación tienen uno de sus impactos más visibles en la alimentación, pues se traducen en la pérdida de cultivos e inseguridad alimentaria para quienes dependen de la agricultura.

Esto es importante para América Latina y el Caribe, donde la agricultura familiar representa cerca del 50 % de la superficie destinada a productos como hortalizas, frutas, cereales y raíces y tubérculos, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Yasna Palmeiro Silva, investigadora y consultora en cambio climático y salud, explica que en la región la amenaza se exacerba por la combinación de procesos de degradación del suelo con fenómenos naturales y climáticos como El Niño, que históricamente se ha traducido en menores lluvias y aumento de las temperaturas en ciertas regiones del continente.

“Se combinan las vulnerabilidades sociales que tenemos en Latinoamérica, donde uno de los principales sectores económicos es la agricultura. En el Corredor Seco en Centroamérica desde hace bastante tenemos afecciones a la seguridad alimentaria y al agua. Hay poblaciones que se han tenido que desplazar dejando su casa debido a esta escasez”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Palmeiro agrega que esta combinación de agravantes del suelo ya se dan también en otras regiones de Latinoamérica, como la de Cerrado -en la sabana brasileña-, la Amazonía, la región del Chaco sudamericano o Coquimbo, al norte de Chile.

“En estas zonas en particular, las personas han tenido que estar dependiendo de camiones aljibe que llevan agua para consumo porque ya no llueve, no tienen agua en las capas subterráneas y eso genera una inseguridad hídrica importante”, dice la investigadora y agrega que hay un desplazamiento de comunidades ante la sobreexplotación de los suelos.

La agricultura y las actividades económicas, sostiene, “se han ido desplazando y la gente ha tenido que cambiar completamente de actividad económica, porque la agricultura en particular no sirve ni para comer ni para generar ingresos”.

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El Niño: un detonador de riesgos en Latinoamérica

Las sequías, los aumentos de temperatura y los incendios que muestran el avance de la desertificación se están combinando con la variabilidad del clima y con las consecuencias de las actividades humanas, como la transformación de los suelos.

Especialistas explican que aunque siempre hemos interactuado con los efectos de El Niño, al combinarse con otros factores sus impactos crecen y representan mayores riesgos. Para 2026, por ejemplo, se estima un aumento de incendios severos en ciertas zonas asociados a este fenómeno, de acuerdo con un análisis de la red de científicos World Weather Attribution.

Los vínculos de El Niño con las inundaciones y sequías en Latinoamérica están históricamente identificados por científicos e investigadores. Por ejemplo, suelen implicar mayores temperaturas y lluvias intensas en el norte de México, Perú, Ecuador y en algunas zonas de Chile y Uruguay, mientras que las sequías tienden más a impactar Centroamérica, el norte de Brasil, Colombia y Venezuela.

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“Además de esos procesos climáticos y meteorológicos de variabilidad natural que están ocurriendo estamos cambiando un suelo debido al uso que le damos. Estas tres cosas confluyen para un desastre perfecto”, sostiene Palmeiro, quien agrega que donde se viven más los efectos de la crisis climática, se intensifican los fenómenos naturales.

Belén Valenzuela, oficial del programa de Bosques y Pastizales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) América del Sur, coincide en que estos fenómenos impactan en conjunto en las zonas más vulnerables con sequías más intensas y temperaturas que afecta las productividad de la vegetación. Esto expone a estas regiones a incendios.

“Es importante entender que estos factores no actúan de manera aislada, sino que se refuerzan entre sí. Se produce un círculo bastante preocupante”, explica la especialista. “Tienes un ecosistema degradado que responde peor a una sequía o a una crisis climática extrema y que puede acelerar aún más su degradación”, explica.

Palmeiro agrega que esta combinación de efectos ya está teniendo un impacto en la salud y el bienestar de las personas. De acuerdo con un comentario científico elaborado por la investigadora, durante el fenómeno de El Niño 2023-2024, Latinoamérica registró su peor temporada de dengue de la historia, con un aumento del 600 % en los casos de países andinos y del Cono Sur, especialmente en Brasil y Paraguay. También se reportaron cerca de 8436 muertes más de las esperadas, asociadas a olas de calor.

“Las lesiones y las muertes las vamos a ver de inmediato, pero hay un cierto rezago de otro tipo de enfermedades que empiezan a aumentar a las semanas o inclusive meses después del evento”, dice la investigadora a Mongabay Latam.

También menciona que los sistemas de los países de la región no están preparados para estos efectos acumulados. “Son sistemas que se hicieron bajo un clima que no existe más. Estamos ante un escenario completamente nuevo, lo vamos a seguir estando dependiendo de las decisiones que tomemos”, puntualiza.

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Instrumentos clave para la COP17

Uno de los esquemas clave que Naciones Unidas ha implementado contra la desertificación es el concepto de neutralidad en la degradación de la tierra (LDN, por sus siglas en inglés) y busca impedir la erosión de los suelos y revertir el impacto que ya existe en el 70 % de todas las tierras libres de hielo para 2030, de acuerdo con el organismo internacional.

Para ello, la mayoría de los países firmantes se han comprometido a diferentes medidas que forman parte de este esquema, como restaurar 1000 millones de hectáreas para 2030.

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca que uno de los temas pendientes a seguir será el recién instaurado Fondo de Inversión para la Resiliencia a la Sequía, que busca respaldar la agricultura sostenible, mejora el acceso al agua y promover soluciones basadas en la naturaleza.

“Veremos algún primer reporte en la agenda cuando aborden sequías, si ya han podido acceder a fondos, en qué estado está toda la la cuestión operativa, si efectivamente ya están implementando o todavía están en el proceso de definir proyectos o firmar contratos, todo lo burocrático que suele estar asociado a ello”, advierte la abogada ambientalista.

Di Pangracio explica que a nivel político también está pendiente definir un instrumento vinculante que permita atender mejor el tema de las sequías y que no pudo traducirse en un acuerdo político desde la COP de Desertificación pasada, en 2024, en Arabia Saudita.

“Se listaron una serie de instrumentos que van desde una simple declaración hasta un protocolo. Desgraciadamente no se dio el acuerdo político para definir qué instrumento. Veremos si prospera en esta COP17, va a estar más difícil por toda la situación geopolítica, por lo polarizado que está todo”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Por otro lado, Valenzuela, de UICN América del Sur, sostiene que esta COP17 será importante para la participación de pueblos indígenas y comunidades locales porque se buscará avanzar en la creación del Caucus, espacios donde líderes indígenas eligen a representantes que expresan inquietudes y necesidades en los altos espacios de negociación política.

“Esto es significativo justamente porque permite pasar de una lógica en la que los pueblos indígenas y los comunidades locales participan a través de eventos o consultas a tener un espacio institucional propio, articular posiciones, influir en las negociaciones y dar seguimiento a la implementación”, explica Valenzuela a Mongabay Latam.

Aunque estos mecanismos no toman decisiones directas en las negociaciones, la especialista advierte que pueden convertirse en una especie de plataforma para que las prioridades latinoamericanas sobre derechos territoriales, restauración, gobernanza, conocimiento tradicional y financiamiento tengan mayor peso dentro de la COP.

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Pastizales y sabanas, aliados estratégicos y poco vistos

Mientras los bosques han concentrado buena parte de la atención de las políticas de conservación y cambio climático, los pastizales y sabanas siguen siendo ecosistemas subestimados pese a sus beneficios en los suelos y en la producción de alimentos. Así lo considera Gabriel Quijandría, director regional de UICN para América del Sur, región que puede encontrar un aliado en estos ecosistemas.

“El hecho de que en América Latina cerca del 33 % de todos los biomas que hay son pastizales y sabanas, te das cuenta de este del rol enorme que deberían tener en términos de captación de carbono, de todas estas posibilidades de apoyar al esfuerzo de conservación o de recuperación de la naturaleza”, dice a Mongabay Latam.

Los pastizales son fundamentales, explica Valenzuela, porque sostienen funciones ecológicas, productivas y sociales que no suelen verse a simple vista. “Protegen y forman suelos, almacenan carbono, regulan el agua, reducen la erosión y sostienen también una gran diversidad de especies”, expone.

Los especialistas de UICN precisan que además cumplen un rol clave para la seguridad alimentaria y la economía de cerca de 30 millones de personas.

“Los pastizales y las sabanas muchas veces son la base de sistemas ganaderos y pastoriles y sostienen los medios de vida de millones de personas. No son tierras vacías y tampoco son tierras degradadas por definición, son ecosistemas naturales que tienen una enorme capacidad de contribuir a la biodiversidad, al clima, al agua y a la producción”, insiste.

Como parte de un esfuerzo de articulación con gobiernos, sociedad civil y organizaciones, UICN elaboró un documento regional que identifica tres grandes riesgos a la salud de estos ecosistemas: la expansión agropecuaria y el cambio de uso de suelo; manejo de ganado inadecuado y sobrepastoreo; y la crisis climática.

“La amenaza más estructural es la conversión. Hay pastizales y sabanas naturales que están siendo transformados en cultivos. Hay presiones fuertes que están enfrentando paisajes como las Pampas, el Cerrado y el Gran Chaco y cuando ocurren este tipo de transformación, no perdemos solamente vegetación, sino tenemos fragmentación de hábitat, degradación del suelo, pérdida de funciones que estos ecosistemas prestan para el agua, la biodiversidad o la producción”, detalla Valenzuela.

Por esta razón, los representantes de UICN consideran que la COP17 es una buena oportunidad no solo para posicionar el tema pastizales y sabanas, sino para también posicionar a América Latina como un liderazgo en adaptación y soluciones.

“Poner este tema sobre la mesa le abre a América Latina esta potencialidad precisamente porque tenemos estas extensiones tan grandes, pero tan importantes también en términos económicos, vinculados a la cultura”, señala Quijandría.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño Lopez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El dron avanzaba hacia el nido cuando, de pronto, una rapaz salió del bosque. El ornitólogo Tomás Rivas Fuenzalida, quien estaba al mando del aparato, no había visto al ave. Tampoco la persona que lo acompañaba. Era un vuelo corto hacia un nido que ya no estaba ocupado por el polluelo: ahora, el águila tirana (Spizaetus tyrannus) juvenil había comenzado a volar, aunque todavía regresaba ocasionalmente al árbol para alimentarse. El ave apareció de improviso, se lanzó sobre el aparato y lo derribó.

“Vi cómo el dron empezó a dar vueltas y, cada vez que apuntaba hacia el cielo, estaba el águila encima, mirándolo mientras caía”, describe a Mongabay Latam el director de investigación de la Fundación Ñankulafkén, en Chile. El dron, que era de un tamaño muy pequeño, terminó en el suelo del bosque. El ave, en cambio, no sufrió heridas.

Rivas Fuenzalida explica que las rapaces juveniles suelen acercarse a objetos nuevos por curiosidad y juego. En este caso, el equipo pudo capturar al ejemplar tiempo después y comprobar que no tenía lesiones en las patas. El incidente, sin embargo, dejó una tarea menos sencilla: recuperar el dron en el territorio.

El episodio resume uno de los dilemas que durante años han enfrentado los investigadores de aves rapaces en Latinoamérica: los drones pueden hacer posible observar nidos que de otra manera serían casi inaccesibles, pero también pueden alterar la conducta de las aves y provocar respuestas potencialmente riesgosas cuando se utilizan sin las precauciones necesarias.

Un estudio publicado en Scientific Reports reunió una década de observaciones de investigadores de ocho países de América Central y del Sur para intentar entender mejor qué ocurre cuando esos dos mundos se encuentran. El trabajo, liderado por la bióloga brasileña Francisca Helena Aguiar-Silva, analizó 227 vuelos realizados entre 2014 y 2024 sobre 119 nidos activos de 27 especies de rapaces neotropicales.

“Cuando se va a iniciar una investigación con drones para volar cerca de un nido, debemos tener en cuenta una pregunta que justifique el vuelo y no tener como único objetivo tomar fotografías o recopilar datos de comportamiento: ¿cuál es la justificación para realizar este vuelo, considerando el riesgo de generar estrés en las aves?”, dice Aguiar-Silva.

La pregunta no es menor. “Tenemos información y evidencias de que las rapaces responden de forma activa a la presencia de estos drones”, explica. “Entonces, los próximos proyectos tienen que justificar muy bien por qué volar un dron y no utilizar otra técnica de monitoreo”.

El resultado principal del estudio no es que los drones sean buenos o malos para las aves. Es más preciso: las rapaces responden a su presencia, pero no todas lo hacen de la misma manera.

Según los datos del estudio, el 81 % de las especies estudiadas reaccionó ante la presencia de los drones. La respuesta estuvo fuertemente influida por las características ecológicas de cada especie, la etapa reproductiva y las condiciones del vuelo.

Las conductas defensivas fueron las más frecuentes. Los ataques y los intentos de escape, en cambio, fueron poco comunes y estuvieron asociados sobre todo con aproximaciones cercanas, vuelos prolongados o vuelos por encima de las aves. Las especies más pequeñas y ágiles tendieron a atacar, mientras que las águilas de mayor tamaño generalmente evitaron el enfrentamiento.

Los nidos incluidos en el análisis albergaban adultos, huevos y aves inmaduras en distintas etapas: polluelos, volantones —individuos recién salidos del nido que todavía permanecen en sus inmediaciones— y juveniles de entre ocho y 24 meses.

Entre las especies con más vuelos registrados estuvieron el águila harpía (Harpia harpyja), con 64 vuelos (36 %); el águila poma (Spizaetus isidori), con 34 (19 %); el águila albinegra (Spizaetus melanoleucus), con 32 (18 %); el cóndor andino (Vultur gryphus), con 22 (12 %); el halcón pechinaranja (Falco deiroleucus), con 14 (8 %); y el águila crestada (Morphnus guianensis), con 11 (6 %).

Una herramienta que también puede perturbar

Los investigadores comenzaron a utilizar drones para resolver un problema muy concreto: cómo llegar a nidos que desde el suelo son difíciles o incluso imposibles de observar. Muchos están a decenas de metros de altura, en árboles emergentes, acantilados o zonas de montaña a las que llegar caminando puede tomar horas. Antes de los drones, podían pasar días o incluso una semana intentando confirmar la existencia de un nido.

Mateo Giraldo Amaya, biólogo y director del Proyecto Grandes Rapaces Colombia, recuerda que cuando comenzó a trabajar con drones, alrededor de 2016, todavía había muy poca información sobre cómo utilizarlos con rapaces.

“No había dónde consultar ni a quién preguntarle”, recuerda. El aprendizaje fue, en buena medida, autodidacta: “Con el conocimiento de la biología de las especies, sabiendo qué les puede molestar e ir viendo sus reacciones, fuimos adoptando algunas prácticas”.

Ese aprendizaje disperso entre investigadores de distintos países terminó formando parte del estudio. Los autores reunieron observaciones de sitios de reproducción en Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú, Chile y Argentina. El trabajo abarcó los bosques tropicales húmedos del Darién, el Chocó biogeográfico y la Amazonía, así como los páramos y bosques montanos de los Andes y los bosques templados australes.

Los drones han ofrecido una ventaja evidente. En unos pocos minutos pueden revelar si un árbol alberga un nido, si hay un huevo o un polluelo e incluso permiten estimar la edad de una cría, información que desde el suelo podría requerir horas de observación.

“Yo siempre trato de hacerme una pregunta antes de despegar y es para qué voy a despegar el dron, si vale la pena o no. No se va a volar el dron porque sí”, coincide Giraldo Amaya.

En determinadas circunstancias, agrega, el dron puede resultar menos perturbador que los métodos que reemplaza. “Un dron puede ser invasivo, pero si comparas un dron con trepar un árbol, obviamente un dron significa levantar un aparato cinco o diez minutos, pero trepar un árbol es una actividad que te puede llevar dos o tres horas”, explica Giraldo Amaya. “Entonces, sí, los drones son perturbación, pero los estamos usando para evitar perturbaciones mayores”.

El estudio, sin embargo, muestra que incluso una aproximación breve puede provocar respuestas. Durante los vuelos, los investigadores registraron desde cambios en la atención —como seguir el aparato con la mirada— hasta conductas defensivas, vocalizaciones, persecuciones, ataques o abandono del nido. Para los investigadores, por eso, la ausencia de un ataque no significa necesariamente ausencia de reacción.

Fernando Angulo, ornitólogo e investigador principal del Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI), en Perú, quien no participó en el estudio, considera que el balance entre utilidad y perturbación puede ser favorable cuando la tecnología se utiliza de manera responsable y en favor de la conservación. El especialista compara el uso de drones con la captura de aves para anillarlas o colocarles dispositivos de seguimiento, que implican la manipulación de los individuos.

“Hace valer la pena el estrés al que han sido sometidos los animales”, dice. “Mejor aún si la información obtenida puede ser reinvertida en la conservación y en mejorar el conocimiento para aplicarlo para una mejor protección de la especie”.

Sin embargo, Angulo ejemplifica que en Perú no existe actualmente una regulación específica para el uso de drones en el monitoreo de nidos. “Lo que preveo es que en el futuro debería haberla, para evitar que esto se popularice de forma tal que cualquier persona piense que puede volar un dron y obtener esa información”, advierte.

No existe una distancia universal

Durante años, la experiencia de campo permitió a los investigadores desarrollar reglas prácticas. Pero reunir observaciones de especies y ambientes distintos permitió comprobar que no existe una distancia universal a partir de la cual un vuelo sea seguro.

En el estudio, las respuestas comenzaron a distancias que iban desde los dos hasta los 300 metros, dependiendo del contexto. Durante la crianza se observaron algunas de las respuestas a mayor distancia. En cambio, durante la etapa previa a la puesta y la incubación, las respuestas tendieron a producirse a distancias menores.

La trayectoria de los vuelos también importa. Las aproximaciones a los nidos desde arriba provocaron respuestas en el 73 % de los vuelos registrados en esa categoría, frente a porcentajes menores para las aproximaciones diagonales, horizontales y verticales.

Y hay otra variable que puede cambiar por completo la escena: quién está en el nido. Rivas Fuenzalida cuenta que, trabajando con halcones, descubrieron que determinadas aproximaciones podían realizarse durante la incubación cuando solo estaba presente la hembra, siempre que se tomaran precauciones y hubiera otra persona observando el entorno para prevenir la llegada del macho, ya que se trata de una género de aves muy veloz y riesgoso para los drones.

Aguiar-Silva encontró algo parecido al comparar individuos. Algunas rapaces toleraban que el dron se acercara bastante, mientras otras reaccionaban cuando el aparato todavía estaba lejos. Incluso dentro de una misma especie podía existir una gran variación. La experiencia previa del individuo, su estado reproductivo y su historia de vida podrían ayudar a explicar esas diferencias, dice la experta.

Por eso, la recomendación de los investigadores no consiste simplemente en establecer una distancia fija y aplicarla a todas las aves.

“Es importante que previamente se observe el comportamiento de los individuos presentes en estos nidos antes de iniciar el vuelo”, insiste Aguiar-Silva. “La recomendación general es realizar observaciones directas de las aves en los nidos con binoculares, para poder interrumpir el vuelo si se observa que este está generando estrés en el ave”.

Hay una regla que se repite con los investigadores: el piloto no debería estar solo. Mientras una persona opera el dron, otra debería observar al ave, el nido y los alrededores. La pantalla del control muestra lo que registra la cámara, pero no necesariamente permite advertir que un adulto está acercándose desde otro árbol o que un juvenil acaba de aparecer entre el follaje.

El estudio establece precisamente que, si aparece una respuesta activa, el avance del dron debe detenerse. En 11 de los 14 ataques registrados, los investigadores interrumpieron el vuelo antes de que hubiera contacto. En tres casos, sin embargo, los drones resultaron dañados: dos ataques fueron protagonizados por águilas arpías y otro por un águila crestada.

Una anécdota de campo de Giraldo Amaya ilustra el problema. En una ocasión, el equipo pensaba que un nido estaba vacío. Levantaron el dron y descubrieron que había un huevo. La hembra apareció rápidamente y atacó el aparato. El error no fue simplemente acercarse demasiado. Fue no saber qué había en el nido antes de despegar.

“Nos demoramos mucho para mover el dron y alejarlo, porque si hay un huevo la madre está cerca”, describe. “En medio segundo llegó el águila Spizaetus ornatus, lo cogió y lo catapultó al suelo. A la hembra no le pasó nada, siguió volando, pero el dron lo destruyó completamente”.

El resultado que sorprendió a los investigadores

Quizá el hallazgo más inesperado apareció cuando los investigadores analizaron los vuelos repetidos. Una de las hipótesis era que las aves podrían acostumbrarse al dron después de verlo varias veces. Es lo que se conoce como habituación: con exposiciones repetidas a un estímulo que no representa una amenaza real, una respuesta puede disminuir.

Pero ocurrió lo contrario. La probabilidad de que las rapaces reaccionaran aumentó con los vuelos sucesivos. El análisis estadístico encontró un incremento significativo de la probabilidad de respuesta a medida que avanzaba el orden de los vuelos, un patrón compatible con sensibilización, más que con habituación.

Para Aguiar-Silva, una posible explicación es que las aves interpreten el objeto volador como una amenaza persistente, semejante a un depredador o a un competidor. Las rapaces viven en ambientes donde las interacciones con otros depredadores y competidores forman parte de su historia evolutiva.

“No se recomienda repetir vuelos”, agrega la científica. “Lo ideal es tener un intervalo suficiente entre vuelos para reducir la probabilidad de respuestas activas derivadas del estrés en las aves”.

La necesidad de protocolos adecuados

En los nidos estudiados no se observaron impactos reproductivos de mediano o largo plazo. El 71 % de los nidos fue monitoreado durante temporadas reproductivas posteriores y todos permanecieron activos. Los autores, por lo tanto, no concluyen que las respuestas conductuales observadas hayan provocado un daño reproductivo a largo plazo.

Sin embargo, Aguiar-Silva plantea que todavía queda una pregunta más difícil por responder: qué ocurre dentro del organismo cuando un ave se comporta como si estuviera bajo amenaza. El estudio observó la conducta, pero no midió variables fisiológicas como frecuencia cardíaca u hormonas. Tampoco permite saber si respuestas repetidas podrían tener consecuencias acumulativas después de décadas.

Las rapaces grandes pueden vivir muchos años y utilizar los mismos territorios y nidos durante largos períodos. Para conocer los efectos de una perturbación que se repite durante toda una vida, diez años de observación pueden ser apenas el comienzo.

Por eso, la propuesta de los autores es que los futuros protocolos incorporen el comportamiento de cada especie y las condiciones específicas de cada vuelo: etapa reproductiva, distancia, trayectoria, tamaño del dron, duración y presencia de aves alrededor del nido. Y, sobre todo, que antes de despegar exista una pregunta que justifique ética y científicamente hacerlo.

En el fondo, el cambio que propone esta investigación es sencillo: dejar de pensar el dron únicamente como una cámara que vuela y empezar a considerarlo también como un estímulo dentro del mundo de las aves.

Para quienes estudian rapaces, esa diferencia puede determinar si una herramienta extraordinariamente útil sirve para conocer mejor a las especies que se busca conservar o termina convirtiéndose en otra perturbación que ellas deben aprender a enfrentar.

“La investigación no consiste solo en la recopilación de datos”, concluye Aguiar-Silva. “Sino en generar conocimiento que contribuya efectivamente a la conservación de estas especies y de este grupo de aves en la naturaleza”.

REFERENCIA

Aguiar-Silva, F.H., Junqueira, T.G., Rivas-Fuenzalida, T. et al. Behavioural responses of Neotropical raptors to drone approaches to nests. Sci Rep 16, 21841 (2026). https://doi.org/10.1038/s41598-026-47248-5

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un grupo de investigadores analizó más de 142 000 documentos oficiales y llegó a una conclusión: la provincia de Chaco, en el noreste de Argentina, auspició el desmonte de más de 500 000 hectáreas de bosque nativo protegido durante 15 años, entre 2009 y 2024. No fue necesario modificar la Ley Nacional de Bosques para alentar la deforestación, ya que se utilizaron decretos y trámites administrativos para perforar la normativa nacional y dar vía libre al desmonte, según detalla el estudio realizado por los científicos.

Este trabajo de investigación fue liderado por investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Tiene un contexto internacional: los bosques secos están desapareciendo debido a la expansión agrícola y la extracción de madera, impulsadas por el consumo en el extranjero, determina el estudio.

“El reglamento de deforestación de la Unión Europea (UE), que entrará en vigor a fines de 2026, aborda este problema al exigir que las importaciones a la UE se produzcan cumpliendo con las leyes de protección forestal de sus países de origen”. Sin embargo, en la provincia de Chaco y otras provincias que forman parte de la región chaqueña, como Santiago del Estero, Formosa y Salta, la deforestación avanza para la producción sojera -principalmente para la alimentación de ganado-, ganadería y para extraer productos madereros (madera, carbón y extractos de tanino).

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La investigación identificó seis mecanismos para sortear la Ley Nacional de Bosques y lograr el desmonte en la provincia: recategorización de predios, permisos desvirtuados, sobreexplotación de madera, “blanqueo” de origen irregular, multas mínimas y actualización del mapa provincial para correr los límites.

Esta deforestación tuvo lugar en la zona del bosque conocido como el Impenetrable chaqueño, ubicado en la región del Chaco Sudamericano, la segunda región boscosa más grande de Sudamérica y donde los pueblos indígenas, como los qichí, gom y moqoit, denuncian la destrucción de sus territorios.

Estos seis mecanismos fueron implementados, según el estudio, por actores públicos y privados que “relajaron la ley provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques para eludir los estándares mínimos de la ley nacional argentina de protección de bosques”. Así, ampliaron las áreas donde se podría producir madera o productos agrícolas en cumplimiento de las políticas transnacionales contra la deforestación.

Los autores afirman que “para evitar que estas respuestas desadaptativas se propaguen a otras regiones productoras, los países importadores deberían exigir productos que generen cero deforestación bruta”.

Matías Mastrangelo, especializado en ambiente, conservación y sustentabilidad y unos de los autores del estudio, explicó a Mongabay Latam que esta investigación revela que solo la región de bosque llamada el Impenetrable, en la provincia de Chaco, perdió alrededor de 500 000 hectáreas de bosque nativo, el 90 % de toda la deforestación registrada en la provincia durante el periodo analizado, entre 2009 y 2025.

Entre las normas analizadas, Mastrángelo tomó una como ejemplo: el decreto provincial 2157/22 transformó zonas catalogadas en la Ley de Bosques como zonas amarillas (donde está prohibida la deforestación total del área) en zonas verdes, habilitando el desmonte total de esas zonas de bosque nativo.

“Nosotros calculamos que alrededor de 370 000 hectáreas de bosque protegido se perdieron en estos 15 años mediante estos mecanismos. De esa cifra, 270 000 fueron desmontadas de forma ilegal, sin ningún tipo de permiso. A esas 370 000 que ya se perdieron es posible que haya que sumarles las más de 200 000 hectáreas por la actualización del mapa de la provincia y ahí hablamos de más de medio millón de hectáreas que se perderían por estos seis mecanismos”, detalló Mastrángelo.

La actualización del mapa de la provincia de Chaco es el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), sancionado bajo la Ley Provincial número 4005-R. Este mapa redefine las zonas de conservación ambiental (rojo, amarillo y verde) que regulan el uso del suelo y los permisos forestales en el territorio.

El experto añadió que auditaron 15 042 permisos de uso del bosque, 127 632 guías de transporte forestal y múltiples expedientes tramitados entre 2009 y 2024. Además, detalló que una “porción significativa” de la superficie afectada correspondía a categorías de alto (zona roja) y mediano valor de conservación (zona amarilla), donde el cambio de uso del suelo está prohibido o regulado por la ley nacional, respectivamente.

Las maniobras que abrieron el desmonte

La investigación detalla los seis dispositivos administrativos que se utilizaron para avalar el desmonte en supuesta complicidad con la autoridad forestal chaqueña. La primera es la recategorización de predios, que consta en la modificación del mapa de zonificación para pasar de áreas protegidas a categorías que autorizan el desmonte.

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El segundo dispositivo son los permisos silvopastoriles desvirtuados, que son autorizaciones para manejo integrado que terminaron ejecutándose como tala rasa y sustitución total de la cubierta vegetal.

Luego viene la sobreexplotación maderera, que involucra permisos de extracción otorgados por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.

El cuarto mecanismo es el blanqueo de madera, que son los esquemas de regularización e incorporación al circuito comercial de productos forestales extraídos de desmontes ilegales.

Además, detectaron las multas no disuasorias: la aplicación de sanciones económicas cuyos montos resultaron insignificantes frente al beneficio financiero del cambio de uso del suelo.

Por último, están las actualizaciones del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que redujeron de manera sustancial la superficie bajo protección estricta. Esto fue llevado adelante por las autoridades de la provincia de Chaco.

“La intención con la que los propietarios desmontan estos bosques protegidos apelando a este tipo de maniobras es sembrar la soja o maíz, o para sembrar pasturas y criar ganado. Sin embargo, esta zona es muy seca y frágil, ya que tiene suelos que rápidamente pierden su fertilidad cuando se les quita el bosque. No es una zona agrícola o ganadera”, afirmó Mastrángelo.

Mongabay Latam contactó a ex autoridades de la provincia de Chaco que tuvieron a su cargo el área ambiental y de bosques durante los años en que los investigadores señalan la aplicación de estas maniobras, pero no logró respuestas. También se contactó al equipo de comunicación del actual gobierno provincial, pero tampoco emitieron un pronunciamiento sobre este tema.

Mastrángelo afirmó que él también intentó contactarse con la actual gestión del gobierno de Chaco para mostrar los resultados del estudio y emitir algunas recomendaciones. “A pesar de mostrar esta evidencia, ellos siguen con la insistencia de ampliar la frontera agropecuaria y de seguir yendo en contra de sus bosques y de las familias que habitan en estos bosques”, dijo el experto.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y quien no participó del estudio, afirmó a Mongabay Latam que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) es una herramienta fundamental para proteger los ecosistemas forestales de Argentina. Sin embargo, advirtió que las actualizaciones en la provincia de Chaco hacen evidentes inconsistencias legales, técnicas y procedimentales en estos procesos.

Además, el experto detalló que los ajustes en los trámites administrativos violan principios ambientales clave, como los de no regresión -la imposibilidad de dar marcha atrás con una norma de protección ambiental- y progresividad -que implica la modernización y digitalización de trámites-, además de afectar directamente a las comunidades locales, especialmente indígenas, que habitan en estos territorios.

“Estas medidas representan un retroceso ambiental preocupante, ya que buscan habilitar el desmonte indiscriminado en un área clave para la biodiversidad. Con estos mecanismos se institucionaliza un incentivo perverso, promoviendo el negocio de la madera proveniente de desmontes ilegales. Todo esto implica un retroceso enorme para la protección de los bosques nativos chaqueños y consolida un modelo de explotación insostenible”, remarcó Nápoli.

El bosque chaqueño en riesgo

Chaco es una de las provincias argentinas más afectadas por la deforestación. En 2024 se perdieron casi 40 000 hectáreas de bosque nativo a pesar de las restricciones legales vigentes, de acuerdo con el monitoreo de la organización Greenpeace Argentina. Luego vino una baja considerable en las cifras que se debió a que la Justicia Federal de Chaco ordenó suspender los desmontes a mediados de 2024. Aún así, en 2025 se perdieron otras 17 000 hectáreas de bosque nativo en la provincia.

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En el estudio se destaca que las tácticas administrativas observadas en la provincia de Chaco guardan marcadas similitudes con procesos de erosión institucional documentados en la Amazonía brasileña y peruana, así como en el Cerrado, otro ecosistema boscoso clave de Sudamérica. Por ello, el caso chaqueño se posiciona como un modelo de estudio clave para comprender cómo se debilitan las políticas de conservación ambiental aun con marcos regulatorios vigentes, según detalló Mastrángelo.

El experto añadió que estos hallazgos adquieren especial relevancia en la coyuntura actual argentina, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible y la conservación de los bosques nativos, y cuando varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales para reducir las áreas protegidas de bosque.

“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, dijo Mastrángelo.

Según la investigación, entre el 16 % y el 28 % de los permisos habilitaron la extracción de entre dos y tres veces la cantidad de madera que es posible extraer sosteniblemente. Ese excedente, dijo Mastrángelo, permite incorporar al circuito legal madera proveniente de zonas rojas o de desmontes sin permiso.

También aparecen las “autorizaciones especiales”, que permiten a empresas de carbón y tanino comprar madera de áreas desmontadas ilegalmente. En 2024, el 55 % de la madera extraída en la provincia del Chaco proviene de desmontes ilegales con este tipo de autorizaciones.

Según el estudio, las multas tampoco funcionaron como freno. En 2024, solo con la venta del quebracho colorado, un propietario pudo pagar la sanción y conservar una ganancia inmediata de 126.5 dólares por hectárea.

Ese mismo año, la provincia de Chaco modificó su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): excluyó de estrictos controles 270 000 hectáreas desmontadas ilegalmente y redujo la protección de otras 220 000. Así, casi medio millón de hectáreas quedaron habilitadas para el desmonte.

REFERENCIAS

Mastrángelo, M.E., Aguiar, S. & Krause, V. Subnational mechanisms undermine transnational anti-deforestation policies. Nat Sustain (2026). https://doi.org/10.1038/s41893-026-01917-5

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El gobierno de Rodrigo Paz diseña un nuevo marco legal minero, para lo cual inició la Cumbre Nacional Minera, que comenzó con tropiezos y que se espera termine en octubre con la redacción de una nueva ley o Código Minero que rija la actividad. Representantes de los pueblos indígenas, quienes sostienen ser los más afectados por la contaminación de ríos por minería de oro, ni defensores ambientales fueron convocados por el Ejecutivo. Miembros de la Cámara de Diputados advierten que no recibirán ni aprobarán el nuevo Código Minero si no hay socialización con organizaciones indígenas, ambientales y políticas.

Esta cumbre inició su trabajo en diciembre de 2025, pero el 22 de julio se inauguró formalmente. Las autoridades debieron postergar su inauguración debido a que no habían llegado a consensos con sectores mineros como los cooperativistas. El evento debía durar una semana, pero se decidió avanzar en mesas de trabajo. En ninguna de ellas participan los pueblos indígenas ni los defensores ambientales.

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Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional en defensa de Territorios Indígena Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), afirmó a Mongabay Latam que las organizaciones indígenas no fueron convocadas para participar y cuestionó que el gobierno de Paz solo identifique como actores en esta temática a la minería estatal, cooperativas mineras, empresas mineras e instituciones del Estado.

“El eje ambiental es solamente un discurso del Gobierno, ya que buscan dialogar un nuevo código minero solamente con actores mineros y no con actores que puedan aportar desde la perspectiva de los graves impactos ambientales y contra la salud pública de la cual es responsable la minería aurífera”, reclamó Alipaz.

La lideresa indígena sostuvo que “el problema de la minería no solo es que utiliza tóxicos como el mercurio o cianuro, que nos envenenan tanto a humanos como a la flora, la fauna y nuestros alimentos, es también una problemática social, familiar, de mujeres, niños, niñas y de violación de nuestro derecho al territorio de nuestras naciones, pueblos y comunidades indígenas”.

Mongabay Latam pidió una solicitud de entrevista al ministro de Minería y Metalurgia, Marco Calderón, pero en esa entidad no atendieron el pedido. Cuando se inauguró el evento el funcionario anunció que en la cumbre se iban a abordar seis mesas de trabajo con distintos ejes temáticos: seguridad jurídica; institucionalización; comercialización; lucha contra la minería ilegal; ambiente y minería responsable; y contratos mineros.

Sobre el eje ambiental, el ministro Calderón afirmó que esa mesa aborda alternativas para promover una “minería más sostenible”, incluyendo el análisis de tecnologías que permitan sustituir progresivamente el uso del mercurio.

“Estamos evaluando alternativas para reemplazar el uso del mercurio por tecnologías más limpias, aprovechando además la cooperación internacional y las experiencias que ya vienen desarrollándose para avanzar hacia una minería más responsable con el ambiente”, señaló entonces Calderón.

El sector cooperativa abandonó la cumbre minera la semana pasada debido a que el ministerio de Minería y Metalurgia incluyó al debate a dos sectores mineros que no son reconocidos por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) debido a disputas internas entre organizaciones.

Sobre la inclusión de pueblos indígenas, Josué Caricari, presidente de Fencomin, afirmó a Mongabay Latam que su sector no tiene ningún inconveniente en que las organizaciones indígenas participen de esta cumbre. Además, el dirigente minero afirmó que tienen propuestas para evitar el uso de mercurio en la minería aurífera, pero que requieren apoyo del Estado.

“La minería es diversa en Bolivia, no es un solo sector y no se trabaja un solo mineral. Sabemos que hay reclamos de los pueblos indígenas y nosotros no estamos en contra de sus reclamos. Tenemos propuestas para no usar el mercurio, cambiar a una tecnología moderna, pero eso requiere atención del Estado”, destacó Caricari.

El dirigente minero no cerró las puertas a la cumbre y afirmó que pueden regresar al debate si es que el Gobierno reestructura el mecanismo de participación del evento.

El reclamo indígena

El presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Guido Alfaro, consideró que el plan del Gobierno es intensificar la minería en Bolivia relegando a actores afectados, como las organizaciones indígenas.

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“A nosotros no nos llegó ninguna invitación para ser parte de este evento a pesar de que somos los más afectados por la minería. Quisiera invitar a las autoridades, al presidente [Paz], que vengan a ver cómo las cooperativas están destruyendo nuestros ríos, cómo están contaminando nuestras aguas. Ojalá puedan venir y luego con ese conocimiento hacer su ley minera”, afirmó Alfaro a Mongabay Latam.

Según el Ministerio de Minería y Metalurgia, en la cumbre participan sectores de “cooperativas mineras, minería privada, minería chica, nuevos emprendimientos, profesionales, exautoridades y especialistas” en mesas técnicas, donde analizan los principales desafíos del sector y plantean iniciativas que contribuirán a la elaboración de una nueva normativa minera.

Uno de los ejes de mayor interés está dedicado al fortalecimiento de las acciones contra la minería ilegal. En esa mesa se analizan propuestas orientadas a mejorar el marco institucional y jurídico para enfrentar ese problema. “Entre ellas [las propuestas] se analiza la creación de una sala minera especializada dentro de la Justicia ordinaria, que permita atender con mayor eficiencia los casos vinculados a esta actividad ilícita”, explicó Calderón.

Alex Villca, miembro de Contiocap y también de la Coordinadora para la Defensa de la Amazonía (CODA), afirmó a Mongabay Latam que antes de priorizar el Código Minero se debe abordar el tratamiento de una Ley de Protección de las Cuencas Hídricas, “que en este momento es más importante y urgente que la intensificación de una minería que saquea, que destruye nuestro patrimonio natural y cultural, con miserable renta para el país, tal como lo venimos exigiendo reiteradamente”.

El dirigente indígena y defensor ambiental rechazó que tanto el Gobierno como el sector minero “tengan poder de decisión sobre los territorios indígenas y las áreas protegidas para otorgar contratos, sin cumplir con la consulta previa como manda la Constitución”.

Héctor Córdova, investigador de la Fundación Jubileo y experto en temas mineros, afirmó a Mongabay Latam que la cumbre minera “no tiene objetivos claros” y que “no tiene definida la visión de lo que se quiere”. Además, el experto criticó que el Gobierno no haya invitado a las nueve gobernaciones de Bolivia (gobiernos departamentales), municipios ni comunidades indígenas, que resultan afectadas por la actividad minera.

“A todo eso se suma que el sector cooperativista participa con una fuerte presión al Gobierno nacional. En todo eso, no hubo invitación a sectores clave. Ahí va a haber un vacío muy grande, al igual que la Ley Minera actual, se ha hecho entre mineros y por eso hay tantos líos de avasallamientos, de no consulta previa, no respeto a las comunidades, destrucción de grupos étnicos; todo eso está permitido por la actual ley”, dijo Córdova.

Las cooperativas mineras en Bolivia son asociaciones de socios-trabajadores que explotan yacimientos estatales o privados. Agrupan a la mayor cantidad de mano de obra del sector y generan más del 58 % de la producción nacional de minerales, sobre todo oro y metales tradicionales, según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Su aporte fiscal directo al país es mínimo en comparación con otros regímenes productivos.

Además, las cooperativas son cuestionadas porque muchas de ellas no respetan la normativa ambiental y por tener peso político dentro de los gobiernos de turno, como fue el caso del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ahora, esa incidencia en las políticas públicas se repite con Rodrigo Paz, con quien firmaron un polémico acuerdo que autoriza el ingreso de la minería cooperativa a áreas protegidas.

Entre rechazo y críticas

Margarita Aquino, representante de la Coordinadora de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (Renamat), afirmó que la minería no es un asunto exclusivo del Gobierno y de los operadores mineros, como las cooperativas, ya que esa actividad -dijo-, se desarrolla en territorios indígenas y, en muchos casos, dentro de áreas protegidas.

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La defensora ambiental pidió a diferentes organizaciones, como la Defensoría del Pueblo, ejercer mayor control sobre las políticas públicas relacionadas con la actividad minera y reiteró su rechazo a que las decisiones sobre los recursos naturales se adopten sin la participación de los pueblos indígenas y de quienes defienden el medioambiente.

Mientras, en el campo político existen posiciones encontradas respecto a la nueva normativa minera. La diputada Patricia Patiño, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó a Mongabay Latam que la comisión que preside rechazará los resultados de la cumbre minera porque en el evento no fueron tomados en cuenta sectores afectados, como los pueblos indígenas.

“Por supuesto que no vamos a aceptar las conclusiones de la cumbre [minera] porque no hemos sido parte de esa instancia. Se están tratando temas de recursos naturales y ambiente sin que se haya convocado a los pueblos indígenas”, afirmó la legisladora en contacto con Mongabay Latam.

Patiño, que es presidenta de la Comisión de Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, adelantó que pedirá al Gobierno convoque a pueblos indígenas para que puedan observar el proceso de armado del marco legal minero.

Por su parte, el viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ávila, garantizó que en la nueva normativa minera se incluirá la protección ambiental y la participación de pueblos indígenas. “Sabemos que una Ley Minera sin la variable ambiental no es posible. Entiendo que este es un proceso que está iniciando el Ministerio de Minería para llevar adelante esta reforma a su norma y estoy absolutamente seguro de que la variable ambiental es y será parte importante de esta nueva estructura jurídica”, dijo la autoridad a medios locales.

Ávila aseguró que la actividad minera no solo afecta a comunidades indígenas, aunque admitió que existen impactos en toda la población. “Yo no creo que solo los pueblos indígenas son los afectados, afecta a todas las comunidades del país”, dijo el viceministro.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El parque dejó de recibir visitantes hace meses. Sin embargo, Solei, Oceanía, Mincho, Diego, Squalo, Flex, Apolo, Solomon y Satu siguen allí. Los nueve delfines permanecen en las instalaciones que la empresa turística Dolphin Discovery operaba en Ventura Park, en Cancún. Allí comparten algo más que las albercas de concreto donde viven en cautiverio: varios superan los 30 años de edad, presentan enfermedades crónicas y esperan una decisión que definirá dónde pasarán el resto de sus vidas.

Los cetáceos permanecen bajo cuidado humano desde que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el delfinario en octubre de 2025 e inició un procedimiento administrativo.

Su futuro quedó ligado a una reforma que buscó transformar el rumbo de los delfinarios en México. En julio de 2025, el Congreso aprobó modificaciones al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre que prohibieron la reproducción de mamíferos marinos en cautiverio, salvo con fines de conservación. La nueva normativa ordenó la transición de los cetáceos a corrales marinos y limitó las interacciones con los ejemplares que ya permanecían bajo cuidado humano, al prohibir prácticas que pudieran comprometer su bienestar, como montarlos, sujetarse de sus aletas o impulsarse con sus cuerpos.

Con ello, el país inició la transición hacia el fin del modelo de delfinarios basado en la reproducción y explotación comercial de estos animales.

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Mientras esa transición toma forma, los nueve delfines permanecen en una especie de limbo jurídico y operativo. De acuerdo con información proporcionada por la Profepa a Mongabay Latam, reciben alimento diariamente, atención veterinaria y monitoreo constante. Pero aunque ya no participan en actividades recreativas con visitantes, tampoco han sido trasladados a otro sitio, como establece la ley. Liberarlos al océano no es una opción viable después de décadas bajo cuidado humano. Sin embargo, el país aún no define cuál será la ruta para ofrecerles un nuevo hogar.

Tras meses de incertidumbre, organizaciones como Empty the Tanks proponen trasladar a los nueve delfines a corrales marinos, espacios delimitados en el mar que permiten a los cetáceos permanecer en contacto con el agua oceánica y sus condiciones naturales para desarrollar comportamientos más cercanos a los observados en poblaciones silvestres. Para ello, urgen que la autoridad ambiental y Dolphin Discovery implementen un plan para trasladar a los animales a los corrales que la empresa ya posee en Isla Mujeres y Chankanaab, en Cozumel, para mejorar su calidad de vida mientras continúan recibiendo la atención veterinaria especializada que requieren.

“Los pueden bien recibir o habilitar otro espacio”, dice a Mongabay Latam Mariel Bravo, directora de Empty the Tanks en México. “Para no esperar tanto, esta sería la solución: que pasen a Isla Mujeres o a Cozumel, donde ya hay corrales marinos. Es mejor que estén en el mar que en un tanque esperando morir”.

Un reglamento ausente

La incertidumbre sobre el futuro de los nueve delfines comienza por un vacío normativo. Aunque la reforma a la ley entró en vigor hace un año, el reglamento que debe establecer los criterios para su aplicación aún no ha sido publicado. Ese documento deberá definir, entre otros aspectos, cómo se llevará a cabo la transición de los mamíferos marinos que permanecerán bajo cuidado humano, los requisitos para los corrales marinos y los procedimientos que deberán seguir las autoridades y los propietarios de estos ejemplares.

“El reglamento debió salir en enero [de 2026], como lo marcaba la ley, para que no haya malas interpretaciones”, explica Bravo. “Por ejemplo, la obligatoriedad de llevar los delfines, en un plazo de 18 meses a partir de la publicación, de piscinas a corrales marinos vence en abril de 2027. Nosotros no vemos que se estén preparando los lugares”.

Paralelamente, Empty the Tanks promueve la creación del primer Centro para la Conservación e Investigación de Vida Silvestre (CIVS) para mamíferos marinos en México. La iniciativa propone establecer un santuario marino en Quintana Roo que sirva como espacio de rehabilitación y retiro para los cetáceos que permanezcan en cautiverio tras la reforma, con apoyo de especialistas, organizaciones y recursos del Fondo de Protección de Especies Marinas del estado.

Mientras tanto, el retraso del reglamento no es el único desafío. Yolanda Alaniz Pasini, consultora científica para Conservación de Mamíferos Marinos de México (COMARINO), explica que, después de décadas en cautiverio, los delfines han sufrido cambios fisiológicos y conductuales que obligan a evaluar cuidadosamente cualquier decisión sobre su futuro. Han vivido buena parte de su vida dependiendo de las personas para alimentarse y desenvolverse en un entorno controlado.

“La ley dice ‘no debe haber delfines en albercas de concreto’, pero tampoco se hace de un día para otro”, explica la especialista. “Estar en una alberca de concreto significa no escuchar ni sentir el mar. Está comprobado científicamente que va minando la fisiología, la neurología del cerebro y el sistema nervioso de los delfines. Es un estrés crónico persistente que favorece todo tipo de enfermedades”.

Los expedientes clínicos revisados por la organización Empty the Tanks describen un panorama de salud complejo. Los nueve delfines viven con enfermedades crónicas y persistentes que afectan distintos sistemas de su organismo, entre ellos el gastrointestinal, respiratorio, hematológico, bucal, ocular, metabólico y dermatológico. Algunos presentan lesiones dentales severas, desgaste avanzado, enfermedades oculares de larga evolución e incluso tumores. Además, la organización documentó conductas repetitivas y otros indicadores compatibles con un bienestar comprometido.

La Profepa informó a Mongabay Latam que los ejemplares permanecen bajo evaluaciones clínicas periódicas, estudios sanguíneos, análisis microbiológicos y seguimiento permanente de su estado de salud. La dependencia añadió que la empresa continúa siendo responsable del mantenimiento y cuidado de los animales mientras concluye el procedimiento administrativo iniciado tras el aseguramiento. De igual forma, agregó que cualquier decisión sobre su destino dependerá de la resolución del mismo procedimiento.

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo afirmó a Mongabay Latam por correo electrónico que durante una visita realizada en abril de 2026 constató que los nueve ejemplares —siete machos y dos hembras de delfín nariz de botella del Indo-Pacífico (Tursiops aduncus)— “tienen atención constante, cuentan con veterinarios, tienen sus dietas correspondientes, el agua no está sucia y se encuentran monitoreados diariamente”.

Esa versión contrasta con videos difundidos a inicios de agosto por la organización Veeleaf, que muestran un día completo de los nueve delfines en los estanques de concreto. Las imágenes aéreas registran una sola alimentación proporcionada por el personal, la permanencia de los animales durante cerca de 12 horas bajo el sol, sin áreas visibles de sombra o resguardo, y largos periodos en los que permanecen inmóviles o sumergidos.

“Todos están enfermos y algunos bastante delicados, están en albercas donde el agua está demasiado caliente y no tienen sombras dónde se puedan resguardar”, coincide Araceli Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), quien ha dado seguimiento y ha denunciado irregularidades en los delfinarios de Quintana Roo durante las últimas dos décadas.

Un país que todavía mide el tamaño del desafío

La situación de Ventura Park es apenas una parte de un reto mucho mayor. Aunque la reforma busca transformar el futuro de los mamíferos marinos en cautiverio, las autoridades ambientales aún trabajan para dimensionar cuántos animales y cuántas instalaciones deberán incorporarse a esa transición.

Profepa informó a Mongabay Latam que actualmente elabora un inventario nacional de mamíferos marinos en cautiverio que servirá como base para implementar la nueva legislación. Los datos también deberán incluir las muertes y nacimientos de delfines. Mientras ese diagnóstico concluye, la información pública disponible sigue siendo limitada.

El último inventario nacional entregado por la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) mediante solicitudes de transparencia a Empty the Tanks corresponde a registros elaborados hasta 2018. En ese momento, los datos confirmaban 229 delfines en cautiverio distribuidos en 33 instalaciones de estados como Quintana Roo —concentrando 18 delfinarios, la mayor cantidad del país—, seguido por Nayarit, Guerrero y Baja California Sur, con tres delfinarios cada uno. La Ciudad de México aparece con dos instalaciones, mientras que Veracruz, Sonora, Guanajuato y Jalisco están enlistados con uno cada uno. Para 2026, la organización estima que en México podría haber alrededor de 350 mamíferos marinos en cautiverio, entre delfines, lobos marinos y manatíes. En contraste, el número de instalaciones activas se redujo a 27 delfinarios, tras el cierre de cuatro en Quintana Roo y de uno en Baja California Sur y otro en Guerrero.

“Nos dieron la información porque interpusimos un recurso de revisión ante las negativas de la Secretaría [de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat]”, sostiene Bravo sobre el proceso para obtener los datos, aunque en junio de 2025 la DGVS se había comprometido a entregarlos. “Conseguimos el acceso a medias, a cierta información digitalizada y entregada en copias simples, tapando datos confidenciales, pero nos queda siempre la duda de si lo que reportan es verdad. De eso se debe encargar la Profepa, de vigilar que concuerden esos inventarios”.

Estos registros históricos también permiten identificar algunas de las principales causas de muerte reportadas por los propios delfinarios a la autoridad ambiental.

