Las güiñas (Leopardus guigna) son pequeños felinos que habitan en los bosques de Chile y Argentina y se distinguen únicamente por unas pequeñas y sutiles manchas negras, lo que dificulta diferenciarlas. Un cambio en el ángulo de las cámaras trampa podría facilitar una mejor comprensión de sus poblaciones, con importantes implicaciones para su conservación, según un estudio reciente.

Normalmente, los investigadores colocan cámaras trampa a nivel del suelo para fotografiar a las güiñas mientras pasan. Sin embargo, diferenciar una güiña de otra desde ese ángulo resulta increíblemente difícil.

“Una de las preguntas fundamentales en ecología es siempre cuántos individuos hay o cuál es su densidad”, declaró Nicolás Gélvez, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a Mongabay. “A veces parece una pregunta muy sencilla, pero en realidad es muy difícil de responder en el campo, especialmente con una especie tan pequeña y críptica”.

Para resolver ese problema, Gálvez y su equipo orientaron sus cámaras hacia abajo, en posición cenital, sujetándolas a ramas de árboles en un bosque templado del Valle de Reñihue, en la Patagonia chilena. Este cambio permitió a los científicos identificar 12 individuos basándose en las marcas únicas de sus lomos. Los hallazgos se publicaron en la revista Oryx.

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Ilaria Agostini, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, afirmó que se trata de una investigación fascinante. “Por primera vez, parece factible identificar individuos de este felino con marcas tan sutiles”, declaró. Al utilizar cámaras trampa para su propia investigación sobre las güiñas en Argentina, Agostini no pudo identificar animales individuales mediante vistas laterales.

Esta técnica, según los investigadores, podría tener importantes implicaciones para la conservación.

Hasta 2025, cuando la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reclasificó la especie como de menor preocupación, la güiña figuraba como vulnerable. El cambio de estatus no estuvo exento de polémica, ya que tres de las seis subpoblaciones reconocidas (las de Argentina, el centro y el norte de Chile) siguen gravemente amenazadas. Parte de la preocupación de algunos conservacionistas radicaba en la falta de datos sobre estas poblaciones amenazadas. Sin embargo, esta técnica podría, con el tiempo, cambiar esa situación.

Omar Ohrens, científico conservacionista de Panthera, lo describió como “potencialmente transformador” en ese sentido y añadió que aún se necesitan más pruebas antes de su adopción generalizada. “Actualmente existe una notable falta de estimaciones poblacionales fiables para esta especie en toda su área de distribución, lo que hace que este trabajo sea muy oportuno”, sostuvo.

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Manchas desde arriba

Para Gálvez, este estudio es un primer paso que demuestra que es posible identificar ejemplares de güiñas con cámaras trampa. Sin embargo, no está exento de dificultades.

Durante el ensayo, más de la mitad de las 1386 fotos tomadas con cámaras trampa en la posición cenital fueron excluidas, ya que las güiñas fotografiadas eran melánicas, es decir, presentaban una mutación genética que produce pelaje negro, mientras que las demás imágenes eran de mala calidad. Por lo tanto, no fue posible examinar las singulares manchas negras en esas imágenes. En total, 350 imágenes presentaban manchas visibles y fueron evaluadas en el ensayo, a partir de las cuales el equipo identificó 12 ejemplares de güiñas.

Identificar gatos melánicos probablemente seguirá siendo problemático al utilizar esta técnica, afirmó Gálvez. Esto podría dificultar la realización de estudios en áreas donde esta variante es más frecuente. Explicó que esto podría solucionarse utilizando un flash blanco en las cámaras, en lugar del infrarrojo que emplearon en su estudio.

“Quizás esto proporcione la iluminación suficiente para resaltar las manchas sobre el patrón oscuro de los individuos melánicos”, dijo Gálvez, añadiendo que es algo que requiere mayor investigación.

“Los estudios futuros deberían explorar si esto afecta las estimaciones de población e idealmente comparar los resultados con modelos capaces de incorporar a todos los individuos, independientemente de sus marcas”, señaló Ohrens.

Agostini también observa posibles limitaciones, ya que se requieren imágenes de buena calidad, y probablemente varias fotografías del mismo gato para identificarlos individualmente. Por lo tanto, en algunas zonas de Argentina donde la población de güiñas es baja, esta técnica podría no ser aplicable.

Ambos expertos, que forman parte del Grupo de Trabajo sobre la Güiña, esperan que esta técnica pueda utilizarse para estimar las densidades de la especie.

“Investigar la abundancia y la densidad de la especie en toda su distribución es una de las principales prioridades que identificamos en la evaluación de la Lista Roja de la UICN”, dijo Agostini, quien también formó parte del equipo de evaluación. “Es una forma de refinar y obtener una idea más fiable de cómo se encuentra la especie en las diferentes partes de su área de distribución”.

Eso también podría ayudar a los conservacionistas a comprender cómo responden las poblaciones a las amenazas o a las intervenciones de conservación.

Agostini y su equipo pretenden utilizarlo en dos lugares distintos de Argentina para probar su viabilidad. Sin embargo, estos planes dependen del presupuesto. La financiación para la investigación de felinos pequeños ya es limitada y estas restricciones se han endurecido desde que la especie se considera ahora de menor preocupación.

Otras especies de felinos podrían beneficiarse

Cambiar el ángulo de las cámaras trampa también podría ayudar a estudiar otras especies de felinos pequeños difíciles de distinguir y con datos poblacionales limitados.

“Es la primera vez que veo algo tan claramente ilustrado que se puede aplicar fácilmente a otras especies utilizando estaciones tanto cenitales como horizontales”, sostuvo a Mongabay Juan Cepeda Duque, biólogo de la Universidad de los Andes de Colombia, quien no participó en el estudio.

Para él, la técnica también podría resultar útil para estudiar al gato de Geoffroy (L. geoffroyi), un felino pequeño nativo de Centroamérica y Sudamérica que, al igual que la güiña, tiene sutiles marcas en el lomo. Sin embargo, podría resultar más difícil para especies que habitan en vegetación densa, como el gato tigre nublado (L. pardinoides), donde incluso obtener imágenes laterales es problemático.

Gálvez y su equipo afirman que la técnica también podría funcionar para otras especies, como el gato pescador (Prionailurus viverrinus), el gato manchado (P. rubiginosus) y los leopardos nublados (Neofelis nebulosa y N. diardi).

En opinión de Duque, si la financiación lo permite, se instalarían varias cámaras. “Una en posición cenital y dos laterales, ya que se sabe que las marcas de la mayoría de las especies de felinos difieren de un lado a otro”, explicó.

Gálvez y su equipo también contemplan el uso de aprendizaje automático para optimizar el proceso de identificación y posiblemente detectar diferencias más sutiles que pasan desapercibidas para el ojo humano. “Probablemente también sea más rápido, pero es necesario evaluarlo”, añadió. Para Duque, desarrollar un método de este tipo para estimar las poblaciones de felinos pequeños es una prioridad.

Aunque el uso de cámaras trampa colocadas en posición cenital no siempre ofrece las fotografías de vida silvestre más espectaculares, estas instantáneas de felinos pequeños podrían resultar una herramienta importante para los conservacionistas que luchan por comprender y preservar a los felinos más pequeños de Sudamérica en los próximos años. Esto, siempre y cuando las pruebas de campo en curso demuestren la viabilidad de la técnica.

“Creo que ahora debemos considerar, y quizás otros acepten el reto, diseñar un estudio de [colocación cenital] para estimar la densidad con un diseño espacial adecuado de captura-recaptura”, dijo Gálvez. “También nos gustaría que esto se evaluara en otras especies”.

Esta nota se publicó originalmente en inglés en el sitio de Mongabay el 29 de junio de 2026. Edición en español: Emilia Delfino

REFERENCIA

Gálvez, N., Kramer, T., Gallardo, B., Minte, E., Alarcón, V., & Palomo-Muñoz, G. (2026). Zenith placement of camera traps can individually identify the guiña Leopardus guigna: Implications for population studies and conservation. Oryx, 1-8. doi:10.1017/s003060532510238x

La bióloga argentina Nadia Boscarol navegó el río Bermejo en kayak en 2017, 2018 y 2024, bajó por el río Paraná desde Formosa hasta Buenos Aires remando durante un mes y recorrió el río Santa Cruz. Esa cercanía con el agua atraviesa también su carrera, que pasó por un laboratorio de neurofarmacología del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Zoológico de Buenos Aires y casi 20 años en la Secretaría de Ambiente de la Nación, la mayoría trabajando con humedales. Boscarol además es una de las más de 60 activistas y kayakistas que remaron 350 kilómetros por el Delta del Paraná en agosto de 2021 para llevar al Congreso argentino una petición firmada por más de 300 organizaciones exigiendo una Ley Nacional de Humedales.

Formado por sedimentos que arrastra el río Paraná, el Delta se extiende entre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, y Buenos Aires, en el centro-este del país, creando un entramado de islas, lagunas y arroyos que integran uno de los humedales más importantes de Argentina y una ecorregión de 5.6 millones de hectáreas. Además de su biodiversidad, sus humedales ayudan a regular inundaciones, filtrar contaminantes y abastecer de agua a las localidades linderas. La protección de este sistema ha sido objeto de un extenso debate legislativo: desde 2013 se han presentado sucesivos proyectos de Ley de Humedales para su protección, que nunca han llegado a aprobarse. Bajo el gobierno de Javier Milei, la iniciativa no forma parte de la agenda legislativa nacional y ha perdido centralidad en el debate político.

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Boscarol, con 64 años, coordina el programa Corredor Azul de la Fundación Wetlands International y advierte que ese ecosistema. que cubre de 14 000 kilómetros cuadrados, está bajo una presión múltiple y creciente. “Los humedales son como los riñones del planeta”, dijo en conversación con Mongabay Latam. “Nadie les presta atención hasta que empiezan a fallar”.

A esa presión se suman, en los últimos años, el endicamiento (represamiento de un cuerpo de agua) para ganadería y el relleno artificial para la construcción de viviendas privadas que están transformando el humedal. Además, en noviembre de 2024, el gobierno de Javier Milei abrió una licitación internacional para concesionar por 25 años la hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor fluvial por donde circula el 80 % de las exportaciones argentinas y cuyo tramo inferior atraviesa el Delta del Paraná. Este primer proceso quedó sin efecto en febrero de 2025, tras denuncias de supuestas irregularidades.

Diez meses después, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) convocó a un nuevo proceso de licitación que culminó el 18 de junio con la adjudicación al consorcio Jan De Nul N.V.. Según el Pliego de Especificaciones Técnicas, la segunda etapa de obras de dragado sobre la hidrovía, profundizará el lecho del río a 40 pies (12.19 metros) en el tramo Timbúes-Paraná de las Palmas. Desde el Canal Emilio Mitre, que atraviesa el Delta del Paraná, la profundidad prevista es de 39 pies (11.89 metros). Todo esto, advierte Boscarol, sin estudios de impacto ambiental actualizados ni información pública sobre cómo se realizaría la modificación del lecho del río. Las Bases y Condiciones del pliego sólo exigen los permisos ambientales si el concesionario decide profundizar aún más, hasta 42 o 44 pies (12.81 y 13.41 metros), en el tramo hacia el Canal Emilio Mitre.

Además, el “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal” sometido a audiencia pública en noviembre de 2025, aclara explícitamente no ser una Evaluación de Impacto Ambiental y se apoya en planes de gestión ambiental que datan de 2007 y 2011 para el dragado a 36 pies.

El 15 de mayo de 2026, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen ante la Fiscalía Federal N°9 en el que advirtió que la licitación avanzó sin Evaluación de Impacto Ambiental y en incumplimiento del Acuerdo de Escazú (tratado regional que garantiza el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana, al cual Argentina adhirió en 2021), tras recibir presentaciones de organizaciones ambientales y consorcios portuarios. Con ese dictamen como respaldo, organizaciones presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N°7 para suspender el proceso de licitación. Sin embargo, el fiscal Guillermo Marijuan rechazó la cautelar y el proceso siguió su curso.

Boscarol habló con Mongabay Latam sobre los riesgos que enfrenta el Delta del Paraná frente al dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, recién adjudicada por el gobierno argentino.

—¿Qué hace al Delta especial?

—El Delta del Paraná es lo que se llama un humedal fluvial, asociado a un río de llanura que serpentea con muy poca pendiente y que periódicamente se desborda. Cuando eso pasa, el agua queda retenida en lo que se llama el valle de inundación y forma los humedales. Es un sistema vivo y en permanente movimiento. El río Bermejo arrastra desde las montañas de Bolivia una cantidad increíble de sedimentos que llegan al [río] Paraguay y de ahí al Paraná, y eso hace que haya islas que se forman y otras que desaparecen. Yo lo navegué en kayak varias veces y nunca es igual de un año al otro.

Cuando el río desborda, las lagunas que quedan en los humedales funcionan como criaderos naturales, el sábalo (Prochilodus lineatus) desova ahí, las larvas se crían protegidas y al año siguiente vuelven al río como peces adultos. De esas lagunas viven miles de familias de pescadores artesanales en toda la zona de Victoria [en Entre Ríos], Rosario [en Santa Fe] y el Delta de la provincia de Buenos Aires, que salen con su bote, ponen el espinel y venden lo que sacan. Además, el humedal funciona como una esponja que regula las inundaciones y como purificador natural del agua, a través de bacterias y vegetación que filtran contaminantes antes de que lleguen a las plantas potabilizadoras.

—Según un informe del Instituto Nacional del Agua, la bajante extraordinaria del Paraná que comenzó en 2020 generó impactos críticos en el Bajo Delta, incluyendo la inaccesibilidad de cursos de agua y dificultades de abastecimiento en comunidades. Desde el programa Corredor Azul, ¿cuál es su diagnóstico?

—Lo que nosotros seguimos de cerca son los endicamientos. Cada cinco años hacemos un mapeo satelital de cómo avanzan en el Delta y lo que vemos es preocupante. Según nuestra última actualización de 2025, el 14 % de la superficie del Delta ya se encuentra endicada, casi dos millones de hectáreas encerradas por terraplenes. Cuando alguien construye un dique para sembrar soja o para tener ganado todo el año, o rellena un humedal para hacer un barrio privado, esa esponja desaparece, pero el agua no desaparece, va a otro lado, siempre al lugar más bajo, donde vive la gente más vulnerable.

—¿Entonces los endicamientos son la principal causa de la crisis?

—No hay una sola causa y es difícil decir “esto sucede acá por este motivo”. El cambio climático está ahí, pero el sistema también es muy plástico y elástico. Lo que sí podemos decir es que estamos acumulando estresores más rápido de lo que el sistema puede adaptarse, y a eso le sumas que seguimos interviniendo en el sistema. Si yo aumento la profundidad del canal de navegación, el agua se va más rápido y no llega a alimentar a los humedales. Y nosotros necesitamos que esa agua permanezca.

—Con la concesión de la hidrovía ya adjudicada, ¿qué encontró al revisar el pliego definitivo respecto a los estudios de impacto ambiental?

—Lo que encontramos con la hidrovía es que las audiencias públicas y los estudios de impacto ambiental han perdido su sentido originario. El pliego técnico tiene casi 1200 páginas, lo que lo hace muy difícil de analizar. Hubo un pedido de amparo para detener la licitación justamente por la falta de estudios de impacto ambiental y el juez subrogante a cargo lo rechazó en su último día en el cargo. Lo único que el pliego exige en materia ambiental es un estudio técnico, legal y ambiental si en el futuro se quiere profundizar más allá de los 40 pies que se van a dragar ahora, hacia los 42 o 44 pies. Es decir, la concesión no draga directo a esa profundidad mayor, pero queda obligada a estudiar si es viable. Para los 40 pies que arrancan de inmediato, no se exige ningún estudio nuevo.

—¿Existen antecedentes en Argentina de dragados de esta escala?

—En 2023, en el puerto de Diamante una empresa dragadora tiró el sedimento que sacaba del lecho directamente sobre la costa y tapó un río entero [se trata de una obra de dragado portuario provincial, distinta a la licitación nacional de la hidrovía Paraná-Paraguay].

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—¿Qué riesgos concretos implican esos dragados para el ecosistema?

—Habrá afectación a la pesca porque si el agua se va más rápido por un canal más profundo no llega a alimentar las lagunas donde se crían los peces. También, aumento de la erosión en las costas, que ya está destruyendo casas y nadie lo considera en ningún estudio; y alteración de toda la hidrología natural del Delta. Yo nunca pude acceder a información pública sobre qué volúmenes se van a extraer ni dónde se van a depositar los sedimentos. Paraguay ya construyó un barco que se llama Don Tocho, diseñado especialmente para navegar con poca profundidad. En Shanghái, que tiene el mayor comercio fluvial del mundo, los barcos entran unos 200 kilómetros (124 millas) y del resto para arriba trabajan con barcazas. Entonces yo me pregunto ¿por qué adaptar el río a los barcos y no los barcos a los ríos?

—¿Qué queda por hacer frente a este escenario?

—Creo que hay que estar alerta y seguir el proceso, porque también estamos viendo qué pasa con otras situaciones de amenaza ambiental y quizás la situación de la hidrovía cambie. Desde las organizaciones, hay que seguir alzando la voz para que se hagan los estudios ambientales antes de avanzar con las profundizacion a 40 pies previstos para el corto plazo.

El artículo original fue publicado por Ana Victoria Domínguez Britos en Mongabay Latam. Puedes leerlo aquí .

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Claudio Angelo hace una pausa durante la London Climate Action Week, el principal evento sobre políticas climáticas de Europa, en medio de un calor extremo. Hace apenas dos semanas se encontraba en otra ciudad europea: Bonn, Alemania. Allí delegados de todo el mundo se reunieron para sentar las bases de las decisiones que se tomarán en la COP31, la próxima cumbre climática global de las Naciones Unidas.

Angelo regresó con poco entusiasmo de Alemania, donde también fue observador de la sociedad civil. Escribió junto a su colega Stela Herschmann un artículo sobre el escaso avance de los debates entre los países del mundo, los desencuentros entre países desarrollados y en desarrollo sobre quién debe pagar la mitigación y la adaptación al cambio climático y los intentos por bloquear a los científicos en sus conclusiones sobre el calentamiento de la tierra y las medidas urgentes a tomar.

Aún así -dice que no quiere ser optimista- muestra entusiasmo cuando habla del avance de la electrificación en ciertos países y de las energías renovables, que, advierte, se están volviendo cada vez más accesibles incluso en países no tan ricos como el suyo, Brasil. Pero, agrega, el proceso está yendo a un ritmo demasiado lento con respecto al calentamiento de la Tierra. De fondo, el objetivo debe ser limitarlo a muy por debajo de 2 °C, y preferiblemente a 1.5 °C, en comparación con los niveles preindustriales. Para eso, los países deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

En noviembre próximo, Turquía recibirá a los países de la ONU en la ciudad de Antalya para la COP31. Bonn debía implicar avances en las negociaciones en temas de adaptación, mitigación, transición justa y buscar acelerar la transformación de los acuerdos en acciones concretas que beneficien a la población. Angelo explica en esta entrevista con Mongabay Latam que la reunión produjo pocos de esos avances y terminó fracasando, dejando al Acuerdo de París en crisis.

—Escribió que el Acuerdo de París está en crisis y que los países ni siquiera parecen saber qué implica la etapa en la que estamos: la implementación del acuerdo. ¿Cómo deberían avanzar efectivamente los países?

—Lo primero que los países deben comprender es qué significa la implementación. Desde 2022, en la Conferencia del Clima de Sharm el-Sheikh [Egipto, la COP27] se ha dicho que es el momento de la implementación. “Esta es la COP de la implementación”. Después vino Dubái, en 2023. También fue “la COP de la implementación”. Parece que ahora sí hemos llegado al momento de la implementación porque ya se han negociado todos los puntos que debían negociarse dentro del acuerdo. Obviamente, podemos hacer todo lo posible para implementar las decisiones, para implementar el acuerdo. Pero lo cierto es que la implementación, incluso si va bien, será insuficiente. Creo que ese es un punto importante. Es casi como si hablar de implementación fuera una forma de evadir la insuficiencia de la ambición. Es una impresión que tengo escuchando a los países, hablando, escuchando los debates aquí en Londres, en Bonn.

La otra cosa es que esta nueva fase de implementación, incluso con la insuficiencia de la ambición, tiene una belleza, digamos, que es que finalmente te libras de la necesidad de consenso. La implementación es nacional, la decide cada país. Ya no necesitas negociar. Pero los negociadores climáticos lo único que saben hacer es negociar. Por eso me parecieron un poco... desconcertados. Parecían muy confundidos en Bonn.

—¿Por qué?

—Porque siguen trabajando con la vieja lógica y es un poco como si la implementación del Acuerdo de París les estuviera quitando el trabajo. Se vuelven un poco inútiles y se pierden. A mí me parecieron perdidos. El contexto ha cambiado, pero la gente involucrada sigue haciendo las cosas de la misma manera, como si nada hubiera cambiado. Y me temo que la COP31 caerá en el mismo patrón. Pero eso no sería nada grave, ya que no hay muchas decisiones importantes que abordar en la COP 31.

Ahora estamos entrando en la fase de implementación, los resultados negociados perderán importancia cada año que pase y al mundo le importará menos si la COP fracasa o no.

—Los principales desacuerdos, según contó en dicho artículo después de Bonn, giran en torno a quién financiará la implementación del acuerdo, la mitigación del cambio climático, las medidas a tomar para evitar el calentamiento progresivo del planeta. ¿Cuál es el panorama en torno a la financiación de la crisis climática?

—Es muy malo porque tenemos un problema que es, primero, la retirada de Estados Unidos. Se está haciendo más evidente con cada sesión de negociación que la retirada de Estados Unidos tuvo un impacto. La financiación climática es necesaria y nunca pagaron lo que debían. Había una cuestión de cuán importante era Estados Unidos para el comportamiento de otros actores dentro de los países desarrollados. La Unión Europea, principalmente, pero no solo la UE. Entonces sí, sin Estados Unidos y con todo el contexto geopolítico que estamos viendo ahora, con inversiones europeas que necesitan salir de Europa, que necesitan correr déficits públicos para aumentar la inversión en defensa, sí, la perspectiva de financiación pública a los países en desarrollo es muy remota.

De hecho, en Bonn intentaron de nuevo evitar la financiación. Y eso es lo que estancó todo en la adaptación. Esto llevó a que el punto más polémico del orden del día se suspendiera.

—¿Qué implicó suspender la orden del día?

—Cuando las negociaciones fracasan y todo el trabajo se desecha y debe reanudarse en la siguiente sesión. Pero no fue solo eso. En Belém se acordó que habría un programa de trabajo sobre financiación para la aplicación del artículo 9.1, que habla de financiación pública, que es la demanda de los países en desarrollo. Los países desarrollados intentaron reinterpretarlo. Por eso decimos que incluso el pasado es incierto porque intentaron reinterpretar la decisión de Belém. Lo que los países en desarrollo obviamente no aceptaron. Esto llevó a una maniobra del presidente de la COP30 al final de la primera semana para hacer una solicitud a la secretaría para que este tema del financiamiento se incluyera en el orden del día.

Entonces, la financiación no se realizará. Dado el estado actual del mundo, dada la ausencia de Estados Unidos y el retroceso del liderazgo de la Unión Europea, la perspectiva de contar con financiación pública es muy baja. Y esto, evidentemente, es un factor de estrés adicional porque si la financiación no avanza, nada más avanza. Ahora bien, existe este problema en lo que respecta a la implementación de los objetivos del Acuerdo de París, pero al mismo tiempo muchos países están tomando decisiones como electrificar sus redes de transporte. Porque eso les conviene. Les resulta más barato.

Obviamente, tendremos un problema con los países menos desarrollados, con muchos países africanos, donde el costo es muy alto y el costo del capital es muy alto. Estos son países que ya están muy endeudados, así que es difícil. Será difícil para estos países dar este salto sin apoyo, sin respaldo financiero.

—Pero ve una luz en el tema de la electrificación…

—La energía renovable se ha vuelto tan barata que si tomamos, por ejemplo, el caso de Brasil, tenemos un país con costos de capital muy elevados para este tipo de inversión, del orden del 10 % al 12% del valor del proyecto. Si solo se considera el costo del capital, se podría suponer que Brasil es un país que no instalará mucha energía renovable debido a su alto costo.

Pero, en realidad, en Brasil contamos con tanta energía solar en nuestro sistema que necesitamos invertir menos. Brasil tiene un excedente de energía solar. Dado que instalar energías renovables en Brasil se ha vuelto tan económico, el costo del capital deja de ser una barrera. Creo que la disminución del costo de la tecnología, el hecho de que China esté inundando el mundo con paneles solares y otras tecnologías, baterías y autos eléctricos está reduciendo las barreras para algunos países del Sur Global, ya que les resulta económicamente viable y más rentable instalar energías renovables y electrificar su economía.

Vimos, por ejemplo, cómo Etiopía prohibió importar los autos con motor de combustión y lo hizo porque los coches eléctricos son más baratos. Los chinos también, por plazos. Londres acaba de reemplazar toda su flota de autobuses con autobuses eléctricos.

No quiero sonar optimista, porque la realidad es que estamos en plena transformación. Dentro de tres o cuatro años, el mundo superará el umbral de 1.5 °C de calentamiento global y la transición hacia las energías renovables aún está lejos de producirse a la velocidad necesaria. Pero creo que este cambio tecnológico está cambiando de ritmo, está cambiando de velocidad. Por supuesto, esto aún puede sorprendernos. Creo que ese será un tema que se tratará más allá de la COP31.

—Cuando regresó de la Conferencia de Bonn, sostuvo que la reunión fracasó, en parte, debido a las posturas extremas. ¿Podría explicar en qué consistían estas formas de extremismo que observó en Bonn?

—En primer lugar, creo que lo primero que la gente debe entender es que no es una reunión política. Es una reunión técnica. Y los negociadores, los diplomáticos, a nivel técnico, tienen poca autonomía para superar los bloqueos. Así que, la mayoría de las veces, acuden y repiten las posiciones habituales de los países. Hay poca movilización de la opinión pública en torno a Bonn. Así que el coste político de ser extremista, de bloquear, de no avanzar, es bajo porque “en la COP a finales de año, veremos e intentaremos resolverlo”. Así que noté que los países estaban yendo un poco demasiado lejos. Y a juzgar por los discursos, en la sesión plenaria final, también se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos.

Mi impresión es que se agravó muy rápidamente hasta un punto al que nadie quería llegar, porque eso significó dos semanas de trabajo perdidas en la mayoría de las vías de negociación. La financiación ni siquiera llegó a una conversación formal.

—¿Se avanzó en algo?

—Curiosamente, lo que ocurrió en Bonn fueron las conversaciones sobre combustibles fósiles paralelas a la negociación, por ejemplo, los acontecimientos en torno a la presidencia brasileña y las conversaciones en el seno de la sociedad civil fueron interesantes. Todo resultó muy convincente. Existía una genuina voluntad entre muchas personas de debatir sobre combustibles fósiles. Pero todo esto tuvo lugar fuera de las salas de negociación.

—Sabemos que la ciencia es central en las políticas que toman los países contra el cambio climático. ¿Cuál es el panorama para el próximo informe del IPCC, la evaluación científica elaborada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas ?

—No puedo darle esa respuesta porque el estancamiento sigue siendo evidente. India y China, los países africanos también, dicen que no hay tiempo suficiente para publicar el informe a tiempo. Ante esto, algunos países han tenido que convocar a una red de prensa para decir que necesitamos defender la ciencia. Y la reacción de los países que atacan al IPCC fue muy mala. Llamaron hipócritas a los países que quieren una alineación. Así que fue una forma de intentar desviar el foco de la conversación, en mi opinión.

—¿Cómo actuaron los países latinoamericanos?

—Ya no hay unidad entre los países latinoamericanos. No hay coordinación en algunos temas. Por ejemplo, la transición. América Latina y el Caribe bloquearon todo el debate sobre mitigación y creo que fue innecesario. La causa era justa. La CELAC quiere que los combustibles fósiles se aborden dentro del programa de trabajo de mitigación. Pero la insistencia en que esto sucediera, que fue lo mismo que hizo Colombia al final de la COP30 en Belém, llevó al bloqueo total del debate sobre mitigación. Si este problema no se resuelve a tiempo, nos quedaremos sin un espacio formal para debatir la mitigación dentro de la conferencia, dentro del Acuerdo de París.

—Entonces, ¿América Latina llega debilitada a la COP31?

—No lo creo. Porque el estado general de la negociación en este momento es tan caótico que no hay países fuertes. Todavía hay mucha fuerza dentro del grupo de países en desarrollo, que fueron muy fuertes en Belém.

El artículo original fue publicado por Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La naturaleza ha sido su laboratorio, las abuelas sus maestras, las plantas medicinales sus instrumentos y la flora y fauna de su entorno su objeto de estudio. Cuando eran niñas no sabían lo que era vestir una bata blanca o manipular un microscopio, pero observar a las aves, bañarse en el río y escuchar los relatos de sus pueblos las preparó para llegar a la universidad y convertirse en las primeras científicas de su familia y, en muchos casos, de sus comunidades.

“Siempre tuve una pregunta para todo lo que mis abuelos me decían. ¿Por qué el río crece? ¿Por qué el pez respira dentro del agua? ¿Por qué las aves vuelan? Quería encontrar las respuestas y por eso quise ser bióloga”, cuenta Avita Taricuarima, científica del pueblo indígena kukama, de Perú.

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Esa niña que caminaba más de 10 kilómetros diarios a través de la selva amazónica para ir a la escuela jamás imaginó que a sus 32 años ya habría publicado un artículo científico, estaría por graduarse de la carrera de biología y sería parte de la lista de The Explorers Club, que reconoce a los 50 mejores investigadores del planeta.

Yarina Tapuy tampoco habría pensado que a esa misma edad ya habría descrito 14 especies nuevas de insectos ni Alejandra Nohora Quiguantar que llegaría a integrar el Panel Científico por la Amazonía. Si a la pequeña Marisel Mamani le hubiesen dicho que en su adultez viajaría a Suecia para realizar un doctorado, a Paola Moreno-Roman que estudiaría en la Universidad de Stanford o a Rosa Marina Flores Cruz que lograría utilizar la ciencia para luchar contra las amenazas a su pueblo, no lo habrían creído.

Todas ellas son científicas de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú que, gracias a sus hallazgos, no solo han aportado a la biología, sino que han logrado demostrar que los conocimientos ancestrales pueden ser una parte esencial de la ciencia.

Pero uno de sus principales retos ha sido abrirse paso en un campo históricamente ocupado por los hombres. Según datos de la Unesco, solo una de cada tres científicos en el mundo es mujer. “Partamos de que ya existe una baja representación de mujeres en la investigación científica a nivel mundial, pero cuando uno va a buscar la participación de mujeres indígenas en ciencias, no existe un mapeo de esa situación, no hay cifras”, explica Janeth Bonilla, vicepresidenta de la fundación Kichwa Institute of Sciences, Technology and Humanities (Kisth), la cual apoya y visibiliza el trabajo de las científicas de pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador.

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Lo que explica Bonilla es otro de los desafíos que están enfrentando estas investigadoras: son invisibles en las estadísticas. A esto se suman la falta de recursos económicos, los prejuicios y la discriminación dentro de la academia y la necesidad de visibilizar no solo su trabajo, sino que la ciencia también se construye en los territorios.

En este informe especial, Mongabay Latam presenta las historias de estas seis científicas indígenas de Latinoamérica que buscan que sus investigaciones contribuyan a la conservación y defensa de sus comunidades.

Ciencia desde y para las comunidades

Sus visitas diarias a la chagra en su infancia, sin saberlo, fueron los primeros pasos de Nohora Alejandra Quiguantar en la biología. En su comunidad Mellamués, ubicada en las montañas de Nariño, entre el Pacífico y la Amazonía colombiana, las plantas medicinales de la huerta tenían un rol fundamental. Con ellas, su abuela curaba enfermedades, asistía los partos y protegía su legado ancestral. Y, gracias a esas mismas plantas, Quiguantar obtuvo su título de bióloga.

Su tesis de grado se enfocó en la identificación de 90 especies y sus usos, pero, al inicio, sus resultados fueron invalidados por no apegarse de forma estricta al método científico. Ante eso, implementó una metodología comunitaria para contar la historia de su pueblo a través de las plantas y, a pesar de la resistencia a sus métodos, se graduó como bióloga.

“Mi trabajo de investigación no lo estaba haciendo para la universidad, sino para la gente”, explica a Mongabay Latam sobre este proceso en el que colaboraron las madres, lideresas, parteras, docentes y taitas de su comunidad.

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Romper esa brecha que existe entre los saberes ancestrales y la ciencia occidental es uno de los objetivos de Quiguantar y sus colegas. Un estudio publicado en Science Direct demuestra que el “enfoque estructurado y sistemático para comprender el mundo natural”, refiriéndose al método científico tradicional, “parece erosionar la sabiduría y legitimidad del conocimiento indígena”.

El artículo, por otro lado, resalta las oportunidades de articular las prácticas científicas con los saberes ancestrales, ya que esto conduce a estrategias de conservación más completas y eficaces, además de reconocer y valorar los aportes que han tenido estos pueblos durante siglos de observación y convivencia con la naturaleza.

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Para Yarina Tapuy, científica kichwa de la provincia de Napo, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, los conocimientos que le heredaron sus antepasados y las experiencias que vivió en su comunidad, Capirona, han sido esenciales para estudiar insectos. Por ejemplo, desde que era niña, sabía que la picadura de la hormiga conga era una de las más fuertes o que hay abejas que pican y otras que no tienen aguijón.

“En el caso de los bichos, hay muchas cosas que ya sabía y después la ciencia me sirvió para entender qué hay detrás. Prácticamente es lo mismo, pero con diferente explicación”, dice a Mongabay Latam Tapuy, quien ha descrito 14 especies nuevas de escarabajos.

Pero, más allá de que sus aportes a la ciencia estén publicados en revistas indexadas, su sueño es que la comunidad los pueda usar para su protección. Uno de sus objetivos es crear una fundación en la Amazonía que se enfoque en promover el desarrollo comunitario para fomentar la participación activa de los pueblos indígenas en las investigaciones y que no sean tratados solo como objeto de estudio.

“La ciencia no solo debe recolectar datos, sino compartirlos”, dice Taricuarima, quien coincide con Tapuy en que la información que se extrae debe regresar a los territorios. Un artículo realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Colorado muestra que el 87 % de los estudios enfocados en cambio climático han seguido un modelo extractivo. Esto quiere decir que investigadores ajenos a las comunidades han utilizado los conocimientos de los pueblos indígenas sin su participación en la toma de decisiones.

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Además, los resultados no han sido socializados ni utilizados para beneficiar a los lugares de donde se extrajeron los datos. Este es un aspecto que muchas veces se critica a la ciencia occidental y que estas mujeres buscan cambiar.

Taricuarima, por ejemplo, se ha enfocado en el estudio de los peces, ya que son la principal fuente de alimento de su pueblo, los kukama, conocidos como gente de río. La idea de su primer artículo como coautora, publicado en la revista Zoonotic Parasite, surgió mientras tomaba una sopa de pescado. En las escamas, recuerda, encontró unos gusanos de color blanco y, tras analizarlos en el laboratorio, descubrió que eran dañinos para la salud.

Con la intención de proteger a las comunidades amazónicas, continuó analizando otros parásitos con potencial zoonótico presentes en los peces. “No les digo que dejen de comer, sino que les recomiendo buenas prácticas para alimentarse sin perder riqueza cultural o nuestra identidad”, explica la bióloga.

Ahora, su tesis está enfocada en analizar bacterias de aguas calientes o termófilas para degradar diferentes tipos de microplásticos, lo cuál ayudaría a proteger sus ríos. “Cada logro, lo comparto con mi comunidad. Al ser la primera en todo esto, ellos aprenden de lo que yo aprendo”, dice Taricuarima.

Una herramienta contra las amenazas

Además del contacto con la naturaleza, las amenazas que afectan su territorio también han incentivado a estas mujeres a estudiar ciencias. “La preocupación que tengo por estos peces, porque hay minería ilegal [que contamina las aguas con mercurio] y pesca, es lo que me ha motivado. Quiero proteger mis recursos y rescatar lo que aún tenemos haciendo llegar mi voz a más lugares”, explica la bióloga kukama sobre sus esfuerzos para conservar lo que aún queda para su “gente del río”.

Rosa Marina Flores Cruz conoce de cerca lo que es enfrentar los impactos negativos de actividades que ponen en riesgo a la “gente de las nubes” o Binnizá, que es el nombre con el que el pueblo zapoteco se reconoce.

La historia de la experta afrozapoteca se relaciona con la expansión de la energía eólica en Oaxaca, sobre todo, en el Istmo de Tehuantepec, que entre 2007 y 2012 vivió el crecimiento más acelerado de la energía eólica en México. Allí se ubica su natal Juchitán que, poco a poco, se fue transformando por los aerogeneradores.

“Al final, mi decisión de estudiar Ciencias Ambientales tuvo que ver con todo eso”, dice Flores Cruz. En 2007, salió de su comunidad para cursar esta carrera en Michoacán, en un campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y después una maestría enfocada en conflictos territoriales, capitalismo verde y resistencias comunitarias en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

A través de sus investigaciones, Flores Cruz también ha analizado los impactos del terremoto de septiembre de 2017 en el Istmo de Tehuantepec. Su estudio se centra en un proyecto de reconstrucción de cocinas liderado por mujeres, el cual no solo buscó reparar daños físicos, sino reactivar la economía local.

En el caso de Marisel Mamani, su respuesta ha sido contra otra amenaza: el uso desmedido de pesticidas. Según datos del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, la importación y el uso de plaguicidas en Bolivia se incrementó en un 400 % entre 2005 y 2016.

Durante su maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas, esta científica aymara logró demostrar que era posible destruir la pared celular de hongos dañinos para el mango y eliminar las larvas de la mosca de la fruta en el suelo sin uso de pesticidas. Siguiendo su línea de estudio, publicó un artículo sobre la diversidad de Trichoderma en la Amazonía boliviana y su potencial para el control de enfermedades del café sin utilizar químicos.

Para Mamani, más allá de los hallazgos, lo más importante de estas investigaciones ha sido la incorporación de los saberes locales en el proceso. “Ellos me hablan de los rituales y yo los respeto. La ciencia no puede estar separada de la parte ancestral”, dice la científica sobre su trabajo con los productores de café en las Yungas de La Paz, que son quienes aportaron con su conocimiento y, al mismo tiempo, se han beneficiado de sus hallazgos.

Rompiendo estereotipos

“Yo quería ser una Jane Goodall de Perú en la selva amazónica. Era el único ejemplo de científica que tuve por muchísimos años”, dice Paola Moreno-Roman. Esta bióloga quechua se refiere a un problema que también experimentaron sus colegas: la falta de referentes mujeres indígenas en ciencias ambientales que demostraran que este camino era posible.

Con el fin de cambiar esta realidad, Moreno-Roman es parte del proyecto Foldscope, ideado por investigadores de la Universidad de Stanford, que consiste en llevar un microscopio de papel sintético a las comunidades para fomentar el uso de estas herramientas a las cuales ni ella ni otras tantas científicas indígenas tuvieron acceso durante su infancia.

“La educación me ha abierto las puertas y es mi rol contribuir de diferentes formas, no solo con el microscopio, sino también para apoyar a las personas a que puedan usarlo y perseguir los sueños que ellos tengan”, dice la científica que estudió en Yale y en Stanford. Moreno-Roman también usa sus redes sociales, a través del perfil Yachaq Warmi (Mujeres en STEM), para difundir la ciencia y mostrar el trabajo de otras científicas de toda la región.

Por otro lado, Taricuarima espera que su incorporación a la lista The Explorers Club 50, en la que se reconoce a las personas que están aportando a la ciencia, la conservación y la exploración, motive a otras niñas a seguir su ejemplo. “Este no solo es un paso para mí, sino para las que vienen detrás. Para hacerlas sentir que son escuchadas y valoradas y que podemos hacer muchas cosas”, dice.

Quiguantar, Tapuy y Mamani no solo han sido las primeras de sus familias en obtener una licenciatura, sino también de sus comunidades, donde han demostrado que hay otras opciones para las mujeres. “A nosotras justamente nos han enmarcado en unos roles de reproducción y cuidado. Cuando iba a empezar la carrera, los comentarios eran que era una pérdida de tiempo, que ya tenía edad para casarme o mantener un marido”, cuenta Quiguantar.

 Ahora, es parte del Panel Científico por la Amazonía y ha llevado su mensaje de inclusión y conservación a eventos internacionales como las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP). También publicó junto a otros investigadores un artículo sobre la necesidad de reconocer el rol de los sabedores tradicionales y proteger sus conocimientos.

Flores Cruz ha roto otro estereotipo: el de la científica de bata blanca. Tras culminar su maestría, decidió tomarse un respiro de la producción de artículos y enfocarse más en el trabajo comunitario y territorial para encontrar otras formas de investigar fuera del espacio académico.

Ahora está estudiando una licenciatura en Comunicación y forma parte del colectivo Red Futuros Indígenas, que agrupa a mujeres indígenas con formación en ciencia, humanidades, psicología y ciencias biológicas para reflexionar sobre metodologías que se impulsen desde los territorios.

El camino recorrido por estas investigadoras demuestra que la ciencia no se limita a las paredes de un laboratorio ni se valida únicamente con una publicación indexada. Al proteger los ríos, conservar la selva y defender sus recursos, están inspirando a las próximas generaciones de niñas indígenas a entender que sus entornos y las enseñanzas de sus abuelas también son parte de la ciencia.

Sus historias están transformando el panorama de la investigación en América Latina, dejando claro que el rigor académico y la identidad cultural no son caminos excluyentes. Como dice Mamani: “Hacer ciencia no es olvidar tus raíces”.

Ilustración de portada: Juan Pablo Dellacha

El artículo original fue publicado por Isabel Alarcón en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En los últimos 20 años algo cambió respecto de cómo pensamos a las familias y el rol de los padres en ellas, en especial respecto de la crianza. Hace tiempo que no es excepcional encontrar varones que quieren estar, criar, acompañar la vida cotidiana de sus hijos, no perderse un acto escolar. Estos avances no se tratan sólo del interés de los padres en cuidar, sino también de acompañar el deseo de muchas mujeres de perseguir su desarrollo profesional y la necesidad de procurar su autonomía económica, en el marco de acuerdos de pareja que también fueron cambiando.

Estos cambios los podemos verificar en nuestras familias y personas cercanas. También los hemos documentado en estudios más amplios, como el que recientemente realizamos junto a Equimundo, una organización global que promueve formas de paternidad más cercanas a modelos de familia basados en la igualdad. Según el estudio “Las Voces del Cuidado 2”, el 89% de los varones y el 78 % de las mujeres reconoce que, a diferencia de la generación de sus padres, cuidar dejó de ser algo excepcional entre los hombres. Cuando se les consulta en profundidad, muchos expresan el deseo de construir una paternidad distinta, más comprometida con el cuidado y con la posibilidad de acompañar la vida cotidiana de las familias, en contraste con aquella idea de padre proveedor y rígido que dominaba la escena en décadas anteriores. Además, el 88% de los hombres entrevistados para este estudio afirma que cuidar a sus seres queridos es una de las cosas que más disfruta en la vida. 

Como sucede tantas veces, los cambios en la sociedad se producen a una velocidad mayor que la que reflejan las instituciones. Este cambio en el ejercicio de la paternidad y en el deseo de participar más activamente en la crianza no fue acompañado por las regulaciones del empleo. Mientras múltiples estudios destacan estas transformaciones en las familias siglo XXI, padres y madres se enfrentan a una realidad anclada en el siglo pasado. La Ley de Contrato de Trabajo reconoce sólo dos días de licencia por paternidad. Es decir, un fin de semana para conocer a un hijo y empezar a construir un vínculo. Una ley que se sancionó en 1974, en una época en la que el padre tenía el ejercicio total de la patria potestad y se asumía que su único deber era anotar al recién nacido en el registro civil, que no logró adaptarse a familias y realidades nuevas.

Ese mundo en el que era posible distinguir de forma tajante los roles de hombre proveedor y mujer cuidadora, ya no existe. En 1986, el 65% de los hogares argentinos dependía de un solo proveedor varón; hoy el 57,1% tiene dos ingresos, y la participación laboral femenina pasó del 27% en 1980 al 51,6% en 2025 (INDEC, 2025). Aunque el modelo “papá trabaja, mamá cuida” dejó de describir a la mayoría de las familias reales, una gran parte del marco normativo y laboral continua estando pensado para ese esquema.

Es cierto que hubo avances legales que reconocieron en parte estos cambios, como la reforma del Código Civil de 1985 que estableció la patria potestad compartida. Dos años después, con la aprobación del divorcio vincular, no solo permitió ordenar la separación con reglas claras sobre cuidado y manutención sino que también permitió reconocer pluralidad de formas de familias. Ya en este siglo, en 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el cuidado como un derecho humano, esto implica que los Estados deben garantizar el tiempo, los recursos y los servicios para ejercerlo, para que no sea solo una responsabilidad que las familias deben resolver como pueden y por las suyas, sino que se reconoce la importancia de contar con recursos, servicios y tiempos para hacerlo posible. Sin embargo, sabemos que entre el derecho y la vida cotidiana queda un tramo que las leyes laborales aún no terminan de abordar.

Esta distancia tiene consecuencias concretas. Cuando la ley dispone que un padre cuenta apenas con dos días de licencia por paternidad, la que queda sola para sostener las primeras semanas es, otra vez, la madre. Los datos son claros en ese sentido, 7 de cada 10 personas creen que las licencias por paternidad deberían durar al menos 30 días, y 9 de cada 10 sostienen que la presencia del padre en los primeros años es clave para el desarrollo de las infancias. Cuando se comparan los datos de Argentina con las experiencias internacionales, los retrasos en materia de legislación laboral se ven con más nitidez. A nivel global, las madres cuentan en promedio con 24,7 semanas pagas, entre 5 y 6 meses, y los padres con 2,2, unos quince días. 

La Organización Internacional del Trabajo recomienda al menos 14 semanas para ambos progenitores. En esa comparación, Argentina aparece entre los países más atrasados en licencias laborales.

A estas limitaciones normativas, se suman las presiones económicas que van en sentido contrario al deseo de cuidar. El 77% de las personas percibe que hoy es mucho más difícil alcanzar la seguridad financiera que en la época de sus padres. Los datos indican que el mandato del proveedor aún pesa sobre la identidad masculina: el 55% de los varones acuerda con que no se siente “lo suficientemente hombre” si no puede mantener a su familia, un porcentaje que alcanza el 61,3% entre los más jóvenes (ELA y Equimundo, 2026). En contextos de crisis, muchos refuerzan su dedicación al trabajo remunerado, con jornadas extendidas o pluriempleo, en detrimento del tiempo para la crianza.

 “Alcanza para sacarse una muela, no para tener un hijo”, resumió un padre argentino entrevistado sobre la extensión de la licencia por paternidad. Por eso los avances que valoramos como sociedad, necesitan un apoyo normativo para que la crianza compartida sea real. En 2013, el 58% de los varones cuidaban; ese porcentaje trepó al 75,1% en 2021, con 3,4 horas diarias en promedio (Encuesta de Uso del Tiempo, INDEC, 2013). Sin embargo, las mujeres dedican 6,3 horas, casi el doble que los varones), y a eso se suma el trabajo fuera del hogar. Esta diferencia también aparece en cómo cada uno percibe la distribución de tareas: en el estudio publicado por ELA y Equimundo, el 88% de los varones dice que divide las tareas en partes iguales con su pareja, pero sólo el 67% de las mujeres coincide con esto. El punto de divergencia no radica sólo en quién hace qué, sino mayormente en quién carga con la tarea de anticipar, planificar y coordinar la logística cotidiana, que sigue mayormente del lado de las madres. Para que esto cambie y se sigan consolidando arreglos más igualitarios, es importante reconocer para los hombres la disponibilidad de tiempo que los haga partícipes de la organización del hogar desde la primera infancia.