“Siempre se mueren de lo mismo”, agrega Bravo. “Tenemos información de la DGVS, en gobiernos anteriores, donde las muertes son por choques sépticos y bacterianos, neumonía, paros cardíacos y obstrucción gastrointestinal, que denotan maltrato y falta de cuidados para estos mamíferos marinos”.

Una reforma puesta a prueba

Mongabay Latam solicitó una entrevista a la empresa Dolphin Discovery para conocer su postura sobre el estado de salud de los delfines, el procedimiento administrativo y los planes para el futuro de los animales. También solicitó una entrevista a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para conocer el avance del reglamento que deberá dar operatividad a la reforma legal y el estado de los trabajos para implementar el nuevo marco normativo.

Al cierre de esta edición, ninguna respondió a las solicitudes de entrevista ni a los cuestionarios enviados por correo electrónico. Mientras esas respuestas siguen pendientes, Solei, Oceanía, Mincho, Diego, Squalo, Flex, Apolo, Solomon y Satu permanecen en las mismas albercas donde han pasado buena parte de su vida.

Lo que ocurra con ellos marcará el rumbo de la transición del modelo de los delfinarios en México. Si el país logra ofrecerles un retiro en mejores condiciones, habrá dado el primer paso para convertir una reforma legal en una política pública.

“El llamado es a las autoridades a que actúen tan pronto como sea posible”, concluye Domínguez. “Hay que empezar a cerrar más delfinarios y llevar a los delfines a un lugar de resguardo y de retiro donde puedan vivir sus últimos años en mejores condiciones, porque ya dieron parte de su vida para el entretenimiento humano. Ya hay que llevarlos a otro lugar”.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Han pasado seis semanas desde que el doble terremoto de 7.2 y 7.5 grados de magnitud devastara Venezuela el 24 de junio. La última cifra oficial presentada el 3 de agosto por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indica que han muerto 6125 personas, mientras que la cifra oficial de desaparecidos ofrecida por el gobernador de La Guaira –la zona más afectada por el doble sismo– José Alejandro Terán, habla de unas 1400 personas.

En medio del dolor y la destrucción y mientras los sobrevivientes siguen buscando a sus familiares enterrados bajo los escombros de las casas y los edificios colapsados, empiezan a surgir nuevas preguntas sobre los daños a largo plazo que podría dejar esta tragedia. El gobierno venezolano indica que al menos 190 edificios quedaron completamente destruidos. Además, 6433 viviendas fueron clasificadas como de alto riesgo y otras 9866 están bajo la categoría de uso restringido.

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La mayor devastación ocurrió en La Guaira, una ciudad costera ubicada a 30 minutos de Caracas. Aunque en la capital venezolana también colapsaron casas y edificios, los derrumbes en La Guaira destruyeron gran parte de la ciudad. Según un reporte elaborado por las Naciones Unidas a pocos días de ocurridos los sismos, los daños físicos directos en edificaciones e infraestructura alcanzaban aproximadamente 37 000 millones de dólares.

“Se vieron como nubes inmensas de polvo y, en el caso de La Guaira, mucho mayores porque la cantidad de edificaciones que colapsaron fueron muchas más”, dice Alejandro Álvarez, coordinador general de Clima21. “Esa cantidad de polvo puede producir daños a la salud humana y ambiental. No tenemos conocimiento ni referencia de que se esté haciendo alguna evaluación sobre esos daños para que se puedan hacer advertencias a la comunidad, sobre todo a las personas más vulnerables”, agrega Álvarez.

Tras el terremoto, las imágenes de La Guaira mostraban toneladas de cemento, fierros y otros materiales de construcción de los edificios caídos por toda la ciudad. Las fotografías y videos que han circulado tras los terremotos dejan ver una gran destrucción en la ciudad.

El gobierno de Delcy Rodríguez también ha informado que alrededor de 24 000 personas damnificadas permanecen en refugios temporales en Caracas y La Guaira, mientras continúan los trabajos de remoción de escombros y la búsqueda de desaparecidos.

El destino de los escombros

Las primeras semanas de julio empezaron a circular en redes sociales mensajes sobre el destino de la gran cantidad de escombros que había dejado la destrucción de la ciudad. “Desde el principio se vio que había camiones que estaban extrayendo el material de las grandes montañas de escombros y echándose directamente al mar”, comenta Álvarez sobre lo que se denunciaba en ese momento.

“Todos estos escombros que van saliendo, se van depositando en diferentes lugares, afectan la flora y la fauna de los ecosistemas en general. El daño mayor puede ocurrir si son echados al mar. Las grandes cantidades de sedimentos pueden destruir zonas donde hay especies que son importantes en la cadena alimenticia, en los sedimentos, pueden afectar zonas importantes de pesquerías”, comenta Álvarez y agrega que estos desechos pueden contener productos con algún tipo de elemento tóxico.

A la bióloga Mariana Hernández, investigadora doctoral en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, le preocupa el destino de los desechos en La Guaira, sobre todo, si estos se depositan en la zona costera, debido a que “la energía de olas puede hacer que los escombros se rompan, se fragmenten y se descompongan rapidísimo”.

Para Hernández, el caso del plástico es grave por la problemática de los microplásticos. “Mientras más oleaje lo golpee, más rápido se va a ir descomponiendo en fragmentos pequeñitos, estamos hablando de mesoplásticos y microplásticos desde 5 milímetros hasta menos de un milímetro que ni siquiera podemos ver, pero que tienen impactos gravísimos”, comenta la experta sobre cómo los escombros que puedan llegar al mar terminan transformándose.

A la bióloga no solo le preocupan los microplásticos, sino también el resto de componentes de los escombros que ha dejado el derrumbe de decenas de casas y edificios. “Tenemos concreto, arena, ladrillos, materiales de construcción muy diversos. Metales; asbesto, que es muy preocupante; tuberías de PVC; pinturas con elementos pesados y, bueno, toda esta mezcla hace que el impacto ambiental sea muy fuerte, justamente porque se colocan en una zona donde las olas hacen que se rompa rápidamente”.

Hernández explica que cuando se arrojan escombros sobre un suelo marino se genera una especie de turbidez y oscuridad. “Cuando está muy turbio, se bloquea la luz y afecta a las especies que tienen branquias y que son filtradoras. Pero además tenemos la contaminación química y, como decía, los metales pesados de las pinturas y el asbesto me preocupa muchísimo”.

Otra preocupación son las pequeñas áreas de arrecifes de coral que hay en la zona de La Guaira, comenta Hernández, con especies de macroalgas, porque ninguna de estas especies “va a poder escapar del enterramiento y de la turbidez”. Los escombros que llegan al mar también afectarán erizos, caracoles, mejillones, bivalvos y todas las especies que forman parte de este ecosistema. “Es gravísimo porque va afectar los huevos y las larvas de los peces en una zona pesquera donde habitan especies de importancia para los pescadores para el país”.

“No es un impacto de hoy, sino es un impacto también para mañana, no es un ecosistema que se va a haber afectado a corto, sino más a largo plazo”, agrega Hernández.

Desde que se informó que los restos de los edificio se estaban depositando en la costa de La Guaira e incluso, arrojándose al mar, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que “bajo ningún concepto, ni a nosotros ni a los expertos internacionales que convocamos, se nos va a ocurrir lanzar los escombros de las edificaciones colapsadas al mar” y aseguró que las autoridades estudian mecanismos para clasificar y reutilizar más de un millón de toneladas de residuos.

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo de Venezuela también se pronunció ante las denuncias y a mediados de julio emitió un comunicado en el advirtió que tendrá “tolerancia cero” ante los vertidos ilícitos de escombros al mar. “Verter desechos sólidos, líquidos o cualquier sustancia contaminante en el mar o en espacios naturales es una actividad ilícita que conlleva sanciones que van desde multas hasta procesos penales, así como la obligación de restaurar los espacios afectados”, indicó en el comunicado.

En una reunión del ministro para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y del Equipo de Evaluación de Desastres y Coordinación de las Naciones Unidas (UNDAC) se definieron protocolos para la gestión técnica y segura de los escombros, especialmente en Caracas y La Guaira.

“La movilidad de escombro tiene que hacerse con mucho cuidado”, dice Gustavo Carrasquel, Director General de Azul Ambientalistas, una organización dedicada a la conservación de los océanos. “Se deben clasificar por tipo de material para posteriormente triturarlo, molerlo o transformarlo en otro tipo de materia prima que pueda servir nuevamente para la construcción, para algún tipo de infraestructura”.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), los escombros de los terremotos no se deben depositar en zonas de áreas naturales protegidas, barrancas, marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos ni arqueológicas, y tampoco sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas.

Semarnat también sugiere que estos desechos se deben ubicar a una distancia mínima de 500 metros de ríos, arroyos, lagos y lagunas. Además, se deben reciclar y, de ser posible, reutilizar los materiales en otras obras de infraestructura urbana, vial e hidráulica, así como en rellenos sanitarios y en la misma reconstrucción de las zonas de desastre.

Mariana Hernández menciona que si bien el gobierno venezolano ha asegurado que existe tecnología para reutilizar estos escombros, no confía en que esto se concrete. “No hay detalles sobre eso. Sabemos que para cosas mínimas como separación y reciclaje de residuos del día a día no existen los espacios por parte del gobierno, entonces es difícil imaginar que tenemos la tecnología y las condiciones para una emergencia y una situación de esta magnitud”.

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Los efectos del polvo

Una de las preocupaciones sobre los escombros del terremoto es sobre los efectos que pueda tener el polvo en la salud humana. “Estamos viendo familiares que están yendo a colaborar en la zonas de derrumbes con las labores de desescombrar y el polvo y todo lo que se levanta al quitar los escombros afecta, por ejemplo, a los asmáticos y estamos viendo reagudizaciones de asma y personas con problemas de bronco espasmo porque han aspirado el contenido del polvo”, señala Carmen Limiñana, médico de emergencias del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana, quien viajó a La Guaira dos semanas después de los sismos.

Limiñana también señala que se están presentando “patologías crónicas reagudizadas” porque las personas que han perdido su hogar y sus pertenencias y que padecían alguna enfermedad crónica se quedaron sin tratamientos, sin el control de los sistemas sanitarios que también resultaron deteriorados. “Eso es lo que corresponde a estas etapas [de la emergencia]”, comenta.

A la bióloga Mariana Hernández le preocupa que las sustancias como el asbesto que se pueda encontrar como parte de los materiales de construcción también puedan significar un riesgo para la salud de quienes están en contacto con los escombros.

Sobre este tema, Damián Soriano García, ingeniero de edificación oficial del Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de Albacete, en España, y Responsable de la Sección de Intervención en Catástrofes de Bomberos Sin Fronteras España, explica que el asbesto normalmente va asociado a elementos de hormigón que forman parte de productos prefabricados. Elementos usados para proteger las estructuras del fuego también pueden contener amianto o asbesto. “Antiguamente se aplicaba amianto a elementos de impermeabilización de cubiertas, placa de fibrocemento, incluso a tuberías”, explica el experto.

“Durante los trabajos de remoción de los restos de colapso o incluso de en fase de rescate de cuerpos, es necesario llevar un traje encapsulado, es decir, una protección exterior, un traje que podamos tirar y gestionar adecuadamente como residuo. También es importante la protección de manos, de cara, ojos y una máscara facial para no respirar las fibras” respirables de asbesto, aconseja Soriano.

El asbesto es un grupo de minerales en forma de fibras diminutas resistentes al calor y a muchas sustancias químicas. La exposición prolongada a estas fibras puede ocasionar problemas serios en los pulmones y causar cáncer, según la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades de Estados Unidos. Actualmente está prohibido en Venezuela pero sigue formando parte de las construcciones antiguas, como las que colapsaron con el terremoto.

“Para que haya asbestosis tiene que darse una exposición prolongada como ha ocurrido con la gente que trabaja en fábricas durante muchos años. En este caso, que es una exposición aguda, por tanto, una patología muy grave del asbesto no se va a producir”, asegura la médico Limiñana.

No obstante, el ingeniero y bombero Soriano advierte que es muy importante que las personas que estén en contacto con la gestión de los escombros de los edificios derrumbados “cuenten con equipo de protección individual para evitar la inhalación de esas fibras”. Sugiere también que el tratamiento de estos residuos se realice en una zona de acopio determinada con una gestión adecuada.

“La manipulación es peligrosa cuando se rompe una placa de fibrocemento con amianto o asbesto, por tanto, todos los equipos de protección personal que hayan estado en contacto con ese tipo de material tienen que ser también gestionados como residuos”, aclara Soriano.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La expansión de la ganadería es un motor de la deforestación, pero también es un riesgo para la conservación del jaguar (Panthera oca). Un estudio abordó 4.2 millones de kilómetros cuadrados de la Diagonal Seca Sudamericana –que comprende el Chaco, la Chiquitania, el Cerrado y Caatinga- y encontró que los diversos sistemas ganaderos dejan huellas de deforestación distintas, pero todos provocan en menor y mayor medida que el jaguar pierda su hábitat y se corten sus corredores biológicos, aquellos que conectan los diferentes espacios que habita.

Este informe, realizado por los científicos Jamie Burton, Matías Baumann, Pedro Fernández, Julia Martínez-Pardo, Pablo Pacheco, Alfredo Romero y Tobías Kuemmerle, establece que el sector ganadero suele ser tratado como una entidad monolítica, lo que oculta cómo diversos actores, desde pequeños productores hasta agroempresas, generan impactos socioecológicos que deben ser diferenciados.

Burton, en contacto con Mongabay Latam, explicó que el resultado central del estudio es que cada tipo de sistema ganadero deja una huella de deforestación distinta: la ganadería capitalizada domina las fronteras rampantes, donde la expansión de pasturas produce un desmonte activo y cohesivo; la ganadería de pequeña escala y la cría de cabras se concentran en fronteras fragmentadas, donde la deforestación avanza de manera lenta y en parches; y los sistemas industriales-intensivos también coinciden con fronteras rampantes.

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La ganadería capitalizada o contrato de capitalización ganadera es un acuerdo de colaboración donde una parte aporta el campo con pasturas y la otra entrega el ganado. Se busca criar o engordar a los animales sin necesidad de comprarlos y repartir las ganancias o crías obtenidas. En cambio, un sistema industrial-intensivo es un modelo de producción animal enfocado en maximizar la producción.

“Los sistemas industriales-intensivos también coinciden con fronteras rampantes. Parecen funcionar como marcadores de paisajes agroindustriales donde ganadería y cultivos de commodities están fuertemente acoplados, más que como causantes directos del desmonte”, detalló Burton, quien añadió que la superposición de estas fronteras con las unidades de conservación del jaguar y los corredores biológicos revela riesgos contrastantes para estos felinos, con implicaciones muy diferentes para la conservación.

Burton, matemático y miembro del Laboratorio de Biogeografía de la Conservación del departamento de Geografía de la Universidad Humboldt, destacó que, en las fronteras deforestadas, las poblaciones de jaguares se enfrentan a la pérdida de hábitat y la fragmentación de los corredores, lo que requiere áreas protegidas, planificación del uso de la tierra y compromisos de deforestación cero.

Por el contrario, dijo, en las fronteras fragmentadas, el desafío de la conservación es fundamentalmente social: una alta interacción entre humanos y vida silvestre que requiere la participación de la comunidad, la prevención de conflictos y mecanismos de compensación.

“Al vincular empíricamente los sistemas ganaderos con los tipos de fronteras deforestadas, nuestro enfoque establece un puente entre las narrativas genéricas sobre la ganadería y los relatos específicos de casos de conflicto entre humanos y jaguares. Esto ofrece una manera de diferenciar los contextos de intervención a escala regional, aclarando qué actores y dinámicas fronterizas dan forma a un paisaje determinado y, por lo tanto, qué respuestas de conservación podrían ser adecuadas para el felino”, detalló Burton.

Diferentes tipos de ganadería

El experto insistió en que la conclusión de fondo es que no hay una “única ganadería” ni una “única receta de conservación”. Las intervenciones tienen que ajustarse al tipo de actor y al tipo de frontera, dijo Burton.

“Lo que buscamos es dar una imagen más matizada de los sistemas ganaderos y de su asociación con distintos tipos de deforestación, a escala amplia. La ganadería suele aparecer sobre simplificada en los debates de conservación, como si fuera una sola actividad con un solo tipo de impacto, y nuestra intención es visibilizar esa diversidad de actores”, afirmó el experto.

Al mismo tiempo, Burton resaltó que un análisis regional como este sigue simplificando el contexto, de modo que debe complementarse con trabajo situado y de escala local, capaz de registrar cómo se viven realmente estas dinámicas.

El estudio no hace seguimiento de individuos de jaguar ni analiza su comportamiento. Es un trabajo con patrones espaciales de uso de la tierra y deforestación. “Lo que sí sostenemos, apoyados en la literatura que citamos, es que la fragmentación y el corte de corredores pueden generar aislamiento funcional de poblaciones de jaguares y sumideros poblacionales”, dijo Burton.

Nicolás Lodeiro, director de la Red Yaguareté, afirmó a Mongabay Latam que la expansión ganadera en Argentina, donde el bosque seco se expande en el noreste del país, es una de las principales acciones de extinción del jaguar y coincide en que los distintos tipos de sistemas ganaderos arrojan situaciones críticas para el felino, como la pérdida de hábitat y fragmentación de corredores.

“El crecimiento de las zonas ganaderas, por ejemplo, en zonas impenetrables como el río Bermejo [al noreste de Argentina], daña la conservación del jaguar. Creo que la peor ganadería es la ganadería extensiva bajo monte, que no se da de manera industrial, pero que se da en el Chaco, donde el ganado convive con el yaguareté [jaguar]”, afirmó Lodeiro.

El especialista argentino añadió que la única forma de convivencia entre jaguares y ganado es impulsar medidas que compensen las pérdidas que generan las depredaciones de su hábitat. “En Argentina hay normas que no se cumplen sobre la expansión ganadera. Acá se encuentran vacas en todos lados y por eso es necesario establecer dónde sí y dónde no se pueden establecer zonas ganaderas”, dijo Lodeiro.

Por su parte, Rafael Hoogesteijn, médico veterinario experto en estrategias anti-depredación, biología y conservación del jaguar, explicó a Mongabay Latam que el estudio identifica de manera positiva los diferentes mecanismos ganaderos que provoca la deforestación.

“Es bueno diferenciar muy bien la actividad de estos diferentes grupos y ver cómo afecta la deforestación en esta zona del bosque seco sudamericano, que es el Chaco, el Cerrado y Caatinga. Este trabajo de base puede servir a otros trabajos para determinar los caminos a seguir”, destacó.

Es necesario implementar un corredor

Hoogesteijn afirmó que en el caso de Brasil existe una legislación “demasiado estricta” que implica multas al sector ganadero que no cumpla las normas. “Con respecto a los medianos y grandes productores, ellos deben seguir los lineamientos donde solamente pueden desarrollar un cierto porcentaje del área de cada bioma con la deforestación y la introducción de pastos. Hay otro porcentaje, dependiendo del bioma, que debe permanecer inalterado. En Brasil eso se cumple muy bien”, resaltó Hoogesteijn.

Los jaguares no conocen fronteras, sin embargo, hay amenazas que los mantienen a raya en los territorios que habitan. Y uno de ellos es la ganadería ilegal y la extensiva, afirmó a Mongabay Latam Iván Arnold, director de la organización boliviana Naturaleza, Tierra y Vida (Nativa). El experto explicó que una de las acciones para conservar el jaguar es la implementación del proyecto “Ríos del Yaguareté”, una iniciativa que propone el desarrollo de un corredor biológico que atraviesa extensas áreas de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay y utiliza los ríos como vías naturales que facilitan el desplazamiento de la fauna y la conservación de los ecosistemas.

“La propuesta tiene como objetivo proteger, restaurar y reconectar 2.5 millones de kilómetros cuadrados en la cuenca del río Paraná durante los próximos 20 años. Esta cuenca, que abarca territorios de los cuatro países, une ecorregiones como los Yungas, el Gran Chaco, la Selva Atlántica y el Pantanal. En estas zonas conviven bosques ribereños, selvas subtropicales, sabanas y humedales, que ofrecen refugio a una notable diversidad de especies y, sobre todo, al jaguar”, destacó Arnold.

El especialista añadió que la cuenca del Paraná alberga jaguares, nutrias gigantes, tapires, ciervos de los pantanos y diversas especies de aves acuáticas, entre otros animales. También destacó la presencia de peces emblemáticos, como el dorado, de importancia para la pesca regional. “Para estas especies, la conectividad de los ríos es fundamental debido a la fragmentación que sufren los ambientes terrestres por la actividad humana, como la deforestación”, dijo Arnold.

*Imagen principal: jaguar en un rincón del Chaco Seco, Argentina. Foto: Proyecto Yaguareté/CeIBA/Conicet

REFERENCIA

Jamie Burton, Matthias Baumann, Pedro David Fernández, Julia Martínez-Pardo, Pablo Pacheco, Alfredo Romero-Muñoz and Tobias Kuemmerle. Expanding livestock frontiers and their implications for jaguar conservation in South America’s dry diagonal. Environmental Research Letters, Volume 21, Number 12. Citation Jamie Burton et al 2026 Environ. Res. Lett. 21 124031 DOI 10.1088/1748-9326/ae7a99

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Dos décadas después de que Chile suspendiera la pesca de arrastre de fondo en los montes submarinos del Archipiélago Juan Fernández, los ecosistemas todavía no muestran señales de recuperación. Las zonas arrastradas tienen marcas visibles de los masivos instrumentos de pesca, una pobre cobertura de corales milenarios formadores de hábitat y menor riqueza y diversidad de especies.

Estas son las principales conclusiones del artículo científico Impactos de la pesca de arrastre de fondo en la cordillera de Juan Fernández, publicado en la revista Deep-Sea Research Part I, en junio de 2026. Ignacio Petit lideró el estudio. Es científico de Oceana Chile e investigador asociado al Centro de Ecología y Manejo Sustentable de las Islas Oceánicas (ESMOI, por sus siglas en inglés) de la Universidad Católica del Norte.

“Este estudio nos da evidencia científica robusta de que el impacto es real, a largo plazo y que los ecosistemas destruidos no se recuperan fácilmente”, dice Felipe Paredes, director de políticas marinas de Oceana Chile sobre el trabajo de sus colegas.

La expedición Seamounts of Southeast Pacific, realizada en 2024, permitió recabar 56 horas de video de tres montes de Juan Fernández y compararlos con Solito, un monte submarino donde no existen registros de intervención. Para eso, se usó el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, del buque de investigación R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute.

“Fue bien contrastante no ver corales del tamaño que veíamos en Solito y ver un sistema más simple en cuanto a su estructura por carecer de las especies formadoras de hábitat”, describe Javier Sellanes, investigador del ESMOI, líder de la expedición científica y coautor del estudio.

En Juan Fernández se analizaron los montes JF1, JF2 y JF6, con datos de ubicación de arrastres históricos proporcionados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) de Chile.

“Hay que reconocer el liderazgo de los científicos chilenos porque no es fácil sacar un estudio de alta complejidad académica donde intervienen actores institucionales, científicos, ONG, etc”, dice Renato Gozzer Wuest, ingeniero pesquero peruano.

Ecosistemas poco resilientes

Los montes submarinos son ecosistemas profundos, dominados por corales de aguas frías de lento crecimiento y “extremadamente frágiles”, detalla Petit. Se considera que están entre los organismos más antiguos del planeta. De acuerdo con el artículo, los corales negros del género Leiopathes y las esponjas de vidrio pueden vivir hasta por 2800 años y tomar siglos en recuperarse.

En medio del hábitat que conforman, viven estrellas quebradizas, langostinos endémicos y decenas de otras especies. Además de su gran biodiversidad, los montes submarinos se caracterizan por su endemismo, es decir, por tener especies únicas en el mundo. Las elevaciones también favorecen la conectividad en el océano. Especies altamente migratorias, como tiburones y ballenas, desarollan aquí diferentes actividades de su ciclo de vida, como reproducción y alimentación.

Por estas características, estos ecosistemas “son muy poco resilientes ante perturbaciones externas como las que causa la pesca de arrastre”, señala Sellanes.

La pesca de arrastre de fondo estaba dirigida a las pesquerías de orange roughy, también llamado reloj anaranjado, (Hoplostethus atlanticus) y alfonsino (Beryx splendens). Se inició en 1999 y operó durante cinco años, de acuerdo con los autores. Las pesquerías cerraron en 2006 debido a las bajas tasas de captura, luego de más de 500 kilómetros arrastrados en el área.

“Fue tal el nivel de sobreexplotación que cuando volvieron, ya no lo encontraron”, dice Paredes con respecto al orange roughy. La especie es muy demandada y de alto valor, pero se destinó principalmente a mercados internacionales. “Esta pesquería no iba a solucionar los problemas alimentarios de Chile”, resalta.

En 2012, el Congreso chileno prohibió la pesca de arrastre de fondo en 117 montes submarinos conocidos dentro de la Zona Económica Exclusiva. Solito no estaba en ese grupo porque no se conocía formalmente de su existencia. De hecho, su nombre no es oficial. Por eso, los autores recomiendan que se lo incorpore en algún esquema de protección.

Cicatrices en el fondo del mar

Las redes de arrastre son artefactos de fierro que pueden alcanzar varias decenas de metros de longitud, con largas cadenas que permiten llegar al fondo marino. “Esas cadenas, esos fierros, son los que destruyen. Es como un arado en el mar que rompe todo a su paso”, describe Paredes.

De los 277 cuadrantes analizados para el estudio, 47 mostraron evidencia del arrastre. “Las redes raspan la roca y queda con cicatrices”, dice Petit sobre lo que vio en los videos del ROV SuBastian. La profundidad promedio de los cuadrantes arrastrados fue de 544 metros, con registros de hasta 718 metros.

JF2 fue el monte más intensamente arrastrado, con 30 cuadrantes que mostraban afectaciones. Le siguió JF1, con 12 cuadrantes visiblemente afectados y una cobertura de sedimento blando superior al 50 %, bastante mayor que el resto de los sitios.

En Solito, donde no hubo intervención, la cobertura de sedimento blando fue más baja. Además, hubo más coral vivo formador de hábitat y una acumulación considerable de “esqueletos” del coral Madrepora oculata, lo que refleja la mortalidad natural ante la ausencia de daño mecánico.

Contrastes en la biodiversidad

Jan Maximiliano Tapia, coautor y especialista en taxonomía y ecología de la fauna del fondo marino, relata que al estudiar las zonas más profundas de Juan Fernández y del monte Solito observaron hábitats complejos. “Encontramos hábitat rocoso bastante heterogéneo, compuesto por paredes verticales, zonas de grandes corales, esponjas de cristal y todo lo que conlleva especies formadoras de hábitat, bastante críticas en este tipo de ambiente”, describe.

Después evaluaron las cimas de los montes submarinos, donde vieron diferencias importantes porque hasta allí, entre 500 y 700 metros de profundidad, llegaron las redes de pesca de arrastre a Juan Fernández.

En las zonas someras de Solito observaron alta cobertura de coral vivo, mayor complejidad de hábitat y una fauna abundante de corales, esponjas y crustáceos. Además, vieron mayor biomasa de invertebrados, incluyendo crustáceos de interés comercial como el cangrejo dorado (Chaceon chilensis) y la langosta de Juan Fernández (Projasus bahamondei). “Conservar los montes submarinos también contribuye a sostener las pesquerías artesanales de la zona”, asegura Sellanes.

En total, el equipo científico identificó 74 organismos distintos. La abundancia de estos grupos varió entre sitios. Los Cnidarios, que incluyen a los corales de aguas profundas, alcanzaron su mayor densidad en Solito y la más baja en JF1 y JF2.

Los artrópodos y las esponjas también fueron más abundantes en el monte no arrastrado. Donde hubo pesca de arrastre, los artrópodos fueron menos abundantes y las esponjas (Porífera) estuvieron casi ausentes.

Impacto Adverso Significativo

Los equinodermos –filo que agrupa estrellas, pepinos y erizos– mostraron el patrón inverso, con mayor abundancia en JF1 y JF2 y menor abundancia en Solito. Se identificó, principalmente, alta densidad del erizo Dermechinus horridus.

Los investigadores documentaron ejemplares juveniles de D. horridus aparentemente alimentándose de corales bambú (Keratoisididae) cerca de una zona arrastrada en JF2. Por eso, plantean la hipótesis de que la proliferación de este erizo en sustratos alterados podría estar retrasando aún más la recuperación de las colonias coralinas.

“Además de que estos corales son de tasas de crecimiento muy lenta, estos animales podrían estar provocando que la recuperación sea muchísimo más lenta que lo normal y podría darse a una escala temporal humana no visible”, explica Petit.

“[Los hallazgos son reveladores porque] muchas veces se piensa que basta dejar descansar los hábitats de fondo para que regresen las comunidades que vivían antes de la actividad antrópica. Todo lo contrario, un hábitat que está sentido puede ser aprovechado por otra especie”, dice el ingeniero Gozzer Wuest.

Los autores señalan que especies milenarias como los corales negros y las esponjas de vidrio se reproducen cada cinco o 10 años y pueden tardar entre 20 y 40 años en recuperarse. Estas características limitan aún más su capacidad de repoblar zonas degeneradas.

El estudio concluye que los montes de Juan Fernández han sufrido un Impacto Adverso Significativo. Es un criterio establecido en las Directrices Internacionales para la Ordenación de las Pesquerías de Aguas Profundas de la FAO (2008) que se aplica cuando existen daños que superan un tiempo de recuperación de 20 años.

Montes y cordilleras por proteger

Mientras los montes de Juan Fernández están dentro de áreas marinas protegidas, Solito no cuenta con ningún estatus de protección. La elevación está ubicada a unos 600 kilómetros al norte del archipiélago, en la ecorregión Desventuradas.

“Todavía hay montes prístinos alrededor del área, que sigue siendo inexplorada, nos motiva a seguir explorando”, dice Tapia. “Si no hay manejo adecuado en las pesquerías, esto puede repercutir por años, como ocurrió en Juan Fernández”, agrega.

Los autores recomiendan implementar medidas de manejo espacial para proteger a Solito de futuros impactos antropogénicos, incluyendo su eventual incorporación a instrumentos de conservación existentes.

En el caso de los montes de Juan Fernández, recomiendan establecer un programa de monitoreo de largo plazo para evaluar la recuperación y sucesión de especies. “Debemos volver en 15 o 20 años más para ver si hubo recuperación”, sugiere Tapia. Solito podría servir como sitio de referencia para comparar la recuperación de los montes afectados.

Petit resalta que los impactos vistos en los montes submarinos son similares a los que sufren otros ecosistemas chilenos en donde se realiza pesca de arrastre. Por eso, Oceana buscó en el pasado prohibir este tipo de pesca, pero no fue posible. No obstante, ahora buscan que no se expanda a otras zonas.

Además, buscan que se protejan montes submarinos fuera de Chile. “Usamos este ejemplo como proxy para conversar sobre los riesgos de la pesca de arrastre en lugares como las cordilleras submarinas Salas, Gómez y Nazca [en altamar]”, dice el líder de la investigación. Detalla que flotas internacionales pescan en esa zona altamente vulnerable.

Para conseguirlo, Oceana está trabajando junto a la comisión científica de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (SPRFMO, por sus siglas en inglés) en el levantamiento de información sobre las dorsales para prohibir la pesca de arrastre en el fondo y en la columna de agua de las dorsales, dice Paredes. Además, en el futuro se apunta a declararlas área marina protegida, bajo el Tratado de Altamar.

REFERENCIA

Petit, I., Tapia-Guerra, J. M., Gaymer, C. F., Sellanes, J., Castro-Contreras, M., Gallardo, M.-A., Easton, E. E., Watling, L., & Payá, I. (2026). Impacts of bottom trawl fishing in the Juan Fernández ridge, Chile. Deep-Sea Research Part I, 230, Artículo 104723. https://doi.org/10.1016/j.dsr.2026.104723

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Algunos de los lugares más impresionantes del mundo son custodiados por guardaparques. Con su labor protegen selvas, manglares, páramos, pampas, humedales y paisajes antárticos. Del buen funcionamiento de esos ecosistemas y del mantenimiento de la biodiversidad dependen los servicios ambientales como el aire puro, el agua fresca o la polinización de alimentos. Por eso, desde 1992, el 31 de julio se celebra el Día Internacional de las y los Guardaparques.

Latinoamérica representa solo el 16 % de la superficie global, pero alberga cerca del 40 % de la biodiversidad del planeta, de acuerdo con datos del Grupo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, en varios países se reportan recortes presupuestarios para las áreas protegidas y los guardaparques. También es una región amenazada por el narcotráfico, la extracción legal e ilegal de recursos y la inequidad de género.

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En este contexto trabajan hombres y mujeres que se enamoraron de la naturaleza y se comprometieron con cuidarla a pesar de que el oficio de guardaparques no sea siempre reconocido.

Mongabay Latam habló con tres guardaparques de la región que enfrentan diferentes retos. En el Parque Nacional Natural La Paya, en Colombia, Hernán Chilito insiste en lo fundamental de trabajar con las comunidades locales para fortalecer los objetivos de conservación.

En el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, Tanya Villalba demuestra que una mujer puede liderar el área protegida más grande del territorio continental, la cual también atrae gran atención internacional por su gran diversidad biológica y cultural.

Desde el Parque Nacional El Palmar, en Argentina, Facundo Alcalde apunta a la sostenibilidad financiera del área protegida a través del incremento de las visitas y el turismo sostenible, siempre con base en datos científicos y la precaución.

Colombia: Hernán Chilito busca reconstruir las relaciones con las comunidades

Cuando el guardaparque Hernán Chilito llegó al Parque Nacional Natural La Paya en 2016, la relación entre la institución de Parques Nacionales y las comunidades campesinas “era muy débil”, asegura. En décadas pasadas, se había realizado una negociación para que 68 familias que habitaban dentro del parque salieran a cambio de acuerdos con diferentes instituciones donde se pagaron los cultivos, predios y mejoras. Pero el Estado quedó en deuda con otros acuerdos, como el de vivienda y el de tierras por diferentes complejidades en los procesos.

“Con Parques Nacionales se buscó encontrar alternativas y soluciones”, dice el experto en el uso, ocupación y tenencia con comunidades campesinas en parques naturales. Después de varios procesos infructuosos, consiguieron implementar proyectos productivos sostenibles para la seguridad alimentaria. También les entregaron árboles frutales de la Amazonía colombiana, incluyendo cacao maraco y chontaduro.

Luego, la Asociación Astracam planteó la necesidad de conocer los límites del parque. Se creía que 27 veredas estaban dentro, pero después de hacer reconocimientos, descubrieron que solo 80 familias estaban al interior y otras estaban sobre los bordes.

La Paya es un parque azotado por el narcotráfico. Sin embargo, mientras avanzaban los diálogos de paz, los guardaparques continuaban con sus acciones. Hasta que en 2019 llegó la cuestionada Operación Artemisa. Esta avanzada militar buscaba controlar la deforestación, pero en la zona dejó viviendas quemadas, 27 familias afectadas y siete familias judicializadas. Los grupos armados que operan en la región asociaron el despliegue a Parques Nacionales, convirtiendo a sus guardaparques en objetivo militar.

Los funcionarios no pudieron trabajar con las comunidades hasta 2023, cuando la comunidad El Triunfo quiso retomar el trabajo de precisión de límites. También hubo un acercamiento con comunidades de Mecaya y Sencella, pero los grupos armados no lo permitieron. Con El Triunfo se plantearon acuerdos de trabajo para resarcir las relaciones entre la comunidad y Parques Nacionales, incluyendo acompañamiento psicológico para las familias y acuerdos de convivencia.

El guardaparques destaca los avances en restauración ecológica participativa, construcción de la casa comunal, implementación de seis viveros transitorios e inicio del proceso para la compra de cinco fincas que están dentro del parque. “El otro logro que se obtuvo es el establecimiento de la confianza de la comunidad y la institución y el trabajo articulado entre las dos partes, es muy difícil de lograr, pero lo logramos”, resalta.

“Yo soy parqueano de corazón”, dice y añade que le gusta mucho el trabajo para el que se ha especializado, uno que combina lo social con lo ambiental.

Ecuador: Tanya Villalba alza la voz contra los micromachismos

Para las mujeres guardaparques en Ecuador, no es poco común que sus compañeros las subestimen. Aunque no lo hacen de manera frontal, frases como “mejor quédate cocinando”, dejan claros sus pensamientos. “Esto recae en sentir que como mujer estás solo para cocinar y barrer”, dice Tanya Villalba, guardaparque encargada de la administración del Parque Nacional Yasuní. “Eso repercute porque al final sientes que no tienes las mismas oportunidades”, agrega.

En la campaña “Eso que dices sí importa”, la organización Wildlife Conservation Society recoge 10 frases para identificar y evitar micromachismos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los testimonios de las guardaparques revelan que sus compañeros sugieren a través de palabras sutiles que las mujeres no pueden ser brigadistas contra el fuego, que solo son buenas para realizar actividades de oficina o que consiguieron el puesto a través de favores sexuales.

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Funcionarias como Villalba demuestran lo equivocados que están. Antes trabajó en atención al usuario en las ventanillas provinciales del Ministerio de Ambiente y cuando tuvo la oportunidad de convertirse en guardaparque, el cambio fue radical. Su turno de 20 días empezó a finales de año. Mientras en gran parte del planeta las familias se reunían por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ella y sus colegas estaban incomunicados en medio de la selva.

Extrañaba a su familia, pero decidió quedarse cuando atestiguó escenas que normalmente se ven solo en portadas de libros. Aún recuerda una de las especies que vio por primera vez. En un sendero despejado y bajo los rayos del sol, un árbol caía en diagonal. Al acercarse descubrió que una boa grande y pesada que dormía en el tronco había provocado la inclinación. “Esto es lo que enamora a los turistas”, afirma sobre lo maravilloso de la escena.

Aprendió a planificar sus actividades y equipaje para los 20 días en el campo, vivir en campamentos, hacer control y vigilancia, registrar y muestrear fauna, entre otros. “Ha sido un aprendizaje constante”, admite y cree que ser proactiva le permitió llegar a la administración hace año y medio.

Con más de un millón de hectáreas de superficie, actividad petrolera, al menos dos pueblos indígenas y pueblos en aislamiento voluntario en el interior del parque, su administración es un reto. A eso se suma la falta de recursos y personal. A pesar de eso, y de amenazas relacionadas a la extracción ilegal de recursos madereros y auríferos, Villalba ha liderado proyectos de gobernanza participativa y gestión pesquera para fortalecer la protección del área protegida.

Villalba cree que así como ella, otras directoras de áreas protegidas y las guardaparques demuestran que son capaces de hacer trabajo duro y técnico. Cree que esto tiene el efecto de cambiar las actitudes de los hombres. “Es buscar la equidad de hombres y mujeres, que tengan las mismas oportunidades”, afirma.

Argentina: Facundo Alcalde apuesta al turismo para la conservación

De Iguazú a la Antártida, el guardaparque Facundo Alcalde se ha dejado impresionar por la naturaleza argentina durante los últimos 20 años. Ha caminado en medio de la calurosa selva de Misiones por hasta dos días sin encontrar agua, cóndores han volado a pocos metros de su cabeza en la Patagonia y ha visto hasta la humedad del ambiente convertirse en cristales de hielo al sur del continente. “No lo cuento como algo traumático, sino como experiencia de vida, como algo que me sirvió, como algo enriquecedor”, dice.

Aunque en Argentina los guardaparques se forman en una escuela de dos años y después se van especializando a lo largo de su carrera, asegura que todos deben tener una característica en común: “Estar preparados para adaptarse a los cambios y a las diferentes funciones”.

En el Parque Nacional Nahuel Huapi trabajó en proyectos de reconversión productiva con comunidades mapuches y criollas. Después, pasó por el Parque Nacional Iguazú, el más visitado de Argentina, con hasta 13 000 personas por día en los picos de Semana Santa. En 2022 sumó 14 meses en la base Orcadas, en la Antártida, a cargo de un laboratorio interdisciplinario con 13 proyectos de investigación.

Luego de trabajar un año en la Dirección de Coordinación Operativa en Buenos Aires, asumió la intendencia del Parque Nacional El Palmar. Esta área protegida, donde se protegen 8200 hectáreas de las ecorregiones Espinal y Pampa con humedales de importancia internacional, es la sexta más visitada del país.

Como especialista en turismo sostenible, está impulsando un plan para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios con el objetivo de aumentar la recaudación propia sin afectar el ambiente. Según Alcalde, el parque cubría el 20 % de su presupuesto operativo al inicio de su gestión, en agosto de 2024. El porcentaje subió a 30 % en 2025 y para fines de 2026 se plantea superar el 40 %.

Para el guardaparque, la conservación y el turismo no son incompatibles. Reconoció que los extremos, tanto el turismo desregulado como el conservacionismo estricto, pueden generar impactos negativos, ya sea ambientales o económicos. Por ahora, trabaja con base en la ciencia, ajustando los procesos a medida que aumentan las visitas y buscando que haya cada vez más eficiencia para que el trabajo de sus colegas se concentre en la protección de la naturaleza.

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La ballena sei (Balaenoptera borealis) es uno de los cetáceos más misteriosos y también una de las especies más desconocidas del océano. Este cetáceo convirtió las costas patagónicas en un escenario clave para la ciencia marina. En los últimos 15 años, mantuvo un crecimiento poblacional histórico y convirtió al Golfo San Jorge, al sur de Argentina, en un espacio indispensable para su supervivencia. Un equipo de científicos monitorean a dos ejemplares que ahora son analizados con tecnología satelital.

La ballena sei es el tercer animal más grande del planeta. Pertenece al grupo de los rorcuales y está en peligro crítico de extinción. Este animal permaneció desaparecido durante casi 100 años como consecuencia de la caza intensiva que produjo su depredación. Pero en 2024 un equipo de científicos marinos halló el rastro de una ballena sei en el litoral patagónico. Desde esa fecha, se hicieron varios estudios y monitoreos para verificar las rutas que realiza este cetáceo. Los resultados son espectaculares.

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Mariano Coscarella, biólogo e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), lidera el trabajo de campo junto a un equipo que incluye docentes e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, sigla en inglés) y Rewilding Argentina con el objetivo de comprender el uso real que los animales hacen del entorno patagónico.

El experto explicó a Mongabay Latam que los cetáceos se acercan a la región comprendida entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, al sur de Argentina, buscando alimentos, especialmente la langostilla. Además, en esa zona las ballenas se alimentan de copépodos y pequeños peces pelágicos.

Los copépodos son pequeños crustáceos que viven en el agua y son un componente crucial del plancton. Son extremadamente abundantes en los océanos y sirven como alimento para muchos animales marinos. Los pequeños peces pelágicos, por su parte, habitan la columna de agua, generalmente en aguas abiertas, lejos de la costa, y también alimentan a varios depredadores marinos.

El especialista añadió que, según datos recopilados, las ballenas sei permanecen en esta zona de alimentación desde octubre hasta junio, momento en el que inician una travesía misteriosa que la ciencia ahora busca documentar con total precisión.

“Lo que tenemos establecido es que, para junio, las ballenas empiezan a migrar hacia el norte. Algunas lo hacen sobre la plataforma costera, otras lo hacen por fuera de la plataforma, por aguas más profundas y se dirigen al sur de Brasil. Todavía no tenemos claro cuál es el lugar de destino final en Brasil”, detalló Coscarella.

La tecnología que se utiliza para rastrear a las ballenas es satelital. Los científicos implantan rastreadores en la piel de las ballenas con una fijación en la grasa. Duran entre 30 y 40 días. También se utiliza otra tecnología que tiene los mismos rastreadores que se implantan un poco más profundo en la grasa y pueden durar tres o cuatro meses. El satélite toma toda la información cuando el animal sale a respirar.

Un estudio que puede ayudar a crear áreas protegidas en el mar

Coscarella afirmó que lo importante de utilizar este tipo de tecnología es que les permite a los expertos establecer que el Golfo San Jorge se convirtió en una zona de alimentación para las ballenas sei y verificar zonas donde habitan estos cetáceos para luego crear áreas protegidas marinas. Además, este trabajo también podrá establecer la zona de reproducción de las ballenas en Brasil para establecer medidas de protección en esas áreas.

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“Se decidió rastrear los movimientos de esta especie mediante tecnología satelital para comprender cómo utilizan el entorno patagónico”, resaltó Coscarella.

La ballena sei es el tercer cetáceo más grande del planeta, solo por detrás de la ballena azul (Balaenoptera musculus) y el rorcual común(Balaenoptera physalus). Puede alcanzar hasta 18 metros de largo y superar las 20 toneladas de peso, aunque se caracteriza por tener un cuerpo más estilizado y ser una de las ballenas más veloces del océano. Son grises, con el vientre blanco y su cuerpo es alargado, y tiene una aleta dorsal alta y en forma de hoz. Es raro que muestren su cola fuera del agua y su soplo es relativamente bajo.

Según Coscarella, los primeros datos revelaron que uno de los animales con rastreador llegó hasta el sur de Brasil antes de perder la señal, reforzando la hipótesis de que allí podrían encontrarse sus áreas de reproducción. Actualmente, dos ballenas transmiten en tiempo real desde las costas brasileñas, lo que podría aportar información inédita sobre el destino final de su migración.

El especialista aclaró que la mayor parte del seguimiento se realiza cerca del Área Natural Protegida Punta Marqués, en la provincia de Chubut, Argentina, donde los ejemplares prefieren congregarse. Si bien en esa zona se cuenta con enclaves excepcionales más al norte, como el Parque Provincial Patagonia Azul, es en este sector específico del Golfo San Jorge donde se genera un nivel altísimo de productividad biológica.

“Esta riqueza subacuática atrae a una enorme diversidad de aves marinas, delfines, ballenas y bancos de peces que transforman el área en un ecosistema fascinante para la ciencia”, remarcó a Mongabay Latam la bióloga Marina Riera, una de las expertas que también es parte del equipo.

La experta explicó que este proyecto buscó conocer cómo las ballenas sei se adaptan a su hábitat y a su dieta, y que el objetivo fue hacer un estudio sobre las especies de cetáceos cerca del área protegida Punta Marqués, en el área central del Golfo San Jorge. “Queríamos conocer cuántas ballenas hay, cuándo las podemos ver, cómo se comportan y cómo se relacionan con otros grupos”, explicó Riera.

Según la experta, el comportamiento de las ballenas sei dentro de ese espacio representaba un gran interrogante para los observadores. Las estimaciones aéreas previas confirmaban la presencia de cetáceos a partir de 40 kilómetros mar adentro, pero la tecnología satelital logró aportar la pieza que faltaba para armar el rompecabezas. La información que llegó de los dispositivos indica que los animales permanecen en una franja de 30 a 40 kilómetros de la costa y que se alimentan exclusivamente allí.

“Los datos confirmaron que el área de mayor uso se extiende desde el norte de Comodoro Rivadavia [Chubut] hasta el sur de la localidad santacruceña de Caleta Olivia. Conocer esta dinámica poblacional resulta fundamental para diseñar futuras estrategias de manejo y pensar en la creación de un área marina protegida que garantice la conservación del hábitat a largo plazo”, destacó Riera. Chubut es una provincia petrolera y en un golfo cercano, el San Matías, en la provincia vecina de Río Negro, ya están previstos proyectos de oleoductos e instalación de buques gasíferos en el mar.

Una especie cazada por su grasa que se encuentra en peligro de extinción

Según el estudio, la mayor parte del seguimiento se realiza cerca del Área Natural Protegida Punta Marqués, donde los ejemplares se congregan masivamente. Aunque existen enclaves excepcionales más al norte, como el Parque Provincial Patagonia Azul, es en el Golfo San Jorge donde se registra la mayor productividad biológica.

Los investigadores destacan que la información obtenida permitirá orientar políticas públicas, regular actividades turísticas y fortalecer la protección de un ecosistema clave para la biodiversidad del mar argentino.

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“Este aprendizaje no solo aporta a la ciencia, sino que también sienta las bases para un futuro sistema de avistaje turístico en la zona sur de Chubut, diversificando la economía regional y promoviendo la conservación”, destacó Riera.

Se estima que cerca de 300 000 ejemplares de ballenas sei fueron cazados en el mundo y alrededor 110 000 de ellos fueron capturados en el hemisferio sur durante los siglos XIX y XX. Esto provocó que su población se redujera en un 80 %, lo que llevó a que la especie fuera oficialmente catalogada “en peligro de extinción”.

Esta especie era cazada principalmente para obtener su grasa, que servía como combustible de lámparas y cera de vela, algo muy cotizado en el comercio de la época. La caza comercial comenzó a disminuir cuando la especie se redujo considerablemente, al punto de que la escasez promocionó otra forma más económica para iluminar las ciudades del mundo: el crudo de petróleo.

De acuerdo a Coscarella, en la actualidad todavía se cazan ballenas sei en Japón e Islandia, para consumo de su carne. El experto recalcó que esa práctica es reducida y que en 2025 en Japón cazaron alrededor de unos 30 ejemplares.

Según la lista de la Unión Internacional para la Conversación de la Naturaleza (UICN), esta especie se encuentra en peligro de extinción. Aunque se desconoce con exactitud la cantidad de ejemplares que viven en la actualidad, se estima que solo podrían quedar entre 10 000 y 50 000 en el mundo.

El seguimiento satelital de la ballena sei en Chubut abre una ventana inédita al conocimiento de una especie que eligió la Patagonia como fuente de alimento. Coscarella dijo que descubrir sus rutas migratorias y áreas de reproducción permitirá consolidar estrategias de conservación y proyectar un futuro donde ciencia, turismo y protección ambiental convivan en equilibrio.

*Imagen principal: las ballenas sei retornaron al Golfo San Jorge, al sur de Argentina. Esta especie está en peligro de extinción. Foto: Diego Cabanas/Proyecto Cetáceos San Jorge

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Si el Estado “reorganizó” áreas clave, redujo equipos y desarmó programas, ¿cómo garantiza hoy la protección de las mujeres, niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de violencia? Esa pregunta motivó una demanda judicial que junto a otras organizaciones presentamos hace dos años. La respuesta a esta pregunta sigue pendiente mientras miles de mujeres, niños, niñas y adolescentes que buscan ayuda no la encuentran. Son las 98.938 personas que no accedieron al Programa AcompañAR entre 2023 y 2024. La pregunta que originó nuestra demanda sigue sin respuesta.

Mientras la Justicia demora, los datos muestran una realidad desoladora y preocupante. Las principales políticas destinadas a prevenir la violencia de género y promover la igualdad vieron que su presupuesto se desplomó en un 89%. La Línea 144, la primera puerta de auxilio para quienes buscan ayuda, perdió dos tercios de su presupuesto en 2026. El objetivo oficial de asistencias se derrumbó a 60.000, un tercio de las personas atendidas en 2023.

El caso más evidente es el del Programa AcompañAR, que brindaba apoyo emocional, legal y económico para salir de situaciones de violencia. En 2023 accedieron 102.510 personas; en 2024 ese número se redujo a apenas 3.572 personas, es decir, 96,5% menos. Durante todo el primer semestre de 2025 no hubo una sola alta nueva. A este ajuste letal se suma que el beneficio, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, se redujo de 6 a 3 meses. Como si eso no fuera suficiente, se empezó a exigir denuncia previa, una barrera que la propia normativa buscaba evitar. Sin acompañamiento y condiciones de seguridad mínimas, presentar una denuncia suele dejar a la mujer más expuesta al peligro antes que ayudarla. Hoy son miles los expedientes que siguen paralizados por trabas administrativas, mientras que las víctimas de femicidio siguen sumándose a la estadística de violencia letal.

Detrás de cada uno de estos números hay una persona que busca ayuda y no encuentra respuesta, o la encuentra tarde. Los tiempos judiciales son todavía mucho más lentos que los de quienes necesitan una solución urgente.

Cuando junto a un grupo de organizaciones presentamos, el 28 de junio de 2024, una demanda judicial contra el Estado nacional, advertimos que desarmar estas políticas sólo podía derivar en un recrudecimiento de la violencia y en un mayor desamparo para niños, niñas, adolescentes y mujeres en situación de violencia. Con la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, ese pronóstico dejó de ser una hipótesis, porque esa decisión significó un retroceso de más de treinta años en la protección de estos derechos, y ubicó a la Argentina como el único país de la región sin un organismo a cargo de las políticas de género. Sin decisión política ni dirección en la gestión, es muy difícil que el Estado pueda realmente cumplir con sus obligaciones para proteger a quienes atraviesan situaciones de violencia de género.

¿Cuánto nos cuesta el ajuste?

Intervenir cuando la violencia ya escaló le cuesta al Estado 22 veces más que invertir en prevención y atención temprana. El presupuesto nacional considerado en su conjunto se redujo un 24% respecto de 2023. Sin embargo, las políticas de igualdad de género sufrieron un recorte tres veces mayor.

Recuperar estas políticas para las mujeres de todo el país costaría menos del 40% de lo que el Estado resigna cada año por la exención del Impuesto a las Ganancias, que beneficia a magistrados y magistradas.

Mientras esta realidad golpea a quienes más necesitan los programas de acompañamiento en materia de género y violencias, la Justicia sigue sin responder. Hace apenas unas semanas se cumplieron dos años de la acción declarativa de certeza que presentamos en 2024 para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, explique cómo iba a cumplir con sus obligaciones para prevenir la violencia contra las mujeres.

En diciembre de 2024, el juez Enrique Alonso Regueira hizo lugar a la medida cautelar que solicitamos y ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de seguir recortando personal e infraestructura y sostener las funciones esenciales de prevención, atención y producción de datos. El Ministerio de Justicia apeló, y la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó esa decisión. Entonces, recurrimos a la Corte Suprema, que antes de decidir dio intervención a la Defensoría General de la Nación. La Defensoría emitió un dictamen contundente a favor de las organizaciones y recomendó dejar sin efecto la revocación y restablecer la protección cautelar para que se sostengan las funciones esenciales del Estado en relación con las políticas para abordar las violencias. El 27 de mayo de 2025 presentamos un recurso de queja para que la Corte reponga la cautelar en esos términos. Desde entonces, y aunque tiene ese dictamen favorable sobre el escritorio desde hace más de un año, la Corte todavía no se pronunció.

Mientras tanto, la causa de fondo avanza lentamente. El Ministerio contestó la demanda, se opuso a la producción de la prueba y no aportó ningún elemento que demostrara cómo garantiza la prevención y el acceso a la justicia frente a las violencias de género. El juez Alonso Regueira, hace pocos días, rechazó esta oposición y habilitó la etapa de producción de prueba. Por lo tanto, podremos acreditar en el expediente judicial el impacto que tiene esta inacción del Estado.

Dos años de demora judicial son miles de mujeres, niños, niñas y adolescentes que buscan ayuda, que necesitan asistencia y no la encuentran. Son las 98.938 personas que no accedieron al Programa AcompañAR entre 2023 y 2024. Son las llamadas a la Línea 144 que ya no tienen la misma atención que hace tres años. La pregunta que originó nuestra demanda sigue sin respuesta y la Justicia tiene la oportunidad de cumplir con su obligación de garantizar los derechos de todas.

Andrés Bräutigam es médico veterinario especializado en fauna silvestre y trabaja en un centro de rescate en San Isidro de Heredia, un cantón cercano a San José, la capital de Costa Rica. En 2025 recibió a un pequeño margay (Leopardus wiedii) que, entre sus innumerables pacientes, le es difícil olvidar. Su cuerpo, recuerda, tenía “todas las muestras del conflicto felino-humano”.

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El animal —que se encontraba cerca de la comunidad de Turrialba, en el centro del país— había entrado a un gallinero en busca de alimento. Al verlo acorralando a las gallinas, los perros de la zona lo persiguieron y luego un habitante lo golpeó en el cráneo en represalia. Pero la historia no acabó allí. Tras ser llevado al centro de rescate, Bräutigam y su equipo evidenciaron que el margay, además de las heridas, estaba infectado con dos enfermedades comunes en gatos domésticos: sida (FIV) y leucemia felina (FeLV).

“Mucho de ese conflicto —dice el veterinario— se deriva de un ecosistema que está altamente alterado”. Es una cadena de eventos desafortunados. Sin un ecosistema conservado en el que el felino pueda desplazarse y camuflarse para cazar a sus presas, y con comunidades humanas que se expanden hacia zonas conservadas, el animal se acerca cada vez más a las personas e interactúa con sus animales de crianza y mascotas, pudiendo contagiarse de enfermedades de las que aún se conoce poco.

La transmisión de enfermedades de animales domésticos a felinos silvestres se ha convertido en una preocupación en aumento entre grupos de conservación, biólogos y médicos veterinarios. Como asegura Jim Sanderson, fundador y director de la Fundación para la Conservación de los Pequeños Felinos Salvajes (SWCCF, por sus siglas en inglés) y miembro del Grupo de Especialistas en Felinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), “es, sin duda, el asesino silencioso más grave, generalizado y devastador” para los félidos silvestres.

Enzo Aliaga-Rossel, investigador asociado del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz y miembro del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia (PIF), explica que el contagio de virus entre la fauna silvestre y los animales domésticos se conoce como “salto zoonótico” y ocurre cuando la actividad humana altera los ecosistemas, ocasionando el contacto estrecho. Los animales domésticos, comenta, actúan frecuentemente como “puentes epidemiológicos” que transmiten estos patógenos.

Además, el impacto potencial de las enfermedades “domésticas” no se limita a una sola especie, sino que puede exponer a diferentes felinos a patógenos peligrosos que, en muchos casos, pueden ser mortales, asegura la científica brasileña Flavia Tirelli, doctora en Zoología y coordinadora del Geoffroy’s Cat Working Group, una red internacional que lucha por la conservación del gato del bosque o gato montés (Leopardus geoffroyi) y de otros felinos silvestres. La transmisión de enfermedades pone en riesgo, especialmente, a los felinos silvestres que ya están en peligro de extinción.

Desde los grandes jaguares (Panthera onca) y pumas (Puma concolor), hasta los más pequeños y poco conocidos como el gato de las pampas (Leopardus munoai), el gato colocolo (Leopardus colocola) y la oncilla nebulosa (Leopardus pardinoides), se enfrentan a los riesgos de contraer enfermedades virales, hongos, bacterias o parásitos de animales domésticos. Se trata de una amenaza en aumento, que no conoce fronteras y de la que los gatos salvajes no pueden huir por instinto.

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Si a esto se le suman otras presiones como la pérdida de ecosistemas, el avance agrícola y urbano en sus zonas de distribución, su captura para el tráfico de fauna o la caza por retaliación (es decir, como respuesta a los ataques a animales domésticos), la situación que enfrentan los gatos silvestres es dramática.

En esta entrega especial, Mongabay Latam documentó el avance de numerosas enfermedades de animales domésticos que afectan a los felinos silvestres en seis países de la región: México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia.

Una amenaza cada vez más cerca

Diversos estudios han documentado cómo los gatos y los perros domésticos pueden impactar gravemente la fauna silvestre. Los perros, por ejemplo, han llevado a la extinción a 11 especies de aves y han puesto en peligro la supervivencia de 96 especies de mamíferos. Los gatos cazan y se comen más de 2084 especies de diferentes grupos de animales, de las cuales 347 (16.65 %) están amenazadas de extinción. Además de esto, durante las interacciones, pueden transmitirles enfermedades.

Como explica Tirelli, “la fragmentación del hábitat y la expansión urbana han facilitado en gran medida la transmisión de patógenos entre especies domésticas y silvestres. Cuanto más aumenta esta fragmentación, con más ‘pedacitos’ de áreas naturales modificadas, los humanos traen consigo animales domésticos que pueden transmitir enfermedades a los animales silvestres”. Además, advierte Diego Ramírez-Álvarez, especialista en manejo y conservación de la biodiversidad, esas enfermedades “se están presentando con mayor frecuencia en los últimos años, debido al aumento de mascotas de libre deambular en territorios silvestres, al acortamiento de la interfaz humano-silvestre y a una pésima tenencia responsable de mascotas”.

Cámaras trampa de biólogos y científicos en distintos países de Latinoamérica han evidenciado cómo los animales domésticos se mueven por las mismas zonas que los silvestre, compiten por recursos y se depredan, incluso al interior de áreas protegidas. “El problema no son el perro o el gato, sino que las personas no son conscientes de lo que pueden causar a la fauna silvestre”, señala la médica veterinaria Carolina Sáenz, directora del Hospital de Fauna Silvestre (Tueri) de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

José Daniel Ramírez, biólogo costarricense, creó el programa “La amenaza invisible” para entender la relación entre las enfermedades de mascotas y los felinos silvestres en su país y para detectar patógenos que podrían pasar desapercibidos entre ellos. En el bosque nuboso de Monteverde, donde trabaja, se encuentran las seis especies de félidos de Costa Rica (jaguar, puma, oncilla, margay, ocelote y yaguarundí). “En el país, todas están en peligro de extinción y las enfermedades transmitidas por animales domésticos actúan como una presión adicional”, señala.

Los registros de sus cámaras trampa han documentado que el mismo sendero por el que pasa una puma con sus dos crías se convierte, algunas horas más tarde, en el camino de tres perros pastores alemanes. “Esa era una de nuestras cámaras trampa más remotas. Pero no ha sido la única vez ni la única zona. Es una muestra de que están compartiendo el hábitat”, insiste Ramírez.

En México, el profesor Heliot Zarza Villanueva, biólogo y vicepresidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ), levanta otra señal de alerta: “Las áreas naturales protegidas han sido una de las estrategias de conservación más sólidas a nivel mundial. Pero no pueden proteger la biodiversidad por sí solas. Necesitan también de lo que está fuera de sus límites”.

El último censo de jaguares coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la ANCJ y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) mostró un crecimiento de la población en un 10 % en un periodo de seis años en ese país, pasando de 4800 ejemplares en 2018 a 5326 en 2024. Sin embargo, los investigadores advierten que este incremento —atribuido a la expansión de áreas protegidas— no significa que la especie esté a salvo.

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La situación se repite en otros países. “Como investigadores, solíamos ir a áreas naturales, revisar las cámaras trampa y decir: ‘Acá hay muchos ocelotes (Leopardus pardalis), yaguarundíes (Herpailurus yagouaroundi) o margays’, o ‘hay cachorros, juveniles o adultos’, y creíamos que esa era una muestra de poblaciones saludables y una esperanza de conservación”, señala Abel Gallo Pérez, biólogo ecuatoriano especialista en felinos silvestres. “Pero ahora se nos abre una nueva ventana que antes ignorábamos: ¿Y si están enfermos? Es una amenaza que existe, que pone en riesgo a las poblaciones de felinos silvestres y que puede llevarlas a su colapso”.

En palabras de Isabel Hagnauer, veterinaria de Wildlife Rescue Costa Rica, “si desde hace muchísimos años estábamos hablando de que algunas de estas especies están en peligro de extinción, la posibilidad de que se infecten con estas enfermedades podría hacer que las poblaciones disminuyan mucho más rápido de lo que hemos visto hasta ahora”.

Ya han ocurrido eventos similares en otras partes del mundo. En Tanzania, a principios de los años 90, murió un tercio de los leones del Parque Nacional Serengueti a causa del distemper canino (más conocido como moquillo), que fue contagiado por los perros domésticos de las comunidades de pastores masái.

Virus y parásitos, un riesgo invisible y subestimado

El biólogo Rodrigo Núñez, integrante de la asociación Alianza Jaguar, lleva tres décadas monitoreando felinos en el occidente de México. A través de cámaras trampa ubicadas en la Reserva Chamela-Cuixmala, donde trabaja, pudo ver cómo un ocelote (especie en peligro de extinción en México) se deterioraba progresivamente. En 2011, el félido era uno de los machos dominantes del área y se encontraba sano y robusto, pero en el transcurso de un año se convirtió en un animal extremadamente delgado, con cambios y lesiones en la piel.

“Lo más probable es que el ocelote haya muerto de sarna sarcóptica, una enfermedad causada por ácaros que se alojan en la piel y que se contagia por contacto directo”, dice el experto. Aunque se cree que esta enfermedad no es muy peligrosa porque los perros y gatos pueden sobrevivir a ella, lo cierto es que la fauna silvestre la pasa “realmente mal”. Animales como los ocelotes y pumas, explica Núñez, “necesitan estar quietecitos para poder acechar a su presa. Si se están moviendo por la comezón, les va a costar mucho trabajo poder cazar. Además, como se quedan pelones (calvos), pierden la protección que les da su camuflaje”. Ese deterioro los puede llevar hasta la muerte.

El panorama de la transmisión es complejo porque hay distintas formas en las que los animales domésticos pueden contagiar a la fauna silvestre: intercambio de fluidos, secreciones nasales, heces en lugares no debidos e incluso por garrapatas. Enfermedades como el sida felino —también conocido como virus de la inmunodeficiencia felina (FIV)— y la leucemia felina (FeLV), que suelen transmitirse por contacto directo con fluidos de los gatos domésticos, inquietan fuertemente a los veterinarios debido a su alta prevalencia en muchos países y la gravedad de las enfermedades asociadas.

La saliva, mordidas o rasguños típicos en enfrentamientos, por ejemplo, pueden contagiar los virus que causan inmunodepresión, anemia, pérdida de condición corporal y deterioro general de la salud del animal.

De hecho, investigaciones realizadas en Brasil han identificado gatos domésticos que dieron positivo para leucemia felina y que se encuentran al interior de áreas protegidas. “Podemos reconocer esto como una amenaza real y grave para las poblaciones de felinos salvajes, especialmente en áreas protegidas, donde la densidad de estos felinos salvajes tiende a ser mayor”, señala el estudio.

Además de los virus más conocidos, como los causantes del FIV y el FeLV, un estudio de 2024 dedicado a la revisión bibliográfica sobre enfermedades en felinos silvestres de Brasil también destacó el riesgo de exposición al virus del distemper viral canino (CDV, por sus siglas en inglés), a los adenovirus y al virus de la rabia.

Otro caso bien documentado en Chile es el de la güiña (Leopardus guigna). Las poblaciones de este felino silvestre, uno de los más pequeños de América, han contraído leucemia felina, inmunodeficiencia felina y endoparásitos gastrointestinales y cardiorrespiratorios de gatos domésticos, así como parvovirus de perros. Constanza Napolitano, una de las científicas que ha liderado estos estudios y directora del Laboratorio de Genética de la Conservación del Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, de la Universidad de Los Lagos, afirma que “la evidencia de la presencia de estos tres virus de gran importancia epidemiológica la encontramos a través de todo el rango de distribución de la guiña en Chile, por lo que se puede afirmar que es un problema generalizado en el país y bastante grave por su extensión y magnitud”.

El investigador Enzo Aliaga-Rossel alerta que la panleucopenia felina (conocida popularmente como moquillo felino y causada por un virus es perteneciente a la familia Parvoviridae), es una de las más comunes entre animales domésticos que habitan las zonas rurales de Bolivia. Según explica, se trata de un virus altamente contagioso, extremadamente resistente y que afecta a diversas especies de fauna silvestre. “Este virus puede saltar fácilmente entre especies. Los grandes felinos, como leones o tigres, y también los pequeños, como los gatos monteses, son altamente susceptibles a contraer esta enfermedad”, insiste.

“Le decimos ‘amenaza invisible’ porque, desde afuera, puedes ver a los animales ‘normales’, pero cuando haces algunas pruebas específicas te das cuenta que tienen enfermedades que se transmiten por animales domésticos. Y ahí es donde viene la preocupación”, afirma José Rodríguez, de Costa Rica.

Claudio Ahumada-Sanhueza, médico veterinario de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Andrés Bello (UFAS-UNAB) e integrante del ColoColo Project, en Chile, coincide: “Las enfermedades infecciosas que transmiten animales domésticos, como perros y gatos, terminan siendo súper graves para los animales silvestres porque ellos no están preparados para esto. Terminan enfermándose y, cuando son encontrados, son casos sumamente difíciles de tratar”.

Esfuerzos comunitarios para superar las dificultades del monitoreo

En general, hacer monitoreo de felinos silvestres es una tarea sumamente compleja. Son rápidos, se camuflan, huyen y es muy difícil verlos en entornos naturales.

“Muestrear vida libre es muy difícil. Ir a agarrar tigrillos, pumas o yaguarundíes para hacer un censo de enfermedades requiere mucha logística y muchos recursos”, asegura la veterinaria Natalia Montero. “Casi no se ha hecho, pero eso no significa que las enfermedades no estén allí”. Por lo mismo, los expertos consultados para este especial coinciden en que —aunque falte evidencia— las enfermedades revisten un riesgo que no puede ignorarse.

Aliaga-Rossel, de Bolivia, señala que, además de la dificultad de ver a estos animales en su hábitat natural, otra razón por la que hay pocos estudios es por la falta de “financiamiento masivo, tecnología de punta y permisos especiales” para monitorear y tomar muestras en poblaciones de felinos silvestres.

La veterinaria Susana Illescas, que se ha encargado de la contención, anestesia y evaluación clínica de grandes carnívoros en proyectos de investigación en México, coincide con Aliaga-Rossel. La logística en campo para capturar felinos, anestesiarlos y tomar muestras tiene una limitación difícil de ignorar: el presupuesto. Tomar y procesar muestras implica una costosa cadena de frío, reactivos y laboratorios especializados. Sin estos recursos, conocer la escala y el avance de las enfermedades sigue siendo un desafío.

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“A mí un ocelote puesto en la mesa, sólo para hacerle un panel de exámenes de tres enfermedades domésticas [sida felino, leucemia felina y moquillo], me cuesta unos 500 dólares”, dice Eliana Molineros, directora médica del Proyecto Sacha, en Ecuador, que desde 2019 decidió hacerle ese “panel” de pruebas a todos los ocelotes que llegan a su centro de rescate. “Pero es importante hacerlo para tomar las mejores decisiones por ese animal y para todas las especies”, agrega.

Ante la dificultad de llegar a las poblaciones silvestres, y para hacer frente al avance de las enfermedades, biólogos, veterinarios, centros de rescate y organizaciones de conservación han hecho esfuerzos conjuntos para controlar una de las fuentes del problema: muestrear a los perros y gatos de las comunidades cercanas a las áreas protegidas y bosques con felinos silvestres. Así han podido identificar algunas de las enfermedades presentes y han adelantado campañas de vacunación y esterilización para los animales domésticos. También han realizado talleres sobre la tenencia responsable de mascotas y acuerdos con comunidades rurales aledañas a las áreas protegidas.

Sólo en 2024 se esterilizaron 255 perros domésticos y 196 gatos, y se vacunaron 2020 perros domésticos y 562 gatos de zonas rurales de México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y Argentina. Pero los esfuerzos deben redoblarse e incluir participación de los Estados, pues, como advierte la bióloga Paola Nogales, coordinadora del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia, “la frontera entre la salud de las mascotas y la fauna del bosque es hoy más delgada que nunca”.

Mientras la ciencia trabaja a contrarreloj y con fondos limitados, los felinos se acercan cada vez más a las poblaciones humanas para sobrevivir a la fragmentación de su hábitat, una de las principales raíces de estas nuevas amenazas.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las serpientes son animales enigmáticos, su presencia genera temor y en términos bíblicos se las identifica con el mismo ‘demonio’. En cambio, en algunas culturas precolombinas, –en la mitología andina se la conoce como Amaru— la serpiente era una deidad que simbolizaba la sabiduría y expresaba el poder del mundo de abajo para regenerarse. Además, por la forma de su cuerpo, los pueblos indígenas la relacionan con los ríos y los flujos de agua.

Las serpientes también cumplen un rol central en la cadena trófica, pues son depredadores y presas a la vez. También son especies amenazadas y los principales peligros que enfrentan están la pérdida de su hábitat y la interacción con las personas, justamente por el temor que inspiran, lo que las convierte en víctimas de los humanos.

En el Día Mundial de las Serpientes, que se celebra cada 16 de julio para despertar la conciencia y conocer la importancia ecológica de estas especies, Mongabay Latam presenta tres historias de investigadores que desde diferentes perspectivas estudian a estos animales. En Perú dos herpetólogos recorren lugares poco estudiados y áreas protegidas para rastrearlas. En Costa Rica, una veterinaria investiga el uso del veneno de la serpiente al mismo tiempo que se dedica a explorar en la salud de estos reptiles. Y en Argentina, un investigador que participó en la elaboración de la principal lista de serpientes en el país ahora las monitorea a través de equipos de radiotelemetría.

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Perú: en busca de las serpientes para llenar vacíos de información

James William Ttito y Michel Gulman, investigadores del Instituto Peruano de Herpetología, recorren lugares poco explorados en Perú y áreas naturales protegidas para hacer inventarios biológicos y colectar ranas, lagartijas y serpientes. “Las serpientes han sido poco estudiadas, son poco conocidas y, muchas veces, nos encontramos con registros nuevos, nunca vistos en la zona que estamos visitando, especies que posiblemente estaban ahí, pero nunca nadie las había encontrado para la ciencia”, cuenta Gulman durante la conversación con Mongabay Latam.

“Serpientes hay prácticamente en todos lados. Lo que más las limita para conquistar un hábitat es el frío extremo”, comenta Gulman sobre estas especies y agrega que “los reptiles suelen ser endémicos”. Por eso, en Perú, donde abundan los bosques nublados, separados por cañones, y cordilleras, con cuencas que tiene su propio ecosistema de bosque geográficamente aislado, suele haber mayor especiación y potencial de descubrir especies nuevas.

Sus recorridos están llenos de sorpresas y de historias que los inspiran en su tarea. “Encontrar una serpiente en campo no es tan común. Si hacemos estudios con ranas y sapos, en una noche podemos encontrar cinco, seis, hasta diez, pero si queremos encontrar una especie de serpiente, en una noche encontraremos una o dos, en el mejor de los casos”, cuenta Ttito, quien también es investigador del Centro de Investigación Vertebrate de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y del Museo de Historia Natural de la misma universidad.

“Vamos a lugares donde hay vacíos de información, donde no se han hecho estudios herpetológicos”, agrega Ttito. Uno de los lugares recorridos recientemente por Ttito ha sido el Santuario Histórico de Machu Picchu, para ubicar anfibios y reptiles. “Ahí apareció una serpiente enigmática, llamada Oxyrhopus erdisii, que fue descrita en 1911”, durante la expedición de la Universidad de Yale, cuando Hiram Bingham llegó a Machu Picchu. “Es una serpiente super rara de ver y la hemos encontrado en una expedición de casi 20 días. Ese ejemplar para nosotros es muy valioso e importante”.

Ttito cuenta otra experiencia de un herpetólogo argentino que llegó a Perú con la esperanza de poder ver dos especies de serpientes: Bothrocophias microphthalmus y Bothrops Taeniatus. “Había pasado casi una semana de la expedición y apareció la Bothrops Taeniatus. El colega que tenía el sueño de ver esa serpiente se puso a llorar porque era su especie soñada y consiguió verla. Fue un momento lleno de emociones”, cuenta el herpetólogo peruano.

Los investigadores han realizado juntos algunas de las expediciones, entre ellas, un recorrido por el Parque Nacional Cordillera Azul; pero también hacen exploraciones por separado. Ttito ha viajado principalmente por los departamentos del sur de Perú, en los Andes amazónicos, así como por algunos lugares de la Amazonía; mientras que Gulman recorre principalmente los departamentos del norte peruano. “Yo soy de Piura y él [Ttito] es de Cusco, entonces, naturalmente, resulta más fácil explorar los lugares cercanos a tu zona”, comenta Gulman.

“Poco a poco estamos recorriendo varios lugares y para el siguiente año tenemos una expedición supergrande en Codo de Pozuzo, en la región de Huánuco”, agrega Ttito.

Mientras tanto Gulman acaba de participar en una larga expedición en el Parque Nacional Cerros de Amotape, en Tumbes. “Ha sido increíble para todos porque hemos promediado más de siete u ocho serpientes por noche”, comenta.

Ttito comenta otro aspecto del trabajo que realizan durante sus expediciones: el esfuerzo para que las personas de las localidades que recorren tengan un acercamiento y mayor conocimiento sobre las serpientes. “Las personas tienen mucho miedo y cualquier serpiente que ven, las matan”.

Gulman reafirma lo que dice su colega y menciona las dos principales amenazas para las serpientes. Uno de ellos es la interacción con los humanos “porque las matan, en todos lados, la gente tiene una imagen negativa de las serpientes, es un tema cultural, muy profundo y tiene una connotación religiosa porque la Biblia pone a la serpiente como un ser malvado”.

El otro riesgo es la pérdida de hábitat. “Es el mayor de los problemas”, dice Gulman. “En todos lados hay cierto nivel de pérdida de hábitat y eso afecta mucho más a las poblaciones de serpientes”. En ese sentido, menciona a la minería ilegal, la expansión ganadera, la tala y la expansión urbana como las principales causas de esta pérdida de hábitat.

Gulman explica que cuando encuentran una nueva especie para la ciencia es importante ponerle un nombre para que así pueda ser ubicada en una categoría de protección, “porque muchas de esas especies cuando se las encuentra ya están en situación vulnerable o en peligro de extinción, sobre todo si habitan en parches de bosques o en espacios reducidos por la deforestación”. “Queremos que por lo menos haya un registro de que existieron, porque muchas de estas especies se podrían extinguir antes de que se pueda hacer algo”, agrega Gulman.

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Costa Rica: en busca de los beneficios del veneno

A Natalia Montero Leitón le fascinan las víboras cascabeles. “Son demasiado curiosas y es un animal que cuesta mucho mantener en cautiverio, es un reto. Yo creo que ella conoce su potencial porque tiene un veneno muy fuerte, muy poderoso”, dice la médica veterinaria de fauna silvestre del Serpentario del Instituto Clodomiro Picado (ICP), de la Universidad de Costa Rica.

Aunque asegura que las cascabeles son animales tranquilos, también advierte que se deben manejar con mucho respeto. “Me parece un animal muy bonito, físicamente es precioso, un gigante noble, pero cuando se enoja, hay que darle su espacio”.

Quizá su fascinación por las serpientes empezó cuando de niña observó uno de estos animales subiendo un árbol. Como veterinaria, se ha dedicado a estudiar a los reptiles. “En Costa Rica tenemos 147 especies de serpientes en total, de las cuales 25 son venenosas”, aclara.

Montero cuenta que en el instituto donde trabaja se investiga la producción de sueros antiofídicos que se usan como antídotos ante la mordedura de una víbora, es decir, una serpiente venenosa. En este proceso, comenta Montero, se analizan, por ejemplo, combinaciones de venenos que pueden potenciar la eficiencia del suero. “Podemos usar un grupo de tres especies, por ejemplo, para elaborar el suero y estudiar qué combinaciones de venenos nos sirven para cubrir más especies en caso de un accidente [mordedura]. Así vamos mejorando el antídoto”.

Pero este veneno también es útil en medicina. Uno de estos usos ocurre en los fármacos para controlar la presión arterial. “En Brasil, por ejemplo, muchos de los productos que se usan para controlar la presión se elaboran en base a una toxina que tiene el veneno de las Bothrops [género de serpientes venenosas]. Se produce de manera sintética en el laboratorio y lo aplican para bajar la presión”, comenta la veterinaria.

Montero agrega que en el Instituto Clodomiro Picado también se está estudiando el veneno de las serpientes para la industria cosmética, además de que se investigan las propiedades físicas de sus pieles.

Las investigaciones de Montero, sin embargo, están principalmente enfocadas en la salud de las serpientes. La investigadora cuenta que cuando realizaba sus investigaciones para su tesis del sistema reproductor de las serpientes logró apreciar una torsión uterina en una hembra. Cuando la hembra se apareaba y recolectaba el esperma, su cuerpo tenía la capacidad de hacer una torsión del útero para almacenar el esperma durante años. “Es impresionante. Imagínese lo fuerte que tiene que ser la torsión para que no escape un espermatozoide, pero al mismo tiempo que le permita al órgano seguir llevando sangre y no morir el tejido”.

“Son un reto porque son pacientes muy difíciles, no solo por su carácter y porque son venenosas, sino porque son animales muy poco expresivos y es difícil darse cuenta de que el animal está enfermo”, comenta Montero sobre sus estudios con las Bothrops.

Montero explica que con estas especies muchas veces solo pueden darse cuenta que algo les sucede cuando se ve un signo clínico mínimo, “como una postura diferente, un cambio de temperamento, algo mínimo”. señala la veterinaria. Sin embargo, al hacer los análisis, descubren que la situación puede ser crítica. “A veces no entendemos cómo el animal está vivo”, comenta.

“Son increíblemente resistentes ante cosas que ningún otro animal aguantaría. Uno entiende que es parte de su evolución”, explica Montero y cita un ejemplo de cuando una serpiente “tenía un puntito chiquito” y la atendieron con antibióticos, pero el animal murió. “A la hora de hacer la autopsia vimos que el animal tenía un absceso en la parte interna que le había perforado el hígado. Me preguntaba cómo ha estado vivo. Había estado sufriendo toda esta enfermedad durante mucho tiempo”.

El Serpentario del Instituto Clodomiro Picado también tiene una función social, dice Montero, que se concreta a través de charlas y capacitaciones en la comunidad, en las instituciones, escuelas, con el fin de prevenir los accidentes con serpientes.

También se habla sobre la coexistencia de las personas con las serpientes para evitar que las maten. “Se ha hecho mucho trabajo de sensibilización, se hizo incluso una aplicación para identificar serpientes venenosas y algunas de las más comunes. Y estamos viendo un cambio, las personas nos llaman y preguntan por las serpientes, se interesan en estos animales. ‘¿Qué puedo hacer? No la quiero matar’, nos dicen”.

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Argentina: una lista de serpientes y nuevas investigaciones

En 2021, un equipo de tres herpetólogos argentinos elaboró una lista de las serpientes registradas hasta ese momento en el país. Los datos que mostró el estudio correspondían a “ocho familias y 129 especies que habitan en el territorio argentino”, según la publicación.

“Era una lista de todas las serpientes de la Argentina que existían o que estaban descritas hasta esa fecha, porque lo que sucede en biología es que es muy dinámico el asunto de las especies y con el tiempo se van describiendo más especies o surgiendo cambios en las clasificaciones de los animales”, comenta a Mongabay Latam David Gustavo Vera, uno de los investigadores que realizó el estudio. “En 2023 [dos años después de la publicación] se describieron una o dos especies más”, recuerda.

La investigación se centró principalmente en la revisión de otros estudios y artículos científicos, experiencias de ciencia ciudadana y el trabajo de campo de los propios investigadores. “Trabajamos mucho con las colecciones biológicas de los museos en Argentina para recopilar esa información”, recuerda Vera, quien actualmente es docente investigador en el Museo de la Plata, en Argentina.

La investigación realizada hace cinco años, dice el herpetólogo, actualmente sirve a los investigadores para tener un punto de partida, por ejemplo, al seleccionar una especie de estudio. “Un trabajo de estas características con serpientes no se hacía por lo menos hacía unos 20 años o más”, agrega Vera.

En la actualidad, las investigaciones de Vera se han centrado en una especie en particular, la Bothrops alternatus, conocida como víbora de la cruz o yarará grande. “Es una especie de importancia médica que causa bastantes accidentes físicos [mordeduras] en el país. Me interesa conocer los aspectos de zoología, es decir, dónde se encuentra, qué tipo de hábitat usa, porque todo está asociado a la problemática de los accidentes”.

En sus investigaciones, Vera también utiliza la radiotelemetría, una técnica usada para monitorear “por dónde se mueven, cuánto se mueven, qué área de actividad tienen, en qué rango se pueden desplazar”, comenta Vera. “Lo que busco es tratar de predecir cuánto podría moverse un individuo en la naturaleza para poder establecer algunas medidas de prevención o zonas más probables de encuentro con estos animales en mi área de trabajo, los pastizales de la provincia de Buenos Aires”, agrega.

“Hace dos años sacamos una publicación corta sobre el primer caso en Argentina de la colocación de un radiotransmisor a una serpiente venenosa”, menciona sobre sus investigaciones. Los radiotransmisores, explica Vera, son aparatos similares a una pila doble AA, que emite ondas de radio, cuya señal se recoge en equipo receptor similar a una radio antigua conectada a una antena.

En el caso de las serpientes, estos transmisores se colocan dentro del cuerpo. Vera dice que resulta más complicado en comparación con otros animales, como, por ejemplo, los mamíferos, a los que se les colocan los radiotransmisores de manera externa, acoplados a un collar, y también las aves y lagartijas, a las que se les pone una especie de arnés alrededor del cuerpo.

En cambio, como las serpientes no tienen extremidades, es mucho más complicado, porque si se coloca externamente corre riesgo de que se desprendan o que afecte sus movimientos, pues “se pueden enganchar la antena del transmisor con algo del ambiente como pastos, arbustos, roca y desprenderse”. Por tanto, en el caso de las serpientes, el método que existe “es hacerle directamente una intervención quirúrgica”. “Se abre una pequeña parte del cuerpo y se introduce el radiotransmisor, luego se cierra y se les deja en recuperación para luego liberarlas en el campo”. Lo particular del método es que una vez que se concluye el estudio, se debe hacer una nueva intervención para retirar el aparato, por tanto, se debe capturar dos veces a la misma serpiente.

En una primera investigación liderada por Vera —que lleva por título Primera experiencia de implantación de radiotransmisores en la víbora Bothrops alternatus— se instalaron radiotransmisores a tres serpientes. “Fueron individuos de prueba, pero seguimos investigando con más individuos en campo para poder obtener más información y sacar conclusiones”, comenta con relación a una segunda investigación que aún no ha sido publicada.

Sin embargo, ya existen algunos datos. “Tuvimos pistas de cuánto se pueden mover en un año y cuáles son las estaciones en las que más se mueven. Como son animales que regulan la temperatura corporal con el ambiente, dependen mucho de la estacionalidad de la zona donde viven”, comenta y aclara que estos animales “se mueven más en primavera y en verano, mientras que en otoño baja la actividad y el invierno lo pueden pasar sin moverse”.

En el Museo de la Plata, comenta Vera, también se investiga la ecología de las especies y su relación con el cambio climático. “Nos llama la atención indagar sobre cómo van a responder los animales al cambio climático”.

Estas investigaciones están a cargo de Diego Di Pietro, otro de los herpetólogos que participó en la investigación de 2021. Una de las recientes publicaciones de Di Pietro —Impactos del cambio climático en la herpetofauna endémica y amenazada de los pastizales pampeanos en Argentina—, de enero de 2025, señala que “el conocimiento detallado sobre los impactos del cambio climático en la mayoría de las especies de la región neotropical es incipiente y la herpetofauna de los pastizales pampeanos no es la excepción”.

El documento explica que para esta investigación se modelaron los hábitats adecuados de nueve especies endémicas de anfibios y reptiles que habitan los pastizales pampeanos de Argentina, bajo las condiciones climáticas actuales y escenarios futuros de cambio climático. Lo que encontraron fue una pérdida significativa tanto en las superficies de hábitat adecuadas como en las poblaciones conocidas de la mayoría de las especies estudiadas.

“Estamos investigando si las especies van a poder sobrevivir en el tiempo, de acá a 100 años; si van a tener una mayor distribución; si el cambio climático va a favorecer que se expandan en el país o si va a acotar su distribución”, finaliza Vera.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cada 14 de julio, conservacionistas y científicos del mundo invitan a detenerse un momento para pensar en unos animales que rara vez inspiran ternura, pero que sostienen el equilibrio de los océanos desde hace más de 400 millones de años. Es el Día Mundial de los Tiburones, una fecha creada para recordar algo que la ciencia repite desde hace décadas: sin depredadores tope, los ecosistemas marinos se desmoronan. Y sin embargo, más de un tercio de las especies de tiburones y rayas del planeta están amenazadas de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La mayoría es víctimas de la pesca —dirigida o incidental—, que no da tregua.

En América Latina, son numerosos los ejemplos donde la ciencia ha emprendido una carrera contra el tiempo para intentar comprender y proteger a estos animales antes de que sea demasiado tarde. En Galápagos, Ecuador, un estudio le pone precio a la industria del turismo de tiburones para desafiar a la presión pesquera que desde hace años intenta legalizar un método de pesca que pondría en riesgo a los tiburones. En el Golfo de California, México, un corredor migratorio empieza a mapearse de la mano de los propios pescadores para convertirse en área protegida. Y en Argentina, transmisores satelitales están revelando los movimientos de un primitivo tiburón.

Mongabay Latam conversó con los científicos detrás de estas tres historias. Esto es lo que están descubriendo.

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Ecuador: el avistamiento de tiburones en Galápagos gana puntos contra la pesca ilegal

Desde hace años el sector pesquero artesanal de la Reserva Marina de Galápagos presiona para legalizar el palangre, una línea con cientos de anzuelos prohibida en el área desde el año 2000. El argumento de ciertos pescadores es que el uso del palangre les permitiría acceder a especies de alto valor destinadas a la exportación. Para científicos y conservacionistas, en cambio, el palangre representa una grave amenaza: engancha todo lo encuentra en su camino, incluyendo a los tiburones amenazados de extinción que, justamente, son parte de la razón de ser del área protegida. La discusión ha vuelto una y otra vez, pero los científicos de la Fundación Charles Darwin están inclinando la balanza a favor de la conservación. Sus datos demuestran que el avistamiento de tiburones deja ganancias en el archipiélago que sobrepasan con creces las que pudiera dejar la pesca ilegal con palangre.

Un equipo de científicos liderados por Gabriel Vianna, coinvestigador principal del Programa de Ecología y Conservación de Tiburones de la Fundación Charles Darwin, calculó que el turismo de avistamiento de tiburones generó, en 2023, un impacto económico de 76 millones de dólares en Galápagos —cerca del 15 % de toda la economía del archipiélago— y sostuvo directamente unos 1900 empleos.

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini), la estrella de esa industria, aportó 14.6 millones de dólares, 30 veces más de lo que llegó a generar la captura de esta especie a nivel nacional, antes de que su comercialización se prohibiera en 2020. El tiburón ballena sumó otros 5.1 millones en apenas seis meses de temporada. Son los primeros datos que ponen a Galápagos entre las industrias de buceo con tiburones más grandes del mundo.

Según la investigación, la pesca dirigida a los tiburones en las décadas de los 90 y 2000 dio lugar a capturas anuales estimadas entre 63 000 y 405 000 tiburones solo dentro de la reserva, creada en 1998. “Esas capturas generaron ingresos netos anuales en Galápagos de entre 0.6 y 9.4 millones de dólares entre 2000 y 2005”, indica el estudio. Considerando la inflación, los científicos calculan que la pesca ilegal de tiburones en Galápagos, de haber continuado a esa misma escala, habría generado aproximadamente 7.5 millones de dólares en 2023. Esa cantidad representa solo el 15 % de los ingresos generados por el turismo de observación de tiburones en el mismo año.

El porcentaje real, sin embargo, sería mucho menor, dado que los niveles actuales de pesca ilegal de tiburones son mínimos en comparación con las décadas anteriores. Y es que no hay que olvidar que “a principios de la década de 2010, la caída de los precios de las aletas en el mercado negro, junto con las mejoras en la vigilancia y la aplicación de la ley, provocó un importante descenso de la pesca artesanal ilegal de tiburones dentro de la Reserva Marina de Galápagos”, señala el estudio.

En todo caso, estas cifras calculadas por los científicos de la Fundación Charles Darwin son la pieza que le faltaba a la discusión sobre el palangre. Otra investigación liderada por Vianna y publicada en la revista Marine Policy concluye que el uso sostenible de los recursos marinos es esencial para mantener los medios de vida en Galápagos, incluyendo los de los pescadores. Y es que el turismo consume el 70 % de la producción pesquera artesanal local, “así que los mismos pescadores terminan beneficiándose de que los tiburones sigan vivos”, dice Vianna.

Abrir una pesquería artesanal de palangre para exportación, en cambio, tendría costos sociales, económicos y ambientales mucho mayores que sus beneficios, costos que terminarían pagando otras industrias, el Gobierno y las comunidades locales.

“No se trata de ponerle precio a la vida de un animal”, señala Vianna a Mongabay Latam. “Deberíamos conservar porque los animales tienen su derecho de existir”, agrega. El problema, indica, es que “la conservación en base a ese argumento perdió”. De hecho, “las poblaciones de tiburones están entre 30 % y 40 % —tal vez entre 20 % y 40 %— de lo que eran hace 50 años. Tenemos que tener argumentos más efectivos”, explica.

México: pescadores y científicos buscan proteger un corredor marino clave para los tiburones

Entre Loreto y Los Cabos, en el suroeste del Golfo de California, hay una autopista submarina que nadie ve desde la superficie. Es un corredor migratorio que conecta islas y montañas submarinas, por el que se mueven numerosas especies marinas, entre ellas tiburones. James Ketchum, cofundador de la organización Pelagios Kakunja, lleva más de una década documentando esos movimientos.

La especie emblema es el tiburón martillo común, Sphyrna lewini, famoso por formar los grandes cardúmenes que en los años 90 era posible ver en el Golfo de California. “Lo que estamos haciendo es tratar de recuperar esos grandes cardúmenes que vimos en su tiempo y que básicamente desaparecieron”, dice Ketchum.

El corredor cumple varias funciones para la especie: es zona de alimentación, de reproducción, de descanso y de limpieza. Además, al estar conectado con las zonas costeras de crianza, el corredor es un espacio de tránsito para las hembras que van a parir cerca de la costa.

Lo que distingue a este proyecto es quiénes lo están construyendo. Desde el inicio, casi todo el trabajo de Pelagios Kakunja se ha hecho de la mano de pescadores artesanales locales, comunidades con más de 100 años pescando en estos mismos bajos con piola y anzuelo. Son ellos quienes conocen cada roca submarina y quienes han llevado a los investigadores a los sitios exactos donde han podido capturar y marcar a los animales. Muchos de esos pescadores fueron tiburoneros hasta hace pocos años; dejaron de serlo ante la escasez de animales y la caída del precio de la aleta a un tercio de lo que valía. Hoy se dedican a la pesca de escama —como pargos o cabrillas — en las mismas montañas submarinas donde antes buscaban tiburones.

Con algunos de ellos Ketchum y su equipo ya probaron que la transición hacia otras actividades productivas funciona. En el Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo, que es parte del corredor migratorio, Pelagios Kajunja financió hace unos años una embarcación para que un grupo de pescadores extiburoneros hiciera vigilancia en el área marina protegida, particularmente en el Bajo de Espíritu Santo donde está prohibido pescar con redes y otras artes de pesca consideradas de impacto. Este año, esos mismos pescadores comenzarán a ofrecer turismo de avistamiento de tiburones y fauna marina. El problema es que la protección que existe en Espíritu Santo se detiene en la frontera invisible del parque nacional.

Por ejemplo, a solo 20 millas al norte, en un islote llamado Las Ánimas, no existe ninguna protección ni regulación, excepto la veda de tiburones y rayas que dura tres meses. “Las Ánimas es un área abierta a la pesca”, indica Ketchum. El problema es que los tiburones martillos que nadan protegidos en Espíritu Santo se mueven hacia allí, donde barcos industriales que utilizan redes de cerco se aproximan a pescar, explica el científico. “Tiran sus grandes redes y sacan de todo, incluido los tiburones. Están básicamente acabando con lo que queda”, señala Ketchum.

El corredor marino que se quiere proteger —y que es al mismo tiempo una de las Áreas Importantes para Tiburones y Rayas (ISRA) reconocidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza— cubre justamente esos vacíos. La iniciativa, sin embargo, deberá nacer de los pescadores para que pueda ver la luz. “Para que este corredor marino se pueda conservar y proteger, se tiene que involucrar a los pescadores desde un inicio y sean ellos quienes busquen las mejores herramientas para su conservación y manejo”, dice Ketchum.

Científicos empiezan a desentrañar los misterios del tiburón gatopardo en Argentina

Durante décadas, lo que se sabía sobre el tiburón gatopardo —Notorynchus cepedianus, uno de los depredadores más grandes del mar argentino— era un rompecabezas armado con piezas sueltas: reportes de pesca deportiva, desembarcos ocasionales, observadores a bordo de barcos industriales. Nadie tenía un mapa real de por dónde se movían. Ahora, gracias a transmisores satelitales ese mapa empieza a dibujarse.

El gatopardo tiene una anatomía que delata su antigüedad evolutiva: una sola aleta dorsal, siete hendiduras branquiales en lugar de las cinco habituales y una mandíbula de articulación primitiva. Es uno de los tiburones de mayor tamaño que se pueden encontrar en en la Patagonia argentina —las hembras llegan a medir hasta 2.68 metros— y lo que es más sorprendente: este tiburón podría ser, incluso, un depredador tope más relevante que la propia orca (Orcinus orca).

Nelson Bovcon, investigador del Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca Golfo San Jorge (IIDEPyS-GSJ) y del Instituto de Hidrobiología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, forma parte del equipo que este año, en colaboración con la Universidad Provincial del Sudoeste y Rewilding Argentina, colocó ocho transmisores satelitales en ejemplares capturados en Caleta Malaspina, Chubut, y en Cabo San Antonio, provincia de Buenos Aires.

La técnica de marcado es artesanal. Dado que estos animales nadan muy cerca de la costa, los pescan con caña apenas unos pocos metros desde la playa, meten al animal en escasos centímetros de agua para inmovilizarlo sobre una camilla y en menos de dos minutos lo miden, lo sexan y lo liberan. “Nadan tan cerca de la costa que a veces los agarramos de la cola y los sacamos hacia fuera. De noche escuchas los coletazos; con la linterna ves el brillo de los ojos. Es increíble la cantidad que suele haber”.

Los datos que empezaron a llegar confirmaron los movimientos de estos animales para entender cómo ocupan el territorio marítimo. Todos los ejemplares monitoreados se movieron hacia el norte y al menos una hembra recorrió, casi en línea recta, la distancia completa entre Chubut y la provincia de Buenos Aires. Otro ejemplar nadó 300 kilómetros de ida y vuelta entre Caleta Malaspina y el Golfo Nuevo en un mismo verano. Los hallazgos también están apuntando hacia la posibilidad de que estos animales no nadan siempre pegados al lecho marino como se pensaba, sino que ocupan toda la columna de agua, aunque esto sigue siendo una hipótesis.

El gatopardo está clasificado como Vulnerable por la UICN, aunque Bovcon aclara que esa categoría es, sobre todo, precautoria: es una de las pocas especies cuyo esqueleto no se calcifica, así que no hay forma de determinar con certeza la edad de un ejemplar ni, por lo tanto, cuántas camadas puede llegar a tener en su vida. Lo que sí hay son testimonios de pescadores que documentan una reducción de la población en las últimas tres generaciones. Además, “se conocen matanzas importantes en la década de los 80 y 90. Iban pescando y mataban de a 15, 20 ejemplares. Era algo anecdótico”, cuenta Bovcon.

La amenaza hoy no es tanto la pesca dirigida —nadie sale a buscar gatopardos— sino la incidental. De hecho, aparecen con frecuencia en las redes agalleras costeras de Buenos Aires que los pescadores instalan para capturar otras especies.

La función del gatopardo en el ecosistema, así como la de todos los tiburones, es indelegable. Al ser depredadores topes, regulan las poblaciones de otras especies marinas y garantizan el equilibrio de la cadena alimenticia. Aunque son numerosas las preguntas que aún permanecen sin respuesta para entender a esta enigmática especie, conocer sus movimientos es el primer paso para protegerla.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los incendios forestales no solo destruyen bosques y fauna. También alteran la calidad del agua de ríos y arroyos. Un estudio analizó el impacto de las quemas ocurridas en 2021 en la región de Chubut, en el sur de Argentina, y detectó cambios en nutrientes, turbidez y composición química en arroyos de montaña. La investigación se centró en cuatro arroyos, donde se identificaron concentraciones de fósforo que llegaron a ser 17 veces superiores respecto de arroyos no afectados por los incendios.

La investigación fue realizada por un equipo de investigación del Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (Ciemep) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en colaboración con investigadoras del laboratorio de Química de la empresa INVAP. El estudio incluyó el análisis de la dinámica de nutrientes de arroyos de cuencas quemadas durante 28 meses posteriores al incendio de 2021.

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Esta investigación destaca la importancia de comprender los efectos del fuego sobre ríos y arroyos de cabecera. Para evaluar los efectos del fuego, el equipo comparó cuatro arroyos afectados por las quemas con otros cuatro cursos de agua de características similares que no habían sido alcanzados por las llamas.

Yanina Assef, bioquímica, farmacéutica y doctora en el área de Ciencias Fisiológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) es una de las autoras del estudio. La experta, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que el incendio forestal de 2021 se originó cerca de las localidades de Las Golondrinas y El Hoyo, en la provincia del Chubut, y afectó más de 13 000 hectáreas de bosque de la Patagonia. Assef dijo que estas quemas provocaron importantes pérdidas ambientales, incluyendo extensas áreas boscosas y fauna silvestre, pero también afectó los cuerpos de agua cercanos.

“Todos los efectos [post incendios] pueden tener consecuencias sobre los ecosistemas acuáticos tanto inmediatas como a largo plazo. Por ejemplo, la intensa escorrentía de sedimentos puede tener graves consecuencias para la biota fluvial, incluyendo peces, macroinvertebrados y perifiton [una compleja comunidad de microorganismos]”, detalló Assef. La experta añadió que los aumentos de temperatura que pueden observarse como consecuencia de la reducción de la sombra por las riberas quemadas también pueden tener efectos negativos sobre estas comunidades acuáticas.

“Y el aumento de nutrientes, como fósforo y nitrógeno, puede favorecer un crecimiento excesivo de algas y bacterias, alterando el equilibrio del ecosistema y pudiendo afectar toda la cadena trófica”, dijo Assef.

La investigadora detalló que, durante este período inicial, las concentraciones de fósforo en los arroyos estudiados llegaron a ser hasta 17 veces más altas que las de los cauces donde no hubo afectaciones por los incendios. “Posteriormente, a medida que los niveles de fósforo comenzaron a disminuir, observamos un aumento sostenido y muy importante de los compuestos nitrogenados, especialmente de los nitratos, una tendencia que se mantuvo hasta el final del estudio”, resaltó Assef.

Según el estudio, el crecimiento de nitratos tras un incendio implica una alteración severa del ciclo del nitrógeno en el suelo. Se manifiesta a corto y mediano plazo debido a la rápida descomposición de restos orgánicos, la muerte de microbios y la acción de bacterias nitrificantes sobre el amonio liberado por el fuego. Los nitratos son altamente solubles. Tras las lluvias, son arrastrados fácilmente hacia ríos o acuíferos.

Hallazgo de metales pesados

El estudio también detectó un incremento inicial de algunos metales pesados, incluso en zonas no alcanzadas directamente por el fuego. Los investigadores explicaron que esto podría estar relacionado con el transporte de partículas generadas por la combustión a través del viento.

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“Además del fósforo, que aumenta inmediatamente después del incendio junto con los sedimentos transportados por la corriente de agua, se notan aumentos muy importantes en el nitrógeno -amonio y nitratos y nitritos-. Estos compuestos nitrogenados aumentan luego de uno o dos años de ocurrido el incendio, no inmediatamente”, resaltó a Mongabay Latam Cecilia Brand, bióloga, doctora en Ciencias Naturales, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y miembro del Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (Ciemep) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

La experta, que también es una de las autoras del estudio, dijo que detectaron también alteraciones de las condiciones fisicoquímicas -sólidos transportados, conductividad, deposición de sedimentos y concentración de nutrientes- y, luego, que estos cambios alteran los organismos vivos del ecosistema, principalmente microorganismos e invertebrados.