En estos últimos años, hubo intentos por impulsar esta conversación desde las políticas públicas, las prácticas empresarias, las negociaciones sindicales y también algunas propuestas de reforma normativa. En 2022 se presentó en el Congreso el proyecto Cuidar en Igualdad, que proponía un sistema integral de cuidados y una reforma general del régimen de licencias que además incorporaba a monotributistas y autónomos, hoy todavía excluidos de toda consideración sobre los cuidados. Aunque la iniciativa no prosperó, dejó planteada una agenda que sigue vigente y que hoy impulsan desde distintos bloques en el Congreso.

Las políticas públicas para facilitar los cuidados no reemplazan el amor ni la responsabilidad familiar, por el contrario: crean las condiciones para cuidar mejor. Licencias más amplias, servicios de cuidado, horarios laborales compatibles con la vida familiar y culturas empresariales que no penalicen a quienes cuidan permiten equilibrar la distribución de tareas al interior de las familias, acotar los costos laborales de la crianza y ejercer una paternidad más cercana sin que eso se interprete como falta de compromiso profesional.

Las nuevas paternidades requieren de políticas públicas y marcos normativos a la altura de los tiempos para generar las condiciones materiales y laborales para sostenerlas. Y también, para permitir el desarrollo de personas más plenas, que seguramente nos llevará a ser una sociedad mejor.

NG/MG

En Malargüe, una ciudad argentina a los pies de la Cordillera de Los Andes, los pasos del gato andino (Leopardus jacobita) volvieron a dejar rastros de conservación. Este es uno de los felinos más difíciles de ver y es el más amenazado del continente americano. Por tercer año consecutivo se logró registrar entre las rocas, a través de cámaras trampa, su presencia cerca del área protegida La Payunia. En diálogo con Mongabay Latam expertos destacan los planes de conservación en una zona.

El gato andino es el único en la categoría “En Peligro de Extinción” en el continente americano, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Sus poblaciones se caracterizan por tener baja densidad y estar fragmentadas, dos factores que lo hacen particularmente vulnerable. Hasta hace poco tiempo, era conocido solo en altitudes superiores a los 3600 metros sobre el nivel del mar en Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

Su cola es larga, gruesa, cilíndrica y de aspecto felpudo. En esta extremidad, además, cuenta con entre seis y nueve anillos anchos de color que oscila entre café oscuro a negro. Tiene nariz negra, a diferencia del gato del pajonal (Leopardus colocolo), que tiene la nariz rosada. Ambos felinos comparten hábitat. Las estimaciones internacionales indican que quedan menos de 2200 gatos andinos distribuidos en sectores montañosos de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

El gato andino es ligeramente más grande que un gato doméstico. Pesa en promedio cuatro kilogramos y mide alrededor de 60 centímetros de longitud. El hábitat de un macho puede llegar a tener el tamaño de más de 5000 canchas de fútbol. Es una especie con densidades poblacionales muy bajas y comparte espacios con el gato de pajonal.

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Según WCS Argentina, en 2005 fue registrado en el noroeste de la Patagonia, a 1800 metros sobre el nivel del mar, y recientemente se lo registró nuevamente a 650 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo a la misma organización, luego de realizar estudios genéticos se descubrió que la población patagónica y la del Altiplano están diferenciadas genéticamente por el escaso intercambio desde hace más de 200 000 años, por lo que deben ser consideradas como dos unidades evolutivas separadas.

“Cada hallazgo es una gran noticia y nos confirma que el gato andino continúa en el área y que los esfuerzos de conservación generan resultados concretos. [Malargüe] es una zona donde no lo habíamos registrado antes, pero lo estábamos monitoreando desde hace años a partir del testimonio de un productor que describió con notable precisión un encuentro con un ejemplar”, relató a Mongabay Latam María José Bolgeri, doctora en biología y gerente de manejo regenerativo de WCS Argentina.

“Junto al trabajo científico, el avistaje de pobladores y productores ganaderos de la zona es esencial para completar el conocimiento de la distribución de esta especie y las amenazas que enfrenta”, agregó la experta.

Registros de conservación

En los registros de las cámaras trampa se observa al gato andino moviéndose entre formaciones rocosas, prácticamente camuflado con el paisaje árido y volcánico que caracteriza a esa zona del sur de la provincia de Mendoza, en la frontera con Chile. El área protegida La Payunia es una de las reservas más grandes de Argentina, con más de 665 000 hectáreas.

Ese paisaje natural se caracteriza por la presencia de más de 800 conos volcánicos y coloridas planicies. Allí habitan una diversidad de especies vegetales y animales, como el cóndor andino (Vultur gryphus), el puma (Puma concolor), el zorro colorado (Lycalopex culpaeus), el choique o ñandú petiso (Rhea pennata), la mara o liebre patagónica (Dolichotis patagonum) y especies que solo pueden encontrarse en este lugar, como el lagarto de las rocas (Phymaturus patagonicus) de la Payunia. Además, es el escenario de la mayor migración de guanacos (Lama guanicoe) que existe, un proceso natural amenazado a escala global.

El gato andino enfrenta múltiples riesgos: caza por ganaderos para evitar pérdidas de ganado, atropellamientos en carreteras y caminos, reducción de presas como el chinchillón o vizcacha de montaña (Lagidium viscacia), degradación del hábitat por actividades extractivas e impactos del cambio climático.

WCS Argentina estudia la distribución del gato andino en el norte de la Patagonia desde 2005, encontrando que el 50 % de los registros eran de animales cazados por productores ganaderos con el fin de evitar pérdidas de ganado por parte de estos depredadores silvestres.

“El trabajo sostenido desde hace más de dos décadas permitió a WCS Argentina identificar áreas prioritarias para implementar medidas de conservación para la especie, generando desde entonces el 75 % de los registros confirmados hasta el momento, y la necesidad de sostener y expandir las medidas de coexistencia entre las actividades ganaderas y la fauna nativa”, afirmó Bolgeri.

Los recientes registros en Mendoza y la provincia vecina de Neuquén refuerzan el valor estratégico de la reserva de La Payunia. Desde el ámbito científico y de conservación se remarca que estas imágenes aportan datos valiosos para fortalecer estrategias de protección de la especie y del ecosistema en el que vive. Además, el registro en esta zona argentina refuerza la importancia de las áreas protegidas y del monitoreo sostenido con tecnología, como las cámaras trampa.

“Para cuidar La Payunia y la vida silvestre que la habita, trabajamos en colaboración con los gobiernos locales, comunidades, productores ganaderos, el sector privado, organizaciones de conservación y de investigación. Este es un claro ejemplo de la función clave que cumple un área natural protegida que impacta positivamente más allá de su límite”, explicó Fernando Miñarro, gerente de áreas protegidas terrestres de WCS Argentina.

El experto añadió que el gato andino necesita ser protegido dentro y fuera de un área natural protegida. “Trabajar en la elaboración e implementación de planes de manejo que derraman buenas prácticas productivas hacia el exterior, como la ganadería regenerativa o el turismo de naturaleza, asegura el éxito de la conservación y la coexistencia”, dijo Miñarro.

Según el experto, la ganadería regenerativa es clave para proteger al gato andino. Esta actividad, también llamada sostenible, silvopastoril o rotacional intensiva, consiste en combinar árboles, arbustos y pastos de calidad para mejorar la eficiencia ganadera, mitigar la sequía y aumentar la biodiversidad de la zona.

Miñarro explicó que apuntan a evitar el pastoreo excesivo en áreas de roqueríos (espacio físico caracterizado por una gran acumulación o abundancia de rocas y peñascos) y bofedales para conservar el hábitat de sus presas. Además, dijo que la ganadería regenerativa promueve la coexistencia pacífica al implementar métodos no letales para proteger rebaños, evitando así que los productores cacen al felino.

Además, el turismo de naturaleza es clave para conservar al gato andino porque transforma a esta especie en un activo económico valioso para las comunidades locales. Este tipo de turismo fomenta el orgullo local, desalienta la caza tradicional, promueve la creación de áreas protegidas y permite financiar programas de monitoreo en ecosistemas altoandinos.

Un paisaje espectacular 

Según el Gobierno de Mendoza, La Payunia es uno de los principales atractivos naturales de esa región. En esa zona hay un promedio de 10.6 volcanes cada 100 kilómetros cuadrados y tiene una vida silvestre impresionante, ya que los animales viven en condiciones extremas por la altura y las temperaturas bajas. Ahí está el gato andino, caminando solitario.

En Bolivia y Perú, la Fundación Teko Kavi impulsa la conservación de este felino dentro del proyecto Conservación del Gato Andino. Josef Rechberger, biólogo y director de esa organización, explicó a Mongabay Latam que la supervivencia de esta especie enfrenta serias amenazas, como la minería.

“Aunque no afecta de manera directa al felino, contamina los cuerpos de agua de los cuales depende toda la fauna silvestre. A esto se suman la ganadería extensiva de llamas y alpacas, que altera el equilibrio ecológico, y la presencia de perros y gatos domésticos sin control, que compiten por alimento e incluso transmiten enfermedades”, detalló Rechberger.

En Bolivia, acotó el también especialista en mastozoología, se instalaron 40 cámaras trampas en 2023 en el área protegida de Apolobamba, en el departamento de La Paz. Tras la implementación de ese método se pudo catalogar a dicha reserva como una zona clave para la conservación del gato andino, que en Bolivia tiene una clasificación de “En Peligro crítico”, según el Libro Rojo de Vertebrados.

“Este es un trabajo en equipo. Acá se debe trabajar con el Estado, con las comunidades, con organizaciones, todo para evitar la desaparición de esta especie tan asombrosa”, destacó Rechberger.

Una alianza transnacional por el gato andino

Argentina, Bolivia, Chile y Perú son los únicos países en el mundo habitados por esta especie, y existe un proyecto que promueve su conservación: la Alianza Gato Andino. Esta iniciativa, que reúne a profesionales, la mayoría de ellos biólogos, se creó en 1999 y desde entonces generó información científica de esta especie, además de una serie de campañas de difusión para sensibilizar a la audiencia y resaltar la importancia de su conservación.

Entre los logros de AGA, está el haber conseguido que el gobierno chileno nombre a este animal como embajador del Día de la Fauna Nativa, que se celebra cada 5 de noviembre en Chile. Rocío Palacios, doctora en Biología y directora de AGA, explicó a Mongabay Latam que sus programas tienen una “misión global”, pero con un “enfoque local”.

“Nosotros creamos una serie de intervenciones, que después mostramos a cada comunidad con la que trabajamos y ellos deciden qué implementar para tener más resultados en la conservación del gato andino. No solo se trata de proteger al gato andino, sino también a todo el paisaje donde habita”, resaltó Palacios.

Según la experta, las comunidades locales son actores fundamentales para la conservación del gato andino. Al ser los habitantes directos de su hábitat en las altas montañas, su rol es vital para frenar amenazas como la caza y la minería, promoviendo el cuidado del medioambiente a través de acciones de vigilancia y educación.

Por ejemplo, en las culturas aymara y quechua locales, este felino es considerado un animal sagrado, símbolo de fertilidad y vinculado a los espíritus protectores de las montañas.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Para la mayoría de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana, el bosque es mucho más que un conjunto de árboles. Es la “casa grande” donde conviven la comunidad, los ríos, los animales, los seres espirituales y la memoria de sus antepasados. Para ellos, conservar los bosques es conservar la vida. Sin embargo, los datos analizados por Amazonía Traficada —un proyecto periodístico apoyado por el Pulitzer Center, en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales— muestran que ahora esa “casa grande” está bajo asedio.

En apenas dos décadas (2003-2023) se deforestaron más de 186 500 hectáreas de bosque en los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica boliviana, una superficie casi tres veces mayor que la ciudad de Madrid. De esa cantidad, solo el 10% contó con la autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el 90 % restante —168 670 hectáreas— ocurrió al margen de la ley.

Para Rivelino Segundo, capitán grande de Isoso —el territorio indígena con la mayor superficie de desmonte ilegal, más de 43 000 hectáreas—, la deforestación que avanza sobre los territorios ancestrales está directamente relacionada con los avasallamientos y la expansión de la frontera agrícola. A su juicio, quienes ocupan ilegalmente estas tierras buscan convertir el bosque en áreas de producción. “No somos nosotros los que desmontamos. Son los avasalladores. [En Isoso], lo hacen para sembrar soja a gran escala. Nosotros, como pueblo guaraní, convivimos con la naturaleza”.

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Este y otros hallazgos son el resultado de un año de investigación en el que la alianza periodística, apoyada por geógrafos, analizó miles de datos filtrados desde la ABT y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que fueron corroborados, más información proveniente de MapBiomas, el producto satelital mensual de Área Quemada Global de la NASA (MODIS MCD64A1) y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). El cruce de toda esta información, combinada con análisis geoespacial e imágenes satelitales, organizada en ocho bases de datos, más una reportería de campo en la que se levantaron al menos 30 entrevistas a líderes indígenas permitió reconstruir, con un nivel de detalle sin precedentes, las transformaciones que han experimentado los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana en las últimas décadas.

De esa investigación nace VISTA, una plataforma que reúne y pone a disposición pública la información analizada por Amazonía Traficada.

La herramienta permite explorar, uno a uno, los 48 territorios indígenas y conocer qué está ocurriendo en su interior y en sus alrededores en cuanto a deforestación, quemas, expansión de la soja, autorizaciones de desmonte y asentamientos de terceros.

La frontera de lo ilegal

Entre 1986 y 2024, según los registros de GeoFAN, portal geoespacial de datos desarrollado por la FAN, los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica acumularon la pérdida de aproximadamente 257 000 hectáreas de bosque. La cifra equivale al 3.4 % de toda la superficie deforestada en Bolivia durante ese periodo, estimada en 7.6 millones de hectáreas.

Para comprender cuánto de esa transformación ocurrió dentro del marco legal, Amazonía Traficada accedió, a través de una filtración de la ABT, a una base de datos inédita sobre autorizaciones de desmonte emitidas entre 2003 y 2023. Los registros muestran que, durante esas dos décadas, la institución otorgó alrededor de 9 400 resoluciones administrativas con las que autorizó el desmonte de casi 80 000 hectáreas de bosque en 41 territorios indígenas.

Sin embargo, solo una fracción de esa superficie autorizada para desmonte perdió bosque. Al cruzar la información de la filtración de la ABT con datos satelitales de deforestación, la investigación identificó que de las 80 000 hectáreas autorizadas, alrededor de 17 900 hectáreas de bosque fueron efectivamente taladas.

La diferencia entre lo permitido y lo que realmente ocurrió en el territorio revela una realidad más compleja. Que solo se haya desmontado una fracción de la superficie autorizada no significa que la deforestación haya sido menor. Por el contrario, la mayor parte de la pérdida de bosque sucedió fuera de las áreas autorizadas. Entre 2003 y 2023, la pérdida de bosque registrada en áreas sin permiso alcanzó las 168 670 hectáreas.

En otras palabras, por cada hectárea de bosque talado dentro de áreas autorizadas, se desmontaron más de nueve hectáreas fuera de ellas. El 90 % de la pérdida de bosque en los territorios indígenas amazónicos ocurrió al margen de los mecanismos de control estatal.

Amazonía Traficada solicitó información y una entrevista a la Dirección Nacional de la ABT para conocer su evaluación sobre estos hallazgos. Al cierre de esta investigación, la institución informó que el requerimiento continuaba en “revisión y coordinación administrativa interna”, por lo que no emitió una respuesta dentro del plazo previsto.

La presión que enfrentan los territorios indígenas amazónicos forma parte de una tendencia más amplia. El informe del World Resources Institute muestra que Bolivia, en 2025, volvió a ocupar el segundo lugar mundial en pérdida de bosque primario, solo por detrás de Brasil.

La pérdida de bosque en la Amazonía indígena no solo ocurre como resultado de los desmontes. El fuego también ha dejado una huella profunda sobre estos territorios. Datos analizados para esta investigación muestran que, entre 2001 y 2024, las quemas e incendios forestales afectaron 23.8 millones de hectáreas en Bolivia. De esa superficie, 4.1 millones de hectáreas —el 17 % del total nacional— se localizaron dentro de territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana.

¿Cómo se llegó a esta situación?

Para comprenderlo es necesario retroceder varias décadas y revisar la historia de las demandas de los pueblos indígenas amazónicos por el reconocimiento y la defensa de sus territorios ancestrales.

La última década del siglo pasado fue clave en la conquista del reconocimiento de los territorios indígenas. Los años 1990 y 1996 marcaron hitos decisivos de ese proceso. En esos dos años los pueblos indígenas dejaron atrás los bosques, ríos y sabanas que conforman su hogar amazónico para recorrer cientos de kilómetros hasta la sede del Gobierno, en La Paz.

En ambas oportunidades —las primeras, aunque no las únicas— caminaron durante más de 30 días para hacer visible una demanda histórica. No pedían nuevas tierras; exigían que el Estado boliviano reconociera los territorios que ellos habitaban desde antes de la constitución de la República en 1825.

La presión de la marcha de 1996 contribuyó a la aprobación de la Ley INRA, que sentó las bases para el saneamiento y la titulación de los territorios indígenas. Sin embargo, tres décadas después de ese hito histórico, el reconocimiento territorial quedó lejos de completarse. Así lo demuestran investigaciones del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

Los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica, en conjunto, pidieron el reconocimiento legal de alrededor de 22.7 millones de hectáreas, pero el INRA tituló 11.7 millones de hectáreas, apenas el 52 % de la superficie solicitada. Más de 11 millones de hectáreas quedaron fuera de la titulación.

Mientras gran parte de esta demanda seguía sin resolverse, el Estado continuó adjudicando tierras a terceros en áreas colindantes a los territorios indígenas. Se trataba de privados y comunidades de colonizadores, como se conoce en Bolivia a los campesinos, generalmente de zonas andinas, que migraron al oriente boliviano para dedicarse a la agricultura y expandir la frontera agrícola. El equipo de Amazonía Traficada tuvo acceso, a través de una filtración del INRA, a resoluciones de asentamientos (inicio del proceso de dotación de tierras) emitidas durante una década por esta institución.

El análisis de esa información revela que, entre 2009 y 2019, el INRA adjudicó aproximadamente 318 500 hectáreas para el establecimiento de 236 comunidades en áreas adyacentes a 19 territorios indígenas titulados. Las principales beneficiarias fueron la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), afines al partido político que estuvo en el poder entre 2006 y 2025.

De acuerdo con la legislación boliviana, las comunidades beneficiarias de una resolución de asentamiento deben demostrar, en un plazo de dos años, el cumplimiento de la Función Social de la tierra para avanzar hacia la titulación definitiva, es decir, deben ocupar efectivamente el predio, residir en él y desarrollar actividades productivas. Si no lo hacen, pueden exponerse a procesos de reversión o a la pérdida de derechos sobre esas tierras. Consultado sobre la situación actual de estos asentamientos, el INRA no respondió a las reiteradas solicitudes de información realizadas para esta investigación.

Asimismo, se solicitó una entrevista —vía telefónica— con los máximos dirigentes de la CSCIB y de la CSUTCB, Juan Cáceres y Víctor Hugo Roca Leyte, respectivamente. Sin embargo, no fue posible establecer contacto con ninguno de ellos.

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El tráfico de tierras

Además de la presión que ejercen las comunidades de terceros asentadas —con la autorización del INRA— alrededor de los territorios indígenas titulados, estos pueblos ancestrales se enfrentan al avasallamiento de sus espacios legalmente reconocidos por el Estado, es decir que cuentan con un título de propiedad colectiva.

Amazonía Traficada entrevistó a líderes de 30 de los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica. Veintiocho reportaron haber registrado avasallamientos durante las últimas dos décadas y, en 22 casos, los conflictos continúan sin resolverse.

¿Quiénes están detrás de estas ocupaciones y qué buscan? Según los testimonios recogidos, la mayoría de las presiones sobre el territorio comienzan con la toma ilegal de la tierra. Cuando los ocupantes pertenecen a una organización social (como la CSUTCB o la CSCIB, entre otras)— ejecutan el asentamiento en grupo. Esto sucede en 78 % de los casos reportados en las entrevistas.

Si se les pregunta por qué ocupan estos territorios, la respuesta suele ser la misma, relatan los líderes indígenas consultados. Sin presentar pruebas, aseguran que se trata de tierras fiscales disponibles y que ya han iniciado trámites de dotación ante el INRA. Acto seguido, dividen el área ocupada en parcelas, levantan viviendas precarias y comienzan a desmontar el bosque. Mientras las comunidades indígenas denuncian el avasallamiento y las instituciones estatales tardan meses —e incluso años— en actuar, los árboles siguen cayendo y se activa un mercado ilegal de tierras dentro de los territorios indígenas.

No obstante, los avasallamientos no siempre son impulsados por organizaciones sociales. Cuando los ocupantes son actores privados, el mecanismo suele ser diferente. Quienes ingresan afirman haber comprado los predios y, según los testimonios recogidos, detrás de estas operaciones suele existir una compleja red de intermediarios, traficantes de tierras y otros actores que alimentan el mercado ilegal de tierras indígenas.

En ambos casos, el objetivo final es el mismo: habilitar tierras para actividades agropecuarias a distinta escala.

A las ocupaciones y disputas por la tierra se suma otra presión: la expansión de la soja. Datos de MapBiomas analizados para esta investigación muestran que, entre 2021 y 2024, este cultivo estuvo presente en 15 de los 48 territorios indígenas amazónicos, es decir, en casi un tercio del total.

Los habitantes indígenas de la Amazonía boliviana siguen intentando defender su “casa grande” cada vez más presionada Lo que ocurra en ella tendrá consecuencias más allá de sus fronteras.

* Este reportaje es parte de Amazonía Traficada, un proyecto producido en colaboración con el Centro Pulitzer y en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales. Puede leer el artículo original aquí

Colaboración reportería: Cristian Ascencio, Erika Bayá, Yaquelin Fernández, Yolanda Mamani

Análisis de datos: Lizeth Vargas Guzmán

Infografía: José Arias, Lily Soruco

Fotografía y video: Edy Yobany Velasco

El viento del altiplano ruge con una fuerza implacable por las faldas del Tata Poquis, un cerro sagrado que supera los 4500 metros sobre el nivel del mar, en la Región de Antofagasta, en el norte de Chile. En esta cumbre árida donde el oxígeno escasea, nacen las vertientes subterráneas que sostienen la existencia de la comunidad indígena lickanantay de Toconao.

Para ellos, esa agua pura que brota y se encauza de forma natural por los pliegues de la cordillera hasta transformarse en el río Jere es una arteria hídrica vital que no solo los abastece a ellos, sino que hace posible la ganadería de altura y un oasis frutícola único en medio del desierto más seco del mundo.

El 20 marzo de 2026 la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —el órgano central encargado de administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) — decidió dar luz verde al proyecto “Prospecciones Aida” de Minera Plata Carina SpA. La decisión contradice la postura de la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta, que lo había rechazado originalmente en enero de 2025.

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Con una inversión estimada de 1.1 millones de dólares, el proyecto consiste en la ejecución de ocho sondajes mineros de perforación diamantina para recolectar muestras de roca y evaluar el potencial de minerales de plata de alta ley o alta calidad en la zona. El expediente oficial del proyecto fue ingresado al SEIA en 2023 bajo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un trámite simplificado donde la propia empresa declara que no generará daños graves. De acuerdo con ese documento, las faenas proyectan una duración de ocho meses y contemplan la apertura de caminos de acceso, un campamento temporal y piscinas de decantación.

La aprobación ambiental del SEA desató una batalla legal que escaló rápidamente hasta el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, donde la Asociación Indígena de Regantes y Agricultores de Toconao, junto a dos personas de la misma comunidad, presentaron dos reclamaciones en contra de la Dirección Ejecutiva del SEA. Solicitaron dejar sin efecto la resolución que calificó favorablemente al proyecto.

Para la comunidad de Toconao, la preocupación por el proyecto minero tiene que ver con la supervivencia. “Nosotros no frenamos el desarrollo, de hecho, hemos llegado a complejos acuerdos con entidades del Estado de Chile por la explotación del litio en el Salar de Atacama, pero nuestra línea roja de resistencia era que no nos tocaran las cabeceras de cuenca que utilizamos para vivir”, dice Leticia González, ingeniera agrónoma e integrante de la comunidad de Toconao.

Mongabay Latam se comunicó vía correo electrónico con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para conocer su versión, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

La ofensiva legal tuvo un primer triunfo cuando el Tribunal Ambiental de Antofagasta paralizó provisionalmente las faenas en mayo. Sin embargo, el mismo tribunal levantó luego la medida cautelar en una votación dividida. Ante este revés, Toconao interpuso un recurso de reposición para exigir una audiencia pública.

La defensa de las aguas

“Realmente nos parece que hay un desconocimiento grande de las realidades territoriales [por parte] de los organismos que operan desde la capital del país. Ellos no saben cómo se vive y lo que uno elige vivir en estos territorios”, señala González.

Toconao está ubicado a 2400 metros de altitud, pero su existencia depende del sistema hídrico situado a 4500 metros sobre el nivel del mar, en pleno altiplano de la región de Antofagasta. A diferencia de los centros urbanos costeros o de las grandes operaciones mineras del norte chileno, la localidad no posee plantas desaladoras ni pozos de extracción profunda; el suministro proviene del agua que brota de la montaña, transformándose en el río Jere.

Este caudal es el motor de un oasis agrícola en el desierto atacameño, donde la comunidad cultiva variedades de papas, porotos y maíz, además de mantener huertos de olivos, damascos, granadas, membrillos, peras y cítricos que se abastecen exclusivamente de los caudales del río Jere. La eventual alteración de este flujo hídrico afectaría tanto a estos cultivos de subsistencia en la zona media como a la ganadería camélida que las familias practican en las vegas altas, áreas adyacentes al proyecto de exploración.

La microbióloga y experta en salares Cristina Dorador coincide en la fragilidad extrema de este ecosistema y advierte —a través de sus redes sociales— que el Salar de Tara es uno de los pocos que no presenta intervención directa humana, por lo que sus condiciones han permanecido estables en el tiempo. Dorador detalla que en este entorno existen bofedales, ecosistemas donde la tierra se encuentra cubierta de agua dulce de manera permanente o temporal. Hacia el fondo de la cuenca, aquellos bofedales se van salinizando hasta formar la laguna hipersalina y el salar.

Este ecosistema, protegido como Sitio Ramsar y parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, es además un área crítica para la nidificación de las tres especies de flamencos que habitan en Chile: el chileno (Phoeniconaias chilensis), el James o parina chica (Phoenicoparrus jamesi) y el andino o parina grande (Phoenicoparrus andinus).

Sin embargo, la ejecución de las plataformas y los ocho sondajes de diamantina —el método de perforación para extraer muestras de roca del subsuelo— se proyecta justamente en las cabeceras de agua de este sistema hidrológico.

Para la comunidad lickanantay, el impacto de estas obras no solo implica la pérdida de caudales, sino también la alteración de un patrimonio medicinal que crece de forma exclusiva en los pisos ecológicos de la puna y el tolar. Especies como la tola, la chachacoma y la chuquicandia —una planta de la familia de las asteráceas utilizada tradicionalmente para afecciones respiratorias— son recolectadas en la zona para ceremonias de pago a la tierra y al agua.

González enfatiza que estas especies dependen estrictamente de las condiciones de presión y suelo de la altura, por lo que su restauración o traslado a laboratorios e invernaderos es inviable si las plataformas mineras intervienen en su hábitat original.

“Es un tesoro patrimonial de la humanidad que tenemos que proteger”, concluye Dorador, sintetizando un diagnóstico donde la memoria comunitaria y la ciencia llegan a la misma conclusión.

Mongabay Latam se comunicó vía correo electrónico con Minera Plata Carina SpA para conocer su postura ante estos impactos señalados por la comunidad, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

Crónica de una pelea judicial

El conflicto por el proyecto de exploración minera se trasladó a los tribunales, abriendo un proceso legal en el norte de Chile. El pasado 13 de mayo, la comunidad de Toconao obtuvo una primera resolución a su favor cuando el Primer Tribunal Ambiental dictó una medida cautelar y ordenó la paralización del proyecto “Prospecciones Aida”, tras considerar los antecedentes presentados sobre el riesgo hídrico en la cuenca.

Sin embargo, 13 días después la situación jurídica cambió. La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —organismo público de carácter técnico encargado de unificar los criterios y administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile—, junto a los representantes de Minera Plata Carina SpA, solicitaron la revisión de la medida. El 26 de mayo, el tribunal levantó la paralización que mantenía frenadas las obras, dejando a la empresa habilitada legalmente para iniciar los sondajes de prospección.

La representación legal de la comunidad lickanantay respondió de forma inmediata para revertir la resolución.

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El 1° de junio, el abogado de la comunidad, César Bravo, interpuso un recurso de reposición con el objetivo de congelar nuevamente las operaciones de exploración y cuestionó los procedimientos judiciales del dictamen.

“Nos tomó por sorpresa el levantamiento de la medida cautelar, la cual consideramos que fue resuelta entre cuatro paredes”, afirma Bravo.

Para el abogado, una resolución de tal impacto técnico y territorial no puede tomarse a puertas cerradas. “Solicitamos de manera urgente que esto se discuta en una audiencia pública donde se escuche a ambas partes”, exige Bravo. Asimismo, advierte que levantar la medida cautelar pasa por alto el principio preventivo: “La esencia de la normativa ambiental es precisamente prevenir daños y afectaciones, y eso es lo que buscamos resguardar a través de esta medida cautelar”.

Leticia González, que también es coautora de una de las reclamaciones judiciales, detalla la preocupación de las familias al enterarse de la noticia por redes sociales. “Para los comuneros, que las decisiones se tomen en un edificio en la capital de Chile demuestra un desentendimiento total de la geografía humana del norte, donde un error técnico a 4500 metros de altura puede sepultar la supervivencia de un pueblo entero”.

En 2019, Minera Plata Carina SpA —filial de la corporación canadiense Endeavour Silver Corp— planificaba la ejecución del proyecto “Cerro Márquez” en la Región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de Chile. Este contemplaba 38 sondajes para buscar minerales de alta ley o alta calidad en un cerro considerado sagrado (Mallku) por las comunidades locales.

En septiembre de 2020, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por las comunidades aymaras de Timar, Cobija y Ticnamar, y determinó que, en virtud de los principios preventivo y precautorio, la envergadura de las faenas en tierras de ocupación ancestral implicaba un riesgo para los recursos hídricos y las comunidades afectadas.

Por lo mismo, la Corte Suprema ordenó a la empresa ingresar su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero tras el fallo, la empresa desistió del proyecto.

Mientras tanto, en las calles del pueblo de Toconao, los carteles de rechazo al proyecto “Prospecciones Aida” siguen colgados, recordando a los visitantes que los habitantes lickanantay están dispuestos a defender el origen de su agua hasta las últimas consecuencias.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La desertificación y la sequía no solo se presentan en las regiones áridas del planeta. Territorios en Latinoamérica ya viven sus impactos, desde el Corredor Seco Centroamericano hasta los bosques húmedos de Amazonía y la región boscosa del Gran Chaco, donde la degradación de los suelos, la sobreexplotación del agua y los efectos de la crisis climática están transformando los ecosistemas y afectando la seguridad alimentaria de millones de personas.

Este Día Mundial de Acción Frente a la Desertificación y la Sequía especialistas consultados por Mongabay Latam explican cómo estos fenómenos, cada vez más intensos en la región, están conectados con los incendios forestales, las pérdidas agrícolas y la transformación de los ecosistemas de los cuales dependen comunidades enteras.

También advierten que la degradación de la tierra se ha convertido en un desafío para enfrentar este fenómeno y construir resiliencia en las zonas con mayor afectación pues representan impactos en la economía, la salud y los medios de vida de las personas.

En un par de meses, los países latinoamericanos también tendrán la oportunidad de abordar estos retos y posibles soluciones en la 17° reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP17), una cumbre global que este año se realizará en Mongolia.

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Cambios en el clima y más incendios

La Amazonía es una de las regiones más vulnerables a la desertificación y a la sequía ante el aumento de las temperaturas y la deforestación, lo que también ha incrementado los incendios.

Ane Alencar, directora científica del Instituto de Investigación de la Amazonía (IPAM), explica que los cambios de uso de suelo para fomentar la agroindustria y la ganadería con la renovación de pastizales ponen a los ecosistemas húmedos en mayor riesgo porque favorecen el incremento de incendios en bosques que no tienen adaptación al fuego.

“En estos años son mucho más frecuentes los incendios porque los bosques están más inflamables. Los grandes árboles se caen, el dosel se abre más, entra más aire caliente, entonces es como un ciclo vicioso. Es un problema de la sequía, puede poner a los bosques en una condición muy vulnerable a los incendios forestales”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Alencar advierte que cada vez existen mayores condiciones para que los incendios se propaguen en la Amazonía. Estos factores, explica, son como un triángulo que ayuda a explicar la expansión del fuego.

“En un vértice de este triángulo tenemos las condiciones de clima, en otro vértice tenemos la cantidad y calidad de los materiales combustibles y en otro vértice tenemos las fuentes de ignición. Para que un fuego se propague, debemos tener estas tres condiciones”, detalla.

La especialista señala que en la Amazonía la gran mayoría de los fuegos son iniciados principalmente por actividades humanas, por lo que una forma de romper con el triángulo que potencia los incendios es reducir o controlar las fuentes de combustible.

“Si un bosque está muy seco por causa de las condiciones climáticas, hay más hojas en el suelo, por tanto un material combustible muy bueno [para propagar un incendio], pero si no tuviéramos quién prenda el fuego, este incendio no va a acontecer. Necesitamos las condiciones del clima, qué quemar y quién comienza el fuego”, sostiene.

Estos cambios en el comportamiento del fuego en la Amazonía están siendo documentados. De acuerdo con un informe técnico de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), entre 2016 y 2021, los incendios en la Amazonía impactaron un promedio de entre 17 y 27 millones de hectáreas, mayor que lo reportado entre 2001 y 2020. Además, el 59 % de los incendios ocurrieron en áreas nuevas, donde no se había registrado el fuego previamente.

De acuerdo con el mismo estudio, Bolivia y Brasil registraron la mayor extensión de los incendios en la Amazonía, donde en 2024 se estimaron cerca de 27 millones de hectáreas afectadas por el fuego. Estos factores, junto con el descenso de las precipitaciones, ponen en riesgo “la resiliencia hídrica y ecológica de la Amazonía”, señala el informe.

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Pérdida de la riqueza de los suelos, un daño silencioso

La degradación del suelo y la pérdida de bosque no es exclusiva de la Amazonía. Otro de los ecosistemas más afectados es el Gran Chaco sudamericano, la segunda región boscosa más grande de la región, que se extiende por el norte de Argentina, Paraguay, una porción del sur de Brasil y de Bolivia. Solo en el norte argentino, se perdieron 210 702 hectáreas de bosque durante 2025, una extensión equivalente a diez veces la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con un informe de la organización Greenpeace. Las causas fueron la deforestación y los incendios.

Para Marlene Quintanilla, consultora en Análisis ambiental y Evaluaciones en Sistemas de Información Geográfica de la firma GEO-NET, lo que conecta a estas regiones de Latinoamérica con la desertificación y las sequías es la pérdida de la materia orgánica que generan los bosques ante la agroindustria.

“Cuando se deforesta se rompe este ciclo de nutrición de los suelos y se ve sobre todo en Argentina y Paraguay. En el caso de Bolivia, Brasil y Perú [que comparte una parte de la Amazonía] ya hay una degradación importante en suelos. Básicamente en los países donde se está intensificando la agroindustria o la producción masiva de productos como soya, sorgo y la ganadería”, comenta la especialista a Mongabay Latam.

Quintanilla destaca también la salinidad del agua como otro impacto silencioso derivado del aumento de la temperatura y del estrés hídrico para cultivos o para la ganadería, los cuales, advierte, no solo generan un cambio químico en las aguas, sino que también rompen las estructuras de los suelos.

“Estamos en una era de cambio climático donde los déficit hídricos de los últimos 20 años son mucho más intensos y esa falta de agua hace que se empiecen a utilizar tecnologías para riego o extracción de agua subterránea. Depende mucho la geología y la química de los suelos que son diferentes en cada región, pero este riego también está provocando problemas de salinización”, señala.

Además de estos procesos de degradación, la especialista advierte que también los incendios están contribuyendo con la compactación del sueño y la pérdida de biomasa.

“Es un impacto que todavía no se visibiliza pero los suelos tienen vida por la microfauna, al impactarse con los incendios también se está viendo una importante compactación. Se genera una permeabilidad y evita un menor almacenaje de agua para las épocas secas”, explica Quintanilla.

La experta advierte que el ciclo del agua se ve afectado de forma subterránea y degrada incluso zonas que no son agrícolas, pero que son impactadas por los incendios. “Al final termina siendo una cadena de impactos que se van interrelacionando queramos o no también con los impactos del cambio climático”, agrega.

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Menos alimento para las poblaciones

Una de las principales consecuencias de la desertificación, la sequía y la degradación del suelo es la falta de producción de alimentos. Esto se ha reflejado en otros territorios de Latinoamérica, como el Corredor Seco Centroamericano, una franja impactada por sequías recurrentes, erosión del suelo y fenómenos climáticos que abarca desde el sur de México hasta Panamá, pero ocupa principalmente territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que 10.5 millones de personas viven en esta región de Centroamérica, de las cuales el 50 % vive en condiciones de pobreza y más de dos millones de familias dependen de la agricultura para sobrevivir.

Mario Salgado, oficial de Conocimiento del Riesgo en la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) de las Américas y el Caribe, considera que el Corredor Seco Centroamericano es de las regiones más vulnerables a la desertificación que ya se traduce en la seguridad alimentaria de millones de personas.

“Empieza a reflejarse en pérdidas en el sector agrícola, en inseguridad alimentaria y algo que quizás sí hace una diferencia notoria entre los efectos de sequía y de desertificación es lo que pasa a nivel de migración en el Corredor Seco de Centroamérica, que no solamente es interna, sino que traspasa las fronteras”, sostiene el especialista.

Salgado explica que la región comienza a vivir nuevos impactos en cadena, como los incendios forestales derivados del aumento de las temperaturas y menor precipitación. Éstos representan un riesgo para la salud de poblaciones por lo que considera clave avanzar en sistemas de alerta temprana.

“No solamente es que las alertas existan, sino que se puedan traducir en acciones. Esto implica políticas de una gestión sostenible del suelo, de una diversificación productiva, de ajustar los calendarios de siembra, la utilización de ciertos tipos de semillas que se sabe que son más resistentes a estas condiciones de sequía y de desertificación”, explica el experto a Mongabay Latam.

Esta correlación entre la desertificación y la sequía con los alimentos también ocurre en zonas donde puede haber o no actividades ganaderas y agrícolas a gran escala, de acuerdo con Quintanilla.

“Va impactando a zonas de bosque donde no hay actividad agrícola ni ganadera pero hay mucha vida silvestre y donde hay territorios donde sus medios de vida dependen de los frutos que pueden sacar del bosque, de los ríos. Esto impacta directamente la economía de estas familias que dependen de la producción y de la venta de productos del bosque”, advierte.

Alencar agrega que estos impactos en la seguridad alimentaria de la población ya se viven también en comunidades amazónicas.

“Cuando hay una sequía muy fuerte con altas temperaturas, los ríos bajan mucho y hay un impacto muy importante en la calidad del agua. Por ejemplo, la acidez. Los pescados se mueren porque están calientes, tienen menos agua”, sostiene la directiva del IPAM y añade los impactos en cadena que se generan contra las comunidades.

Sostiene que las sequías en las comunidades amazónicas rurales provocan una baja en el caudal de los ríos, por lo que no se puede acceder a los centros para la compra de alimentos, ya que se movilizan en embarcaciones.

“Es un impacto muy grande por la pérdida de miles de pescados. La población se queda sin esa importante fuente de proteína. No se puede beber agua, no se pueden bañar. Hay una escasez de agua para la salud humana”, afirma.

COP17 un escenario para plantear alternativas y financiarlas

La COP17 buscará soluciones a los desafíos interconectados de la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía. Los especialistas consideran que los países latinoamericanos llegan con retos en la prevención y financiamiento para la resiliencia de las comunidades afectadas.

Para el caso de la Amazonía y el Chaco, Quintanilla considera que los países involucrados deben mirar a los bosques como un aliado para lograr la adaptación a la crisis climática.

“Es importante el compromiso de la reducción de la deforestación, me parece que sigue siendo un pilar importante la lucha contra los incendios. Los países de estas dos grandes regiones sostienen una agricultura importante para la humanidad. Hay que mirar los suelos como un área de protección y trabajar mucho más también con la investigación”, considera la experta.

En tanto, Salgado afirma que tanto el Corredor Seco Centroamericano como la Amazonía llegan con suficiente evidencia de que son regiones altamente expuestas y vulnerables a estas condiciones de sequía y de desertificación, por lo que se deben buscar mecanismos de gobernanza, sistemas de alerta y de rendición de cuentas.

“El conocimiento del riesgo puede brindar mucha información. Si los países cuentan con estimaciones robustas de lo que puede llegar a ocurrir, esas cuantificaciones permiten no solamente el diseño de planes más concretos, sino una correcta estimación de los recursos que se necesitan”, afirma.

Salgado advierte que precisamente abordar el financiamiento durante la próxima COP17 será uno de los retos, pues considera que debe haber una conexión con los presupuestos de dónde saldrá el dinero, o de lo contrario, pueden terminar en “listados de buenas intenciones”.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cada año, el 16 de junio, se conmemora el Día Mundial de las Tortugas Marinas. La fecha llega este año con un panorama que mezcla esperanza y urgencia. Un estudio global publicado por el Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reveló que décadas de esfuerzos de conservación están dando resultado. Más del 40 % de las poblaciones de tortugas marinas son consideradas actualmente de bajo riesgo y baja amenaza, frente al 23 % registrado en 2011. Sin embargo, el mismo estudio advierte que la pesca incidental sigue siendo la amenaza más urgente para las tortugas marinas en todo el mundo, junto a otros riesgos como el desarrollo costero, la contaminación por plásticos, el cambio climático y la captura directa de tortugas y sus huevos.

En América Latina, tres historias iluminan tanto los avances como los desafíos que enfrentan estas especies en el Pacífico y el Atlántico Sur. En Ecuador, investigadores descubrieron que dos playas de la provincia de Esmeraldas son refugios únicos en el Pacífico Oriental para la resiliencia de las tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea) frente al cambio climático.

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En Colombia, las comunidades afrodescendientes del Chocó protagonizan una transformación profunda: de consumir tortugas a protegerlas, mientras la ciencia advierte la necesidad de acompañar esas iniciativas para que sean realmente beneficiosas. Y en Argentina, un equipo de investigadores logró por primera vez rastrear por satélite a machos de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) en el Atlántico Sur, develando los movimientos de los individuos más desconocidos de la especie más grande de todas.

Ecuador: el refugio de tortugas macho

En la costa noroccidental de Ecuador, donde el bosque del Chocó llega hasta el mar y una capa permanente de nubes filtra la luz del sol, dos playas guardan un secreto que la comunidad científica tardó décadas en descubrir: casi todas las crías de tortuga golfina que nacen allí son machos.

El hallazgo, publicado en octubre de 2025 en la revista Climatic Change, podría ser una de las noticias más importantes para la conservación de tortugas marinas en el Pacífico Oriental. Y su historia comenzó, casi por casualidad, con una pregunta sobre el cambio climático.

“Necesitábamos un bioindicador para evaluar los efectos del cambio climático en comunidades pesqueras”, recuerda Rubén Vinueza Chérrez, biólogo marino y uno de los autores del estudio. En 2017, trabajando con la cooperación técnica alemana en el proyecto Procambio, propuso a los reptiles —y en particular a las tortugas marinas— como esa ventana para leer el clima. La razón es biológica: el sexo de las tortugas depende de la temperatura de incubación de los huevos. A más calor, más hembras. A más frío, más machos.

Lo que encontraron al instalar los primeros sensores en los nidos de Portete y Galera —en la provincia de Esmeraldas, al norte de Ecuador— fue sorprendente. Las temperaturas promedio de incubación fueron de apenas 27 °C en Portete y 27.3 °C en Galera, muy por debajo de los más de 30 °C que se registran en la mayoría de playas de anidación del mundo. El resultado: entre el 99.9 % y el 99.3 % de las crías nacidas entre 2018 y 2022 fueron machos.

Estos resultados son clave. De hecho, en la gran barrera de coral, en Australia, hasta el 99 % de las tortugas verdes que nacen son hembras, al igual que en el norte de Chipre. En Turquía, la cantidad de tortugas nacidas hembras alcanza el 74 %. Esta tendencia, asegura la investigación, “conlleva una marcada desproporción entre sexos que puede afectar el éxito reproductivo y, por consiguiente, la viabilidad a largo plazo de las poblaciones, así como la reducción del éxito de eclosión”.

“Para la comunidad científica es urgente encontrar estas zonas que podrían ser refugios del cambio climático. Necesitamos definir qué playas están todavía generando machos”, explica Vinueza Chérrez.

La clave está en la geografía. Portete y Galera se encuentran dentro del corredor del Chocó, uno de los ecosistemas más húmedos del planeta. La presencia de bosque, la nubosidad constante y la humedad reducen la entrada de radiación solar, manteniendo las temperaturas locales significativamente más bajas que en otras zonas tropicales de anidación. Además, la temporada de anidación de la golfina —de agosto a noviembre— coincide con los meses más frescos del año en la región.

El estudio proyectó las temperaturas futuras de los nidos bajo tres escenarios del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Las conclusiones son alentadoras: incluso en el peor escenario posible —el de desarrollo intensivo en combustibles fósiles—, la probabilidad de que las temperaturas superen los 30.5 °C (el umbral a partir del cual se producen hembras) llegaría al 71 % en Portete y al 68 % en Galera hacia finales de siglo. En otras palabras, aun en ese escenario extremo, una porción relevante de los nidos seguiría produciendo machos.

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Eclosión de tortugas marinas en playa Portete, Ecuador. Video: Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez-Flores. 

Sin embargo, el futuro de estas playas no depende solo del clima. Portete, aunque protegida, enfrenta la presión del turismo de un hotel cercano en Mompiche. Galera, más inaccesible, está por ahora más resguardada. Ambas integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador, pero “ser área protegida no garantiza el cien por ciento”, advierte Estefanía Sánchez-Flores, coautora del estudio e investigadora en ingeniería ambiental. La urbanización, los perros sueltos en las playas, las luces artificiales y la pesca incidental siguen siendo amenazas reales. Conservar estos refugios, concluyen los investigadores, requiere no solo proteger el clima, sino también el bosque y la oscuridad de la noche.

Colombia: una tortuga viva vale más que una tortuga muerta

En Nuquí, un municipio del departamento del Chocó colombiano, hay personas que cada noche, entre julio y diciembre, recorren la playa esperando el rastro inconfundible de una tortuga que sube a desovar. Cuando la encuentran, esperan en silencio hasta que termina. Luego recogen los huevos y los trasladan a corrales protegidos donde permanecerán hasta la eclosión. El propósito del traslado es proteger los nidos de las mareas que pueden arrastrar los huevos mar adentro o de los perros que excavan la arena para devorarlos.

“Cuando los huevos eclosionan, las dejamos [a las tortugas] caminar solas hacia donde suena la ola”, cuenta Jorge Enrique Murillo Palacio, integrante del Consejo Comunitario General Los Riscales. “Es muy difícil que una tortuga se devuelva para arriba. Siempre busca la parte de abajo”. Esa caminata importa: la playa queda grabada en el vientre del animal, como un mapa, y cuando la tortuga es adulta regresa al mismo lugar a anidar.