La bióloga detalló que estos cambios pueden generar consecuencias a largo plazo sobre los ecosistemas acuáticos, al modificar las cadenas alimentarias y afectar potencialmente la calidad del agua destinada al consumo humano. Además, remarcó que el monitoreo permanente de ríos y arroyos resulta fundamental para detectar impactos ambientales y desarrollar estrategias de conservación frente al avance de los incendios forestales.

“Las poblaciones que viven en zonas que han sufrido incendios forestales, en general ven comprometidas sus fuentes de agua. Suelen ser zonas rurales que tienen tomas de agua superficial en arroyos. En estos casos, es importante tomar conocimiento de lo que atraviesa el arroyo hasta el punto de la toma de agua”, dijo Brand. La bióloga añadió que los efectos pueden ser inmediatos, como sedimentación o colmatación de filtros, que son muy evidentes, pero otros como el aumento de nutrientes, que resulta en crecimiento de bacterias y algas, son menos evidentes y requieren análisis específicos.

Agua para consumo humano bajo observación

La principal recomendación que lanza Brand para quienes consumen agua de arroyos que drenan zonas incendiadas es que se pueden observar aumento de bacterias desde los primeros meses posteriores al incendio hasta años después. “Sería importante que se realicen análisis periódicos para detectar la presencia de bacterias y en lo posible tomar precauciones antes de consumirla”, dijo.

“Más allá de eso, es importante preservar los ecosistemas acuáticos hasta su recuperación después de un incendio. En este sentido, recomendamos no intensificar otras actividades que también puedan ocasionar aumentos en nutrientes, por ejemplo, desagües cloacales y pastoreo intensivo, ya que pueden agravar la situación en ríos y arroyos”, resaltó Brand.

Mientras, Assef destaca que, si bien la magnitud y la duración de estos efectos dependerán de las características de cada cuenca, como el tipo de suelo, el clima y la hidrología, es esperable que se observen respuestas similares en otros ecosistemas de la región afectados por incendios.

“Lamentablemente, dos importantes incendios ocurridos en el Parque Nacional Los Alerces durante los veranos de 2024 y 2026, generaron una nueva oportunidad para ampliar este trabajo e incorporar otras cuencas a nuestros estudios”, dijo Assef. La experta agregó que esta investigación se encuentra actualmente en curso y permitirá evaluar si los patrones observados hasta ahora se repiten en distintos ambientes, además de mejorar la comprensión sobre los efectos y la recuperación de los ecosistemas acuáticos después de grandes incendios en Patagonia.

Un problema ambiental poco estudiado

El estudio remarca que, aunque los incendios forestales representan uno de los principales disturbios que afectan a la región de la Patagonia y provocan severas consecuencias sociales, económicas y ambientales, el impacto de estos eventos sobre la calidad del agua sigue siendo un aspecto poco estudiado, tanto en la Patagonia como en Argentina en general.

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“Iniciamos el trabajo de campo en junio de 2021, apenas dos meses después de que el incendio fuera extinguido, y desde entonces hemos mantenido un monitoreo continuo que se extiende hasta la actualidad, aunque el artículo publicado muestra resultados de los primeros tres años”, explicó Assef.

Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina y quien no participó del estudio, explicó a Mongabay Latam que cuando existen incendios se pierde la cobertura vegetal, lo que conlleva al aumento de la erosión del suelo, lo que, a su vez, aporta mayor cantidad de sedimentos a los arroyos, quebradas y ríos. Además, dijo que las quemas provocan aumentos de bacterias y eso perjudica a las comunidades ribereñas.

“Hay una sobrecarga de nutrientes –fósforo, nitrógeno y potasio- que quedan expuestos en el suelo y con las lluvias y el viento pueden llegar a los cuerpos de agua, lo que aumenta la hiperfertilización. Eso genera cambios en la microbiota de las aguas”, dijo Jaramillo.

El director general de la ONG añadió que los efectos de los incendios forestales en los ecosistemas acuáticos de la región patagónica varían según la extensión y la severidad del fuego, las dimensiones del arroyo, la topografía y el tipo de cobertura vegetal. Agregó que los incendios más recientes, como los que ocurrieron en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, en 2024 y 2026, sugieren la oportunidad de continuar estudios.

Afectación severa

Desde Bolivia, Mónica Guzmán Rojo, hidrogeóloga con doctorado en Ciencias de la Ingeniería por la Vrige Universiteit Brussel. profesora e investigadora de la Universidad Católica Boliviana (UCB), sede Santa Cruz de la Sierra, afirmó a Mongabay Latam que los incendios forestales destruyen la capa vegetal, lo que aumenta la degradación de suelos y provoca inundaciones y erosión de la tierra.

“Al no haber capa vegetal, ésta no actúa como filtro y el agua discurre por las laderas arrastrando material, como cenizas y lodo, producto de las quemas, que acabaron en los ríos amazónicos [en Bolivia]”, detalló Guzmán Rojo, quien no participó del estudio.

La experta aclaró que los incendios provocan desastres en cuerpos de agua visibles, como ríos, arroyos y quebradas, pero también a aguas subterráneas, que no son detectables a simple vista. “Las recargas naturales de agua son producto de los procesos de lluvia y los incendios hacen variar el ciclo de lluvias, cambian los suelos, modifican los procesos de filtración y cambia la transpiración”, dijo Guzmán Rojo, quien añadió que “tenemos un efecto mucho más severo del que se esperaría solamente de las lluvias”. “Tenemos que ponerle mucha atención al agua subterránea, que, aunque no la vemos con el tiempo, será cada vez menos”, añadió.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Construir un futuro con menos combustibles fósiles para enfrentar la crisis climática, como han prometido los países del mundo en diversas conferencias internacionales, requiere una amplia gama —y cantidad— de minerales. La transición energética, advierte la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, es “fundamentalmente intensiva en minerales”. Paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y redes para transportar la electricidad dependen de una larga lista de esos elementos que hoy son considerados estratégicos.

Entre esos, el cobre se ha convertido en uno indispensable. Como explica Ana Carolina González, directora para América Latina del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) —una ONG que apoya a países del sur global en la gestión transparente y responsable de las industrias extractivas—, “si estamos pensando en una economía descarbonizada, donde los procesos de electrificación van a ser altos, el cobre es un mineral muy importante”. Una sola turbina eólica contiene más de cuatro toneladas de este metal y los vehículos eléctricos utilizan, en promedio, casi cuatro veces más cobre que los automóviles de combustión. Los paneles solares y las baterías de almacenamiento también lo requieren en grandes cantidades.

Sin embargo, mientras la demanda crece, la Agencia Internacional de Energía (IEA) alerta que, para 2035, el mundo podría enfrentar un déficit de cobre cercano al 30 % debido a los “limitados descubrimientos de recursos y los largos plazos de ejecución” de nuevos proyectos. Esto, afirma González, pone a América Latina en un lugar “interesante”: la región concentra cerca del 40 % de las reservas mundiales de este metal, pero el desarrollo de proyectos de exploración y explotación aún sigue siendo bajo. Por eso, añade, no es casualidad que Estados Unidos, China e incluso la Unión Europea estén interesados en este potencial y persigan nuevas alianzas.

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De hecho, en Colombia ya se evidencia un boom para buscar este mineral. Mientras que entre 2001 y 2016 se presentaron, en promedio, alrededor de 10 solicitudes de títulos mineros al año —contratos que otorga el Estado para explorar y explotar minerales en un área determinada—, en la última década la cifra aumentó a casi 60 al año, según el análisis de datos realizado para esta investigación.

Pero esa expansión muestra una de las grandes tensiones de la transición energética: la extracción de los minerales estratégicos también avanza hacia zonas con ecosistemas sensibles, áreas de alto valor ambiental y territorios con alguna figura de protección, que son prioritarios para la conservación y que ayudan a enfrentar la crisis climática por su capacidad para capturar carbono y amortiguar los efectos del calentamiento global.

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Para dimensionar el avance de la minería de cobre en Colombia y Argentina, esta alianza periodística recopiló y geolocalizó, a partir de información oficial de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en Colombia y de la Secretaría de Minería de La Nación en Argentina, las iniciativas mineras que buscan extraer este mineral.

El análisis identificó 210 títulos activos y 746 solicitudes vigentes de mediana y gran escala en Colombia que incluyen al cobre entre sus minerales de interés, según el catastro minero de la ANM. En Argentina, se registraron 76 proyectos de cobre aprobados por la Secretaría Minera de la Nación, una cifra que podría incrementar si se tiene en cuenta el descubrimiento reciente de grandes yacimientos.

También se pudo evidenciar que al menos 118 títulos para extraer cobre en Colombia y 21 proyectos en Argentina se encuentran en zonas de importancia ambiental (como áreas protegidas y reservas), y que más de 90 están en tierras comunitarias (resguardos o comunidades indígenas, territorios de comunidades afrodescendientes y zonas de reserva campesina).

Una demanda que acelera nuevos proyectos

Argentina y Colombia no han sido grandes protagonistas en la industria del cobre en la región, pero buscan abrirse paso en el mercado global.

En Colombia, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ha destacado el potencial geológico del país “gracias a su diversidad de formaciones geológicas con manifestaciones en diferentes tipos de depósitos y regiones”. Sin embargo, actualmente solo hay una mina de cobre en explotación industrial y otra que, recientemente, obtuvo el permiso ambiental para iniciar la construcción del proyecto.

“Solo el 2.5 % del territorio del país tiene títulos mineros. Y, de eso, solo el 0.4 % es de proyectos de cobre”, señaló Lina Franco, presidenta de la Agencia Nacional de Minería en un evento para impulsar la exploración de cobre en 14 áreas definidas por su alto potencial y “bajo riesgo” de conflictos socioambientales, según afirmaron en la ANM.

Para José Cabello, geólogo chileno con más de 50 años de experiencia en el desarrollo minero en la región, el descubrimiento en Argentina de yacimientos como Taca Taca o José María —que podrían ser equivalentes a Chuquicamata, el yacimiento de cobre más grande del mundo ubicado en Antofagasta (Chile)— también son la muestra de que ese país tiene un gran potencial productivo. Sin embargo, hasta ahora la única mina activa en Argentina tiene una producción marginal y, según la Secretaría de Minería, las exportaciones de cobre representan solo el 1.7 % del total nacional.

Para hacerle frente a estos bajos números, Argentina ha impulsado programas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que promueve la inversión de grandes proyectos a través de exenciones tributarias y fiscales. Un análisis de la consultora financiera Paspartú, publicado en junio de 2026, señala que siete de los 14 proyectos aprobados por el Gobierno Nacional argentino en el RIGI son de minería. De acuerdo con declaraciones de Juan José Carbajales, el titular de la consultora y exsecretario de hidrocarburos de Argentina, muchos de ellos serán proyectos de cobre.

González, del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI), destaca otro aspecto relevante: el avance de proyectos de cobre está ligado también a la necesidad de encontrar nuevas reservas. “En el mundo hemos explotado el cobre por muchos años y esto significa que los depósitos que existen se están agotando”, sostiene.

Un informe sobre el panorama global de minerales críticos señala que, en promedio, la ley de las minas de cobre —el porcentaje de metal valioso que contiene un depósito, en palabras sencillas— ha disminuido un 40 % desde 1991. “Cada vez necesitas más tierra, más extensión, para lograr la misma calidad que tenías antes”, afirma la experta del NRGI, lo que implica que la expansión de la frontera de extracción termine en zonas ambientalmente sensibles.

El mapa del cobre en Colombia y Argentina

Hasta mayo de 2026, Colombia solo tenía una mina de cobre en operación: El Roble, ubicada en el municipio de El Carmen de Atrato, en el Chocó biogeográfico, una región reconocida por su abundante biodiversidad. Pero eso empezó a cambiar a mediados de ese mes, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le entregó al proyecto El Alacrán, al norte del país, el último permiso que necesitaba para iniciar su fase de construcción.

Como estos, cientos de proyectos buscan abrirse camino en la extracción del mineral clave para la transición energética. Según información del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería, en Colombia hay por lo menos 210 títulos activos, de mediana y gran escala, que incluyen al cobre entre sus minerales objetivo. De estos, uno se encuentra en etapa de evaluación técnica anticipada (una fase previa a la exploración para evaluar el potencial mineral del área), 89 en etapa de exploración, 17 en construcción y montaje y 103 en explotación.

Sin embargo, como advierte un informe de la UPME, el número de títulos existentes en el país difícilmente refleja la realidad de los proyectos que se encuentran explorando o explotando este mineral, ya que “actualmente las solicitudes y títulos suscritos permiten incluir gran cantidad de minerales, elementos o materiales”. Por ejemplo, de los 210 títulos activos analizados, solo 10 establecieron al cobre como su único mineral objetivo. La mayoría, incluidos los grandes proyectos como El Alacrán y El Roble, incluyen también minerales como oro, plata, platino, plomo, molibdeno, entre otros; aunque no necesariamente extraen todos esos minerales.

“Cuando se solicita un título minero, el catastro está abierto para que el solicitante decida qué minerales van a ser concesibles en ese título [es decir, que podrían ser explotados económicamente mediante un Contrato de Concesión Minera]”, explican desde la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en entrevista. “Entonces, hay títulos que piden muchos minerales distintos y solo cuando avanzan en su Plan de Trabajos y Obras es que queda claro realmente qué mineral van a explotar”, añaden.

En Argentina hay al menos 76 proyectos que buscan extraer cobre que se encuentran registrados ante la Secretaría Minera de la Nación. De estos, 68 —es decir, casi el 90 %— se encuentran en fase exploratoria, siete se encuentran en fases previas a la explotación (como en estudios de prefactibilidad, factibilidad o en construcción) y solo uno se encuentra en explotación.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Minería de la Nación, obtenidos por esta alianza periodística, los proyectos que están más avanzados se ubican en las provincias de San Juan, Catamarca, Mendoza y Salta. Y, de todo el panorama de proyectos argentinos, en al menos seis casos se menciona la relación entre la extracción del mineral y la transición energética. Otros 11 proyectos mencionan temas como eficiencia energética, energías renovables y las metas climáticas globales.

El avance de proyectos mineros sobre ecosistemas sensibles de Colombia

En Colombia, datos de la ANM estiman que el 37 % del potencial de cobre en el país se superpone con Reservas Forestales de Ley Segunda —una categoría de protección que no permite las actividades mineras a menos que el área del título sea “sustraída” temporal o definitivamente, es decir, que se le retire su categoría de reserva—. Otro 22 % se encuentra en áreas donde se prohíbe hacer minería —conocidas, en términos técnicos, como áreas excluibles—.

El análisis geográfico realizado para esta investigación evidenció que, de los 210 títulos de mediana y gran escala que se encuentran activos para buscar cobre en Colombia, hay por lo menos 118 que se superponen con zonas de importancia ambiental como reservas forestales, áreas naturales protegidas, Distritos Regionales de Manejo Integrado, páramos (ecosistemas estratégicos de alta montaña), entre otras. De estos, al menos 24 se encuentran en zonas que actualmente se consideran excluibles (es decir, donde la actividad minera está prohibida), como las Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables de la Sierra Nevada de Santa Marta y del río Magdalena; los Parques Nacionales Naturales Tatama y Paramillo; y los páramos Chiles-Cumbal y Sotará.

Como explica Álvaro Pardo, expresidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y experto en derecho minero-energético, uno de los grandes desafíos al llegar al cargo (en 2022) fue la “depuración” y actualización del catastro minero. “Teníamos una herencia difícil, porque antes se permitía entregar títulos sin mayores restricciones o consideraciones ambientales. Y eso ha sido, históricamente, un problema muy grande en Colombia”.

Cuando asumió la dirección de la ANM, tuvo a cargo la revisión de más de 7000 títulos mineros para, justamente, evitar que avanzaran en áreas con restricciones o prohibiciones. Aunque más de 600 títulos en áreas excluibles fueron archivados, caducaron o fueron devueltos, el problema —insiste— “es que en el pasado se blindó jurídicamente cualquier posibilidad de quitarlos. Cada título que se suprima alegando temas ambientales, se convierte en una posibilidad de una demanda”, señala.

En algunos casos, los títulos mineros se solicitaron cuando las zonas excluibles aún no estaban declaradas como tal. Por ejemplo, los páramos que actualmente tienen títulos mineros vigentes —Chiles-Cumbal (un título) y Sotará (dos títulos)— fueron delimitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) en 2018, pero los títulos mineros que se encuentran allí se solicitaron entre 2006 y 2007, y fueron otorgados en 2009, antes de la delimitación. Ese sigue siendo uno de los mayores retos en el ordenamiento minero y ambiental en Colombia.

También hay solicitudes de títulos mineros que se han tramitado en áreas excluibles incluso después de que estas han sido declaradas áreas de conservación. En 2022, por ejemplo, se tramitó ante la ANM una solicitud —actualmente en evaluación— para un título de gran minería (más de 9000 hectáreas) que se superpone con el Parque Nacional Natural Chingaza, un área protegida declarada en 1977 y cuyo páramo terminó su delimitación en 2016. “Cuando un titular minero hace una solicitud sobre esas áreas, no se prohíbe inmediatamente, sino que el titular, a riesgo propio, avanza en los trámites y luego la entidad evalúa su procedencia”, aseguran desde la ANM.

Hay otra parte de los títulos activos en Colombia —94— que se traslapa con zonas ambientales restringidas, es decir, aquellas que también tienen vocación de conservación, pero que, en algunos casos, contemplan la “minería sostenible” o permiten solicitar la sustracción del área protegida para realizar actividades mineras con condiciones, como las Zonas de Reserva Forestal de Ley Segunda. Según el análisis, hay más de 170 000 hectáreas de reservas forestales de Ley Segunda que se traslapan con títulos activos.

Si se tienen en cuenta, además, las solicitudes para nuevos títulos de mediana y gran minería que ingresaron a la ANM (entre 1994 y 2026) y que se encuentran en trámite, al menos 46 se encuentran en zonas excluibles de minería y 308 en áreas con restricciones.

“Desde mi punto de vista, necesitamos los minerales. Y para la transición energética y reindustrializar la economía vamos a necesitar cobre. Pero necesitamos que esos minerales se extraigan con el cumplimiento de todas las normas ambientales que hay y teniendo en cuenta a las comunidades que viven allí”, señala Pardo, quien dejó en 2025 la presidencia de la autoridad minera. “No hacerlo, o flexibilizar esas normativas que llevan tantos años construyéndose, generaría una conflictividad terrible”, insiste.

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Proyectos mineros cerca de glaciares y áreas protegidas en Argentina

En Argentina, el análisis geográfico identificó que al menos 21 proyectos mineros operan en cinco áreas protegidas por acuerdos internacionales y por normativas nacionales y provinciales.

Una de las zonas con mayor cantidad de proyectos es el Parque Nacional San Guillermo, en la provincia de San Juan. Aunque fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, allí operan actualmente cinco proyectos mineros, dos de los cuales forman parte de una de las mayores inversiones mineras de los últimos años: los depósitos José María y Filo del Sol, que en conjunto integran el proyecto Vicuña.

De acuerdo con un Informe de 2023 del proyecto Vicuña, San Guillermo es un área “clasificada como una zona de uso múltiple designada para actividades de desarrollo como la minería, sujeta a requisitos de conservación y uso sustentable de los recursos naturales de manera mutuamente beneficiosa”, algo en lo que también coincide la información oficial y organizaciones ambientalistas consultadas.

También hay 10 proyectos que se superponen o se ubican cerca de geoformas de hielo, en su mayoría en zonas periglaciales: áreas de alta montaña donde el suelo permanece congelado —fenómeno conocido como permafrost— y donde el hielo se esconde mezclado con rocas y tierra.

En conjunto, estas áreas abastecen de agua de manera directa a más de siete millones de personas —el 18 % de la población argentina—, según el Atlas de Glaciares de Argentina, una cifra que equivale a más del doble de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría de estas geoformas se encuentran en la provincia de San Juan, donde se geolocalizaron 16 proyectos mineros de cobre, entre esos, los proyectos de Los Azules y El Pachón, que figuran entre las iniciativas mineras más avanzadas.

Además, como explica Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, legislaciones ambientales, como la Ley de Glaciares o la Ley de Bosques, se han flexibilizado para promover el desarrollo de esta industria.

Proyectos mineros y territorios comunitarios

El avance de proyectos para extraer cobre no solo presiona los ecosistemas estratégicos; también se expande en territorios indígenas y comunitarios.

En Colombia, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y los campesinos han sido reconocidos constitucionalmente como poblaciones sujetos de derechos y de especial protección. En sus territorios colectivos (resguardos indígenas y tierras de comunidades afrodescendientes), así como en las Zonas de Reserva Campesina, no está prohibida la minería, pero adelantar actividades de exploración y explotación requiere de instrumentos como la consulta previa y del reconocimiento de las regulaciones o restricciones ambientales de cada territorio.

El análisis geográfico evidenció que en Colombia hay al menos 94 títulos mineros activos de cobre que se superponen con tierras comunitarias: dos están en Zonas de Reserva Campesina, 38 en resguardos indígenas, 28 en Consejos Comunitarios de Comunidades Afrodescendientes y 26 más se superponen tanto con resguardos indígenas como con consejos comunitarios afro.

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En Argentina, las provincias en donde se encuentran los proyectos de cobre son habitadas por más de 110 comunidades pertenecientes a 14 pueblos originarios. Aunque el país reconoció desde 1994 la preexistencia de los pueblos indígenas y la propiedad comunitaria, sus territorios aún no están claramente delimitados: el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no cuenta con polígonos sobre estos territorios, sino con algunas coordenadas de los puntos donde se instalan las comunidades.

Según Leandro Gómez, de FARN, esto ha puesto en un lugar cada vez más vulnerable a los pueblos indígenas que habitan el país.

El análisis realizado documenta que, de los 76 proyectos mineros inventariados por la Secretaría de Minería, 47 se encuentran a menos de 50 kilómetros de distancia de los territorios indígenas; 17 no superan los 15 kilómetros y hay tres —todos ubicados en la provincia de Salta— que están a menos de cuatro kilómetros. Allí viven comunidades de los pueblos calchaquíes y tastileas, de acuerdo con datos oficiales.

Minerales de Latinoamérica: en la mira de las potencias

El futuro de lo que puede aportar el mapa minero de América Latina al suministro de cobre (y de otros minerales estratégicos) ha hecho que China, Estados Unidos y la Unión Europea busquen intensificar su presencia y establecer nuevas alianzas en la región.

China, por ejemplo, ha impulsado inversiones y numerosas visitas de alto nivel. Solo entre 2013 y 2024, el presidente Xi Jinping visitó seis veces América Latina, más que todas las visitas juntas de los mandatarios estadounidenses Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump. El país asiático también ha establecido en su más reciente documento de política sobre América Latina y el Caribe (una especie de declaración oficial sobre la hoja de ruta de prioridades y estrategias conjuntas a largo plazo) que está dispuesto a “ampliar y profundizar la cooperación” en temas de energías limpias y el “aprovechamiento sostenible de recursos minerales”.

El interés por parte de China no es nuevo, señala David Castrillón-Kerrigan, magíster en estudios de Asia y docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. “Antes la demanda respondía a otras necesidades, como el desarrollo de infraestructura. Pero ahora la estructura económica china también ha cambiado y produce bienes de otro tipo, con valor agregado”, dice. El caso emblemático es, tal vez, el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos y, con ellos, la demanda de minerales críticos.

Pero no son los únicos. La Unión Europea ha dicho que su demanda de cobre podría incrementar en más de un 50 % para 2050 y ha manifestado que América Latina es “estratégicamente más importante que nunca” para garantizar el suministro de materias primas necesarias para la transición. Trump también ha puesto los ojos sobre este y otros minerales: en enero de 2026 le ordenó a sus oficiales concluir acuerdos bilaterales con sus aliados para garantizar el suministro de cobre y otros metales con el objetivo de “no depender de las importaciones de adversarios extranjeros”, como China.

De hecho, su gobierno firmó en 2025 un acuerdo comercial con Argentina para impulsar el comercio de minerales y ofreció 20 000 millones de dólares de apoyo financiero al presidente argentino, Javier Milei.

En palabras de González, de NRGI, América Latina ha avanzado en marcos regulatorios con estándares mínimos en temas sociales, ambientales y de gobernanza, pero en momentos de inestabilidad política, como el actual, esos avances podrían ponerse en riesgo. “Si los países, como bloque, no se ponen de acuerdo en mantener esos estándares mínimos, puede comenzar lo que se ha llamado una ‘carrera hacia el fondo’ que, en palabras sencillas, se traduciría en bajar los estándares, reducir los trámites y flexibilizar normativas para obtener la inversión”, explica. Esa visión, insiste, resulta problemática porque está ganando terreno en la región como una forma de acelerar proyectos extractivos, aun cuando podría profundizar los conflictos socioambientales.

En su opinión, los países deben hacer todo lo contrario: posicionarse con fuerza para defender esos estándares mínimos, pedir a los proyectos que generen valor agregado y que aporten al desarrollo local. “Sabemos —dice— que la demanda [de cobre] tiene su raíz en temas energéticos, pero también tiene que ver con inteligencia artificial, con usos militares, entre otros. Si seguimos demandando minerales a ese nivel, no hay ecosistema ni planeta que aguante”.

* Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina y publicado originalmente en Mongabay Latam, puedes leerlo aquí

*Nota metodológica: el análisis de datos realizado para Colombia en este reportaje se hizo con base en títulos mineros activos y solicitudes de títulos vigentes, de mediana y gran escala, que incluyen el cobre como mineral objetivo y que fueron solicitados por empresas, personas jurídicas y/o asociaciones, con corte al 15 de mayo de 2026 (fecha en que se accedió a la información del catastro minero). En Argentina, el análisis se hizo con base en los proyectos mineros de cobre aprobados por la Secretaría Minera de la Nación, con corte al 22 de junio de 2026.

El 14 de abril de 1996 fue un día especial para la provincia de Misiones, en el noreste de Argentina, en la frontera con Paraguay y Brasil. Esa jornada se realizó un plebiscito para consultar a la población si estaba de acuerdo o no con la construcción de una hidroeléctrica. El resultado fue que el 88.63 % de los ciudadanos dijo estar en contra del proyecto. Ahora, tres décadas más tarde, la intención de construir la represa recobró fuerza. El gobierno provincial de Misiones impulsa la consolidación del proyecto junto a autoridades de Paraguay y eso puso en alerta a sectores ambientalistas y científicos.

El proyecto hidroeléctrico fue bautizado con el nombre de Corpus Christi y se trata de una represa binacional entre Argentina y Paraguay sobre el río Paraná, concretamente en la isla Pindo-í, en el municipio de Corpus. Actualmente este proyecto se encuentra en fase de prefactibilidad, es decir, que está en análisis para que las autoridades evalúen si la idea es viable antes de invertir. El objetivo es generar hasta 3500 megavatios (MW) de potencia.

El resultado del plebiscito de 1996 derivó en la sanción de una ley provincial que sigue vigente y que consolidó jurídicamente el veredicto popular. Además, estableció el impedimento para la construcción de la represa de Corpus Christi y de otros posibles proyectos hidroeléctricos de características similares sin la aprobación de la ciudadanía mediante un nuevo proceso de consulta. En otras palabras: ante cualquier proyecto de represa en la provincia de Misiones, el Gobierno provincial debe llamar a votación obligatoria y vinculante, según interpretan los abogados consultados para esta nota.

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Martín Ferroni, activista ambiental y representante legal de la Asociación Civil Orembaé, explicó a Mongabay Latam que el proyecto hidroeléctrico no tiene una Evaluación de Impacto Ambiental y remarcó que la ley provincial que avaló el plebiscito de 1996 está vigente, por lo que considera que no puede ser derogada ni por un decreto ni por otra norma.

“Acá nosotros tenemos un plebiscito con una decisión popular vinculante que no puede ser derogada por una ley ordinaria y mucho menos por un decreto, por más que se consiga una mayoría absoluta en la legislatura, la ley no puede ser derogada por una norma de poder constituido”, resaltó Ferroni.

El abogado detalló que también la Ley General del Ambiente, que rige para toda Argentina, establece el principio de no regresión ambiental. “Esto significa que se alcanzó un nivel de protección, entonces no se puede establecer un nivel de protección menor con otra norma. Nosotros tenemos una ley que prohíbe la construcción de la represa y en ese sentido se estableció el máximo nivel de protección ambiental”, dijo Ferroni.

Además, el jurista añadió que la ley solo puede ser derogada con una declaración de inconstitucionalidad de la norma. “Incluso llamando a un nuevo plebiscito ya se estaría contradiciendo la ley”, sostuvo.

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Por su parte, Raúl Bregagnolo, activista ambiental y representante de la Mesa Provincial No a las Represas, afirmó a Mongabay Latam que existe la intención de una parte de la legislatura de Misiones para aprobar una ley que convoque a un nuevo plebiscito que consulte a la población si está de acuerdo o no con la construcción de la hidroeléctrica Corpus Christi.

La respuesta oficial

La organización Orembaé solicitó en mayo de este año información pública ambiental al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones. La respuesta llegó a la organización el 29 de ese mes. En el documento se confirma que no existe un estudio de impacto ambiental presentado por los impulsores de la obra, ni dictámenes técnicos de la autoridad ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental.

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Mongabay Latam pidió información al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones para conocer en qué etapa se encuentra este proyecto hidroeléctrico y si existen estudios ambientales aprobados. Sin embargo, la entidad pública no respondió los requerimientos.

El delegado argentino en la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip), José López, defendió el proyecto hidroeléctrico y aseguró a Mongabay Latam que antes de 2020 se realizaron diferentes estudios ambientales por un consorcio internacional integrado por Harza Engineering (Estados Unidos), IATASA (Argentina) y TECMA (Paraguay).

López afirmó que, entre sus principales conclusiones, los estudios “determinaron la factibilidad ambiental” del proyecto y dijo que se recomendó el emplazamiento Pindo-í como lugar de construcción de la represa “por presentar la menor afectación ambiental entre las alternativas evaluadas”.

“En 2020, la Comip impulsó una actualización de las afectaciones ambientales y sociales del proyecto, revisando información territorial, viviendas potencialmente afectadas, bosques de ribera, áreas protegidas, comunidades originarias y sitios arqueológicos”, detalló López. Dicho trabajo permitió contrastar los resultados de los estudios originales con información más reciente y ratificó la existencia de una base técnica sólida susceptible de actualización y mejora permanente, según el funcionario.

Sin embargo, el también economista aclaró que los estudios actualmente disponibles pertenecen a etapas de prefactibilidad y factibilidad. “Su finalidad es determinar la viabilidad técnica, económica, ambiental y social del aprovechamiento, comparar alternativas y establecer preliminarmente la magnitud de las afectaciones previsibles”, dijo.

“Como ocurre en cualquier proyecto de infraestructura de gran escala, estos estudios no sustituyen la documentación propia de una eventual etapa ejecutiva. Si existiera una decisión institucional de avanzar con el proyecto, deberían actualizarse numerosos relevamientos, profundizarse estudios específicos, incorporar nueva información ambiental y cumplirse integralmente todos los procedimientos previstos por la legislación vigente”, añadió López.

Martín Arjol, diputado provincial de Misiones del Partido Libertario, es uno de los políticos que impulsa un nuevo plebiscito para aprobar la construcción de la hidroeléctrica. El legislador, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que la realidad energética de Misiones y de la Argentina cambió completamente y que hace 30 años el contexto era otro. “Hoy la demanda eléctrica crece de manera sostenida, la provincia depende en gran medida de energía generada fuera de su territorio y cada verano vivimos las consecuencias de un sistema cada vez más exigente”, dijo.

Arjol añadió que el proyecto que se estudia “no es simplemente reeditar una discusión del pasado” y confirmó que existe un estudio de prefactibilidad actualizado que identifica al emplazamiento Pindo-í como la alternativa con menores afectaciones socioambientales. Dijo que esta opción reduciría la superficie inundada, las relocalizaciones y otros impactos.

“Nuestro planteo no es construir una represa por decreto. Nuestro planteo es debatir con información actualizada y que la decisión final la tome la ciudadanía”, afirmó Arjol. “Quienes sostienen que el tema no puede volver a discutirse, en realidad están diciendo que los misioneros nunca más pueden opinar sobre una cuestión estratégica para el futuro de la provincia”, afirmó.

Estudios parciales y de 2020

Jonathan von Below, ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Misiones y doctor en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), tiene una mirada diferente a la de López. El experto afirmó a Mongabay Latam que la represa, en caso de consolidarse, traerá afectaciones al medioambiente y a la biodiversidad.

Von Below detalló que la iniciativa puede alterar ecosistemas ribereños y generar gases de efecto invernadero al descomponerse la materia orgánica inundada. Dijo que también puede bloquear la migración de peces y alterar el transporte de sedimentos. “Una presa frena el agua. El agua lleva arena y nutrientes. Si el agua se frena, la arena y los nutrientes se quedan atrapados. Esto afecta a los animales del río Paraná aguas abajo”, afirmó.

El especialista resaltó que el estudio de prefactibilidad más actualizado data de 2020 y es el que evalúa el emplazamiento Pindo-í con potencias proyectadas entre 2880 MW y 3456 MW, según explicó. Von Below aseguró que la superficie de inundación permanente sería de 13 838 hectáreas. Al ser un proyecto binacional 6709 hectáreas estarían afectadas en Argentina y 7129 hectáreas en Paraguay.

Además, el experto detalló que nueve áreas protegidas del lado argentino tendrían algún nivel de afectación si se concreta la represa, incluyendo las reservas ícticas (relativas a peces) de Corpus y Caraguatay, que estarían afectadas en su totalidad, y la Isla Caraguatay, que podría verse afectada en un porcentaje alto.

Según von Below, entre agosto y noviembre de 2025 surgieron propuestas de un nuevo plebiscito para materializar el proyecto, pero esta intención –dijo- generó rechazo generalizado de organizaciones ambientalistas y sociales.

Von Below detalló que el proyecto hidroeléctrico está ubicado en la selva paranaense, una zona que es el remanente más importante de la Mata Atlántica en Argentina. La selva misionera alberga el 52 % de la biodiversidad del país: más de 564 especies de aves, 260 de peces, 150 de mamíferos, 116 de reptiles y miles de especies vegetales, según el propio gobierno de Misiones y el Instituto Misiones de Biodiversidad.

“En los últimos 120 años se ha perdido el 95 % de la extensión original de la Mata Atlántica argentina. El 5% restante se concentra mayoritariamente en la provincia de Misiones. El mayor desastre ambiental documentado en esta ecorregión fue precisamente el embalse de Itaipú -ubicada sobre el río Paraná, en la frontera entre Brasil y Paraguay-, que inundó aproximadamente 1200 kilómetros que albergaban cientos de especies vegetales y animales”, destacó von Below.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde los acantilados rocosos de la Región de Valparaíso, en la zona central de Chile, el océano Pacífico se estrella con una fuerza imponente. La panorámica ofrece un mar azul, vibrante y aparentemente inalterado. Sin embargo, bajo esa superficie de oleaje constante, la costa continental e insular chilena ha comenzado a mostrar las huellas de un desequilibrio silencioso. Así lo documentó Mongabay Latam en 2025, cuando dio a conocer que, de acuerdo al Centro de Investigación Marina Quintay (CIMARQ) de la Universidad Andrés Bello, un aumento poblacional de tres especies de erizo negro está transformando drásticamente los ecosistemas marinos.

Tras un monitoreo submarino que combinó buceo con herramientas de inteligencia artificial, el equipo científico de CIMARQ arrojó un diagnóstico inquietante: los erizos negros están devorando sin tregua los bosques de algas, dejando a su paso “fondos blanqueados” desprovistos de alimento, refugio y oxígeno. El peligro es mayúsculo, ya que al desaparecer estas algas —que funcionan como verdaderos “árboles” submarinos—, peces, moluscos y mariscos, de los que depende la pesca artesanal, se quedan sin hogar.

Sin embargo, la ciencia también encuentra matices esenciales para entender el problema. Y es que el erizo no es una especie invasora ni el “malo” de la película, dice Francisco Contreras-Drey, director de ciencia y monitoreo de la Fundación Capital Azul, sino que es un actor nativo e histórico de los fondos rocosos chilenos que hoy simplemente presenta un crecimiento desmedido.

El experto explica que el verdadero origen de la crisis no es el erizo en sí, sino la severa alteración de la cadena trófica: al desaparecer los depredadores naturales de esta especie, debido a la sobrepesca histórica y a las alteraciones del agua por el calentamiento global, “el erizo se quedó sin frenos biológicos que contuvieran su crecimiento”.

Es precisamente esa comprensión la que explica el asombroso éxito de una estrategia comunitaria implementada frente a este escenario de degradación.

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En la región de Valparaíso, específicamente en las caletas de Ventanas y Zapallar, los pescadores artesanales, en alianza con la Fundación Capital Azul, decidieron no combatir al erizo, sino devolverle al ecosistema su equilibrio original a través de los refugios marinos: áreas acotadas de protección estricta y exclusión total de pesca implementadas de manera voluntaria.

Estas zonas de resguardo se ubican al interior de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), espacios en el mar regidos por una política pública que entrega derechos exclusivos de uso a organizaciones de pescadores artesanales para administrar de forma sustentable los recursos del fondo marino. Al destinar una pequeña porción de sus AMERB a la no extracción absoluta, los pescadores actúan como diseñadores de su propia restauración ecológica.

Al retirar la presión humana en estos perímetros, la naturaleza respondió con una velocidad inesperada. Los depredadores nativos regresaron a ocupar su rol, el pastoreo de los erizos negros comenzó a bajar de forma natural y, libres de esa presión, los bosques de algas volvieron a colonizar la roca viva, demostrando el poder de las soluciones basadas en la naturaleza.

El retroceso del erizo negro

Para comprender la magnitud de la recuperación de los ecosistemas en estas dos caletas de pescadores es necesario sumergirse en las bitácoras y series de tiempo oficiales que el equipo científico de Capital Azul ha levantado año tras año en el terreno.

El refugio marino de Ventanas, creado en 2016 y formalizado mediante un convenio en 2017, abarca una superficie exacta de 11.7 hectáreas alrededor de Punta Los Lunes, una saliente rocosa cuyas paredes caen de forma pronunciada hasta superar los 20 metros de profundidad.

Esta caleta de 45 socios (44 hombres y una mujer) se ubica en una zona históricamente golpeada por la degradación industrial de la bahía de Quintero. Pese a este entorno complejo, los monitoreos biológicos arrojaron una cifra espectacular. Desde 2019, “la presencia del erizo negro disminuyó en un 96 %”, asegura Contreras-Drey, pasando de registrar 2172 individuos a solo 77 en los últimos censos.

Esta caída masiva de la densidad del erizo negro coincidió con el resurgimiento de la cadena trófica.

A partir de 2020, la abundancia de la estrella común (Stichaster striatus) se multiplicó por tres y la población del sol de mar (Heliaster helianthus) se duplicó. Ambos, al ser depredadores del erizo, regulan el ecosistema.

El bosque submarino, al liberarse de la presión del pastoreo que realizaba el erizo, volvió a brotar. Los ejemplares del alga huiro palo (Lessonia trabeculata) se triplicaron, pasando de 55 a 180 individuos. A su vez, ello abrió espacio para que la actinia naranja (Phymactis papillosa) aumentara ocho veces su presencia, creando un microhábitat que permitió el registro exclusivo de la jaiba mora (Homalaspis plana).

Cuando disminuye el erizo negro, explica Contreras-Drey, “la cadena trófica completa se ve beneficiada, atrayendo incluso a mamíferos como el chungungo (Lontra felina), la nutria llamada el gato marino, y diversificando los peces de roca”. Sin embargo “en la literatura científica internacional, la recuperación biológica en áreas restringidas a la extracción tiende a llevar entre 10 y hasta 15 años”, precisa el experto. “Ver estos cambios positivos en sólo cinco o seis años en Ventanas y Zapallar nos llamó bastante la atención”, agrega.

A solo unos kilómetros al norte, el refugio marino de Zapallar —inaugurado oficialmente en 2021 con 12.4 hectáreas alrededor de la emblemática Isla Seca— consolida esta tendencia ecológica de manera impecable. Los datos oficiales de la fundación detallan que en Zapallar el erizo negro se redujo a la tercera parte (un 66 % menos que en 2021), mientras que el huiro palo experimentó una explosión biológica de seis veces, pasando de 20 a 120 ejemplares en los cuadrantes de muestreo.

El blindaje ecológico del refugio marino es evidente cuando se compara con el área del AMERB que es explotada, pues la presencia de la estrella común al interior del refugio es casi el triple que en las zonas vecinas abiertas a la pesca.

Los números en Zapallar muestran que la riqueza de macroinvertebrados móviles, como los caracoles marinos, lapas y pequeños crustáceos se duplicó entre 2021 y 2025 (pasando de 11 a 15 especies), mientras que peces de roca como el bilagay (Cheilodactylus variegatus), la jerguilla (Aplodactylus punctatus) y el rollizo (Pinguipes chilensis) duplicaron su abundancia, registrándose además por primera vez 10 ejemplares de blanquillo (Prolatilus jugularis).

La nueva abundancia de Zapallar

“Al principio fue una idea muy loca, porque nosotros somos una caleta de buzos mariscadores”, relata con honestidad Sergio Veas, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Zapallar, quien lleva 10 años liderando la organización.

Veas recuerda con profunda emoción a Benjamín Lagos, fallecido científico de Capital Azul, quien llegó a la caleta proponiendo cerrar voluntariamente una porción de mar. “Complicado para nosotros al principio, le dije: ‘Tú estás loco’. Luego le conté a las personas de la caleta y me mandaron a la punta del cerro”, confiesa el dirigente.

El escepticismo inicial se debía al gran valor comercial de la zona elegida. “Dejamos uno de los mejores lugares de pesca, una zona sumamente rentable de donde solíamos sacar 10 000 locos (Concholepas concholepas)”, explica Veas. Sin embargo, el trabajo constante de conversación rindió frutos en un espacio donde el avance del erizo negro ya amenazaba con mermar los recursos. “Cuando tuvimos la votación final, todos levantaron la mano”, cuenta el dirigente.

La resistencia inicial ante un concepto tan contraintuitivo como “conservar para explotar más” se disipó cuando los pescadores comenzaron a evidenciar el “efecto desborde”. Al retroceder el erizo negro por la acción de los depredadores nativos, el refugio comenzó a llenarse de piure (Pyura chilensis), el alimento predilecto del loco, y los moluscos crecieron sin intervención. Hoy, el lugar donde los erizos negros mantuvieron por mucho tiempo la roca desnuda está lleno de peces y familias de locos que se salen del refugio marino colonizando las áreas donde sí pueden ser aprovechados por los pescadores.

“Ellos ponen los botes justo en la orilla del refugio y sacan locos gigantes que valen mucho más en el mercado”, cuenta Veas con orgullo, agregando que el refugio redujo los tiempos de navegación y generó un ahorro sustancial en combustible.

La abundancia es tal que traspasa las mediciones científicas ordinarias y se convierte en anécdota local. Veas relata que durante un trágico operativo de búsqueda de una persona extranjera que cayó al mar cerca de la caleta, los buzos tácticos de la Armada de Chile ingresaron a rastrear las profundidades de la Isla Seca. Al salir a la superficie, los marinos estaban impactados. “Nos contaban que en ningún lado de la costa chilena habían visto tanta vida, tantos pescados y tantos locos juntos”, recuerda el dirigente.

La vida regresó con tanta fuerza que los monitoreos grabaron en video el retorno del pejeperro (Semicossyphus darwini), un emblemático pez de roca que cambia de sexo y color al crecer, y del cual ya se observan parejas reproduciéndose e individuos juveniles nadando entre las algas. “Para nosotros como pescadores, el pejeperro era una especie que ya considerábamos prácticamente extinta en la zona debido a la pesca indiscriminada y a la contaminación. Este refugio marino sirvió para verlo regresar”, dice Veas.

Sin embargo, mantener este oasis no es una tarea exenta de riesgos.

“Si alguien entra a depredar o a extraer a los depredadores que controlan al erizo negro puede echar a perder años de trabajo en una hora”, explica Rodrigo Sánchez, director ejecutivo de Capital Azul.

Para mitigar esta amenaza de pescadores furtivos y buceo deportivo descontrolado, el sindicato de pescadores de Zapallar y Capital Azul implementaron un sistema de monitoreo remoto de alta tecnología: dos cámaras con visión nocturna, infrarrojo y sistemas de disuasión automática instaladas en Isla Seca, complementadas con un proyecto piloto de hidrófonos submarinos conectados a internet en tiempo real, que captan desde el ruido de motores de lanchas sospechosas hasta el canto de las ballenas.

“Pero las mejores cámaras son los vecinos de Zapallar, ellos mismos avisan si anda un bote extraño”, destaca Veas.

La conservación transformó además la economía de la caleta a través de la “plata circular”. La creación del refugio marino dio paso a una escuela de buceo recreativo que lleva a turistas a conocer el área, paseos en bote con tablillas educativas bilingües y un flujo constante de clientes para los locales de empanadas y los dos restaurantes del sindicato. “Perdimos por un lado, pero ganamos por otro. Hoy el sindicato está feliz”, asegura el líder comunitario, quien durante la última Fiesta de San Pedro acordó junto a la fundación Capital Azul renovar el convenio de protección por 10 años. “Cuando se cumplan, quiero firmar uno por 100 años para la conservación”, dice.

Escalando el freno biológico del erizo negro

Para la Fundación Capital Azul, el impacto social y ecológico acumulado en esta década en la Región de Valparaíso demostró que la conservación costera no debe ser una actividad exclusiva de grandes ONG internacionales o de la academia.

Según explican desde la organización, el modelo logró romper el muro que históricamente marginó a los pescadores artesanales de las decisiones científicas y del financiamiento ambiental.

“Un hito histórico se consolidó en 2024 con la promulgación de la Ley Bentónica, que reconoció legalmente la figura de los refugios marinos como zonas voluntarias de protección dentro de las áreas de manejo de Chile”, destaca Sánchez. Según explica el director ejecutivo de Capital Azul, este avance permite que “las comunidades locales accedan formalmente a incentivos y retribuciones por servicios ecosistémicos”, como la recuperación de depredadores que controlan por sí mismos el sobrepastoreo del erizo.

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“Cuando los refugios marinos pasan a ser política pública, surge la necesidad de escalar y llevar este modelo a otras regiones del país”, detalla Sánchez. Con el apoyo de la organización internacional The Nature Conservancy (TNC), Capital Azul cruzó las fronteras de la zona central para implementar el primer refugio fuera de Valparaíso: la localidad de Guadei, en la Región de Los Ríos. Se trata de un área administrada por una asociación indígena que busca resguardar la salud de sus pesquerías. Aquí, el biólogo marino y director del área de ciencia y monitoreo de Capital Azul, Francisco Contreras-Drey, ya se encuentra levantando la línea de base científica para monitorear el estado de salud de los fondos rocosos, antes de que se repitan los desequilibrios tróficos vistos en el norte y centro del país.

Para asegurar la sostenibilidad económica y operativa del modelo, Capital Azul diseñó la “escuela de refugios marinos”. Este programa busca transferir las metodologías científicas y los aprendizajes comunitarios acumulados directamente a municipios, consultoras y sindicatos locales, otorgándoles autonomía. La posta también ya fue tomada en la Región de Los Lagos, específicamente en la comuna de Ancud, Chiloé, donde el Sindicato Mar Adentro de Chepu impulsa de forma virtuosa su propio refugio con el acompañamiento de la ONG local CECPAN y bajo el paraguas del proyecto GEF de Incentivos Económicos para la Conservación de la Biodiversidad.

La relevancia de esta red colaborativa quedó demostrada cuando Capital Azul invitó a Sergio Veas a viajar al sur de Chile para exponer su experiencia ante nuevas comunidades de pescadores que anhelan replicar el éxito de la Isla Seca. Veas, que nunca había salido de su región para hablar de conservación, personifica el cambio de paradigma de la costa chilena: el tránsito de pescadores que pasaron de considerarse “depredadores” a convertirse en guardianes de sus propios bosques sumergidos.

El artículo original fue publicado por Barinia Montoya en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las güiñas (Leopardus guigna) son pequeños felinos que habitan en los bosques de Chile y Argentina y se distinguen únicamente por unas pequeñas y sutiles manchas negras, lo que dificulta diferenciarlas. Un cambio en el ángulo de las cámaras trampa podría facilitar una mejor comprensión de sus poblaciones, con importantes implicaciones para su conservación, según un estudio reciente.

Normalmente, los investigadores colocan cámaras trampa a nivel del suelo para fotografiar a las güiñas mientras pasan. Sin embargo, diferenciar una güiña de otra desde ese ángulo resulta increíblemente difícil.

“Una de las preguntas fundamentales en ecología es siempre cuántos individuos hay o cuál es su densidad”, declaró Nicolás Gélvez, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a Mongabay. “A veces parece una pregunta muy sencilla, pero en realidad es muy difícil de responder en el campo, especialmente con una especie tan pequeña y críptica”.

Para resolver ese problema, Gálvez y su equipo orientaron sus cámaras hacia abajo, en posición cenital, sujetándolas a ramas de árboles en un bosque templado del Valle de Reñihue, en la Patagonia chilena. Este cambio permitió a los científicos identificar 12 individuos basándose en las marcas únicas de sus lomos. Los hallazgos se publicaron en la revista Oryx.

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Ilaria Agostini, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, afirmó que se trata de una investigación fascinante. “Por primera vez, parece factible identificar individuos de este felino con marcas tan sutiles”, declaró. Al utilizar cámaras trampa para su propia investigación sobre las güiñas en Argentina, Agostini no pudo identificar animales individuales mediante vistas laterales.

Esta técnica, según los investigadores, podría tener importantes implicaciones para la conservación.

Hasta 2025, cuando la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reclasificó la especie como de menor preocupación, la güiña figuraba como vulnerable. El cambio de estatus no estuvo exento de polémica, ya que tres de las seis subpoblaciones reconocidas (las de Argentina, el centro y el norte de Chile) siguen gravemente amenazadas. Parte de la preocupación de algunos conservacionistas radicaba en la falta de datos sobre estas poblaciones amenazadas. Sin embargo, esta técnica podría, con el tiempo, cambiar esa situación.

Omar Ohrens, científico conservacionista de Panthera, lo describió como “potencialmente transformador” en ese sentido y añadió que aún se necesitan más pruebas antes de su adopción generalizada. “Actualmente existe una notable falta de estimaciones poblacionales fiables para esta especie en toda su área de distribución, lo que hace que este trabajo sea muy oportuno”, sostuvo.

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Manchas desde arriba

Para Gálvez, este estudio es un primer paso que demuestra que es posible identificar ejemplares de güiñas con cámaras trampa. Sin embargo, no está exento de dificultades.

Durante el ensayo, más de la mitad de las 1386 fotos tomadas con cámaras trampa en la posición cenital fueron excluidas, ya que las güiñas fotografiadas eran melánicas, es decir, presentaban una mutación genética que produce pelaje negro, mientras que las demás imágenes eran de mala calidad. Por lo tanto, no fue posible examinar las singulares manchas negras en esas imágenes. En total, 350 imágenes presentaban manchas visibles y fueron evaluadas en el ensayo, a partir de las cuales el equipo identificó 12 ejemplares de güiñas.

Identificar gatos melánicos probablemente seguirá siendo problemático al utilizar esta técnica, afirmó Gálvez. Esto podría dificultar la realización de estudios en áreas donde esta variante es más frecuente. Explicó que esto podría solucionarse utilizando un flash blanco en las cámaras, en lugar del infrarrojo que emplearon en su estudio.

“Quizás esto proporcione la iluminación suficiente para resaltar las manchas sobre el patrón oscuro de los individuos melánicos”, dijo Gálvez, añadiendo que es algo que requiere mayor investigación.

“Los estudios futuros deberían explorar si esto afecta las estimaciones de población e idealmente comparar los resultados con modelos capaces de incorporar a todos los individuos, independientemente de sus marcas”, señaló Ohrens.

Agostini también observa posibles limitaciones, ya que se requieren imágenes de buena calidad, y probablemente varias fotografías del mismo gato para identificarlos individualmente. Por lo tanto, en algunas zonas de Argentina donde la población de güiñas es baja, esta técnica podría no ser aplicable.

Ambos expertos, que forman parte del Grupo de Trabajo sobre la Güiña, esperan que esta técnica pueda utilizarse para estimar las densidades de la especie.

“Investigar la abundancia y la densidad de la especie en toda su distribución es una de las principales prioridades que identificamos en la evaluación de la Lista Roja de la UICN”, dijo Agostini, quien también formó parte del equipo de evaluación. “Es una forma de refinar y obtener una idea más fiable de cómo se encuentra la especie en las diferentes partes de su área de distribución”.

Eso también podría ayudar a los conservacionistas a comprender cómo responden las poblaciones a las amenazas o a las intervenciones de conservación.

Agostini y su equipo pretenden utilizarlo en dos lugares distintos de Argentina para probar su viabilidad. Sin embargo, estos planes dependen del presupuesto. La financiación para la investigación de felinos pequeños ya es limitada y estas restricciones se han endurecido desde que la especie se considera ahora de menor preocupación.

Otras especies de felinos podrían beneficiarse

Cambiar el ángulo de las cámaras trampa también podría ayudar a estudiar otras especies de felinos pequeños difíciles de distinguir y con datos poblacionales limitados.

“Es la primera vez que veo algo tan claramente ilustrado que se puede aplicar fácilmente a otras especies utilizando estaciones tanto cenitales como horizontales”, sostuvo a Mongabay Juan Cepeda Duque, biólogo de la Universidad de los Andes de Colombia, quien no participó en el estudio.

Para él, la técnica también podría resultar útil para estudiar al gato de Geoffroy (L. geoffroyi), un felino pequeño nativo de Centroamérica y Sudamérica que, al igual que la güiña, tiene sutiles marcas en el lomo. Sin embargo, podría resultar más difícil para especies que habitan en vegetación densa, como el gato tigre nublado (L. pardinoides), donde incluso obtener imágenes laterales es problemático.

Gálvez y su equipo afirman que la técnica también podría funcionar para otras especies, como el gato pescador (Prionailurus viverrinus), el gato manchado (P. rubiginosus) y los leopardos nublados (Neofelis nebulosa y N. diardi).

En opinión de Duque, si la financiación lo permite, se instalarían varias cámaras. “Una en posición cenital y dos laterales, ya que se sabe que las marcas de la mayoría de las especies de felinos difieren de un lado a otro”, explicó.

Gálvez y su equipo también contemplan el uso de aprendizaje automático para optimizar el proceso de identificación y posiblemente detectar diferencias más sutiles que pasan desapercibidas para el ojo humano. “Probablemente también sea más rápido, pero es necesario evaluarlo”, añadió. Para Duque, desarrollar un método de este tipo para estimar las poblaciones de felinos pequeños es una prioridad.

Aunque el uso de cámaras trampa colocadas en posición cenital no siempre ofrece las fotografías de vida silvestre más espectaculares, estas instantáneas de felinos pequeños podrían resultar una herramienta importante para los conservacionistas que luchan por comprender y preservar a los felinos más pequeños de Sudamérica en los próximos años. Esto, siempre y cuando las pruebas de campo en curso demuestren la viabilidad de la técnica.

“Creo que ahora debemos considerar, y quizás otros acepten el reto, diseñar un estudio de [colocación cenital] para estimar la densidad con un diseño espacial adecuado de captura-recaptura”, dijo Gálvez. “También nos gustaría que esto se evaluara en otras especies”.

Esta nota se publicó originalmente en inglés en el sitio de Mongabay el 29 de junio de 2026. Edición en español: Emilia Delfino

REFERENCIA

Gálvez, N., Kramer, T., Gallardo, B., Minte, E., Alarcón, V., & Palomo-Muñoz, G. (2026). Zenith placement of camera traps can individually identify the guiña Leopardus guigna: Implications for population studies and conservation. Oryx, 1-8. doi:10.1017/s003060532510238x

La bióloga argentina Nadia Boscarol navegó el río Bermejo en kayak en 2017, 2018 y 2024, bajó por el río Paraná desde Formosa hasta Buenos Aires remando durante un mes y recorrió el río Santa Cruz. Esa cercanía con el agua atraviesa también su carrera, que pasó por un laboratorio de neurofarmacología del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Zoológico de Buenos Aires y casi 20 años en la Secretaría de Ambiente de la Nación, la mayoría trabajando con humedales. Boscarol además es una de las más de 60 activistas y kayakistas que remaron 350 kilómetros por el Delta del Paraná en agosto de 2021 para llevar al Congreso argentino una petición firmada por más de 300 organizaciones exigiendo una Ley Nacional de Humedales.

Formado por sedimentos que arrastra el río Paraná, el Delta se extiende entre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, y Buenos Aires, en el centro-este del país, creando un entramado de islas, lagunas y arroyos que integran uno de los humedales más importantes de Argentina y una ecorregión de 5.6 millones de hectáreas. Además de su biodiversidad, sus humedales ayudan a regular inundaciones, filtrar contaminantes y abastecer de agua a las localidades linderas. La protección de este sistema ha sido objeto de un extenso debate legislativo: desde 2013 se han presentado sucesivos proyectos de Ley de Humedales para su protección, que nunca han llegado a aprobarse. Bajo el gobierno de Javier Milei, la iniciativa no forma parte de la agenda legislativa nacional y ha perdido centralidad en el debate político.

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Boscarol, con 64 años, coordina el programa Corredor Azul de la Fundación Wetlands International y advierte que ese ecosistema. que cubre de 14 000 kilómetros cuadrados, está bajo una presión múltiple y creciente. “Los humedales son como los riñones del planeta”, dijo en conversación con Mongabay Latam. “Nadie les presta atención hasta que empiezan a fallar”.

A esa presión se suman, en los últimos años, el endicamiento (represamiento de un cuerpo de agua) para ganadería y el relleno artificial para la construcción de viviendas privadas que están transformando el humedal. Además, en noviembre de 2024, el gobierno de Javier Milei abrió una licitación internacional para concesionar por 25 años la hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor fluvial por donde circula el 80 % de las exportaciones argentinas y cuyo tramo inferior atraviesa el Delta del Paraná. Este primer proceso quedó sin efecto en febrero de 2025, tras denuncias de supuestas irregularidades.

Diez meses después, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) convocó a un nuevo proceso de licitación que culminó el 18 de junio con la adjudicación al consorcio Jan De Nul N.V.. Según el Pliego de Especificaciones Técnicas, la segunda etapa de obras de dragado sobre la hidrovía, profundizará el lecho del río a 40 pies (12.19 metros) en el tramo Timbúes-Paraná de las Palmas. Desde el Canal Emilio Mitre, que atraviesa el Delta del Paraná, la profundidad prevista es de 39 pies (11.89 metros). Todo esto, advierte Boscarol, sin estudios de impacto ambiental actualizados ni información pública sobre cómo se realizaría la modificación del lecho del río. Las Bases y Condiciones del pliego sólo exigen los permisos ambientales si el concesionario decide profundizar aún más, hasta 42 o 44 pies (12.81 y 13.41 metros), en el tramo hacia el Canal Emilio Mitre.

Además, el “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal” sometido a audiencia pública en noviembre de 2025, aclara explícitamente no ser una Evaluación de Impacto Ambiental y se apoya en planes de gestión ambiental que datan de 2007 y 2011 para el dragado a 36 pies.

El 15 de mayo de 2026, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen ante la Fiscalía Federal N°9 en el que advirtió que la licitación avanzó sin Evaluación de Impacto Ambiental y en incumplimiento del Acuerdo de Escazú (tratado regional que garantiza el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana, al cual Argentina adhirió en 2021), tras recibir presentaciones de organizaciones ambientales y consorcios portuarios. Con ese dictamen como respaldo, organizaciones presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N°7 para suspender el proceso de licitación. Sin embargo, el fiscal Guillermo Marijuan rechazó la cautelar y el proceso siguió su curso.

Boscarol habló con Mongabay Latam sobre los riesgos que enfrenta el Delta del Paraná frente al dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, recién adjudicada por el gobierno argentino.

—¿Qué hace al Delta especial?

—El Delta del Paraná es lo que se llama un humedal fluvial, asociado a un río de llanura que serpentea con muy poca pendiente y que periódicamente se desborda. Cuando eso pasa, el agua queda retenida en lo que se llama el valle de inundación y forma los humedales. Es un sistema vivo y en permanente movimiento. El río Bermejo arrastra desde las montañas de Bolivia una cantidad increíble de sedimentos que llegan al [río] Paraguay y de ahí al Paraná, y eso hace que haya islas que se forman y otras que desaparecen. Yo lo navegué en kayak varias veces y nunca es igual de un año al otro.

Cuando el río desborda, las lagunas que quedan en los humedales funcionan como criaderos naturales, el sábalo (Prochilodus lineatus) desova ahí, las larvas se crían protegidas y al año siguiente vuelven al río como peces adultos. De esas lagunas viven miles de familias de pescadores artesanales en toda la zona de Victoria [en Entre Ríos], Rosario [en Santa Fe] y el Delta de la provincia de Buenos Aires, que salen con su bote, ponen el espinel y venden lo que sacan. Además, el humedal funciona como una esponja que regula las inundaciones y como purificador natural del agua, a través de bacterias y vegetación que filtran contaminantes antes de que lleguen a las plantas potabilizadoras.

—Según un informe del Instituto Nacional del Agua, la bajante extraordinaria del Paraná que comenzó en 2020 generó impactos críticos en el Bajo Delta, incluyendo la inaccesibilidad de cursos de agua y dificultades de abastecimiento en comunidades. Desde el programa Corredor Azul, ¿cuál es su diagnóstico?

—Lo que nosotros seguimos de cerca son los endicamientos. Cada cinco años hacemos un mapeo satelital de cómo avanzan en el Delta y lo que vemos es preocupante. Según nuestra última actualización de 2025, el 14 % de la superficie del Delta ya se encuentra endicada, casi dos millones de hectáreas encerradas por terraplenes. Cuando alguien construye un dique para sembrar soja o para tener ganado todo el año, o rellena un humedal para hacer un barrio privado, esa esponja desaparece, pero el agua no desaparece, va a otro lado, siempre al lugar más bajo, donde vive la gente más vulnerable.

—¿Entonces los endicamientos son la principal causa de la crisis?

—No hay una sola causa y es difícil decir “esto sucede acá por este motivo”. El cambio climático está ahí, pero el sistema también es muy plástico y elástico. Lo que sí podemos decir es que estamos acumulando estresores más rápido de lo que el sistema puede adaptarse, y a eso le sumas que seguimos interviniendo en el sistema. Si yo aumento la profundidad del canal de navegación, el agua se va más rápido y no llega a alimentar a los humedales. Y nosotros necesitamos que esa agua permanezca.

—Con la concesión de la hidrovía ya adjudicada, ¿qué encontró al revisar el pliego definitivo respecto a los estudios de impacto ambiental?

—Lo que encontramos con la hidrovía es que las audiencias públicas y los estudios de impacto ambiental han perdido su sentido originario. El pliego técnico tiene casi 1200 páginas, lo que lo hace muy difícil de analizar. Hubo un pedido de amparo para detener la licitación justamente por la falta de estudios de impacto ambiental y el juez subrogante a cargo lo rechazó en su último día en el cargo. Lo único que el pliego exige en materia ambiental es un estudio técnico, legal y ambiental si en el futuro se quiere profundizar más allá de los 40 pies que se van a dragar ahora, hacia los 42 o 44 pies. Es decir, la concesión no draga directo a esa profundidad mayor, pero queda obligada a estudiar si es viable. Para los 40 pies que arrancan de inmediato, no se exige ningún estudio nuevo.

—¿Existen antecedentes en Argentina de dragados de esta escala?

—En 2023, en el puerto de Diamante una empresa dragadora tiró el sedimento que sacaba del lecho directamente sobre la costa y tapó un río entero [se trata de una obra de dragado portuario provincial, distinta a la licitación nacional de la hidrovía Paraná-Paraguay].

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—¿Qué riesgos concretos implican esos dragados para el ecosistema?

—Habrá afectación a la pesca porque si el agua se va más rápido por un canal más profundo no llega a alimentar las lagunas donde se crían los peces. También, aumento de la erosión en las costas, que ya está destruyendo casas y nadie lo considera en ningún estudio; y alteración de toda la hidrología natural del Delta. Yo nunca pude acceder a información pública sobre qué volúmenes se van a extraer ni dónde se van a depositar los sedimentos. Paraguay ya construyó un barco que se llama Don Tocho, diseñado especialmente para navegar con poca profundidad. En Shanghái, que tiene el mayor comercio fluvial del mundo, los barcos entran unos 200 kilómetros (124 millas) y del resto para arriba trabajan con barcazas. Entonces yo me pregunto ¿por qué adaptar el río a los barcos y no los barcos a los ríos?

—¿Qué queda por hacer frente a este escenario?

—Creo que hay que estar alerta y seguir el proceso, porque también estamos viendo qué pasa con otras situaciones de amenaza ambiental y quizás la situación de la hidrovía cambie. Desde las organizaciones, hay que seguir alzando la voz para que se hagan los estudios ambientales antes de avanzar con las profundizacion a 40 pies previstos para el corto plazo.

El artículo original fue publicado por Ana Victoria Domínguez Britos en Mongabay Latam. Puedes leerlo aquí .

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Claudio Angelo hace una pausa durante la London Climate Action Week, el principal evento sobre políticas climáticas de Europa, en medio de un calor extremo. Hace apenas dos semanas se encontraba en otra ciudad europea: Bonn, Alemania. Allí delegados de todo el mundo se reunieron para sentar las bases de las decisiones que se tomarán en la COP31, la próxima cumbre climática global de las Naciones Unidas.

Angelo regresó con poco entusiasmo de Alemania, donde también fue observador de la sociedad civil. Escribió junto a su colega Stela Herschmann un artículo sobre el escaso avance de los debates entre los países del mundo, los desencuentros entre países desarrollados y en desarrollo sobre quién debe pagar la mitigación y la adaptación al cambio climático y los intentos por bloquear a los científicos en sus conclusiones sobre el calentamiento de la tierra y las medidas urgentes a tomar.

Aún así -dice que no quiere ser optimista- muestra entusiasmo cuando habla del avance de la electrificación en ciertos países y de las energías renovables, que, advierte, se están volviendo cada vez más accesibles incluso en países no tan ricos como el suyo, Brasil. Pero, agrega, el proceso está yendo a un ritmo demasiado lento con respecto al calentamiento de la Tierra. De fondo, el objetivo debe ser limitarlo a muy por debajo de 2 °C, y preferiblemente a 1.5 °C, en comparación con los niveles preindustriales. Para eso, los países deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

En noviembre próximo, Turquía recibirá a los países de la ONU en la ciudad de Antalya para la COP31. Bonn debía implicar avances en las negociaciones en temas de adaptación, mitigación, transición justa y buscar acelerar la transformación de los acuerdos en acciones concretas que beneficien a la población. Angelo explica en esta entrevista con Mongabay Latam que la reunión produjo pocos de esos avances y terminó fracasando, dejando al Acuerdo de París en crisis.

—Escribió que el Acuerdo de París está en crisis y que los países ni siquiera parecen saber qué implica la etapa en la que estamos: la implementación del acuerdo. ¿Cómo deberían avanzar efectivamente los países?

—Lo primero que los países deben comprender es qué significa la implementación. Desde 2022, en la Conferencia del Clima de Sharm el-Sheikh [Egipto, la COP27] se ha dicho que es el momento de la implementación. “Esta es la COP de la implementación”. Después vino Dubái, en 2023. También fue “la COP de la implementación”. Parece que ahora sí hemos llegado al momento de la implementación porque ya se han negociado todos los puntos que debían negociarse dentro del acuerdo. Obviamente, podemos hacer todo lo posible para implementar las decisiones, para implementar el acuerdo. Pero lo cierto es que la implementación, incluso si va bien, será insuficiente. Creo que ese es un punto importante. Es casi como si hablar de implementación fuera una forma de evadir la insuficiencia de la ambición. Es una impresión que tengo escuchando a los países, hablando, escuchando los debates aquí en Londres, en Bonn.

La otra cosa es que esta nueva fase de implementación, incluso con la insuficiencia de la ambición, tiene una belleza, digamos, que es que finalmente te libras de la necesidad de consenso. La implementación es nacional, la decide cada país. Ya no necesitas negociar. Pero los negociadores climáticos lo único que saben hacer es negociar. Por eso me parecieron un poco... desconcertados. Parecían muy confundidos en Bonn.

—¿Por qué?

—Porque siguen trabajando con la vieja lógica y es un poco como si la implementación del Acuerdo de París les estuviera quitando el trabajo. Se vuelven un poco inútiles y se pierden. A mí me parecieron perdidos. El contexto ha cambiado, pero la gente involucrada sigue haciendo las cosas de la misma manera, como si nada hubiera cambiado. Y me temo que la COP31 caerá en el mismo patrón. Pero eso no sería nada grave, ya que no hay muchas decisiones importantes que abordar en la COP 31.

Ahora estamos entrando en la fase de implementación, los resultados negociados perderán importancia cada año que pase y al mundo le importará menos si la COP fracasa o no.

—Los principales desacuerdos, según contó en dicho artículo después de Bonn, giran en torno a quién financiará la implementación del acuerdo, la mitigación del cambio climático, las medidas a tomar para evitar el calentamiento progresivo del planeta. ¿Cuál es el panorama en torno a la financiación de la crisis climática?

—Es muy malo porque tenemos un problema que es, primero, la retirada de Estados Unidos. Se está haciendo más evidente con cada sesión de negociación que la retirada de Estados Unidos tuvo un impacto. La financiación climática es necesaria y nunca pagaron lo que debían. Había una cuestión de cuán importante era Estados Unidos para el comportamiento de otros actores dentro de los países desarrollados. La Unión Europea, principalmente, pero no solo la UE. Entonces sí, sin Estados Unidos y con todo el contexto geopolítico que estamos viendo ahora, con inversiones europeas que necesitan salir de Europa, que necesitan correr déficits públicos para aumentar la inversión en defensa, sí, la perspectiva de financiación pública a los países en desarrollo es muy remota.

De hecho, en Bonn intentaron de nuevo evitar la financiación. Y eso es lo que estancó todo en la adaptación. Esto llevó a que el punto más polémico del orden del día se suspendiera.

—¿Qué implicó suspender la orden del día?

—Cuando las negociaciones fracasan y todo el trabajo se desecha y debe reanudarse en la siguiente sesión. Pero no fue solo eso. En Belém se acordó que habría un programa de trabajo sobre financiación para la aplicación del artículo 9.1, que habla de financiación pública, que es la demanda de los países en desarrollo. Los países desarrollados intentaron reinterpretarlo. Por eso decimos que incluso el pasado es incierto porque intentaron reinterpretar la decisión de Belém. Lo que los países en desarrollo obviamente no aceptaron. Esto llevó a una maniobra del presidente de la COP30 al final de la primera semana para hacer una solicitud a la secretaría para que este tema del financiamiento se incluyera en el orden del día.

Entonces, la financiación no se realizará. Dado el estado actual del mundo, dada la ausencia de Estados Unidos y el retroceso del liderazgo de la Unión Europea, la perspectiva de contar con financiación pública es muy baja. Y esto, evidentemente, es un factor de estrés adicional porque si la financiación no avanza, nada más avanza. Ahora bien, existe este problema en lo que respecta a la implementación de los objetivos del Acuerdo de París, pero al mismo tiempo muchos países están tomando decisiones como electrificar sus redes de transporte. Porque eso les conviene. Les resulta más barato.

Obviamente, tendremos un problema con los países menos desarrollados, con muchos países africanos, donde el costo es muy alto y el costo del capital es muy alto. Estos son países que ya están muy endeudados, así que es difícil. Será difícil para estos países dar este salto sin apoyo, sin respaldo financiero.

—Pero ve una luz en el tema de la electrificación…

—La energía renovable se ha vuelto tan barata que si tomamos, por ejemplo, el caso de Brasil, tenemos un país con costos de capital muy elevados para este tipo de inversión, del orden del 10 % al 12% del valor del proyecto. Si solo se considera el costo del capital, se podría suponer que Brasil es un país que no instalará mucha energía renovable debido a su alto costo.

Pero, en realidad, en Brasil contamos con tanta energía solar en nuestro sistema que necesitamos invertir menos. Brasil tiene un excedente de energía solar. Dado que instalar energías renovables en Brasil se ha vuelto tan económico, el costo del capital deja de ser una barrera. Creo que la disminución del costo de la tecnología, el hecho de que China esté inundando el mundo con paneles solares y otras tecnologías, baterías y autos eléctricos está reduciendo las barreras para algunos países del Sur Global, ya que les resulta económicamente viable y más rentable instalar energías renovables y electrificar su economía.

Vimos, por ejemplo, cómo Etiopía prohibió importar los autos con motor de combustión y lo hizo porque los coches eléctricos son más baratos. Los chinos también, por plazos. Londres acaba de reemplazar toda su flota de autobuses con autobuses eléctricos.

No quiero sonar optimista, porque la realidad es que estamos en plena transformación. Dentro de tres o cuatro años, el mundo superará el umbral de 1.5 °C de calentamiento global y la transición hacia las energías renovables aún está lejos de producirse a la velocidad necesaria. Pero creo que este cambio tecnológico está cambiando de ritmo, está cambiando de velocidad. Por supuesto, esto aún puede sorprendernos. Creo que ese será un tema que se tratará más allá de la COP31.

—Cuando regresó de la Conferencia de Bonn, sostuvo que la reunión fracasó, en parte, debido a las posturas extremas. ¿Podría explicar en qué consistían estas formas de extremismo que observó en Bonn?

—En primer lugar, creo que lo primero que la gente debe entender es que no es una reunión política. Es una reunión técnica. Y los negociadores, los diplomáticos, a nivel técnico, tienen poca autonomía para superar los bloqueos. Así que, la mayoría de las veces, acuden y repiten las posiciones habituales de los países. Hay poca movilización de la opinión pública en torno a Bonn. Así que el coste político de ser extremista, de bloquear, de no avanzar, es bajo porque “en la COP a finales de año, veremos e intentaremos resolverlo”. Así que noté que los países estaban yendo un poco demasiado lejos. Y a juzgar por los discursos, en la sesión plenaria final, también se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos.

Mi impresión es que se agravó muy rápidamente hasta un punto al que nadie quería llegar, porque eso significó dos semanas de trabajo perdidas en la mayoría de las vías de negociación. La financiación ni siquiera llegó a una conversación formal.

—¿Se avanzó en algo?

—Curiosamente, lo que ocurrió en Bonn fueron las conversaciones sobre combustibles fósiles paralelas a la negociación, por ejemplo, los acontecimientos en torno a la presidencia brasileña y las conversaciones en el seno de la sociedad civil fueron interesantes. Todo resultó muy convincente. Existía una genuina voluntad entre muchas personas de debatir sobre combustibles fósiles. Pero todo esto tuvo lugar fuera de las salas de negociación.

—Sabemos que la ciencia es central en las políticas que toman los países contra el cambio climático. ¿Cuál es el panorama para el próximo informe del IPCC, la evaluación científica elaborada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas ?

—No puedo darle esa respuesta porque el estancamiento sigue siendo evidente. India y China, los países africanos también, dicen que no hay tiempo suficiente para publicar el informe a tiempo. Ante esto, algunos países han tenido que convocar a una red de prensa para decir que necesitamos defender la ciencia. Y la reacción de los países que atacan al IPCC fue muy mala. Llamaron hipócritas a los países que quieren una alineación. Así que fue una forma de intentar desviar el foco de la conversación, en mi opinión.

—¿Cómo actuaron los países latinoamericanos?

—Ya no hay unidad entre los países latinoamericanos. No hay coordinación en algunos temas. Por ejemplo, la transición. América Latina y el Caribe bloquearon todo el debate sobre mitigación y creo que fue innecesario. La causa era justa. La CELAC quiere que los combustibles fósiles se aborden dentro del programa de trabajo de mitigación. Pero la insistencia en que esto sucediera, que fue lo mismo que hizo Colombia al final de la COP30 en Belém, llevó al bloqueo total del debate sobre mitigación. Si este problema no se resuelve a tiempo, nos quedaremos sin un espacio formal para debatir la mitigación dentro de la conferencia, dentro del Acuerdo de París.

—Entonces, ¿América Latina llega debilitada a la COP31?

—No lo creo. Porque el estado general de la negociación en este momento es tan caótico que no hay países fuertes. Todavía hay mucha fuerza dentro del grupo de países en desarrollo, que fueron muy fuertes en Belém.

El artículo original fue publicado por Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La naturaleza ha sido su laboratorio, las abuelas sus maestras, las plantas medicinales sus instrumentos y la flora y fauna de su entorno su objeto de estudio. Cuando eran niñas no sabían lo que era vestir una bata blanca o manipular un microscopio, pero observar a las aves, bañarse en el río y escuchar los relatos de sus pueblos las preparó para llegar a la universidad y convertirse en las primeras científicas de su familia y, en muchos casos, de sus comunidades.

“Siempre tuve una pregunta para todo lo que mis abuelos me decían. ¿Por qué el río crece? ¿Por qué el pez respira dentro del agua? ¿Por qué las aves vuelan? Quería encontrar las respuestas y por eso quise ser bióloga”, cuenta Avita Taricuarima, científica del pueblo indígena kukama, de Perú.

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Esa niña que caminaba más de 10 kilómetros diarios a través de la selva amazónica para ir a la escuela jamás imaginó que a sus 32 años ya habría publicado un artículo científico, estaría por graduarse de la carrera de biología y sería parte de la lista de The Explorers Club, que reconoce a los 50 mejores investigadores del planeta.

Yarina Tapuy tampoco habría pensado que a esa misma edad ya habría descrito 14 especies nuevas de insectos ni Alejandra Nohora Quiguantar que llegaría a integrar el Panel Científico por la Amazonía. Si a la pequeña Marisel Mamani le hubiesen dicho que en su adultez viajaría a Suecia para realizar un doctorado, a Paola Moreno-Roman que estudiaría en la Universidad de Stanford o a Rosa Marina Flores Cruz que lograría utilizar la ciencia para luchar contra las amenazas a su pueblo, no lo habrían creído.

Todas ellas son científicas de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú que, gracias a sus hallazgos, no solo han aportado a la biología, sino que han logrado demostrar que los conocimientos ancestrales pueden ser una parte esencial de la ciencia.

Pero uno de sus principales retos ha sido abrirse paso en un campo históricamente ocupado por los hombres. Según datos de la Unesco, solo una de cada tres científicos en el mundo es mujer. “Partamos de que ya existe una baja representación de mujeres en la investigación científica a nivel mundial, pero cuando uno va a buscar la participación de mujeres indígenas en ciencias, no existe un mapeo de esa situación, no hay cifras”, explica Janeth Bonilla, vicepresidenta de la fundación Kichwa Institute of Sciences, Technology and Humanities (Kisth), la cual apoya y visibiliza el trabajo de las científicas de pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador.

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Lo que explica Bonilla es otro de los desafíos que están enfrentando estas investigadoras: son invisibles en las estadísticas. A esto se suman la falta de recursos económicos, los prejuicios y la discriminación dentro de la academia y la necesidad de visibilizar no solo su trabajo, sino que la ciencia también se construye en los territorios.

En este informe especial, Mongabay Latam presenta las historias de estas seis científicas indígenas de Latinoamérica que buscan que sus investigaciones contribuyan a la conservación y defensa de sus comunidades.

Ciencia desde y para las comunidades

Sus visitas diarias a la chagra en su infancia, sin saberlo, fueron los primeros pasos de Nohora Alejandra Quiguantar en la biología. En su comunidad Mellamués, ubicada en las montañas de Nariño, entre el Pacífico y la Amazonía colombiana, las plantas medicinales de la huerta tenían un rol fundamental. Con ellas, su abuela curaba enfermedades, asistía los partos y protegía su legado ancestral. Y, gracias a esas mismas plantas, Quiguantar obtuvo su título de bióloga.

Su tesis de grado se enfocó en la identificación de 90 especies y sus usos, pero, al inicio, sus resultados fueron invalidados por no apegarse de forma estricta al método científico. Ante eso, implementó una metodología comunitaria para contar la historia de su pueblo a través de las plantas y, a pesar de la resistencia a sus métodos, se graduó como bióloga.

“Mi trabajo de investigación no lo estaba haciendo para la universidad, sino para la gente”, explica a Mongabay Latam sobre este proceso en el que colaboraron las madres, lideresas, parteras, docentes y taitas de su comunidad.

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Romper esa brecha que existe entre los saberes ancestrales y la ciencia occidental es uno de los objetivos de Quiguantar y sus colegas. Un estudio publicado en Science Direct demuestra que el “enfoque estructurado y sistemático para comprender el mundo natural”, refiriéndose al método científico tradicional, “parece erosionar la sabiduría y legitimidad del conocimiento indígena”.

El artículo, por otro lado, resalta las oportunidades de articular las prácticas científicas con los saberes ancestrales, ya que esto conduce a estrategias de conservación más completas y eficaces, además de reconocer y valorar los aportes que han tenido estos pueblos durante siglos de observación y convivencia con la naturaleza.

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Para Yarina Tapuy, científica kichwa de la provincia de Napo, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, los conocimientos que le heredaron sus antepasados y las experiencias que vivió en su comunidad, Capirona, han sido esenciales para estudiar insectos. Por ejemplo, desde que era niña, sabía que la picadura de la hormiga conga era una de las más fuertes o que hay abejas que pican y otras que no tienen aguijón.

“En el caso de los bichos, hay muchas cosas que ya sabía y después la ciencia me sirvió para entender qué hay detrás. Prácticamente es lo mismo, pero con diferente explicación”, dice a Mongabay Latam Tapuy, quien ha descrito 14 especies nuevas de escarabajos.

Pero, más allá de que sus aportes a la ciencia estén publicados en revistas indexadas, su sueño es que la comunidad los pueda usar para su protección. Uno de sus objetivos es crear una fundación en la Amazonía que se enfoque en promover el desarrollo comunitario para fomentar la participación activa de los pueblos indígenas en las investigaciones y que no sean tratados solo como objeto de estudio.

“La ciencia no solo debe recolectar datos, sino compartirlos”, dice Taricuarima, quien coincide con Tapuy en que la información que se extrae debe regresar a los territorios. Un artículo realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Colorado muestra que el 87 % de los estudios enfocados en cambio climático han seguido un modelo extractivo. Esto quiere decir que investigadores ajenos a las comunidades han utilizado los conocimientos de los pueblos indígenas sin su participación en la toma de decisiones.

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Además, los resultados no han sido socializados ni utilizados para beneficiar a los lugares de donde se extrajeron los datos. Este es un aspecto que muchas veces se critica a la ciencia occidental y que estas mujeres buscan cambiar.

Taricuarima, por ejemplo, se ha enfocado en el estudio de los peces, ya que son la principal fuente de alimento de su pueblo, los kukama, conocidos como gente de río. La idea de su primer artículo como coautora, publicado en la revista Zoonotic Parasite, surgió mientras tomaba una sopa de pescado. En las escamas, recuerda, encontró unos gusanos de color blanco y, tras analizarlos en el laboratorio, descubrió que eran dañinos para la salud.

Con la intención de proteger a las comunidades amazónicas, continuó analizando otros parásitos con potencial zoonótico presentes en los peces. “No les digo que dejen de comer, sino que les recomiendo buenas prácticas para alimentarse sin perder riqueza cultural o nuestra identidad”, explica la bióloga.

Ahora, su tesis está enfocada en analizar bacterias de aguas calientes o termófilas para degradar diferentes tipos de microplásticos, lo cuál ayudaría a proteger sus ríos. “Cada logro, lo comparto con mi comunidad. Al ser la primera en todo esto, ellos aprenden de lo que yo aprendo”, dice Taricuarima.

Una herramienta contra las amenazas

Además del contacto con la naturaleza, las amenazas que afectan su territorio también han incentivado a estas mujeres a estudiar ciencias. “La preocupación que tengo por estos peces, porque hay minería ilegal [que contamina las aguas con mercurio] y pesca, es lo que me ha motivado. Quiero proteger mis recursos y rescatar lo que aún tenemos haciendo llegar mi voz a más lugares”, explica la bióloga kukama sobre sus esfuerzos para conservar lo que aún queda para su “gente del río”.

Rosa Marina Flores Cruz conoce de cerca lo que es enfrentar los impactos negativos de actividades que ponen en riesgo a la “gente de las nubes” o Binnizá, que es el nombre con el que el pueblo zapoteco se reconoce.

La historia de la experta afrozapoteca se relaciona con la expansión de la energía eólica en Oaxaca, sobre todo, en el Istmo de Tehuantepec, que entre 2007 y 2012 vivió el crecimiento más acelerado de la energía eólica en México. Allí se ubica su natal Juchitán que, poco a poco, se fue transformando por los aerogeneradores.

“Al final, mi decisión de estudiar Ciencias Ambientales tuvo que ver con todo eso”, dice Flores Cruz. En 2007, salió de su comunidad para cursar esta carrera en Michoacán, en un campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y después una maestría enfocada en conflictos territoriales, capitalismo verde y resistencias comunitarias en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

A través de sus investigaciones, Flores Cruz también ha analizado los impactos del terremoto de septiembre de 2017 en el Istmo de Tehuantepec. Su estudio se centra en un proyecto de reconstrucción de cocinas liderado por mujeres, el cual no solo buscó reparar daños físicos, sino reactivar la economía local.

En el caso de Marisel Mamani, su respuesta ha sido contra otra amenaza: el uso desmedido de pesticidas. Según datos del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, la importación y el uso de plaguicidas en Bolivia se incrementó en un 400 % entre 2005 y 2016.

Durante su maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas, esta científica aymara logró demostrar que era posible destruir la pared celular de hongos dañinos para el mango y eliminar las larvas de la mosca de la fruta en el suelo sin uso de pesticidas. Siguiendo su línea de estudio, publicó un artículo sobre la diversidad de Trichoderma en la Amazonía boliviana y su potencial para el control de enfermedades del café sin utilizar químicos.

Para Mamani, más allá de los hallazgos, lo más importante de estas investigaciones ha sido la incorporación de los saberes locales en el proceso. “Ellos me hablan de los rituales y yo los respeto. La ciencia no puede estar separada de la parte ancestral”, dice la científica sobre su trabajo con los productores de café en las Yungas de La Paz, que son quienes aportaron con su conocimiento y, al mismo tiempo, se han beneficiado de sus hallazgos.

Rompiendo estereotipos

“Yo quería ser una Jane Goodall de Perú en la selva amazónica. Era el único ejemplo de científica que tuve por muchísimos años”, dice Paola Moreno-Roman. Esta bióloga quechua se refiere a un problema que también experimentaron sus colegas: la falta de referentes mujeres indígenas en ciencias ambientales que demostraran que este camino era posible.

Con el fin de cambiar esta realidad, Moreno-Roman es parte del proyecto Foldscope, ideado por investigadores de la Universidad de Stanford, que consiste en llevar un microscopio de papel sintético a las comunidades para fomentar el uso de estas herramientas a las cuales ni ella ni otras tantas científicas indígenas tuvieron acceso durante su infancia.

“La educación me ha abierto las puertas y es mi rol contribuir de diferentes formas, no solo con el microscopio, sino también para apoyar a las personas a que puedan usarlo y perseguir los sueños que ellos tengan”, dice la científica que estudió en Yale y en Stanford. Moreno-Roman también usa sus redes sociales, a través del perfil Yachaq Warmi (Mujeres en STEM), para difundir la ciencia y mostrar el trabajo de otras científicas de toda la región.

Por otro lado, Taricuarima espera que su incorporación a la lista The Explorers Club 50, en la que se reconoce a las personas que están aportando a la ciencia, la conservación y la exploración, motive a otras niñas a seguir su ejemplo. “Este no solo es un paso para mí, sino para las que vienen detrás. Para hacerlas sentir que son escuchadas y valoradas y que podemos hacer muchas cosas”, dice.

Quiguantar, Tapuy y Mamani no solo han sido las primeras de sus familias en obtener una licenciatura, sino también de sus comunidades, donde han demostrado que hay otras opciones para las mujeres. “A nosotras justamente nos han enmarcado en unos roles de reproducción y cuidado. Cuando iba a empezar la carrera, los comentarios eran que era una pérdida de tiempo, que ya tenía edad para casarme o mantener un marido”, cuenta Quiguantar.

 Ahora, es parte del Panel Científico por la Amazonía y ha llevado su mensaje de inclusión y conservación a eventos internacionales como las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP). También publicó junto a otros investigadores un artículo sobre la necesidad de reconocer el rol de los sabedores tradicionales y proteger sus conocimientos.

Flores Cruz ha roto otro estereotipo: el de la científica de bata blanca. Tras culminar su maestría, decidió tomarse un respiro de la producción de artículos y enfocarse más en el trabajo comunitario y territorial para encontrar otras formas de investigar fuera del espacio académico.

Ahora está estudiando una licenciatura en Comunicación y forma parte del colectivo Red Futuros Indígenas, que agrupa a mujeres indígenas con formación en ciencia, humanidades, psicología y ciencias biológicas para reflexionar sobre metodologías que se impulsen desde los territorios.

El camino recorrido por estas investigadoras demuestra que la ciencia no se limita a las paredes de un laboratorio ni se valida únicamente con una publicación indexada. Al proteger los ríos, conservar la selva y defender sus recursos, están inspirando a las próximas generaciones de niñas indígenas a entender que sus entornos y las enseñanzas de sus abuelas también son parte de la ciencia.

Sus historias están transformando el panorama de la investigación en América Latina, dejando claro que el rigor académico y la identidad cultural no son caminos excluyentes. Como dice Mamani: “Hacer ciencia no es olvidar tus raíces”.

Ilustración de portada: Juan Pablo Dellacha

El artículo original fue publicado por Isabel Alarcón en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En los últimos 20 años algo cambió respecto de cómo pensamos a las familias y el rol de los padres en ellas, en especial respecto de la crianza. Hace tiempo que no es excepcional encontrar varones que quieren estar, criar, acompañar la vida cotidiana de sus hijos, no perderse un acto escolar. Estos avances no se tratan sólo del interés de los padres en cuidar, sino también de acompañar el deseo de muchas mujeres de perseguir su desarrollo profesional y la necesidad de procurar su autonomía económica, en el marco de acuerdos de pareja que también fueron cambiando.

Estos cambios los podemos verificar en nuestras familias y personas cercanas. También los hemos documentado en estudios más amplios, como el que recientemente realizamos junto a Equimundo, una organización global que promueve formas de paternidad más cercanas a modelos de familia basados en la igualdad. Según el estudio “Las Voces del Cuidado 2”, el 89% de los varones y el 78 % de las mujeres reconoce que, a diferencia de la generación de sus padres, cuidar dejó de ser algo excepcional entre los hombres. Cuando se les consulta en profundidad, muchos expresan el deseo de construir una paternidad distinta, más comprometida con el cuidado y con la posibilidad de acompañar la vida cotidiana de las familias, en contraste con aquella idea de padre proveedor y rígido que dominaba la escena en décadas anteriores. Además, el 88% de los hombres entrevistados para este estudio afirma que cuidar a sus seres queridos es una de las cosas que más disfruta en la vida. 

Como sucede tantas veces, los cambios en la sociedad se producen a una velocidad mayor que la que reflejan las instituciones. Este cambio en el ejercicio de la paternidad y en el deseo de participar más activamente en la crianza no fue acompañado por las regulaciones del empleo. Mientras múltiples estudios destacan estas transformaciones en las familias siglo XXI, padres y madres se enfrentan a una realidad anclada en el siglo pasado. La Ley de Contrato de Trabajo reconoce sólo dos días de licencia por paternidad. Es decir, un fin de semana para conocer a un hijo y empezar a construir un vínculo. Una ley que se sancionó en 1974, en una época en la que el padre tenía el ejercicio total de la patria potestad y se asumía que su único deber era anotar al recién nacido en el registro civil, que no logró adaptarse a familias y realidades nuevas.

Ese mundo en el que era posible distinguir de forma tajante los roles de hombre proveedor y mujer cuidadora, ya no existe. En 1986, el 65% de los hogares argentinos dependía de un solo proveedor varón; hoy el 57,1% tiene dos ingresos, y la participación laboral femenina pasó del 27% en 1980 al 51,6% en 2025 (INDEC, 2025). Aunque el modelo “papá trabaja, mamá cuida” dejó de describir a la mayoría de las familias reales, una gran parte del marco normativo y laboral continua estando pensado para ese esquema.

Es cierto que hubo avances legales que reconocieron en parte estos cambios, como la reforma del Código Civil de 1985 que estableció la patria potestad compartida. Dos años después, con la aprobación del divorcio vincular, no solo permitió ordenar la separación con reglas claras sobre cuidado y manutención sino que también permitió reconocer pluralidad de formas de familias. Ya en este siglo, en 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el cuidado como un derecho humano, esto implica que los Estados deben garantizar el tiempo, los recursos y los servicios para ejercerlo, para que no sea solo una responsabilidad que las familias deben resolver como pueden y por las suyas, sino que se reconoce la importancia de contar con recursos, servicios y tiempos para hacerlo posible. Sin embargo, sabemos que entre el derecho y la vida cotidiana queda un tramo que las leyes laborales aún no terminan de abordar.

Esta distancia tiene consecuencias concretas. Cuando la ley dispone que un padre cuenta apenas con dos días de licencia por paternidad, la que queda sola para sostener las primeras semanas es, otra vez, la madre. Los datos son claros en ese sentido, 7 de cada 10 personas creen que las licencias por paternidad deberían durar al menos 30 días, y 9 de cada 10 sostienen que la presencia del padre en los primeros años es clave para el desarrollo de las infancias. Cuando se comparan los datos de Argentina con las experiencias internacionales, los retrasos en materia de legislación laboral se ven con más nitidez. A nivel global, las madres cuentan en promedio con 24,7 semanas pagas, entre 5 y 6 meses, y los padres con 2,2, unos quince días. 

La Organización Internacional del Trabajo recomienda al menos 14 semanas para ambos progenitores. En esa comparación, Argentina aparece entre los países más atrasados en licencias laborales.

A estas limitaciones normativas, se suman las presiones económicas que van en sentido contrario al deseo de cuidar. El 77% de las personas percibe que hoy es mucho más difícil alcanzar la seguridad financiera que en la época de sus padres. Los datos indican que el mandato del proveedor aún pesa sobre la identidad masculina: el 55% de los varones acuerda con que no se siente “lo suficientemente hombre” si no puede mantener a su familia, un porcentaje que alcanza el 61,3% entre los más jóvenes (ELA y Equimundo, 2026). En contextos de crisis, muchos refuerzan su dedicación al trabajo remunerado, con jornadas extendidas o pluriempleo, en detrimento del tiempo para la crianza.

 “Alcanza para sacarse una muela, no para tener un hijo”, resumió un padre argentino entrevistado sobre la extensión de la licencia por paternidad. Por eso los avances que valoramos como sociedad, necesitan un apoyo normativo para que la crianza compartida sea real. En 2013, el 58% de los varones cuidaban; ese porcentaje trepó al 75,1% en 2021, con 3,4 horas diarias en promedio (Encuesta de Uso del Tiempo, INDEC, 2013). Sin embargo, las mujeres dedican 6,3 horas, casi el doble que los varones), y a eso se suma el trabajo fuera del hogar. Esta diferencia también aparece en cómo cada uno percibe la distribución de tareas: en el estudio publicado por ELA y Equimundo, el 88% de los varones dice que divide las tareas en partes iguales con su pareja, pero sólo el 67% de las mujeres coincide con esto. El punto de divergencia no radica sólo en quién hace qué, sino mayormente en quién carga con la tarea de anticipar, planificar y coordinar la logística cotidiana, que sigue mayormente del lado de las madres. Para que esto cambie y se sigan consolidando arreglos más igualitarios, es importante reconocer para los hombres la disponibilidad de tiempo que los haga partícipes de la organización del hogar desde la primera infancia.

En estos últimos años, hubo intentos por impulsar esta conversación desde las políticas públicas, las prácticas empresarias, las negociaciones sindicales y también algunas propuestas de reforma normativa. En 2022 se presentó en el Congreso el proyecto Cuidar en Igualdad, que proponía un sistema integral de cuidados y una reforma general del régimen de licencias que además incorporaba a monotributistas y autónomos, hoy todavía excluidos de toda consideración sobre los cuidados. Aunque la iniciativa no prosperó, dejó planteada una agenda que sigue vigente y que hoy impulsan desde distintos bloques en el Congreso.

Las políticas públicas para facilitar los cuidados no reemplazan el amor ni la responsabilidad familiar, por el contrario: crean las condiciones para cuidar mejor. Licencias más amplias, servicios de cuidado, horarios laborales compatibles con la vida familiar y culturas empresariales que no penalicen a quienes cuidan permiten equilibrar la distribución de tareas al interior de las familias, acotar los costos laborales de la crianza y ejercer una paternidad más cercana sin que eso se interprete como falta de compromiso profesional.

Las nuevas paternidades requieren de políticas públicas y marcos normativos a la altura de los tiempos para generar las condiciones materiales y laborales para sostenerlas. Y también, para permitir el desarrollo de personas más plenas, que seguramente nos llevará a ser una sociedad mejor.

NG/MG

En Malargüe, una ciudad argentina a los pies de la Cordillera de Los Andes, los pasos del gato andino (Leopardus jacobita) volvieron a dejar rastros de conservación. Este es uno de los felinos más difíciles de ver y es el más amenazado del continente americano. Por tercer año consecutivo se logró registrar entre las rocas, a través de cámaras trampa, su presencia cerca del área protegida La Payunia. En diálogo con Mongabay Latam expertos destacan los planes de conservación en una zona.

El gato andino es el único en la categoría “En Peligro de Extinción” en el continente americano, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Sus poblaciones se caracterizan por tener baja densidad y estar fragmentadas, dos factores que lo hacen particularmente vulnerable. Hasta hace poco tiempo, era conocido solo en altitudes superiores a los 3600 metros sobre el nivel del mar en Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

Su cola es larga, gruesa, cilíndrica y de aspecto felpudo. En esta extremidad, además, cuenta con entre seis y nueve anillos anchos de color que oscila entre café oscuro a negro. Tiene nariz negra, a diferencia del gato del pajonal (Leopardus colocolo), que tiene la nariz rosada. Ambos felinos comparten hábitat. Las estimaciones internacionales indican que quedan menos de 2200 gatos andinos distribuidos en sectores montañosos de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

El gato andino es ligeramente más grande que un gato doméstico. Pesa en promedio cuatro kilogramos y mide alrededor de 60 centímetros de longitud. El hábitat de un macho puede llegar a tener el tamaño de más de 5000 canchas de fútbol. Es una especie con densidades poblacionales muy bajas y comparte espacios con el gato de pajonal.

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Según WCS Argentina, en 2005 fue registrado en el noroeste de la Patagonia, a 1800 metros sobre el nivel del mar, y recientemente se lo registró nuevamente a 650 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo a la misma organización, luego de realizar estudios genéticos se descubrió que la población patagónica y la del Altiplano están diferenciadas genéticamente por el escaso intercambio desde hace más de 200 000 años, por lo que deben ser consideradas como dos unidades evolutivas separadas.

“Cada hallazgo es una gran noticia y nos confirma que el gato andino continúa en el área y que los esfuerzos de conservación generan resultados concretos. [Malargüe] es una zona donde no lo habíamos registrado antes, pero lo estábamos monitoreando desde hace años a partir del testimonio de un productor que describió con notable precisión un encuentro con un ejemplar”, relató a Mongabay Latam María José Bolgeri, doctora en biología y gerente de manejo regenerativo de WCS Argentina.

“Junto al trabajo científico, el avistaje de pobladores y productores ganaderos de la zona es esencial para completar el conocimiento de la distribución de esta especie y las amenazas que enfrenta”, agregó la experta.

Registros de conservación

En los registros de las cámaras trampa se observa al gato andino moviéndose entre formaciones rocosas, prácticamente camuflado con el paisaje árido y volcánico que caracteriza a esa zona del sur de la provincia de Mendoza, en la frontera con Chile. El área protegida La Payunia es una de las reservas más grandes de Argentina, con más de 665 000 hectáreas.

Ese paisaje natural se caracteriza por la presencia de más de 800 conos volcánicos y coloridas planicies. Allí habitan una diversidad de especies vegetales y animales, como el cóndor andino (Vultur gryphus), el puma (Puma concolor), el zorro colorado (Lycalopex culpaeus), el choique o ñandú petiso (Rhea pennata), la mara o liebre patagónica (Dolichotis patagonum) y especies que solo pueden encontrarse en este lugar, como el lagarto de las rocas (Phymaturus patagonicus) de la Payunia. Además, es el escenario de la mayor migración de guanacos (Lama guanicoe) que existe, un proceso natural amenazado a escala global.

El gato andino enfrenta múltiples riesgos: caza por ganaderos para evitar pérdidas de ganado, atropellamientos en carreteras y caminos, reducción de presas como el chinchillón o vizcacha de montaña (Lagidium viscacia), degradación del hábitat por actividades extractivas e impactos del cambio climático.

WCS Argentina estudia la distribución del gato andino en el norte de la Patagonia desde 2005, encontrando que el 50 % de los registros eran de animales cazados por productores ganaderos con el fin de evitar pérdidas de ganado por parte de estos depredadores silvestres.

“El trabajo sostenido desde hace más de dos décadas permitió a WCS Argentina identificar áreas prioritarias para implementar medidas de conservación para la especie, generando desde entonces el 75 % de los registros confirmados hasta el momento, y la necesidad de sostener y expandir las medidas de coexistencia entre las actividades ganaderas y la fauna nativa”, afirmó Bolgeri.

Los recientes registros en Mendoza y la provincia vecina de Neuquén refuerzan el valor estratégico de la reserva de La Payunia. Desde el ámbito científico y de conservación se remarca que estas imágenes aportan datos valiosos para fortalecer estrategias de protección de la especie y del ecosistema en el que vive. Además, el registro en esta zona argentina refuerza la importancia de las áreas protegidas y del monitoreo sostenido con tecnología, como las cámaras trampa.

“Para cuidar La Payunia y la vida silvestre que la habita, trabajamos en colaboración con los gobiernos locales, comunidades, productores ganaderos, el sector privado, organizaciones de conservación y de investigación. Este es un claro ejemplo de la función clave que cumple un área natural protegida que impacta positivamente más allá de su límite”, explicó Fernando Miñarro, gerente de áreas protegidas terrestres de WCS Argentina.

El experto añadió que el gato andino necesita ser protegido dentro y fuera de un área natural protegida. “Trabajar en la elaboración e implementación de planes de manejo que derraman buenas prácticas productivas hacia el exterior, como la ganadería regenerativa o el turismo de naturaleza, asegura el éxito de la conservación y la coexistencia”, dijo Miñarro.