Murillo forma parte del Consejo Comunitario General Los Riscales, autoridad territorial que administra más de 31 469 hectáreas en el municipio de Nuquí y que lleva más de 10 años coordinando la conservación de tortugas marinas en la zona. “Para nosotros es algo muy lindo porque estamos contribuyendo a que esa especie pueda seguir existiendo en el planeta”.

No siempre fue así. Un estudio publicado en 2025 en la revista Ethnoscientia, con trabajo de campo realizado en 2015 por Laura Soto-Cortés y Dennis Castillo-Figueroa en las comunidades de Jurubirá, Panguí y la cabecera de Nuquí, documenta una relación histórica mucho más compleja entre estas comunidades afrodescendientes y las tortugas marinas que llegan al Pacífico colombiano para reproducirse, todas en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), en Peligro Crítico; la caná o laúd (Dermochelys coriacea), Vulnerable; la verde (Chelonia mydas), en Peligro; y la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), Vulnerable.

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A partir de entrevistas con pescadores locales, la investigación registró un vínculo multidimensional con las tortugas: alimenticio, medicinal, ornamental, espiritual y ritual. Se consumían huevos y carne y la grasa del animal se usaba para tratar enfermedades respiratorias. El pene del macho, conocido localmente como “el viril” o “la picha”, tenía alta demanda comercial como afrodisíaco, con compradores llegados desde ciudades como Medellín, y podía venderse entre 18 y 36 dólares. Incluso existía una práctica ritual llamada ombligada, en la que partes de la tortuga se ahumaban y raspaban para incorporarlas al cordón umbilical de los recién nacidos. De esa manera se les transfería, supuestamente, cualidades como la resistencia en el agua.

El estudio también documentó que los propios entrevistados percibían una disminución en las poblaciones y la vinculaban directamente a décadas de captura y consumo. “Cuando yo era muchacho, había mucha tortuga. Uno se iba por aquí, por la playa de Boca Chori, encontraba 10 nidadas de huevos y la gente se las traía”, relató uno de los participantes de Jurubirá. Los investigadores concluyen que incorporar estas percepciones y valores culturales locales es indispensable para diseñar estrategias de conservación verdaderamente efectivas y sostenibles en el tiempo.

Hoy, según Murillo, la transformación en Nuquí es real: quien sea encontrado con carne o concha de tortuga puede ser judicializado. Además, “nos dimos de cuenta de que una tortuga viva nos puede generar mucha más plata que terminar con su existencia. Nosotros anteriormente matábamos la tortuga. Pero gracias a Dios desde hace varios años a la tortuga la miramos como una fuente de ingreso, porque hay mucha gente turista que viene acá y de una u otra forma dejan recursos en el territorio”.

Sin embargo, la práctica de reubicar huevos, advierten los investigadores ecuatorianos Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez-Flores, “es complejo” y debe hacerse considerando diversos factores para evitar daños en las tortugas. De acuerdo con los especialistas, las tortugas seleccionan zonas de playa con perfiles térmicos específicos, y un nido mal reubicado —demasiado superficial o en una zona más expuesta— puede alterar la temperatura de incubación hasta afectar, incluso, el desarrollo neurológico de las crías. La reubicación puede ser necesaria, coinciden los investigadores, pero debe tomarse como última opción y con conocimiento técnico del perfil térmico de cada playa. No basta con que las tortuguitas lleguen al mar. Importa también cómo llegan.

Argentina: los machos invisibles del Atlántico Sur

De las siete especies de tortugas marinas que existen, la laúd (Dermochelys coriacea) es la más grande y una de las más misteriosas. Los adultos pesan entre 200 y 250 kilos —el ejemplar más grande registrado superó los 900 kilos—, pero a pesar de su porte, se sabe muy poco de ellas.

Victoria González, investigadora del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Conicet, explica que la especie pasa la mayor parte de su ciclo de vida en zonas alejadas de la costa, lo que la hace muy difícil de estudiar. Aunque esta dificultad aplica tanto para hembras como para machos, todo lo que la ciencia conocía provenía de las playas de anidación, donde las hembras salen a desovar y los investigadores pueden acercarse. Los machos, que nunca abandonan el océano, permanecían como una incógnita.

Eso empezó a cambiar en aguas cercanas a la costa de la provincia de Buenos Aires, donde un equipo de investigadores logró colocar transmisores satelitales a machos de tortuga laúd. Capturarlos no fue sencillo. La metodología consiste en aproximarse lentamente a los animales con una embarcación y colocar en su camino un aro —similar a uno de básquet, pero mucho mayor— para que entren solos en la red. Una vez retenidos, se los sube a una balsa inflable. “A la cuenta de tres, entre tres o cuatro personas”, cuenta González, quien también es investigadora del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). La colaboración de pescadores artesanales, acostumbrados a trabajar en el mar y a manejar cargas pesadas, fue indispensable.

Los transmisores, fijados en el caparazón, envían datos de geolocalización cada vez que los animales salen a respirar. Los primeros resultados revelaron comportamientos inesperados: los cuatro machos marcados permanecieron durante semanas en aguas de la plataforma continental argentina, alimentándose en el norte de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la costa y no mar adentro como se pensaba. “Quizás lo vienen haciendo hace cientos de años, pero no lo sabíamos”, reflexiona la investigadora.

Uno de ellos hizo luego algo diferente a los demás: se desplazó bordeando la costa bonaerense hacia el Rincón, otro sistema de alta productividad donde hay abundancia de medusas, su alimento principal. Los pescadores artesanales empezaron a reportar presencia de medusas en las redes y al poco tiempo los transmisores confirmaron que los animales los seguían. Hacia finales de mayo, los cuatro iniciaron el desplazamiento hacia el norte. Hoy están en el sur de Brasil.

A partir de este hallazgo se disparan muchas preguntas, dice González. “¿Cuántas hay? ¿Están separadas en grupos? ¿Están todas juntas?”, se preguntan los investigadores.

Se sabe, por estudios genéticos, que las tortugas laúd que llegan a Argentina provienen principalmente de una pequeña población del norte de Brasil, en el estado de Espíritu Santo, y de colonias en la costa occidental de África, en Ghana, Gabón y Congo.

Hace unos 20 años, hembras muertas en playas argentinas con marcas metálicas colocadas para su identificación en las aletas permitieron comprobar por primera vez la migración transatlántica de la especie. El año pasado, el equipo capturó una hembra que llevaba en las aletas una chapa colocada 11 años antes en el Congo.

El seguimiento satelital busca no solo identificar los corredores migratorios una vez que las tortugas llegan a Argentina, sino también identificar zonas de superposición con las actividades pesqueras, uno de los principales factores de mortalidad a nivel global, y con los residuos en el mar. La contaminación por plástico es otra amenaza documentada: en tortugas verdes recuperadas muertas es frecuente encontrar bolsas, fragmentos de plástico duro y tapas de botella en el estómago, cuenta González.

El equipo espera colocar cuatro transmisores más en la próxima temporada, si consiguen financiamiento.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En medio de la crisis que atraviesa Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz firmó un acuerdo con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) que pretende habilitar y ampliar actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas. El convenio tendrá un impacto negativo sobre los parques nacionales, fuentes de agua y pueblos indígenas, aseguran expertos, legisladores y representantes indígenas.

El acuerdo se firmó el 14 de mayo en plena crisis social, política y económica que atraviesa Bolivia. Son más de 40 días de bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos que tienen cercada, sobre todo, a la ciudad de La Paz. Varios sectores sociales exigen la renuncia del presidente Paz, quien insiste en el diálogo a pesar de la presión de activar un estado de excepción para terminar con los conflictos.

Uno de los sectores que participó activamente de las manifestaciones y bloqueos en la primera etapa de la crisis fueron los mineros cooperativistas, quienes incluso llegaron a enfrentarse con la Policía Boliviana en La Paz y utilizaron dinamita para intentar ingresar a las calles cercanas al Palacio de Gobierno. Esta organización fue convocada al diálogo y luego de horas de debate cerraron el acuerdo.

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Tras esa reunión se firmó un acta de ocho puntos. El último se titula “Políticas en Medio Ambiente” y es el que dispone que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) “restablecerá el Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas de manera pronta”.

Además, establece que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) “repondrá el reglamento para la emisión del Certificado de Compatibilidad de Uso de Suelo como instrumento técnico para la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas, conforme al artículo 220 de la Ley 535 de Minería”.

El acuerdo también tiene puntos relacionados con representación institucional, concesiones mineras, provisión de explosivos, contratos y participación del sector en decisiones estatales.

En Bolivia ya existen casos de minería ilegal dentro de áreas protegidas. La reserva más afectada es el Parque Nacional Madidi, en el norte del departamento de La Paz, donde existen denuncias de los propios guardaparques sobre actividades mineras en el río Tuichi, un afluente que fue catalogado como sujeto de derechos por el Tribunal Agroambiental.

Este tipo de minería aluvial en áreas protegidas puede provocar contaminación del agua por el uso de mercurio en la amalgamación del oro, lo que afecta a la fauna acuática y la salud de las poblaciones locales. Además, ocasiona la deforestación por el uso de dragas que devastan las riberas de los ríos y arrasan con los bosques.

Otro impacto es la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, ya que las operaciones mineras irrumpen en territorios indígenas dividiendo comunidades y afectando su soberanía alimentaria.

Críticas al acuerdo

Cecilia Requena, diputada de Alianza Unidad, calificó como “nefasta y macabra” la reunión entre el gobierno de Paz y el sector minero cooperativista y consideró que el acuerdo fue firmado bajo la presión que realizan los cooperativistas mineros con cualquier gobierno. La legisladora afirmó a Mongabay Latam que una manera de solucionar el conflicto con este sector fue brindarles “concesiones inaceptables”, refiriéndose a las áreas mineras que buscan tener en áreas protegidas y territorios indígenas.

“El Gobierno no puede sacrificar bienes comunes vitales, como nuestras áreas protegidas, nuestras fuentes de agua. Se debería hacer respetar las resoluciones del Tribunal Agroambiental”, resaltó Requena en diálogo con este medio.

La diputada se refiere a la resolución que emitió a inicios de 2026 el Tribunal Agroambiental, instancia que ordenó prevenir medidas regresivas contra el ambiente y las áreas protegidas de Bolivia. “Nadie detiene el envenenamiento con mercurio de niños y niñas y pueblos indígenas”, dijo Requena. El mercurio es un mineral altamente contaminante y tóxico que se utiliza en la separación del oro de los sedimentos de ríos, el tipo de minería que los cooperativistas buscan realizar en las áreas protegidas de la Amazonía.

Los efectos de la contaminación por mercurio en poblaciones humanas incluyen efectos neurológicos. “Está entre las diez sustancias más peligrosas declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, explicó a Mongabay Latam Claudia Vega. Vega es coordinadora del Programa de Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), una organización enfocada en la investigación e innovación para el desarrollo sostenible del bioma. “Es un problema para la salud pública y de hecho el mercurio es el único elemento que tiene un convenio, el convenio de Minamata, donde alrededor de 128 países se han comprometido a reducir el uso de mercurio para la protección de la salud humana y la salud del ecosistema porque se reconoce su alta toxicidad”, aseguró en una entrevista en 2025.

“Una de las cosas que más preocupa en mercurio es que puede atravesar la barrera hematoencefálica y placentaria. Eso quiere decir que si una mujer embarazada come mercurio [a través del consumo de peces de los ríos contaminados], este puede atravesar la placenta y llegar al cerebro del feto. Puede afectar al niño en edades tempranas y tener impacto para toda su vida. Los niños no pueden pararse, no oyen”, afirmó Vega.

La legisladora Requena acotó que el acuerdo entre Paz y los mineros ignora los impactos ambientales de la minería aurífera, particularmente la contaminación por mercurio y la afectación a ríos, lagos, glaciares y bofedales. “Muy pocos defendemos el medio ambiente”, reprochó Requena.

Mientras, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) demandó a través de un comunicado la anulación inmediata del acuerdo entre el gobierno de Paz y Fencomin, cuestionando que se haya cedido al ingreso de la minería en áreas protegidas bajo presión de los mineros.

“El acuerdo con Fencomin busca monopolizar decisiones sobre la minería para una mayor proliferación de cooperativas mineras y mayor violencia y devastación del ambiente, mientras el Gobierno no tiene ni tendrá control sobre la extracción de minerales como lo venimos advirtiendo desde la aprobación de la Ley del Oro”, cuestionó Ruth Alipaz, representante de Contiocap.

La activista indígena acusó al presidente Paz de desconocer sentencias constitucionales que declaran a los ríos como sujetos de derechos y eliminar el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional al comprometer la aprobación de contratos mineros que “no cumplen con los requisitos y salvaguardas ambientales”.

Alipaz enumeró cinco artículos de la Constitución Política del Estado de Bolivia que se estarían violando con el acuerdo entre cooperativas mineras y el Gobierno y también demandó la suspensión de toda ampliación de zonas mineras sin garantías reales de fiscalización y protección ambiental. “Estamos exigiendo la adopción inmediata de medidas normativas, institucionales y operativas contra la minería ilegal y los delitos relacionados”, dijo Alipaz.

Los defensores de la reserva natural de Tariquía, al sur de Bolivia, también se manifestaron contra el acuerdo, al que consideran que califican que “representa una amenaza para ecosistemas que cuentan con protección legal y para comunidades que habitan estos territorios”.

Félix Choque, miembro del Comité de Defensa de Tariquía, afirmó a Mongabay Latam que se adhieren al pronunciamiento de Contiocap debido a que comparten las observaciones planteadas sobre el impacto que podrían tener las nuevas disposiciones. 

“Las medidas acordadas vulneran los derechos de las poblaciones asentadas dentro de reservas naturales y territorios protegidos. Nosotros también rechazamos este acuerdo porque está vulnerando los derechos de todos los que vivimos dentro de las reservas”, afirmó Choque.

La posición del Gobierno y los mineros

El Ministerio de Minería y Metalurgia envió un comunicado a Mongabay Latam en el que establece que el acuerdo firmado con el sector cooperativo minero no vulnera “los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” y expresó que se mantiene la “plena vigencia y cumplimiento obligatorio la consulta previa, libre e informada, así como la normativa ambiental”.

“La actividad minera se encuentra regulada por una estricta normativa ambiental. El sector minero cuenta con un marco normativo específico que establece controles, procedimientos y obligaciones ambientales para todos los Actores Productivos Mineros [APM]”, dice el comunicado. Entre estas disposiciones, agrega el Ministerio, se encuentra el Reglamento Ambiental para actividades mineras, “cuyo cumplimiento es obligatorio y constituye un requisito indispensable para el desarrollo de cualquier actividad minera en el territorio nacional”.

En diálogo con Mongabay Latam, el presidente de Fencomin, Josué Caricari, defendió el acuerdo firmado con el Gobierno y dijo que su sector busca ingresar a trabajar en zonas que fueron abandonadas por empresas privadas, argumentando que su labor reactiva económicamente estos espacios. Sobre el ingreso a áreas protegidas, afirmó que respetan la normativa ambiental, pero que existen “derechos preconstituidos”, es decir que, para los mineros, prevalece el derecho de quienes tenían áreas mineras en estas zonas antes de la creación de las reservas y parques nacionales, que datan de varias décadas atrás.

“Nosotros vamos a cumplir toda la normativa ambiental y hubo mucha desinformación sobre el acuerdo firmado [con el Gobierno]. Hay derechos preconstituidos en algunas zonas, pero serán pues los Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU) los que establezcan o no operaciones mineras [en áreas protegidas]”, detalló Caricari.

En Bolivia, el CCU es un documento emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para determinar si una actividad minera propuesta es compatible con una zona específica, especialmente en áreas protegidas donde algunas actividades son permitidas. Si bien el CCU no es un permiso minero final, es un paso importante para obtener la licencia ambiental y la autorización para la actividad.

Alerta por violación de normativas ambientales

Rodrigo Herrera, abogado y representante de la Asociación Legal Justicia Ambiental, afirmó a Mongabay Latam que la resolución del Tribunal Agroambiental de 2026 ordenó medidas destinadas a proteger los derechos ambientales (al agua, al aire limpio y los de otros seres vivos), “así como de los derechos de pueblos indígenas, frente a cualquier norma, política o acto de Órgano Ejecutivo que relaje salvaguardas e implique regresión en la protección ambiental”.

“En el acuerdo entre el Gobierno y Fencomin se contraviene el principio de no regresión, el principio precautorio y el ordenamiento jurídico ambiental vigente. Además, lamentamos que entre los puntos del acuerdo se encuentre el restablecimiento del Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas y la liberación de nuevas áreas mineras”, criticó Herrera.

Según el Colegio de Biólogos de La Paz, el acuerdo vulnera normas ambientales, ya que no es posible el desarrollo de actividades mineras u otras extractivas en áreas protegidas después de su creación. “La reposición por parte de la Ajam de un reglamento que es abiertamente contradictorio a la normativa ambiental que aplica a las áreas protegidas resultaría totalmente ineficaz, por ser nulo de pleno derecho”, afirmó la institución en un comunicado.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El gobierno de Javier Milei oficializó una reducción de 3879 millones de pesos (más de 2.7 millones de dólares) al presupuesto de la Administración de Parques Nacionales, afectando la preservación de 46 áreas naturales protegidas. Según los expertos consultados por Mongabay Latam, este recorte agrava especialmente la situación de los costos operativos que se realizan en las áreas protegidas, vinculados al consumo de combustibles y lubricantes, pero también en el pago a guardaparques, quienes, a través de su sindicato, también criticaron la decisión.

El 65.9 % —2557 millones de pesos, unos 1.7 millones de dólares— del recorte afecta directamente al funcionamiento cotidiano de las 46 áreas protegidas. Entre los rubros alcanzados se encuentran la contratación de servicios técnicos y profesionales, el mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos e infraestructura, combustibles y lubricantes, repuestos, limpieza, energía eléctrica y provisión de insumos básicos.

El 34.1 % —1322 millones de pesos, alrededor de un millón de dólares— restante desfinancia los programas de Actividades Centrales, Formación y Capacitación, Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas, Planificación, Formulación y Ejecución de Políticas de Conservación en Áreas Naturales Protegidas y el Sistema de Áreas Marinas Protegidas, de acuerdo con un informe de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La reducción presupuestaria afecta incluso a algunos de los parques más emblemáticos de Argentina, entre ellos Nahuel Huapi, Los Glaciares -donde se encuentra el glaciar Perito Moreno-, Iguazú -sede de las mundialmente famosas Cataratas del Iguazú-, Lanín y Los Alerces, este último afectado recientemente por incendios forestales en la provincia de Chubut.

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El ajuste quedó formalizado mediante un decreto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según las autoridades de ese país, esta reducción, que también se aplicó a otras áreas como ciencia y salud, se da en el marco de la política de recorte del gasto público.

Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, explicó a Mongabay Latam que esta reducción de los recursos comprometidos para la conservación de la biodiversidad no es un ahorro y no es una contribución al déficit cero, como dice el gobierno. “Implicará retrocesos en procesos y avances que luego serán más costosos de recuperar. Sin mencionar el debilitamiento en materia de prevención de incendios forestales, que luego se traducirá en enormes gastos que indefectiblemente habrá que afrontar ante la emergencia”, detalló Jaramillo.

El experto resaltó que el monto reducido es más relevante si se considera que el presupuesto nacional para este año se aprobó con una pauta de inflación anual de aproximadamente 10.1 %. Sin embargo, dijo, la inflación ya acumuló 9.4 % de incremento en los primeros tres meses de 2026. “Esto agrava la situación de muchos de los costos operativos de las áreas naturales protegidas”, afirmó Jaramillo.

“¿Qué significa este recorte en territorio?”, se pregunta el especialista. Pone como ejemplos los casos del Parque Nacional Nahuel Huapi, donde el recorte alcanza casi 191 millones de pesos (132 463 dólares). Además, el Parque Nacional Lanín perdió 157 millones de pesos argentinos (180 876 dólares); Los Alerces vio su presupuesto reducido en 70 millones de pesos argentinos (48 541 dólares); y al Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, le quitaron más de 77 millones de pesos (53 400 dólares).

“En la Patagonia argentina, la recurrencia e intensidad de los incendios forestales sobreexige los presupuestos de toda la Administración pública y en particular de la Administración de Parques Nacionales para dar respuesta a la prevención, ataque temprano, combate y restauración post incendios”, remarcó Jaramillo, quien añadió que también “el reciente brote de hantavirus en la región patagónica es una alerta adicional de las necesidades presupuestarias que deberán afrontar los parques nacionales patagónicos para brindar seguridad y protección al ambiente, los visitantes y al propio personal”.

 Reclamo de los guardaparques

El Sindicato de Guardaparques Nacional de la República de Argentina (Sigunara) reclamó que la reducción de presupuesto afecta directamente la capacidad operativa del sistema de áreas protegidas en todo el país, lo que implica menos combustible, menos vehículos, menos equipamiento, menos formación, menos mantenimiento y menos recursos para prevención y respuesta ante incendios, rescates y control territorial.

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“Mientras se recortan funciones esenciales de conservación, el documento oficial intenta disimular la desinversión operativa mediante movimientos contables y fondos inmovilizados”, aseguró Sigunara a través de un comunicado enviado a Mongabay Latam. “Debilitar parques nacionales es debilitar la protección del agua, la biodiversidad, el patrimonio natural y cultural y la soberanía territorial. Sin presupuesto no hay conservación efectiva. Sin trabajadores con condiciones dignas no hay protección real del territorio”, agregaron desde el sindicado.

Este medio envío una solicitud de información a la Subsecretaría de Ambiente de Argentina para conocer su posición sobre la reducción presupuestaria a las áreas protegidas, pero no obtuvo respuesta. Asimismo, Mongabay Latam pidió información al Ministerio de Seguridad, encargada por decisión de Milei del combate a los incendios forestales, pero tampoco hubo respuestas.

Uno de los casos que más preocupación genera es el del Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia de Chubut y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El área protegida fue una de las más golpeadas por los incendios forestales de este año, donde brigadistas y personal ambiental trabajaron durante semanas para contener el fuego.

Pese a ese antecedente reciente, el parque sufrirá la reducción presupuestaria. Los Alerces es además uno de los principales atractivos naturales de la Patagonia, reconocido por sus bosques milenarios, lagos y cascadas sobre el río Manso, además de su valor ambiental y turístico internacional.

Trabajadores en ese parque advirtieron que el ajuste podría limitar seriamente la capacidad operativa frente a nuevos focos ígneos durante la próxima temporada de incendios, estimada para finales de año.

Claudio Bertonatti, naturalista, museólogo y docente de la Universidad Maimónides, criticó la determinación oficial y sostuvo que las áreas protegidas representan una inversión estratégica y no un mero gasto para el Estado. El experto afirmó que la lógica del Gobierno al recortar el presupuesto de los parques nacionales es “difícil de comprender”.

“Todo indica que nuestros economistas consideran que los parques nacionales son áreas ociosas, cuando en realidad son áreas productivas. Recortar los presupuestos es como mal alimentar a la gallina de los huevos de oro, o pegarle, o no curarla. No es sensato, sencillamente”, afirmó Bertonatti a Mongabay Latam.

El experto contrastó la situación argentina con la de otros países que invierten en sus parques nacionales, los dotan de mejor infraestructura y desarrollan proyectos de investigación, educación pública y conservación. “Estamos yendo un poco a contramano de lo que se debería hacer”, consideró Bertonatti, quien puso énfasis en la necesidad de que la población cuente con funcionarios ambientales formados y experimentados para una gestión eficiente del Estado.

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Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), afirmó a Mongabay Latam que, aunque en términos cuantitativos la reducción pueda parecer limitada, su impacto resulta significativo cuando se analiza en el marco del deterioro presupuestario acumulado durante los últimos dos años y medio. El experto detalló que, siguiendo los datos publicados en el último Monitor Ambiental del Presupuesto, la Administración de Parques Nacionales (APN) perdió cerca de un tercio de su presupuesto real respecto a 2023, tanto por la falta de actualización de sus fondos como por la decisión política de subejecutar su presupuesto.

“Si se considera la proyección inflacionaria incluida por el propio Gobierno en la Ley de Presupuesto 2026, la Administración de Parques Nacionales registraría este año una caída real del 32.3 % respecto de 2023. Sin embargo, si se toma como referencia la estimación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la pérdida de poder adquisitivo se profundizaría hasta alcanzar el 39.4 %”, destacó Napoli.

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Una cría huérfana de elefante marino del sur (Mirounga leonina) logró regresar al océano en las costas de San Clemente del Tuyú, Argentina, luego de completar una compleja rehabilitación que se extendió durante siete meses. El caso es considerado excepcional por los especialistas, ya que la cachorra fue abandonada por su madre apenas horas después de nacer y logró sobrevivir gracias a un intenso trabajo de rescate y recuperación.

El animal fue encontrado el 22 de octubre de 2025 en Villa Gesell, en la costa atlántica. Según los especialistas de la Fundación Mundo Marino, la madre habría huido debido a una posible perturbación humana, dejando sola a la cría en una etapa crítica para su supervivencia. Tras esperar durante toda la noche con la esperanza de que la hembra regresara, guardaparques de la Reserva Faro Querandí consideraron que el reencuentro no ocurriría.

“Las hembras de elefante marino rara vez abandonan a sus crías de forma voluntaria en los primeros días de vida. En esa situación, quedó claro que hubo imprudencia humana”, señala Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino.

Cuando fue trasladada al Centro de Rescate y Rehabilitación de la fundación, la pequeña elefante marina presentaba signos de debilidad y deshidratación.

El desafío para los especialistas era enorme. La leche de las hembras de elefante marino posee un contenido graso muy alto, lo que permite que las crías tripliquen su peso en apenas tres semanas. Ante la ausencia de antecedentes similares, un equipo integrado por veterinarios, biólogos, técnicos y nutricionistas desarrolló una fórmula experimental para sustituir la leche materna y ajustó constantemente el tratamiento según la evolución del animal.

Durante las primeras semanas, la prioridad fue estabilizar su estado de salud mediante hidratación, monitoreo permanente y medidas preventivas para evitar infecciones. También se implementaron estrategias para reducir la dependencia hacia los humanos, incluyendo el uso de un peluche como objeto de apego y una rutina de alimentación diseñada para imitar las condiciones naturales.

Con el paso de los meses comenzó otra etapa decisiva: aprender a alimentarse por sí sola. Tras varios intentos, la cachorra aceptó pescado entero y posteriormente consiguió capturar peces vivos, una habilidad indispensable para sobrevivir en libertad.

Una vez alcanzado el peso mínimo establecido por los especialistas, superior a los 100 kilos, llegó el momento más esperado. Aunque nunca había estado en una playa abierta ni había tenido contacto directo con el océano, la joven elefante marina exploró la costa durante varias horas hasta que finalmente ingresó al agua y se alejó mar adentro.

Ahora, un plan de monitoreo permitirá seguir su evolución. La cría fue identificada con una caravana numerada para facilitar futuros avistamientos y verificar que logre alimentarse de manera exitosa en su ambiente natural.

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Mientras los glaciares de los Andes centrales se reducen a un ritmo sin precedentes, en Santiago, la capital chilena, se reactiva un viejo engranaje burocrático. El pasado 14 de abril, el ministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, y el secretario de Minería de Argentina, Luis Enrique Lucero, acordaron retomar las sesiones de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera, un pacto que busca abrir proyectos mineros en la alta cordillera para operaciones transnacionales.

En palabras simples, este acuerdo —firmado originalmente en 1997— crea un territorio que borra los límites fronterizos tradicionales. A través de los llamados Protocolos Adicionales Específicos (PAE), el tratado aplica normas especiales para que las empresas exploten yacimientos conjuntos y coordinen su logística, permitiendo que las compañías operen en las altas cumbres como si ambos países fueran uno solo.

Desde el Ministerio de Minería de Chile confirmaron a Mongabay Latam que el gobierno del presidente José Antonio Kast se ha propuesto reactivar la agenda de trabajo de este acuerdo de 1997, para lo cual retomarán formalmente las sesiones de la Comisión Administradora Binacional el próximo 7 de julio en Buenos Aires.

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De acuerdo con la cartera, el tratado busca facilitar sinergias para proyectos fronterizos aprovechando la experiencia e infraestructura chilena, especialmente entre las regiones de Atacama y Valparaíso (norte y centro del país), lo que abre “la posibilidad concreta de avanzar en colaboración estratégica, en transferencia de conocimiento, apoyo logístico y comercio exterior” para impulsar inversiones que generen empleo local.

Para la sociedad civil y la comunidad científica, este reimpulso es una señal de alerta.

Según el geógrafo argentino Marcelo Giraud, los proyectos de minería binacional enfrentan una colisión inevitable con la naturaleza. Debido a que las vetas de mineral se concentran en las cumbres más altas de los Andes —justo en el límite internacional—, las áreas de concesión suelen incluir y superponerse con glaciares descubiertos (masas de hielo blanco expuesto), cubiertos (capas de hielo protegidas por sedimentos) y de escombros (estructuras de roca mezcladas con hielo subterráneo), además del ambiente periglaciar. Al quedar atrapados dentro del polígono de operación industrial, estos cuerpos quedan directamente expuestos a la destrucción.

Intervenir estas zonas, agrega Constanza Espinosa, directora de la Fundación Glaciares Chilenos, impactaría sobre el suministro básico de agua. “Más del 70 % de la población de Chile se abastece con agua proveniente de glaciares ubicados en la cordillera. En un contexto de crisis climática, estos sistemas funcionan como un seguro hídrico natural”, asegura.

“Un tratado suscrito a fines de los 90, y cuya última modificación fue en 2001, no está en concordancia con los cambios que han ocurrido en los últimos 25 años en materia regulatoria, como tampoco en el territorio mismo”, agrega Flavia Liberona, directora ejecutiva de la ONG chilena Fundación Terram.

¿Qué está en juego en las altas cumbres de los Andes tras la reactivación de este tratado binacional?

Tratado minero: el agua de las cuencas en la balanza

Para los investigadores, lo que se arriesga en la alta cordillera no radica en las líneas divisorias de los mapas, sino en la intervención de un ecosistema clave bajo el suelo. Álvaro Ayala, glaciólogo e investigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), explica que en el norte de Chile y el área de la provincia de San Juan en Argentina, el valor hídrico fundamental se encuentra en estructuras ocultas, como los glaciares de roca y el ambiente periglaciar. Este último corresponde a las áreas de alta montaña donde el suelo permanece congelado —fenómeno conocido como permafrost— y donde el hielo se esconde mezclado con rocas y tierra.

En estas zonas extremas, el entramado subterráneo funciona como un gigantesco regulador hídrico natural, atrapando el agua de las escasas lluvias y nevadas para liberarla gradualmente. “Toda la lluvia y nieve que se derrite y se acumula ahí va quedando en el suelo, se congela debido al clima frío y después se va liberando poco a poco”, detalla Ayala. En periodos normales, su flujo es menor que el de los ríos superficiales, pero su valor se vuelve absoluto en épocas de escasez de agua.

Al respecto, Giraud, quien es integrante de la Asamblea Popular por el Agua (asamblea de vecinos autoconvocados en la provincia de Mendoza por la defensa de los bienes comunes y especialmente del agua) aporta un dato crítico para dimensionar el riesgo: “Varios equipos de investigadores argentinos y chilenos han demostrado que en las regiones áridas andinas, en contexto de megasequía como la registrada a partir de 2010, las reservas estratégicas que constituyen los glaciares y el ambiente periglaciar pueden aportar más del 50 % del caudal de los ríos, amortiguando el impacto negativo de la escasa precipitación”.

Tanto Ayala como Giraud coinciden en decir que intervenir estos cuerpos de agua destruye la “cuenta de ahorro” que entregan los glaciares.

A esta alerta se suma el diagnóstico técnico sobre los impactos de la minería pesada en las altas cumbres. Espinosa, de la Fundación Glaciares Chilenos, detalla que las amenazas van desde la remoción física del suelo y la construcción de infraestructura —que afectan directamente a glaciares y ambientes periglaciares— hasta la intervención de glaciares rocosos, cuerpos que muchas veces son invisibles o poco conocidos en las evaluaciones.

A esto se suma el uso intensivo y la potencial contaminación química del agua, un factor que golpea severamente la calidad y disponibilidad del recurso. Espinosa enfatiza en el impacto del material particulado en suspensión, que al depositarse sobre el hielo cordillerano acelera su proceso de derretimiento. Para la experta, el escenario de crisis climática actual no resiste estas presiones extractivas adicionales, pues los hielos que ya retroceden pueden acelerar su pérdida de cobertura de forma irreversible.

“El riesgo no es solo ambiental, sino también social”, advierte la investigadora, subrayando que estas afectaciones comprometen de manera directa la seguridad hídrica de las comunidades que dependen de estas fuentes de agua.

Dudas en la protección legal

El diputado argentino Esteban Paulón, del Bloque Unidos, advierte que la reactivación del tratado binacional dinamizará capitales privados bajo marcadas diferencias institucionales: “Hay un marco de asimetría entre los requisitos ambientales. El monitoreo, en el caso de Argentina, va a recaer en los gobiernos provinciales, y en el caso de Chile va a seguir en manos del gobierno nacional”.

Esta descentralización del control se volvió crítica tras la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares en Argentina. Giraud explica que la normativa original protegía de forma homogénea a todos los glaciares basándose en criterios científicos unificados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), pero los cambios introducidos permiten ahora a las provincias objetar dicha protección alegando que ciertos cuerpos de hielo podrían no ser una “reserva hídrica estratégica”, un concepto que la ley no define.

“Si un gobierno provincial considerara que no son estratégicos, podría ordenar al Ianiglia que los elimine del Inventario Nacional de Glaciares y permitir allí actividades mineras, hasta incluso destruirlos por completo”, advierte Giraud.

Sin embargo, el alcance real de esta desprotección permanece congelado en los tribunales. Giraud aclara que la modificación a la Ley de Glaciares está siendo impugnada ante los tribunales federales de su país por violar el principio de no regresión en materia ambiental y el derecho a la participación ciudadana consagrados en el Acuerdo de Escazú, además de la consulta previa a los pueblos indígenas del Convenio 169 de la OIT. “Si las acciones judiciales no prosperan, constituirá un pésimo precedente para los ecosistemas existentes dentro del polígono del tratado binacional”, enfatiza el geógrafo.

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La fragmentación burocrática y política que implica la eventual aprobación de la Ley de Glaciares preocupa en el lado chileno. “La reciente aprobación que modificó la Ley de Glaciares podría activar la intención de desarrollar proyectos binacionales utilizando este tratado”, explica Liberona. Sin embargo, advierte que la desprotección es compartida, ya que en Chile no existe una regulación que proteja los glaciares ni los recursos hídricos en alta montaña.

Para la especialista, el tratado genera un escenario donde el control integral de los ecosistemas compartidos se diluye, pues se realizan evaluaciones ambientales por separado y con estándares distintos. “No se tiene una visión integral del impacto que genera el proyecto o de los impactos que se originan en un lado de la frontera cuando la evaluación ocurre en el otro”.

Además, Libarona hace hincapié en que para las comunidades locales esto se traduce en una vulnerabilidad directa, ya que las decisiones e intervenciones físicas en un país impactan la calidad y cantidad de las aguas que fluyen hacia el otro.

¿Vuelve el fantasma de Pascua Lama?

En la frontera de la Región de Atacama, en el norte de Chile, que colinda con la provincia argentina de San Juan, se despliega el proyecto Distrito Vicuña, un gigantesco complejo de proyectos de oro y cobre —que incluye yacimientos como Josemaría, Filo del Sol y Los Helados— controlado por el grupo canadiense Lundin y BHP.

El proyecto asegura en su página web que se emplaza en Chile y en Argentina y, según Giraud, “se encuentra de lleno en el polígono al cual aplica el tratado”. Organizaciones ambientales ya lo catalogan como el “nuevo Pascua Lama”, el emblemático proyecto binacional que terminó clausurado definitivamente por la Justicia chilena tras provocar severos daños ambientales.

Mongabay Latam envió preguntas al equipo de comunicaciones del proyecto, pero hasta la publicación de esta nota la empresa no respondió.

Ayala explica que la excavación remueve y saca a la superficie rocas ricas en metales que naturalmente están escondidas y aisladas bajo el hielo. Al tomar contacto con el oxígeno y el agua, producen drenajes ácidos y procesos geoquímicos que contaminan los ríos, repitiendo el patrón técnico que sepultó a Pascua Lama.

El Distrito Vicuña no se limita a las altas cumbres.

La intención de utilizar a Chile como plataforma logística amenaza directamente a las comunidades de la Región de Atacama con un aumento drástico en el tránsito de camiones de alto tonelaje, uso de maquinaria pesada e infraestructura portuaria para el embarque del mineral extraído en Argentina.

Para Liberona, el impulso gubernamental parece ignorar las lecciones del pasado, arriesgándose a saturar un territorio históricamente golpeado por pasivos mineros: “De materializarse Vicuña, aumentarían las cargas ambientales negativas”, sentencia Liberona.

Frente a este complejo panorama, la comunidad científica insta a un cambio profundo de paradigma que deje atrás la mirada meramente extractivista y empiece a concebir la alta montaña como un ecosistema compartido. Ayala comenta que, si bien la industria puede ver una “lógica en los acuerdos binacionales”, el verdadero desafío de ambos países corre por otra vía.

“Antes de pensar en eso, pongámonos de acuerdo en qué queremos conservar de los Andes visto como unidad”, reflexiona el investigador del CEAZA. Su propuesta apunta a una diplomacia que no solo se siente a firmar tratados de explotación, sino que sea capaz de unificar criterios de protección. “Pensemos qué queremos para la cordillera desde los dos lados, queremos que sea una unidad más integrada”, concluye el científico, abriendo la puerta a que el futuro de las cumbres andinas se defina desde la conservación y no solo desde el mineral.

El artículo original fue publicado por Barinia Montoya en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En las estepas de la provincia de Santa Cruz, alejada del contacto humano y sometida a bajas temperaturas, habita la gallineta chica (Rallus antarcticus), una misteriosa ave que se creyó extinta durante 40 años.

Al estar refugiada en densos humedales de la Patagonia austral, y por su carácter esquivo, resulta casi inaccesible para los científicos y, por eso, en medio de los alejados parajes, el biólogo Ignacio Roesler se preguntó: ¿cómo saber cuántas hay si casi no se dejan ver?

Con ayuda de la inteligencia artificial se viene construyendo la respuesta. Desde hace dos años, un grupo de científicos argentinos de la Fundación Macá Tobiano y el Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires estudian los cantos de estas aves para identificar a cada individuo.

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Conforme se suman registros sonoros —hechos en campo— se va entrenando el software que distinguirá a los individuos por sus voces. Con ello, los expertos apuntan a conocer la salud de esta enigmática especie que se resiste a la extinción y que hoy está considerada como Vulnerable en la Lista Roja de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

“Como los juncales están tupidos, casi no se la puede ver. Hay que detectarlas casi exclusivamente por el sonido”, cuenta Roesler, director de la Fundación Macá Tobiano.

Se apunta a que el monitoreo masivo de cantos también permita conocer los hábitos, desplazamientos y tiempos de vida de la gallineta chica. A la par, gracias al estudio de la siringe (el órgano vocal de las aves), están construyendo modelos computacionales que recrean los sonidos de la especie y sus posibles variaciones.

Estos trabajos de laboratorio se complementan con las acciones en territorio con ganaderos locales. En la provincia de Santa Cruz se impulsan buenas prácticas de manejo, como cierres y rotación de áreas de pastoreo, para no alterar el hábitat de las gallinetas.

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La enigmática ave que revivió en el sur del mundo

A mediados del siglo XX, había disponibles apenas 20 especímenes de gallineta chica en las colecciones de los museos de historia natural.

Las principales colectas se habían hecho en el siglo XIX, en diversos puntos de la Patagonia, sumando casos excepcionales en Santiago de Chile y la provincia de Buenos Aires. Con los años se tornó más difícil hallarla. Los periodos de tiempo entre capturas se fueron ensanchando, hasta que, en 1959, se la registró por última vez en la provincia de Río Negro. O al menos eso se pensó durante cuatro décadas.

En 1992, en el libro Threatened birds of the Americas: The ICBP/IUCN Red Data Book, la UICN planteó la posible extinción de la gallineta chica debido al tiempo transcurrido sin registros.

Sin embargo, al biólogo argentino Juan Mazar Barnett, que trabajaba en Birdlife International, le hizo ruido esta afirmación. Por las similitudes físicas con la gallineta de Virginia (Rallus limicola), ambas de la familia de los rálidos, dedujo que podrían cantar parecido. Así que tomó algunas grabaciones de la especie norteamericana, que hace migraciones a Centro y Sudamérica, y fue a la Patagonia a buscar a la gallineta chica, el ave que se creía extinta.

Después de pruebas y exploraciones, en enero de 1998, en los bañados del Río Chico, Santa Cruz, detectó cantos similares a las grabaciones que usaba como referencia. En esa ocasión identificó cantos de cuatro ejemplares, logrando ver a uno de ellos entre los juncos. El ave presentaba las características de la gallineta chica y no de la gallineta de Virginia: la parte superior de color beige con rayas gruesas negruzcas; la parte inferior plomiza; el vientre y la cloaca negros, las patas rojas.

Junto con su equipo de trabajo consignó los registros en un artículo donde dio detalles de las vocalizaciones encontradas. El biólogo Ignacio “Kini” Roesler acompañó a Mazar Barnett en sus últimos estudios de la especie.

A pesar de estos trabajos preliminares, la bibliografía sobre la especie sigue siendo escasa y aún con los datos aislados de individuos recolectados en los museos, no es suficiente para establecer patrones de alimentación y reproducción de la gallineta chica.

Por eso, tras el redescubrimiento, Roesler recorrió la zona para saber si existían otros lugares donde aún habitaba la especie. A fines de la primera década de 2000, ya instalado en el área patagónica, empezó a mapear la zona cada año.

Encontró que el área de distribución se había reducido en casi un 80 %. El ave originalmente vivía por toda el área patagónica hasta el sur de Buenos Aires, Argentina, y Santiago, en Chile. Actualmente, sólo quedan gallinetas chicas en la parte más austral de la Patagonia, principalmente en la provincia de Santa Cruz, y por el lado chileno en la región de Magallanes.

“La buena noticia fue que no estaba extinta, sin embargo, está en una situación de conservación bastante complicada”, señala Roesler.

El primer factor de la reducción territorial está vinculado al sobrepastoreo. Durante el siglo XX en la zona se instalaron la mayoría de estancias con ganado vacuno y ovino, pues se aprovechaba la productividad forrajera que les traían los juncales, precisamente el ambiente donde vive la gallineta chica.

En simultáneo, se empezaron a dar liberaciones de visón americano (Neovison vison), un depredador acuático que había sido traído para usar su piel en la industria de la moda. “El momento en que se le pierde el rastro a la gallineta coincide con la llegada de esta especie invasora”, anota Roesler. Su deducción no termina ahí. En el barrido territorial que hizo durante años notó que donde había visón no estaba la gallineta.

A estas amenazas, el científico le agrega las variaciones en los niveles de agua de las cuencas que se están dando por el cambio climático, lo cual impacta directamente en los pequeños pantanos donde mora esta ave.

Esta combinación de factores empujó a la gallineta a lugares menos accesibles y recónditos. Por su volumen, apenas 20 centímetros de altura y 60 gramos de peso, resulta difícil de observar entre los humedales donde se refugia. Tímida, apenas sale a alimentarse en las orillas de la vegetación al inicio y final del día.

“Es una especie muy difícil de observar y capturar. Está en lugares remotos. Son ambientes extremos, tanto por lo climático como por lo logístico”, dice Roesler.

En sus recorridos, hubo varios días en los que no pudo ver un ejemplar, así que el científico recurría a su oído. Cuando los binoculares no alcanzan a distinguir a las gallinetas camufladas entre juncos de dos metros, se sabe que están ahí por sus cantos. Pero, ¿cuántas cantan? ¿Es solo una, son dos o son diez? Roesler, de tanto oír sin poder verlas, comprendió que la clave estaba en los cantos.

Desde 2024, a la tarea de Roesler se unieron también el biólogo Juan Krapovickas y el físico Gabriel Mindlin, especialista en el estudio de la vocalización de las aves, que hoy son los encargados de hacer realidad la detección de huellas sonoras. La investigación forma parte de la tesis doctoral de Krapovickas en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y se desarrolla en la Fundación Bariloche.

En una línea similar de trabajo, Mindlin tenía experiencia estudiando poblaciones del cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) y recreando cantos perdidos del chingolo (Zonotrichia capensis). La esquiva gallineta chica aparecía como una especie ideal para aplicar esos conocimientos. “Aunque nosotros dijimos: ‘Vayamos un paso más allá, no sólo queremos identificar las poblaciones, queremos identificar a cada uno de los individuos’”, refiere Roesler.

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La IA como aliada de conservación

Antes de buscar los grabadores instalados en los valles de la estancia La Angostura, ubicada en la parte central de la provincia de Santa Cruz, Juan Krapovickas mira la cuadrícula que indica las zonas donde hay gallinetas chicas. En esa amplia estepa, de más de 100 hectáreas, la grilla elaborada a inicios de 2025 es la guía para evitar caminar a ciegas.

Cuando Krapovickas llegó al terreno, con un equipo de tres personas, partieron los juncales en celdas de 150 por 150 metros. Luego recorrieron cada cuadrado con un parlante en mano aplicando la técnica del playback, es decir, reproduciendo cantos de gallineta para estimular respuestas. Conforme obtenían devoluciones, iban marcando en la cuadrícula los territorios activos.

En esos puntos señalados es donde colocaron los micrófonos automáticos —diseñados por el Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA)— para registrar los cantos de las gallinetas. Por estas mismas zonas, pasan también con micrófonos parabólicos para reforzar la captura de sonidos.

En la temporada de primavera y verano, cada cinco días rotan los grabadores a otros puntos marcados para cubrir la mayor extensión posible y buscar variabilidad vocal. “Necesitamos muchos cantos de gallinetas para entrenar a las redes neuronales, que son modelos de IA”, señala Krapovickas.

El primer objetivo de su tesis doctoral es lograr el reconocimiento individual a partir del estudio de los cantos. Sin la computadora esto no sería posible. Las gallinetas se comunican a través de llamadas muy cortas, cuyas diferencias son sutiles e imperceptibles para el oído humano.

“De la misma manera que la policía usa tecnología para reconocer la voz de personas en llamadas telefónicas, esa misma tecnología se usa para identificar individuos de aves”, explica el biólogo.

Para reconocer a cada gallineta se analizan los sonogramas, que son representaciones visuales del canto. En las computadoras, cada registro sonoro es convertido en gráficos que muestran la frecuencia, intensidad y tiempo. Al compararlos con otros van apareciendo las sutiles diferencias.

Gabriel Mindlin, quien además es director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la UBA, encabeza esa búsqueda minuciosa porque no es la primera vez que estudia cantos de aves. Su investigación previa con el cardenal amarillo fue un precedente importante para la actual investigación. “En ese trabajo reportamos que era posible entrenar redes razonablemente pequeñas para que pudieran distinguir individuos”, cuenta.

El físico, quien junto a Roesler codirige la tesis de Krapovickas, destaca que estas técnicas no resultan invasivas para especies amenazadas y esquivas, pues en lugar de montar costosas expediciones grupales en territorios agrestes para hacer capturas y colocar anillos, la identificación por IA “resulta una alternativa tecnológica ideal para monitorear esta especie que vive escondida”, anota Mindlin.

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Física y Biología unidas por la gallineta

En las grabaciones que llegan al laboratorio de la UBA también se cuelan cantos de aves nativas de la zona como la becasina magallánica (Gallinago magellanica) o el varillero ala amarilla (Agelasticus thilius). El primer filtro tecnológico consiste en separar sólo los sonidos que corresponden a la gallineta chica. Mindlin refiere que este proceso se resuelve de forma sencilla, ya que las redes usadas en ornitología están entrenadas para separar automáticamente los cantos por especies.

El siguiente paso es la identificación individual, precisamente lo que vienen construyendo en el laboratorio. Según Mindlin, a diferencia de una compleja identificación manual de cada sonograma, la IA puede clasificar varios ejemplares a través de un monitoreo masivo de datos.

Para ello, un investigador ingresará las marcas que caracterizan el canto de una gallineta y, en base a eso, la red neuronal buscará las características comunes, pero también las diferencias en las grabaciones registradas en campo. “A partir de esta individualización se podrá identificar también el número de ejemplares de gallinetas chicas que hay en dicha zona”, apunta Mindlin.

Conocer cuántos ejemplares contestan a los sonidos proyectados por los científicos no sólo permite estimar un número poblacional, sino que abre la puerta a nueva información. “Es súper poderoso, porque si esas gallinetas que nos contestaron un día en Santa Cruz, las volvemos a grabar en San Martín de los Andes, o en años siguientes, nos estarán hablando de sus historias de vida. Vamos a saber hacia dónde migran, cuántos años viven”, asegura Krapovickas.

Los científicos están enfocados en obtener la información más detallada posible. Mindlin sospechaba que la presencia de frecuencias distintas en el canto bisilábico (“qui-di”) de la gallineta chica se debía a una siringe asimétrica, es decir, las membranas y músculos de un lado del órgano vocal son diferentes a los del otro, como era el caso de la paloma maculosa (Patagioenas maculosa). La única forma de comprobarlo era analizando un ejemplar. ¿Pero cómo encontrarían un cuerpo disponible?

Mientras diseñaban los algoritmos para el estudio de los cantos en 2025, un par de llamadas alteraron las rutinas de trabajo de Mindlin, Roesler y Krapovickas: les informaron que aparecieron dos gallinetas muertas. Una había sido encontrada en la provincia de San Luis —un registro excepcional, ya que se encuentra muy distante del área de distribución— y la otra en un humedal costero de Santa Cruz.

Por el tipo de heridas, se presume que habrían muerto por choques producidos durante sus vuelos nocturnos al confundir las luces de la ciudad con reflejos de agua. Ambos cuerpos fueron enviados al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de Buenos Aires.

Al tenerlas enfrente, Juan Krapovickas entendió que era una oportunidad única para comprender el comportamiento vocal: por fin conocerían la anatomía de la siringe.

Con el fotógrafo Gonzalo Pardo registraron el pequeño órgano (que no supera los seis milímetros en estas aves) y las imágenes corroboraron la asimetría de la siringe. Esa particularidad es la que complejiza la estructura de los cantos.

A partir de este hallazgo, que les dio información de la física del sonido, los investigadores trabajan en modelos matemáticos que generen cantos artificiales y a la vez les permitan conocer mejor las variaciones. “Parece ciencia ficción”, dice Roesler, quien desde el campo sigue con detenimiento los avances de sus colegas en los laboratorios.

En 2025 se dedicaron a la recolección de cantos, a generar datos preliminares y algoritmos que permitan entrenar a las redes neuronales. En este año continuarán con el acopio de grabaciones y realizarán las primeras mediciones masivas de vocalizaciones. Con la información resultante buscarán identificar historias de individuos que les permitan presentar los resultados del proyecto en 2027. 

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Hábitat seguro

Cada año, cerca de 1500 turistas tocan las puertas de la estancia La Angostura. La mitad de ellos llegan a ese punto austral con una misión clara: ver a la gallineta chica y al macá tobiano (Podiceps gallardoi), dos especies amenazadas que en Argentina sólo viven en esta región.

En este predio ganadero —a 2400 kilómetros de Buenos Aires—, en 1998, Juan Mazar Barnett redescubrió a la gallineta tras 40 años sin registros. Ese hecho fue un punto de quiebre para la dinámica de la estancia. En los años siguientes se fue tornando habitual ver, entre vacas y ovejas, no sólo a productores y operarios de campo, sino también a biólogos y veterinarios que buscaban y estudiaban especies.

De hecho, el equipo de la Fundación Macá Tobiano recorre los campos para monitorear especies o instalar y retirar parlantes, micrófonos y cámaras trampa. En las últimas dos décadas, a la presencia científica se sumaron las visitas de observadores de aves.

“Generamos con la Fundación un proyecto ganadero sustentable, en cuanto a lo económico y también en cuanto a lo ambiental”, dice José Eceiza, administrador de la estancia. En La Angostura hoy conviven la producción, el ecoturismo y la conservación.

Durante la temporada reproductiva de las gallinetas, entre septiembre y enero, la estancia coloca alambre perimetral para clausurar 100 hectáreas de campo donde habita la especie. Esta medida, coordinada con Ignacio Roesler y su equipo, permite que las aves pongan sus huevos y nazcan los pichones sin riesgos de ser pisoteados o desplazados entre los juncales. Asimismo, al evitar estos disturbios, los monitoreos de cantos no sufren interrupciones.

“Las gallinetas están en nuestros mejores terrenos del campo”, remarca Eceiza. En ese periodo las vacas y ovejas se mueven a otra zona para alimentarse. Pasado el verano, los forrajes en la zona restringida están altos y nuevamente disponibles para alimentar al ganado.

Los turistas suelen hospedarse por tres días para recorrer los circuitos de la gallineta chica y el macá tobiano que les ofrecen los anfitriones. Valentín Soto guía las cabalgatas hacia los humedales y las pequeñas lagunas donde se puede ver a la gallineta y refiere que muchos turistas llegan informados sobre las condiciones de la especie. A los que llegan sin conocimientos se les describe la situación de amenaza y las tareas de conservación. “Trabajamos apoyando a la Fundación Macá Tobiano. Queremos que la apuesta por la conservación sea grande”, apunta.

Sus ojos están entrenados para detectar a esta enigmática ave. Y esa habilidad no es cualquier cosa, pues en la misma estancia hay trabajadores que nunca la han visto. Soto asegura que la clave está en los hábitos: “Es difícil de ver, pero no imposible. Los mejores horarios son bien temprano, alrededor de las 6 AM, o cuando cae la tarde, a las 7 PM. Son los ratos en que salen a tomar agua”.

La irregularidad de los periodos de lluvias y nevadas en la provincia de Santa Cruz se compensa con la generación de canales de riego de agua extraída del río Chico. “Con esto contribuimos al buen estado de los juncales y también se favorecieron nuestros campos, porque tenemos un poco más de agua de lo que habría sin la intervención humana”, señala Eceiza.

Sólo en la estancia La Angostura los visitantes saben que tienen garantizados los cantos de las gallinetas chicas. Las escucharán aunque casi no las puedan ver. Ignacio Roesler espera replicar esta experiencia con otros ganaderos de terrenos donde la gallineta chica haya decidido poner sus nidos. “La idea es extender este interesante trabajo de manejo de la especie que a la vez es compatible con los intereses y necesidades de los ganaderos”.

El artículo original fue publicado por Oscar Bermeo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 8 de marzo de 2023, María Isabel Speratti Aquino participó de la marcha por el Día de la Mujer en Buenos Aires. Marchó por todas y marchó por ella, que desde 2021 recorría juzgados y fiscalías en Cañuelas para reclamar que el sistema judicial entendiera lo que le pasaba: su exmarido, Gabriel Alejandro Núñez, había querido estrangularla y su vida corría peligro. El juez Martín Miguel Rizzo caratuló la causa como “lesiones leves” algo que en los hechos fue un intento de femicidio. Ocho días después de esa marcha, el jueves 16 de marzo, a las 7:30 de la mañana, cuando María salía de su casa para llevar a sus hijos a la escuela, Núñez le disparó tres tiros en la cabeza. ¿En qué momento del proceso el sistema le falló a María?

Los datos muestran que la mayoría de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia no llegan a denunciar. Según la Encuesta de Prevalencia (aplicada con el apoyo de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea, en 2022) el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia por parte de su pareja actual o anterior, pero sólo una de cada cuatro buscó ayuda o denunció. De las 228 víctimas de femicidio registradas en 2024, se sabe que el 18% había realizado una denuncia previa; menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes al momento del hecho.

Durante dos años y medio, María recorrió la Fiscalía 1 de Cañuelas, el Juzgado de Paz, el Juzgado de Garantías N° 8 y la policía. Presentó denuncias, aportó lo que tenía, insistió. El juez Rizzo le prometió conseguirle un abogado de oficio porque María no tenía medios para pagar uno. Mientras tanto, su agresor contaba con representación legal. Es en esa asimetría, una mujer sola en el laberinto judicial frente a un hombre con abogado, que se condensa el verdadero problema estructural: el sistema muchas veces le falla a quienes buscan ayuda. 

Las razones para no denunciar son conocidas y fueron documentadas por ELA a lo largo de veinte años de investigación: barreras económicas y falta de patrocinio jurídico gratuito –como sucedió con María–; falta de información; sesgos de género de los operadores judiciales que minimizan los testimonios; revictimización institucional; y procesos que se extienden por años sin resolución. A esto se suma un factor que el sistema judicial no suele considerar: los daños emocionales y psicológicos profundos dificultan la denuncia inmediata. El miedo, la culpa, la vergüenza, la dependencia económica o emocional y la autoprotección psicológica retrasan o impiden que lleguen a denunciar. Los tiempos de las víctimas son, muchas veces, incomprendidos por un sistema que tiende a considerar tardías o inconsistentes las denuncias realizadas fuera del “tiempo procesal esperado”.

En estos días, mientras un Estado nacional indolente abandona a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia a su suerte, otro caso vuelve a poner en discusión cómo la justicia interpreta la violencia de género. La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver el caso de Julieta González, asesinada en Mendoza en 2016. Su crimen tuvo una primera condena por homicidio simple. Luego, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revisó esa decisión y condenó a Andrés Di Césare a prisión perpetua por femicidio, al considerar que en este caso hubo violencia de género. Esa calificación fue confirmada en dos instancias provinciales.

Ahora, la Corte Suprema de la Nación debe decidir si mantiene esa interpretación o si vuelve atrás. La discusión no es menor ni técnica en un sentido abstracto. Lo que está en juego es cómo se entiende el concepto de femicidio, qué significa una relación desigual de poder y si la violencia de género sólo puede reconocerse cuando hay una relación afectiva formal o antecedentes previos reiterados o notorios.

Las decisiones judiciales no sólo resuelven casos individuales: también marcan criterios, envían señales y orientan el modo en que otros tribunales van a tratar hechos similares. Pero más aún, una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación construye sentido, aporta argumentos, refuerza acuerdos alcanzados… o los desconoce. Reconocer que no todos los asesinatos de mujeres son iguales sino que hay casos en los que se trata de un femicidio es comprender que algunas violencias ocurren en contextos de desigualdad y que no solo deben ser analizados por la justicia con herramientas adecuadas, sino que además es responsabilidad del Estado prevenirlos acompañando a las mujeres, en lugar de dejarlas solas en el laberinto de la justicia. Esa asistencia, ese acompañamiento, no estuvo allí para María Speratti, aun cuando recorrió las oficinas pidiendo ayuda. 

La presunción de inocencia

En los últimos meses, a raíz del proyecto de ley presentado por la senadora Carolina Losada, que busca aumentar las penas para falsas denuncias en casos de violencia de género, volvió a instalarse una idea peligrosa: que los estándares de valoración de la prueba en casos de violencia de género habrían “invertido” la presunción de inocencia. Ese argumento es jurídicamente incorrecto. La presunción de inocencia rige en todo proceso penal porque ninguna condena puede dictarse sin prueba y se mantiene hasta que exista sentencia firme. 

El problema es la presunción de falsedad que pesa sobre las mujeres que denuncian, y que cuando ese sesgo atraviesa a los operadores judiciales, cuesta vidas. 

En marzo de 2026, el Comité CEDAW de Naciones Unidas resolvió un caso contra el Estado argentino (comunicación núm. 175/2021) que describe este problema. G.M.H. había denunciado a su agresor. Los funcionarios que intervinieron minimizaron su denuncia basándose en estereotipos que cuestionaban la veracidad de las mujeres en casos de violencia de género, priorizaron la versión del agresor y calificaron los hechos como un daño a la propiedad. Esa inacción, motivada por prejuicios, permitió que el agresor la asesinara. El Comité fue categórico: la desestimación de las denuncias realizadas a tiempo constituye una violación de los derechos humanos que puede culminar en femicidio. Dudar del relato de las mujeres, bajo el fantasma de que exageran o realizan “falsas denuncias”, tiene costos irreparables.

Por eso, en sus observaciones finales (CEDAW/C/ARG/CO/8) publicadas el 23 de febrero de este año, el Comité de Naciones Unidas se pronunció respecto a las regresiones normativas, institucionales y presupuestarias que afectan la vida de mujeres, niñas y adolescentes. 

Las barreras reales

El acceso a la justicia no depende únicamente de que exista una ventanilla para hacer una denuncia. Requiere información clara, patrocinio jurídico, medidas de protección oportunas, investigación seria, operadores capacitados, articulación entre instituciones y decisiones judiciales que comprendan el contexto en el que ocurren las violencias.

Cada poder del Estado tiene una responsabilidad. El Poder Ejecutivo debe garantizar políticas de prevención, asistencia y protección. El Poder Legislativo debe evitar normas que generen retrocesos o desalienten la búsqueda de ayuda. El Poder Judicial debe investigar con debida diligencia y decidir sin prejuicios, con evidencia y sin estereotipos.

Cuando alguno de esos eslabones falla, la respuesta estatal llega tarde o no llega, y el caso de María Isabel Speratti Aquino es la prueba de eso, cuando un intento de femicidio se caratula como “lesiones leves” o una mujer debe esperar meses un abogado, el Estado pone más barreras en lugar de derribar las que ya existen.

Fortalecer el acceso a la justicia significa construir instituciones capaces de escuchar, investigar, proteger y decidir con responsabilidad. 

NG/MG

En la Patagonia argentina, el Canal Beagle vive más a menudo momentos espectaculares: las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) regresaron en los últimos años a este corredor marítimo para realizar un asombroso evento natural. Luego de una serie de políticas de conservación, esta especie marina mostró un incremento poblacional en el sur argentino restableciendo antiguas rutas en sus migraciones y recuperando antiguas áreas de alimentación.

Un estudio colaborativo realizado por el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic), dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, junto a las fundaciones WCS Argentina y Compromiso Onashaga, mostró que durante 2025 se identificaron 22 ballenas en la zona del Canal Beagle, de las cuales 17 fueron registradas por primera vez. Desde 2013 hasta el año pasado, el total de ejemplares reconocidos asciende a 208 individuos, un número que confirma un crecimiento sostenido en la zona al menos desde 2018, aseguraron las expertas consultadas.

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Detrás de esas cifras hay historias que sobresalen. Buddha es una ballena jorobada que no se veía desde 2021 y regresó al Canal Beagle, algo que los científicos califican como “altamente positivo”. También está Shima, una ballena que lleva visitando estas aguas patagónicas ocho años consecutivos. Este caso se destaca como la más fiel al canal entre las ballenas jorobadas registradas.

Natalia Dellabianca, bióloga y científica del Laboratorio de Investigaciones en Mamíferos Marinos Australes del Cadic-Conicet e investigadora asociada a WCS Argentina, explicó a Mongabay Latam que desde hace una década existe un proyecto de ciencia ciudadana vinculado a la ballena jorobada y su identificación.

“Todo es gracias a las fotos que nos mandan las tripulaciones que visitan el canal y los mismo turistas. Ahora, lo que está pasando en el canal es que las ballenas están volviendo a antiguas áreas de alimentación”, afirmó Dellabianca.

El Canal Beagle es un sitio de alimentación ideal para las ballenas jorobadas. Esta especie es cosmopolita y frecuente en zonas costeras y de plataforma de todos los océanos. En Sudamérica realiza migraciones desde las áreas de alimentación estivales, en aguas australes templadas y frías, hacia las áreas de reproducción invernales, en mares tropicales y subtropicales. En el Canal Beagle su presencia ha sido reportada desde 1979 y fue incrementándose a partir de la década de 1990, pero fue a partir de 2018 que se notó un crecimiento sostenido.

Uno de los factores que podría explicar el regreso de las ballenas jorobadas está relacionado con la recuperación de las poblaciones de cetáceos en todo el mundo. Tras décadas de prohibición de la caza comercial, diferentes especies comenzaron a recuperarse gradualmente y a recolonizar antiguos sitios de alimentación, como este canal central en la biodiversidad marina del sur del continente.

Un espacio vital para las ballenas

Ese proceso también está repercutiendo en el extremo sur argentino. Los investigadores recuerdan que el Canal Beagle fue históricamente un espacio importante para estos animales. Antes de la era de la caza industrial de ballenas, la región funcionaba como una zona habitual de alimentación para distintas especies.

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La disponibilidad de alimento también juega un papel determinante en esta dinámica. En las aguas australes, los cetáceos encuentran abundantes recursos que sostienen su presencia durante varios meses del año. “Acá hay comida y por eso los animales están en esta zona. Se alimentan principalmente de langostilla y de sardina fueguina”, indicó Dellabianca.

Actualmente se cuenta con un catálogo de fotoidentificación de los ejemplares que llegan a la zona del Canal Beagle. Es el resultado de un esfuerzo de científicos y más de 500 colaboradores que forman parte del proyecto de ciencia ciudadana Jorobadas del Beagle. La idea de armar este catálogo surgió en 2013, con el objetivo de conocer más sobre los hábitos migratorios de las ballenas jorobadas. Así, se desarrolló un sistema de identificación visual a partir de las marcas únicas que presenta la aleta caudal de cada ejemplar.

El catálogo se actualizó en varias ediciones. Cada uno de los ejemplares registrados recibe un nombre elegido por la persona que aportó el primer registro fotográfico. En esta iniciativa se integran los registros fotográficos y fílmicos obtenidos por ciudadanos del lugar, capitanes de barcos, guías turísticos, fotógrafos y turistas que visitan la zona. Luego se suman los relevamientos sistemáticos que realizan las investigadoras.

Solange Fermepin, gerente de Conservación Costera Marina de WCS Argentina, explicó a Mongabay Latam que la ballena jorobada enfrenta amenazas como la colisión con embarcaciones, la contaminación sonora y los desechos en los océanos, los enmalles en redes pesqueras, la pesca ilegal y los impactos del cambio climático.

La experta detalló que este catálogo de fotoidentificación tiene muchas implicancias. Por una parte -dijo-, aporta información biológica clave sobre las ballenas jorobadas en una zona donde su presencia no era frecuente. Sin embargo, gracias a este proyecto, se registró un aumento constante en el número de esta especie que visitan el Canal Beagle.

La investigadora añadió que las ballenas jorobadas realizan migraciones extensas entre sus zonas de alimentación en aguas frías del sur y sus áreas de reproducción en mares tropicales. En este contexto, dijo que el Canal Beagle se consolida como un sitio fundamental para su alimentación durante el verano.

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Según Dellabianca, los investigadores observaron que el comportamiento de estos animales presenta cierta regularidad en el calendario. “En el caso de la ballena jorobada, que es la que venimos estudiando más regularmente desde 2013, sabemos que a partir de febrero normalmente tenemos una presencia permanente de la especie. Si bien puede haber avistajes desde noviembre hasta agosto en algunos casos, a partir de febrero y hasta junio normalmente tenemos presencia permanente de la especie”, explicó.

Paso a paso para el retorno

Para la comunidad científica de Ushuaia, capital de la provincia argentina de Tierra del Fuego, la más austral del país, este auge representa una oportunidad de estudio que siguen desde hace varios años y esperan continuar.

Este regreso de las ballenas jorobadas también trae desafíos. Con el aumento de esta especie en zonas de tráfico marítimo, las autoridades y científicos remarcan la importancia de respetar protocolos de avistaje: mantener la distancia, no perseguirlas y reducir la velocidad de navegación para evitar colisiones.

“El ingreso creciente de ballenas al Beagle conlleva un aumento en la interacción entre estos animales y las embarcaciones. A esto se suma el incremento del tráfico marítimo dentro del canal asociado al crecimiento turístico, en especial por los viajes hacia la Antártida. Si bien el canal es un corredor natural que conecta el Pacífico y el Atlántico, es angosto y esto intensifica la probabilidad de encuentros entre las embarcaciones y ballenas”, detalló Dellabianca.

Desde el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) resaltaron que “resulta necesario revisar y fortalecer pautas de navegación, como las velocidades de entrada y salida de los buques y las distancias de acercamiento para el avistaje de ballenas, a fin de minimizar el riesgo de colisiones”.

El regreso de las ballenas jorobadas al Canal Beagle trae un mensaje alentador, según Fermipin: cuando se da un paso atrás en la explotación y la caza, la vida silvestre recupera su lugar con fuerza y obliga a contemplar nuevas pautas de convivencia para disfrutar un fenómeno natural que ahora tiene muchos desafíos, entre ellos implementar una política de conservación para que estos cetáceos se queden en el lugar.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La inteligencia artificial (IA) es protagonista constante de debates y polémicas sobre los usos que las personas puedan darle, pero en lo que sí parece haber un consenso es en que llegó para quedarse. El lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 fue un punto de inflexión en el tema porque eliminó la necesidad de saber programar y, por primera vez, cualquier persona podía interactuar con la IA simplemente escribiendo en su idioma nativo, como si hablara con otra persona. Su uso se expandió rápidamente y cientos de herramientas de IA empezaron a surgir.

La ecología y la conservación no fueron la excepción. El uso creciente de la tecnología, como las cámaras trampa y la bioacústica, ya ayudaba a los científicos a monitorear bosques, seguir especies, y elaborar programas y proyectos para la protección de la biodiversidad. Sin embargo, el gran volumen de información requería de un intenso trabajo por parte de los investigadores para procesarla.

En otras palabras, se generaba un cuello de botella en el que se obtenían datos en poco tiempo, pero las conclusiones sobre esos datos podían tomar meses e incluso años. Fue precisamente ahí donde la inteligencia artificial empezó a ganarse un espacio.

“El gran paso adelante de la IA no es que identifiquemos aves —los expertos también identifican aves—. Lo interesante con la IA es que nos permite hacer 100 o 1000 veces más procesamiento de datos que antes. Esa es la cosa crítica”, asegura Jörg Müller, profesor de Ecología Animal y Biología Tropical de la Universidad Julius-Maximilians de Würzburg (Alemania) y subdirector del Parque Nacional Bosque Bávaro.

En América Latina ya existen proyectos que han obtenido resultados que hace unos años parecían imposibles de lograr. En Argentina, biólogos y físicos trabajan de la mano para grabar y procesar los cantos de un ave esquiva que se creyó extinta durante 40 años y así conocer más sobre su comportamiento y sus movimientos. En Ecuador, un proyecto científico detecta en tiempo real los sonidos de las motosierras y los disparos para que dos comunidades indígenas kichwa puedan proteger su territorio en la Amazonía. En Colombia, una investigadora se alió con una institución pública para sobrevolar un páramo calcinado y al procesar los videos de dron reconocer cuántos frailejones murieron y cuántos sobrevivieron.

El Instituto Smithsonian trabaja contrarreloj en Panamá para describir la gran variedad de insectos que habita en la isla de Barro Colorado antes de que se extingan, mientras que científicos tratan de identificar por sus manchas a cada jaguar que habita en la Reserva Nacional Tambopata en Perú y un proyecto innovador en Costa Rica clasificó con precisión y devolvió a los océanos más de una tonelada de conchas que los turistas intentaban sacar ilegalmente del país.

Estos son sólo algunos de los casos de éxito que Mongabay Latam presenta en este especial periodístico donde la IA se ha convertido en una aliada para conservar la biodiversidad.

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Procesando datos a gran velocidad

“Instalamos cámaras hace 20 o 25 años, cuando tenían rollo. La tecnología de las cámaras evolucionó, son digitales, las puedes dejar cuatro meses en el campo y ahora instalamos hasta 200 cámaras. Tienes muchas más imágenes que antes y necesitas inteligencia artificial para procesar toda esa cantidad. En un muestreo, fácil te salen 500 000 imágenes”, dice Mathias Tobler, investigador del San Diego Zoo Wildlife Alliance en Tambopata, Perú.

De hecho, un artículo publicado en la revista Biología Futura en 2024 ya mencionaba que la inteligencia artificial, especialmente el deep learning —que utiliza redes neuronales artificiales para imitar el aprendizaje humano, permitiendo que las computadoras procesen datos complejos, reconozcan patrones y realicen tareas de forma autónoma—, ya es muy relevante para la conservación de la biodiversidad porque ayuda a procesar enormes volúmenes de datos que antes eran demasiado lentos de analizar manualmente. Es por esto que la IA está pasando de ser una herramienta experimental a una infraestructura central para monitoreo, predicción y priorización de acciones de conservación.

Con el paso de los años, la IA está pasando, efectivamente, de un rol secundario a uno central en la conservación. Luego de que un voraz incendio consumiera más de 300 hectáreas del páramo de Berlín, en Santander (Colombia), la investigadora Paula Uzcátegui utilizó drones para sobrevolar el área y con el uso de la IA estimó qué tanto afectó el fuego a los frailejones de la zona, una tarea que a escala manual sería supremamente lenta.

“Desde los drones se pueden ver patrones a una escala a la que antes tú no podías ver. Puedes ver patrones a nivel de cientos de hectáreas y también puedes tener datos de miles de individuos [frailejones]”, comenta Uzcátegui. “La mortalidad la determinamos a partir de la información multiespectral del sensor. No teníamos que ir al lugar para saber si los frailejones estaban vivos o muertos, sino que se veía por el sensor”, agrega.

El procesamiento de imágenes de cámaras trampa y satélites para detectar fauna o cambios en la cobertura forestal es uno de los principales desarrollos de la IA en el campo de la conservación, pero no es el único. El artículo menciona también el análisis de bioacústica y textos, por ejemplo para reconocer cantos de aves o extraer observaciones de redes sociales. También hay sistemas híbridos más eficientes, como el active learning —subcampo del aprendizaje automático donde el algoritmo elige inteligentemente qué datos necesita aprender en lugar de procesar grandes cantidades de información de forma pasiva—, que reducen el trabajo de etiquetado y clasificación humana casi por completo en algunos casos.

Aunque la IA está cada vez más presente en los proyectos, aún no se ha desarrollado todo su potencial. Jorge Ahumada es gerente de conservación en WildMon, una ONG dedicada al monitoreo de biodiversidad y conservación de ecosistemas mediante herramientas de IA, y director ejecutivo de Wildlife Insights, una plataforma global basada en la nube que con IA ayuda a gestionar, analizar y compartir fotos y datos de cámaras trampa para la conservación de la fauna. Según dice, el campo de la IA en conservación “está ahora comenzando”.

“El mayor uso lo veo en tratar de desembotellar el procesamiento de la información básica, mientras que los ecólogos se encargan de los análisis más grandes, ya que llevan muchos años enfocados en métodos para trabajar con la biodiversidad. Yo veo que hay un potencial muy grande para automatizar muchas cosas”, asegura Ahumada.

Muchos científicos están convencidos de esto. Gabriel Mindlin, director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires, asegura que “la inteligencia artificial va a modificar dramáticamente los esfuerzos de conservación porque va a incorporar un montón de herramientas que permitirán procesamientos masivos de datos cuantitativos para su posterior manejo por parte de expertos”.

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El control sigue siendo humano

“La tecnología CNN [Red Neuronal Convolucional en español] actual es capaz de alcanzar más del 90 % de la precisión humana en la identificación de especies en imágenes de cámaras trampa”, indica el artículo publicado en la revista Biología Futura. Sin embargo, reconoce que para llegar a ese éxito se depende de una gran inversión previa de trabajo humano, pues se deben tener identificadas las especies para que el modelo pueda aprender.

Los expertos enfatizan en que no se trata de reemplazar a los científicos —es más, consideran que es muy poco probable que esto ocurra— sino que puedan dedicarse a asuntos de fondo al ahorrarles tiempo en trabajo repetitivo y hasta operativo. Jorge Ahumada afirma que el valor de un científico radica en responder preguntas mucho más complejas que suceden en los sistemas naturales y la inteligencia artificial aún está muy lejos de eso.

Por ejemplo, una de las preocupaciones de Maxim Larrivée, director del Insectario de Montreal, Canadá, es que los insectos están extinguiéndose a gran velocidad y aún se desconoce el nombre de muchos de ellos. En este momento, dice, existen algoritmos de IA capaces de identificar insectos y nombrarlos, pero sólo pueden hacerlo con las especies que conocen. “Lo que hicimos fue dar vuelta al guión y entrenamos a un algoritmo para reconocer insectos —mariposas nocturnas, en este caso— que nunca había visto. De modo que es capaz de decir: ‘nunca he visto esto, pero se parece mucho a algo que conozco’, y eso ayuda a acotar qué es esta nueva especie y con qué está asociada”.

Para Larrivée, esto es un avance importante porque “todos estos insectos existen allá afuera en el neotrópico y en los trópicos del mundo, pero no tienen nombre porque no tenemos el ‘ancho de banda’ humano para describirlos y catalogarlos”.

Pero no solo se trata de procesamiento y análisis de imágenes, sino también de sonidos. “Con los audios nos ha tomado más tiempo, pero ya empezamos a ver resultados. Tenemos la información, pero siempre hace falta una validación humana. Igual que con las imágenes de cámaras trampa, los audios tienen que pasar por un humano que confirme lo que dice la inteligencia artificial”, comenta David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco en Ecuador, sobre el trabajo que realizan en la Amazonía para detectar, por sonido, diferentes especies de animales y amenazas como motosierras y disparos.

En Argentina, la IA también permitió que un grupo de científicos conociera más sobre la enigmática gallineta chica (Rallus antarcticus). Como esta ave es muy difícil de observar, sólo a través de sus sonidos pudieron detectar los sitios de la Patagonia donde aún habita.

Pero no se conformaron con esto: “Lo que se hace bastante es identificar especies por su canto, usando redes neuronales. Lo que estamos haciendo es ir un paso más allá y decir: ‘bueno, no sólo queremos identificar qué especie está cantando, sino qué individuo de esa especie está cantando’”.

Estas experiencias de conservación se sustentan en un concepto que aparece cada vez con mayor frecuencia en estudios sobre inteligencia artificial: human in the loop, mediante el cual los expertos participan proporcionando retroalimentación y evaluando las respuestas del sistema durante el entrenamiento del modelo, lo cual es esencial para limitar sesgos y alucinaciones. La IA trabaja a gran escala y reduce esfuerzo, pero el humano conserva el control en las etapas críticas.

“Mi postura definitivamente es: necesitamos a los expertos más que nunca, y todas las nuevas técnicas, desde el metabarcoding [técnica genética que identifica a la vez a todas las especies presentes en una muestra compleja, como agua o tierra] hasta la acústica, necesitan a los expertos urgentemente”, afirma el profesor Jörg Müller.

Yolanda Camacho, bióloga de la Universidad de Costa Rica, asegura que su experiencia utilizando la inteligencia artificial —para clasificar las conchas marinas que se iban a devolver a las playas costarricenses— le permitió comprobar el enorme potencial de esta herramienta para apoyar programas de conservación ambiental. “A mí sola me hubiera tomado mucho tiempo clasificar las conchas, hubiera tenido que pedir hasta seis meses sabáticos para completar la tarea”, dice Camacho, pero agrega que la IA no reemplaza el conocimiento y el trabajo de campo de años de un científico, pues su precisión depende completamente de la calidad de datos con los que se entrena el algoritmo. “Como taxónoma tenía que estar constantemente validando lo que la aplicación estaba mostrando. Si los datos son malos, la respuesta va a ser errónea”.

La premisa para Jorge Ahumada es simple: “no le vamos a creer a la inteligencia artificial todo lo que nos dice. Hay que verificar los datos”. Y esa verificación está en manos de los investigadores.

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El impacto ambiental y otros retos de la IA

El boom de la IA en conservación ha traído expectativas pero también preocupaciones. Por ejemplo, la industria de los centros de datos quiere construir nuevas instalaciones en la Latinoamérica a toda velocidad, prometiendo inversión, empleo y crecimiento para los países. Sin embargo, las comunidades vecinas a esos centros han mostrado varias preocupaciones, entre las que destacan menos agua y cortes de energía, como lo mostró el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en una investigación de 2025.

Las empresas tecnológicas que utilizan agua para el funcionamiento y la refrigeración de estos centros de datos podrían necesitar entre 4200 y 6600 millones de metros cúbicos de agua para 2027.

Los expertos consultados para este reportaje reconocen que mitigar y reducir los impactos ambientales es un asunto en el que se debe trabajar, pero también creen que poco a poco la industria tecnológica se enfocará en ser cada vez más sostenible.

Juan Lavista Ferres, director científico de datos de Microsoft, comenta que el principal reto es la transición de la generación eléctrica hacia fuentes de energía renovable para alimentar estos centros de datos, aunque el mercado de energías renovables aún no es lo suficientemente amplio para satisfacer toda la demanda actual.

“Hay muchos algoritmos que requieren un montón de generación eléctrica, por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés), pero es importante destacar que no todos los algoritmos de inteligencia artificial consumen la misma cantidad de energía porque no están hechos de la misma forma”, destaca Lavista.

Pedro Galindo, científico de datos y líder del departamento de Tecnología Aplicada a la Conservación de la Fundación Jocotoco, señala que los modelos más pequeños, como las redes neuronales convolucionales (CNN), utilizadas para identificar cantos de aves, ranas o mamíferos, son mucho menos exigentes en términos de energía. Sin embargo, reconoce que casi siempre habrá algún tipo de impacto medioambiental.

En el caso de las CNN, dice Galindo, a pesar de su bajo consumo, necesitan paneles solares para su alimentación, los cuales contienen minerales específicos que tienen una vida útil limitada. Además, requieren baterías (de litio o gel) para almacenar la energía, lo que añade un impacto adicional, y los componentes electrónicos de estos dispositivos, como las tierras raras y los semiconductores, también contribuyen a afectar el medioambiente. Si bien considera que siempre hay que buscar el menor impacto posible, se cuestiona: “todo esto también lo tienes en tu teléfono. ¿Por qué no tenerlo a servicio de la conservación?”.

Jorge Ahumada plantea un camino a seguir: “Los que estamos trabajando en conservación debemos hacer mucho más énfasis en la necesidad de regulación ambiental en los países y que las compañías sean responsables en el manejo de la energía”, y añade que actualmente hay tanta inversión en inteligencia artificial, que lograrlo no debería ser un problema.

Lo que para Ahumada sí sigue siendo un problema es la financiación, pues gran parte de ella “todavía está muy orientada a inteligencia artificial en cosas comerciales, un poquito en ciencias aplicadas, pero poco en conservación”. Este es un gran reto porque las organizaciones que trabajan en el área de biodiversidad a menudo carecen de recursos, destaca Lavista.

Los expertos consideran que la IA en conservación debe ser incluyente y participativa, por lo que se debe proyectar su uso no sólo para los científicos sino para las comunidades campesinas y étnicas. Lavista asegura que “no queremos a nivel de sociedad que el uso de la inteligencia artificial amplíe la brecha digital que se generó entre la gente que sabe usar computadoras y la gente que no las sabe usar”.

Evitar esa brecha a su vez generará nuevos retos como un trabajo intensivo en capacitación y educación, pero es un trabajo que vale la pena “porque la inteligencia artificial permite separar la parte técnica y hacerla mucho más fácil para un grupo mucho más grande de personas”, concluye Ahumada.

El artículo original fue publicado por Antonio Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En el Salar de Uyuni, en Bolivia, no saben cuánta agua tienen bajo sus blancos suelos. Lo único que saben los habitantes de este desierto es que si pierden el agua sus vidas se complican. Es por eso que se oponen a proyectos de extracción de litio sin procesos de consulta ni estudios ambientales. Algo similar ocurre en las comunidades cercanas a salares en Chile y Argentina. Un estudio analizó diez proyectos de empresas chinas que, afirman, presentan riesgos para comunidades indígenas, estudios ambientales “incompletos” y falta de transparencia.

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El informe, titulado La presencia de China en el sector del litio en América Latina y el Caribe, fue elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). El documento tuvo el apoyo de Latinoamérica Sustentable (LAS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), BRICS Policy Center (BPC, Brasil), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, Chile) y Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS, México).

La investigación analiza la relación entre América Latina y China en torno a este mineral; y las políticas chinas y la presencia de sus empresas en la región. Además, ahonda en los principales proyectos y potenciales riesgos socioambientales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México; y en los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza que plantea la presencia china en la región.

Marco Gandarillas, investigador senior de Latinoamérica Sustentable (LAS), explicó a Mongabay Latam que de los diez proyectos chinos analizados en la región, nueve presentan una sobrexplotación hídrica y en todos hay estrés hídrico. También afirmó que en ocho hay estudios ambientales “incompletos”, en seis existirían problemas de contaminación, nueve tienen conflictos con poblaciones locales e indígenas y seis carecen de políticas de transparencia.

“En el informe estudiamos diez proyectos a profundidad, cuando hay varios más en los demás eslabones de la cadena del litio. Nueve son del sector extractivo y una en el sector de manufactura, que está en Brasil. La mayoría de estos proyectos están en Argentina y Bolivia, pero en Argentina están más en fase avanzada de exploración y explotación”, detalló Gandarillas.

La consolidación de China en el negocio del litio en América Latina tiene un nuevo escenario desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, quien mantiene una tensa relación con la potencia asiática, ha autorizado los primeros acuerdos de su país con países de la región para la extracción de minerales críticos y tierras raras por parte de empresas estadounidenses y con el fin de desplazar a China del negocio, como viene informando Mongabay Latam.

Las empresas chinas en la región

La mayoría de las empresas chinas que intervienen en la cadena del litio declaran contar con políticas sociales, ambientales, de transparencia y mecanismos de denuncia. Zangge Mining, Zijin Mining, CATL, CMOC, Tianqi Lithium y BYD afirman contar con políticas en todos estos campos, mientras que Tsingshan Holding Group y Xinjiang TBEA Group Co. no reportan medidas equivalentes.

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Por ejemplo, en su Informe de Responsabilidad Social Corporativa (2023), la empresa BYD declara haber implementado reglamentos específicos de gestión sobre conservación del agua, procedimientos para la gestión de residuos sólidos y el control y monitoreo de emisiones de ruido y aguas residuales.

Mongabay Latam se contactó con las ocho empresas chinas y solo Ganfeng Lithium, que opera en el norte argentino, respondió los requerimientos de este medio. La minera afirmó que su “gestión ambiental se apoya en la identificación, evaluación y el control de los aspectos e impactos ambientales y sociales con la finalidad de preservar el ambiente y la diversidad cultural, de la mano con la producción de un mineral estratégico para la generación de energía limpia”.

Además, Mongabay Latam se contactó con las embajadas de China en México, Argentina, Chile y Bolivia pero ninguna de las sedes diplomáticas contestó los pedidos de consulta sobre los proyectos de litio que ejecutan las empresas de su país en la región.

Los proyectos bajo estudio

El estudio tomó en cuenta los siguientes proyectos desarrollados por empresas chinas en Argentina: Cauchari-Olaroz, ejecutado por la compañía Ganfeng Lithium; Tres Quebradas, ejecutado por Zijin Mining Group Ltd.; y Mina Agonic, por China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Sobre el proyecto Cauchari-Olaroz, la minera Ganfeng Lithium informó que lleva “adelante un plan de manejo ambiental integral, implementando medidas apoyadas en el uso eficiente de los recursos naturales, cumpliendo con las normativas regulatorias nacionales, provinciales y municipales y apuntando a la preservación del ambiente en armonía con el desarrollo del proyecto”.

En Bolivia se estudiaron tres proyectos: EDL, en el Salar de Uyuni, desarrollado por Hong Kong CBC; EDL en el Salar de Coipasa, por el mismo consorcio; y Siete Salares, por Qinghai Citic Guonan Science and Technology Development Co Ltd. En los casos de Bolivia estos proyectos no se ejecutaron por la ausencia de una aprobación legislativa.

En Chile se analizó el proyecto Salar de Atacama en la que la minera Tianqi Lithium tiene una importante participación accionaria.

En México se vio el caso de Sonora Lithium, de Ganfeng International.

Mientras que en Brasil se vieron dos proyectos de fabricación de baterías y de vehículos eléctricos: Coronel Murta (ubicado en el Valle del litio) y Complejo de producción de vehículos en Camacari, implementados por la empresa BYD.

Gandarillas resaltó que muchas poblaciones locales no fueron informadas por las empresas responsables de estos proyectos. “En la mayoría se habla de falta de consentimiento de parte de pueblos indígenas y falta de licencia social cuando no hay pueblos indígenas y habitan otras poblaciones, lo que explica la conflictividad creciente con las empresas chinas de litio”, dijo el experto.

El especialista añadió que las empresas chinas aún no han desarrollado un relacionamiento “respetuoso” con las poblaciones locales, ya que más allá de sus políticas sociales y ambientales, su práctica se limita a hacer acuerdos con los Estados y “creen que las autoridades [locales] se encargarán de todo lo demás”. Gandarillas ve como un factor de poca transparencia que en la mayoría de los contratos con las empresas chinas existen cláusulas de confidencialidad.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) de Chile, explicó a Mongabay Latam que, de acuerdo al informe, las directrices voluntarias que China ha adoptado para sus empresas en el exterior presentan vacíos significativos y su implementación es débil, advirtiendo además que la transición energética del país asiático no busca que la región avance en la cadena de valor, ya que su interés es asegurar materias primas a bajo costo.

“En esta línea de ideas, mientras el mundo avanza hacia autos eléctricos y baterías limpias, los salares latinoamericanos se hunden, el agua escasea y las comunidades que habitan estos territorios por siglos enfrentan conflictos socioambientales”, destacó Cuenca.

Chile: el caso testigo de la región

Chile concentra el 33 % de las reservas mundiales de litio, ubicadas principalmente en el Salar de Atacama. En el informe indica que en 2022 el 72 % de las exportaciones chilenas de litio tuvieron como destino China y la empresa Tianqi Lithium controla el 24 % de la compañía chilena SQM, la principal operadora del salar de Atacama y segunda productora mundial de litio.

En el caso de Chile, Cuenca afirmó que el costo socioambiental es documentado y que existen estudios recientes que confirman que el Salar de Atacama se hunde entre uno y dos centímetros por año como consecuencia del desequilibrio entre el agua extraída y la capacidad de recarga del acuífero.

Por cada tonelada de litio producida –explicó Cuenca- se evaporan entre 1400 y 2000 metros cúbicos de agua en uno de los desiertos más áridos del mundo. Ya en 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile ordenó medidas urgentes por la muerte de ejemplares de golondrina de Mar de Collar, en las piscinas industriales del Salar del Carmen.

Frente a estos hechos, las comunidades indígenas lickanantay denuncian que no contaron con procesos de consulta efectivos, sostiene el estudio. Los intentos de empresas chinas como BYD por obtener contratos de explotación también fueron cuestionados judicialmente por ausencia de consulta previa, llegando incluso a una anulación por parte de la Corte Suprema.

Un modelo que se repite en Argentina y Bolivia

Ese modelo se replica en toda la región. Ganfeng, Zijin, CATL y BYD avanzan sobre humedales altoandinos, sitios Ramsar y territorios indígenas bajo marcos legales que priorizan la atracción de inversión. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema de Catamarca suspendió autorizaciones en el salar del Hombre Muerto tras denuncias por pérdida de caudales. Sin embargo, en marzo de 2026, el mismo tribunal levantó la medida cautelar que paralizaba la minería de litio en la zona y volvió a habilitarla.

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En Bolivia, estudios identificaron concentraciones de arsénico hasta cinco veces superiores a las naturales en estanques del Salar de Uyuni. Bajo los antecedentes conocidos, en ningún país se evalúan los impactos acumulativos entre proyectos que comparten una misma cuenca. Así, China, que controla el 65 % del litio refinado mundial y fabrica el 80 % de las baterías y partes de baterías para vehículos eléctricos, se consolida en la cima de la cadena de valor mientras la región permanece atrapada como proveedora de materia prima, afirman los autores del informe.

“En este escenario, el análisis transversal del informe identifica patrones comunes: tendencia a la integración vertical de la cadena del litio por parte de los actores chinos, escasa adhesión a estándares ambientales y sociales internacionales, opacidad contractual con los Estados anfitrión, y un consentimiento libre, previo e informado [con las comunidades] ausente o deficiente”, reprochó Cuenca.

En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó en 2025 que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa.

Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el Salar de Uyuni aseguran que la extracción del mineral afectará los humedales altoandinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

Se calcula que Bolivia tiene 23 millones de toneladas métricas de litio concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa, según datos del Gobierno. Sin embargo, no todos los proyectos tuvieron su arranque porque no se concretaron las inversiones privadas. La estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) construyó una planta para procesar carbonato de litio en la localidad de Llipi, cerca del salar de Uyuni, y comenzó con la perforación de 178 pozos de agua en esa zona, pero también en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, según información oficial.

La planta de Llipi es la única que actualmente produce litio en Bolivia a escala piloto y, también, la que más conflictos está ocasionando. Esa planta tiene inversión china.

En 2024, China concentró el 67.6 % de las exportaciones del litio de Argentina, según la Secretaría de Minería argentina.

Vanina Corral, investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, explicó a Mongabay Latam que América Latina enfrenta un “riesgo estructural” debido a que, en la minería del litio, principalmente la industria china, no se respetan los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos.

“En Argentina [que concentra más del 17 % de las reservas mundiales de litio], existen numerosos proyectos emplazados sobre sitios protegidos por la convención Ramsar y que los Estudios de Impacto Ambiental no se alinean con los estándares de la Ley General del Ambiente en cuanto a la forma de presentación de información que suele ser parcial y ambigua”, detalló Corral.

La experta puso como ejemplo el proyecto Tres Quebradas, que cuenta con autorización para consumir hasta 11 litros de agua por segundo, lo que equivale a 950 400 litros diarios. Esta extracción impacta negativamente en la disponibilidad del agua del río Abaucán, afirma Corral. Este río es el principal curso hídrico del Bolsón de Fiambalá, al norte de Argentina, conectado a las lagunas altoandinas a través de cuencas subterráneas.

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Según el informe, las comunidades campesinas que integran la Asociación de Campesinos del Abaucán ya enfrentan serias restricciones para sostener prácticas productivas tradicionales como la agricultura y la ganadería de subsistencia. La disminución o deterioro del recurso hídrico compromete su soberanía alimentaria y profundiza la pobreza estructural existente.

El caso mexicano: otro escenario para China

México cuenta con 1.7 millones de toneladas de recursos estimados de litio, lo que lo ubica como el noveno país en reservas del litio a nivel mundial. A diferencia de otras regiones productoras, la mayor parte de estos recursos se encuentra en depósitos de arcilla, un tipo de yacimiento que hasta la fecha no cuenta con antecedentes de explotación comercial viable en ningún país. Tanto en México como en Estados Unidos estos depósitos se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.

Actualmente no existe actividad extractiva del litio a escala comercial en México, sin embargo, el estudio afirma que el avance de proyectos orientados a la explotación del litio en arcilla, como el Proyecto Sonora Lithium, ejecutado por la china Ganfeng Lithium a través de su filial Minera Sonora Borax S.A, plantea riesgos sociales y ambientales significativos. Según el informe, desde la fase exploratoria, estas actividades suelen generar impactos como la fragmentación de hábitats, la pérdida de biodiversidad y la alteración de ecosistemas frágiles. A ello se suma una legislación ambiental que carece de normas específicas para regular la minería del litio.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El pasado 9 de abril, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, por unanimidad, la nueva Ley Orgánica de Minas con la que se reemplazó dos normas relacionadas con el tema: el Decreto de Ley de Minas vigente desde 1999 y el Decreto de Reserva del Estado de las actividades mineras de oro de 2015, que prohibían la inversión extranjera y del sector privado en minerales estratégicos.

La ley surge en medio de una serie de cambios legislativos orientados a facilitar las inversiones del sector privado, luego de que el pasado 3 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara una incursión militar en el país sudamericano y la captura del entonces presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

“Agradezco a la Asamblea Nacional la aprobación unánime de la Ley Orgánica de Minas, instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería en nuestro país. Esta ley fortalece la seguridad jurídica, atrae inversiones e impulsará la riqueza mineral en aras del desarrollo nacional”, dijo en sus redes sociales la presidenta Delcy Rodríguez tras la aprobación de la norma.