Según el experto, la ganadería regenerativa es clave para proteger al gato andino. Esta actividad, también llamada sostenible, silvopastoril o rotacional intensiva, consiste en combinar árboles, arbustos y pastos de calidad para mejorar la eficiencia ganadera, mitigar la sequía y aumentar la biodiversidad de la zona.

Miñarro explicó que apuntan a evitar el pastoreo excesivo en áreas de roqueríos (espacio físico caracterizado por una gran acumulación o abundancia de rocas y peñascos) y bofedales para conservar el hábitat de sus presas. Además, dijo que la ganadería regenerativa promueve la coexistencia pacífica al implementar métodos no letales para proteger rebaños, evitando así que los productores cacen al felino.

Además, el turismo de naturaleza es clave para conservar al gato andino porque transforma a esta especie en un activo económico valioso para las comunidades locales. Este tipo de turismo fomenta el orgullo local, desalienta la caza tradicional, promueve la creación de áreas protegidas y permite financiar programas de monitoreo en ecosistemas altoandinos.

Un paisaje espectacular 

Según el Gobierno de Mendoza, La Payunia es uno de los principales atractivos naturales de esa región. En esa zona hay un promedio de 10.6 volcanes cada 100 kilómetros cuadrados y tiene una vida silvestre impresionante, ya que los animales viven en condiciones extremas por la altura y las temperaturas bajas. Ahí está el gato andino, caminando solitario.

En Bolivia y Perú, la Fundación Teko Kavi impulsa la conservación de este felino dentro del proyecto Conservación del Gato Andino. Josef Rechberger, biólogo y director de esa organización, explicó a Mongabay Latam que la supervivencia de esta especie enfrenta serias amenazas, como la minería.

“Aunque no afecta de manera directa al felino, contamina los cuerpos de agua de los cuales depende toda la fauna silvestre. A esto se suman la ganadería extensiva de llamas y alpacas, que altera el equilibrio ecológico, y la presencia de perros y gatos domésticos sin control, que compiten por alimento e incluso transmiten enfermedades”, detalló Rechberger.

En Bolivia, acotó el también especialista en mastozoología, se instalaron 40 cámaras trampas en 2023 en el área protegida de Apolobamba, en el departamento de La Paz. Tras la implementación de ese método se pudo catalogar a dicha reserva como una zona clave para la conservación del gato andino, que en Bolivia tiene una clasificación de “En Peligro crítico”, según el Libro Rojo de Vertebrados.

“Este es un trabajo en equipo. Acá se debe trabajar con el Estado, con las comunidades, con organizaciones, todo para evitar la desaparición de esta especie tan asombrosa”, destacó Rechberger.

Una alianza transnacional por el gato andino

Argentina, Bolivia, Chile y Perú son los únicos países en el mundo habitados por esta especie, y existe un proyecto que promueve su conservación: la Alianza Gato Andino. Esta iniciativa, que reúne a profesionales, la mayoría de ellos biólogos, se creó en 1999 y desde entonces generó información científica de esta especie, además de una serie de campañas de difusión para sensibilizar a la audiencia y resaltar la importancia de su conservación.

Entre los logros de AGA, está el haber conseguido que el gobierno chileno nombre a este animal como embajador del Día de la Fauna Nativa, que se celebra cada 5 de noviembre en Chile. Rocío Palacios, doctora en Biología y directora de AGA, explicó a Mongabay Latam que sus programas tienen una “misión global”, pero con un “enfoque local”.

“Nosotros creamos una serie de intervenciones, que después mostramos a cada comunidad con la que trabajamos y ellos deciden qué implementar para tener más resultados en la conservación del gato andino. No solo se trata de proteger al gato andino, sino también a todo el paisaje donde habita”, resaltó Palacios.

Según la experta, las comunidades locales son actores fundamentales para la conservación del gato andino. Al ser los habitantes directos de su hábitat en las altas montañas, su rol es vital para frenar amenazas como la caza y la minería, promoviendo el cuidado del medioambiente a través de acciones de vigilancia y educación.

Por ejemplo, en las culturas aymara y quechua locales, este felino es considerado un animal sagrado, símbolo de fertilidad y vinculado a los espíritus protectores de las montañas.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Para la mayoría de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana, el bosque es mucho más que un conjunto de árboles. Es la “casa grande” donde conviven la comunidad, los ríos, los animales, los seres espirituales y la memoria de sus antepasados. Para ellos, conservar los bosques es conservar la vida. Sin embargo, los datos analizados por Amazonía Traficada —un proyecto periodístico apoyado por el Pulitzer Center, en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales— muestran que ahora esa “casa grande” está bajo asedio.

En apenas dos décadas (2003-2023) se deforestaron más de 186 500 hectáreas de bosque en los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica boliviana, una superficie casi tres veces mayor que la ciudad de Madrid. De esa cantidad, solo el 10% contó con la autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el 90 % restante —168 670 hectáreas— ocurrió al margen de la ley.

Para Rivelino Segundo, capitán grande de Isoso —el territorio indígena con la mayor superficie de desmonte ilegal, más de 43 000 hectáreas—, la deforestación que avanza sobre los territorios ancestrales está directamente relacionada con los avasallamientos y la expansión de la frontera agrícola. A su juicio, quienes ocupan ilegalmente estas tierras buscan convertir el bosque en áreas de producción. “No somos nosotros los que desmontamos. Son los avasalladores. [En Isoso], lo hacen para sembrar soja a gran escala. Nosotros, como pueblo guaraní, convivimos con la naturaleza”.

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Este y otros hallazgos son el resultado de un año de investigación en el que la alianza periodística, apoyada por geógrafos, analizó miles de datos filtrados desde la ABT y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que fueron corroborados, más información proveniente de MapBiomas, el producto satelital mensual de Área Quemada Global de la NASA (MODIS MCD64A1) y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). El cruce de toda esta información, combinada con análisis geoespacial e imágenes satelitales, organizada en ocho bases de datos, más una reportería de campo en la que se levantaron al menos 30 entrevistas a líderes indígenas permitió reconstruir, con un nivel de detalle sin precedentes, las transformaciones que han experimentado los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana en las últimas décadas.

De esa investigación nace VISTA, una plataforma que reúne y pone a disposición pública la información analizada por Amazonía Traficada.

La herramienta permite explorar, uno a uno, los 48 territorios indígenas y conocer qué está ocurriendo en su interior y en sus alrededores en cuanto a deforestación, quemas, expansión de la soja, autorizaciones de desmonte y asentamientos de terceros.

La frontera de lo ilegal

Entre 1986 y 2024, según los registros de GeoFAN, portal geoespacial de datos desarrollado por la FAN, los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica acumularon la pérdida de aproximadamente 257 000 hectáreas de bosque. La cifra equivale al 3.4 % de toda la superficie deforestada en Bolivia durante ese periodo, estimada en 7.6 millones de hectáreas.

Para comprender cuánto de esa transformación ocurrió dentro del marco legal, Amazonía Traficada accedió, a través de una filtración de la ABT, a una base de datos inédita sobre autorizaciones de desmonte emitidas entre 2003 y 2023. Los registros muestran que, durante esas dos décadas, la institución otorgó alrededor de 9 400 resoluciones administrativas con las que autorizó el desmonte de casi 80 000 hectáreas de bosque en 41 territorios indígenas.

Sin embargo, solo una fracción de esa superficie autorizada para desmonte perdió bosque. Al cruzar la información de la filtración de la ABT con datos satelitales de deforestación, la investigación identificó que de las 80 000 hectáreas autorizadas, alrededor de 17 900 hectáreas de bosque fueron efectivamente taladas.

La diferencia entre lo permitido y lo que realmente ocurrió en el territorio revela una realidad más compleja. Que solo se haya desmontado una fracción de la superficie autorizada no significa que la deforestación haya sido menor. Por el contrario, la mayor parte de la pérdida de bosque sucedió fuera de las áreas autorizadas. Entre 2003 y 2023, la pérdida de bosque registrada en áreas sin permiso alcanzó las 168 670 hectáreas.

En otras palabras, por cada hectárea de bosque talado dentro de áreas autorizadas, se desmontaron más de nueve hectáreas fuera de ellas. El 90 % de la pérdida de bosque en los territorios indígenas amazónicos ocurrió al margen de los mecanismos de control estatal.

Amazonía Traficada solicitó información y una entrevista a la Dirección Nacional de la ABT para conocer su evaluación sobre estos hallazgos. Al cierre de esta investigación, la institución informó que el requerimiento continuaba en “revisión y coordinación administrativa interna”, por lo que no emitió una respuesta dentro del plazo previsto.

La presión que enfrentan los territorios indígenas amazónicos forma parte de una tendencia más amplia. El informe del World Resources Institute muestra que Bolivia, en 2025, volvió a ocupar el segundo lugar mundial en pérdida de bosque primario, solo por detrás de Brasil.

La pérdida de bosque en la Amazonía indígena no solo ocurre como resultado de los desmontes. El fuego también ha dejado una huella profunda sobre estos territorios. Datos analizados para esta investigación muestran que, entre 2001 y 2024, las quemas e incendios forestales afectaron 23.8 millones de hectáreas en Bolivia. De esa superficie, 4.1 millones de hectáreas —el 17 % del total nacional— se localizaron dentro de territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana.

¿Cómo se llegó a esta situación?

Para comprenderlo es necesario retroceder varias décadas y revisar la historia de las demandas de los pueblos indígenas amazónicos por el reconocimiento y la defensa de sus territorios ancestrales.

La última década del siglo pasado fue clave en la conquista del reconocimiento de los territorios indígenas. Los años 1990 y 1996 marcaron hitos decisivos de ese proceso. En esos dos años los pueblos indígenas dejaron atrás los bosques, ríos y sabanas que conforman su hogar amazónico para recorrer cientos de kilómetros hasta la sede del Gobierno, en La Paz.

En ambas oportunidades —las primeras, aunque no las únicas— caminaron durante más de 30 días para hacer visible una demanda histórica. No pedían nuevas tierras; exigían que el Estado boliviano reconociera los territorios que ellos habitaban desde antes de la constitución de la República en 1825.

La presión de la marcha de 1996 contribuyó a la aprobación de la Ley INRA, que sentó las bases para el saneamiento y la titulación de los territorios indígenas. Sin embargo, tres décadas después de ese hito histórico, el reconocimiento territorial quedó lejos de completarse. Así lo demuestran investigaciones del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

Los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica, en conjunto, pidieron el reconocimiento legal de alrededor de 22.7 millones de hectáreas, pero el INRA tituló 11.7 millones de hectáreas, apenas el 52 % de la superficie solicitada. Más de 11 millones de hectáreas quedaron fuera de la titulación.

Mientras gran parte de esta demanda seguía sin resolverse, el Estado continuó adjudicando tierras a terceros en áreas colindantes a los territorios indígenas. Se trataba de privados y comunidades de colonizadores, como se conoce en Bolivia a los campesinos, generalmente de zonas andinas, que migraron al oriente boliviano para dedicarse a la agricultura y expandir la frontera agrícola. El equipo de Amazonía Traficada tuvo acceso, a través de una filtración del INRA, a resoluciones de asentamientos (inicio del proceso de dotación de tierras) emitidas durante una década por esta institución.

El análisis de esa información revela que, entre 2009 y 2019, el INRA adjudicó aproximadamente 318 500 hectáreas para el establecimiento de 236 comunidades en áreas adyacentes a 19 territorios indígenas titulados. Las principales beneficiarias fueron la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), afines al partido político que estuvo en el poder entre 2006 y 2025.

De acuerdo con la legislación boliviana, las comunidades beneficiarias de una resolución de asentamiento deben demostrar, en un plazo de dos años, el cumplimiento de la Función Social de la tierra para avanzar hacia la titulación definitiva, es decir, deben ocupar efectivamente el predio, residir en él y desarrollar actividades productivas. Si no lo hacen, pueden exponerse a procesos de reversión o a la pérdida de derechos sobre esas tierras. Consultado sobre la situación actual de estos asentamientos, el INRA no respondió a las reiteradas solicitudes de información realizadas para esta investigación.

Asimismo, se solicitó una entrevista —vía telefónica— con los máximos dirigentes de la CSCIB y de la CSUTCB, Juan Cáceres y Víctor Hugo Roca Leyte, respectivamente. Sin embargo, no fue posible establecer contacto con ninguno de ellos.

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El tráfico de tierras

Además de la presión que ejercen las comunidades de terceros asentadas —con la autorización del INRA— alrededor de los territorios indígenas titulados, estos pueblos ancestrales se enfrentan al avasallamiento de sus espacios legalmente reconocidos por el Estado, es decir que cuentan con un título de propiedad colectiva.

Amazonía Traficada entrevistó a líderes de 30 de los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica. Veintiocho reportaron haber registrado avasallamientos durante las últimas dos décadas y, en 22 casos, los conflictos continúan sin resolverse.

¿Quiénes están detrás de estas ocupaciones y qué buscan? Según los testimonios recogidos, la mayoría de las presiones sobre el territorio comienzan con la toma ilegal de la tierra. Cuando los ocupantes pertenecen a una organización social (como la CSUTCB o la CSCIB, entre otras)— ejecutan el asentamiento en grupo. Esto sucede en 78 % de los casos reportados en las entrevistas.

Si se les pregunta por qué ocupan estos territorios, la respuesta suele ser la misma, relatan los líderes indígenas consultados. Sin presentar pruebas, aseguran que se trata de tierras fiscales disponibles y que ya han iniciado trámites de dotación ante el INRA. Acto seguido, dividen el área ocupada en parcelas, levantan viviendas precarias y comienzan a desmontar el bosque. Mientras las comunidades indígenas denuncian el avasallamiento y las instituciones estatales tardan meses —e incluso años— en actuar, los árboles siguen cayendo y se activa un mercado ilegal de tierras dentro de los territorios indígenas.

No obstante, los avasallamientos no siempre son impulsados por organizaciones sociales. Cuando los ocupantes son actores privados, el mecanismo suele ser diferente. Quienes ingresan afirman haber comprado los predios y, según los testimonios recogidos, detrás de estas operaciones suele existir una compleja red de intermediarios, traficantes de tierras y otros actores que alimentan el mercado ilegal de tierras indígenas.

En ambos casos, el objetivo final es el mismo: habilitar tierras para actividades agropecuarias a distinta escala.

A las ocupaciones y disputas por la tierra se suma otra presión: la expansión de la soja. Datos de MapBiomas analizados para esta investigación muestran que, entre 2021 y 2024, este cultivo estuvo presente en 15 de los 48 territorios indígenas amazónicos, es decir, en casi un tercio del total.

Los habitantes indígenas de la Amazonía boliviana siguen intentando defender su “casa grande” cada vez más presionada Lo que ocurra en ella tendrá consecuencias más allá de sus fronteras.

* Este reportaje es parte de Amazonía Traficada, un proyecto producido en colaboración con el Centro Pulitzer y en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales. Puede leer el artículo original aquí

Colaboración reportería: Cristian Ascencio, Erika Bayá, Yaquelin Fernández, Yolanda Mamani

Análisis de datos: Lizeth Vargas Guzmán

Infografía: José Arias, Lily Soruco

Fotografía y video: Edy Yobany Velasco

El viento del altiplano ruge con una fuerza implacable por las faldas del Tata Poquis, un cerro sagrado que supera los 4500 metros sobre el nivel del mar, en la Región de Antofagasta, en el norte de Chile. En esta cumbre árida donde el oxígeno escasea, nacen las vertientes subterráneas que sostienen la existencia de la comunidad indígena lickanantay de Toconao.

Para ellos, esa agua pura que brota y se encauza de forma natural por los pliegues de la cordillera hasta transformarse en el río Jere es una arteria hídrica vital que no solo los abastece a ellos, sino que hace posible la ganadería de altura y un oasis frutícola único en medio del desierto más seco del mundo.

El 20 marzo de 2026 la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —el órgano central encargado de administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) — decidió dar luz verde al proyecto “Prospecciones Aida” de Minera Plata Carina SpA. La decisión contradice la postura de la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta, que lo había rechazado originalmente en enero de 2025.

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Con una inversión estimada de 1.1 millones de dólares, el proyecto consiste en la ejecución de ocho sondajes mineros de perforación diamantina para recolectar muestras de roca y evaluar el potencial de minerales de plata de alta ley o alta calidad en la zona. El expediente oficial del proyecto fue ingresado al SEIA en 2023 bajo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un trámite simplificado donde la propia empresa declara que no generará daños graves. De acuerdo con ese documento, las faenas proyectan una duración de ocho meses y contemplan la apertura de caminos de acceso, un campamento temporal y piscinas de decantación.

La aprobación ambiental del SEA desató una batalla legal que escaló rápidamente hasta el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, donde la Asociación Indígena de Regantes y Agricultores de Toconao, junto a dos personas de la misma comunidad, presentaron dos reclamaciones en contra de la Dirección Ejecutiva del SEA. Solicitaron dejar sin efecto la resolución que calificó favorablemente al proyecto.

Para la comunidad de Toconao, la preocupación por el proyecto minero tiene que ver con la supervivencia. “Nosotros no frenamos el desarrollo, de hecho, hemos llegado a complejos acuerdos con entidades del Estado de Chile por la explotación del litio en el Salar de Atacama, pero nuestra línea roja de resistencia era que no nos tocaran las cabeceras de cuenca que utilizamos para vivir”, dice Leticia González, ingeniera agrónoma e integrante de la comunidad de Toconao.

Mongabay Latam se comunicó vía correo electrónico con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para conocer su versión, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

La ofensiva legal tuvo un primer triunfo cuando el Tribunal Ambiental de Antofagasta paralizó provisionalmente las faenas en mayo. Sin embargo, el mismo tribunal levantó luego la medida cautelar en una votación dividida. Ante este revés, Toconao interpuso un recurso de reposición para exigir una audiencia pública.

La defensa de las aguas

“Realmente nos parece que hay un desconocimiento grande de las realidades territoriales [por parte] de los organismos que operan desde la capital del país. Ellos no saben cómo se vive y lo que uno elige vivir en estos territorios”, señala González.

Toconao está ubicado a 2400 metros de altitud, pero su existencia depende del sistema hídrico situado a 4500 metros sobre el nivel del mar, en pleno altiplano de la región de Antofagasta. A diferencia de los centros urbanos costeros o de las grandes operaciones mineras del norte chileno, la localidad no posee plantas desaladoras ni pozos de extracción profunda; el suministro proviene del agua que brota de la montaña, transformándose en el río Jere.

Este caudal es el motor de un oasis agrícola en el desierto atacameño, donde la comunidad cultiva variedades de papas, porotos y maíz, además de mantener huertos de olivos, damascos, granadas, membrillos, peras y cítricos que se abastecen exclusivamente de los caudales del río Jere. La eventual alteración de este flujo hídrico afectaría tanto a estos cultivos de subsistencia en la zona media como a la ganadería camélida que las familias practican en las vegas altas, áreas adyacentes al proyecto de exploración.

La microbióloga y experta en salares Cristina Dorador coincide en la fragilidad extrema de este ecosistema y advierte —a través de sus redes sociales— que el Salar de Tara es uno de los pocos que no presenta intervención directa humana, por lo que sus condiciones han permanecido estables en el tiempo. Dorador detalla que en este entorno existen bofedales, ecosistemas donde la tierra se encuentra cubierta de agua dulce de manera permanente o temporal. Hacia el fondo de la cuenca, aquellos bofedales se van salinizando hasta formar la laguna hipersalina y el salar.

Este ecosistema, protegido como Sitio Ramsar y parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, es además un área crítica para la nidificación de las tres especies de flamencos que habitan en Chile: el chileno (Phoeniconaias chilensis), el James o parina chica (Phoenicoparrus jamesi) y el andino o parina grande (Phoenicoparrus andinus).

Sin embargo, la ejecución de las plataformas y los ocho sondajes de diamantina —el método de perforación para extraer muestras de roca del subsuelo— se proyecta justamente en las cabeceras de agua de este sistema hidrológico.

Para la comunidad lickanantay, el impacto de estas obras no solo implica la pérdida de caudales, sino también la alteración de un patrimonio medicinal que crece de forma exclusiva en los pisos ecológicos de la puna y el tolar. Especies como la tola, la chachacoma y la chuquicandia —una planta de la familia de las asteráceas utilizada tradicionalmente para afecciones respiratorias— son recolectadas en la zona para ceremonias de pago a la tierra y al agua.

González enfatiza que estas especies dependen estrictamente de las condiciones de presión y suelo de la altura, por lo que su restauración o traslado a laboratorios e invernaderos es inviable si las plataformas mineras intervienen en su hábitat original.

“Es un tesoro patrimonial de la humanidad que tenemos que proteger”, concluye Dorador, sintetizando un diagnóstico donde la memoria comunitaria y la ciencia llegan a la misma conclusión.

Mongabay Latam se comunicó vía correo electrónico con Minera Plata Carina SpA para conocer su postura ante estos impactos señalados por la comunidad, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

Crónica de una pelea judicial

El conflicto por el proyecto de exploración minera se trasladó a los tribunales, abriendo un proceso legal en el norte de Chile. El pasado 13 de mayo, la comunidad de Toconao obtuvo una primera resolución a su favor cuando el Primer Tribunal Ambiental dictó una medida cautelar y ordenó la paralización del proyecto “Prospecciones Aida”, tras considerar los antecedentes presentados sobre el riesgo hídrico en la cuenca.

Sin embargo, 13 días después la situación jurídica cambió. La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —organismo público de carácter técnico encargado de unificar los criterios y administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile—, junto a los representantes de Minera Plata Carina SpA, solicitaron la revisión de la medida. El 26 de mayo, el tribunal levantó la paralización que mantenía frenadas las obras, dejando a la empresa habilitada legalmente para iniciar los sondajes de prospección.

La representación legal de la comunidad lickanantay respondió de forma inmediata para revertir la resolución.

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El 1° de junio, el abogado de la comunidad, César Bravo, interpuso un recurso de reposición con el objetivo de congelar nuevamente las operaciones de exploración y cuestionó los procedimientos judiciales del dictamen.

“Nos tomó por sorpresa el levantamiento de la medida cautelar, la cual consideramos que fue resuelta entre cuatro paredes”, afirma Bravo.

Para el abogado, una resolución de tal impacto técnico y territorial no puede tomarse a puertas cerradas. “Solicitamos de manera urgente que esto se discuta en una audiencia pública donde se escuche a ambas partes”, exige Bravo. Asimismo, advierte que levantar la medida cautelar pasa por alto el principio preventivo: “La esencia de la normativa ambiental es precisamente prevenir daños y afectaciones, y eso es lo que buscamos resguardar a través de esta medida cautelar”.

Leticia González, que también es coautora de una de las reclamaciones judiciales, detalla la preocupación de las familias al enterarse de la noticia por redes sociales. “Para los comuneros, que las decisiones se tomen en un edificio en la capital de Chile demuestra un desentendimiento total de la geografía humana del norte, donde un error técnico a 4500 metros de altura puede sepultar la supervivencia de un pueblo entero”.

En 2019, Minera Plata Carina SpA —filial de la corporación canadiense Endeavour Silver Corp— planificaba la ejecución del proyecto “Cerro Márquez” en la Región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de Chile. Este contemplaba 38 sondajes para buscar minerales de alta ley o alta calidad en un cerro considerado sagrado (Mallku) por las comunidades locales.

En septiembre de 2020, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por las comunidades aymaras de Timar, Cobija y Ticnamar, y determinó que, en virtud de los principios preventivo y precautorio, la envergadura de las faenas en tierras de ocupación ancestral implicaba un riesgo para los recursos hídricos y las comunidades afectadas.

Por lo mismo, la Corte Suprema ordenó a la empresa ingresar su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero tras el fallo, la empresa desistió del proyecto.

Mientras tanto, en las calles del pueblo de Toconao, los carteles de rechazo al proyecto “Prospecciones Aida” siguen colgados, recordando a los visitantes que los habitantes lickanantay están dispuestos a defender el origen de su agua hasta las últimas consecuencias.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La desertificación y la sequía no solo se presentan en las regiones áridas del planeta. Territorios en Latinoamérica ya viven sus impactos, desde el Corredor Seco Centroamericano hasta los bosques húmedos de Amazonía y la región boscosa del Gran Chaco, donde la degradación de los suelos, la sobreexplotación del agua y los efectos de la crisis climática están transformando los ecosistemas y afectando la seguridad alimentaria de millones de personas.

Este Día Mundial de Acción Frente a la Desertificación y la Sequía especialistas consultados por Mongabay Latam explican cómo estos fenómenos, cada vez más intensos en la región, están conectados con los incendios forestales, las pérdidas agrícolas y la transformación de los ecosistemas de los cuales dependen comunidades enteras.

También advierten que la degradación de la tierra se ha convertido en un desafío para enfrentar este fenómeno y construir resiliencia en las zonas con mayor afectación pues representan impactos en la economía, la salud y los medios de vida de las personas.

En un par de meses, los países latinoamericanos también tendrán la oportunidad de abordar estos retos y posibles soluciones en la 17° reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP17), una cumbre global que este año se realizará en Mongolia.

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Cambios en el clima y más incendios

La Amazonía es una de las regiones más vulnerables a la desertificación y a la sequía ante el aumento de las temperaturas y la deforestación, lo que también ha incrementado los incendios.

Ane Alencar, directora científica del Instituto de Investigación de la Amazonía (IPAM), explica que los cambios de uso de suelo para fomentar la agroindustria y la ganadería con la renovación de pastizales ponen a los ecosistemas húmedos en mayor riesgo porque favorecen el incremento de incendios en bosques que no tienen adaptación al fuego.

“En estos años son mucho más frecuentes los incendios porque los bosques están más inflamables. Los grandes árboles se caen, el dosel se abre más, entra más aire caliente, entonces es como un ciclo vicioso. Es un problema de la sequía, puede poner a los bosques en una condición muy vulnerable a los incendios forestales”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Alencar advierte que cada vez existen mayores condiciones para que los incendios se propaguen en la Amazonía. Estos factores, explica, son como un triángulo que ayuda a explicar la expansión del fuego.

“En un vértice de este triángulo tenemos las condiciones de clima, en otro vértice tenemos la cantidad y calidad de los materiales combustibles y en otro vértice tenemos las fuentes de ignición. Para que un fuego se propague, debemos tener estas tres condiciones”, detalla.

La especialista señala que en la Amazonía la gran mayoría de los fuegos son iniciados principalmente por actividades humanas, por lo que una forma de romper con el triángulo que potencia los incendios es reducir o controlar las fuentes de combustible.

“Si un bosque está muy seco por causa de las condiciones climáticas, hay más hojas en el suelo, por tanto un material combustible muy bueno [para propagar un incendio], pero si no tuviéramos quién prenda el fuego, este incendio no va a acontecer. Necesitamos las condiciones del clima, qué quemar y quién comienza el fuego”, sostiene.

Estos cambios en el comportamiento del fuego en la Amazonía están siendo documentados. De acuerdo con un informe técnico de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), entre 2016 y 2021, los incendios en la Amazonía impactaron un promedio de entre 17 y 27 millones de hectáreas, mayor que lo reportado entre 2001 y 2020. Además, el 59 % de los incendios ocurrieron en áreas nuevas, donde no se había registrado el fuego previamente.

De acuerdo con el mismo estudio, Bolivia y Brasil registraron la mayor extensión de los incendios en la Amazonía, donde en 2024 se estimaron cerca de 27 millones de hectáreas afectadas por el fuego. Estos factores, junto con el descenso de las precipitaciones, ponen en riesgo “la resiliencia hídrica y ecológica de la Amazonía”, señala el informe.

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Pérdida de la riqueza de los suelos, un daño silencioso

La degradación del suelo y la pérdida de bosque no es exclusiva de la Amazonía. Otro de los ecosistemas más afectados es el Gran Chaco sudamericano, la segunda región boscosa más grande de la región, que se extiende por el norte de Argentina, Paraguay, una porción del sur de Brasil y de Bolivia. Solo en el norte argentino, se perdieron 210 702 hectáreas de bosque durante 2025, una extensión equivalente a diez veces la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con un informe de la organización Greenpeace. Las causas fueron la deforestación y los incendios.

Para Marlene Quintanilla, consultora en Análisis ambiental y Evaluaciones en Sistemas de Información Geográfica de la firma GEO-NET, lo que conecta a estas regiones de Latinoamérica con la desertificación y las sequías es la pérdida de la materia orgánica que generan los bosques ante la agroindustria.

“Cuando se deforesta se rompe este ciclo de nutrición de los suelos y se ve sobre todo en Argentina y Paraguay. En el caso de Bolivia, Brasil y Perú [que comparte una parte de la Amazonía] ya hay una degradación importante en suelos. Básicamente en los países donde se está intensificando la agroindustria o la producción masiva de productos como soya, sorgo y la ganadería”, comenta la especialista a Mongabay Latam.

Quintanilla destaca también la salinidad del agua como otro impacto silencioso derivado del aumento de la temperatura y del estrés hídrico para cultivos o para la ganadería, los cuales, advierte, no solo generan un cambio químico en las aguas, sino que también rompen las estructuras de los suelos.

“Estamos en una era de cambio climático donde los déficit hídricos de los últimos 20 años son mucho más intensos y esa falta de agua hace que se empiecen a utilizar tecnologías para riego o extracción de agua subterránea. Depende mucho la geología y la química de los suelos que son diferentes en cada región, pero este riego también está provocando problemas de salinización”, señala.

Además de estos procesos de degradación, la especialista advierte que también los incendios están contribuyendo con la compactación del sueño y la pérdida de biomasa.

“Es un impacto que todavía no se visibiliza pero los suelos tienen vida por la microfauna, al impactarse con los incendios también se está viendo una importante compactación. Se genera una permeabilidad y evita un menor almacenaje de agua para las épocas secas”, explica Quintanilla.

La experta advierte que el ciclo del agua se ve afectado de forma subterránea y degrada incluso zonas que no son agrícolas, pero que son impactadas por los incendios. “Al final termina siendo una cadena de impactos que se van interrelacionando queramos o no también con los impactos del cambio climático”, agrega.

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Menos alimento para las poblaciones

Una de las principales consecuencias de la desertificación, la sequía y la degradación del suelo es la falta de producción de alimentos. Esto se ha reflejado en otros territorios de Latinoamérica, como el Corredor Seco Centroamericano, una franja impactada por sequías recurrentes, erosión del suelo y fenómenos climáticos que abarca desde el sur de México hasta Panamá, pero ocupa principalmente territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que 10.5 millones de personas viven en esta región de Centroamérica, de las cuales el 50 % vive en condiciones de pobreza y más de dos millones de familias dependen de la agricultura para sobrevivir.

Mario Salgado, oficial de Conocimiento del Riesgo en la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) de las Américas y el Caribe, considera que el Corredor Seco Centroamericano es de las regiones más vulnerables a la desertificación que ya se traduce en la seguridad alimentaria de millones de personas.

“Empieza a reflejarse en pérdidas en el sector agrícola, en inseguridad alimentaria y algo que quizás sí hace una diferencia notoria entre los efectos de sequía y de desertificación es lo que pasa a nivel de migración en el Corredor Seco de Centroamérica, que no solamente es interna, sino que traspasa las fronteras”, sostiene el especialista.

Salgado explica que la región comienza a vivir nuevos impactos en cadena, como los incendios forestales derivados del aumento de las temperaturas y menor precipitación. Éstos representan un riesgo para la salud de poblaciones por lo que considera clave avanzar en sistemas de alerta temprana.

“No solamente es que las alertas existan, sino que se puedan traducir en acciones. Esto implica políticas de una gestión sostenible del suelo, de una diversificación productiva, de ajustar los calendarios de siembra, la utilización de ciertos tipos de semillas que se sabe que son más resistentes a estas condiciones de sequía y de desertificación”, explica el experto a Mongabay Latam.

Esta correlación entre la desertificación y la sequía con los alimentos también ocurre en zonas donde puede haber o no actividades ganaderas y agrícolas a gran escala, de acuerdo con Quintanilla.

“Va impactando a zonas de bosque donde no hay actividad agrícola ni ganadera pero hay mucha vida silvestre y donde hay territorios donde sus medios de vida dependen de los frutos que pueden sacar del bosque, de los ríos. Esto impacta directamente la economía de estas familias que dependen de la producción y de la venta de productos del bosque”, advierte.

Alencar agrega que estos impactos en la seguridad alimentaria de la población ya se viven también en comunidades amazónicas.

“Cuando hay una sequía muy fuerte con altas temperaturas, los ríos bajan mucho y hay un impacto muy importante en la calidad del agua. Por ejemplo, la acidez. Los pescados se mueren porque están calientes, tienen menos agua”, sostiene la directiva del IPAM y añade los impactos en cadena que se generan contra las comunidades.

Sostiene que las sequías en las comunidades amazónicas rurales provocan una baja en el caudal de los ríos, por lo que no se puede acceder a los centros para la compra de alimentos, ya que se movilizan en embarcaciones.

“Es un impacto muy grande por la pérdida de miles de pescados. La población se queda sin esa importante fuente de proteína. No se puede beber agua, no se pueden bañar. Hay una escasez de agua para la salud humana”, afirma.

COP17 un escenario para plantear alternativas y financiarlas

La COP17 buscará soluciones a los desafíos interconectados de la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía. Los especialistas consideran que los países latinoamericanos llegan con retos en la prevención y financiamiento para la resiliencia de las comunidades afectadas.

Para el caso de la Amazonía y el Chaco, Quintanilla considera que los países involucrados deben mirar a los bosques como un aliado para lograr la adaptación a la crisis climática.

“Es importante el compromiso de la reducción de la deforestación, me parece que sigue siendo un pilar importante la lucha contra los incendios. Los países de estas dos grandes regiones sostienen una agricultura importante para la humanidad. Hay que mirar los suelos como un área de protección y trabajar mucho más también con la investigación”, considera la experta.

En tanto, Salgado afirma que tanto el Corredor Seco Centroamericano como la Amazonía llegan con suficiente evidencia de que son regiones altamente expuestas y vulnerables a estas condiciones de sequía y de desertificación, por lo que se deben buscar mecanismos de gobernanza, sistemas de alerta y de rendición de cuentas.

“El conocimiento del riesgo puede brindar mucha información. Si los países cuentan con estimaciones robustas de lo que puede llegar a ocurrir, esas cuantificaciones permiten no solamente el diseño de planes más concretos, sino una correcta estimación de los recursos que se necesitan”, afirma.

Salgado advierte que precisamente abordar el financiamiento durante la próxima COP17 será uno de los retos, pues considera que debe haber una conexión con los presupuestos de dónde saldrá el dinero, o de lo contrario, pueden terminar en “listados de buenas intenciones”.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cada año, el 16 de junio, se conmemora el Día Mundial de las Tortugas Marinas. La fecha llega este año con un panorama que mezcla esperanza y urgencia. Un estudio global publicado por el Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reveló que décadas de esfuerzos de conservación están dando resultado. Más del 40 % de las poblaciones de tortugas marinas son consideradas actualmente de bajo riesgo y baja amenaza, frente al 23 % registrado en 2011. Sin embargo, el mismo estudio advierte que la pesca incidental sigue siendo la amenaza más urgente para las tortugas marinas en todo el mundo, junto a otros riesgos como el desarrollo costero, la contaminación por plásticos, el cambio climático y la captura directa de tortugas y sus huevos.

En América Latina, tres historias iluminan tanto los avances como los desafíos que enfrentan estas especies en el Pacífico y el Atlántico Sur. En Ecuador, investigadores descubrieron que dos playas de la provincia de Esmeraldas son refugios únicos en el Pacífico Oriental para la resiliencia de las tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea) frente al cambio climático.

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En Colombia, las comunidades afrodescendientes del Chocó protagonizan una transformación profunda: de consumir tortugas a protegerlas, mientras la ciencia advierte la necesidad de acompañar esas iniciativas para que sean realmente beneficiosas. Y en Argentina, un equipo de investigadores logró por primera vez rastrear por satélite a machos de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) en el Atlántico Sur, develando los movimientos de los individuos más desconocidos de la especie más grande de todas.

Ecuador: el refugio de tortugas macho

En la costa noroccidental de Ecuador, donde el bosque del Chocó llega hasta el mar y una capa permanente de nubes filtra la luz del sol, dos playas guardan un secreto que la comunidad científica tardó décadas en descubrir: casi todas las crías de tortuga golfina que nacen allí son machos.

El hallazgo, publicado en octubre de 2025 en la revista Climatic Change, podría ser una de las noticias más importantes para la conservación de tortugas marinas en el Pacífico Oriental. Y su historia comenzó, casi por casualidad, con una pregunta sobre el cambio climático.

“Necesitábamos un bioindicador para evaluar los efectos del cambio climático en comunidades pesqueras”, recuerda Rubén Vinueza Chérrez, biólogo marino y uno de los autores del estudio. En 2017, trabajando con la cooperación técnica alemana en el proyecto Procambio, propuso a los reptiles —y en particular a las tortugas marinas— como esa ventana para leer el clima. La razón es biológica: el sexo de las tortugas depende de la temperatura de incubación de los huevos. A más calor, más hembras. A más frío, más machos.

Lo que encontraron al instalar los primeros sensores en los nidos de Portete y Galera —en la provincia de Esmeraldas, al norte de Ecuador— fue sorprendente. Las temperaturas promedio de incubación fueron de apenas 27 °C en Portete y 27.3 °C en Galera, muy por debajo de los más de 30 °C que se registran en la mayoría de playas de anidación del mundo. El resultado: entre el 99.9 % y el 99.3 % de las crías nacidas entre 2018 y 2022 fueron machos.

Estos resultados son clave. De hecho, en la gran barrera de coral, en Australia, hasta el 99 % de las tortugas verdes que nacen son hembras, al igual que en el norte de Chipre. En Turquía, la cantidad de tortugas nacidas hembras alcanza el 74 %. Esta tendencia, asegura la investigación, “conlleva una marcada desproporción entre sexos que puede afectar el éxito reproductivo y, por consiguiente, la viabilidad a largo plazo de las poblaciones, así como la reducción del éxito de eclosión”.

“Para la comunidad científica es urgente encontrar estas zonas que podrían ser refugios del cambio climático. Necesitamos definir qué playas están todavía generando machos”, explica Vinueza Chérrez.

La clave está en la geografía. Portete y Galera se encuentran dentro del corredor del Chocó, uno de los ecosistemas más húmedos del planeta. La presencia de bosque, la nubosidad constante y la humedad reducen la entrada de radiación solar, manteniendo las temperaturas locales significativamente más bajas que en otras zonas tropicales de anidación. Además, la temporada de anidación de la golfina —de agosto a noviembre— coincide con los meses más frescos del año en la región.

El estudio proyectó las temperaturas futuras de los nidos bajo tres escenarios del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Las conclusiones son alentadoras: incluso en el peor escenario posible —el de desarrollo intensivo en combustibles fósiles—, la probabilidad de que las temperaturas superen los 30.5 °C (el umbral a partir del cual se producen hembras) llegaría al 71 % en Portete y al 68 % en Galera hacia finales de siglo. En otras palabras, aun en ese escenario extremo, una porción relevante de los nidos seguiría produciendo machos.

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Eclosión de tortugas marinas en playa Portete, Ecuador. Video: Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez-Flores. 

Sin embargo, el futuro de estas playas no depende solo del clima. Portete, aunque protegida, enfrenta la presión del turismo de un hotel cercano en Mompiche. Galera, más inaccesible, está por ahora más resguardada. Ambas integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador, pero “ser área protegida no garantiza el cien por ciento”, advierte Estefanía Sánchez-Flores, coautora del estudio e investigadora en ingeniería ambiental. La urbanización, los perros sueltos en las playas, las luces artificiales y la pesca incidental siguen siendo amenazas reales. Conservar estos refugios, concluyen los investigadores, requiere no solo proteger el clima, sino también el bosque y la oscuridad de la noche.

Colombia: una tortuga viva vale más que una tortuga muerta

En Nuquí, un municipio del departamento del Chocó colombiano, hay personas que cada noche, entre julio y diciembre, recorren la playa esperando el rastro inconfundible de una tortuga que sube a desovar. Cuando la encuentran, esperan en silencio hasta que termina. Luego recogen los huevos y los trasladan a corrales protegidos donde permanecerán hasta la eclosión. El propósito del traslado es proteger los nidos de las mareas que pueden arrastrar los huevos mar adentro o de los perros que excavan la arena para devorarlos.

“Cuando los huevos eclosionan, las dejamos [a las tortugas] caminar solas hacia donde suena la ola”, cuenta Jorge Enrique Murillo Palacio, integrante del Consejo Comunitario General Los Riscales. “Es muy difícil que una tortuga se devuelva para arriba. Siempre busca la parte de abajo”. Esa caminata importa: la playa queda grabada en el vientre del animal, como un mapa, y cuando la tortuga es adulta regresa al mismo lugar a anidar.

Murillo forma parte del Consejo Comunitario General Los Riscales, autoridad territorial que administra más de 31 469 hectáreas en el municipio de Nuquí y que lleva más de 10 años coordinando la conservación de tortugas marinas en la zona. “Para nosotros es algo muy lindo porque estamos contribuyendo a que esa especie pueda seguir existiendo en el planeta”.

No siempre fue así. Un estudio publicado en 2025 en la revista Ethnoscientia, con trabajo de campo realizado en 2015 por Laura Soto-Cortés y Dennis Castillo-Figueroa en las comunidades de Jurubirá, Panguí y la cabecera de Nuquí, documenta una relación histórica mucho más compleja entre estas comunidades afrodescendientes y las tortugas marinas que llegan al Pacífico colombiano para reproducirse, todas en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), en Peligro Crítico; la caná o laúd (Dermochelys coriacea), Vulnerable; la verde (Chelonia mydas), en Peligro; y la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), Vulnerable.

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A partir de entrevistas con pescadores locales, la investigación registró un vínculo multidimensional con las tortugas: alimenticio, medicinal, ornamental, espiritual y ritual. Se consumían huevos y carne y la grasa del animal se usaba para tratar enfermedades respiratorias. El pene del macho, conocido localmente como “el viril” o “la picha”, tenía alta demanda comercial como afrodisíaco, con compradores llegados desde ciudades como Medellín, y podía venderse entre 18 y 36 dólares. Incluso existía una práctica ritual llamada ombligada, en la que partes de la tortuga se ahumaban y raspaban para incorporarlas al cordón umbilical de los recién nacidos. De esa manera se les transfería, supuestamente, cualidades como la resistencia en el agua.

El estudio también documentó que los propios entrevistados percibían una disminución en las poblaciones y la vinculaban directamente a décadas de captura y consumo. “Cuando yo era muchacho, había mucha tortuga. Uno se iba por aquí, por la playa de Boca Chori, encontraba 10 nidadas de huevos y la gente se las traía”, relató uno de los participantes de Jurubirá. Los investigadores concluyen que incorporar estas percepciones y valores culturales locales es indispensable para diseñar estrategias de conservación verdaderamente efectivas y sostenibles en el tiempo.

Hoy, según Murillo, la transformación en Nuquí es real: quien sea encontrado con carne o concha de tortuga puede ser judicializado. Además, “nos dimos de cuenta de que una tortuga viva nos puede generar mucha más plata que terminar con su existencia. Nosotros anteriormente matábamos la tortuga. Pero gracias a Dios desde hace varios años a la tortuga la miramos como una fuente de ingreso, porque hay mucha gente turista que viene acá y de una u otra forma dejan recursos en el territorio”.

Sin embargo, la práctica de reubicar huevos, advierten los investigadores ecuatorianos Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez-Flores, “es complejo” y debe hacerse considerando diversos factores para evitar daños en las tortugas. De acuerdo con los especialistas, las tortugas seleccionan zonas de playa con perfiles térmicos específicos, y un nido mal reubicado —demasiado superficial o en una zona más expuesta— puede alterar la temperatura de incubación hasta afectar, incluso, el desarrollo neurológico de las crías. La reubicación puede ser necesaria, coinciden los investigadores, pero debe tomarse como última opción y con conocimiento técnico del perfil térmico de cada playa. No basta con que las tortuguitas lleguen al mar. Importa también cómo llegan.

Argentina: los machos invisibles del Atlántico Sur

De las siete especies de tortugas marinas que existen, la laúd (Dermochelys coriacea) es la más grande y una de las más misteriosas. Los adultos pesan entre 200 y 250 kilos —el ejemplar más grande registrado superó los 900 kilos—, pero a pesar de su porte, se sabe muy poco de ellas.

Victoria González, investigadora del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Conicet, explica que la especie pasa la mayor parte de su ciclo de vida en zonas alejadas de la costa, lo que la hace muy difícil de estudiar. Aunque esta dificultad aplica tanto para hembras como para machos, todo lo que la ciencia conocía provenía de las playas de anidación, donde las hembras salen a desovar y los investigadores pueden acercarse. Los machos, que nunca abandonan el océano, permanecían como una incógnita.

Eso empezó a cambiar en aguas cercanas a la costa de la provincia de Buenos Aires, donde un equipo de investigadores logró colocar transmisores satelitales a machos de tortuga laúd. Capturarlos no fue sencillo. La metodología consiste en aproximarse lentamente a los animales con una embarcación y colocar en su camino un aro —similar a uno de básquet, pero mucho mayor— para que entren solos en la red. Una vez retenidos, se los sube a una balsa inflable. “A la cuenta de tres, entre tres o cuatro personas”, cuenta González, quien también es investigadora del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). La colaboración de pescadores artesanales, acostumbrados a trabajar en el mar y a manejar cargas pesadas, fue indispensable.

Los transmisores, fijados en el caparazón, envían datos de geolocalización cada vez que los animales salen a respirar. Los primeros resultados revelaron comportamientos inesperados: los cuatro machos marcados permanecieron durante semanas en aguas de la plataforma continental argentina, alimentándose en el norte de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la costa y no mar adentro como se pensaba. “Quizás lo vienen haciendo hace cientos de años, pero no lo sabíamos”, reflexiona la investigadora.

Uno de ellos hizo luego algo diferente a los demás: se desplazó bordeando la costa bonaerense hacia el Rincón, otro sistema de alta productividad donde hay abundancia de medusas, su alimento principal. Los pescadores artesanales empezaron a reportar presencia de medusas en las redes y al poco tiempo los transmisores confirmaron que los animales los seguían. Hacia finales de mayo, los cuatro iniciaron el desplazamiento hacia el norte. Hoy están en el sur de Brasil.

A partir de este hallazgo se disparan muchas preguntas, dice González. “¿Cuántas hay? ¿Están separadas en grupos? ¿Están todas juntas?”, se preguntan los investigadores.

Se sabe, por estudios genéticos, que las tortugas laúd que llegan a Argentina provienen principalmente de una pequeña población del norte de Brasil, en el estado de Espíritu Santo, y de colonias en la costa occidental de África, en Ghana, Gabón y Congo.

Hace unos 20 años, hembras muertas en playas argentinas con marcas metálicas colocadas para su identificación en las aletas permitieron comprobar por primera vez la migración transatlántica de la especie. El año pasado, el equipo capturó una hembra que llevaba en las aletas una chapa colocada 11 años antes en el Congo.

El seguimiento satelital busca no solo identificar los corredores migratorios una vez que las tortugas llegan a Argentina, sino también identificar zonas de superposición con las actividades pesqueras, uno de los principales factores de mortalidad a nivel global, y con los residuos en el mar. La contaminación por plástico es otra amenaza documentada: en tortugas verdes recuperadas muertas es frecuente encontrar bolsas, fragmentos de plástico duro y tapas de botella en el estómago, cuenta González.

El equipo espera colocar cuatro transmisores más en la próxima temporada, si consiguen financiamiento.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En medio de la crisis que atraviesa Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz firmó un acuerdo con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) que pretende habilitar y ampliar actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas. El convenio tendrá un impacto negativo sobre los parques nacionales, fuentes de agua y pueblos indígenas, aseguran expertos, legisladores y representantes indígenas.

El acuerdo se firmó el 14 de mayo en plena crisis social, política y económica que atraviesa Bolivia. Son más de 40 días de bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos que tienen cercada, sobre todo, a la ciudad de La Paz. Varios sectores sociales exigen la renuncia del presidente Paz, quien insiste en el diálogo a pesar de la presión de activar un estado de excepción para terminar con los conflictos.

Uno de los sectores que participó activamente de las manifestaciones y bloqueos en la primera etapa de la crisis fueron los mineros cooperativistas, quienes incluso llegaron a enfrentarse con la Policía Boliviana en La Paz y utilizaron dinamita para intentar ingresar a las calles cercanas al Palacio de Gobierno. Esta organización fue convocada al diálogo y luego de horas de debate cerraron el acuerdo.

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Tras esa reunión se firmó un acta de ocho puntos. El último se titula “Políticas en Medio Ambiente” y es el que dispone que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) “restablecerá el Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas de manera pronta”.

Además, establece que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) “repondrá el reglamento para la emisión del Certificado de Compatibilidad de Uso de Suelo como instrumento técnico para la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas, conforme al artículo 220 de la Ley 535 de Minería”.

El acuerdo también tiene puntos relacionados con representación institucional, concesiones mineras, provisión de explosivos, contratos y participación del sector en decisiones estatales.

En Bolivia ya existen casos de minería ilegal dentro de áreas protegidas. La reserva más afectada es el Parque Nacional Madidi, en el norte del departamento de La Paz, donde existen denuncias de los propios guardaparques sobre actividades mineras en el río Tuichi, un afluente que fue catalogado como sujeto de derechos por el Tribunal Agroambiental.

Este tipo de minería aluvial en áreas protegidas puede provocar contaminación del agua por el uso de mercurio en la amalgamación del oro, lo que afecta a la fauna acuática y la salud de las poblaciones locales. Además, ocasiona la deforestación por el uso de dragas que devastan las riberas de los ríos y arrasan con los bosques.

Otro impacto es la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, ya que las operaciones mineras irrumpen en territorios indígenas dividiendo comunidades y afectando su soberanía alimentaria.

Críticas al acuerdo

Cecilia Requena, diputada de Alianza Unidad, calificó como “nefasta y macabra” la reunión entre el gobierno de Paz y el sector minero cooperativista y consideró que el acuerdo fue firmado bajo la presión que realizan los cooperativistas mineros con cualquier gobierno. La legisladora afirmó a Mongabay Latam que una manera de solucionar el conflicto con este sector fue brindarles “concesiones inaceptables”, refiriéndose a las áreas mineras que buscan tener en áreas protegidas y territorios indígenas.

“El Gobierno no puede sacrificar bienes comunes vitales, como nuestras áreas protegidas, nuestras fuentes de agua. Se debería hacer respetar las resoluciones del Tribunal Agroambiental”, resaltó Requena en diálogo con este medio.

La diputada se refiere a la resolución que emitió a inicios de 2026 el Tribunal Agroambiental, instancia que ordenó prevenir medidas regresivas contra el ambiente y las áreas protegidas de Bolivia. “Nadie detiene el envenenamiento con mercurio de niños y niñas y pueblos indígenas”, dijo Requena. El mercurio es un mineral altamente contaminante y tóxico que se utiliza en la separación del oro de los sedimentos de ríos, el tipo de minería que los cooperativistas buscan realizar en las áreas protegidas de la Amazonía.

Los efectos de la contaminación por mercurio en poblaciones humanas incluyen efectos neurológicos. “Está entre las diez sustancias más peligrosas declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, explicó a Mongabay Latam Claudia Vega. Vega es coordinadora del Programa de Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), una organización enfocada en la investigación e innovación para el desarrollo sostenible del bioma. “Es un problema para la salud pública y de hecho el mercurio es el único elemento que tiene un convenio, el convenio de Minamata, donde alrededor de 128 países se han comprometido a reducir el uso de mercurio para la protección de la salud humana y la salud del ecosistema porque se reconoce su alta toxicidad”, aseguró en una entrevista en 2025.