Una semana después, durante la promulgación de la ley, Rodríguez señaló que con esta ley se avanza hacia “una minería productiva, ecológica y al servicio del desarrollo de la Nación”. Al mismo tiempo, anunció la creación de la Superintendencia de la Actividad Minera, institución destinada a lograr una mayor coordinación y efectividad en los procesos de inversión, producción y comercialización de los minerales.

Cuando Estados Unidos incursionó en Venezuela, Trump, dijo: “Lo que necesitamos es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, aunque no especificó a qué otras cosas se refería.

Durante su visita a Venezuela en marzo pasado, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, junto con la presidenta Rodríguez, anunció que ambos países trabajarán juntos para desarrollar la minería en Venezuela. Durante esta visita se mencionó la importancia de la explotación de oro, minerales críticos y tierras raras.

La nueva ley ha generado polémica y cuestionamiento de expertos en temas ambientales y de derechos humanos debido a que la norma, sostienen, solo tiene declaraciones de principios muy generales en lo relacionado al medioambiente. Los cuestionamientos también se deben a los graves daños ambientales causados en la Amazonía venezolana por la minería ilegal de oro y a la corrupción y el crimen organizado ligados a esta actividad.

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Los cuestionamientos a la ley

“Esta nueva ley de minas institucionaliza el ecocidio y el blanqueo de oro de sangre en Venezuela”, comenta Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco, una organización civil que documenta los problemas ambientales y de derechos humanos causados por la minería ilegal en la Amazonía, Orinoquia y Guayana venezolanas.

Mongabay Latam contactó con miembros del equipo de Rodríguez para preguntar sobre los cuestionamientos a esta nueva ley, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta.

Burelli señala que hay una discrepancia muy peligrosa entre la narrativa oficial de apertura económica y de reinserción financiera con la realidad que se ve en el terreno. “La realidad es que después del 3 de enero la minería ha aumentado. Hemos visto la entrada de dragas ilegales grandes en el río Caroní y en las cabeceras del río Icabarú, es decir, que no faltan los insumos para las minas ilegales, hay más minería que nunca”.

En ese sentido, Burelli asegura que la nueva ley de minas no busca limpiar la cadena de suministros ni prohibir la minería en las áreas naturales protegidas, “no hay ningún esfuerzo para eliminar la minería ilegal, por el contrario, permite que el flujo de capitales siga financiando estructuras de corrupción de un régimen autoritario que mantiene alianzas con los grupos armados de crimen organizado que están en el terreno”.

Un grupo de 15 organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ambientales publicó un pronunciamiento mientras se discutía la ley. En el documento se indica que esta nueva normativa “generará un barniz de legalidad al actual saqueo sistemático de la Amazonía y del Escudo Guayanés, profundizando el grave deterioro ambiental y la violación a los derechos humanos”.

Estas organizaciones también cuestionan el término “desarrollo minero ecológico”, que según la nueva ley se refiere a la “ejecución de las actividades mineras con miras a desarrollar un proyecto minero eficiente y rentable; minimizando el impacto ambiental y de los ecosistemas, con respeto a los derechos humanos, con el objetivo de aprovechar los minerales de manera sostenible y proteger su entorno ambiental”.

Desde las organizaciones civiles señalan en el documento que “la minería de oro es intrínsecamente destructiva” y que este “concepto sólo ha servido para esconder la destrucción de la biodiversidad y las cuencas hidrográficas bajo una falsa promesa de sostenibilidad”.

“Aquí en Venezuela el ministerio de asuntos mineros se llama Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. Eso es un absoluto contrasentido”, comenta Alejandro Álvarez, coordinador general de la organización Clima 21, quien también cuestiona la reciente norma porque considera que “los temas ambientales en la nueva ley son simples declaraciones de principios, pero en ningún caso contiene elementos que permitan indicar que esas declaraciones van a ser de obligatorio cumplimiento”.

Álvarez asegura que la norma contiene términos muy genéricos y difusos sobre las cuestiones ambientales. Pone como ejemplo los estudios de impacto ambiental y sociocultural que se nombran en la ley, “pero no se establecen como condición para la aprobación de las concesiones mineras”.

Burelli también cuestiona el planteamiento de desarrollo minero ecológico, pues asegura que “no hay nada en la ley que obligue a que se realice una minería sustentable, que se elimine el mercurio o se frene la minería en las áreas naturales protegidas”.

El documento firmado por las organizaciones civiles también incluye otros cuestionamientos. Entre ellos que la ley se limita a exigir responsabilidad posterior al daño, sin enfoque preventivo, y no contempla garantías financieras de restauración, cierre de minas ni regulación de residuos. Tampoco prevé el monitoreo ambiental independiente, el acceso público a información ni auditorías externas.

Se menciona también la posible vulneración de las áreas protegidas porque, si bien se excluye a los parques nacionales y monumentos naturales de la entrega de concesiones mineras, “esta exclusión no se extiende a otras figuras de protección como reservas de biosfera, zonas protectoras y reservas forestales”.

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Puntos geográficos de conflictos

Un tema adicional es el que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas que viven en las zonas donde se realizará la actividad minera. En este caso, la ley “omite referirse al derecho de estos pueblos a la demarcación de sus territorios y no menciona el consentimiento libre, previo e informado”, señala el documento.

“Consideramos que esta nueva ley vulnera los derechos de los pueblos indígenas. No aborda el tema del derecho a la demarcación territorial ni menciona el consentimiento libre previo e informado que sí está en la Constitución. Por último, hay una militarización del territorio”, comenta Cristina Burelli.

A lo que se refiere Burelli es a la creación del “Resguardo Nacional Minero”, que se incluye en la ley. Según la norma publicada, “el servicio de Resguardo Nacional Minero tendrá el carácter de órgano auxiliar del ministerio con competencia en materia de minas en las funciones y competencias de protección, inspección, vigilancia y control de las actividades mineras que se desarrollen en el territorio nacional”.

Quienes cuestionan la ley consideran que este servicio formaliza el dominio militar sobre las zonas extractivas. “La presencia militar en las minas ha estado históricamente asociada a la violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas”, dice el documento publicado por las organizaciones civiles.

Cristina Burelli agrega que la zona donde existen grandes extensiones de actividad minera ya está militarizada. “Todo el sur de Venezuela está absolutamente controlado por las fuerzas armadas y por la Guardia Nacional. Entonces, la creación del Resguardo Nacional Minero formaliza ese dominio de los militares sobre estas zonas extractivas, porque se trata de una situación que ya existe de facto”.

Los graves problemas en Venezuela como consecuencia de la presencia de la minería ilegal, principalmente en los estados de Bolívar y Amazonas, en el sur del país, han sido expuestos en múltiples oportunidades.

El informe Una mirada a la minería ilegal de oro en el hemisferio occidental, publicado por Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition, explica que la mayor parte del oro de Venezuela se lava internacionalmente a través de empresas ficticias y cadenas de suministro poco transparentes. En un artículo publicado por Mongabay en octubre de 2025 se precisa que estas operaciones suelen estar controladas por élites militares, grupos guerrilleros y bandas transnacionales que explotan las lagunas y brechas en los sistemas financieros y comerciales de Estados Unidos.

“Es una minería que se hace sin ningún tipo de regulación ni control, bajo el mandato de grupos armados que se imponen utilizando cualquier tipo de acción ilegal y violación a los derechos de las comunidades tanto indígenas como no indígenas”, agrega Alejandro Álvarez. “La minería actual venezolana es muy grave, con serios daños que están ocurriendo bajo los sistemas de gobernanza de la delincuencia organizada y de grupos armados extranjeros”, agrega.

Una serie de reportajes y documentales del proyecto periodístico Amazon Underworld da a conocer que en las zonas mineras del sur de Venezuela, en la frontera con Colombia, no solo se extrae oro de manera ilegal, sino que también los llamados minerales críticos y estratégicos —coltán, bauxita, estaño y otros— y las denominadas tierras raras han despertado el interés de empresarios y grupos armados.

La visita del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, puso sobre la mesa el interés del país del norte en un mayor acceso a las reservas minerales de Venezuela. En ese momento, la presidenta Rodríguez se comprometió a acelerar el acceso de empresa extranjeras a estos recursos. Lo que siguió fue la aprobación de la nueva ley de minas.

En la nueva ley se establece que los minerales estratégicos poseen un elevado interés económico, con alto atractivo comercial, nacional e internacional; que son imprescindibles para mantener la continuidad operacional de un proceso o industria; así como, fundamentales para el funcionamiento de las cadenas productivas en el desarrollo de la economía nacional, nuevas tecnologías, esenciales para la industria energética, seguridad y defensa, medicina y salud, la industria agroalimentaria, la construcción, transporte automotriz e informática.

La nueva norma establece que cuando se encuentren minerales estratégicos los titulares de los derechos mineros están en la obligación de notificarlo al ministerio con competencia en materia de minas, que evaluará el caso. También especifica que la declaratoria de un mineral como estratégico “no excluye la posibilidad de que el mismo pueda ser objeto de aprovechamiento”.

En momentos en que Estados Unidos y China están en una disputa comercial por los recursos indispensables —como los minerales estratégicos— para continuar con su carrera tecnológica, los territorios con estos minerales terminan colocándose en medio de estas disputas. La reciente reunión entre el presidente de China, Xi Jinping, y Trump, que llegó al país asiático acompañado de un grupo de empresarios de las empresas más grandes de tecnología a nivel global, expone el interés que existe por los recursos que puedan mantener a flote la creciente industria tecnológica.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“En los primeros meses de 2026, se han quemado más de 150 millones de hectáreas a nivel mundial, un 50 % más que el promedio reciente y el doble que en 2024 para este mismo período”, señala Friederike Otto, profesora de ciencias del clima en el Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres y cofundadora de World Weather Attribution, una red de científicos que desde hace 12 años analiza los eventos climáticos extremos.

Las afirmaciones de Otto se sustentan en una serie de datos recogidos por esta institución que advierte que este 2026 el planeta se estaría enfrentando a un año de incendios particularmente severos que se podrían agudizar por la ocurrencia del fenómeno El Niño. Otto también advierte que en “todos estos eventos o casi todos vemos que el cambio climático antropogénico tiene una mayor influencia en la probabilidad de intensidad de eventos climáticos extremos”.

Aunque aún no se ha definido la magnitud que podría tener el fenómeno El Niño este año, lo que advierten los investigadores es que el evento puede “tener un impacto significativo en el riesgo de incendios forestales a finales de año y aumentaría la probabilidad de condiciones de calor y sequía severas en Australia, el noroeste de Estados Unidos y Canadá, y la selva amazónica”.

Los datos recogidos por los investigadores indican también que 2026 será probablemente el segundo año más cálido registrado en la historia e, incluso, podría convertirse en el más caliente. Advierten, además, que las temperaturas de la superficie del mar en todo el mundo se acercan a los niveles más altos jamás registrados, superando incluso en algunos días los récords de 2024.

Mientras, la extensión del hielo marino en el hemisferio norte alcanzó sus niveles más bajos para esta época del año y el hielo del Ártico registró un mínimo histórico por segundo año consecutivo.

La información brindada en una conferencia de prensa virtual alerta sobre los riesgos que enfrenta el mundo ante fenómenos meteorológicos extremos. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha señalado que el planeta se encuentra en un estado de mayor desequilibrio que en cualquier otro momento de la historia.

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Incendios, cambio climático y El Niño

En lo que va del año, en Argentina y Chile han ocurrido grandes incendios. La información de los científicos indica que el fuego en estos países quemó alrededor de 10 hectáreas cada minuto y que fueron “avivados por el calor extremo y la sequía”. Además, precisan que “el cambio climático aumentó la probabilidad del incendio”.

Lo mismo sucedió en los estados de Nebraska, Florida y Georgia, en Estados Unidos, donde se registraron incendios históricamente grandes en medio de condiciones de una intensa sequía. Los ejemplos se multiplican en diversos países de todos los continentes.

Uno de estos casos en Latinoamérica, recuerda Otto, fueron “los incendios forestales ocurridos en la Amazonía entre 2023 y 2024, que afectaron a 30 millones de personas en Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, que provocaron interrupciones de transporte, aislamiento de comunidades y pérdida de incontable vida silvestre”.

En ese momento, los incendios en la Amazonía, agudizados por una intensa sequía que se extendió desde fines de 2022 hasta 2024, generaron niveles récord de calor y zonas quemadas en gran parte de la región, además de las regiones del Pantanal y la Chiquitania de Bolivia, señala el informe Amazonía en Llamas elaborado por el Panel Científico por la Amazonía.

Theodore Keeping, del Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres, se refirió al aumento de un 50 % en la cantidad de hectáreas quemadas por los incendios con relación al promedio anual y precisó que el área quemada actualmente a nivel global es 20 % más que los años anteriores, teniendo como punto de partida 2012, cuando iniciaron los monitoreos. “En muchas partes del mundo la temporada de incendios todavía no empieza, pero el inicio ha sido muy rápido”, comenta.

Keeping también advierte que considerando las proyecciones del fenómeno El Niño se esperan “eventos más severos” y agrega que “el cambio climático influye en la actividad de los incendios forestales y las condiciones secas y calurosas del clima que promueven los megaincendios”.

Además, cita como ejemplos lo que está sucediendo en África, donde este año se quemaron 85 millones de hectáreas, cifra superior al récord anterior de 69 millones de hectáreas. En Asia también las cifras están en aumento: este año se quemaron más de 44 millones de hectáreas, en comparación con los 32 millones de hectáreas reportadas en 2014.

Estados Unidos y Australia también han tenido récords de incendios en comparación con años anteriores. En Australia las condiciones de sequía y calor extremo a inicios de año generaron incendios en Nueva Gales del Sur y Victoria.

“Hay eventos que están aumentando mucho por el cambio climático antropogénico. Las sequías y las olas de calor también se atribuyen en gran medida al cambio climático antropogénico”, agrega Keeping sobre la influencia del aumento de la temperatura en el planeta influenciado en gran parte por la emisión de gases de efecto invernadero, proveniente principalmente de los combustibles fósiles.

En relación al fenómeno El Niño, aunque no se ha confirmado que este año se presente un Niño extremo o “super Niño”, lo que sí asegura es que cualquier nivel que presente “el fenómeno El Niño afectará el riesgo de incendios forestales enormemente” en los meses que siguen. “Podría aumentar la probabilidad de sequías y calor extremo en Australia, en el noroeste de Estados Unidos y Canadá y en la Amazonía”.

“La seriedad de los incendios forestales mayores a un nivel tres —de mayor gravedad— en las regiones ha aumentado mucho por el cambio climático”, comenta Keeping y agrega que en el caso de que El Niño sea muy fuerte, como algunas proyecciones anuncian, los daños por incendios “podrían ser potencialmente los más altos que se han visto en la historia reciente”.

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Los impactos en la salud

Un tema que también preocupa es cómo los incendios forestales representan una amenaza para la salud humana, no solo por las muertes directas, sino también porque degradan la calidad del aire, ya que el humo proveniente de las quemas está compuesto por una mezcla de elementos peligrosos que contaminan el aire.

“A nivel mundial los incendios son la principal causa del aumento de la mortalidad por contaminación del aire en gran parte de las zonas tropicales. Entre 1984 y 2013, el número total de personas afectadas por incendios forestales ascendió a 5.8 millones a nivel mundial. La mortalidad promedio atribuible a la exposición al humo de incendios forestales fue de 339 000 muertes anuales”, señalan reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) y del National Center for Biotechnology Information.

El humo de los incendios también ejerce una enorme presión sobre los sistemas de salud debido al aumento de las visitas a emergencia y los ingresos hospitalarios de personas que buscan atención por problemas respiratorios.

Jemilah Mahmood, directora ejecutiva del Centro Sunway para la Salud Planetaria, señala que “el humo que proviene de los incendios forestales no es una contaminación común y corriente”, sino que las partículas que provienen de este humo son 10 veces más nocivas que la misma cantidad de emisiones de genera el tráfico vehicular. “El calor empeora la calidad del aire y se amplifican las enfermedades respiratorias y cardiovasculares”, agrega Mahmood, cuestionando la falta de políticas para enfrentar el cambio climático.

“En un estudio de Lancet de 2024 se estableció que 1.5 millones de fallecimientos cada año están relacionados con la contaminación atmosférica, pero en los incendios la cifra es cuatro veces mayor de lo que se estimaba y más de 90 % de estas muertes se dan en países de renta baja y media”, agrega la experta.

Mahmood también advierte que se están documentando trastornos cardiovasculares, condiciones neurológicas, fallo renal y daños para la salud mental, como ansiedad, en lugares donde ocurren los incendios. “Hay un costo psicológico al ver cómo el entorno se incendia, nuestros hogares desaparecen, las comunidades colapsan. Esto lleva a problemas clínicos reales que nuestros sistemas de salud no están diseñados para enfrentar”.

La experta en salud también menciona que no se trata de eventos aislados, sino que son síntomas de muchos límites planetarios que se están rebasando al mismo tiempo, como la degradación del suelo, el cambio climático, el colapso de la integridad de la biosfera. “Todo esto se convierte en un círculo vicioso que no estamos logrando romper”, comenta.

“Si la Amazonía continúa incendiándose, los sumideros de carbono se debilitan, el planeta se calienta más, el colapso de los ecosistemas también se vuelve más real. Los sistemas alimentarios también comenzarán a fracasar conforme el territorio fértil desaparezca, las pesquerías disminuyen, los riesgos de desnutrición, problemas del sistema inmunológico, las enfermedades infecciosas, eso aumenta”, agrega Mahmood sobre uno de los ecosistemas clave del planeta.

Mahmood también presenta las consecuencias de los efectos en la salud causados por el aumento de la temperatura planetaria por el cambio climático. “Las olas de calor no reciben tanta atención mediática como los desastres, no se activan fondos de emergencia, pero es un asesino silencioso en los hogares y en los campos abiertos, lo sienten los cuerpos de trabajadores y trabajadoras que no les queda más que estar al intemperie. Piensen en esta cifra: 546 000 personas mueren cada año por causas relacionadas con el calor”, sentencia, aunque advierte que esta cifra podría ser mayor. “Hay una metáfora que siempre utilizo, la del sapo que no se da cuenta de que el agua está hirviendo hasta que es demasiado tarde como para saltar y salir de ella”.

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David Attenborough acaba de cumplir 100 años el pasado 8 de mayo. El comunicador y naturalista de nacionalidad británica es hoy la voz y la crónica viva de nuestro planeta. Su trayectoria comenzó en la BBC de los años 50, cuando la televisión apenas descubría su poder. En aquellos primeros días, el objetivo era sencillo pero fascinante: mostrar al público especies y mundos que nunca habrían podido ver por sí mismos, bajo la premisa de que la naturaleza era un reino vasto e inalterable que siempre estaría allí.

Con el paso de las décadas, Attenborough transformó el documental de naturaleza en un arte de la paciencia y el detalle. Gracias a la evolución tecnológica, sus programas dejaron de ser simples avistamientos para convertirse en estudios profundos sobre el comportamiento animal.

El tono de su obra experimentó un cambio fundamental a medida que el consenso científico sobre el cambio climático se volvía irrefutable. Attenborough transitó de la contemplación pura a la advertencia: el conocimiento del mundo natural ya no era solo una cuestión de curiosidad científica, sino un requisito indispensable para la estabilidad de nuestras propias sociedades.

Hoy, la influencia de Attenborough trasciende. A través de sus cien años de vida, ha tendido un puente que une el descubrimiento con la responsabilidad. Esta colección de imágenes celebra no solo al hombre que nos enseñó a contemplar la naturaleza, sino al visionario que hoy exhorta a la humanidad a entender la riqueza del planeta para proteger su futuro.

Dumpling sobrevivió al comercio internacional de fauna silvestre, al encierro en una bodega industrial de Orlando y al colapso de Sloth World, un proyecto turístico que pretendía exhibir perezosos sudamericanos como atracción interactiva en Florida, Estados Unidos. No sobrevivió a las secuelas.

El 5 de mayo de 2026, el perezoso de dos dedos murió bajo cuidados intensivos en el Central Florida Zoo, convirtiéndose en el tercer ejemplar fallecido desde el traslado de los 13 animales sobrevivientes al zoológico. Antes habían muerto Bandit y Habanero, este último sacrificado por veterinarios tras el deterioro irreversible de su salud. Las necropsias determinaron que la causa de muerte de los tres perezosos fue la emaciación, es decir, desnutrición extrema.

Cuando los perezosos llegaron como “donativo” de la empresa al zoológico el pasado 24 de abril, varios presentaban deshidratación, bajo peso y problemas gastrointestinales severos. Algunos apenas reaccionaban. Durante semanas, los animales habían permanecido dentro de una bodega industrial que, según un reportaje del medio estadounidense Inside Climate News, no contaba con agua corriente ni electricidad estable.

Un reporte de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) señala, además, fallas constantes en los calefactores que mantenían con vida a los perezosos, especies altamente sensibles al frío.

Estas tres muertes son apenas una parte de un caso mucho mayor. Documentos estatales y reportes veterinarios vinculan más de 50 muertes de perezosos al fallido proyecto Sloth World, que importó ejemplares silvestres desde Perú y Guyana —país del que se sabe que provenía la mayor cantidad de perezosos— con permisos oficiales.

Sloth World cerró definitivamente sus puertas el 24 de abril, se declaró en bancarrota y el caso enfrenta ahora una investigación criminal que expone las consecuencias del comercio y exhibición de fauna silvestre en Estados Unidos.

En este contexto, especialistas en conservación advierten que lo ocurrido en Florida no es un hecho aislado ni excepcional, sino el resultado previsible de un sistema regulatorio fragmentado.

“Básicamente no hay regulaciones. Los perezosos pueden ser sacados de su hábitat natural, enviados a los Estados Unidos y mantenidos en condiciones que no son apropiadas para su supervivencia y eso es completamente legal”, asevera Rebecca Cliffe, fundadora y directora de The Sloth Conservation Foundation (SloCo) en Costa Rica, en entrevista con Mongabay Latam.

Para Cliffe y Sam Trull, cofundadora y directora ejecutiva de The Sloth Institute (TSI), organizaciones dedicadas a la investigación, rehabilitación y conservación de perezosos en Centroamérica, lo ocurrido en Florida no fue un accidente. Ambas organizaciones habían lanzado una campaña para alertar sobre el proyecto desde enero de 2026.

“La mayoría de estos perezosos provenían de Guyana y algunos de Perú. En estos países existe una cuota anual que permite la captura, exportación y venta comercial de perezosos, por lo que es algo totalmente legal”, explica Cliffe. “Por lo que sabemos hasta ahora, las autoridades no estaban al tanto de la altísima tasa de mortalidad de los perezosos que se exportan”.

Mongabay Latam solicitó entrevistas al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en Perú y a la Comisión de Conservación y Gestión de la Vida Silvestre de Guyana (GWCMC), autoridades responsables de la protección, manejo y uso sostenible de la fauna silvestre en ambos países. Aunque se estableció contacto con Serfor, al cierre de esta edición, el organismo no había respondido.

La GWCMC, por su parte, respondió vía correo electrónico: “Estamos al tanto de las preocupaciones planteadas en relación con el caso Sloth World. Sin embargo, los permisos y licencias emitidos por la GWCMC únicamente facilitan la exportación de perezosos y otras especies silvestres desde Guyana. Nuestra responsabilidad es asegurar que la fauna silvestre que sale del país esté acompañada de los permisos necesarios y sea transportada bajo condiciones aprobadas. No tenemos jurisdicción sobre las condiciones de importación en los países de destino y, por lo tanto, no tenemos control sobre el destino de la fauna silvestre exportada una vez que llega al país de importación”.

 Un comercio legal con escasa supervisión

Para las organizaciones The Sloth Conservation Foundation (SloCo) y The Sloth Institute (TSI), el caso de Sloth World no representa una anomalía aislada, sino el resultado predecible de un sistema de comercio y exhibición de fauna silvestre que opera bajo permisos formales, pero con escasa supervisión real. Ambas organizaciones advierten que el modelo de captura, transporte y cautiverio somete a estos animales a niveles extremos de estrés fisiológico y vulnerabilidad.

“Obtener un permiso de la FWC no es un proceso complicado”, dice Trull. “Es como llenar un formulario en línea y probablemente pagar una tarifa simbólica. Es decir, no tienes que ser un experto ni saber lo que estás haciendo”. Según explica, los permisos emitidos en Estados Unidos autorizan la importación de perezosos sin inspecciones previas de instalaciones ni requisitos estrictos sobre su manejo y cuidado para su bienestar.

“Me pregunto, ¿para qué tener el permiso? Claramente no significa nada, solo que cumpliste con algunos trámites legales sencillos, como presentar tu declaración de impuestos”, argumenta Trull. La especialista señala que los primeros reportes sobre Sloth World llegaron a través de redes sociales, cuando la publicidad del sitio se hizo viral y los seguidores de las organizaciones comenzaron a cuestionar la veracidad y la ética del proyecto.

A partir de allí, ambas organizaciones comenzaron a investigar el caso junto a periodistas. Cuando los primeros documentos salieron a la luz, se enteraron de que las primeras muertes de los perezosos habían ocurrido mucho antes, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

“Así nos enteramos de que la FWC realizó una inspección en agosto de 2025. Fue entonces cuando se enteraron de que 31 perezosos habían muerto”, cuenta Cliffe. “Pero no hubo ninguna consecuencia, como si hubieran muerto por accidente. Luego les permitieron continuar importando. Pudieron conservar su permiso y su licencia, y todo esto continuó”.

Ambas coinciden en que las fallas no se limitan a Florida. Parte del problema se origina en los países exportadores, donde la captura y exportación de perezosos se realiza bajo cuotas legales. En los casos de Guyana y Perú, gran parte de los ejemplares enviados a Estados Unidos provienen directamente de vida silvestre, con periodos de retención antes de su exportación.

“Cualquiera puede importar la cantidad que quiera de perezosos siempre que tenga un permiso de la FWC y no tiene que informar si mueren o no”, explica Cliffe. “Esa es realmente la raíz del problema: nadie sabía que esto estaba sucediendo y a nadie le importaba”.

Para las especialistas, el resultado es una cadena de estrés biológico difícil de revertir. Los perezosos son capturados en selva, mantenidos en condiciones intermedias de baja calidad, transportados durante días y finalmente alojados en instalaciones no preparadas para su fisiología extremadamente sensible a la temperatura y al estrés

“Incluso con la mejor atención veterinaria posible, muchos de estos animales ya llegan en estado crítico”, señaló Cliffe. “Fueron literalmente arrancados de los árboles”, agrega. Y cuando además se les mantiene en condiciones inadecuadas, las probabilidades de supervivencia caen drásticamente.

Otro de los vacíos regulatorios señalados por las especialistas está en la limitada intervención de las autoridades federales en Estados Unidos. En este caso, el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), encargado de supervisar el bienestar animal en instalaciones que exhiben fauna silvestre, no tuvo participación en la fase inicial del proyecto porque los animales aún no estaban siendo exhibidos públicamente.

Al permanecer bajo estatus de propiedad privada, la empresa no estaba sujeta a los mismos requisitos de licencias ni inspección, lo que redujo significativamente el nivel de supervisión sobre su manejo.

“Los perezosos eran ‘mascotas de propiedad privada’ y ni siquiera necesitaban una licencia del USDA”, explica Trull. “Así que, en realidad, se requirieron regulaciones mínimas para transportar decenas de perezosos y mantenerlos en un almacén en Florida sin electricidad ni agua”.

Cuando el medio Inside Climate News consultó al equipo de prensa de Sloth World, este no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios ni a la lista de preguntas sobre el caso. Mongabay Latam también intentó consultarlos, pero no respondieron.

El 13 de mayo de 2026, las organizaciones SloCo y TSI celebraron el anuncio de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) sobre la suspensión temporal, por 60 días, de la importación de perezosos al estado de Florida. La medida fue anunciada después de que Rebecca Cliffe y Sam Trull viajaran a Orlando el 6 de mayo, donde sostuvieron durante varios días reuniones con funcionarios, comisionados, legisladores, representantes, autoridades locales y miembros de la FWC para abordar la urgencia de fortalecer la protección de los perezosos en Estados Unidos.

Ante el aumento sostenido del comercio internacional de perezosos, las organizaciones también impulsan cambios en los mecanismos de control internacional. Trull explica que The Sloth Institute obtuvo, mediante solicitudes de acceso a información pública en Estados Unidos, registros de importación que evidenciaron un incremento sostenido del ingreso de estos animales al país entre 2011 y 2021.

Según el análisis de la organización, el 97 % de los ejemplares provenía de Guyana y el 98 % ingresaba a través del aeropuerto de Miami. Esa información fue utilizada para respaldar la inclusión de los perezosos de dos dedos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), medida aprobada durante la COP20 celebrada en Uzbekistán en diciembre de 2025.

“El Apéndice II no prohíbe el comercio, pero al menos implica que ahora debe documentarse”, señaló Trull. “Y es importante destacar que esto se aplica únicamente a los perezosos de dos dedos. Todavía existen otras especies de perezosos de tres dedos que no figuran en la lista y es importante que se les incluya en la próxima CITES”.

Ambas organizaciones advierten que el caso de Florida podría repetirse si no hay cambios regulatorios profundos. Aunque actualmente existe una investigación criminal en curso, sostienen que el problema es estructural: mientras el comercio internacional de perezosos siga permitido por permisos de bajo control, la mortalidad continuará.

“Quizás no a la misma escala, porque tal vez nadie quiera que este tipo de cosas atraigan tanta atención, pero ha estado ocurriendo a una escala muy dispersa”, sostiene Trull. “Está sucediendo perezoso por perezoso, lugar por lugar, todos los días. Y seguirá ocurriendo a menos que hagamos cambios en la normativa”.

Bajo cuidado veterinario y con un futuro incierto en cautiverio

Actualmente, los perezosos que sobrevivieron al traslado al Central Florida Zoo permanecen bajo observación veterinaria permanente en áreas de cuarentena especializada. De acuerdo con las actualizaciones que el propio zoológico comparte diariamente en sus redes sociales y en su sitio web, los animales continúan recibiendo atención médica intensiva, monitoreo nutricional y cuidados destinados a estabilizar sus condiciones tras el estrés extremo del traslado y la permanencia previa en instalaciones inadecuadas.

Recostado bajo un rayo de sol, Mr. Ginger —el más pequeño y joven del grupo sobreviviente— aparece con los ojos cerrados en una de las fotografías más recientes difundidas por el zoológico. Junto a las imágenes, la institución informó que el perezoso continúa en estado crítico y bajo cuidados intensivos. “No pudimos resistirnos a compartir algunas fotos adorables. Gracias, Florida Central y alrededores, por todo su apoyo”, publicó el zoológico en sus redes sociales.

El pronóstico de los 10 sobrevivientes a largo plazo es reservado: aunque algunos ejemplares han mostrado signos de estabilización, su estado general refleja las consecuencias de semanas de deterioro físico y exposición a condiciones ambientales adversas.

The Sloth Institute y The Sloth Conservation Foundation reconocieron el trabajo del equipo veterinario que ha asumido el cuidado de los perezosos en el Central Florida Zoo, así como la colaboración con el Plan de Supervivencia de Especies (SSP) de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) para definir la ubicación a largo plazo de los animales en otras instalaciones acreditadas o, en algunos casos, su permanencia en el propio zoológico.

Según el zoológico, los ejemplares requerirán asistencia humana de por vida para tener la oportunidad de prosperar. “Agradecemos enormemente el arduo trabajo realizado para cuidar de los perezosos en cautiverio”, concluye Trull. “Pero, al fin y al cabo, son animales salvajes y nacieron para serlo. Por eso es realmente triste que, en este momento, lo mejor que puedan hacer sea sobrevivir en cautiverio el resto de sus vidas”.

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Desde marzo de 2026, Chile enfrenta un nuevo brote de influenza aviar de alta patogenicidad causado por el virus H5N1. Nueve regiones concentran los focos, detectados especialmente en el centro del país. Más de 700 000 aves domésticas y al menos 739 aves silvestres de ocho especies han muerto por esta agresiva y contagiosa enfermedad, de acuerdo con información oficial. A los especialistas les preocupa, principalmente, el impacto en el cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba) y el cisne de cuello negro (Cygnus melanocorypha).

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El hallazgo más grave hasta inicios de mayo ocurrió en el Lago Budi, en La Araucanía, donde se encontraron 128 cisnes de cuello negro muertos. “Si se producen más mortalidades, esto puede impactar en su conservación”, advierte Claudio Azat, director del Instituto One Health de la Universidad Andrés Bello.

También se han registrado mortalidades de cisnes en el Humedal de Río Cruces, en Valdivia, y en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, cercano a esa misma ciudad, en la región de Los Ríos.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) decretó emergencia sanitaria nacional por influenza aviar y a medida que ocurren los hallazgos declara zonas bajo control sanitario, de acuerdo con Carlos Orellana, jefe de la División de Protección Pecuaria del SAG.

La situación es distinta al brote que llegó a Chile a finales de 2022, explica Azat. Esa fue la primera vez que el virus, conocido desde 1996, arribó a Sudamérica.

Aves playeras que realizan migraciones de largas distancias desde el hemisferio norte podrían haber participado en el ingreso inicial del virus, de acuerdo con Yanina Poblete, directora del Centro de Modelamiento y Perspectiva One Health de la Universidad de las Américas. Entre estas están el zarapito (Numenius phaeopus) o especies de playeros como el Calidris alba y el Calidris canutus.

Se estima que entre 2022 y 2023, más de 100 000 aves y unos 20 000 mamíferos marinos murieron en el país. Esta vez, el escenario es diferente: varias especies de aves silvestres podrían contar con inmunidad y el brote no se produce durante el fenómeno de El Niño, un factor que causó mayor estrés en las aves marinas por una disminución del alimento en el océano. Sin embargo, modelos climáticos apuntan a la posible llegada de un evento intenso del el niño en 2026, un escenario de mayor riesgo para las aves.

El brote ahora sucede en un contexto de mayor preparación. Desde 2023, el SAG cuenta con un panel de influenza aviar disponible en línea para todo el público. La información se actualiza a diario e incluye datos de las regiones, especies y número de ejemplares afectados. La ciudadanía puede acceder a la información en tiempo real, tomar precauciones y notificar a las autoridades en caso de identificar mortandad de aves domésticas o silvestres.

La cepa y su comportamiento son distintos

Mientras en Chile hubo un silencio epidémico entre finales de 2023 e inicios de 2026, en Brasil, Argentina y Uruguay sí se dieron brotes en aves silvestres, dice Pedro Jiménez, docente de la Universidad Católica de Chile e investigador de la gripe aviar. “El virus se ha estado moviendo silenciosamente entre aves silvestres”, dice. Un cisne coscoroba pudo introducir una nueva cepa a Chile.

No es el mismo virus que llegó por primera vez a Sudamérica, pues, al igual que la influenza estacional humana, este virus muta con facilidad, dice Azat. La cepa que está circulando, hasta ahora es menos letal que la de 2023. No obstante, no deja de ser preocupante, dado que desde el primer registro en marzo se dispersó con rapidez.

El SAG hizo un secuenciamiento del genoma del virus y encontró, de manera preliminar, que se trata de una cepa diferente a la de 2022 y 2023. “Es un reordenamiento de cepas de alta patogenicidad que llegaron de Asia y de baja patogenicidad de origen sudamericano”, detalla Jiménez.

Además, tiene un comportamiento distinto. En 2022 y 2023, el brote fue en diciembre, en pleno verano, mientras que ahora se presentó en otoño. “Creemos que está asociado a ciertos factores climáticos que han propiciado la interacción de los tres segmentos de aves: silvestres, de traspatio y comerciales”, dice Orellana.

En el evento anterior, el caso cero fue en Arica, en la frontera con Perú. Desde el norte de Chile, el virus se diseminó hacia el sur. Ahora, se registraron casos entre Valparaíso y Aysén, con más focos concentrados en el centro del país y uno solo en aves domésticas en Magallanes, en el sur, de acuerdo con información del panel.

Otra particularidad es que en el primer brote, el virus se presentó principalmente en la costa y ahora se está distribuyendo sobre todo en el valle interior.

Mayor impacto en las especies de agua dulce

En este brote hay ocho especies silvestres afectadas, incluyendo las dos especies de cisnes. Las otras seis son el águila mora (Geranoaetus melanoleucus), el caiquén (Chloephaga picta), el ganso asilvestrado, la garza chica (Egretta thula), el piuquén (Oressochen melanopterus) y el quetru (Tachayeres pteneres).

Mientras que en el pasado aves de los ecosistemas marinocosteros registraron más mortalidad, como los pelícanos y los pingüinos de Humboldt, ahora hay mayor impacto en las especies de agua dulce, señala Jiménez.

De hecho, detalla que la primera especie que dio positivo fue el cisne coscoroba, en el humedal del río Yani, en la zona central de Chile. Estos cisnes se mueven entre la costa pacífica y la costa atlántica y así es como pudieron llegar con la nueva cepa al país.

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El cisne de cuello negro, una de las especies más afectadas en el brote actual, está considerado En Peligro de extinción en las regiones de Biobio a Los Lagos, las mismas donde se han registrado ejemplares de esta especie positivos al virus, de acuerdo con el panel del SAG.

Esto preocupa porque se suma a las amenazas que ya sufre la especie, como la reducción o contaminación del hábitat. Jiménez explica que los cisnes de cuello negro tienen dietas restringidas a algas específicas y son sensibles a las perturbaciones que puede haber en los ecosistemas.

El trabajo intersectorial es clave

Para detener la enfermedad, el SAG aplica mecanismos de control del contagio y desde hace poco fortaleció alianzas con la academia para generar información y evidencia científica. También involucró a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) porque los guardaparques son los primeros en dar alerta en caso de observar situaciones anómalas o mortalidad de aves.

Una de las claves de la contención de la enfermedad es que el SAG levanta las aves muertas, dice Orellana. Este es un trabajo que exige gran esfuerzo de los equipos técnicos y que ha demandado, incluso, la compra de un bote zodiac para recorrer los lagos.

Esto no sucede en otros países, asegura, donde se permite que los carroñeros cumplan con el ciclo natural, pero que representa un riesgo pues podrían seguir diseminando el virus. “Nuestra directriz técnica ha sido que es importante cortar el ciclo de transmisión y bajar la carga viral”, dice.

La División Pecuaria y la División de Recursos Naturales del SAG coordinan el rescate de especies y la bioseguridad en centros de rescate. El SAG también procesa muestras de pingüinos y mamíferos marinos para el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), organismo que no cuenta con laboratorio propio para ese análisis.

Los aportes de la academia

Una de las alianzas más importantes es con la academia, con el objetivo de generar información y evidencia científica.

Poblete lidera un proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile, en el que se está realizando un monitoreo mensual y sistemático de aves en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter. También participan investigadores del Laboratorio de Ecología de Aves de la Universidad Austral de Chile y del Laboratorio de Enfermedades Infecciosas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Se busca detectar aves infectadas sin sintomatología visible antes de que aparezcan mortalidades para contener con mayor rapidez la dispersión del virus, explica Yanina Poblete.

“Nos interesa que el cisne de cuello negro se transforme en una especie centinela para el monitoreo de enfermedades zoonóticas como la influenza aviar”, dice la investigadora. Esta ave es muy sensible al virus y circula por diferentes humedales del país.

El equipo monitorea influenza en cisnes, gaviotas y paseriformes, tanto en el borde de los humedales como en el bosque. Una hipótesis que buscan confirmar es si las aves más generalistas del borde del pajonal pueden ser vectores silenciosos del virus. El proyecto partió del hallazgo de que en 2023, el SAG diagnosticó 240 paseriformes de distintas especies sin vigilancia sistemática y encontró que el 47 % estaba infectado con el virus.

El monitoreo comenzó en noviembre de 2025, pero una interrupción por falta de articulación institucional lo frenó cuando comenzó el brote. Ahora se retoma con una alianza intersectorial que incluye al SAG, la CONAF, el Centro de Humedales Río Cruces y a los investigadores. “Con esta mirada de investigación, no solo de contención y vigilancia, creo que vamos bien encaminados”, concluye Poblete.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cada año, millones de aves cruzan continentes siguiendo rutas invisibles que conectan ecosistemas y países, ajenas a las fronteras humanas. En ese viaje enfrentan amenazas crecientes: pérdida de hábitat, cambio climático, contaminación e incluso colisiones con edificios que interrumpen su paso por las ciudades. En este contexto, el Día Mundial de las Aves Migratorias funciona como un recordatorio global de que su supervivencia depende de algo más que su resistencia: requiere acción colectiva y cooperación internacional.

En 2026, la conmemoración pone el foco en una idea tan simple como contundente: “Cada ave cuenta: tus observaciones importan”. El lema subraya el papel de la ciudadanía y las comunidades locales en la recolección de datos, hoy indispensable para comprender el estado de las poblaciones de aves, sus rutas migratorias y los factores que inciden en su declive o recuperación.

El llamado es claro: millones de observaciones pueden convertirse en conocimiento para proteger a las aves. Desde conteos en patios y parques hasta monitoreos a gran escala, estos registros —a través de plataformas como eBird e iNaturalist— convierten a las personas en actores de la conservación. Cada dato, por pequeño que parezca, alimenta bases que permiten mapear distribuciones, detectar cambios migratorios y orientar decisiones en política ambiental.

“El lema de este año —que cada registro cuenta— es quizás lo más importante”, señala Nick Bayly, director del programa de Ecología de Migración de SELVA, organización basada en Colombia. “No es necesario ir a un bosque o una reserva natural; se puede contribuir desde el parque del barrio, el jardín o el patio de casa”.

En un contexto donde las ciudades —con factores como la contaminación lumínica— afectan la migración, generar información desde los espacios donde vive la mayoría de las personas resulta clave, añade el especialista. “Incluso registrar dos o tres especies cerca de casa aporta datos valiosos para entender las amenazas que enfrentan las aves y detectar concentraciones inesperadas en entornos urbanos”, sostiene.

En Mongabay Latam conversamos con especialistas en México, Colombia y Costa Rica sobre los proyectos de ciencia ciudadana que están aportando a la conservación de las aves en América Latina.

Colombia: un plan basado en la ciencia ciudadana

Durante mucho tiempo, las aves migratorias que invernan en los Andes tropicales fueron un enigma para la conservación. Se sabía que millones descendían cada temporada Norteamérica hacia los bosques de elevaciones medias de Centro y Sudamérica, pero no estaba claro dónde se concentraban ni qué hábitats eran realmente clave para su supervivencia. Mientras tanto, algunas especies comenzaban a desaparecer silenciosamente.

Entre 2015 y 2016, esa incertidumbre impulsó a científicos y organizaciones a desarrollar un Plan de Inversión para conservar los bosques de elevaciones medias, utilizados por aves migratorias durante su temporada no reproductiva. Liderado por la organización colombiana SELVA junto a la red Partners in Flight, el esfuerzo se centró inicialmente en tres especies que atraviesan algunos de los declives más acelerados entre las aves migratorias terrestres del continente: la reinita de Canadá (Cardellina canadensis), la reinita cerúlea (Setophaga cerulea) y la reinita alidorada (Vermivora chrysoptera), que han perdido entre el 60 % y el 70 % de sus poblaciones.

“Reconocimos que todas estaban utilizando la misma ecorregión cuando migran hacia Centro y Sudamérica”, explica Nick Bayly, de SELVA. Con el tiempo, el enfoque se amplió más allá de las aves hacia el ecosistema completo: bosques andinos que regulan el agua, el clima y la erosión, y que también son refugio para numerosas especies amenazadas.

Con esa visión, el proceso de planeación reunió no solo a especialistas en aves migratorias, sino también a organizaciones locales, comunidades rurales y productores agrícolas vinculados a actividades como el café y el cacao bajo sombra. La idea era mostrar que incluso territorios transformados podían seguir funcionando como hábitat para las aves si conservaban árboles y fragmentos de bosque. “Son sistemas agroforestales que todavía pueden proveer recursos importantes para muchas especies”, explica Bayly.

Pero una de las piezas más importantes para construir el plan no surgió desde laboratorios ni expediciones científicas tradicionales, sino desde miles de observaciones ciudadanas en toda América Latina. Los datos registrados en eBird, la plataforma global de ciencia ciudadana para el monitoreo de aves, permitieron identificar con una precisión inédita dónde se concentran estas especies a lo largo de los Andes tropicales. En la actualidad, el plan une esfuerzos a lo largo de 12 países, desde Canadá, hasta Perú.

“Hace diez años la información era muy general; prácticamente se coloreaba todo el norte de Sudamérica”, recuerda Bayly. Hoy, con millones de registros y herramientas como eBird Status and Trends, es posible conocer elevaciones, abundancias y áreas prioritarias de conservación. Estos datos revelaron, por ejemplo, que Colombia alberga cerca del 50 % de la población global de la reinita de Canadá en temporada no reproductiva. “La ciencia ciudadana nos da una precisión antes imposible”, afirma el especialista.

Los datos de eBird no se quedaron en mapas ni modelos: en Colombia comenzaron a guiar decisiones concretas sobre el territorio. A partir del Plan de Inversión, SELVA cruzó zonas prioritarias para aves migratorias con áreas protegidas, resguardos y coberturas de bosque, identificando sitios clave que permanecían fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Uno de esos lugares apareció al sur del país: la Zona de Reserva Campesina La Tuna, ubicada en el municipio de Santa Rosa, en el departamento del Cauca. Los modelos construidos con datos de ciencia ciudadana indicaban que allí podía existir un hábitat crítico para especies como la reinita cerúlea, aunque los registros directos en la zona eran todavía escasos. La razón era simple: se trata de un territorio remoto, de difícil acceso y con muy poca presencia histórica de observadores de aves.

“El siguiente paso era verificar en terreno si realmente estaban presentes las especies focales”, explica Nick Bayly. Para hacerlo, investigadores de SELVA trabajaron junto a las comunidades locales, recorriendo los bosques de elevaciones medias que aún permanecen en pie. El esfuerzo implicó largas jornadas para alcanzar las zonas adecuadas, pero las observaciones terminaron confirmando lo que anticipaban los registros ciudadanos en eBird.

“Encontramos poblaciones impresionantes de reinita cerúlea”, recuerda Bayly. En campo observaron bandadas mixtas con hasta cinco o seis individuos a la vez, algo poco común por su declive poblacional. La evidencia confirmó que La Tuna es un hotspot de aves migratorias en los bosques andinos.

A partir de ese trabajo conjunto con las comunidades, el proyecto avanzó hacia acciones concretas de conservación. A finales de 2024 se apoyó la creación oficial de la Zona de Reserva Campesina La Tuna, de 3500 hectáreas. Además, mediante un proceso de zonificación participativa, las comunidades acordaron destinar cerca de 18 000 hectáreas de bosques de elevaciones medias a conservación estricta.

México: conservar a las aves migratorias en la frontera

En la región fronteriza entre México y Estados Unidos, una pequeña ave migratoria ha encontrado un punto clave que le sirve como escala, refugio y sitio de anidación dentro de la larga ruta del Pacífico. La golondrina risquera (Petrochelidon pyrrhonota), una de las especies de golondrina más abundantes del continente, ha llamado la atención de observadores de aves por su presencia constante y su comportamiento reproductivo. En Rancho Bonito, una comunidad ubicada en Ensenada, Baja California, recientemente se registró una concentración masiva con un conteo estimado de 400 individuos.

“Un detalle muy curioso es que Rancho Bonito ofrece todo lo que la golondrina requiere”, explica Carlos Adrián Ceceña, gestor ambiental y coordinador del Programa de Aves Urbanas (PAU) de Ensenada. En el lugar se ha observado a las aves recolectando lodo y barro de una represa cercana y de un pequeño arroyo, materiales clave para la construcción de sus complejos nidos. “Hay indicios de que están anidando ahí y que no se trata solo de un sitio de paso para alimentarse”, añade.

Este hallazgo se enmarca en el BioBlitz de la Frontera, una iniciativa de ciencia ciudadana que busca registrar la mayor cantidad posible de especies —no solo de aves, sino también de flora y fauna en general— dentro de una franja de 15 kilómetros a ambos lados de la frontera. El proyecto es coordinado por la Nueva Generación de Investigadores del Desierto Sonorense (N-Gen), Botanical Community Development Initiatives (BCDI) y el San Diego Natural History Museum, junto con más de 40 organizaciones aliadas.

Desde 2018, ha acumulado más de 143 000 observaciones de más de 6600 especies, gracias a la participación de comunidades que documentan la biodiversidad mediante plataformas como iNaturalist y eBird, donde las personas pueden registrar avistamientos de aves, subir fotografías, identificar especies y compartir la ubicación de sus observaciones. Más allá de los datos, esta iniciativa propone entender la frontera como un territorio de intercambio ecológico y colaboración científica, donde registrar la biodiversidad también es una forma de comprenderla y defenderla.

“El BioBlitz busca recopilar datos para llenar los vacíos de información que hay en muchas áreas”, explica Ceceña. “Por eso es importante que haya más ojos en todos lados; es una invitación a la población en general para que haga aportes a la ciencia. Finalmente, son datos muy valiosos que muchos investigadores pueden utilizar para sus estudios y estrategias de conservación”.

Durante la jornada de observación ciudadana del 25 de abril de 2026 en Rancho Bonito, se documentaron varios grupos de 15 a 25 golondrinas risqueras separados por muy pocos metros. Las aves fueron vistas recolectando lodo y arcilla, construyendo nidos adheridos en viviendas y estructuras cercanas. El sitio combina cañones y formaciones rocosas con cavidades aptas para la nidificación, además de agua permanente que sostiene la cadena de insectos de la que dependen. Este mosaico de pastizales, matorrales, cactáceas y zonas arboladas convierte a Rancho Bonito en un punto de alta diversidad biológica.

Sin embargo, este entorno enfrenta crecientes presiones por el desarrollo urbano y los proyectos de infraestructura en la región. Ceceña advierte que una de las principales amenazas es un proyecto carretero actualmente en debate público y con una consulta ciudadana programada para este mes, que contempla el desmonte de 96 hectáreas, incluidas zonas cercanas a la represa y el riachuelo donde se concentra la actividad de las aves.

Para el gestor ambiental, iniciativas como el BioBlitz de la Frontera permiten que más personas comprendan el valor de estos ecosistemas y sus servicios ambientales. “Si la gente conoce lo que tiene y participa en protegerlo, quizá las leyes también puedan cambiar en el futuro”, concluye. “Por eso es importante que todos nos involucremos y sigamos generando información”.

Costa Rica: ciencia ciudadana para proteger los hábitats

En las montañas húmedas de Costa Rica, la reinita cerúlea (Setophaga cerulea) se ha convertido en un indicador de un ecosistema bajo presión. Cada año recorre miles de kilómetros desde Norteamérica para invernar en bosques de elevación media, hoy fragmentados por la expansión agrícola, la ganadería y la pérdida de cobertura forestal.

La historia del proyecto que hoy busca protegerla comenzó en 2006, con una observación inesperada. Ernesto Carman, fundador de la Asociación Ambiental Cerúlea, realizaba conteos en la Reserva Las Brisas, ubicada en las laderas del volcán Turrialba, cuando encontró algo inusual: 13 reinitas cerúleas alimentándose juntas en una bandada mixta. Hasta entonces, la especie era considerada rara y escasa en Costa Rica. “Llamé a mi mentor y me dijo: ‘Tuviste mucha suerte, seguramente una tormenta en el Caribe las sopló hacia tierra’”, recuerda Carman. Pero el patrón se repitió año tras año. “Cuando ocurrió tres veces seguidas, ya no era accidente”, recuerda.

A partir de ahí, los registros se transformaron en un esfuerzo colectivo. Se organizaron conteos abiertos con participantes de distintas partes del país, recorriendo fincas y caminos para buscar la especie. El salto llegó cuando el proyecto comenzó a colaborar con SELVA y el Corredor Neotropical de Aves Migratorias, así los monitoreos incorporaron metodologías estandarizadas que terminaron confirmando lo que los observadores ya intuían: aquella zona era uno de los sitios más importantes para la reinita cerúlea durante su migración otoñal hacia Sudamérica.

Gran parte de esa evidencia quedó registrada en eBird. Para Carman, la herramienta fue decisiva para darle visibilidad internacional a lo que ocurría en Costa Rica. “Permitió visibilizar todas esas observaciones que estábamos realizando en la zona y que luego otras personas comenzaron a hacer también”, explica. “Si hablamos de ciencia ciudadana, eBird es una plataforma vital”.

Pero mientras los datos crecían, también se hacía evidente el deterioro del paisaje. Aunque la Reserva Las Brisas seguía siendo un refugio clave, gran parte del entorno había sido transformado por monocultivos de banano y piña, ganadería y expansión urbana. “No queríamos quedarnos solo en decir que era un sitio importante”, dice Carman. “Queríamos usar esos datos para mejorar el hábitat”.

Así nació el Corredor Azul, una iniciativa de restauración y trabajo comunitario que hoy abarca cerca de 300 kilómetros cuadrados. El proyecto promueve viveros de especies nativas, restauración ecológica y acuerdos con propietarios para recuperar zonas usadas por la reinita cerúlea y otras especies migratorias. Muchas de las plantas cultivadas provienen de árboles donde las aves fueron observadas alimentándose.

“La reinita cerúlea fue la especie clave, el enganche para atraer atención y recursos”, explica Carman. Pero el objetivo pronto se amplió hacia la protección integral del ecosistema, incluyendo especies residentes amenazadas como el guacamayo verde, anfibios y mamíferos como el tapir y el jaguar.

La participación comunitaria se volvió central en el proceso. A través de actividades de educación ambiental y jornadas de observación de aves, el proyecto comenzó a involucrar a niñas, niños, productores rurales y voluntarios. “La educación ambiental es la herramienta para abrir los ojos”, dice Carman. “Muchas personas creen que para ver especies impresionantes tienen que irse muy lejos y de repente descubren que están en su propio patio”.

Ese trabajo también permitió consolidar una reserva dentro del Corredor Azul. En febrero de 2026, la Asociación Ambiental Cerúlea adquirió 81 hectáreas de bosque en Guayacán de Siquirres, gracias al apoyo de donantes y al financiamiento gestionado por el equipo. Ese primer terreno dio origen a la Reserva Natural Cerúlea, concebida como la base de un proyecto de conservación a largo plazo. Ahora, la organización impulsa una campaña de recaudación de fondos destinados a adquirir una finca vecina de 57 hectáreas para expandir la reserva y proteger un mayor territorio.

Para Carman, una de las mayores fortalezas de la ciencia ciudadana es su capacidad de ampliar el alcance del monitoreo con recursos limitados. “Si fuéramos solo nosotros, necesitaríamos años para cubrir el territorio”, explica. En una región donde la pérdida de hábitat sigue siendo la principal amenaza, estos proyectos apuestan por algo más que datos: construir un sentido de pertenencia.

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El 13 de enero de 2026, el pescador artesanal Johnny Valencia, de 59 años, acompañó a su hijo Juan Carlos, de 34, a alistar la embarcación Fiorella. El joven capitán zarpó, junto a otros nueve pescadores, desde una caleta en Manabí a hacia una zona de pesca de pulpo, a unas 240 millas de la costa ecuatoriana. Fue la última vez que padre e hijo se vieron. Ocho tripulantes están desaparecidos y solo dos pescadores regresaron a casa.

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“Si es que los carga cualquier guardacosta, que nos los devuelvan. Esa es la desesperación de nosotros, la tristeza, la angustia. Son el sustento de nuestras familias”, dice Valencia padre en conversación con Mongabay Latam.

Este es uno de los tres casos de pescadores ecuatorianos que denuncian haber sido atacados en aguas ecuatorianas por miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El patrón es similar. Estaban pescando cuando drones y aviones pequeños empezaron a seguirlos, relatan que se encontraban en sus tareas normales de pesca, por lo que no se sintieron aludidos hasta que fueron bombardeados.

“Esta es una grave violación a los derechos humanos”, dice Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Para Navarrete, el caso de la embarcación Fiorella implica la desaparición forzada por fuerzas militares extranjeras en territorio nacional. Mientras tanto, señala que 36 tripulantes de las embarcaciones Don Maca y Negra Francisca Duarte habrían sido víctimas de detención arbitraria y tortura.

Desde entonces, los sobrevivientes enfrentan graves problemas económicos, por la pérdida de sus medios de trabajo, y de salud, pero las instituciones de Gobierno no se han hecho cargo de esos gastos, denuncia la asambleísta de oposición Mónica Palacios, de la bancada Revolución Ciudadana.

“Por el procedimiento y el silencio gubernamental creemos que hay una construcción de falsos positivos”, señala Navarrete. Los ataques suceden en el marco de acuerdos de asistencia militar entre Estados Unidos y Ecuador, ratificados en febrero de 2024 por Daniel Noboa. Los convenios buscan fortalecer la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, este tipo de operaciones han generado incredulidad entre defensores de derechos humanos, la oposición y analistas de crimen organizado.

Para Michelle Maffei, experta en crimen organizado, estos casos son un intento de mostrar resultados desde el Pentágono más que un esfuerzo real de atacar a las estructuras criminales, que atemorizan, extorsionan y cooptan a los pescadores, como lo documentó Mongabay Latam en la serie Piratas y narcotraficantes amenazan a pescadores.

Mongabay Latam pidió descargos a la Fiscalía, la Cancillería, la Defensoría del Pueblo, la Autoridad Portuaria de Manta y a la Embajada de Estados Unidos, pero no recibió respuesta hasta la publicación del artículo.

Los entregaron como náufragos

En San Mateo, nadie supo nada de los 16 tripulantes de la embarcación Negra Francisca Duarte después de que en redes sociales circularan videos de la embarcación en llamas. Sus familiares preguntaron en Capitanía, denunciaron en Fiscalía e hicieron marchas, pero no obtuvieron información.

Tras ocho días, la Fuerza Armada de El Salvador anunció en sus redes sociales que estaba trasladando a 16 náufragos ecuatorianos rescatados en alta mar. Regresaron en grupos, a medida que su estado de salud mejoraba. Carmen Espinoza, esposa de uno de los tripulantes, le dijo al CDH que la Cancillería ecuatoriana no gestionó ni pagó los pasajes. Los dueños de la embarcación costearon los vuelos de regreso.

Ya en Ecuador contaron lo sucedido. El 17 de marzo de 2025, a las cinco de la mañana, la guardacostas de Galápagos los abordó en aguas ecuatorianas para una inspección de rutina. Todo estaba en orden, así que los dejaron continuar.

Pocas horas después, los tripulantes vieron que dos drones se acercaban con tubos colgando. “Yo les respondí que no podíamos hacer nada y que siguiéramos el rumbo, pensando que eran solo drones de filmación”, dijo el capitán Hernán Flores al CDH. En ese momento ocurrió el impacto. El sobrino de Hernán, Jordi Flores, quedó atrapado bajo los escombros. Su pierna quedó con el hueso expuesto y su rostro también tenía heridas.

Las llamas se extendieron rápidamente. Tuvieron el tiempo justo para sacar dos lanchas y distribuirse en ellas. Mientras huían, reportaron que un miniavión de observación los seguía.

Encontraron un barco azul y pidieron ayuda, pero se encontraron con hombres armados que les gritaban “manos arriba” con acento anglosajón. Los esposaron con las manos atrás y cubrieron sus cabezas. Los pescadores durmieron en el piso metálico con frío, sin comida y sin explicaciones. Uno de ellos tenía quemaduras y amaneció con la camisa pegada a las ampollas.

Jordi Flores, que fue llevado a un lugar donde le dieron primeros auxilios, contó a los guardacostas estadounidenses que en la mañana ya habían sido inspeccionados por autoridades ecuatorianas. Entonces, relató al CDH, los extranjeros se pelearon entre ellos.

Después, los estadounidenses los entregaron a la Guardacostas salvadoreña en calidad de náufragos. Viajaron por ocho días hasta Puerto Unión, en El Salvador, donde recibieron atención médica, finalmente se comunicaron con sus familiares en Ecuador y emprendieron el regreso.

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Los ataques fueron sin previo aviso

John Palacios y otros 19 pescadores salieron desde San Mateo el 18 de marzo, a bordo de la embarcación Don Maca. Llevaban una semana en el mar cuando notaron que una patrulla los siguió durante toda la noche. A la mañana siguiente, continuaron pescando picudo, albacoras y tollos, según contaron al CDH.

A las cuatro de la tarde, mientras Palacios acomodaba pescado en la bodega, dos detonaciones sacudieron la embarcación. Una destruyó el tanque de combustible y la otra, la zona de comunicaciones. Erick Coello, de 27 años, sufrió daños en uno de sus ojos y perdió casi toda la audición. Otro pescador sufrió daños similares.

Al ver la patrulla acercarse, Palacios salió a cubierta con una camisa blanca, haciendo señas. Los extranjeros les pidieron que subieran de a uno y esposaron y encapucharon a todos los pescadores. Después dispararon dos veces más al barco hasta hundirlo.

Los pescadores pasaron la noche esposados y encapuchados. Los transfirieron a una patrulla salvadoreña y cuando les retiraron las capuchas, vieron que los apuntaban con armas. Navegaron ocho días bajo el sol y la lluvia, durmiendo en cubierta y comiendo una o dos veces al día.

“En vez de atacarnos, ¿por qué no llamaron al barco? Tienen radio y pudieron decir: ‘¿Saben qué? Pasa esto, vamos a revisar el barco’. Pero no, ellos atacaron sin previo aviso”, reclama Palacios.

Jorge Chiriboga, abogado de los pescadores de los barcos Don Maca y Negra Francisca Duarte corroboró los relatos a Mongabay Latam.

“Nos andan siguiendo drones y patrullas”

El 17 de enero, drones y patrullas empezaron a rondar la embarcación Fiorella, capitaneada por Juan Carlos Valencia. “Nos andan siguiendo drones y patrullas”, contó a su padre, Johnny Valencia, vía mensaje satelital. El 20 de enero a las 8:30 de la mañana fue la última vez que hablaron, relata el también pescador a Mongabay Latam.

A la una de la tarde, el dueño de la embarcación notó que el chip de rastreo dejó de mostrar la ubicación de los pescadores y avisó a Valencia padre.

En el mar, dos tripulantes del Fiorella que pescaban en una lancha separada vieron, hacia el oeste, una columna de humo negro, pero creyeron que se trataba de un barco petrolero, así que no se alarmaron. Esa noche, la embarcación tenía que encontrarles en un punto acordado, pero no llegó, contaron al CDH.

Al día siguiente buscaron a sus compañeros, pero solo encontraron el espinel abandonado. Decidieron navegar hacia tierra y llegaron gracias a que dieron con una embarcación que los arrastró, pues no tenían suficiente combustible.

Los familiares de los ocho desaparecidos pidieron ayuda e información en la capitanía de Manta, pero los encargados habrían sugerido que los pescadores estaban involucrados en actos ilícitos y fuera de aguas ecuatorianas, así que tenían que atenerse a las consecuencias, cuenta Valencia.

El experimentado pescador todavía guarda la captura de la última ubicación del Fiorella, como prueba de que su hijo y el resto de los pescadores cumplían con sus actividades de pesca en aguas nacionales.

Al conocer los casos de las embarcaciones Negra Francisca Duarte y Don Maca, los familiares del Fiorella creen que los ocho tripulantes desaparecidos sufrieron el mismo destino. “Son personas sanas, que se ganan la vida. No es para que les hagan una maldad. Le rogamos a Dios todo poderoso que nos los devuelvan”, pide.

El eslabón más débil del narcotráfico

Navarrete, del CDH, señala que no hay que ocultar el largo historial de la penetración de las economías ilícitas en comunidades de pescadores en la costa ecuatoriana. Mongabay Latam lo documentó en el especial Piratas y narcotraficantes amenazan a pescadores.

Maffei, la especialista en crimen organizado, concuerda con Navarrete. Explica que grupos delictivos extorsionan a los pescadores, una población abandonada por el Estado y empobrecida que no puede pagar 1200 dólares al mes, el monto que se les exigiría por parte del crimen organizado para poder pescar. “Es una forma de reclutarlos, no hay trabajo legal que pueda pagar eso”, asegura.

Sin embargo, “no cabe generalizar, no puede ser una conducta institucional”, opina Navarrete. Por otro lado, la asambleísta Palacios, quien está fiscalizando el caso, detalla que los convenios que Ecuador tiene con Estados Unidos establecen que las operaciones deben realizarse en conjunto, no de manera unilateral.

Maffei critica el hecho de que Estados Unidos está ejecutando operaciones costosas en un sector donde la gran mayoría de la droga no circula. “Se mueve vía las grandes navieras”, afirma. Atacar a las embarcaciones conllevaría graves problemas legales y económicos, contrario a lo que sucede al apuntar a un sector de bajos recursos económicos y sin capacidad de respuesta.

A lo anterior agrega que “las instituciones de seguridad de Estados Unidos muchas veces ejecutan sin inteligencia o sin información perfecta”. Un ejemplo de esto es el ataque a la lancha go fast que salió de Venezuela con 11 pasajeros. Explica que una embarcación llena de droga no sale con 11 pasajeros, por motivos de capacidad, y aún así la bombardearon.

¿Se trata de falsos positivos? La especialista en seguridad asegura que sí y que las entidades de control y de inteligencia de ese país estarían buscando mostrar resultados al atacar a los eslabones más débiles del crimen organizado.

Navarrete resalta que los dueños de las embarcaciones han permanecido junto a las familias de los pescadores, quienes se han mantenido reclamando, haciendo plantones y marchas para exigir información tras sus desapariciones. “Eso no ocurre cuando tienes algo que esconder, es significativo”, dice.

Las acciones pendientes del oficialismo

Palacios señala que tras los ataques, la Cancillería debió presentar de manera inmediata una queja a Estados Unidos. En esa misma línea, se debió pedir una versión oficial a El Salvador, el país que recibió a los pescadores en calidad de náufragos.

Este es uno de los puntos más confusos del caso, pues los pescadores de ambas embarcaciones estaban cerca de Galápagos, entonces era más sencillo entregarlos a la Guardacosta ecuatoriana. Mongabay Latam consultó a la diputada salvadoreña de oposición Claudia Ortiz sobre la existencia de algún marco de cooperación con Estados Unidos que permita este tipo de acciones, pero dijo no tener conocimiento al respecto.

El CDH encontró que el avance de las denuncias estaba en pausa en las tres instancias a las que acudieron los familiares de los pescadores: la Capitanía de Manta, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

El Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas pidió al Estado ecuatoriano información sobre el caso y las acciones tomadas, y que se conforme una mesa técnica entre los tres países involucrados. “El principal responsable es el Gobierno ecuatoriano. Tiene que pedir explicaciones, investigar y atender a las familias”, subraya Navarrete.

“Quisiera hacerle un llamado al presidente Daniel Noboa, debería abogar por los derechos de los pescadores artesanales. Están asustados, ellos salieron a ganarse la vida y ahora no tienen ninguna solución en este caso. Los familiares siguen sin ser escuchados”, dice la asambleísta Palacios.

Con estos casos se desempolvaron los recuerdos de Las viudas del mar, unas 20 mujeres que perdieron a sus esposos o hijos tras ataques de Estados Unidos mientras ese país tuvo presencia en una base militar en Manta.

Las bases militares extranjeras se prohibieron en el país en 2008. Noboa intentó darles luz verde nuevamente a través de una Consulta Popular en la que el 60.5 % de los votantes votó en contra. “No vale el voto de nosotros”, reclama Valencia padre, y asegura que ya nadie quiere salir a pescar.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Tiene hocico de zorro, patas palmeadas, una membrana entre los dedos de sus pies parecidos a las de un pato y una cola gruesa. Es el perro de orejas cortas, también como conocido como perro fantasma o perro del Amazonas (Atelocynus microtis). Es uno de los cánidos menos conocidos del mundo y uno de los carnívoros con menos apariciones en Latinoamérica. En Bolivia, un trabajo de más de 20 años reveló 600 registros con cámaras trampa que muestran cómo vive, dónde habita y por qué esta especie depende de bosques intactos para sobrevivir.

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Este trabajo demuestra que el perro fantasma es una especie amazónica y, especialmente, de bosque. En Bolivia se encuentra en los bosques continuos amazónicos del norte del departamento de La Paz, en el departamento de Pando, en el norte y noreste de Beni y en el extremo norte y noreste de Santa Cruz. También se lo encuentra en los bosques preamazónicos de los Andes o bosque de piedemonte, debajo de 750 metros sobre el nivel del mar.

Robert Wallace, biólogo inglés de la Wildlife Conservation Society (WCS) de Bolivia y uno de los autores del estudio, afirmó a Mongabay Latam que realizaron un resumen sistemático de los registros de distribución publicados y no publicados de la especie en Bolivia y entre 2001 y 2024 llevaron a cabo 34 muestreos intensivos con cámaras trampa en las zonas bajas del Gran Paisaje Madidi-Tambopata (noroeste de Bolivia) y el Paisaje Biocultural Llanos de Moxos (norte de Bolivia).

El experto explicó que el perro fantasma tiene su hábitat establecido en los bosques amazónicos y no en las pampas amazónicas. “Nuestros datos demuestran que lo que más busca [esta especie] es bosque en sí porque evita hábitats de transición hacia espacios más abiertos. Es una especie de bosque”, dijo Wallace.

El biólogo agregó que, si se usa tecnología escondida como trampas cámaras, el perro fantasma no es tan difícil de encontrar como se cree, pero –dijo- ver la especie directamente es muy difícil porque este cánido es bastante nervioso, tiene un sentido de olor muy desarrollado y logra evitar encuentros con personas y depredadores naturales.

“El perro fantasma es, sobre todo, diurno, pero también crepuscular, es decir bastante activo alrededor del amanecer y atardecer. Puede ser activo durante la noche, pero la gran mayoría de los eventos de trampas cámaras son de día”, detalló Wallace.

El experto afirmó que el tipo de bosque favorito de esta especie es el bosque de tierra firme, “no tan al lado del río, si no en el bosque maduro, adentro”.

Un trabajo de más de 20 años

El estudio, apoyado por WCS Bolivia, incluyó el fototrampeo, que, cada año, se realizó durante la estación seca.

Esta técnica mostró que el perro fantasma tiene un perfil corporal relativamente bajo, patas cortas, orejas muy pequeñas y redondeadas, una cabeza grande y un pelaje denso y oscuro que varía de gris negruzco a marrón rojizo, con una banda dorsal oscura y una cola larga y muy tupida que a menudo arrastra por el suelo. Además, sus patas están parcialmente palmeadas, es decir que poseen una membrana entre sus dedos que los unen, un rasgo único entre los cánidos amazónicos.

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En total, en todos los muestreos con cámaras trampa se obtuvieron 4635 fotos que representaron 594 eventos independientes de la aparición de perros de orejas cortas.

“Los muestreos con cámaras trampa proporcionaron información significativa sobre el comportamiento y la abundancia relativa del perro de orejas cortas, lo que sugiere que es más abundante de lo que se creía, aunque sigue siendo un carnívoro de tamaño mediano relativamente raro”, destacó Wallace.

Para el experto, es alentador que la abundancia relativa del perro de orejas cortas fuera mayor en áreas protegidas y territorios indígenas que se superponen con áreas protegidas, lo que refuerza –dijo- la importancia de estas unidades de manejo para la conservación de la biodiversidad.

“Estos resultados tienen importantes implicaciones para la conservación, ya que sugieren que se requerirán grandes extensiones de bosque continuo, comparables en tamaño a áreas protegidas más grandes, para mantener poblaciones viables a largo plazo de perros de orejas cortas”, remarcó el experto.

Según la organización ORÉ, en Bolivia se conocen seis especies de cánidos y una de ellas es el perro de orejas cortas, que en zonas bajas de la Amazonía también lo conocen como perro de monte. Esta entidad aclaró que no se debe confundir al perro fantasma con el perrito de monte (Speothos venaticus) ni con el zorro de monte o de patas negras (Cerdocyon thous)“.

ORÉ, que cooperó con un estudio en 2024 junto al Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, informó a Mongabay Latam que el perro de orejas cortas es la única especie de su género y que es un carnívoro solitario del bosque tropical amazónico. Mide de 70 a 100 centímetros de largo, con una altura de 35 centímetros y una cola peluda de color negro, excepto en la base, lo suficientemente larga (otros 30 centímetros) para tocar el suelo.

Características de la especie

La cabeza del perro fantasma es grande y más parduzca que su espalda grisácea. El hocico presenta una marcada línea negra que va desde la nariz hasta debajo del ojo. Las orejas son pequeñas, pero sobresalen por encima de la coronilla, son redondeadas y de color marrón claro, que contrasta con el color de la cabeza. Pueden pesar entre nueve y 10 kilogramos y las hembras llegan a ser 30 % más grandes que los machos. Se estima que su dieta está compuesta por anfibios, peces y reptiles, pero también comen frutas.

Marco Greminger, veterinario zootecnista y docente de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, relató a Mongabay Latam que en 2023 un perro fantasma fue capturado con vida en inmediaciones de la universidad donde dicta clases. El experto afirmó que el animal se había refugiado en un conducto de aire que estaba en desuso en el patio.

“Fue increíble el trabajo de capturar vivo a ese perro fantasma. Me llamaron para ayudar y lo hicimos. El perro [de orejas cortas] entró al canil, estaba bien flaquito. Recuerdo que le di 350 gramos de hígado de pollo, que es rico en ácido fólico, patas [de pollo] y rehidratante oral. Se comió las diez piezas que le puse”, dijo Greminger.

Además, el veterinario explicó que el animal tiene un olor fuerte. “Es más fuerte que el del puercoespín y del zorro, es más agrio”, dijo.

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La veterinaria y ecóloga Renata Leite Pitman, investigadora en la Universidad Duke, aseguró en varias publicaciones que los perros de orejas cortas, al que estudia desde hace 14 años, “son muy extraños y difíciles de ver”. A lo largo de su carrera ubicó a cinco en la cuenca de la Amazonía, donde realiza su trabajo de campo y les colocó collares de seguimiento para analizar sus costumbres. “Son muy tímidos, totalmente diferentes de las mascotas”, detalló.

La veterinaria fue contactada por Greminger en 2023, quien le pidió que lo asesore cuando encontró con vida al perro fantasma en el patio de la universidad del Beni. “Le dije qué alimentación le había dado. Coincidimos y coordinamos algunas acciones. Ella me recomendó que le diera papaya, yo le había dado guayaba”, recordó el médico veterinario boliviano.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A principios de esta semana, una enorme serpiente rojiza de más de 10 metros bloqueó durante unos minutos —junto a varios paneles solares— el ingreso a uno de los puertos de exportación de carbón más importantes de Colombia, el puerto Drummond. Era parte de una manifestación convocada por una coalición de activistas ambientales de la Flotilla por la Justicia Climática, que llegaron a la ciudad de Santa Marta luego de 13 días de travesía por el Caribe.

Su llegada hasta el puerto, donde se pueden almacenar 1.5 millones de toneladas de carbón y cargar hasta 60 millones de toneladas de carbón al año, no fue casualidad. Desde el pasado 24 de abril, Santa Marta ha sido la sede de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un evento organizado por Colombia y Países Bajos para impulsar soluciones que aceleren una transición energética justa y equitativa, que permita superar la dependencia del petróleo, el carbón y el gas, causantes de más del 75 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

La ministra de Ambiente (encargada) de Colombia, Irene Vélez, aseguró: “Decidimos desarrollar esta conferencia en Santa Marta porque expresa una de las grandes contradicciones de nuestros tiempos: por un lado, es el macizo montañoso litoral más alto del mundo, elevándose desde el mar Caribe hasta los 5700 metros y creando una isla biogeográfica de altísima diversidad ecosistémica y cultural; por otro, es uno de los principales puertos de exportación de carbón de Colombia y las Américas”. Desde allí, afirmó, se calcula que han salido más de 800 millones de toneladas de carbón hacia el mercado internacional, con un impacto mayor a 1000 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente. “Es una compensación imposible. Un balance inviable. La eliminación de los combustibles fósiles resulta inevitable para salvar la vida en el planeta”, insistió Vélez.

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Con esa idea, en los últimos días la ciudad ha acogido encuentros entre más de 1500 participantes, incluidos delegados de cerca de 60 países, parlamentarios, académicos, científicos, campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones de mujeres, sindicatos, representantes de la sociedad civil y de las empresas. Todos llegaron con un objetivo común: proponer alternativas para trazar una hoja de ruta que permita dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles de forma coordinada y acelerada, y forjar una especie de coalición entre los países dispuestos a avanzar más rápido y a escuchar a distintos sectores sociales para lograrlo.

“El mundo nos ha dicho que la salida no son los combustibles fósiles, sino cuidar los ríos, las montañas, el aire, la flora, la fauna. Cuidar la naturaleza e incluirnos en ella. Invito a que de esta conferencia salga un elemento vinculante que nos facilite a las comunidades y los territorios hacer una transición energética justa, territorial y comunitaria”, aseguró el martes pasado, al inicio de la plenaria del segmento de alto nivel del encuentro, Yuvelis Morales, activista ambiental colombiana que recibió el 20 de abril el Premio Medioambiental Goldman 2026 por su liderazgo para evitar proyectos de fracking en su comunidad.

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Los aportes de pueblos indígenas

Tras la reunión de más de 100 líderes indígenas en el primer Encuentro Mundial de Pueblos Indígenas sobre la Eliminación Gradual de los Combustibles Fósiles, realizado en el marco de la conferencia, surgió una declaración conjunta que recoge la posición de los pueblos indígenas del mundo frente a una transición energética justa.

Ginny Alba, lideresa indígena del pueblo Piratapuyo, en Guainía, Colombia, explica a Mongabay Latam que “hay un conjunto de demandas que hemos venido construyendo de manera conjunta con todos los pueblos indígenas del mundo, primero en reuniones virtuales y luego en el encuentro presencial en Santa Marta. La primera es que no podemos hablar de transición justa si vamos a promover nuevas formas de extractivismo”.

“Nuestros territorios son fundamentales para mantener la vida en el planeta”, agrega Oswaldo Muca, coordinador general de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC). “Aquí estamos para precisar que, sin el respeto y la garantía a nuestros derechos inherentes y particulares, como la libre determinación y el consentimiento libre, previo e informado, la transición se basará en extractivismo, impactando todavía más nuestros modos de vida, así como los ecosistemas que hemos protegido por miles de años”, insiste.

Las preocupaciones expresadas por los pueblos indígenas tienen respaldo en distintos estudios científicos, pues sus territorios se han visto ampliamente amenazados por la extracción de gas y petróleo. Un estudio de la Universidad de Barcelona documentó los altos niveles de contaminación por petróleo en comunidades indígenas de la Amazonía, así como la ausencia de monitoreo y sanciones por los daños ambientales.

Además, según un análisis de Earth Insight, 179 millones de hectáreas de bosques tropicales se superponen a bloques de petróleo y gas, aproximadamente el 21 % de los bosques tropicales de alta integridad en la Amazonía, la región del Congo y el sudeste asiático.

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Por eso, entre sus peticiones también está declarar zonas libres de actividades extractivas en sus territorios, proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI) y destinar financiamiento climático directo para la implementación de estrategias, iniciativas, programas y proyectos propios de transición justa, “diseñados y liderados por nosotros, incluso a través de mecanismos financieros propios”, se lee en la declaración.

“Nuestras decisiones deben ser respetadas en todas las políticas, iniciativas y proyectos que se pretendan implementar en nuestros territorios, tierras y aguas o que puedan afectarlos, para no repetir relaciones históricas de subordinación, despojo e imposición”, se afirma en el documento.

“Hemos venido aquí a alzar nuestra voz para decirle al mundo que no queremos que se expanda la frontera petrolera en nuestros territorios de vida. En nuestros territorios no habrá petróleo, habrá vida”, asegura, por su parte, Juan Carlos Ruiz, presidente de la Nacionalidad Sapara del Ecuador, quien denunció junto a líderes de las nacionalidades kichwa, andwa, shiwiar, achuar, waorani y shuar que el Gobierno ecuatoriano ha anunciado dos nuevas licitaciones petroleras en el centro sur de la Amazonía de ese país, superpuestas a territorios indígenas y sin consulta ni consentimiento.

Los pilares de las comunidades afrodescendientes

Meses antes del encuentro en Santa Marta, representantes de las comunidades afrodescendientes a nivel global desarrollaron diálogos virtuales y presenciales para poner en común las experiencias territoriales, consensos, tensiones y soluciones que promueven para avanzar en una transición justa, ordenada y equitativa.

“A nivel global, hay un acuerdo fundamental sobre la necesidad de defender los territorios que habitan las comunidades afrodescendientes y sobre la inclusión de los impactos desproporcionados y específicos del cambio climático en poblaciones racializadas”, explica Sibelys Mejía, directora de litigio y coordinadora de la línea de Territorio, Justicia Ambiental y Paz en Ilex Acción Jurídica, una organización liderada por abogadas afrocolombianas y personas afro LGBT.

Por eso, uno de los puntos que destacan es la convergencia del racismo ambiental, la justicia territorial y la autonomía económica. “La dependencia de los combustibles fósiles no es leída como un dato neutro del desarrollo: es el resultado de siglos de despojo colonial y esclavización que determinaron quiénes vivían cerca de las refinerías, los oleoductos y las zonas de extracción, y quiénes sufrían de manera desproporcionada sus impactos en salud y medioambiente”, se lee en el documento construido a partir de los encuentros.

Como colectivo, han acordado que una transición justa debe reconocer y proteger legalmente los espacios colectivos que habitan los pueblos afrodescendientes, ya sean urbanos o rurales, y fortalecer economías territoriales autónomas. “La ausencia de reconocimiento legal de la propiedad impide que las comunidades tengan poder de negociación, asociación y veto sobre proyectos extractivos”, señalan en el texto.

Además, señalan que la reconversión económica en sus territorios debe ser liderada por los propios consejos comunitarios, con autonomía y recursos directos. “También debe garantizar la protección del gobierno propio para desarrollar comunidades energéticas y crear y distribuir nuestra propia energía limpia”, dijo la vocera para el encuentro durante el segmento de alto nivel.

La contribución de académicos y científicos

Al menos 500 académicos y científicos de todo el mundo se organizaron en 16 mesas paralelas de trabajo para elaborar un informe en el que se presentan distintas acciones y propuestas para que los gobiernos puedan superar la dependencia de combustibles fósiles y transitar a economías bajas en carbono.

“Con voces diversas y plurales de investigadores de diferentes países desarrollamos este espacio complementario y vemos mucho potencial para establecer conexiones más fuertes y apoyar a los gobiernos para dejar atrás los combustibles fósiles”, señaló Andrea Cardoso, profesora de la Universidad del Magdalena, Colombia, y quien estuvo a cargo de la coordinación de la preconferencia científica.

Entre los insumos entregados por los expertos se encuentran algunos diagnósticos y alternativas para la eliminación de subsidios a combustibles fósiles, medidas inmediatas para prevenir futuras emisiones, caminos para establecer estándares y procesos de monitoreo para la transición, así como sugerencias de instrumentos de financiación para reducir los costos de la transformación hacia energías limpias. También proponen reestructurar los marcos jurídicos internacionales para apoyar las transiciones sin que los gobiernos se vean enfrentados a millonarias demandas por parte de las empresas de combustibles fósiles.

“Lo que entregamos es una buena síntesis del trabajo que muchos académicos han estado haciendo en los últimos años. Ya hay unos consensos científicos claros, sobre todo en el diagnóstico del problema y en los riesgos de no hacer la transición. La petición es que nos escuchen”, asegura Paola Yanguas, asesora de políticas en el Programa de Energía del International Institute for Sustainable Development (IISD), quien se ha centrado en investigar la eliminación gradual y controlada de la producción de petróleo y gas, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París, con especial énfasis en los productores de combustibles fósiles.

La comunidad científica también ha establecido que la transición hacia fuentes de energía no fósiles es necesaria y posible y que la actual crisis energética mundial representa una oportunidad para acelerar esta transición.

Además, en el marco del evento se anunció la creación del Panel Científico para la Transición Energética Global, que espera asesorar a las naciones en acciones concretas hacia la transición. Este panel, señaló el Ministerio de Ambiente de Colombia, reunirá a algunos de los mejores científicos del mundo en clima, economía y tecnología, quienes aportarán insumos para la construcción y el fortalecimiento de acciones relevantes, urgentes y concretas, respaldadas por la mejor evidencia disponible para entregar recomendaciones respecto al diseño de políticas públicas orientadas a la salida progresiva de los combustibles fósiles.

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Campesinado, mujeres y otras expresiones de la sociedad civil

Las mujeres y las diversidades, las ONG, los movimientos sociales, las comunidades campesinas y los sindicatos también participaron en encuentros paralelos para plantear sus propuestas a una transición justa.

Diana Salcedo López, representante del sector de mujeres y diversidades, aseguró que una transición justa requiere democratizar la energía, descentralizar su control y reconocerla como un derecho, no una mercancía. En el documento con sus aportes para la transición señalan que este proceso no puede limitarse solo a un cambio tecnológico o energético, sino que se trata de una “transformación estructural que implica reconfigurar las relaciones económicas, políticas, territoriales y culturales que sostienen la dependencia fósil”, entre esas, resignificar la economía del cuidado.

“Nuestro documento —afirmó, por su parte, la vocera de las comunidades campesinas— recoge el pensar de las comunidades invisibilizadas que siembran las semillas, alimentan al mundo y cuidan los territorios”. Entre sus peticiones, señalan que “urge desfosilizar la dependencia de las comunidades campesinas de los derivados del petróleo para el uso de agroquímicos tóxicos”, además de contar con la devolución, el acceso y uso óptimo de la tierra que en diferentes partes del mundo les ha sido quitada por condiciones extractivistas.

En el marco de la conferencia también se reunieron 100 organizaciones sindicales que enfocaron su discusión en la transición y reconversión laboral en un escenario de transición energética. “No habrá transición energética sin los trabajadores como protagonistas. Desde el movimiento sindical reafirmamos que la transición justa debe incluir formación y recualificación laboral”, señaló el vocero de esta delegación durante la plenaria de alto nivel. “La transición energética no puede dejar a los trabajadores como sus víctimas: debe ser gestionada, financiada y cogobernada con plena participación sindical”, se lee en su documento de síntesis.

Los movimientos sociales insistieron en la creación de un instrumento internacional vinculante para regular la producción de combustibles fósiles y la creación de instrumentos financieros que se puedan adaptar a distintos actores y que garanticen la autonomía de los países. “Necesitamos una estructura de financiación que no implique mayor endeudamiento para los países especialmente los del sur global y la inclusión de alternativas para países y territorios altamente dependientes de los combustibles fósiles”, señaló Amarilys Llanos, parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking y vocera del sector de movimientos sociales.

Los insumos de estos días de trabajo harán parte de un informe que será entregado a las presidencias de la COP30 y COP31, las conferencias globales sobre cambio climático de la ONU, con el fin de que pueda servir de aporte a una hoja de ruta para impulsar la transición justa y alimente futuras negociaciones internacionales.

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“Queremos estar seguros de que estas conversaciones puedan terminar en pasos concretos durante los próximos años y puedan alimentar el proceso de la COP en el momento apropiado, para acelerar y ayudar a los países a moverse hacia adelante en el camino de reducir la dependencia de combustibles fósiles”, afirmó Stientje Van Veldhoven, ministra de Clima y Crecimiento Verde de Países Bajos.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La electrocución es una de las amenazas más recurrentes para muchas especies de aves en todo el mundo y es una de las mayores causas de mortalidad para estos animales. En Argentina, un estudio publicado en la revista Perspectives in Ecology and Conservation reveló que entre 2019 y 2025 en ocho provincias de ese país se encontraron 160 aves –de 18 especies- electrocutadas, de las cuales 150 pertenecían a 12 especies de rapaces. Es por eso que los expertos promueven que se considere la creación de leyes que contemplen infraestructuras seguras para las aves, la creación de protocolos de monitoreo y bases de datos públicas realizadas por personal capacitado en el reconocimiento de las especies afectadas.

Según el estudio argentino, las especies más afectadas por electrocución en líneas eléctricas fueron el águila petirroja (Geranoaetus melanoleucus) -la mayoría juveniles-, el aguilucho común (G. polyosoma), el buitre negro (Coragyps atratus) y el águila del Chaco (Buteogallus coronatus), esta última en peligro de extinción.

Diego Gallego García, uno de los autores del estudio, doctor en Biología por la Universidad Nacional del Comahue y becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, explicó a Mongabay Latam que para que ocurra una electrocución, un individuo tiene que tocar al mismo tiempo dos cables, o un cable y una estructura conectada a tierra, para que así se cierre el circuito y la corriente pase por el individuo.

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El experto añadió que, en el primero de los casos, algunas aves de gran envergadura al abrir las alas pueden hacer contacto con dos cables energizados; mientras que, en el segundo, cualquier ave posada sobre un poste que esté conectado a la tierra y que sea de un material conductor –puede ser hormigón o metal-, solamente tendría que tocar un cable para electrocutarse.

Electricidad: una enemiga silenciosa para las aves

El estudio realizado por Gallego García y los biólogos Paula Orozco, Beatriz Mirano, Sergi Gómez y José Sarasola tuvo el apoyo del Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA), el Instituto de las Ciencias de la Tierra y Ambientales de la Pampa (INCITAP), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En la investigación se recopiló información sobre electrocuciones con base en sus propios hallazgos en las áreas de estudio e informes de ciencia ciudadana sobre mortalidades realizados por habitantes locales, observadores de aves, trabajadores rurales, propietarios de tierras y organizaciones no gubernamentales de conservación. Los informes de ciencia ciudadana representaron 63 electrocuciones (39,38 %).

“La electrocución ha sido definida desde hace tiempo como ‘la muerte silenciosa’ de las aves, ya que esta causa de mortalidad habitualmente pasa desapercibida”, resaltó Gallego García, quien afirmó que en cada poste puede haber ocurrido una electrocución, pero normalmente el animal cae al suelo después de electrocutarse.

“No son muchos los casos en los que el ave se electrocuta y queda colgada del poste. Por otro lado, los cuerpos sin vida de las aves que caen electrocutadas pueden ser consumidos y/o removidos por otros animales carroñeros en poco tiempo, quedando escondida la evidencia de su electrocución”, dijo el investigador.

El informe destaca que la electrocución de aves no ocurre de manera sistemática y a la misma velocidad en todas las épocas ni años. Por ejemplo, -dice el texto- se registró la mayor mortalidad en invierno, precisamente en la época en que los juveniles de muchas aves abandonaron los territorios parentales y se encuentran en dispersión.

Lo que hay detrás de las electrocuciones

Hay años especialmente accidentados que suelen coincidir con grandes aglomeraciones de algunas aves por cuestiones ambientales. En la Pampa argentina, en 2016 hubo una gran mortalidad de águilas moras (Geranoaetus melanoleucus) porque se concentraron en lugares donde hubo un afloramiento de roedores. Al juntarse muchos individuos, se aumenta el riesgo de electrocución, detalló Gallego García.

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“El hecho de no ver un animal electrocutado debajo de un poste eléctrico no es sinónimo de que dicho pilar sea inocuo. Muchas veces la amenaza permanece latente, como esperando a que un ave se pose para que se electrocute. Es necesario ejecutar las medidas de mitigación necesarias en aquellos postes potencialmente peligrosos por su diseño, no solamente en aquellos en los que alguna vez se documentó alguna electrocución”, remarcó el experto.

Para Maximiliano Galmes, docente de la Universidad Nacional de la Pampa, la electrocución es un problema generalizado de conservación para las aves rapaces que ha recibido poca atención en América del Sur. El experto aseguró que el águila del Chaco es una de las más afectadas por este tipo de mortalidad en Argentina.

“Se registraron nueve águilas del Chaco electrocutadas durante el período 2012-2019 en un área de 9000 kilómetros cuadrados. Se encontraron estas especies electrocutadas asociadas con cinco tipos de postes de energía eléctrica, pero más de la mitad de las electrocuciones ocurrieron en postes hechos de concreto reforzado con acero y con cables de conexión sobre los brazos transversales”, afirmó Galmes a Mongabay Latam. 

El experto añadió que las futuras acciones de conservación e investigación deberían centrarse en la adaptación de la pequeña fracción de postes que representan los mayores riesgos de electrocución para las águilas del Chaco, y en la evaluación de los efectos demográficos de la mortalidad por electrocución para esta especie y otras aves rapaces en peligro de extinción en Argentina.

El territorio de distribución del águila del Chaco, o también conocida como águila coronada, va desde el sur de Brasil hasta el centro de Argentina. Es un ave rapaz de la que los científicos estiman que apenas sobreviven, en el mejor de los casos, unos 1000 individuos. La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la categoriza como En Peligro, pero en las cifras estimadas de población se deja entrever que ningún dato es del todo seguro en torno a ella. La información disponible establece un rango de entre 250 y 999 individuos que sobreviven, una diferencia suficientemente amplia como para alterar el pronóstico sobre su futuro.

“El problema es que no hay casi nadie investigando sobre esta águila. No sabemos lo que pasa en Brasil, ni en Bolivia, ni en Paraguay, ni en buena parte del norte argentino, que es donde se distribuye”, afirmó Gallego García, quien también forma parte del Centro para el Estudio y la Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (Cecara).

En el estudio elaborado por Gallego García se explica que la mejor manera de evitar la electrocución de aves es diseñar, desde el principio, los postes y pilares de los tendidos eléctricos de manera que no haya que implementar ninguna medida de mitigación. Esto incluye pasar los cables por debajo de la cruceta -y no por encima- y construir tanto crucetas como postes con materiales no conductores de la electricidad, lo que significa que no sea de hormigón o de metal.

“Evitar la electrocución de las aves en postes de tendido eléctrico no es un gasto, es una inversión. Cada vez que un ave se electrocuta, es posible que el tendido eléctrico quede dañado, y/o que se corte la luz de una ciudad entera, o que incluso se provoque un incendio a raíz de un ave electrocutada”, dijo Gallego García.

Regulaciones a la norma

Mientras, la organización Aves Argentinas, en un comunicado enviado a este medio, afirmó que en Argentina el Ente Nacional de Regulación de la Energía (ENRE), creado por Ley Nacional 24.065 del año 2001, tiene como fin regular la actividad eléctrica y ejercer de organismo de contralor para el cumplimiento de obligaciones y marcos regulatorios por parte de las empresas del sector.

“Las normativas ambientales y energéticas explícitamente indican que las líneas de distribución de electricidad no deben afectar al medio ambiente, incluyendo a la fauna silvestre. Es necesario y urgente implementar medidas y acciones para revertir esta situación, modificando los diseños en las líneas ya establecidas y diseñando nuevos modelos de líneas de distribución a establecerse de aquí en más en todo el país”, destacó Aves Argentinas.

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Según la organización, los primeros eventos de electrocuciones de aves rapaces en Argentina fueron documentados en el año 2006 en tendidos eléctricos de las provincias de La Pampa y Mendoza. En esta última provincia los incidentes de electrocución fueron observados cerca de la localidad de Luján de Cuyo y afectaron a 19 águilas moras en una extensión reducida de tendido eléctrico.

Sin embargo, dice Aves Argentinas, sólo hasta el 2012 se realizó el primer estudio a escala regional y sistemático que consideró el riesgo de electrocución de aves rapaces en relación a factores ambientales y técnicos de las propias líneas eléctricas, incluyendo entre estos el diseño de tendido y de los apoyos, el material de construcción, el tamaño de las crucetas y la distancia entre conductores, el tipo de ambiente circundante y la abundancia y las características morfológicas de las especies de aves rapaces en el área.