“Una de las cosas que más preocupa en mercurio es que puede atravesar la barrera hematoencefálica y placentaria. Eso quiere decir que si una mujer embarazada come mercurio [a través del consumo de peces de los ríos contaminados], este puede atravesar la placenta y llegar al cerebro del feto. Puede afectar al niño en edades tempranas y tener impacto para toda su vida. Los niños no pueden pararse, no oyen”, afirmó Vega.

La legisladora Requena acotó que el acuerdo entre Paz y los mineros ignora los impactos ambientales de la minería aurífera, particularmente la contaminación por mercurio y la afectación a ríos, lagos, glaciares y bofedales. “Muy pocos defendemos el medio ambiente”, reprochó Requena.

Mientras, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) demandó a través de un comunicado la anulación inmediata del acuerdo entre el gobierno de Paz y Fencomin, cuestionando que se haya cedido al ingreso de la minería en áreas protegidas bajo presión de los mineros.

“El acuerdo con Fencomin busca monopolizar decisiones sobre la minería para una mayor proliferación de cooperativas mineras y mayor violencia y devastación del ambiente, mientras el Gobierno no tiene ni tendrá control sobre la extracción de minerales como lo venimos advirtiendo desde la aprobación de la Ley del Oro”, cuestionó Ruth Alipaz, representante de Contiocap.

La activista indígena acusó al presidente Paz de desconocer sentencias constitucionales que declaran a los ríos como sujetos de derechos y eliminar el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional al comprometer la aprobación de contratos mineros que “no cumplen con los requisitos y salvaguardas ambientales”.

Alipaz enumeró cinco artículos de la Constitución Política del Estado de Bolivia que se estarían violando con el acuerdo entre cooperativas mineras y el Gobierno y también demandó la suspensión de toda ampliación de zonas mineras sin garantías reales de fiscalización y protección ambiental. “Estamos exigiendo la adopción inmediata de medidas normativas, institucionales y operativas contra la minería ilegal y los delitos relacionados”, dijo Alipaz.

Los defensores de la reserva natural de Tariquía, al sur de Bolivia, también se manifestaron contra el acuerdo, al que consideran que califican que “representa una amenaza para ecosistemas que cuentan con protección legal y para comunidades que habitan estos territorios”.

Félix Choque, miembro del Comité de Defensa de Tariquía, afirmó a Mongabay Latam que se adhieren al pronunciamiento de Contiocap debido a que comparten las observaciones planteadas sobre el impacto que podrían tener las nuevas disposiciones. 

“Las medidas acordadas vulneran los derechos de las poblaciones asentadas dentro de reservas naturales y territorios protegidos. Nosotros también rechazamos este acuerdo porque está vulnerando los derechos de todos los que vivimos dentro de las reservas”, afirmó Choque.

La posición del Gobierno y los mineros

El Ministerio de Minería y Metalurgia envió un comunicado a Mongabay Latam en el que establece que el acuerdo firmado con el sector cooperativo minero no vulnera “los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” y expresó que se mantiene la “plena vigencia y cumplimiento obligatorio la consulta previa, libre e informada, así como la normativa ambiental”.

“La actividad minera se encuentra regulada por una estricta normativa ambiental. El sector minero cuenta con un marco normativo específico que establece controles, procedimientos y obligaciones ambientales para todos los Actores Productivos Mineros [APM]”, dice el comunicado. Entre estas disposiciones, agrega el Ministerio, se encuentra el Reglamento Ambiental para actividades mineras, “cuyo cumplimiento es obligatorio y constituye un requisito indispensable para el desarrollo de cualquier actividad minera en el territorio nacional”.

En diálogo con Mongabay Latam, el presidente de Fencomin, Josué Caricari, defendió el acuerdo firmado con el Gobierno y dijo que su sector busca ingresar a trabajar en zonas que fueron abandonadas por empresas privadas, argumentando que su labor reactiva económicamente estos espacios. Sobre el ingreso a áreas protegidas, afirmó que respetan la normativa ambiental, pero que existen “derechos preconstituidos”, es decir que, para los mineros, prevalece el derecho de quienes tenían áreas mineras en estas zonas antes de la creación de las reservas y parques nacionales, que datan de varias décadas atrás.

“Nosotros vamos a cumplir toda la normativa ambiental y hubo mucha desinformación sobre el acuerdo firmado [con el Gobierno]. Hay derechos preconstituidos en algunas zonas, pero serán pues los Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU) los que establezcan o no operaciones mineras [en áreas protegidas]”, detalló Caricari.

En Bolivia, el CCU es un documento emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para determinar si una actividad minera propuesta es compatible con una zona específica, especialmente en áreas protegidas donde algunas actividades son permitidas. Si bien el CCU no es un permiso minero final, es un paso importante para obtener la licencia ambiental y la autorización para la actividad.

Alerta por violación de normativas ambientales

Rodrigo Herrera, abogado y representante de la Asociación Legal Justicia Ambiental, afirmó a Mongabay Latam que la resolución del Tribunal Agroambiental de 2026 ordenó medidas destinadas a proteger los derechos ambientales (al agua, al aire limpio y los de otros seres vivos), “así como de los derechos de pueblos indígenas, frente a cualquier norma, política o acto de Órgano Ejecutivo que relaje salvaguardas e implique regresión en la protección ambiental”.

“En el acuerdo entre el Gobierno y Fencomin se contraviene el principio de no regresión, el principio precautorio y el ordenamiento jurídico ambiental vigente. Además, lamentamos que entre los puntos del acuerdo se encuentre el restablecimiento del Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas y la liberación de nuevas áreas mineras”, criticó Herrera.

Según el Colegio de Biólogos de La Paz, el acuerdo vulnera normas ambientales, ya que no es posible el desarrollo de actividades mineras u otras extractivas en áreas protegidas después de su creación. “La reposición por parte de la Ajam de un reglamento que es abiertamente contradictorio a la normativa ambiental que aplica a las áreas protegidas resultaría totalmente ineficaz, por ser nulo de pleno derecho”, afirmó la institución en un comunicado.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El gobierno de Javier Milei oficializó una reducción de 3879 millones de pesos (más de 2.7 millones de dólares) al presupuesto de la Administración de Parques Nacionales, afectando la preservación de 46 áreas naturales protegidas. Según los expertos consultados por Mongabay Latam, este recorte agrava especialmente la situación de los costos operativos que se realizan en las áreas protegidas, vinculados al consumo de combustibles y lubricantes, pero también en el pago a guardaparques, quienes, a través de su sindicato, también criticaron la decisión.

El 65.9 % —2557 millones de pesos, unos 1.7 millones de dólares— del recorte afecta directamente al funcionamiento cotidiano de las 46 áreas protegidas. Entre los rubros alcanzados se encuentran la contratación de servicios técnicos y profesionales, el mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos e infraestructura, combustibles y lubricantes, repuestos, limpieza, energía eléctrica y provisión de insumos básicos.

El 34.1 % —1322 millones de pesos, alrededor de un millón de dólares— restante desfinancia los programas de Actividades Centrales, Formación y Capacitación, Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas, Planificación, Formulación y Ejecución de Políticas de Conservación en Áreas Naturales Protegidas y el Sistema de Áreas Marinas Protegidas, de acuerdo con un informe de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La reducción presupuestaria afecta incluso a algunos de los parques más emblemáticos de Argentina, entre ellos Nahuel Huapi, Los Glaciares -donde se encuentra el glaciar Perito Moreno-, Iguazú -sede de las mundialmente famosas Cataratas del Iguazú-, Lanín y Los Alerces, este último afectado recientemente por incendios forestales en la provincia de Chubut.

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El ajuste quedó formalizado mediante un decreto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según las autoridades de ese país, esta reducción, que también se aplicó a otras áreas como ciencia y salud, se da en el marco de la política de recorte del gasto público.

Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, explicó a Mongabay Latam que esta reducción de los recursos comprometidos para la conservación de la biodiversidad no es un ahorro y no es una contribución al déficit cero, como dice el gobierno. “Implicará retrocesos en procesos y avances que luego serán más costosos de recuperar. Sin mencionar el debilitamiento en materia de prevención de incendios forestales, que luego se traducirá en enormes gastos que indefectiblemente habrá que afrontar ante la emergencia”, detalló Jaramillo.

El experto resaltó que el monto reducido es más relevante si se considera que el presupuesto nacional para este año se aprobó con una pauta de inflación anual de aproximadamente 10.1 %. Sin embargo, dijo, la inflación ya acumuló 9.4 % de incremento en los primeros tres meses de 2026. “Esto agrava la situación de muchos de los costos operativos de las áreas naturales protegidas”, afirmó Jaramillo.

“¿Qué significa este recorte en territorio?”, se pregunta el especialista. Pone como ejemplos los casos del Parque Nacional Nahuel Huapi, donde el recorte alcanza casi 191 millones de pesos (132 463 dólares). Además, el Parque Nacional Lanín perdió 157 millones de pesos argentinos (180 876 dólares); Los Alerces vio su presupuesto reducido en 70 millones de pesos argentinos (48 541 dólares); y al Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, le quitaron más de 77 millones de pesos (53 400 dólares).

“En la Patagonia argentina, la recurrencia e intensidad de los incendios forestales sobreexige los presupuestos de toda la Administración pública y en particular de la Administración de Parques Nacionales para dar respuesta a la prevención, ataque temprano, combate y restauración post incendios”, remarcó Jaramillo, quien añadió que también “el reciente brote de hantavirus en la región patagónica es una alerta adicional de las necesidades presupuestarias que deberán afrontar los parques nacionales patagónicos para brindar seguridad y protección al ambiente, los visitantes y al propio personal”.

 Reclamo de los guardaparques

El Sindicato de Guardaparques Nacional de la República de Argentina (Sigunara) reclamó que la reducción de presupuesto afecta directamente la capacidad operativa del sistema de áreas protegidas en todo el país, lo que implica menos combustible, menos vehículos, menos equipamiento, menos formación, menos mantenimiento y menos recursos para prevención y respuesta ante incendios, rescates y control territorial.

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“Mientras se recortan funciones esenciales de conservación, el documento oficial intenta disimular la desinversión operativa mediante movimientos contables y fondos inmovilizados”, aseguró Sigunara a través de un comunicado enviado a Mongabay Latam. “Debilitar parques nacionales es debilitar la protección del agua, la biodiversidad, el patrimonio natural y cultural y la soberanía territorial. Sin presupuesto no hay conservación efectiva. Sin trabajadores con condiciones dignas no hay protección real del territorio”, agregaron desde el sindicado.

Este medio envío una solicitud de información a la Subsecretaría de Ambiente de Argentina para conocer su posición sobre la reducción presupuestaria a las áreas protegidas, pero no obtuvo respuesta. Asimismo, Mongabay Latam pidió información al Ministerio de Seguridad, encargada por decisión de Milei del combate a los incendios forestales, pero tampoco hubo respuestas.

Uno de los casos que más preocupación genera es el del Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia de Chubut y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El área protegida fue una de las más golpeadas por los incendios forestales de este año, donde brigadistas y personal ambiental trabajaron durante semanas para contener el fuego.

Pese a ese antecedente reciente, el parque sufrirá la reducción presupuestaria. Los Alerces es además uno de los principales atractivos naturales de la Patagonia, reconocido por sus bosques milenarios, lagos y cascadas sobre el río Manso, además de su valor ambiental y turístico internacional.

Trabajadores en ese parque advirtieron que el ajuste podría limitar seriamente la capacidad operativa frente a nuevos focos ígneos durante la próxima temporada de incendios, estimada para finales de año.

Claudio Bertonatti, naturalista, museólogo y docente de la Universidad Maimónides, criticó la determinación oficial y sostuvo que las áreas protegidas representan una inversión estratégica y no un mero gasto para el Estado. El experto afirmó que la lógica del Gobierno al recortar el presupuesto de los parques nacionales es “difícil de comprender”.

“Todo indica que nuestros economistas consideran que los parques nacionales son áreas ociosas, cuando en realidad son áreas productivas. Recortar los presupuestos es como mal alimentar a la gallina de los huevos de oro, o pegarle, o no curarla. No es sensato, sencillamente”, afirmó Bertonatti a Mongabay Latam.

El experto contrastó la situación argentina con la de otros países que invierten en sus parques nacionales, los dotan de mejor infraestructura y desarrollan proyectos de investigación, educación pública y conservación. “Estamos yendo un poco a contramano de lo que se debería hacer”, consideró Bertonatti, quien puso énfasis en la necesidad de que la población cuente con funcionarios ambientales formados y experimentados para una gestión eficiente del Estado.

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Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), afirmó a Mongabay Latam que, aunque en términos cuantitativos la reducción pueda parecer limitada, su impacto resulta significativo cuando se analiza en el marco del deterioro presupuestario acumulado durante los últimos dos años y medio. El experto detalló que, siguiendo los datos publicados en el último Monitor Ambiental del Presupuesto, la Administración de Parques Nacionales (APN) perdió cerca de un tercio de su presupuesto real respecto a 2023, tanto por la falta de actualización de sus fondos como por la decisión política de subejecutar su presupuesto.

“Si se considera la proyección inflacionaria incluida por el propio Gobierno en la Ley de Presupuesto 2026, la Administración de Parques Nacionales registraría este año una caída real del 32.3 % respecto de 2023. Sin embargo, si se toma como referencia la estimación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la pérdida de poder adquisitivo se profundizaría hasta alcanzar el 39.4 %”, destacó Napoli.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una cría huérfana de elefante marino del sur (Mirounga leonina) logró regresar al océano en las costas de San Clemente del Tuyú, Argentina, luego de completar una compleja rehabilitación que se extendió durante siete meses. El caso es considerado excepcional por los especialistas, ya que la cachorra fue abandonada por su madre apenas horas después de nacer y logró sobrevivir gracias a un intenso trabajo de rescate y recuperación.

El animal fue encontrado el 22 de octubre de 2025 en Villa Gesell, en la costa atlántica. Según los especialistas de la Fundación Mundo Marino, la madre habría huido debido a una posible perturbación humana, dejando sola a la cría en una etapa crítica para su supervivencia. Tras esperar durante toda la noche con la esperanza de que la hembra regresara, guardaparques de la Reserva Faro Querandí consideraron que el reencuentro no ocurriría.

“Las hembras de elefante marino rara vez abandonan a sus crías de forma voluntaria en los primeros días de vida. En esa situación, quedó claro que hubo imprudencia humana”, señala Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino.

Cuando fue trasladada al Centro de Rescate y Rehabilitación de la fundación, la pequeña elefante marina presentaba signos de debilidad y deshidratación.

El desafío para los especialistas era enorme. La leche de las hembras de elefante marino posee un contenido graso muy alto, lo que permite que las crías tripliquen su peso en apenas tres semanas. Ante la ausencia de antecedentes similares, un equipo integrado por veterinarios, biólogos, técnicos y nutricionistas desarrolló una fórmula experimental para sustituir la leche materna y ajustó constantemente el tratamiento según la evolución del animal.

Durante las primeras semanas, la prioridad fue estabilizar su estado de salud mediante hidratación, monitoreo permanente y medidas preventivas para evitar infecciones. También se implementaron estrategias para reducir la dependencia hacia los humanos, incluyendo el uso de un peluche como objeto de apego y una rutina de alimentación diseñada para imitar las condiciones naturales.

Con el paso de los meses comenzó otra etapa decisiva: aprender a alimentarse por sí sola. Tras varios intentos, la cachorra aceptó pescado entero y posteriormente consiguió capturar peces vivos, una habilidad indispensable para sobrevivir en libertad.

Una vez alcanzado el peso mínimo establecido por los especialistas, superior a los 100 kilos, llegó el momento más esperado. Aunque nunca había estado en una playa abierta ni había tenido contacto directo con el océano, la joven elefante marina exploró la costa durante varias horas hasta que finalmente ingresó al agua y se alejó mar adentro.

Ahora, un plan de monitoreo permitirá seguir su evolución. La cría fue identificada con una caravana numerada para facilitar futuros avistamientos y verificar que logre alimentarse de manera exitosa en su ambiente natural.

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Mientras los glaciares de los Andes centrales se reducen a un ritmo sin precedentes, en Santiago, la capital chilena, se reactiva un viejo engranaje burocrático. El pasado 14 de abril, el ministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, y el secretario de Minería de Argentina, Luis Enrique Lucero, acordaron retomar las sesiones de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera, un pacto que busca abrir proyectos mineros en la alta cordillera para operaciones transnacionales.

En palabras simples, este acuerdo —firmado originalmente en 1997— crea un territorio que borra los límites fronterizos tradicionales. A través de los llamados Protocolos Adicionales Específicos (PAE), el tratado aplica normas especiales para que las empresas exploten yacimientos conjuntos y coordinen su logística, permitiendo que las compañías operen en las altas cumbres como si ambos países fueran uno solo.

Desde el Ministerio de Minería de Chile confirmaron a Mongabay Latam que el gobierno del presidente José Antonio Kast se ha propuesto reactivar la agenda de trabajo de este acuerdo de 1997, para lo cual retomarán formalmente las sesiones de la Comisión Administradora Binacional el próximo 7 de julio en Buenos Aires.

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De acuerdo con la cartera, el tratado busca facilitar sinergias para proyectos fronterizos aprovechando la experiencia e infraestructura chilena, especialmente entre las regiones de Atacama y Valparaíso (norte y centro del país), lo que abre “la posibilidad concreta de avanzar en colaboración estratégica, en transferencia de conocimiento, apoyo logístico y comercio exterior” para impulsar inversiones que generen empleo local.

Para la sociedad civil y la comunidad científica, este reimpulso es una señal de alerta.

Según el geógrafo argentino Marcelo Giraud, los proyectos de minería binacional enfrentan una colisión inevitable con la naturaleza. Debido a que las vetas de mineral se concentran en las cumbres más altas de los Andes —justo en el límite internacional—, las áreas de concesión suelen incluir y superponerse con glaciares descubiertos (masas de hielo blanco expuesto), cubiertos (capas de hielo protegidas por sedimentos) y de escombros (estructuras de roca mezcladas con hielo subterráneo), además del ambiente periglaciar. Al quedar atrapados dentro del polígono de operación industrial, estos cuerpos quedan directamente expuestos a la destrucción.

Intervenir estas zonas, agrega Constanza Espinosa, directora de la Fundación Glaciares Chilenos, impactaría sobre el suministro básico de agua. “Más del 70 % de la población de Chile se abastece con agua proveniente de glaciares ubicados en la cordillera. En un contexto de crisis climática, estos sistemas funcionan como un seguro hídrico natural”, asegura.

“Un tratado suscrito a fines de los 90, y cuya última modificación fue en 2001, no está en concordancia con los cambios que han ocurrido en los últimos 25 años en materia regulatoria, como tampoco en el territorio mismo”, agrega Flavia Liberona, directora ejecutiva de la ONG chilena Fundación Terram.

¿Qué está en juego en las altas cumbres de los Andes tras la reactivación de este tratado binacional?

Tratado minero: el agua de las cuencas en la balanza

Para los investigadores, lo que se arriesga en la alta cordillera no radica en las líneas divisorias de los mapas, sino en la intervención de un ecosistema clave bajo el suelo. Álvaro Ayala, glaciólogo e investigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), explica que en el norte de Chile y el área de la provincia de San Juan en Argentina, el valor hídrico fundamental se encuentra en estructuras ocultas, como los glaciares de roca y el ambiente periglaciar. Este último corresponde a las áreas de alta montaña donde el suelo permanece congelado —fenómeno conocido como permafrost— y donde el hielo se esconde mezclado con rocas y tierra.

En estas zonas extremas, el entramado subterráneo funciona como un gigantesco regulador hídrico natural, atrapando el agua de las escasas lluvias y nevadas para liberarla gradualmente. “Toda la lluvia y nieve que se derrite y se acumula ahí va quedando en el suelo, se congela debido al clima frío y después se va liberando poco a poco”, detalla Ayala. En periodos normales, su flujo es menor que el de los ríos superficiales, pero su valor se vuelve absoluto en épocas de escasez de agua.

Al respecto, Giraud, quien es integrante de la Asamblea Popular por el Agua (asamblea de vecinos autoconvocados en la provincia de Mendoza por la defensa de los bienes comunes y especialmente del agua) aporta un dato crítico para dimensionar el riesgo: “Varios equipos de investigadores argentinos y chilenos han demostrado que en las regiones áridas andinas, en contexto de megasequía como la registrada a partir de 2010, las reservas estratégicas que constituyen los glaciares y el ambiente periglaciar pueden aportar más del 50 % del caudal de los ríos, amortiguando el impacto negativo de la escasa precipitación”.

Tanto Ayala como Giraud coinciden en decir que intervenir estos cuerpos de agua destruye la “cuenta de ahorro” que entregan los glaciares.

A esta alerta se suma el diagnóstico técnico sobre los impactos de la minería pesada en las altas cumbres. Espinosa, de la Fundación Glaciares Chilenos, detalla que las amenazas van desde la remoción física del suelo y la construcción de infraestructura —que afectan directamente a glaciares y ambientes periglaciares— hasta la intervención de glaciares rocosos, cuerpos que muchas veces son invisibles o poco conocidos en las evaluaciones.

A esto se suma el uso intensivo y la potencial contaminación química del agua, un factor que golpea severamente la calidad y disponibilidad del recurso. Espinosa enfatiza en el impacto del material particulado en suspensión, que al depositarse sobre el hielo cordillerano acelera su proceso de derretimiento. Para la experta, el escenario de crisis climática actual no resiste estas presiones extractivas adicionales, pues los hielos que ya retroceden pueden acelerar su pérdida de cobertura de forma irreversible.

“El riesgo no es solo ambiental, sino también social”, advierte la investigadora, subrayando que estas afectaciones comprometen de manera directa la seguridad hídrica de las comunidades que dependen de estas fuentes de agua.

Dudas en la protección legal

El diputado argentino Esteban Paulón, del Bloque Unidos, advierte que la reactivación del tratado binacional dinamizará capitales privados bajo marcadas diferencias institucionales: “Hay un marco de asimetría entre los requisitos ambientales. El monitoreo, en el caso de Argentina, va a recaer en los gobiernos provinciales, y en el caso de Chile va a seguir en manos del gobierno nacional”.

Esta descentralización del control se volvió crítica tras la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares en Argentina. Giraud explica que la normativa original protegía de forma homogénea a todos los glaciares basándose en criterios científicos unificados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), pero los cambios introducidos permiten ahora a las provincias objetar dicha protección alegando que ciertos cuerpos de hielo podrían no ser una “reserva hídrica estratégica”, un concepto que la ley no define.

“Si un gobierno provincial considerara que no son estratégicos, podría ordenar al Ianiglia que los elimine del Inventario Nacional de Glaciares y permitir allí actividades mineras, hasta incluso destruirlos por completo”, advierte Giraud.

Sin embargo, el alcance real de esta desprotección permanece congelado en los tribunales. Giraud aclara que la modificación a la Ley de Glaciares está siendo impugnada ante los tribunales federales de su país por violar el principio de no regresión en materia ambiental y el derecho a la participación ciudadana consagrados en el Acuerdo de Escazú, además de la consulta previa a los pueblos indígenas del Convenio 169 de la OIT. “Si las acciones judiciales no prosperan, constituirá un pésimo precedente para los ecosistemas existentes dentro del polígono del tratado binacional”, enfatiza el geógrafo.

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La fragmentación burocrática y política que implica la eventual aprobación de la Ley de Glaciares preocupa en el lado chileno. “La reciente aprobación que modificó la Ley de Glaciares podría activar la intención de desarrollar proyectos binacionales utilizando este tratado”, explica Liberona. Sin embargo, advierte que la desprotección es compartida, ya que en Chile no existe una regulación que proteja los glaciares ni los recursos hídricos en alta montaña.

Para la especialista, el tratado genera un escenario donde el control integral de los ecosistemas compartidos se diluye, pues se realizan evaluaciones ambientales por separado y con estándares distintos. “No se tiene una visión integral del impacto que genera el proyecto o de los impactos que se originan en un lado de la frontera cuando la evaluación ocurre en el otro”.

Además, Libarona hace hincapié en que para las comunidades locales esto se traduce en una vulnerabilidad directa, ya que las decisiones e intervenciones físicas en un país impactan la calidad y cantidad de las aguas que fluyen hacia el otro.

¿Vuelve el fantasma de Pascua Lama?

En la frontera de la Región de Atacama, en el norte de Chile, que colinda con la provincia argentina de San Juan, se despliega el proyecto Distrito Vicuña, un gigantesco complejo de proyectos de oro y cobre —que incluye yacimientos como Josemaría, Filo del Sol y Los Helados— controlado por el grupo canadiense Lundin y BHP.

El proyecto asegura en su página web que se emplaza en Chile y en Argentina y, según Giraud, “se encuentra de lleno en el polígono al cual aplica el tratado”. Organizaciones ambientales ya lo catalogan como el “nuevo Pascua Lama”, el emblemático proyecto binacional que terminó clausurado definitivamente por la Justicia chilena tras provocar severos daños ambientales.

Mongabay Latam envió preguntas al equipo de comunicaciones del proyecto, pero hasta la publicación de esta nota la empresa no respondió.

Ayala explica que la excavación remueve y saca a la superficie rocas ricas en metales que naturalmente están escondidas y aisladas bajo el hielo. Al tomar contacto con el oxígeno y el agua, producen drenajes ácidos y procesos geoquímicos que contaminan los ríos, repitiendo el patrón técnico que sepultó a Pascua Lama.

El Distrito Vicuña no se limita a las altas cumbres.

La intención de utilizar a Chile como plataforma logística amenaza directamente a las comunidades de la Región de Atacama con un aumento drástico en el tránsito de camiones de alto tonelaje, uso de maquinaria pesada e infraestructura portuaria para el embarque del mineral extraído en Argentina.

Para Liberona, el impulso gubernamental parece ignorar las lecciones del pasado, arriesgándose a saturar un territorio históricamente golpeado por pasivos mineros: “De materializarse Vicuña, aumentarían las cargas ambientales negativas”, sentencia Liberona.

Frente a este complejo panorama, la comunidad científica insta a un cambio profundo de paradigma que deje atrás la mirada meramente extractivista y empiece a concebir la alta montaña como un ecosistema compartido. Ayala comenta que, si bien la industria puede ver una “lógica en los acuerdos binacionales”, el verdadero desafío de ambos países corre por otra vía.

“Antes de pensar en eso, pongámonos de acuerdo en qué queremos conservar de los Andes visto como unidad”, reflexiona el investigador del CEAZA. Su propuesta apunta a una diplomacia que no solo se siente a firmar tratados de explotación, sino que sea capaz de unificar criterios de protección. “Pensemos qué queremos para la cordillera desde los dos lados, queremos que sea una unidad más integrada”, concluye el científico, abriendo la puerta a que el futuro de las cumbres andinas se defina desde la conservación y no solo desde el mineral.

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En las estepas de la provincia de Santa Cruz, alejada del contacto humano y sometida a bajas temperaturas, habita la gallineta chica (Rallus antarcticus), una misteriosa ave que se creyó extinta durante 40 años.

Al estar refugiada en densos humedales de la Patagonia austral, y por su carácter esquivo, resulta casi inaccesible para los científicos y, por eso, en medio de los alejados parajes, el biólogo Ignacio Roesler se preguntó: ¿cómo saber cuántas hay si casi no se dejan ver?

Con ayuda de la inteligencia artificial se viene construyendo la respuesta. Desde hace dos años, un grupo de científicos argentinos de la Fundación Macá Tobiano y el Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires estudian los cantos de estas aves para identificar a cada individuo.

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Conforme se suman registros sonoros —hechos en campo— se va entrenando el software que distinguirá a los individuos por sus voces. Con ello, los expertos apuntan a conocer la salud de esta enigmática especie que se resiste a la extinción y que hoy está considerada como Vulnerable en la Lista Roja de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

“Como los juncales están tupidos, casi no se la puede ver. Hay que detectarlas casi exclusivamente por el sonido”, cuenta Roesler, director de la Fundación Macá Tobiano.

Se apunta a que el monitoreo masivo de cantos también permita conocer los hábitos, desplazamientos y tiempos de vida de la gallineta chica. A la par, gracias al estudio de la siringe (el órgano vocal de las aves), están construyendo modelos computacionales que recrean los sonidos de la especie y sus posibles variaciones.

Estos trabajos de laboratorio se complementan con las acciones en territorio con ganaderos locales. En la provincia de Santa Cruz se impulsan buenas prácticas de manejo, como cierres y rotación de áreas de pastoreo, para no alterar el hábitat de las gallinetas.

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La enigmática ave que revivió en el sur del mundo

A mediados del siglo XX, había disponibles apenas 20 especímenes de gallineta chica en las colecciones de los museos de historia natural.

Las principales colectas se habían hecho en el siglo XIX, en diversos puntos de la Patagonia, sumando casos excepcionales en Santiago de Chile y la provincia de Buenos Aires. Con los años se tornó más difícil hallarla. Los periodos de tiempo entre capturas se fueron ensanchando, hasta que, en 1959, se la registró por última vez en la provincia de Río Negro. O al menos eso se pensó durante cuatro décadas.

En 1992, en el libro Threatened birds of the Americas: The ICBP/IUCN Red Data Book, la UICN planteó la posible extinción de la gallineta chica debido al tiempo transcurrido sin registros.

Sin embargo, al biólogo argentino Juan Mazar Barnett, que trabajaba en Birdlife International, le hizo ruido esta afirmación. Por las similitudes físicas con la gallineta de Virginia (Rallus limicola), ambas de la familia de los rálidos, dedujo que podrían cantar parecido. Así que tomó algunas grabaciones de la especie norteamericana, que hace migraciones a Centro y Sudamérica, y fue a la Patagonia a buscar a la gallineta chica, el ave que se creía extinta.

Después de pruebas y exploraciones, en enero de 1998, en los bañados del Río Chico, Santa Cruz, detectó cantos similares a las grabaciones que usaba como referencia. En esa ocasión identificó cantos de cuatro ejemplares, logrando ver a uno de ellos entre los juncos. El ave presentaba las características de la gallineta chica y no de la gallineta de Virginia: la parte superior de color beige con rayas gruesas negruzcas; la parte inferior plomiza; el vientre y la cloaca negros, las patas rojas.

Junto con su equipo de trabajo consignó los registros en un artículo donde dio detalles de las vocalizaciones encontradas. El biólogo Ignacio “Kini” Roesler acompañó a Mazar Barnett en sus últimos estudios de la especie.

A pesar de estos trabajos preliminares, la bibliografía sobre la especie sigue siendo escasa y aún con los datos aislados de individuos recolectados en los museos, no es suficiente para establecer patrones de alimentación y reproducción de la gallineta chica.

Por eso, tras el redescubrimiento, Roesler recorrió la zona para saber si existían otros lugares donde aún habitaba la especie. A fines de la primera década de 2000, ya instalado en el área patagónica, empezó a mapear la zona cada año.

Encontró que el área de distribución se había reducido en casi un 80 %. El ave originalmente vivía por toda el área patagónica hasta el sur de Buenos Aires, Argentina, y Santiago, en Chile. Actualmente, sólo quedan gallinetas chicas en la parte más austral de la Patagonia, principalmente en la provincia de Santa Cruz, y por el lado chileno en la región de Magallanes.

“La buena noticia fue que no estaba extinta, sin embargo, está en una situación de conservación bastante complicada”, señala Roesler.

El primer factor de la reducción territorial está vinculado al sobrepastoreo. Durante el siglo XX en la zona se instalaron la mayoría de estancias con ganado vacuno y ovino, pues se aprovechaba la productividad forrajera que les traían los juncales, precisamente el ambiente donde vive la gallineta chica.

En simultáneo, se empezaron a dar liberaciones de visón americano (Neovison vison), un depredador acuático que había sido traído para usar su piel en la industria de la moda. “El momento en que se le pierde el rastro a la gallineta coincide con la llegada de esta especie invasora”, anota Roesler. Su deducción no termina ahí. En el barrido territorial que hizo durante años notó que donde había visón no estaba la gallineta.

A estas amenazas, el científico le agrega las variaciones en los niveles de agua de las cuencas que se están dando por el cambio climático, lo cual impacta directamente en los pequeños pantanos donde mora esta ave.

Esta combinación de factores empujó a la gallineta a lugares menos accesibles y recónditos. Por su volumen, apenas 20 centímetros de altura y 60 gramos de peso, resulta difícil de observar entre los humedales donde se refugia. Tímida, apenas sale a alimentarse en las orillas de la vegetación al inicio y final del día.

“Es una especie muy difícil de observar y capturar. Está en lugares remotos. Son ambientes extremos, tanto por lo climático como por lo logístico”, dice Roesler.

En sus recorridos, hubo varios días en los que no pudo ver un ejemplar, así que el científico recurría a su oído. Cuando los binoculares no alcanzan a distinguir a las gallinetas camufladas entre juncos de dos metros, se sabe que están ahí por sus cantos. Pero, ¿cuántas cantan? ¿Es solo una, son dos o son diez? Roesler, de tanto oír sin poder verlas, comprendió que la clave estaba en los cantos.

Desde 2024, a la tarea de Roesler se unieron también el biólogo Juan Krapovickas y el físico Gabriel Mindlin, especialista en el estudio de la vocalización de las aves, que hoy son los encargados de hacer realidad la detección de huellas sonoras. La investigación forma parte de la tesis doctoral de Krapovickas en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y se desarrolla en la Fundación Bariloche.

En una línea similar de trabajo, Mindlin tenía experiencia estudiando poblaciones del cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) y recreando cantos perdidos del chingolo (Zonotrichia capensis). La esquiva gallineta chica aparecía como una especie ideal para aplicar esos conocimientos. “Aunque nosotros dijimos: ‘Vayamos un paso más allá, no sólo queremos identificar las poblaciones, queremos identificar a cada uno de los individuos’”, refiere Roesler.

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La IA como aliada de conservación

Antes de buscar los grabadores instalados en los valles de la estancia La Angostura, ubicada en la parte central de la provincia de Santa Cruz, Juan Krapovickas mira la cuadrícula que indica las zonas donde hay gallinetas chicas. En esa amplia estepa, de más de 100 hectáreas, la grilla elaborada a inicios de 2025 es la guía para evitar caminar a ciegas.

Cuando Krapovickas llegó al terreno, con un equipo de tres personas, partieron los juncales en celdas de 150 por 150 metros. Luego recorrieron cada cuadrado con un parlante en mano aplicando la técnica del playback, es decir, reproduciendo cantos de gallineta para estimular respuestas. Conforme obtenían devoluciones, iban marcando en la cuadrícula los territorios activos.

En esos puntos señalados es donde colocaron los micrófonos automáticos —diseñados por el Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA)— para registrar los cantos de las gallinetas. Por estas mismas zonas, pasan también con micrófonos parabólicos para reforzar la captura de sonidos.

En la temporada de primavera y verano, cada cinco días rotan los grabadores a otros puntos marcados para cubrir la mayor extensión posible y buscar variabilidad vocal. “Necesitamos muchos cantos de gallinetas para entrenar a las redes neuronales, que son modelos de IA”, señala Krapovickas.

El primer objetivo de su tesis doctoral es lograr el reconocimiento individual a partir del estudio de los cantos. Sin la computadora esto no sería posible. Las gallinetas se comunican a través de llamadas muy cortas, cuyas diferencias son sutiles e imperceptibles para el oído humano.

“De la misma manera que la policía usa tecnología para reconocer la voz de personas en llamadas telefónicas, esa misma tecnología se usa para identificar individuos de aves”, explica el biólogo.

Para reconocer a cada gallineta se analizan los sonogramas, que son representaciones visuales del canto. En las computadoras, cada registro sonoro es convertido en gráficos que muestran la frecuencia, intensidad y tiempo. Al compararlos con otros van apareciendo las sutiles diferencias.

Gabriel Mindlin, quien además es director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la UBA, encabeza esa búsqueda minuciosa porque no es la primera vez que estudia cantos de aves. Su investigación previa con el cardenal amarillo fue un precedente importante para la actual investigación. “En ese trabajo reportamos que era posible entrenar redes razonablemente pequeñas para que pudieran distinguir individuos”, cuenta.

El físico, quien junto a Roesler codirige la tesis de Krapovickas, destaca que estas técnicas no resultan invasivas para especies amenazadas y esquivas, pues en lugar de montar costosas expediciones grupales en territorios agrestes para hacer capturas y colocar anillos, la identificación por IA “resulta una alternativa tecnológica ideal para monitorear esta especie que vive escondida”, anota Mindlin.

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Física y Biología unidas por la gallineta

En las grabaciones que llegan al laboratorio de la UBA también se cuelan cantos de aves nativas de la zona como la becasina magallánica (Gallinago magellanica) o el varillero ala amarilla (Agelasticus thilius). El primer filtro tecnológico consiste en separar sólo los sonidos que corresponden a la gallineta chica. Mindlin refiere que este proceso se resuelve de forma sencilla, ya que las redes usadas en ornitología están entrenadas para separar automáticamente los cantos por especies.

El siguiente paso es la identificación individual, precisamente lo que vienen construyendo en el laboratorio. Según Mindlin, a diferencia de una compleja identificación manual de cada sonograma, la IA puede clasificar varios ejemplares a través de un monitoreo masivo de datos.

Para ello, un investigador ingresará las marcas que caracterizan el canto de una gallineta y, en base a eso, la red neuronal buscará las características comunes, pero también las diferencias en las grabaciones registradas en campo. “A partir de esta individualización se podrá identificar también el número de ejemplares de gallinetas chicas que hay en dicha zona”, apunta Mindlin.

Conocer cuántos ejemplares contestan a los sonidos proyectados por los científicos no sólo permite estimar un número poblacional, sino que abre la puerta a nueva información. “Es súper poderoso, porque si esas gallinetas que nos contestaron un día en Santa Cruz, las volvemos a grabar en San Martín de los Andes, o en años siguientes, nos estarán hablando de sus historias de vida. Vamos a saber hacia dónde migran, cuántos años viven”, asegura Krapovickas.

Los científicos están enfocados en obtener la información más detallada posible. Mindlin sospechaba que la presencia de frecuencias distintas en el canto bisilábico (“qui-di”) de la gallineta chica se debía a una siringe asimétrica, es decir, las membranas y músculos de un lado del órgano vocal son diferentes a los del otro, como era el caso de la paloma maculosa (Patagioenas maculosa). La única forma de comprobarlo era analizando un ejemplar. ¿Pero cómo encontrarían un cuerpo disponible?

Mientras diseñaban los algoritmos para el estudio de los cantos en 2025, un par de llamadas alteraron las rutinas de trabajo de Mindlin, Roesler y Krapovickas: les informaron que aparecieron dos gallinetas muertas. Una había sido encontrada en la provincia de San Luis —un registro excepcional, ya que se encuentra muy distante del área de distribución— y la otra en un humedal costero de Santa Cruz.

Por el tipo de heridas, se presume que habrían muerto por choques producidos durante sus vuelos nocturnos al confundir las luces de la ciudad con reflejos de agua. Ambos cuerpos fueron enviados al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de Buenos Aires.

Al tenerlas enfrente, Juan Krapovickas entendió que era una oportunidad única para comprender el comportamiento vocal: por fin conocerían la anatomía de la siringe.

Con el fotógrafo Gonzalo Pardo registraron el pequeño órgano (que no supera los seis milímetros en estas aves) y las imágenes corroboraron la asimetría de la siringe. Esa particularidad es la que complejiza la estructura de los cantos.

A partir de este hallazgo, que les dio información de la física del sonido, los investigadores trabajan en modelos matemáticos que generen cantos artificiales y a la vez les permitan conocer mejor las variaciones. “Parece ciencia ficción”, dice Roesler, quien desde el campo sigue con detenimiento los avances de sus colegas en los laboratorios.

En 2025 se dedicaron a la recolección de cantos, a generar datos preliminares y algoritmos que permitan entrenar a las redes neuronales. En este año continuarán con el acopio de grabaciones y realizarán las primeras mediciones masivas de vocalizaciones. Con la información resultante buscarán identificar historias de individuos que les permitan presentar los resultados del proyecto en 2027. 

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Hábitat seguro

Cada año, cerca de 1500 turistas tocan las puertas de la estancia La Angostura. La mitad de ellos llegan a ese punto austral con una misión clara: ver a la gallineta chica y al macá tobiano (Podiceps gallardoi), dos especies amenazadas que en Argentina sólo viven en esta región.

En este predio ganadero —a 2400 kilómetros de Buenos Aires—, en 1998, Juan Mazar Barnett redescubrió a la gallineta tras 40 años sin registros. Ese hecho fue un punto de quiebre para la dinámica de la estancia. En los años siguientes se fue tornando habitual ver, entre vacas y ovejas, no sólo a productores y operarios de campo, sino también a biólogos y veterinarios que buscaban y estudiaban especies.

De hecho, el equipo de la Fundación Macá Tobiano recorre los campos para monitorear especies o instalar y retirar parlantes, micrófonos y cámaras trampa. En las últimas dos décadas, a la presencia científica se sumaron las visitas de observadores de aves.

“Generamos con la Fundación un proyecto ganadero sustentable, en cuanto a lo económico y también en cuanto a lo ambiental”, dice José Eceiza, administrador de la estancia. En La Angostura hoy conviven la producción, el ecoturismo y la conservación.

Durante la temporada reproductiva de las gallinetas, entre septiembre y enero, la estancia coloca alambre perimetral para clausurar 100 hectáreas de campo donde habita la especie. Esta medida, coordinada con Ignacio Roesler y su equipo, permite que las aves pongan sus huevos y nazcan los pichones sin riesgos de ser pisoteados o desplazados entre los juncales. Asimismo, al evitar estos disturbios, los monitoreos de cantos no sufren interrupciones.

“Las gallinetas están en nuestros mejores terrenos del campo”, remarca Eceiza. En ese periodo las vacas y ovejas se mueven a otra zona para alimentarse. Pasado el verano, los forrajes en la zona restringida están altos y nuevamente disponibles para alimentar al ganado.

Los turistas suelen hospedarse por tres días para recorrer los circuitos de la gallineta chica y el macá tobiano que les ofrecen los anfitriones. Valentín Soto guía las cabalgatas hacia los humedales y las pequeñas lagunas donde se puede ver a la gallineta y refiere que muchos turistas llegan informados sobre las condiciones de la especie. A los que llegan sin conocimientos se les describe la situación de amenaza y las tareas de conservación. “Trabajamos apoyando a la Fundación Macá Tobiano. Queremos que la apuesta por la conservación sea grande”, apunta.

Sus ojos están entrenados para detectar a esta enigmática ave. Y esa habilidad no es cualquier cosa, pues en la misma estancia hay trabajadores que nunca la han visto. Soto asegura que la clave está en los hábitos: “Es difícil de ver, pero no imposible. Los mejores horarios son bien temprano, alrededor de las 6 AM, o cuando cae la tarde, a las 7 PM. Son los ratos en que salen a tomar agua”.

La irregularidad de los periodos de lluvias y nevadas en la provincia de Santa Cruz se compensa con la generación de canales de riego de agua extraída del río Chico. “Con esto contribuimos al buen estado de los juncales y también se favorecieron nuestros campos, porque tenemos un poco más de agua de lo que habría sin la intervención humana”, señala Eceiza.

Sólo en la estancia La Angostura los visitantes saben que tienen garantizados los cantos de las gallinetas chicas. Las escucharán aunque casi no las puedan ver. Ignacio Roesler espera replicar esta experiencia con otros ganaderos de terrenos donde la gallineta chica haya decidido poner sus nidos. “La idea es extender este interesante trabajo de manejo de la especie que a la vez es compatible con los intereses y necesidades de los ganaderos”.

El artículo original fue publicado por Oscar Bermeo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 8 de marzo de 2023, María Isabel Speratti Aquino participó de la marcha por el Día de la Mujer en Buenos Aires. Marchó por todas y marchó por ella, que desde 2021 recorría juzgados y fiscalías en Cañuelas para reclamar que el sistema judicial entendiera lo que le pasaba: su exmarido, Gabriel Alejandro Núñez, había querido estrangularla y su vida corría peligro. El juez Martín Miguel Rizzo caratuló la causa como “lesiones leves” algo que en los hechos fue un intento de femicidio. Ocho días después de esa marcha, el jueves 16 de marzo, a las 7:30 de la mañana, cuando María salía de su casa para llevar a sus hijos a la escuela, Núñez le disparó tres tiros en la cabeza. ¿En qué momento del proceso el sistema le falló a María?

Los datos muestran que la mayoría de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia no llegan a denunciar. Según la Encuesta de Prevalencia (aplicada con el apoyo de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea, en 2022) el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia por parte de su pareja actual o anterior, pero sólo una de cada cuatro buscó ayuda o denunció. De las 228 víctimas de femicidio registradas en 2024, se sabe que el 18% había realizado una denuncia previa; menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes al momento del hecho.

Durante dos años y medio, María recorrió la Fiscalía 1 de Cañuelas, el Juzgado de Paz, el Juzgado de Garantías N° 8 y la policía. Presentó denuncias, aportó lo que tenía, insistió. El juez Rizzo le prometió conseguirle un abogado de oficio porque María no tenía medios para pagar uno. Mientras tanto, su agresor contaba con representación legal. Es en esa asimetría, una mujer sola en el laberinto judicial frente a un hombre con abogado, que se condensa el verdadero problema estructural: el sistema muchas veces le falla a quienes buscan ayuda. 

Las razones para no denunciar son conocidas y fueron documentadas por ELA a lo largo de veinte años de investigación: barreras económicas y falta de patrocinio jurídico gratuito –como sucedió con María–; falta de información; sesgos de género de los operadores judiciales que minimizan los testimonios; revictimización institucional; y procesos que se extienden por años sin resolución. A esto se suma un factor que el sistema judicial no suele considerar: los daños emocionales y psicológicos profundos dificultan la denuncia inmediata. El miedo, la culpa, la vergüenza, la dependencia económica o emocional y la autoprotección psicológica retrasan o impiden que lleguen a denunciar. Los tiempos de las víctimas son, muchas veces, incomprendidos por un sistema que tiende a considerar tardías o inconsistentes las denuncias realizadas fuera del “tiempo procesal esperado”.

En estos días, mientras un Estado nacional indolente abandona a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia a su suerte, otro caso vuelve a poner en discusión cómo la justicia interpreta la violencia de género. La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver el caso de Julieta González, asesinada en Mendoza en 2016. Su crimen tuvo una primera condena por homicidio simple. Luego, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revisó esa decisión y condenó a Andrés Di Césare a prisión perpetua por femicidio, al considerar que en este caso hubo violencia de género. Esa calificación fue confirmada en dos instancias provinciales.

Ahora, la Corte Suprema de la Nación debe decidir si mantiene esa interpretación o si vuelve atrás. La discusión no es menor ni técnica en un sentido abstracto. Lo que está en juego es cómo se entiende el concepto de femicidio, qué significa una relación desigual de poder y si la violencia de género sólo puede reconocerse cuando hay una relación afectiva formal o antecedentes previos reiterados o notorios.

Las decisiones judiciales no sólo resuelven casos individuales: también marcan criterios, envían señales y orientan el modo en que otros tribunales van a tratar hechos similares. Pero más aún, una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación construye sentido, aporta argumentos, refuerza acuerdos alcanzados… o los desconoce. Reconocer que no todos los asesinatos de mujeres son iguales sino que hay casos en los que se trata de un femicidio es comprender que algunas violencias ocurren en contextos de desigualdad y que no solo deben ser analizados por la justicia con herramientas adecuadas, sino que además es responsabilidad del Estado prevenirlos acompañando a las mujeres, en lugar de dejarlas solas en el laberinto de la justicia. Esa asistencia, ese acompañamiento, no estuvo allí para María Speratti, aun cuando recorrió las oficinas pidiendo ayuda. 

La presunción de inocencia

En los últimos meses, a raíz del proyecto de ley presentado por la senadora Carolina Losada, que busca aumentar las penas para falsas denuncias en casos de violencia de género, volvió a instalarse una idea peligrosa: que los estándares de valoración de la prueba en casos de violencia de género habrían “invertido” la presunción de inocencia. Ese argumento es jurídicamente incorrecto. La presunción de inocencia rige en todo proceso penal porque ninguna condena puede dictarse sin prueba y se mantiene hasta que exista sentencia firme. 

El problema es la presunción de falsedad que pesa sobre las mujeres que denuncian, y que cuando ese sesgo atraviesa a los operadores judiciales, cuesta vidas. 

En marzo de 2026, el Comité CEDAW de Naciones Unidas resolvió un caso contra el Estado argentino (comunicación núm. 175/2021) que describe este problema. G.M.H. había denunciado a su agresor. Los funcionarios que intervinieron minimizaron su denuncia basándose en estereotipos que cuestionaban la veracidad de las mujeres en casos de violencia de género, priorizaron la versión del agresor y calificaron los hechos como un daño a la propiedad. Esa inacción, motivada por prejuicios, permitió que el agresor la asesinara. El Comité fue categórico: la desestimación de las denuncias realizadas a tiempo constituye una violación de los derechos humanos que puede culminar en femicidio. Dudar del relato de las mujeres, bajo el fantasma de que exageran o realizan “falsas denuncias”, tiene costos irreparables.

Por eso, en sus observaciones finales (CEDAW/C/ARG/CO/8) publicadas el 23 de febrero de este año, el Comité de Naciones Unidas se pronunció respecto a las regresiones normativas, institucionales y presupuestarias que afectan la vida de mujeres, niñas y adolescentes. 

Las barreras reales

El acceso a la justicia no depende únicamente de que exista una ventanilla para hacer una denuncia. Requiere información clara, patrocinio jurídico, medidas de protección oportunas, investigación seria, operadores capacitados, articulación entre instituciones y decisiones judiciales que comprendan el contexto en el que ocurren las violencias.

Cada poder del Estado tiene una responsabilidad. El Poder Ejecutivo debe garantizar políticas de prevención, asistencia y protección. El Poder Legislativo debe evitar normas que generen retrocesos o desalienten la búsqueda de ayuda. El Poder Judicial debe investigar con debida diligencia y decidir sin prejuicios, con evidencia y sin estereotipos.

Cuando alguno de esos eslabones falla, la respuesta estatal llega tarde o no llega, y el caso de María Isabel Speratti Aquino es la prueba de eso, cuando un intento de femicidio se caratula como “lesiones leves” o una mujer debe esperar meses un abogado, el Estado pone más barreras en lugar de derribar las que ya existen.

Fortalecer el acceso a la justicia significa construir instituciones capaces de escuchar, investigar, proteger y decidir con responsabilidad. 

NG/MG

En la Patagonia argentina, el Canal Beagle vive más a menudo momentos espectaculares: las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) regresaron en los últimos años a este corredor marítimo para realizar un asombroso evento natural. Luego de una serie de políticas de conservación, esta especie marina mostró un incremento poblacional en el sur argentino restableciendo antiguas rutas en sus migraciones y recuperando antiguas áreas de alimentación.

Un estudio colaborativo realizado por el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic), dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, junto a las fundaciones WCS Argentina y Compromiso Onashaga, mostró que durante 2025 se identificaron 22 ballenas en la zona del Canal Beagle, de las cuales 17 fueron registradas por primera vez. Desde 2013 hasta el año pasado, el total de ejemplares reconocidos asciende a 208 individuos, un número que confirma un crecimiento sostenido en la zona al menos desde 2018, aseguraron las expertas consultadas.

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Detrás de esas cifras hay historias que sobresalen. Buddha es una ballena jorobada que no se veía desde 2021 y regresó al Canal Beagle, algo que los científicos califican como “altamente positivo”. También está Shima, una ballena que lleva visitando estas aguas patagónicas ocho años consecutivos. Este caso se destaca como la más fiel al canal entre las ballenas jorobadas registradas.