REFERENCIA

Gallego-García, D., Orozco-Valor, P. M., Martínez-Miranzo, B., Gómez-Espí, S., & Sarasola, J. H. (2026). A hundred birds or more: Large-scale assessment of raptor electrocutions across Argentina. Perspectives in Ecology and Conservation.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En los últimos veinte años, Argentina construyó un consenso democrático básico en torno a dos ideas: que la violencia por razones de género es un problema de toda la sociedad y no solo de quien lo sufre, y que el acceso a la justicia debe garantizarse para todas las personas. Ese proceso dio paso a avances normativos, institucionales y culturales que fortalecieron los dispositivos para abordar situaciones de violencia y abuso. La discusión actual debería partir de ese piso para consolidar y mejorar lo construido. 

El Proyecto de Ley S-0228/2025 que se busca avanzar en el Senado propone modificar los artículos 245, 275 y 277 del Código Penal para agravar las penas por denuncias falsas, falso testimonio y encubrimiento, exclusivamente cuando los casos involucran violencia de género, integridad sexual o niños, niñas y adolescentes. La preocupación declarada, evitar el abuso del sistema judicial, es atendible en abstracto. Sin embargo, hay abundante evidencia de que la reforma produciría efectos opuestos a los que el proyecto declara.

Un diagnóstico inexacto

En Argentina no existen datos oficiales que señalen un problema sistemático de denuncias falsas en casos de violencia de género. De acuerdo a estimaciones del Consejo de la Magistratura, menos del 3% de todas las denuncias penales serían falsas y corresponden en su mayoría a delitos económicos: estafas, defraudaciones, contrabando. A nivel mundial, según ONU Mujeres, las denuncias falsas en violencia de género representan menos del 1% de los casos. En España, uno de los pocos países con estadísticas oficiales sobre este fenómeno, el porcentaje histórico es de 0,0084%.

Estos datos demuestran que en todo caso, el problema no se vincula con un exceso de denuncias sino, precisamente, lo contrario. La Encuesta de Prevalencia de Violencia implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea, identificó que el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior, pero sólo 1 de cada 4 buscó ayuda o llegó a denunciar. Los datos del Registro de Femicidios de la Corte Suprema para 2024 son todavía aún más contundentes: de 228 víctimas directas de femicidio, hay información que indica que apenas el 18% denunció a su victimario, y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes al momento del femicidio. El problema no es que haya demasiadas mujeres que denuncian, el problema es que son muy pocas las que llegan a denunciar.

Uno de los puntos más problemáticos de este proyecto es que facilitará la equiparación de denuncia desestimada por falta de pruebas con “denuncia falsa”. No es lo mismo. A veces la prueba es insuficiente, el proceso se dilata, o las circunstancias del hecho, que casi siempre ocurren en espacios privados, sin testigos, en contextos de relaciones asimétricas, hacen extremadamente difícil la acreditación judicial. La falta de prueba no es sinónimo de que el hecho no haya existido. La jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal reconoce que estos casos “suelen ocurrir en lugares íntimos y alejados de la vista de terceras personas”. Asumir que lo que no pudo probarse en la justicia penal fue producto de una denuncia falsa es una confusión que la amenaza de tres a seis años de prisión vuelve concreta: opera como un mecanismo de autocensura anticipada, incompatible con las obligaciones estatales de eliminar los obstáculos para el acceso a la justicia. Es cierto, también la “denuncia falsa” deberá probarse en la justicia penal y es posible que no haya condena pero el problema es anterior: desincentiva la denuncia, restringe la posibilidad de buscar ayuda, funciona como elemento de coerción.

Incorporar la frase “a sabiendas de la falsedad” en la nueva redacción del artículo 245 no resuelve el problema de fondo. El delito de falsa denuncia actualmente previsto en el Código Penal ya requiere dolo, es decir, intencionalidad; en ese sentido, la modificación no agrega nada nuevo. Lo que sí agrega, con efectos reales sobre personas reales, es lo que instala en el imaginario social: que denunciar puede volverse en contra de quien busca ayuda.

Denunciar violencia de género ya presenta numerosas barreras que fueron bien documentadas: económicas –la falta de patrocinio jurídico gratuito obliga a muchas mujeres a endeudarse o desistir–, de información, de sesgos institucionales que desacreditan o minimizan las denuncias, de revictimización, de procesos que se extienden por años sin lograr resolución, y de medidas de protección que muchas veces no alcanzan para garantizar la seguridad de las denunciantes ni de testigos. El proyecto de modificación del Código Penal no propone abordar ninguno de estos obstáculos. Por el contrario, agrega uno nuevo. Al extender el agravamiento de las penas al falso testimonio, el proyecto desincentiva también la participación de profesionales de la salud y de peritos cuyo testimonio muchas veces es el único sostén probatorio en estas causas, especialmente cuando hay niños y niñas involucrados.

Además, el proyecto entra en clara contradicción con una ley que el Congreso de la Nación votó hace poco más de dos años por unanimidad. Se trata de la Ley Lucio, que propone la obligación de capacitar y de denunciar cualquier situación que se conozca de abuso o violencia tanto para profesionales de la salud, docentes y demás personas que conozcan de situaciones de abuso o violencia. ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar a las víctimas, a los profesionales y a la sociedad? ¿Van a estar ahí para brindar ayuda o esto se les va a volver como un boomerang porque la Justicia no da respuestas adecuadas y en un tiempo razonable? La respuesta que necesitamos es mejorar la Justicia, no amenazar penalmente.

Lo que no puede ser falsificado

En febrero de 2026 Argentina fue evaluada por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. En las observaciones finales de su informe, el Comité expresó especial preocupación por el efecto disuasorio de este proyecto de reforma sobre las mujeres que buscan protección y exhortó al Estado a retirar el proyecto. Es más: entre las cuatro observaciones que identificó como prioritarias incluyó el fortalecimiento de los dispositivos de acceso a la justicia y la restitución de programas como el Acompañar y la Línea 144, desfinanciados en los últimos dos años. Si el Congreso aprueba esta reforma, incumplirá con una observación del organismo cuya supervisión la Argentina aceptó al ratificar la Convención.

No es el único incumplimiento. La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres establece que el Estado debe “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”. Ese plan no existe. A más de dos años de iniciada esta gestión, no hay desde el Estado nacional una iniciativa que mejore la calidad de vida de quienes atraviesan situaciones de violencia, ni que responda a los problemas estructurales que los datos señalan una y otra vez. Por el contrario, hay retrocesos institucionales y desinversión en los programas destinados a brindar ayudas urgentes. Y a esto se suma el proyecto: una respuesta punitiva que no resuelve el conflicto, dirigida a quienes ya tienen problemas para acceder al sistema de justicia.

Este proyecto, que en su última versión contempla penas de entre tres y seis años para quienes denuncien “falsamente” violencia de género –penas más altas que el mínimo de seis meses previsto por el artículo 119 del Código Penal para el abuso sexual simple– indica cuáles son las prioridades que sustenta esta iniciativa.

La iniciativa presentada en el Senado define como “falsas” las denuncias que no logran probarse. Eso es estadísticamente excepcional. No se puede legislar sobre excepciones ignorando la problemática estructural: la violencia que ocurre todos los días en espacios privados y que la mayoría de las veces no llega a ninguna institución, la Justicia que demora, el Estado que en lugar de eliminar obstáculos propone sumar uno más y con condena penal.

Analizar esta problemática estructural con datos confiables y debates honestos resulta esencial para mejorar el acceso a la justicia en los casos de violencia de género. Denunciar no puede convertirse en un riesgo. Es urgente lograr que la resolución de los conflictos no se extienda indefinidamente en el tiempo en perjuicio de todas las partes involucradas y que ese proceso evite la revictimización de quienes se animaron a dar el paso más difícil: pedir ayuda.

NG/MG

Los tapires son animales de origen antiguo. Pertenecen a un linaje de mamíferos perisodáctilos del que solo quedan cuatro especies, tres de ellas en Latinoamérica: el tapir de tierras bajas, el tapir de montaña y el tapir centroamericano. Estos grandes herbívoros están amenazados y se mantienen refugiados en franjas cada vez más reducidas de ecosistemas tropicales y andinos.

Las tres especies comparten una función ecológica fundamental. Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, México, explica que al alimentarse de plantas, controlan las poblaciones de múltiples especies. Además, son uno de los pocos animales capaces de ingerir semillas grandes, como las del zapote (Manilkara zapota), contribuyendo a su dispersión. Por eso son conocidos como los jardineros del bosque.

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Sin embargo, la deforestación, la expansión agrícola, la apertura de vías y la minería fragmentan y reducen su hábitat. Ángela Alviz, especialista en la conservación de grandes mamíferos, señala que el cambio climático agrava el problema. La mayor cantidad de días calientes y secos en la región ocasionan disminución de cuerpos de agua, necesarios para la termorregulación del mamífero. Entonces, se ven obligados a recorrer mayores distancias, aumentando su exposición a la cacería y a los depredadores.

Los perros ferales y asilvestrados representan una amenaza adicional, pues se ha documentado que persiguen y cazan tapires, señala Juan Pablo Reyes, parte del Grupo de Especialistas de Tapir de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris) está clasificado como Vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. A pesar de eso, se encuentra en mejor estado de conservación que las otras dos especies. Habita en toda Sudamérica, a excepción de Chile y Uruguay.

El tapir de montaña (Tapirus pinchaque) está En Peligro y su distribución es la más restringida del género, limitándose a una franja de ecosistemas andinos entre Colombia, Ecuador y el extremo norte de Perú. Por último, el tapir centroamericano (Tapirus bairdii) también está En Peligro. Es el mamífero terrestre nativo más grande del sur de México y América Central, con individuos que pueden alcanzar los 250 kilogramos.

En el Día Internacional del Tapir, Mongabay Latam habló con los tres especialistas sobre el estado de conservación de estas especies y los esfuerzos para protegerlas en Colombia, Ecuador y México.

Colombia: Investigadores identificaron áreas para conservar el tapir de tierras bajas en la Orinoquía

El tapir de tierras bajas es el único mamífero conocido capaz de ingerir y dispersar intactas las semillas del moriche (Mauritia flexuosa) y la palma real (Attalea butyracea), de acuerdo con Ángela Alviz, candidata a doctorante en Texas Tech University y especialista en conservación de grandes mamíferos en Sudamérica.

El resto de animales no puede hacerlo porque las semillas de estas palmas son demasiado grandes para pasar por su sistema digestivo. Al depositarlas a kilómetros de distancia de la planta madre, el tapir ofrece la posibilidad de que el moriche y la palma real colonicen nuevas áreas o se recuperen en zonas degradadas.

“[El moriche] es una especie importante en la Orinoquía y en la Amazonía”, dice la experta. Explica que los morichales o palmares de moriche son reservorios de agua y son el hábitat de especies como anacondas y caimanes. Además, la fruta es una fuente de alimento y de recursos para las comunidades que viven en estas regiones. Por eso, el rol del tapir es clave en los ecosistemas.

Sin embargo, la distribución en la Orinoquía colombiana de este animal pardo y con crin era prácticamente desconocida hasta hace unos 10 años, dificultando acciones de protección y conservación. “Con los años fuimos recopilando información por la necesidad de buscar a la especie y protegerla debido a todas esas funcionalidades que cumple”, relata Alviz.

El animal enfrenta presiones crecientes. La deforestación fragmenta sus poblaciones, ocasionando problemas genéticos como el leucismo —condición genética que provoca la pérdida parcial o total de pigmentación en la piel, pelo o plumas, dándoles un aspecto blanco o pálido—, documentado por primera vez en la Orinoquía en 2025 por Alviz.

Aunque es el mamífero más grande de Sudamérica, es difícil de avistar. Esto se debe a que tiene hábitos nocturnos y densidades poblacionales bajas en relación con otros mamíferos grandes, como el venado o el puma. “Por eso nos pusimos en la tarea de buscarlos a través de cámaras trampa”, señala.

Un equipo liderado por Alviz obtuvo 110 registros de tapires en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta, entre 2016 y 2022. Con esa información se identificaron áreas adecuadas para estos animales y áreas degradadas con potencial de restauración.

También se determinaron dos zonas de alta importancia. La primera se ubica en el norte de la Orinoquía, en Arauca. La segunda está en Vichada, en una de las zonas donde ocurre la transición entre la Orinoquía y la Amazonía. Después los investigadores propusieron unidades de conservación del tapir, una herramienta que hasta entonces solo se había aplicado en la región para jaguares, según comenta la científica.

Los resultados se divulgaron en el artículo Idoneidad del Hábitat y Prioridades de Conservación para el Tapir de Tierras Bajas en la Orinoquía Colombiana, publicado en febrero de 2026 en la revista Mastozoología Neotropical.

Aunque la publicación acaba de salir, la investigación “ha tenido un impacto considerable”, señala la experta. Organizaciones dedicadas a la conservación y autoridades regionales se han basado en los datos desde el inicio de la investigación para promover la creación de planes de conservación, corredores biológicos y estrategias de conservación con actores locales.

Ecuador: El Corredor Llanganates-Sangay como apuesta para la conservación del tapir de montaña

En 2006, entre columnas de humo del volcán Tungurahua, piedras incandescentes y flujos de lava, un grupo de biólogos estudiaba el impacto de las erupciones volcánicas en las poblaciones de anfibios. A menos de tres kilómetros del cráter, había un bosque nublado cubierto en parte por gruesas capas de ceniza volcánica.

Rodeado por hojas bastante grandes, estaba un tapir de montaña, una especie de apariencia “prehistórica”, de acuerdo con Juan Pablo Reyes, investigador y miembro del Grupo de Especialistas del Tapir de la UICN. La escena le pareció “fabulosa”. Poco después observó que la erupción obligaba a estos animales de pelaje oscuro y labios blancos a desplazarse hacia áreas con más disponibilidad de alimento y agua, revelando que necesitaban territorios conectados para sobrevivir.

Desde la década de los noventa se documentó la existencia de las mayores poblaciones de tapir de montaña a escala global en el Parque Nacional Llanganates y en el Parque Nacional Sangay, donde se encuentra el volcán Tungurahua. Ambas están en el centro de las estribaciones orientales de los Andes y están separadas por ciudades, carreteras y tierras destinadas a la agricultura y la ganadería.

Para conectar las dos poblaciones, un equipo de expertos, entre esos Reyes, empezó a trabajar en distintas iniciativas de investigación y talleres para diseñar estrategias de conservación.

Reyes relata que junto a sus colegas registraron huellas, heces fecales e imágenes capturadas con cámaras trampa en zonas que no estaban bien mapeadas hasta ese momento. Para el 2011, Reyes junto con el investigador Andrés Tapia lideraron un artículo científico en el que se reportaron nuevos avistamientos del tapir de montaña en las faldas orientales del Tungurahua, afuera de ambos parques nacionales.

Estos estudios fueron clave, asegura Reyes, para que en 2023 se creara oficialmente el Corredor Ecológico Llanganates-Sangay, un área de 92 148 hectáreas. Con esta declaratoria, los municipios de Mera, Baños y Palora tienen la responsabilidad de adecuar sus planes de ordenamiento territorial y aplicar acciones de manejo para la conservación y el desarrollo sostenible.

Para fortalecer la iniciativa, la Fundación Ecominga, la Fundación Óscar Efrén Reyes, el Bosque Protector Hacienda Guamag, entre otras, han creado una red de reservas y refugios de vida silvestre que suman alrededor de 40 000 hectáreas.

“Hay zonas en las que antes no se veía presencia de la especie porque estaban alteradas, hoy se ve una tendencia de recuperación. Se ven huellas de tapir y también de oso andino”, asegura el especialista. En áreas restauradas también se han documentado crías en generaciones consecutivas, con ciclos de tres o cuatro años.

La expansión ganadera, el anuncio de apertura de una carretera a través del Parque Nacional Llanganates y el crecimiento de la minería ilegal todavía son amenazas latentes no solo para los tapires, sino también para la gran biodiversidad que atesoran los flancos orientales de los Andes.

A Reyes le da esperanza atestiguar un cambio en las actitudes de los habitantes de la zona, especialmente de aquellos que fueron cazadores y ahora destinan sus fincas o parte de ellas a la conservación y protección de la biodiversidad. Y concluye: “es importante seguir aportando para proteger estos sitios, en algunos casos prácticamente intactos. Eso da un poco de esperanza a pesar del panorama cuesta arriba, pero no estamos solos”.

México: Estudiar las emociones humanas para conservar el tapir

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El Triunfo, en la Sierra Madre de Chiapas, es una de las regiones más biodiversas de México y con mayor número de especies de mamíferos, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Ahí está la Reserva de la Biósfera El Triunfo, de 119 000 hectáreas, donde habita el tapir centroamericano.

En la zona viven alrededor de 229 000 personas, de las cuales 14 200 viven dentro de la reserva. En los alrededores predomina el cultivo de café, aunque también existen otros cultivos y ganadería.

Los habitantes cumplen un rol clave en la conservación de su entorno, principalmente de especies emblemáticas que figuran en la Lista Roja de Especies Amenazadas, entre ellas el tapir. Por eso, Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, ha liderado y acompañado una serie de investigaciones y proyectos que buscan entender la relación de los seres humanos con la fauna del lugar.

En uno de esos estudios, realizado en 2021, la investigadora Nathalia Castillo-Huitron lideró un análisis de actitudes de conservación. 238 habitantes de la reserva dieron al tapir una puntuación de interés por su protección de 2.09 en una escala de -3 a 3. La calificación estuvo por encima de el jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor) y los resultados se publicaron en 2024 en la revista Biodiversity and Conservation. El mismo estudio identificó que la disposición de una persona a proteger el tapir es uno de los indicadores más sólidos de su actitud general hacia la conservación de la fauna.

En este y otros trabajos, Naranjo y los equipos con los que colabora, conocieron que quienes tuvieron interacción directa con los tapires tendían a tener percepciones más positivas y reacciones menos agresivas. “Las personas que no conocen a estos animales tendían a llevarse mucho más por aspectos culturales o historias que les contaban que muchas veces tienen una connotación negativa”, dice el investigador.

Como solución, entre 2023 y 2024, El Colegio de la Frontera Sur, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Universidad Autónoma de Barcelona desarrollaron un proyecto de educomunicación para mejorar las actitudes de las comunidades hacia el tapir y otras especies emblemáticas. Fueron 446 personas, entre niños y adultos, que participaron en talleres, caminatas etnológicas e intercambios de conocimientos científicos y locales.

“A través de relatos y anécdotas de quienes tuvieron interacción, tratamos de cambiar las percepciones negativas para transformarlas en acciones positivas”, cuenta Naranjo.

Para el especialista, sí hay un cambio favorable a la conservación, principalmente entre niños y jóvenes. “Parecen tener una conciencia cada vez mayor hacia la protección de la fauna silvestre. Muchos ya no están interesados en cazar tapir, como lo hicieron sus padres o abuelos por necesidad”, señala.

Después de los talleres, las comunidades Plan de Ayala, Ampliación Lagunas, Monte Virgen, Toluca y 3 de Mayo reafirmaron su determinación de establecer controles internos para la cacería de subsistencia, sobre todo de animales amenazados y en peligro de extinción. “La evaluación de resultados de estas medidas aún está en proceso”, añade Naranjo.

En otras comunidades de Chiapas ya hay resultados concretos. Naranjo cuenta que poblaciones cercanas a áreas protegidas establecieron prohibición y controles de cacería en sus territorios comunales. También instauraron reservas comunitarias y mejoramiento del hábitat. Cada vez más personas conocen que el tapir es una especie que cumple un rol clave en la dispersión de semillas grandes y es indispensable en el funcionamiento de los ecosistemas en los que habita.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Inicia la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por Colombia y Países Bajos en Santa Marta que busca una ruta para eliminar la dependencia al carbón, al petróleo y al gas.

El foro contempla impactos fiscales, económicos y socioambientales, por lo que se abordarán ejes clave: la transformación de la oferta y demanda energética; la electrificación y fin a los subsidios fósiles, así como acceso equitativo a energías renovables.

Representantes de pueblos indígenas serán clave. Su papel estará centrado en aportar soluciones desde el conocimiento ancestral y al mismo tiempo denunciar las contradicciones de los gobiernos que siguen apostando por los combustibles fósiles.

La agenda contempla espacios para que cerca de 2800 personas de organizaciones, movimientos sociales, ambientalistas, poblaciones indígenas y afrodescendientes establezcan debates en una Asamblea Popular que iniciará el 26 de abril.

Estos diálogos estarán centrados en ciencia climática, transición energética y soluciones encabezadas por comunidades indígenas que buscan dibujar las rutas de transición desde los territorios.

También se esperan espacios de protesta, como la que realizarán representantes de siete pueblos indígenas de Pastaza, Ecuador, quienes denunciarán no solo la ausencia del gobierno de su país en la Conferencia, sino que se sigue expandiendo la actividad petrolera en sus territorios.

“El Estado ecuatoriano promueve dos nuevas rondas que abarcan 11 bloques superpuestos a cerca de tres millones de hectáreas de territorios ancestrales en Napo y Pastaza, donde habitan siete nacionalidades indígenas y existen zonas con pueblos en aislamiento”, dicen las organizaciones.

Además, se abordará el concepto de Zonas Libres de Combustibles Fósiles para evitar, permanentemente, la exploración y la extracción de hidrocarburos en territorios de valor ecológico y cultural.

De acuerdo con un análisis de Earth Insight, 179 millones de hectáreas de bosques tropicales se superponen a bloques de petróleo y gas, aproximadamente el 21 % de los bosques tropicales de alta integridad en la Amazonía, la región del Congo y el sudeste asiático.

En la Amazonía el panorama es crítico, el 14 % de la región y el 12 % de los territorios indígenas están cubiertos por bloques para explotación de hidrocarburos.

Oswaldo Muca, coordinador de la OPIAC, expuso en una conferencia de prensa la preocupación de las comunidades no solo frente a la industria de combustibles fósiles, sino también ante megaproyectos de transición energética y minería que no toman en cuenta a las poblaciones y los ponen en riesgo.

“Hoy se habla sobre el tema de la transición justa, pero en los territorios hay gravedad de los temas de extracción minera. Se habla de transición, pero se viene haciendo esa política de otra manera, para que otros avancen destruyendo el territorio”, dijo sobre las expectativas de la conferencia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño en Mongabay Latam y puedes revisarlo aquí.

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Desde 1970, cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cada año esta fecha es dedicada a reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar el planeta.

Al igual que en 2025, la temática para este año sigue siendo el impulso a las energías renovables, ya que la energía está en el centro de la discusión sobre la crisis climática y también es clave para su solución. Según la ONU, el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen del sector energético, particularmente de la quema de combustibles fósiles, como el gas, el petróleo y el carbón.

A pesar de los avances en normativas ambientales y del impulso de tecnologías más limpias, el camino hacia un futuro sostenible continúa siendo difícil en Latinoamérica. Muchos sectores industriales, incluidos los relacionados con la generación de energía, están en un proceso de adaptación a nuevos estándares que buscan reducir su huella ambiental sin comprometer la productividad.

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*************** FOTO PANEL SOLAR ESPINAR

 En el Día Internacional de la Tierra, Mongabay Latam presenta algunos proyectos que intentan impulsar la energía circular en Colombia, Perú y Argentina. Proyectos orientados a implementar energías renovables y, a la vez, emplear educación climática para el cuidado del medio ambiente.

Un proyecto que ilumina a todo un pueblo en Colombia

En Colombia existe un proyecto novedoso: las comunidades energéticas, que son grupos organizados —ciudadanos, asociaciones, entidades— que generan, gestionan y consumen su propia energía, principalmente renovable, bajo el marco de la transición energética justa.

Esta iniciativa fue creada por el Gobierno colombiano, pero tiene el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, como Transforma, entidad que promueve la acción climática con un enfoque de justicia para construir un futuro sostenible y que apoya proyectos sostenibles en localidades de la costa del Caribe colombiano. Uno de estos proyectos está en Palmor (departamento de Magdalena), donde se cuenta con una central hidroeléctrica pequeña.

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David Ardila, economista y asociado senior en Energía de Transforma, relató a Mongabay Latam que la pequeña hidroeléctrica tuvo un impacto favorable en la población de esta localidad y por eso colaboran para que la planta hidroeléctrica siga vigente.

Según Ardila, se trabaja bajo tres enfoques: administración local, operatividad y mantenimiento. “Si las comunidades no asumen sus roles de administradores, operadores y de mantenimiento, los impactos no podrían ser efectivos y habría riesgos. Así, ahora la gente ve la transición energética como un impacto real”, afirmó.

Palmor genera su propia energía y eso no es un asunto menor. Este corregimiento del municipio de Ciénaga (Magdalena) está situado en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y fue fundado en la década de 1960 por campesinos, en su mayoría provenientes del interior del país, quienes se establecieron en estas tierras fértiles con la esperanza de reconstruir sus vidas. Es una zona que se dedica principalmente a la producción cafetera.

A finales de los años 80, la luz era un lujo al que pocos podían acceder. La Junta de Acción Comunal de Palmor soñó con un proyecto que parecía imposible: construir una pequeña central hidroeléctrica que lleve electricidad a sus hogares. En esa época, la central tenía una capacidad inicial de 125 kilovatios (KW), suficiente para abastecer a unas 90 casas.

La idea era ambiciosa y las dificultades parecían insuperables. Sin embargo, la comunidad respondió con entusiasmo y se unió al proyecto, aportando mano de obra y esfuerzo. La microcentral hidroeléctrica empezó a dar luz a las casas entre los años 1990 y 1991. En 2018, la Asociación de Usuarios del Servicio de Energía de Palmor de la Sierra (Electropalmor ESP) fue seleccionada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia como una de las tres empresas en zonas no interconectadas de Colombia —que no están vinculadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y carecen de un suministro eléctrico constante y de calidad— como referente para replicar su sistema de generación de energía eléctrica y aplicarlo en otros municipios del país.

Hoy, Electropalmor ESP produce hasta 400 KW y es un ejemplo de electrificación sostenible. “Nosotros estamos comprometidos con el desarrollo social a través de la generación, distribución y comercialización de energía sostenible, con el objetivo de proteger el medio ambiente y construir un futuro para las nuevas generaciones”, afirmó a Mongabay Latam Sol Viviana Zapata, directora de la empresa.

Por su parte, Ardila calificó a Electropalmor ESP como la “cereza de la torta” por ser un proyecto exitoso y con resultados positivos. “Es la única empresa que logró sobrevivir con un esquema local, con comunidades campesinas, indígenas. Esta empresa se sostiene sola prestando el servicio a bajo costo, con un régimen tarifario y haciendo mantenimiento a las turbinas”, relató.

Cultivos de fresas a más de 4 000 metros de altura en Perú

Elsa Merma vive en pleno Altiplano peruano, en Espinar, una población ubicada en pampas altas y frías a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Ahí, Merma hizo lo que muchos no pueden hacer: cultivar fresas de exportación. “Todos se sorprendían y nadie nos creía, pero lo hicimos”, relató a Mongabay Latam. La agricultora añadió que ese proyecto lo ejecuta junto a otras seis mujeres de Espinar.

“Como en Espinar estamos en altura, no había verduras ni frutas”, afirmó Merma. Pero fue en ese momento cuando la producción de fresas apareció como una opción sostenible para zonas interandinas de Perú como esta, donde vienen desarrollándose proyectos desde hace varios años gracias a la implementación de invernaderos.

Esos invernaderos permitieron que en zonas muy altas se puedan cultivar las fresas e incluso diferentes productos que requieren calor y mucho cuidado, como zanahorias, lechugas o tomates. La propuesta surgió de la profunda crisis económica que se vivió en el mundo durante la pandemia por el Covid-19.

En plena emergencia sanitaria, la organización CooperAcción implementó tres microsistemas de bombeo de agua utilizando energía solar para la producción de fresas en invernaderos y producción de pasto a campo abierto. Dos de los microsistemas de bombeo benefician a dos asociaciones de mujeres dedicadas a la producción de fresas en Espinar (donde vive Elsa Merma) y en Chamaca, así como a dos familias en el sector de Pacpaco, de la comunidad campesina de Alto Huancané, dedicadas a la producción de pasto para ganados vacuno y ovino.

Todas estas poblaciones son parte del departamento de Cusco y están muy cerca del lago Titicaca, fuente de agua compartida con Bolivia.

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Leopoldo Zambrano, antropólogo y especialista en comunidades campesinas de CooperAcción, detalló a Mongabay Latam que para la producción de fresas en Espinar se abastece 0.3 litros por segundo de agua a un tanque elevado. Con esa agua —dijo-— se riega un área de 100 metros cuadrados a través de riego por goteo. Por su parte, en Chamaca se tiene la capacidad de bombear 0.6 litros por segundo de agua hacia un geotanque de cinco metros cúbicos, con lo que se riega, bajo el mismo modelo de Espinar, un área de 340 metros cuadrados.

“En la construcción han participado en forma activa las beneficiarias con mano de obra no calificada. En la actualidad, las que operan estos microsistemas de bombeo de ‘agua solar’ son las propias beneficiarias, que en ocasiones especiales involucran a sus parejas con mantenimiento de fuentes de agua, reposición de accesorios deteriorados y reinstalación del sistema de goteo”, afirmó Zambrano.

El experto añadió que las fresas se producen sólo entre los meses de octubre a mayo y que en periodo seco o heladas no es posible la producción, ya que la temperatura desciende hasta -15°C en Espinar y -8°C en Chamaca.

Aún así, en los meses de alta producción se cosechan aproximadamente 100 kilos cada 10 días en Espinar, explicó Merma. En Chamaca, por su parte, se producen 100 kilos cada semana.

El cultivo de fresas se ha convertido en una alternativa de ingreso económico importante en Espinar, donde la minería es la principal fuente de trabajo. Las mujeres están felices porque hoy tienen un ingreso que viene de una actividad sostenible que les permite ganarse la vida sin contaminar su territorio.

Un lugar en Argentina donde la cáscara de maní produce energía eléctrica 

El 1 de marzo de 2023 Argentina sufrió un apagón de más de tres horas que dejó sin energía eléctrica a más de 20 millones de personas. Muchas ciudades quedaron afectadas, pero en Ticino, una localidad en la provincia de Córdoba a 467 kilómetros de Buenos Aires, la luz siguió brillando. ¿La razón? En esa población de casi 3 000 habitantes se produce energía eléctrica con cáscaras de maní.

Este producto vegetal autoabastece al pueblo con energía limpia y permitió dar respuesta a un problema ambiental y social que se arrastró durante años.

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Todo empezó hace 18 años. Argentina es el tercer productor de maní en el mundo y Ticino es parte del corredor de esa cadena productiva. En 2008, la cáscara de maní era considerada como basura que afectaba el medio ambiente e incluso era uno de los principales focos para el inicio de los incendios.

 El plan, que hasta ese entonces era una iniciativa privada de la empresa manisera Lorenzatti Ruech, comenzó a tomar ritmo con una inversión inicial de ocho millones de dólares y consistió en la creación de la firma Generación Ticino Biomasa y la construcción de la gran planta de generación eléctrica.

En 2018, a los capitales privados se le sumó la asistencia del Estado argentino a través de RenovAR, un programa orientado a asistir a industrias de distintos puntos del país en proyectos para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. El acuerdo consistía en que el propio Estado sea el comprador a un precio estable de la energía que, una vez que ingresa a la red general, está disponible para abastecer al pueblo.

“Generación Ticino Biomasa es una central de generación de energía eléctrica con capacidad de 4.63 MW (megavatios) que opera en base a cáscara de maní y eventualmente en base a pequeños fragmentos de madera”, explicó a Mongabay Latam Fabio Bruschini, presidente de la empresa Generación Ticino Biomasa.

El emprendedor detalló el proceso técnico. Según dijo, mediante la quema de la cáscara de maní se produce calor que genera vapor de alta presión en el domo de una caldera grande. Ese vapor expuesto a alta presión y alta temperatura ingresa a la turbina, donde se expande para generar trabajo mecánico en su eje. Finalmente, este eje acciona un generador eléctrico que es el que produce la electricidad en la central de biomasa.

“El vapor de baja presión que sale de la turbina se introduce en un condensador, donde cambia al estado líquido. Posteriormente, una bomba se encarga de aumentar la presión del fluido en la fase líquida para volver a introducirlo nuevamente en la caldera, cerrando de esta manera el ciclo”, detalló Bruschini.

El vapor generado se expande en la turbina y acciona un generador eléctrico que entrega energía en 13,2 KV. El rendimiento global de la central es de 22.6 %. Ese rendimiento es algo positivo, según Bruschini, ya que se vinculan con la red de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito “Ticinense” Ltda.

Hace unas décadas la cáscara de maní era un desperdicio en Ticino, pero ahora es necesaria para la generación de energía eléctrica. En el pueblo tienen claro que la generación de energía renovable llegó para resolver dos problemas: la falta de electricidad de calidad y la dificultad de gestionar adecuadamente la enorme cantidad de cáscara de maní que dejaban los procesos industriales.

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Tras un viaje de 3200 kilómetros desde el Parque Nacional Patagonia hasta el Parque Nacional El Impenetrable y un año de adaptación a su nuevo entorno, cinco guanacos, los camélidos más grandes de Sudamérica, han sido liberados en su hábitat natural.

Los guanacos (Lama guanicoe) se han reintroducido para aumentar la población regional en el ecosistema del Chaco Seco en El Impenetrable y desempeñarán un papel importante en la recuperación de los pastizales del parque, que han sufrido décadas de sobrepastoreo por parte del ganado.

Si bien Rewilding Argentina, la organización no gubernamental de conservación de vida silvestre que lideró la iniciativa, la considera un éxito, algunos académicos argentinos argumentan que este tipo de translocaciones conllevan el riesgo de mezclar poblaciones de guanacos con diferente composición genética y podrían ser más perjudiciales que beneficiosas.

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Se estima que la población de guanacos oscila entre 1.5 y 2.2 millones en las praderas del sur y oeste del continente. Entre el 81 % y el 86 % de los guanacos se encuentra en Argentina, entre el 14 % y el 18% en Chile, mientras que una pequeña población relicta habita el norte de Perú. Sin embargo, el último avistamiento registrado de un guanaco en la provincia del Chaco argentino data de 1913. La caza y la pérdida de pastizales debido a la ganadería han provocado la extinción local de la especie, sobreviviendo únicamente poblaciones fragmentadas en la frontera entre Paraguay y Bolivia.

La translocación de tres hembras, un macho y un guanaco joven fue realizada por Rewilding Argentina en coordinación con la Administración de Parques Nacionales de Argentina y las provincias de Chaco y Santa Cruz. Los animales provenían de la Patagonia, región que, según estudios, alberga alrededor del 90 % de los guanacos de Argentina.

El traslado implicó varias técnicas novedosas, como cubrir los corrales con tela negra, la cual, según Rewilding Argentina, tiene un efecto calmante en los guanacos. Los corrales también se instalaron en pendientes descendentes, justo después del punto más alto de la ruta de pastoreo, de modo que cuando los animales se toparon por primera vez con ellos, no pudieron evitarlos. Una vez en El Impenetrable, los guanacos fueron colocados en corrales de preliberación para adaptarse a su nuevo entorno.

Según Sebastián Di Martino, director de conservación de Rewilding Argentina, la liberación involucra a un grupo familiar para “respetar la estructura social de los animales que traemos de la Patagonia”. Otros 20 guanacos se están aclimatando actualmente en el parque y las futuras liberaciones dependerán de las tasas de supervivencia de los primeros animales liberados en El Impenetrable.

Como la mayoría de los herbívoros, los guanacos desempeñan un papel importante en la mejora del suelo con sus excrementos, mientras que su pastoreo ayuda a controlar los matorrales, despejando el terreno y permitiendo una mayor diversidad de plantas. Este pastoreo también evita la acumulación de materia seca y muerta que podría convertirse en combustible para incendios forestales. “En ausencia de guanacos, los ecosistemas de El Impenetrable se han degradado gravemente”, explica Di Martino.

También son presa importante para depredadores como los pumas (Puma concolor) y los jaguares (Panthera onca), que también están siendo reintroducidos en la región.

Según Di Martino, las comunidades indígenas locales también han apoyado el regreso de los guanacos, ya que impulsarán el ecoturismo y la observación de la fauna silvestre, y con ello, el empleo.

Académicos cuestionan los traslados

No todos han recibido con agrado la medida y el reciente traslado ha reavivado una disputa de 2023, cuando varios académicos publicaron una carta abierta argumentando que la evidencia científica no respaldaba el traslado de guanacos en Argentina.

En ese momento, el punto de controversia era el traslado de 45 guanacos a lo largo de más de 1500 kilómetros, desde el sur de la Patagonia hasta la región de las Pampas, un proyecto que fue precursor de la iniciativa actual. 

Los expertos señalaron que no había suficiente evidencia científica para justificar la translocación. También advirtieron que, si ambas poblaciones se cruzaban, la composición genética de la población más pequeña podría verse sobrepasada por los genes de los guanacos patagónicos introducidos y potencialmente perderse para siempre, un proceso conocido como “inundación genética”.

Ulises Balza, profesor asistente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, fue uno de los autores de la carta de 2023. En un correo electrónico a Mongabay, escribió: “Como con cualquier intervención de gestión, se trata de sopesar cuidadosamente los beneficios potenciales frente a los costos potenciales”.

Si bien no se opone a la idea en sí, explicó, le preocupaba la ausencia de una evaluación transparente e integral. “Sin dicha evaluación, no solo existe el riesgo de impactos no deseados en los ecosistemas, sino también la oportunidad perdida de aprender de la experiencia y mejorar las intervenciones futuras”, escribió.

Balza señaló investigaciones sobre el impacto que las enfermedades infecciosas pueden tener en las translocaciones, como en los intentos de trasladar la tortuga del desierto de Mojave (Gopherus agassizii) y, más recientemente, los esfuerzos por reubicar koalas en Nueva Gales del Sur para reforzar la población local, que terminaron con la muerte de siete de los 13 animales.

También cuestionó si el guanaco debería considerarse una especie prioritaria para la conservación, dada su población en otras zonas de Argentina, y si los esfuerzos deberían centrarse en necesidades de conservación más urgentes en la región del Chaco.

“Si las acciones de conservación han de guiarse por la ciencia, una intervención de este tipo difícilmente resistiría un escrutinio científico riguroso”, escribió. También expresó su preocupación de que organizaciones privadas internacionales con amplios recursos, en lugar de fundaciones locales o regionales, puedan llevar a cabo intervenciones a gran escala que respalden su propia agenda, con una supervisión regulatoria limitada.

Al mismo tiempo, según él, “la ciencia financiada con fondos públicos, incluido el conocimiento especializado de numerosos expertos en guanacos, no participa en estos procesos”.

Para responder a estas críticas, Di Martino escribió a Mongabay diciendo que, además de la propia experiencia de Rewilding Argentina en la investigación y gestión de guanacos, el proyecto se desarrolló en colaboración con expertos externos, entre ellos el biólogo Fabián Tittarelli, ex subsecretario de Medio Ambiente de la provincia de La Pampa en Argentina, y Malena Candino, una investigadora argentina de la Universidad de Wisconsin-Madison, que estudia las poblaciones de guanacos en la Patagonia.

En referencia a la genética, escribió que los estudios científicos han analizado subpoblaciones de guanacos en distintas regiones y que “no habrá inundación genética porque estamos utilizando guanacos de la misma especie, la misma subespecie y los más estrechamente emparentados genéticamente con los guanacos del Chaco Seco de Bolivia y Paraguay”.

Filippo Marino es investigador en el Instituto de Ecología Aplicada de Roma y vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Interacciones entre Humanos y Vida Silvestre de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Anteriormente ha escrito sobre la falta de criterios claros en torno a las translocaciones; las directrices más recientes de la UICN sobre cómo deben llevarse a cabo se publicaron en 2013.

La UICN enumera cuatro tipos de translocaciones para la conservación, explicó a Mongabay durante una llamada telefónica. Estas incluyen la reintroducción y el refuerzo poblacional, centrados en la restauración de poblaciones dentro de su área de distribución natural, como el bisonte europeo (Bison bonasus) en Polonia.

Las otras son la colonización asistida y el reemplazo ecológico, que implican el traslado y la liberación de un organismo fuera de su área de distribución natural. Un ejemplo clave, sugiere, es el traslado del kākāpō (Strigops habroptilus), una especie de loro no volador de Nueva Zelanda, a islas libres de depredadores.

Puede ser un tema controvertido, afirma, y cualquier traslado “debe basarse en la ciencia y estar respaldado por evidencia sólida”. También debe incluir un estudio de viabilidad y considerar todos sus impactos potenciales, desde los ecológicos y biológicos hasta los sociopolíticos, agregó.

El problema se complica aún más por los importantes recortes a los presupuestos ambientales de Argentina bajo la administración del presidente Javier Milei, una caída en términos reales de casi el 69 % en 2025 en comparación con 2023, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Como resultado, “la mayoría de los científicos en Argentina actualmente luchan simplemente para mantener sus puestos”, afirma Balza. “En este contexto, se vuelve difícil sostener el tipo de debate abierto y necesario sobre cómo los sectores público y privado pueden trabajar juntos de manera constructiva y transparente”, dice.

Pero superar estas dificultades es vital, añade Marino, quien sugirió que los sectores público y privado deben dejar de trabajar de forma aislada y coordinar sus estrategias de conservación de la naturaleza a nivel nacional y regional. “Existe un gran potencial de sinergia”, concluye.

Este texto se publicó originalmente en inglés Mongabay y puedes leerlo aquí. Edición en español: Emilia Delfino

REFERENCIAS

Travaini, A., Zapata, S. C., Bustamante, J., Pedrana, J., Zanón, J. I., & Rodríguez, A. (2015). Guanaco abundance and monitoring in southern Patagonia: Distance sampling reveals substantially greater numbers than previously reported. Zoological Studies, 54(1). doi:10.1186/s40555-014-0097-0

Aiello, C. M., Nussear, K. E., Walde, A. D., Esque, T. C., Emblidge, P. G., Sah, P., … Hudson, P. J. (2014). Disease dynamics during wildlife translocations: Disruptions to the host population and potential consequences for transmission in desert tortoise contact networks. Animal Conservation, 17(S1), 27-39. doi:10.1111/acv.12147

Balza, U., Baldi, R., Rodríguez‐Planes, L., Ojeda, R., & Schiavini, A. (2023). Scientific evidence does not support the translocation of guanacos in Argentina. Conservation Science and Practice, 5(11). doi:10.1111/csp2.13031

Marin, J. C., González, B. A., Poulin, E., Casey, C. S., & Johnson, W. E. (2012). The influence of the aridAndean high plateau on the phylogeography and population genetics of guanaco (Lama guanicoe) inSouthAmerica. Molecular Ecology, 22(2), 463-482. doi:10.1111/mec.12111

Marino, F., McDonald, R. A., Crowley, S. L., & Hodgson, D. J. (2024). Rethinking the evaluation of animal translocations. Biological Conservation, 292, 110523. doi:10.1016/j.biocon.2024.110523

En medio de una crisis en torno al combustible a nivel mundial por guerras y conflictos y ante una dependencia global por el petróleo, el gas y el carbón, representantes de 45 países se reunirán en Santa Marta, Colombia, para pensar cómo abandonar los fósiles de forma justa y basada en evidencia.

Se trata de la Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles que se realizará entre el 24 y el 29 de abril, cuando se reunirán por un lado ministros, representantes de gobiernos y portavoces, pero también académicos, organizaciones civiles, comunidades y sectores privados.

Ambientalistas, organizaciones civiles, autoridades y especialistas que acudirán a este encuentro cuentan a Mongabay Latam las expectativas y los retos de esta iniciativa para empezar a imaginar una vida sin combustibles fósiles, presentes en la vida diaria, desde la ropa y el plástico, hasta el transporte, la electricidad y la calefacción.

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Santa Marta, un encuentro de alternativas, pero sin obligaciones

Si bien el encuentro en Santa Marta se inició tras un fallido intento por generar una ruta de salida a los combustibles fósiles en la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), no es un espacio de negociación formal, sino un foro para abordar alternativas entre países que buscan dejar atrás la dependencia a los hidrocarburos.

“Esta conferencia no va a intentar convencer a nadie. Estamos convencidos de que es urgente realizar acciones de transformación para disminuir esa dependencia y la eliminación de esos combustibles”, dice Luz Dary Carmona, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio de Colombia al explicar uno de los tres pilares que sostienen al encuentro.

Los otros soportes del foro se centran en transformar la oferta y la demanda de los combustibles, mediante el cierre gradual e incentivos para energías renovables, así como en soluciones que aceleren la transición energética justa mediante la cooperación entre países.

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Aunque los resultados en Santa Marta buscarán complementar las negociaciones climáticas de la COP, estos no son obligatorios para los países que acuden al encuentro.

“Desgraciadamente no será nada vinculante porque en el marco del Acuerdo de París los procesos son nacionalmente determinados, así que los criterios pueden ser globales, la identificación de barreras y de palancas para la transición se estima que será global, pero nadie puede obligar a los Estados a hacer nada”, explica Claudio Angelo, coordinador de Política Internacional del Observatório do Clima.

El especialista sostiene que por este motivo, las alianzas que se puedan tejer en Santa Marta serán clave para acciones futuras.

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Justicia, un principio ausente en la conversación

Entre el 24 y el 27 de abril, el encuentro abrirá espacios de diálogo para la academia, sociedad civil, comunidades y sector privado, entre otros, con el objetivo de identificar vías que permitan una transición justa.

Para Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, hay un reto en este segmento del foro para escuchar las alternativas que las comunidades buscan expresar.

“A estas poblaciones que han sido marginalizadas e invisibilizadas en escenarios de diálogo son justamente a las que hay que escuchar para garantizar estos ejercicios de inclusión en los procesos de abandono de los combustibles fósiles”, comenta el especialista.

Además, agrega que se deben elaborar mecanismos de seguimiento a las participaciones de las comunidades y que permitan no solo diálogo, sino también una fiscalización ciudadana de los resultados.

“En esta conferencia debe quedar una hoja de ruta de qué se quiere alcanzar y para ello debe haber no solamente compromisos, sino también un ejercicio de control y seguimiento de las comunidades a sus respectivos gobiernos”, comenta a Mongabay Latam.

En tanto, Sara Larraín, ambientalista y directora de la Fundación Chile Sustentable, organización que también acudirá al encuentro, sostiene que para abordar una transición energética justa debe haber un reconocimiento de los costos desiguales e impactos que enfrentan territorios y países.

“Va a ser un excelente ejercicio ver el abandono de combustibles fósiles con un componente de equidad”, advierte la especialista y agrega: “Si no logramos, con los temas de adaptación, generar acciones bottom up [de abajo hacia arriba] desde los territorios potencialmente afectados, no vamos a avanzar a nivel de las élites negociadoras”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Además, Larraín considera que debe haber un mayor acercamiento de las tecnologías renovables a los sectores más vulnerables para que exista un empoderamiento y acercamiento directo con la transición energética justa.

“El hecho de tener un panel solar en tu techo te hace más cercano al sector. Tienes que buscar, entender e informarte. Es un beneficio enorme porque hasta ahora la energía eléctrica funciona como un servicio que aparece como magia, cuando hay una cadena de producción detrás invisibilizada y desconectada entre sí”, sostiene.

De acuerdo con autoridades del Ministerio de Ambiente, se espera que en Santa Marta participen cerca de 2800 personas de organizaciones, movimientos sociales, ambientalistas, así como comunidades y poblaciones indígenas.

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El papel de gobiernos y privados, una incertidumbre

Para ir más allá de los discursos para abandonar los combustibles fósiles, otro reto será el nivel de participación de los gobiernos y sectores privados, de acuerdo con Lorena Caballero López, directora técnica del Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

La especialista considera que, hasta ahora, no hay información detallada del nivel de participación que tendrán los países en sectores clave, más allá del ambiental.

“No es lo mismo que acudan solamente autoridades ambientales a representantes de otras áreas que son vitales, con la parte financiera y la energética”, señala Caballero.