Natalia Dellabianca, bióloga y científica del Laboratorio de Investigaciones en Mamíferos Marinos Australes del Cadic-Conicet e investigadora asociada a WCS Argentina, explicó a Mongabay Latam que desde hace una década existe un proyecto de ciencia ciudadana vinculado a la ballena jorobada y su identificación.

“Todo es gracias a las fotos que nos mandan las tripulaciones que visitan el canal y los mismo turistas. Ahora, lo que está pasando en el canal es que las ballenas están volviendo a antiguas áreas de alimentación”, afirmó Dellabianca.

El Canal Beagle es un sitio de alimentación ideal para las ballenas jorobadas. Esta especie es cosmopolita y frecuente en zonas costeras y de plataforma de todos los océanos. En Sudamérica realiza migraciones desde las áreas de alimentación estivales, en aguas australes templadas y frías, hacia las áreas de reproducción invernales, en mares tropicales y subtropicales. En el Canal Beagle su presencia ha sido reportada desde 1979 y fue incrementándose a partir de la década de 1990, pero fue a partir de 2018 que se notó un crecimiento sostenido.

Uno de los factores que podría explicar el regreso de las ballenas jorobadas está relacionado con la recuperación de las poblaciones de cetáceos en todo el mundo. Tras décadas de prohibición de la caza comercial, diferentes especies comenzaron a recuperarse gradualmente y a recolonizar antiguos sitios de alimentación, como este canal central en la biodiversidad marina del sur del continente.

Un espacio vital para las ballenas

Ese proceso también está repercutiendo en el extremo sur argentino. Los investigadores recuerdan que el Canal Beagle fue históricamente un espacio importante para estos animales. Antes de la era de la caza industrial de ballenas, la región funcionaba como una zona habitual de alimentación para distintas especies.

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La disponibilidad de alimento también juega un papel determinante en esta dinámica. En las aguas australes, los cetáceos encuentran abundantes recursos que sostienen su presencia durante varios meses del año. “Acá hay comida y por eso los animales están en esta zona. Se alimentan principalmente de langostilla y de sardina fueguina”, indicó Dellabianca.

Actualmente se cuenta con un catálogo de fotoidentificación de los ejemplares que llegan a la zona del Canal Beagle. Es el resultado de un esfuerzo de científicos y más de 500 colaboradores que forman parte del proyecto de ciencia ciudadana Jorobadas del Beagle. La idea de armar este catálogo surgió en 2013, con el objetivo de conocer más sobre los hábitos migratorios de las ballenas jorobadas. Así, se desarrolló un sistema de identificación visual a partir de las marcas únicas que presenta la aleta caudal de cada ejemplar.

El catálogo se actualizó en varias ediciones. Cada uno de los ejemplares registrados recibe un nombre elegido por la persona que aportó el primer registro fotográfico. En esta iniciativa se integran los registros fotográficos y fílmicos obtenidos por ciudadanos del lugar, capitanes de barcos, guías turísticos, fotógrafos y turistas que visitan la zona. Luego se suman los relevamientos sistemáticos que realizan las investigadoras.

Solange Fermepin, gerente de Conservación Costera Marina de WCS Argentina, explicó a Mongabay Latam que la ballena jorobada enfrenta amenazas como la colisión con embarcaciones, la contaminación sonora y los desechos en los océanos, los enmalles en redes pesqueras, la pesca ilegal y los impactos del cambio climático.

La experta detalló que este catálogo de fotoidentificación tiene muchas implicancias. Por una parte -dijo-, aporta información biológica clave sobre las ballenas jorobadas en una zona donde su presencia no era frecuente. Sin embargo, gracias a este proyecto, se registró un aumento constante en el número de esta especie que visitan el Canal Beagle.

La investigadora añadió que las ballenas jorobadas realizan migraciones extensas entre sus zonas de alimentación en aguas frías del sur y sus áreas de reproducción en mares tropicales. En este contexto, dijo que el Canal Beagle se consolida como un sitio fundamental para su alimentación durante el verano.

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Según Dellabianca, los investigadores observaron que el comportamiento de estos animales presenta cierta regularidad en el calendario. “En el caso de la ballena jorobada, que es la que venimos estudiando más regularmente desde 2013, sabemos que a partir de febrero normalmente tenemos una presencia permanente de la especie. Si bien puede haber avistajes desde noviembre hasta agosto en algunos casos, a partir de febrero y hasta junio normalmente tenemos presencia permanente de la especie”, explicó.

Paso a paso para el retorno

Para la comunidad científica de Ushuaia, capital de la provincia argentina de Tierra del Fuego, la más austral del país, este auge representa una oportunidad de estudio que siguen desde hace varios años y esperan continuar.

Este regreso de las ballenas jorobadas también trae desafíos. Con el aumento de esta especie en zonas de tráfico marítimo, las autoridades y científicos remarcan la importancia de respetar protocolos de avistaje: mantener la distancia, no perseguirlas y reducir la velocidad de navegación para evitar colisiones.

“El ingreso creciente de ballenas al Beagle conlleva un aumento en la interacción entre estos animales y las embarcaciones. A esto se suma el incremento del tráfico marítimo dentro del canal asociado al crecimiento turístico, en especial por los viajes hacia la Antártida. Si bien el canal es un corredor natural que conecta el Pacífico y el Atlántico, es angosto y esto intensifica la probabilidad de encuentros entre las embarcaciones y ballenas”, detalló Dellabianca.

Desde el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) resaltaron que “resulta necesario revisar y fortalecer pautas de navegación, como las velocidades de entrada y salida de los buques y las distancias de acercamiento para el avistaje de ballenas, a fin de minimizar el riesgo de colisiones”.

El regreso de las ballenas jorobadas al Canal Beagle trae un mensaje alentador, según Fermipin: cuando se da un paso atrás en la explotación y la caza, la vida silvestre recupera su lugar con fuerza y obliga a contemplar nuevas pautas de convivencia para disfrutar un fenómeno natural que ahora tiene muchos desafíos, entre ellos implementar una política de conservación para que estos cetáceos se queden en el lugar.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La inteligencia artificial (IA) es protagonista constante de debates y polémicas sobre los usos que las personas puedan darle, pero en lo que sí parece haber un consenso es en que llegó para quedarse. El lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 fue un punto de inflexión en el tema porque eliminó la necesidad de saber programar y, por primera vez, cualquier persona podía interactuar con la IA simplemente escribiendo en su idioma nativo, como si hablara con otra persona. Su uso se expandió rápidamente y cientos de herramientas de IA empezaron a surgir.

La ecología y la conservación no fueron la excepción. El uso creciente de la tecnología, como las cámaras trampa y la bioacústica, ya ayudaba a los científicos a monitorear bosques, seguir especies, y elaborar programas y proyectos para la protección de la biodiversidad. Sin embargo, el gran volumen de información requería de un intenso trabajo por parte de los investigadores para procesarla.

En otras palabras, se generaba un cuello de botella en el que se obtenían datos en poco tiempo, pero las conclusiones sobre esos datos podían tomar meses e incluso años. Fue precisamente ahí donde la inteligencia artificial empezó a ganarse un espacio.

“El gran paso adelante de la IA no es que identifiquemos aves —los expertos también identifican aves—. Lo interesante con la IA es que nos permite hacer 100 o 1000 veces más procesamiento de datos que antes. Esa es la cosa crítica”, asegura Jörg Müller, profesor de Ecología Animal y Biología Tropical de la Universidad Julius-Maximilians de Würzburg (Alemania) y subdirector del Parque Nacional Bosque Bávaro.

En América Latina ya existen proyectos que han obtenido resultados que hace unos años parecían imposibles de lograr. En Argentina, biólogos y físicos trabajan de la mano para grabar y procesar los cantos de un ave esquiva que se creyó extinta durante 40 años y así conocer más sobre su comportamiento y sus movimientos. En Ecuador, un proyecto científico detecta en tiempo real los sonidos de las motosierras y los disparos para que dos comunidades indígenas kichwa puedan proteger su territorio en la Amazonía. En Colombia, una investigadora se alió con una institución pública para sobrevolar un páramo calcinado y al procesar los videos de dron reconocer cuántos frailejones murieron y cuántos sobrevivieron.

El Instituto Smithsonian trabaja contrarreloj en Panamá para describir la gran variedad de insectos que habita en la isla de Barro Colorado antes de que se extingan, mientras que científicos tratan de identificar por sus manchas a cada jaguar que habita en la Reserva Nacional Tambopata en Perú y un proyecto innovador en Costa Rica clasificó con precisión y devolvió a los océanos más de una tonelada de conchas que los turistas intentaban sacar ilegalmente del país.

Estos son sólo algunos de los casos de éxito que Mongabay Latam presenta en este especial periodístico donde la IA se ha convertido en una aliada para conservar la biodiversidad.

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Procesando datos a gran velocidad

“Instalamos cámaras hace 20 o 25 años, cuando tenían rollo. La tecnología de las cámaras evolucionó, son digitales, las puedes dejar cuatro meses en el campo y ahora instalamos hasta 200 cámaras. Tienes muchas más imágenes que antes y necesitas inteligencia artificial para procesar toda esa cantidad. En un muestreo, fácil te salen 500 000 imágenes”, dice Mathias Tobler, investigador del San Diego Zoo Wildlife Alliance en Tambopata, Perú.

De hecho, un artículo publicado en la revista Biología Futura en 2024 ya mencionaba que la inteligencia artificial, especialmente el deep learning —que utiliza redes neuronales artificiales para imitar el aprendizaje humano, permitiendo que las computadoras procesen datos complejos, reconozcan patrones y realicen tareas de forma autónoma—, ya es muy relevante para la conservación de la biodiversidad porque ayuda a procesar enormes volúmenes de datos que antes eran demasiado lentos de analizar manualmente. Es por esto que la IA está pasando de ser una herramienta experimental a una infraestructura central para monitoreo, predicción y priorización de acciones de conservación.

Con el paso de los años, la IA está pasando, efectivamente, de un rol secundario a uno central en la conservación. Luego de que un voraz incendio consumiera más de 300 hectáreas del páramo de Berlín, en Santander (Colombia), la investigadora Paula Uzcátegui utilizó drones para sobrevolar el área y con el uso de la IA estimó qué tanto afectó el fuego a los frailejones de la zona, una tarea que a escala manual sería supremamente lenta.

“Desde los drones se pueden ver patrones a una escala a la que antes tú no podías ver. Puedes ver patrones a nivel de cientos de hectáreas y también puedes tener datos de miles de individuos [frailejones]”, comenta Uzcátegui. “La mortalidad la determinamos a partir de la información multiespectral del sensor. No teníamos que ir al lugar para saber si los frailejones estaban vivos o muertos, sino que se veía por el sensor”, agrega.

El procesamiento de imágenes de cámaras trampa y satélites para detectar fauna o cambios en la cobertura forestal es uno de los principales desarrollos de la IA en el campo de la conservación, pero no es el único. El artículo menciona también el análisis de bioacústica y textos, por ejemplo para reconocer cantos de aves o extraer observaciones de redes sociales. También hay sistemas híbridos más eficientes, como el active learning —subcampo del aprendizaje automático donde el algoritmo elige inteligentemente qué datos necesita aprender en lugar de procesar grandes cantidades de información de forma pasiva—, que reducen el trabajo de etiquetado y clasificación humana casi por completo en algunos casos.

Aunque la IA está cada vez más presente en los proyectos, aún no se ha desarrollado todo su potencial. Jorge Ahumada es gerente de conservación en WildMon, una ONG dedicada al monitoreo de biodiversidad y conservación de ecosistemas mediante herramientas de IA, y director ejecutivo de Wildlife Insights, una plataforma global basada en la nube que con IA ayuda a gestionar, analizar y compartir fotos y datos de cámaras trampa para la conservación de la fauna. Según dice, el campo de la IA en conservación “está ahora comenzando”.

“El mayor uso lo veo en tratar de desembotellar el procesamiento de la información básica, mientras que los ecólogos se encargan de los análisis más grandes, ya que llevan muchos años enfocados en métodos para trabajar con la biodiversidad. Yo veo que hay un potencial muy grande para automatizar muchas cosas”, asegura Ahumada.

Muchos científicos están convencidos de esto. Gabriel Mindlin, director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires, asegura que “la inteligencia artificial va a modificar dramáticamente los esfuerzos de conservación porque va a incorporar un montón de herramientas que permitirán procesamientos masivos de datos cuantitativos para su posterior manejo por parte de expertos”.

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El control sigue siendo humano

“La tecnología CNN [Red Neuronal Convolucional en español] actual es capaz de alcanzar más del 90 % de la precisión humana en la identificación de especies en imágenes de cámaras trampa”, indica el artículo publicado en la revista Biología Futura. Sin embargo, reconoce que para llegar a ese éxito se depende de una gran inversión previa de trabajo humano, pues se deben tener identificadas las especies para que el modelo pueda aprender.

Los expertos enfatizan en que no se trata de reemplazar a los científicos —es más, consideran que es muy poco probable que esto ocurra— sino que puedan dedicarse a asuntos de fondo al ahorrarles tiempo en trabajo repetitivo y hasta operativo. Jorge Ahumada afirma que el valor de un científico radica en responder preguntas mucho más complejas que suceden en los sistemas naturales y la inteligencia artificial aún está muy lejos de eso.

Por ejemplo, una de las preocupaciones de Maxim Larrivée, director del Insectario de Montreal, Canadá, es que los insectos están extinguiéndose a gran velocidad y aún se desconoce el nombre de muchos de ellos. En este momento, dice, existen algoritmos de IA capaces de identificar insectos y nombrarlos, pero sólo pueden hacerlo con las especies que conocen. “Lo que hicimos fue dar vuelta al guión y entrenamos a un algoritmo para reconocer insectos —mariposas nocturnas, en este caso— que nunca había visto. De modo que es capaz de decir: ‘nunca he visto esto, pero se parece mucho a algo que conozco’, y eso ayuda a acotar qué es esta nueva especie y con qué está asociada”.

Para Larrivée, esto es un avance importante porque “todos estos insectos existen allá afuera en el neotrópico y en los trópicos del mundo, pero no tienen nombre porque no tenemos el ‘ancho de banda’ humano para describirlos y catalogarlos”.

Pero no solo se trata de procesamiento y análisis de imágenes, sino también de sonidos. “Con los audios nos ha tomado más tiempo, pero ya empezamos a ver resultados. Tenemos la información, pero siempre hace falta una validación humana. Igual que con las imágenes de cámaras trampa, los audios tienen que pasar por un humano que confirme lo que dice la inteligencia artificial”, comenta David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco en Ecuador, sobre el trabajo que realizan en la Amazonía para detectar, por sonido, diferentes especies de animales y amenazas como motosierras y disparos.

En Argentina, la IA también permitió que un grupo de científicos conociera más sobre la enigmática gallineta chica (Rallus antarcticus). Como esta ave es muy difícil de observar, sólo a través de sus sonidos pudieron detectar los sitios de la Patagonia donde aún habita.

Pero no se conformaron con esto: “Lo que se hace bastante es identificar especies por su canto, usando redes neuronales. Lo que estamos haciendo es ir un paso más allá y decir: ‘bueno, no sólo queremos identificar qué especie está cantando, sino qué individuo de esa especie está cantando’”.

Estas experiencias de conservación se sustentan en un concepto que aparece cada vez con mayor frecuencia en estudios sobre inteligencia artificial: human in the loop, mediante el cual los expertos participan proporcionando retroalimentación y evaluando las respuestas del sistema durante el entrenamiento del modelo, lo cual es esencial para limitar sesgos y alucinaciones. La IA trabaja a gran escala y reduce esfuerzo, pero el humano conserva el control en las etapas críticas.

“Mi postura definitivamente es: necesitamos a los expertos más que nunca, y todas las nuevas técnicas, desde el metabarcoding [técnica genética que identifica a la vez a todas las especies presentes en una muestra compleja, como agua o tierra] hasta la acústica, necesitan a los expertos urgentemente”, afirma el profesor Jörg Müller.

Yolanda Camacho, bióloga de la Universidad de Costa Rica, asegura que su experiencia utilizando la inteligencia artificial —para clasificar las conchas marinas que se iban a devolver a las playas costarricenses— le permitió comprobar el enorme potencial de esta herramienta para apoyar programas de conservación ambiental. “A mí sola me hubiera tomado mucho tiempo clasificar las conchas, hubiera tenido que pedir hasta seis meses sabáticos para completar la tarea”, dice Camacho, pero agrega que la IA no reemplaza el conocimiento y el trabajo de campo de años de un científico, pues su precisión depende completamente de la calidad de datos con los que se entrena el algoritmo. “Como taxónoma tenía que estar constantemente validando lo que la aplicación estaba mostrando. Si los datos son malos, la respuesta va a ser errónea”.

La premisa para Jorge Ahumada es simple: “no le vamos a creer a la inteligencia artificial todo lo que nos dice. Hay que verificar los datos”. Y esa verificación está en manos de los investigadores.

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El impacto ambiental y otros retos de la IA

El boom de la IA en conservación ha traído expectativas pero también preocupaciones. Por ejemplo, la industria de los centros de datos quiere construir nuevas instalaciones en la Latinoamérica a toda velocidad, prometiendo inversión, empleo y crecimiento para los países. Sin embargo, las comunidades vecinas a esos centros han mostrado varias preocupaciones, entre las que destacan menos agua y cortes de energía, como lo mostró el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en una investigación de 2025.

Las empresas tecnológicas que utilizan agua para el funcionamiento y la refrigeración de estos centros de datos podrían necesitar entre 4200 y 6600 millones de metros cúbicos de agua para 2027.

Los expertos consultados para este reportaje reconocen que mitigar y reducir los impactos ambientales es un asunto en el que se debe trabajar, pero también creen que poco a poco la industria tecnológica se enfocará en ser cada vez más sostenible.

Juan Lavista Ferres, director científico de datos de Microsoft, comenta que el principal reto es la transición de la generación eléctrica hacia fuentes de energía renovable para alimentar estos centros de datos, aunque el mercado de energías renovables aún no es lo suficientemente amplio para satisfacer toda la demanda actual.

“Hay muchos algoritmos que requieren un montón de generación eléctrica, por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés), pero es importante destacar que no todos los algoritmos de inteligencia artificial consumen la misma cantidad de energía porque no están hechos de la misma forma”, destaca Lavista.

Pedro Galindo, científico de datos y líder del departamento de Tecnología Aplicada a la Conservación de la Fundación Jocotoco, señala que los modelos más pequeños, como las redes neuronales convolucionales (CNN), utilizadas para identificar cantos de aves, ranas o mamíferos, son mucho menos exigentes en términos de energía. Sin embargo, reconoce que casi siempre habrá algún tipo de impacto medioambiental.

En el caso de las CNN, dice Galindo, a pesar de su bajo consumo, necesitan paneles solares para su alimentación, los cuales contienen minerales específicos que tienen una vida útil limitada. Además, requieren baterías (de litio o gel) para almacenar la energía, lo que añade un impacto adicional, y los componentes electrónicos de estos dispositivos, como las tierras raras y los semiconductores, también contribuyen a afectar el medioambiente. Si bien considera que siempre hay que buscar el menor impacto posible, se cuestiona: “todo esto también lo tienes en tu teléfono. ¿Por qué no tenerlo a servicio de la conservación?”.

Jorge Ahumada plantea un camino a seguir: “Los que estamos trabajando en conservación debemos hacer mucho más énfasis en la necesidad de regulación ambiental en los países y que las compañías sean responsables en el manejo de la energía”, y añade que actualmente hay tanta inversión en inteligencia artificial, que lograrlo no debería ser un problema.

Lo que para Ahumada sí sigue siendo un problema es la financiación, pues gran parte de ella “todavía está muy orientada a inteligencia artificial en cosas comerciales, un poquito en ciencias aplicadas, pero poco en conservación”. Este es un gran reto porque las organizaciones que trabajan en el área de biodiversidad a menudo carecen de recursos, destaca Lavista.

Los expertos consideran que la IA en conservación debe ser incluyente y participativa, por lo que se debe proyectar su uso no sólo para los científicos sino para las comunidades campesinas y étnicas. Lavista asegura que “no queremos a nivel de sociedad que el uso de la inteligencia artificial amplíe la brecha digital que se generó entre la gente que sabe usar computadoras y la gente que no las sabe usar”.

Evitar esa brecha a su vez generará nuevos retos como un trabajo intensivo en capacitación y educación, pero es un trabajo que vale la pena “porque la inteligencia artificial permite separar la parte técnica y hacerla mucho más fácil para un grupo mucho más grande de personas”, concluye Ahumada.

El artículo original fue publicado por Antonio Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En el Salar de Uyuni, en Bolivia, no saben cuánta agua tienen bajo sus blancos suelos. Lo único que saben los habitantes de este desierto es que si pierden el agua sus vidas se complican. Es por eso que se oponen a proyectos de extracción de litio sin procesos de consulta ni estudios ambientales. Algo similar ocurre en las comunidades cercanas a salares en Chile y Argentina. Un estudio analizó diez proyectos de empresas chinas que, afirman, presentan riesgos para comunidades indígenas, estudios ambientales “incompletos” y falta de transparencia.

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El informe, titulado La presencia de China en el sector del litio en América Latina y el Caribe, fue elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). El documento tuvo el apoyo de Latinoamérica Sustentable (LAS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), BRICS Policy Center (BPC, Brasil), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, Chile) y Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS, México).

La investigación analiza la relación entre América Latina y China en torno a este mineral; y las políticas chinas y la presencia de sus empresas en la región. Además, ahonda en los principales proyectos y potenciales riesgos socioambientales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México; y en los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza que plantea la presencia china en la región.

Marco Gandarillas, investigador senior de Latinoamérica Sustentable (LAS), explicó a Mongabay Latam que de los diez proyectos chinos analizados en la región, nueve presentan una sobrexplotación hídrica y en todos hay estrés hídrico. También afirmó que en ocho hay estudios ambientales “incompletos”, en seis existirían problemas de contaminación, nueve tienen conflictos con poblaciones locales e indígenas y seis carecen de políticas de transparencia.

“En el informe estudiamos diez proyectos a profundidad, cuando hay varios más en los demás eslabones de la cadena del litio. Nueve son del sector extractivo y una en el sector de manufactura, que está en Brasil. La mayoría de estos proyectos están en Argentina y Bolivia, pero en Argentina están más en fase avanzada de exploración y explotación”, detalló Gandarillas.

La consolidación de China en el negocio del litio en América Latina tiene un nuevo escenario desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, quien mantiene una tensa relación con la potencia asiática, ha autorizado los primeros acuerdos de su país con países de la región para la extracción de minerales críticos y tierras raras por parte de empresas estadounidenses y con el fin de desplazar a China del negocio, como viene informando Mongabay Latam.

Las empresas chinas en la región

La mayoría de las empresas chinas que intervienen en la cadena del litio declaran contar con políticas sociales, ambientales, de transparencia y mecanismos de denuncia. Zangge Mining, Zijin Mining, CATL, CMOC, Tianqi Lithium y BYD afirman contar con políticas en todos estos campos, mientras que Tsingshan Holding Group y Xinjiang TBEA Group Co. no reportan medidas equivalentes.

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Por ejemplo, en su Informe de Responsabilidad Social Corporativa (2023), la empresa BYD declara haber implementado reglamentos específicos de gestión sobre conservación del agua, procedimientos para la gestión de residuos sólidos y el control y monitoreo de emisiones de ruido y aguas residuales.

Mongabay Latam se contactó con las ocho empresas chinas y solo Ganfeng Lithium, que opera en el norte argentino, respondió los requerimientos de este medio. La minera afirmó que su “gestión ambiental se apoya en la identificación, evaluación y el control de los aspectos e impactos ambientales y sociales con la finalidad de preservar el ambiente y la diversidad cultural, de la mano con la producción de un mineral estratégico para la generación de energía limpia”.

Además, Mongabay Latam se contactó con las embajadas de China en México, Argentina, Chile y Bolivia pero ninguna de las sedes diplomáticas contestó los pedidos de consulta sobre los proyectos de litio que ejecutan las empresas de su país en la región.

Los proyectos bajo estudio

El estudio tomó en cuenta los siguientes proyectos desarrollados por empresas chinas en Argentina: Cauchari-Olaroz, ejecutado por la compañía Ganfeng Lithium; Tres Quebradas, ejecutado por Zijin Mining Group Ltd.; y Mina Agonic, por China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Sobre el proyecto Cauchari-Olaroz, la minera Ganfeng Lithium informó que lleva “adelante un plan de manejo ambiental integral, implementando medidas apoyadas en el uso eficiente de los recursos naturales, cumpliendo con las normativas regulatorias nacionales, provinciales y municipales y apuntando a la preservación del ambiente en armonía con el desarrollo del proyecto”.

En Bolivia se estudiaron tres proyectos: EDL, en el Salar de Uyuni, desarrollado por Hong Kong CBC; EDL en el Salar de Coipasa, por el mismo consorcio; y Siete Salares, por Qinghai Citic Guonan Science and Technology Development Co Ltd. En los casos de Bolivia estos proyectos no se ejecutaron por la ausencia de una aprobación legislativa.

En Chile se analizó el proyecto Salar de Atacama en la que la minera Tianqi Lithium tiene una importante participación accionaria.

En México se vio el caso de Sonora Lithium, de Ganfeng International.

Mientras que en Brasil se vieron dos proyectos de fabricación de baterías y de vehículos eléctricos: Coronel Murta (ubicado en el Valle del litio) y Complejo de producción de vehículos en Camacari, implementados por la empresa BYD.

Gandarillas resaltó que muchas poblaciones locales no fueron informadas por las empresas responsables de estos proyectos. “En la mayoría se habla de falta de consentimiento de parte de pueblos indígenas y falta de licencia social cuando no hay pueblos indígenas y habitan otras poblaciones, lo que explica la conflictividad creciente con las empresas chinas de litio”, dijo el experto.

El especialista añadió que las empresas chinas aún no han desarrollado un relacionamiento “respetuoso” con las poblaciones locales, ya que más allá de sus políticas sociales y ambientales, su práctica se limita a hacer acuerdos con los Estados y “creen que las autoridades [locales] se encargarán de todo lo demás”. Gandarillas ve como un factor de poca transparencia que en la mayoría de los contratos con las empresas chinas existen cláusulas de confidencialidad.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) de Chile, explicó a Mongabay Latam que, de acuerdo al informe, las directrices voluntarias que China ha adoptado para sus empresas en el exterior presentan vacíos significativos y su implementación es débil, advirtiendo además que la transición energética del país asiático no busca que la región avance en la cadena de valor, ya que su interés es asegurar materias primas a bajo costo.

“En esta línea de ideas, mientras el mundo avanza hacia autos eléctricos y baterías limpias, los salares latinoamericanos se hunden, el agua escasea y las comunidades que habitan estos territorios por siglos enfrentan conflictos socioambientales”, destacó Cuenca.

Chile: el caso testigo de la región

Chile concentra el 33 % de las reservas mundiales de litio, ubicadas principalmente en el Salar de Atacama. En el informe indica que en 2022 el 72 % de las exportaciones chilenas de litio tuvieron como destino China y la empresa Tianqi Lithium controla el 24 % de la compañía chilena SQM, la principal operadora del salar de Atacama y segunda productora mundial de litio.

En el caso de Chile, Cuenca afirmó que el costo socioambiental es documentado y que existen estudios recientes que confirman que el Salar de Atacama se hunde entre uno y dos centímetros por año como consecuencia del desequilibrio entre el agua extraída y la capacidad de recarga del acuífero.

Por cada tonelada de litio producida –explicó Cuenca- se evaporan entre 1400 y 2000 metros cúbicos de agua en uno de los desiertos más áridos del mundo. Ya en 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile ordenó medidas urgentes por la muerte de ejemplares de golondrina de Mar de Collar, en las piscinas industriales del Salar del Carmen.

Frente a estos hechos, las comunidades indígenas lickanantay denuncian que no contaron con procesos de consulta efectivos, sostiene el estudio. Los intentos de empresas chinas como BYD por obtener contratos de explotación también fueron cuestionados judicialmente por ausencia de consulta previa, llegando incluso a una anulación por parte de la Corte Suprema.

Un modelo que se repite en Argentina y Bolivia

Ese modelo se replica en toda la región. Ganfeng, Zijin, CATL y BYD avanzan sobre humedales altoandinos, sitios Ramsar y territorios indígenas bajo marcos legales que priorizan la atracción de inversión. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema de Catamarca suspendió autorizaciones en el salar del Hombre Muerto tras denuncias por pérdida de caudales. Sin embargo, en marzo de 2026, el mismo tribunal levantó la medida cautelar que paralizaba la minería de litio en la zona y volvió a habilitarla.

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En Bolivia, estudios identificaron concentraciones de arsénico hasta cinco veces superiores a las naturales en estanques del Salar de Uyuni. Bajo los antecedentes conocidos, en ningún país se evalúan los impactos acumulativos entre proyectos que comparten una misma cuenca. Así, China, que controla el 65 % del litio refinado mundial y fabrica el 80 % de las baterías y partes de baterías para vehículos eléctricos, se consolida en la cima de la cadena de valor mientras la región permanece atrapada como proveedora de materia prima, afirman los autores del informe.

“En este escenario, el análisis transversal del informe identifica patrones comunes: tendencia a la integración vertical de la cadena del litio por parte de los actores chinos, escasa adhesión a estándares ambientales y sociales internacionales, opacidad contractual con los Estados anfitrión, y un consentimiento libre, previo e informado [con las comunidades] ausente o deficiente”, reprochó Cuenca.

En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó en 2025 que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa.

Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el Salar de Uyuni aseguran que la extracción del mineral afectará los humedales altoandinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

Se calcula que Bolivia tiene 23 millones de toneladas métricas de litio concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa, según datos del Gobierno. Sin embargo, no todos los proyectos tuvieron su arranque porque no se concretaron las inversiones privadas. La estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) construyó una planta para procesar carbonato de litio en la localidad de Llipi, cerca del salar de Uyuni, y comenzó con la perforación de 178 pozos de agua en esa zona, pero también en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, según información oficial.

La planta de Llipi es la única que actualmente produce litio en Bolivia a escala piloto y, también, la que más conflictos está ocasionando. Esa planta tiene inversión china.

En 2024, China concentró el 67.6 % de las exportaciones del litio de Argentina, según la Secretaría de Minería argentina.

Vanina Corral, investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, explicó a Mongabay Latam que América Latina enfrenta un “riesgo estructural” debido a que, en la minería del litio, principalmente la industria china, no se respetan los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos.

“En Argentina [que concentra más del 17 % de las reservas mundiales de litio], existen numerosos proyectos emplazados sobre sitios protegidos por la convención Ramsar y que los Estudios de Impacto Ambiental no se alinean con los estándares de la Ley General del Ambiente en cuanto a la forma de presentación de información que suele ser parcial y ambigua”, detalló Corral.

La experta puso como ejemplo el proyecto Tres Quebradas, que cuenta con autorización para consumir hasta 11 litros de agua por segundo, lo que equivale a 950 400 litros diarios. Esta extracción impacta negativamente en la disponibilidad del agua del río Abaucán, afirma Corral. Este río es el principal curso hídrico del Bolsón de Fiambalá, al norte de Argentina, conectado a las lagunas altoandinas a través de cuencas subterráneas.

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Según el informe, las comunidades campesinas que integran la Asociación de Campesinos del Abaucán ya enfrentan serias restricciones para sostener prácticas productivas tradicionales como la agricultura y la ganadería de subsistencia. La disminución o deterioro del recurso hídrico compromete su soberanía alimentaria y profundiza la pobreza estructural existente.

El caso mexicano: otro escenario para China

México cuenta con 1.7 millones de toneladas de recursos estimados de litio, lo que lo ubica como el noveno país en reservas del litio a nivel mundial. A diferencia de otras regiones productoras, la mayor parte de estos recursos se encuentra en depósitos de arcilla, un tipo de yacimiento que hasta la fecha no cuenta con antecedentes de explotación comercial viable en ningún país. Tanto en México como en Estados Unidos estos depósitos se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.

Actualmente no existe actividad extractiva del litio a escala comercial en México, sin embargo, el estudio afirma que el avance de proyectos orientados a la explotación del litio en arcilla, como el Proyecto Sonora Lithium, ejecutado por la china Ganfeng Lithium a través de su filial Minera Sonora Borax S.A, plantea riesgos sociales y ambientales significativos. Según el informe, desde la fase exploratoria, estas actividades suelen generar impactos como la fragmentación de hábitats, la pérdida de biodiversidad y la alteración de ecosistemas frágiles. A ello se suma una legislación ambiental que carece de normas específicas para regular la minería del litio.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El pasado 9 de abril, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, por unanimidad, la nueva Ley Orgánica de Minas con la que se reemplazó dos normas relacionadas con el tema: el Decreto de Ley de Minas vigente desde 1999 y el Decreto de Reserva del Estado de las actividades mineras de oro de 2015, que prohibían la inversión extranjera y del sector privado en minerales estratégicos.

La ley surge en medio de una serie de cambios legislativos orientados a facilitar las inversiones del sector privado, luego de que el pasado 3 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara una incursión militar en el país sudamericano y la captura del entonces presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

“Agradezco a la Asamblea Nacional la aprobación unánime de la Ley Orgánica de Minas, instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería en nuestro país. Esta ley fortalece la seguridad jurídica, atrae inversiones e impulsará la riqueza mineral en aras del desarrollo nacional”, dijo en sus redes sociales la presidenta Delcy Rodríguez tras la aprobación de la norma.

Una semana después, durante la promulgación de la ley, Rodríguez señaló que con esta ley se avanza hacia “una minería productiva, ecológica y al servicio del desarrollo de la Nación”. Al mismo tiempo, anunció la creación de la Superintendencia de la Actividad Minera, institución destinada a lograr una mayor coordinación y efectividad en los procesos de inversión, producción y comercialización de los minerales.

Cuando Estados Unidos incursionó en Venezuela, Trump, dijo: “Lo que necesitamos es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, aunque no especificó a qué otras cosas se refería.

Durante su visita a Venezuela en marzo pasado, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, junto con la presidenta Rodríguez, anunció que ambos países trabajarán juntos para desarrollar la minería en Venezuela. Durante esta visita se mencionó la importancia de la explotación de oro, minerales críticos y tierras raras.

La nueva ley ha generado polémica y cuestionamiento de expertos en temas ambientales y de derechos humanos debido a que la norma, sostienen, solo tiene declaraciones de principios muy generales en lo relacionado al medioambiente. Los cuestionamientos también se deben a los graves daños ambientales causados en la Amazonía venezolana por la minería ilegal de oro y a la corrupción y el crimen organizado ligados a esta actividad.

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Los cuestionamientos a la ley

“Esta nueva ley de minas institucionaliza el ecocidio y el blanqueo de oro de sangre en Venezuela”, comenta Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco, una organización civil que documenta los problemas ambientales y de derechos humanos causados por la minería ilegal en la Amazonía, Orinoquia y Guayana venezolanas.

Mongabay Latam contactó con miembros del equipo de Rodríguez para preguntar sobre los cuestionamientos a esta nueva ley, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta.

Burelli señala que hay una discrepancia muy peligrosa entre la narrativa oficial de apertura económica y de reinserción financiera con la realidad que se ve en el terreno. “La realidad es que después del 3 de enero la minería ha aumentado. Hemos visto la entrada de dragas ilegales grandes en el río Caroní y en las cabeceras del río Icabarú, es decir, que no faltan los insumos para las minas ilegales, hay más minería que nunca”.

En ese sentido, Burelli asegura que la nueva ley de minas no busca limpiar la cadena de suministros ni prohibir la minería en las áreas naturales protegidas, “no hay ningún esfuerzo para eliminar la minería ilegal, por el contrario, permite que el flujo de capitales siga financiando estructuras de corrupción de un régimen autoritario que mantiene alianzas con los grupos armados de crimen organizado que están en el terreno”.

Un grupo de 15 organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ambientales publicó un pronunciamiento mientras se discutía la ley. En el documento se indica que esta nueva normativa “generará un barniz de legalidad al actual saqueo sistemático de la Amazonía y del Escudo Guayanés, profundizando el grave deterioro ambiental y la violación a los derechos humanos”.

Estas organizaciones también cuestionan el término “desarrollo minero ecológico”, que según la nueva ley se refiere a la “ejecución de las actividades mineras con miras a desarrollar un proyecto minero eficiente y rentable; minimizando el impacto ambiental y de los ecosistemas, con respeto a los derechos humanos, con el objetivo de aprovechar los minerales de manera sostenible y proteger su entorno ambiental”.

Desde las organizaciones civiles señalan en el documento que “la minería de oro es intrínsecamente destructiva” y que este “concepto sólo ha servido para esconder la destrucción de la biodiversidad y las cuencas hidrográficas bajo una falsa promesa de sostenibilidad”.

“Aquí en Venezuela el ministerio de asuntos mineros se llama Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. Eso es un absoluto contrasentido”, comenta Alejandro Álvarez, coordinador general de la organización Clima 21, quien también cuestiona la reciente norma porque considera que “los temas ambientales en la nueva ley son simples declaraciones de principios, pero en ningún caso contiene elementos que permitan indicar que esas declaraciones van a ser de obligatorio cumplimiento”.

Álvarez asegura que la norma contiene términos muy genéricos y difusos sobre las cuestiones ambientales. Pone como ejemplo los estudios de impacto ambiental y sociocultural que se nombran en la ley, “pero no se establecen como condición para la aprobación de las concesiones mineras”.

Burelli también cuestiona el planteamiento de desarrollo minero ecológico, pues asegura que “no hay nada en la ley que obligue a que se realice una minería sustentable, que se elimine el mercurio o se frene la minería en las áreas naturales protegidas”.

El documento firmado por las organizaciones civiles también incluye otros cuestionamientos. Entre ellos que la ley se limita a exigir responsabilidad posterior al daño, sin enfoque preventivo, y no contempla garantías financieras de restauración, cierre de minas ni regulación de residuos. Tampoco prevé el monitoreo ambiental independiente, el acceso público a información ni auditorías externas.

Se menciona también la posible vulneración de las áreas protegidas porque, si bien se excluye a los parques nacionales y monumentos naturales de la entrega de concesiones mineras, “esta exclusión no se extiende a otras figuras de protección como reservas de biosfera, zonas protectoras y reservas forestales”.

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Puntos geográficos de conflictos

Un tema adicional es el que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas que viven en las zonas donde se realizará la actividad minera. En este caso, la ley “omite referirse al derecho de estos pueblos a la demarcación de sus territorios y no menciona el consentimiento libre, previo e informado”, señala el documento.

“Consideramos que esta nueva ley vulnera los derechos de los pueblos indígenas. No aborda el tema del derecho a la demarcación territorial ni menciona el consentimiento libre previo e informado que sí está en la Constitución. Por último, hay una militarización del territorio”, comenta Cristina Burelli.

A lo que se refiere Burelli es a la creación del “Resguardo Nacional Minero”, que se incluye en la ley. Según la norma publicada, “el servicio de Resguardo Nacional Minero tendrá el carácter de órgano auxiliar del ministerio con competencia en materia de minas en las funciones y competencias de protección, inspección, vigilancia y control de las actividades mineras que se desarrollen en el territorio nacional”.

Quienes cuestionan la ley consideran que este servicio formaliza el dominio militar sobre las zonas extractivas. “La presencia militar en las minas ha estado históricamente asociada a la violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas”, dice el documento publicado por las organizaciones civiles.

Cristina Burelli agrega que la zona donde existen grandes extensiones de actividad minera ya está militarizada. “Todo el sur de Venezuela está absolutamente controlado por las fuerzas armadas y por la Guardia Nacional. Entonces, la creación del Resguardo Nacional Minero formaliza ese dominio de los militares sobre estas zonas extractivas, porque se trata de una situación que ya existe de facto”.

Los graves problemas en Venezuela como consecuencia de la presencia de la minería ilegal, principalmente en los estados de Bolívar y Amazonas, en el sur del país, han sido expuestos en múltiples oportunidades.

El informe Una mirada a la minería ilegal de oro en el hemisferio occidental, publicado por Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition, explica que la mayor parte del oro de Venezuela se lava internacionalmente a través de empresas ficticias y cadenas de suministro poco transparentes. En un artículo publicado por Mongabay en octubre de 2025 se precisa que estas operaciones suelen estar controladas por élites militares, grupos guerrilleros y bandas transnacionales que explotan las lagunas y brechas en los sistemas financieros y comerciales de Estados Unidos.

“Es una minería que se hace sin ningún tipo de regulación ni control, bajo el mandato de grupos armados que se imponen utilizando cualquier tipo de acción ilegal y violación a los derechos de las comunidades tanto indígenas como no indígenas”, agrega Alejandro Álvarez. “La minería actual venezolana es muy grave, con serios daños que están ocurriendo bajo los sistemas de gobernanza de la delincuencia organizada y de grupos armados extranjeros”, agrega.

Una serie de reportajes y documentales del proyecto periodístico Amazon Underworld da a conocer que en las zonas mineras del sur de Venezuela, en la frontera con Colombia, no solo se extrae oro de manera ilegal, sino que también los llamados minerales críticos y estratégicos —coltán, bauxita, estaño y otros— y las denominadas tierras raras han despertado el interés de empresarios y grupos armados.

La visita del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, puso sobre la mesa el interés del país del norte en un mayor acceso a las reservas minerales de Venezuela. En ese momento, la presidenta Rodríguez se comprometió a acelerar el acceso de empresa extranjeras a estos recursos. Lo que siguió fue la aprobación de la nueva ley de minas.

En la nueva ley se establece que los minerales estratégicos poseen un elevado interés económico, con alto atractivo comercial, nacional e internacional; que son imprescindibles para mantener la continuidad operacional de un proceso o industria; así como, fundamentales para el funcionamiento de las cadenas productivas en el desarrollo de la economía nacional, nuevas tecnologías, esenciales para la industria energética, seguridad y defensa, medicina y salud, la industria agroalimentaria, la construcción, transporte automotriz e informática.

La nueva norma establece que cuando se encuentren minerales estratégicos los titulares de los derechos mineros están en la obligación de notificarlo al ministerio con competencia en materia de minas, que evaluará el caso. También especifica que la declaratoria de un mineral como estratégico “no excluye la posibilidad de que el mismo pueda ser objeto de aprovechamiento”.

En momentos en que Estados Unidos y China están en una disputa comercial por los recursos indispensables —como los minerales estratégicos— para continuar con su carrera tecnológica, los territorios con estos minerales terminan colocándose en medio de estas disputas. La reciente reunión entre el presidente de China, Xi Jinping, y Trump, que llegó al país asiático acompañado de un grupo de empresarios de las empresas más grandes de tecnología a nivel global, expone el interés que existe por los recursos que puedan mantener a flote la creciente industria tecnológica.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“En los primeros meses de 2026, se han quemado más de 150 millones de hectáreas a nivel mundial, un 50 % más que el promedio reciente y el doble que en 2024 para este mismo período”, señala Friederike Otto, profesora de ciencias del clima en el Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres y cofundadora de World Weather Attribution, una red de científicos que desde hace 12 años analiza los eventos climáticos extremos.

Las afirmaciones de Otto se sustentan en una serie de datos recogidos por esta institución que advierte que este 2026 el planeta se estaría enfrentando a un año de incendios particularmente severos que se podrían agudizar por la ocurrencia del fenómeno El Niño. Otto también advierte que en “todos estos eventos o casi todos vemos que el cambio climático antropogénico tiene una mayor influencia en la probabilidad de intensidad de eventos climáticos extremos”.

Aunque aún no se ha definido la magnitud que podría tener el fenómeno El Niño este año, lo que advierten los investigadores es que el evento puede “tener un impacto significativo en el riesgo de incendios forestales a finales de año y aumentaría la probabilidad de condiciones de calor y sequía severas en Australia, el noroeste de Estados Unidos y Canadá, y la selva amazónica”.

Los datos recogidos por los investigadores indican también que 2026 será probablemente el segundo año más cálido registrado en la historia e, incluso, podría convertirse en el más caliente. Advierten, además, que las temperaturas de la superficie del mar en todo el mundo se acercan a los niveles más altos jamás registrados, superando incluso en algunos días los récords de 2024.

Mientras, la extensión del hielo marino en el hemisferio norte alcanzó sus niveles más bajos para esta época del año y el hielo del Ártico registró un mínimo histórico por segundo año consecutivo.

La información brindada en una conferencia de prensa virtual alerta sobre los riesgos que enfrenta el mundo ante fenómenos meteorológicos extremos. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha señalado que el planeta se encuentra en un estado de mayor desequilibrio que en cualquier otro momento de la historia.

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Incendios, cambio climático y El Niño

En lo que va del año, en Argentina y Chile han ocurrido grandes incendios. La información de los científicos indica que el fuego en estos países quemó alrededor de 10 hectáreas cada minuto y que fueron “avivados por el calor extremo y la sequía”. Además, precisan que “el cambio climático aumentó la probabilidad del incendio”.

Lo mismo sucedió en los estados de Nebraska, Florida y Georgia, en Estados Unidos, donde se registraron incendios históricamente grandes en medio de condiciones de una intensa sequía. Los ejemplos se multiplican en diversos países de todos los continentes.

Uno de estos casos en Latinoamérica, recuerda Otto, fueron “los incendios forestales ocurridos en la Amazonía entre 2023 y 2024, que afectaron a 30 millones de personas en Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, que provocaron interrupciones de transporte, aislamiento de comunidades y pérdida de incontable vida silvestre”.

En ese momento, los incendios en la Amazonía, agudizados por una intensa sequía que se extendió desde fines de 2022 hasta 2024, generaron niveles récord de calor y zonas quemadas en gran parte de la región, además de las regiones del Pantanal y la Chiquitania de Bolivia, señala el informe Amazonía en Llamas elaborado por el Panel Científico por la Amazonía.

Theodore Keeping, del Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres, se refirió al aumento de un 50 % en la cantidad de hectáreas quemadas por los incendios con relación al promedio anual y precisó que el área quemada actualmente a nivel global es 20 % más que los años anteriores, teniendo como punto de partida 2012, cuando iniciaron los monitoreos. “En muchas partes del mundo la temporada de incendios todavía no empieza, pero el inicio ha sido muy rápido”, comenta.

Keeping también advierte que considerando las proyecciones del fenómeno El Niño se esperan “eventos más severos” y agrega que “el cambio climático influye en la actividad de los incendios forestales y las condiciones secas y calurosas del clima que promueven los megaincendios”.

Además, cita como ejemplos lo que está sucediendo en África, donde este año se quemaron 85 millones de hectáreas, cifra superior al récord anterior de 69 millones de hectáreas. En Asia también las cifras están en aumento: este año se quemaron más de 44 millones de hectáreas, en comparación con los 32 millones de hectáreas reportadas en 2014.

Estados Unidos y Australia también han tenido récords de incendios en comparación con años anteriores. En Australia las condiciones de sequía y calor extremo a inicios de año generaron incendios en Nueva Gales del Sur y Victoria.

“Hay eventos que están aumentando mucho por el cambio climático antropogénico. Las sequías y las olas de calor también se atribuyen en gran medida al cambio climático antropogénico”, agrega Keeping sobre la influencia del aumento de la temperatura en el planeta influenciado en gran parte por la emisión de gases de efecto invernadero, proveniente principalmente de los combustibles fósiles.

En relación al fenómeno El Niño, aunque no se ha confirmado que este año se presente un Niño extremo o “super Niño”, lo que sí asegura es que cualquier nivel que presente “el fenómeno El Niño afectará el riesgo de incendios forestales enormemente” en los meses que siguen. “Podría aumentar la probabilidad de sequías y calor extremo en Australia, en el noroeste de Estados Unidos y Canadá y en la Amazonía”.

“La seriedad de los incendios forestales mayores a un nivel tres —de mayor gravedad— en las regiones ha aumentado mucho por el cambio climático”, comenta Keeping y agrega que en el caso de que El Niño sea muy fuerte, como algunas proyecciones anuncian, los daños por incendios “podrían ser potencialmente los más altos que se han visto en la historia reciente”.

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Los impactos en la salud

Un tema que también preocupa es cómo los incendios forestales representan una amenaza para la salud humana, no solo por las muertes directas, sino también porque degradan la calidad del aire, ya que el humo proveniente de las quemas está compuesto por una mezcla de elementos peligrosos que contaminan el aire.

“A nivel mundial los incendios son la principal causa del aumento de la mortalidad por contaminación del aire en gran parte de las zonas tropicales. Entre 1984 y 2013, el número total de personas afectadas por incendios forestales ascendió a 5.8 millones a nivel mundial. La mortalidad promedio atribuible a la exposición al humo de incendios forestales fue de 339 000 muertes anuales”, señalan reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) y del National Center for Biotechnology Information.

El humo de los incendios también ejerce una enorme presión sobre los sistemas de salud debido al aumento de las visitas a emergencia y los ingresos hospitalarios de personas que buscan atención por problemas respiratorios.

Jemilah Mahmood, directora ejecutiva del Centro Sunway para la Salud Planetaria, señala que “el humo que proviene de los incendios forestales no es una contaminación común y corriente”, sino que las partículas que provienen de este humo son 10 veces más nocivas que la misma cantidad de emisiones de genera el tráfico vehicular. “El calor empeora la calidad del aire y se amplifican las enfermedades respiratorias y cardiovasculares”, agrega Mahmood, cuestionando la falta de políticas para enfrentar el cambio climático.

“En un estudio de Lancet de 2024 se estableció que 1.5 millones de fallecimientos cada año están relacionados con la contaminación atmosférica, pero en los incendios la cifra es cuatro veces mayor de lo que se estimaba y más de 90 % de estas muertes se dan en países de renta baja y media”, agrega la experta.

Mahmood también advierte que se están documentando trastornos cardiovasculares, condiciones neurológicas, fallo renal y daños para la salud mental, como ansiedad, en lugares donde ocurren los incendios. “Hay un costo psicológico al ver cómo el entorno se incendia, nuestros hogares desaparecen, las comunidades colapsan. Esto lleva a problemas clínicos reales que nuestros sistemas de salud no están diseñados para enfrentar”.

La experta en salud también menciona que no se trata de eventos aislados, sino que son síntomas de muchos límites planetarios que se están rebasando al mismo tiempo, como la degradación del suelo, el cambio climático, el colapso de la integridad de la biosfera. “Todo esto se convierte en un círculo vicioso que no estamos logrando romper”, comenta.

“Si la Amazonía continúa incendiándose, los sumideros de carbono se debilitan, el planeta se calienta más, el colapso de los ecosistemas también se vuelve más real. Los sistemas alimentarios también comenzarán a fracasar conforme el territorio fértil desaparezca, las pesquerías disminuyen, los riesgos de desnutrición, problemas del sistema inmunológico, las enfermedades infecciosas, eso aumenta”, agrega Mahmood sobre uno de los ecosistemas clave del planeta.

Mahmood también presenta las consecuencias de los efectos en la salud causados por el aumento de la temperatura planetaria por el cambio climático. “Las olas de calor no reciben tanta atención mediática como los desastres, no se activan fondos de emergencia, pero es un asesino silencioso en los hogares y en los campos abiertos, lo sienten los cuerpos de trabajadores y trabajadoras que no les queda más que estar al intemperie. Piensen en esta cifra: 546 000 personas mueren cada año por causas relacionadas con el calor”, sentencia, aunque advierte que esta cifra podría ser mayor. “Hay una metáfora que siempre utilizo, la del sapo que no se da cuenta de que el agua está hirviendo hasta que es demasiado tarde como para saltar y salir de ella”.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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