Además, comenta que será clave conocer cómo cumplir las acciones nacionalmente determinadas. “La expectativa es que vayamos con rutas y acciones tangibles, ya todos tenemos una serie de acuerdos firmados. La idea es llegar con los cómo”, advierte.

Caballero destaca que la participación de países de la región con economías intensivas de carbono jugarán un papel importante en el encuentro para ofrecer alternativas.

“Tenemos una región que en su mayoría sigue siendo de economías intensivas en carbono. Recibimos mucho más ingresos de ese tipo de actividades y destinamos mucho más a seguirlas financiando. El hecho de que la participación pueda ser importante va a ser un gran éxito de entrada”, adelanta.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño en Mongabay Latam y puedes revisarlo aquí.

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La inversión pública en ciencia y tecnología en Argentina se encamina a marcar un nuevo mínimo histórico en 2026. Según un reciente informe del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación publicado por el Grupo EPC-CIICTI, el presupuesto destinado a la Función Ciencia y Técnica (FCyT) de la Administración Pública Nacional representará apenas el 0.140 % del Producto Bruto Interno (PBI), el nivel más bajo desde que existen registros, iniciados en 1972.

El análisis advierte que, al cierre del primer trimestre de 2026, el financiamiento del sector acumula una caída del 50.8 % respecto a 2023. Esta tendencia consolida un retroceso sostenido que, lejos de revertirse, profundiza el deterioro del sistema científico argentino.

El informe también subraya el creciente incumplimiento de la Ley 27.614 de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología —actualmente suspendida—, que establecía metas progresivas de inversión. En 2024, el gasto en ciencia representó poco más de la mitad de lo estipulado por la norma; para 2026, el presupuesto ejecutado apenas supera el 25 % del piso previsto, lo que evidencia una brecha cada vez mayor.

El impacto de estos recortes se refleja con especial crudeza en los principales organismos del sistema. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), eje central de la investigación en el país, proyecta una nueva caída del 18.2 % durante 2026. Esta reducción se suma a los descensos registrados en 2024 (17.7 %) y 2025 (14.2 %), lo que implica una reducción total del 42.2 % en tres años.

Una situación aún más crítica atraviesa la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), responsable del desarrollo del Plan Espacial Nacional y actor clave en proyectos internacionales como la misión ATENEA-ARTEMIS de la NASA. Para 2026, el organismo enfrentará un recorte adicional del 53.7 %.

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Luego de que Bolivia fuera incluida por Estados Unidos en el bloque de países en los que el presidente Donald Trump busca explorar tierras raras y minerales críticos para la transición energética y tecnologías avanzadas, la decisión despertó alertas por los posibles impactos ambientales que implicaría la explotación de estos elementos, pero también por la afectación a pueblos indígenas que habitan zonas donde se extendería la minería.

El país sudamericano posee 31 de los 38 minerales críticos identificados para la transición energética, pero no hay planes claros para su explotación sostenible, aseguran expertos consultados.

Estados Unidos busca unir a 50 países en torno a los minerales críticos y tierras raras con la intención de contrarrestar la potencia china en este ámbito. En Bolivia, la Chiquitania, en el oriente del país, es la zona donde se presumen más tierras raras y minerales críticos, pero a la vez es donde los pueblos indígenas se pusieron en alerta frente a un posible avance sobre sus territorios.

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Los minerales críticos son elementos naturales, como metales y minerales, esenciales para la fabricación de tecnologías modernas, pero cuyo suministro es escaso debido a su concentración geográfica en pocos países y la elevada demanda global. Los potenciales de Bolivia se encuentran alrededor de tres zonas: Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.

Las tierras raras son 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio). Se incluyen el escandio y el itrio porque aparecen frecuentemente mezclados con los lantánidos en los mismos yacimientos.

Los proyectos que ya se activaron

En Bolivia ya hay tres proyectos que ponen en alerta a pueblos indígenas y defensores ambientales en el departamento de Santa Cruz. El primero es el La Cruz Pico Suto, que está en la provincia Ñuflo de Chávez, donde los pueblos indígenas guarayo, chiquitano y ayoreo no fueron consultados, contraviniendo normativas de derechos indígenas. Además, existe preocupación por la supuesta contaminación y afectación a los bosques y recursos hídricos en la zona de influencia.

El segundo proyecto es el del Cerro Manomó, con 12 000 hectáreas para explotar. El tercer proyecto es el Rincón del Tigre. Entre los elementos que se han encontrado en estas áreas están el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros.

Mongabay Latam envió una solicitud de información al Ministerio de Minería y Metalurgia para conocer los cuidados ambientales que se realizan en estos proyectos, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió una respuesta.

Sin embargo, José Córdova, presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), empresa pública encargada de administrar la cadena productiva de la minería estatal en el país, afirmó a este medio que el Gobierno boliviano estuvo presente en marzo en la Convención Anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), donde existió -dijo- interés de al menos 20 empresas para explorar y explotar minerales críticos y tierras raras. El país también estuvo en Washington, en febrero pasado, en la reunión ministerial de minerales críticos impulsada por el gobierno de Donald Trump.

“Obviamente se verá todo el tema ambiental, se verá el cuidado del medioambiente en todos estos proyectos. Este tipo de nueva minería puede atraer muchos recursos para el país y la idea es generar esos recursos sin dañar el ambiente”, afirmó Córdova.

 *FOTO MANOMO* El cerro Manomó está ubicado en la Chiquitania boliviana. Allí proyectan explorar minerales críticos y tierras raras. Foto: cortesía Revista Nómadas

El funcionario dijo respecto al caso de Cerro Manomó que “se trata de un proyecto asociado a una formación de tipo carbonatítico, es decir, a un tipo de roca ígnea que constituye una de las principales fuentes mundiales de tierras raras ligeras, y también de niobio”. Además, del proyecto Rincón del Tigre, detalló que está “enfocado en minerales del grupo del platino, [y que] también está en fase de prospección”.

Córdova añadió que, en el caso del Rincón del Tigre, Comibol presenta un proyecto con trabajos de muestreo, perforación y análisis geoquímicos con control de calidad, “lo que muestra un proceso técnico de evaluación más allá de una identificación preliminar del área”.

En Bolivia, varios de estos metales ya son explotados por algunos actores productivos que operan en el país, algunos tienen proyectos de explotación y sobre otros no se tienen cuantificadas las reservas. Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, afirmó a Mongabay Latam que se necesita una nueva ley minera que integre a todos los actores del sector, promueva tecnologías limpias y garantice seguridad jurídica para los inversionistas. Pero que también proteja el medioambiente.

“La transición hacia una minería sostenible y competitiva es crucial para que Bolivia pueda aprovechar su potencial mineral y contribuir a la transición energética global. Esto requiere un compromiso político firme, inversiones en infraestructura, tecnología y una estrategia nacional que priorice el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades afectadas”, dijo Oporto.

Según un reporte publicado en septiembre de 2025 por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), varios países latinoamericanos ocupan un sitial en el ranking mundial de reservas probadas globales de minerales críticos. Por ejemplo, Bolivia ocupa el primer lugar en litio (21.6 %) y Chile en cobre (9 %). Argentina tiene las segundas mayores reservas de litio (20.6 %), Perú la tercera mayor de cobre (3.9 %), Brasil tiene la tercera de níquel (15.7 %) y Cuba la tercera mayor de cobalto.

Críticas de expertos y líderes indígenas

Héctor Córdova, especialista en minería de la Fundación Jubileo, indicó que Bolivia no cumple los requisitos para grandes explotación de minerales críticos y tierras raras, a pesar de que desde hace muchos años se los explotan, como el cobre, el antimonio, bismuto, wólfram, pero a escala muy pequeña en fundiciones.

“El Estado no tiene la posibilidad de hacer inversiones grandes ahora, las cooperativas tampoco y solo queda el sector privado, pero para que este se anime a invertir, tiene que venir capital de afuera. Y para que venga ese capital tiene que haber condiciones, porque si invierten y después las cooperativas [mineras, muchas de ellas irregulares] avasallan la mina, ¿quién va a venir así?”, cuestionó Córdova.

Cirila Tapendaba, presidenta de la Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), afirmó a Mongabay Latam que en los territorios guarayos no se realizaron un proceso de consulta previa y que tampoco tienen información sobre los proyectos de minerales críticos y tierras raras. La dirigente pidió al Gobierno no realizar trabajos mineros en zonas indígenas.

“Nosotros, como Copbag, no tenemos información sobre los proyectos mineros que tiene el Gobierno en este tema [minerales críticos y tierras raras]. No queremos zonas afectadas como en el norte de La Paz, donde los hermanos indígenas denuncian que sus territorios están contaminados por la minería”, destacó Tapendaba.

Según Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), más de la mitad de los proyectos extractivos de minerales críticos en América Latina y el Caribe afecta de manera directa o indirecta a territorios indígenas titulados.

Además del impacto ambiental -como la pérdida de bosques y el aumento del estrés hídrico-, Vargas afirmó que la explotación de estos recursos genera riesgos sociales y culturales, entre ellos, desplazamiento forzado, fragmentación territorial, migración y debilitamiento de los sistemas de autoridad y toma de decisiones comunitarias.

Vargas explicó a Mongabay Latam que en Bolivia el área de la Chiquitania es la zona de transición a la Amazonía y que toda actividad extractiva en comunidades chiquitanas tendrá efectos en los pueblos amazónicos, que abarcan los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz.

“La transición energética no puede construirse a costa de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ni mediante la devastación de sus territorios y el medioambiente. La situación que enfrentan las comunidades indígenas de las regiones de la Chiquitanía y el Pantanal evidencia que, lejos de representar una salida al modelo extractivista, la llegada de proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos tiende a profundizarlo. Esto genera mayores presiones sobre los territorios y nuevas violaciones a los derechos indígenas”, afirmó Vargas.

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En el Parque Nacional Alerce Costero, en el sur de Chile, está el Alerce Abuelo. Es un árbol de la especie Fitzroya cupressoides que tiene al menos 2400 años. Bajo tierra guarda una densa y diversa comunidad fúngica que lleva nutrientes a la planta. Los hongos, a cambio, se alimentan del carbono que captura el árbol, ayudando a fijar el gas responsable del calentamiento global en el suelo. Por eso, el longevo árbol y sus pares son reservorios de biodiversidad y desempeñan un rol crucial en la mitigación del cambio climático.

“Me gustaría que la gente entienda que no todos los árboles son iguales. Si se corta un árbol así, no puede ser reemplazado”, dice Camille Truong, micóloga del Royal Botanical Garden Victoria, en Australia. Su colega Adriana Corrales, científica líder de investigación de campo en la Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas (SPUN, por sus siglas en inglés), insiste en que un alerce milenario no puede ser reemplazado ni siquiera con 10 árboles jóvenes, porque no tienen la gran diversidad de hongos que los árboles viejos han ido acumulando a lo largo de siglos.

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Truong y Corrales son coautoras principales del estudio Los árboles de gran diámetro contribuyen de manera desproporcionada a la diversidad de hongos del suelo en un bosque de coníferas con algunos de los árboles más antiguos de la tierra. El artículo se publicó en marzo pasado en la revista Biodiversity and Conservation.

El grupo de investigadores quería indagar en cómo cambiaba el microbioma del suelo a lo largo de diferentes estadios del desarrollo de la especie. “Teniendo el Alerce Abuelo, esperábamos una composición diferente, pero no esperábamos este cambio tan fuerte en el número de especies”, explica Corrales.

Los resultados mostraron que la riqueza de hongos bajo el suelo es significativamente mayor bajo árboles de gran diámetro y biomasa. El Alerce Abuelo, que alcanza los 30 metros de altura y tiene 4.7 metros de diámetro, tiene más del doble de diversidad de especies de hongos en el suelo cercano a sus raíces que otros ejemplares.

Los investigadores estudiaron especialmente la presencia de micorrizas arbusculares, un grupo de hongos que establece una simbiosis mutualista con las raíces de las plantas. En contraste, la mayoría de las coníferas del hemisferio norte se asocian con hongos ectomicorrízicos, que se caracterizan por formar un manto alrededor de la raíz de los árboles y no penetrar las células vegetales.

En el artículo se explica que estos hongos son vitales para el crecimiento del alerce. Además, Truong señala que las micorrizas ayudan a los árboles a adaptarse a cambios ambientales. Las micorrizas también podrían ser milenarias, como sus huéspedes, de acuerdo con Corrales, aunque reconoce que la ciencia todavía no tiene las herramientas para determinar la edad de estos organismos.

“Los resultados son fascinantes”, afirma Patricia Silva-Flores, profesora auxiliar de la Universidad Católica del Maule, Chile, e investigadora de hongos y micorrizas. Para la especialista, los hallazgos de sus colegas ofrecen nueva información que permite argumentar científicamente la importancia de conservar los ecosistemas antiguos. “Esto demuestra que mientras más antiguo, hay mayor diversidad. Los alerces son reservorios”, añade.

Es una especie milenaria de crecimiento lento

El alerce es la segunda especie arbórea más longeva del planeta, solo después del pino longevo (Pinus longaeva). No obstante, las poblaciones de este imponente árbol se están reduciendo por destrucción y fragmentación de hábitat, cambio climático, incendios y tala ilegal, de acuerdo con el estudio. Por eso, figura en la categoría En Peligro de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Conocido en mapudungun –la lengua del pueblo mapuche– como lahual, se distribuye en los bosques templados lluviosos del sur de Sudamérica. Su presencia se concentra en la costa de Chile, donde está el Parque Nacional Alerce Costero, y en la Cordillera de los Andes. El artículo señala que solo cerca del 40 % de sus áreas de distribución están protegidas.

Corrales explica que su longevidad se atribuye, en parte, a que tiene un crecimiento lento. Esto resulta en una madera bastante densa que defiende al árbol de las enfermedades. “Es una estrategia ecológica de las especies que viven en lugares con muy pocos nutrientes”, dice. Además, gracias a su gran tamaño, los alerces acumulan considerables cantidades de carbono.

Sin embargo, la característica que fortalece al árbol en el ecosistema lo vuelve atractivo para los madereros. El individuo más longevo conocido vivió alrededor de 3622 años, hasta que fue talado en 1976. En la actualidad ya no hay bosques de alerces en el Parque Nacional Alerce Costero, aunque quedan pequeños parches entre bosques de hayas del sur (Nothofagus).

El Alerce Abuelo está aislado de la población principal de alerces y los científicos no saben la razón. Estudios previos establecieron su edad en alrededor de 2400 años, pero no se ha podido conocer la edad del resto de los árboles estudiados en esta investigación. Por eso, los autores se guiaron por el tamaño de cada individuo.

Se recolectaron muestras de suelo debajo de 31 individuos de alerce clasificados en tres grupos: plántulas, árboles medianos y árboles grandes, donde se incluyó al Alerce Abuelo. Se midieron variables como el diámetro a la altura del pecho, la altura y la biomasa del árbol. Además, se analizaron propiedades químicas del suelo, como PH, fósforo, nitrógeno y carbono.

Para identificar los hongos, se utilizó metabarcoding de ADN. Esta es una técnica de biología molecular para identificar y caracterizar comunidades biológicas complejas a partir de muestras ambientales. Se seleccionan y amplifican regiones específicas del genoma que sirven como “códigos de barras” para distinguir los grupos de interés. Después de un proceso de secuenciación y procesamiento, se comparan las secuencias con bases de datos de referencia de ADN para identificar los niveles taxonómicos.

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Hay una red invisible bajo el suelo

Las micorrizas no se ven a simple vista, pero al observarlas bajo un microscopio se revela una red llamada micelio, explica Truong. “Las redes o el micelio de estos hongos es super activo, mueve millones de toneladas de carbono a nivel global”, añade Corrales. Un estudio publicado en 2023 en Current Biology encontró que estas comunidades fúngicas trasladan al suelo cerca de 1000 millones de toneladas de carbono cada año.

Entonces, además de guardar el principal gas de efecto invernadero en su biomasa, los alerces sostienen una importante red fúngica que captura y almacena el carbono bajo el suelo.

En el estudio se explica que, producto de la fotosíntesis, el árbol entrega carbono a los hongos a través de sus raíces a cambio de nutrientes esenciales como el fósforo. En este ciclo, el micelio de las micorrizas puede absorber más fácilmente el fósforo del suelo y transformarlo de formas minerales a formas que el árbol puede absorber y usar para su crecimiento.

Los autores también señalan que los árboles asociados a micorrizas arbusculares tienden, generalmente, a presentar tasas de rotación de carbono y nutrientes más rápidas en comparación con los árboles asociados a ectomicorrizas.

“Son redes supremamente activas tomando decisiones en tiempo real”, resalta Corrales sobre el intercambio de nutrientes que llevan a cabo las micorrizas. Las redes, explica, interactúan con otros hongos que no son micorrizas, sino descomponedoras. Estas transforman la materia orgánica muerta, como la hojarasca, en componentes más simples. En el proceso se liberan nutrientes, permitiendo que vuelvan a entrar en el ciclo biológico del ecosistema.

En el Alerce Abuelo se identificaron unas 600 Unidades Taxonómicas Operativas, es decir, grupos de secuencias de ADN que se utilizan como un equivalente a especies para medir la riqueza de hongos en el suelo. De ellas 361 son únicas del árbol abuelo y no se encontraron en ninguna de las otras muestras.

Truong señala que se conocen 1500 especies de micorrizas en el mundo, pero se estima que hay alrededor de 25 000. “Los suelos de la mayoría de bosques tienen pocos nutrientes y sin esa simbiosis no tendríamos bosques”, agrega.

Lo que se pierde al cortar un árbol milenario

En años pasados se planteó un proyecto vial que atravesaría el Parque Nacional Alerce Costero. En 2023 fue retirado del Sistema de Evaluación Ambiental tras presiones de científicos que alertaban de los daños a los ecosistemas y alerces. Sin embargo, la amenaza persiste. En 2024 se presentó un nuevo estudio de prefactibilidad.

“Estos proyectos de infraestructura pueden afectar de manera directa no solo a los árboles, sino también a las micorrizas asociadas”, asegura Corrales. Explica que aunque la carretera no atraviese el parque, su cercanía puede tener un impacto. Con el incremento del tránsito vehicular, se producen más emisiones de dióxido de carbono (CO2) y varias formas de óxidos de nitrógeno. Estos gases viajan por el aire y se depositan en el suelo, cambiando la composición química del suelo y afectando a los microorganismos.

A la comunidad científica también le preocupa que la apertura de la carretera cause más intervención en el bosque, un efecto ya conocido en varias partes del mundo.

Cuando se corta un alerce milenario, se libera el carbono que guardaba en su biomasa, tanto en su tronco como en sus raíces, describe Corrales. Al mismo tiempo, las micorrizas se mueren, pues son simbiontes que no pueden vivir sin su huésped, explica Truong. Estas redes fúngicas también liberarán el carbono que tenían almacenado.

El impacto no solo es en el clima, sino también en la biodiversidad. Ejemplares como el Alerce Abuelo albergan cientos de especies de hongos que otros individuos no tienen, probablemente porque las han acumulado a lo largo de los siglos.

Para Truong, el artículo científico es relevante en ese sentido: demuestra con datos científicos la importancia de mantener en pie a los alerces, tanto para la biodiversidad como para la mitigación del cambio climático. Añade que la publicación tuvo impacto en la comunidad científica australiana, donde hay especies de árboles centenarios.

“Se abren más preguntas”, dice Patricia Silva-Flores. “¿Ocurre lo mismo en otros biomas? ¿Será así en el matorral chileno?”, se pregunta. “Pensando en restauración ecológica, esta investigación nos hace pensar que una forma de hacerlo es plantando nuevas plantas cerca de estos parches antiguos”, añade.

Corrales espera que el artículo contribuya a que más personas conozcan sobre la importancia de conservar estos árboles, que son “sombrillas de biodiversidad”. “Esto puede incentivar medidas de protección que podrían hacer que a largo plazo podamos empezar a proteger más para restaurar y recuperar”, concluye.

REFERENCIA

Truong, C., Corrales, A., Manley, B., et al. (2026). Large-diameter trees disproportionately contribute to soil fungal diversity in a coniferous forest with one of oldest living trees on Earth. Biodiversity and Conservation, 35, 94. https://doi.org/10.1007/s10531-026-03277-0

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La localidad de Fiambalá, en la provincia de Catamarca, en el norte de Argentina, es un oasis en el desierto, donde la belleza natural, la tranquilidad de sus lagunas y la cultura de sus habitantes se ven amenazadas por el avance de la minería de litio. En 2017, se instaló el megaproyecto de extracción de litio conocido como Tres Quebradas. Desde entonces, la población denuncia cambios en el paisaje y la disminución del nivel del agua que afecta a las principales actividades económicas de la localidad, como el turismo.

Los habitantes también expresan su preocupación por la situación de las lagunas altoandinas: aseguran que sus aguas están descendiendo y que los cambios comenzaron con la llegada de la minería de litio, un mineral central de la transición energética para abandonar los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. En esta zona opera la minera china Zijin-Liex.

Fiambalá se consolidó como destino turístico gracias a sus lagunas cordilleranas: Laguna Celeste, Laguna Negra y Laguna Verde. Esta última es considerada la joya de la región, por sus colores cambiantes.

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También cuenta con aguas termales y la duna más alta del mundo. A su vez, está rodeada por 19 volcanes ubicados a más de 6000 metros sobre el nivel del mar, en lo que se conoce como “la ruta de los seismiles”. Allí se pueden apreciar los volcanes Pissis y Ojos del Salado, que están a 6882 y 6864 metros sobre el nivel del mar, respectivamente.

Desde hace un año, cuando se decidió bloquear vías como medida de protesta contra la compañía china, el conflicto ha escalado. El caso que más preocupa es el de la Laguna Verde. Además, la población denuncia contaminación por el desecho de piletones de nylon utilizados en la extracción de litio y el vuelco de camiones.

En las últimas semanas, agencias turísticas locales, activistas y autoridades vecinales reclamaron por la disminución de agua en la Laguna Verde.

Aseguran que su caudal se redujo hasta en cinco metros. “En el otro extremo de la laguna está el salar, donde extraen litio y están secando esta laguna”, afirmó Beatriz Perea, integrante de la Asamblea Fiambalá Despierta.

La pobladora, en contacto con Mongabay Latam, relató que durante 2016 comenzó a circular el rumor sobre la posible instalación de un proyecto de extracción de litio hasta ese momento desconocido en la ciudad de Fiambalá. Recuerda, también, que rápidamente algunas vecinas comenzaron a reunirse y a exigirle a las autoridades locales explicaciones al respecto.

 Al año siguiente, los rumores se confirmaron y la llegada de la primera empresa minera fue inminente. Desde entonces, la Asamblea Fiambalá Despierta levantó la voz en nombre del agua: “Queremos que un día toda la población de Fiambalá despierte realmente ante lo que están haciendo. La falta de agua va a modificar nuestras vidas porque sin agua no hay vida en ningún lugar del planeta”, dijo Perea.

Mongabay Latam envió una solicitud de información a la minera Zijin-Liex para conocer su versión de los hechos y preguntar si sus actividades podrían ser las causales de la disminución del agua en las lagunas altoandinas de Fiambalá. La empresa no respondió los requerimientos, pero en contacto con medios locales, sus representantes negaron esa posibilidad. Los representantes de la empresa china descartaron riesgos ambientales en sus proyectos mineros.

Mongabay Latam pidió al Ministerio de Minería de Catamarca una posición sobre las denuncias de los agentes de viaje y colectivos ciudadanos, pero esta institución no respondió los requerimientos al cierre de esta nota.

En septiembre pasado, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, participó de la inauguración oficial de la planta de producción de carbonato de litio de la compañía china en Fiambalá. “La minería no va a solucionar todos los problemas, pero nos va a dar una ayuda muy importante”, afirmó entonces el gobernador. El presidente de la empresa, Chen Jinghe, dijo durante el acto: “Tres Quebradas será un proyecto de referencia global en litio ecológico y verde” y aseguró que buscan extender la vida útil del yacimiento hasta 2043, según publicó el medio especializado Panorama Minero.

Los primeros días de febrero fueron agitados en Fiambalá. En su plaza principal, Fray Mamerto Esquiú, se desarrolló una asamblea popular contra la expansión minera. Los vecinos expresaron su rechazo a la fase dos de la explotación de litio, que pretende alcanzar las 20 000 toneladas anuales.

Además, denuncian la falta de controles y exigen el traslado de la planta de la empresa Zijin-Liex a un mínimo de diez kilómetros de la zona urbana de la ciudad, asegurando que su ubicación actual obliga a la comunidad a respirar “aire contaminado”, generando presuntas consecuencias para la salud. Integrantes de la Asamblea Fiambalá Despierta sostienen que los procesos de extracción en salares liberarían polvo, mientras que la fabricación y desecho de baterías generarían compuestos orgánicos volátiles. 

Exigen la realización de un estudio ambiental

Los habitantes de Fiambalá también exigen que se realice un estudio pormenorizado sobre el impacto ambiental en “suelo, cielo y agua”, según detalló Perea. “La Laguna Verde perdió por lo menos cinco metros de su nivel óptimo y eso es porque la minera está usando el agua de la laguna para la extracción de litio”, dijo la activista.

Leonardo Rossi, investigador del Instituto Regional de Estudios Socioculturales (IRES) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), afirmó a Mongabay Latam que no existen estudios actuales de la situación de las lagunas, pero afirmó que “al factor de la dinámica del cambio climático se agrega el proceso intensivo de extracción de litio realizado por las empresas, en este caso acá con Zijin”. “Si bien no hay un informe específico por ahora, sí hay entrevistas que fuimos a hacer y denuncian que el caudal bajó y que incluso hay cambios de colores [en el agua] donde está ubicada la empresa”, resaltó.

El investigador, que realizó un estudio sobre los conflictos socioambientales en Fiambalá, añadió que la minería del litio extrae agua para su producción realizando perforaciones y que ese caso no es ajeno en Fiambalá. “Sabemos lo que les pasa a los salares cuando se les saca el agua: disminuye su biodiversidad al disminuir las lagunas y pueden secarse completamente”, afirmó Rossi, quien puso como ejemplo la situación del río Trapiche, ubicado en la misma provincia de Catamarca y que se secó por la captación de agua para la minería del litio.

Según el estudio realizado por Rossi y otros expertos como Horacio Machado Aráoz, Aimée Martínez y Camila Parodi, el proyecto Tres Quebradas ya produjo impactos inmediatos en las aguas locales durante la fase de construcción. Para la instalación de la planta de procesamiento se realizaron dos perforaciones para captar agua subterránea, más una tercera en el complejo habitacional para trabajadores, con capacidad de 150 000 litros/hora cada una.

“Esa capacidad instalada de extracción hídrica contrasta notoriamente con la infraestructura pública disponible para el conjunto de la población [de Fiambalá]”, destaca el informe publicado en 2024.

Patricia Marconi es doctora en Biotecnología Vegetal egresada de la Universidad de Buenos Aires. La investigadora, que también es especialista en ecología y conservación de humedales, remarcó que la extracción del litio en la zona de Catamarca se realiza en los salares, ecosistemas sumamente frágiles y que representan hábitats críticos para la fauna silvestre local, como los flamencos. Estos humedales enfrentan una creciente escasez de agua, agravada por el uso de métodos evaporíticos que secan entre un millón y dos millones de litros de agua por tonelada de litio obtenido al final del proceso, explicó.

La experta recalcó que en el caso de las lagunas altoandinas de Fiambalá la minería del litio afecta el caudal de estas fuentes de agua. “En cuanto a las lagunas Verde y Negra, ellas son parte de la cuenca de Tres Quebradas. Están conectadas en superficie y de manera subterránea y toda extracción intensiva de salmuera como la que está realizando el proyecto minero de litio Tres Quebradas afectará a todos los humedales de la cuenca”, dijo a Mongabay Latam.

Según Marconi, cada empresa minera, para ser considerada rentable, debe extraer unas 20 000 toneladas anuales de litio. “Eso hace que la demanda de agua sea altísima, sin contar el consumo de agua dulce -que es más escasa todavía- de cada una de las plantas de procesamiento, lo que ya ha tenido consecuencias directas sobre los humedales”, agregó.

En el denominado Triángulo del Litio, conformado por Argentina, Bolivia y Chile, ya se registró la desecación completa de lagunas y de vegas, sobre todo en localidades chilenas, donde la minería de litio lleva un registro histórico más largo que en Argentina y Bolivia. “Todo esto, sumado a los procesos de cambio climático y desertificación, nos lleva a un escenario bastante catastrófico de reducción de los humedales”, detalló Marconi.

Por su parte, Enrique Derlindati, doctor en Biología y docente de la Universidad Nacional de Salta, explicó a Mongabay Latam que los humedales altoandinos tienen ciclos de retracción y aumento, y que e “muy probable” que sea esto lo que esté agravando la situación en Laguna Verde. El experto resaltó que se debe realizar una valoración de superficie en los últimos 20 años para ver si efectivamente se está atravesando un ciclo seco.

“La minería de litio demanda agua dulce en su funcionamiento y para eso a veces usa las fuentes de recarga de las lagunas. En ese punto, sin estudios de fondo, es donde pueden afectar a las lagunas [especialmente en momentos de retracción]” resaltó Derlindati. Además, el biólogo afirmó que es el Estado el que debe hacer estos controles efectivos.

Un atractivo turístico

La empresa Zijin-Liex ya enfrentó problemas en octubre de 2024, cuando se paralizó la construcción de la planta procesadora de litio en Fiambalá. Hubo despidos de trabajadores, denuncias por supuestas malas condiciones laborales e incluso una acusación por presunta violencia de género contra un gerente. La comunidad, que esperaba prosperidad y desarrollo, se encontró con desempleo y frustración, según Perea.

 Gabriel Quiroga, de la red de agencias de turismo de Fiambalá, relató a Mongabay Latam que la expansión minera está afectando el turismo en la región. El dirigente contó que en varios hostales el suministro de agua no es permanente y que el cambio en las lagunas ya no atrae a los turistas.

“La biodiversidad altoandina está en peligro. En los salares existen flamencos australes, parinas, vicuñas y guanacos, que dependen de estas lagunas de agua dulce. Si no hay un freno, nos quedaremos sin el principal recurso paisajístico que atrae a los turistas”, alertó Quiroga.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

La Reserva Natural de Fauna Silvestre Los Andes tiene una extensión de 14 450 kilómetros cuadrados en el noroeste de Argentina, más que países como Jamaica, Líbano o Montenegro. Pero apenas cuenta con un único guardaparque, sin vehículo, para cuidar sus salares y salinas de alta montaña, sus vicuñas y sus sitios arqueológicos y ceremoniales.

Los Andes es un gran desierto lleno de vida, hogar de flamencos y lagartos en peligro donde confluyen las ecorregiones de la Puna y el Altoandino. La reserva es tan importante para la provincia de Salta que representa el 80 % de toda la superficie que el gobierno provincial ha declarado como área protegida. Desde su creación en 1980 necesita un plan de manejo pero las autoridades no consiguen implementarlo.

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Mientras tanto, las empresas mineras avanzan sobre ella, en busca del mineral estrella de la transición energética: el litio.

Dentro de los salares del área protegida que se declaró hace casi medio siglo, el gobierno provincial de Salta ha concesionado 22 proyectos mineros para explorar y extraer litio. El mineral es usado para fabricar las baterías que ponen a andar a los vehículos eléctricos, esenciales para alejarnos de los combustibles fósiles que todavía mueven gran parte del transporte mundial.

El litio también se usa cada vez más en baterías que permiten almacenar a gran escala la energía producida por fuentes renovables como la solar y la eólica, de modo que esa electricidad no esté disponible únicamente cuando está soleado o sople el viento. Precisamente hoy el transporte y la generación de energía eléctrica a base de derivados del petróleo o carbón son los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero producen en el planeta.

La minería es permitida dentro de ciertas zonas de la reserva natural provincial, que lleva el nombre de la cordillera que lo alberga, justamente porque se estableció desde un inicio que sería un área de usos múltiples: se pueden realizar actividades productivas pero controladas y en ciertas áreas preestablecidas, siempre y cuando no generen impactos en los ecosistemas.

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Esa contradicción entre estar protegida pero que no se aplique su instrumento de manejo, a la par de que sus puertas se han abierto a la minería, ha llevado a especialistas y funcionarios consultados a coincidir en que hay un interés político y económico por mantener a Los Andes como una “reserva de papel”.

Este equipo periodístico se comunicó en reiteradas oportunidades con el gobierno provincial de Salta pero las autoridades consultadas nunca respondieron las preguntas enviadas, ni quisieron confirmar en qué medida se está aplicando el plan de manejo aprobado en 2018. El 2 de febrero se envió al secretario de ambiente y desarrollo sustentable de Salta, ingeniero Alejandro Aldazábal, a pedido de su secretaria privada, un cuestionario de siete preguntas. Tras semanas de esperas, su secretaria dejó de responder los mensajes y llamadas y nunca envió las respuestas.

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Estos son los hallazgos de una investigación periodística realizada por Mongabay Latam y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) como parte del proyecto Litio en Conflicto, que coordinó el CLIP y reunió a diez medios de la región para entender algunos de los problemas que rodean a la industria del litio en América Latina.

El plan que existe pero no se aplica

Entre 2016 y 2018, un grupo de científicos y funcionarios se reunieron para dar vuelta la historia de Los Andes y elaborar un plan de manejo que, por primera vez, estableciera en qué zonas de la reserva la minería no podría avanzar. El resultado fue un documento de 108 páginas en el que plasmaron la misión de la reserva: conservar la vicuña, los abundantes recursos naturales de la Puna y zonas altoandinas y el patrimonio cultural e histórico. Y sobre todo resguardar los salares y el agua “como recurso estratégico para la vida dentro de la reserva”, dice el documento público que analizó Mongabay Latam.

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Sin embargo, es allí, en los salares altoandinos que busca proteger, donde se están instalando las mineras de litio, a pesar de que la zonificación aprobada por las autoridades en agosto de 2018 establece explícitamente que estos cuerpos de sal deben ser protegidos y recibir, en sus palabras, un “cuidado especial”.

Los salares de Rincón, Pozuelos, Arizaro, Pocitos e Incahuasi fueron catalogados en un mapa de zonificación como “subzonas de gestión especial”. Allí no debería estar permitida la minería, según el documento.

El plan de manejo también buscaba mantener la viabilidad de las poblaciones de especies bandera para la Puna, como la vicuña (Vicugna vicugna), el guanaco (Lama guanicoe), la rana puneña (Telmatobius atacamensis) y los flamencos (Phoenicoparrus andinus); y poner en valor y resguardar el Qhapaq Ñan, el antiguo camino de los incas hoy declarado Patrimonio de la Humanidad, y otros posibles sitios arqueológicos, que podrían ser atractivos para el futuro turístico de la provincia.

A pesar del largo trabajo, de la inversión de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del esfuerzo de 49 personas directamente involucradas en la producción de un programa formulado para implementarse durante cinco años, el Gobierno de Salta nunca puso a funcionar el plan de manejo como fue aprobado. En Argentina, los estados provinciales tienen potestad constitucional sobre los recursos minerales e hidrocarburíferos, por lo que pueden abrir licitaciones y concesionar áreas dentro de sus territorios.

La búsqueda del codiciado litio para la transición energética desplazó por completo cualquier interés de las autoridades salteñas por proteger esta reserva. Esta alianza periodística publica aquí el plan de manejo abandonado por considerarlo de interés público.

Entre tanto, Los Andes cuenta con un único guardaparque, quien no tiene vestimenta adecuada ni vehículo para movilizarse, según confirmó Mongabay Latam con fuentes oficiales que conocen el territorio. ¿Cómo puede entonces proteger la fauna y flora endémicas del lugar? “Camina o hace dedo”, respondieron a este medio, en referencia a la modalidad de los viajeros que piden aventones por las rutas.

Tierra de sal: una reserva habitada por salares y lagunas

En la reserva, se formaron extensos salares por evaporación. Existen 12 cuencas, aunque las precipitaciones son extremadamente escasas durante todo el año. Es una zona de estrés hídrico y alta amplitud térmica, con temperaturas estivales que pueden alcanzar los 40 °C y mínimas invernales nocturnas de hasta -40 °C. El índice de radiación solar es uno de los más elevados del mundo, de acuerdo con la investigación realizada para el plan de manejo del área protegida.

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Aquí reinaban las vicuñas. También los guanacos, los suris (Rhea pennata), guaipos o queús (Rhynchotus maculicollis) y predadores como el zorro colorado (Lycalopex culpaeus), el puma (Puma concolor), aguiluchos (Geranoaetus poecilochrous) y matamicos (Phalcoboenus megalopterus). Todavía habitan el lugar junto a mamíferos como la vizcacha de la sierra (Lagidium viscacia), el cavícola tojo o tocotuco puneño (Ctenomys opimus). Abundan las aves, como las camineras, banduritas, canasteros, dormilonas, yales y jilgueros. Y los reptiles: una especie de culebra, el sapito puneño, lagartijas del género Liolaemus y la amenazada rana acuática puneña (Telmaobius atacamensis), considerada En Peligro Crítico.

También se encuentran en Los Andes las tres especies de flamencos del cono sur, todos en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus) y el flamenco puna o de james (Phoenicoparrus jamesi). Además, los dos últimos anidan en los salares de la reserva.

Las extremas condiciones de vida en la reserva de Los Andes hacen que las especies de flora y fauna que habitan esta área protegida sean “particularmente frágiles ante alteraciones e interferencias agudas como las provocadas por las actividades humanas irruptivas”, resaltaron los expertos y funcionarios en el plan de manejo que las autoridades no pusieron en práctica. Por eso, en Los Andes habitan “altas proporciones de especies categorizadas bajo alguna condición de amenaza”. Esas actividades incluirían la minería y el turismo realizados sin los cuidados específicos que reclamaron los especialistas.

Aquí no solo habitan especies carismáticas o bandera. En estos salares también viven comunidades de organismos muy extraños y particularmente adaptados a condiciones extremas: son llamados extremófilos, representantes de formas muy antiguas que iniciaron la vida en el planeta. Algunas de ellas son las arqueobacterias, como los estromatolitos, capaces de fijar carbono de calcio. Habitan en los humedales de Laguna Socompa y los Ojos de Mar de Tolar Grande, dentro de la reserva. Existen numerosos estudios en curso que defienden la protección de los estromatolitos y de sus aplicaciones biotecnológicas.

El plan de manejo y la zonificación ubicaron sitios clave dentro de Los Andes con presencia de extremófilos dentro de los salares de los Pocitos y Rincón. Los expertos dejaron por escrito en el documento público que debían ser especialmente protegidos. Sin embargo, en ambos salares, las autoridades de Salta concesionaron proyectos de litio.

Litio y salares

En estas tierras, el mineral crítico no se encuentra en roca, como en otros lugares del mundo, sino en la salmuera, lagos subterráneos que se ubican debajo de las costras salinas de los salares. Estos humedales centrales para sostener la vida en el desierto son clave para las comunidades indígenas que habitan dentro de la reserva, ya que son fuente de agua para sus animales y ganado. También son importantes para la fauna y la flora, ya que sostienen ríos subterráneos y se transforman en extensos espejos de agua durante los veranos.

La Reserva Los Andes se encuentra dentro del Departamento de Los Andes, donde habitan 7182 personas, según el último censo de 2022. Su capital es San Antonio de los Cobres y el pueblo de Tolar Grande, de unos 200 habitantes, donde vive el único guardaparque que protege estas tierras, se encuentra dentro de la reserva.

Entre la población, quienes no viven de la minería, se dedican a la producción de ganado menor —llamas, ovejas, cabras—, en gran medida bajo condiciones de subsistencia. Por ello necesitan las vegas de los salares para dar agua a sus animales. El turismo también es central: por aquí pasa el célebre Tren de las Nubes, por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar.

Para hacer aún más complejas las cosas, dentro de esta vasta reserva se encuentran otras dos áreas protegidas creadas en 2011: los refugios provinciales de vida silvestre Laguna Socompa y Ojos de Mar de Tolar Grande.

Además, la tenencia de la tierra en el Departamento de Los Andes es foco de conflicto con las autoridades, ya que los pueblos originarios de la zona reclaman posesión comunitaria. En 2018, cuando se terminó de elaborar el plan de manejo, había nueve comunidades indígenas de los pueblos kolla y atacama dentro del área reconocidas oficialmente.

Por eso era importante que, por primera vez en más de cuatro décadas, Los Andes contara con un plan de manejo. Este es un documento de política pública que establece cómo proteger los ecosistemas y las especies que habitan la reserva, al tiempo que zonifica o delimita las áreas donde se podrían realizar ciertos tipos de actividades productivas, como el turismo, la ganadería y la minería.

La minería “conlleva posibles impactos no deseados tanto en las comunidades como para el ambiente”, reconocieron los expertos en el plan de manejo.

El abandono de Los Andes es de larga data. Hasta octubre de 2000, cuando se sancionó una ley de áreas protegidas en la provincia, las reservas de flora y fauna se creaban por decreto pero quedaban en los papeles. A partir de 2001, comenzaron a implementarse algunas políticas de conservación en el territorio y recién en 2010 el Gobierno provincial contrató guardaparques en la provincia, según explicó un exfuncionario que prefiere no ser citado con nombre propio para evitar represalias. La razón es que en Salta, como en otras provincias litíferas del norte argentino cuyas economías dependen en gran medida del mineral, criticar en voz alta las políticas pro-minería puede traer consecuencias laborales. El Gobierno salteño estimaba en 2024 que el sector aportaba casi 6000 empleos directos y 20 000 indirectos.

A la reserva de Los Andes recién le fue asignado un guardaparque en 2016. Es decir, 36 años después de su fundación. “Esto se da en un contexto en el que el sistema de áreas protegidas de Salta, en general, está totalmente desarticulado por las últimas gestiones. Salta vacía [ignora] la cuestión ambiental”, asegura un funcionario nacional que también pidió reserva de identidad. De hecho, la Secretaría de Ambiente de Salta actualmente depende del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia.

Bombear salares: una provincia donde prima la minería sobre lo ambiental

La Reserva Los Andes tiene un salar principal, llamado Arizaro, cuya mitad norte está dentro del área protegida. En el plan de manejo que no ha sido implementado, es mencionado como uno de los depósitos salinos fundamentales de la región. También es uno de los salares con mayor proyección para la extracción de litio en Argentina, de acuerdo con la revista minera especializada Salta Mining.

Ese atractivo se ve reflejado en las transacciones recientes. En diciembre de 2025, la minera canadiense Lithium Chile Inc. firmó un acuerdo para vender su participación en el proyecto de litio que desarrolla en este salar con la empresa argentina LitiAr S.A. Lo vendió al grupo chino China Union Holding Ltd. por 175 millones de dólares, según la empresa que desarrolla el proyecto.

Este es uno de siete proyectos en Arizaro. Además de éste, hay otros impulsados por las mineras Lítica Resources y Alpha Lithium Argentina, que pertenecen a las petroleras multinacionales argentinas Pluspetrol y Tecpetrol (parte del grupo Techint) respectivamente. Otros son de la chino-canadiense Tibet Summit Resources; de la china Hanaq; de la canadiense NOA Lithium Brines; de la francesa Eramet; y de la australiana Power Minerals.

Esa misma tensión entre conservación y minería se observa en muchos de los otros salares dentro de la reserva Los Andes. Existen al menos 14 proyectos de litio que se desarrollan en salares enteramente ubicados dentro de Los Andes, según un levantamiento de datos de proyectos y empresas hecho por el CLIP con apoyo de Columbia Journalism Investigations (CJI), que será publicado próximamente. Hay cuatro en el de Pocitos, tres en Rincón, dos en Incahuasi, uno en Pular y tres en Pozuelos-Pastos Grandes, además de uno que contempla trabajar en los cuatro primeros salares. Adicionalmente, hay un proyecto en el salar de Llullaillaco, cuya punta norte también está en el área protegida.

Todos están en fase de prospección o exploración, y todos fueron concesionados por el Gobierno provincial. Varias de las beneficiadas son mineras de peso global: Ganfeng es una de las mayores productoras de litio y Rio Tinto es el segundo mayor conglomerado minero, que entró de lleno en el negocio del litio al comprar en 2025 a la junior canadiense Arcadium Lithium.

Esta alianza periodística revisó los documentos de los 22 proyectos en la zona de Los Andes (los siete proyectos en Arizaro, otros 14 en el resto de los salares enteramente ubicados en la reserva y un proyecto en el salar de Llullaillaco que está parcialmente dentro de la reserva) así como los de sus empresas operadoras, incluyendo páginas web, presentaciones corporativas e informes técnicos. En solamente dos encontró menciones a la existencia de la reserva Los Andes y al traslape de sus iniciativas con éste. En la mayoría de los casos, los mapas que incluyen las mineras son esquemáticos y omiten el polígono de la reserva natural.

Una de las excepciones es el gigante británico Rio Tinto, que impulsa un proyecto en el salar de Rincón, que describe como su “primera operación de litio a escala comercial”. Su presidente, Jakob Stausholm, encuadró al proyecto en su informe anual de directivo de 2024 como parte de la estrategia de “alinear” su cartera “con las materias primas cuya demanda está experimentando un mayor crecimiento”. La empresa prevé iniciar la producción hacia 2028, tener dos plantas de producción de carbonato de litio y una vida útil de 40 años.

En el resumen ejecutivo de su estudio de impacto ambiental (EIA), disponible en su página web, Rio Tinto reconoce explícitamente que “el proyecto se encuentra en la Reserva de Los Andes”. El estudio cita el plan de manejo que finalmente no fue adoptado, incluyendo menciones a sus sitios de usos restringidos y la necesidad de llevar a cabo estudios de los extremófilos. Además subraya que la empresa está aplicando “las medidas de manejo y restricciones incluidas en el Plan de Manejo de la reserva”.

En el informe técnico de su proyecto en Arizaro fechado en julio de 2024, Lithium Chile menciona que hay varias áreas protegidas cerca, incluyendo la Reserva Los Andes, que “se superpone con la parte norte del área de concesión”. No menciona si su iniciativa minera tendría algún impacto en el área protegida ni el plan de manejo, aunque subraya que uno de los objetivos de la reserva es “estudiar y aplicar técnicas de desarrollo y uso racional de los recursos naturales para mantener el buen funcionamiento de los ecosistemas clave”, como salares y humedales altoandinos.

Mongabay Latam y CLIP contactaron a las 15 empresas mineras que operan en salares de la reserva, preguntándoles qué medidas están tomando para operar dentro de un área protegida y habitada por comunidades indígenas. Al cierre de esta investigación solo había respondido Alpha Lithium, de Tecpetrol.

Esa minera, propiedad de la familia Rocca, una de las más ricas de Argentina, respondió que su proyecto en el Salar de Arizaro se encuentra en etapa de exploración inicial, “con tareas geofísicas que no afectarán en forma relevante a la fauna del entorno, debido a que son actividades puntuales y de corta duración”. La compañía sostiene que el impacto “será irrelevante”, pero que aun así elaboró un plan de gestión con medidas preventivas.

“El plan de manejo era una cosa muy grande”

La minería de litio —que se ha extendido por los salares en las provincias argentinas de Jujuy, Salta y Catamarca— ya se vislumbraba en la reserva cuando se realizó el plan de manejo de 2018. “Finalmente, el plan de manejo no sirvió para ponerle obstáculos al avance del litio en la reserva”, explica uno de los científicos que participó del proceso de elaboración del documento oficial.

“Existía un acuerdo con el área de minería para trabajar en conjunto y generar un comité interdisciplinario. Nosotros estábamos contentos porque era algo innovador. Era una cosa muy grande”, recuerda Flavio Moschione, biólogo de la Administración de Parques Nacionales, especializado en aves acuáticas y uno de los expertos que participó en el plan de manejo. Lo cuenta en diálogo con Mongabay Latam, ocho años después de aquel esfuerzo conjunto.

Cuando el plan de manejo de Los Andes quedó en la nada, Moschione y otros expertos que habían participado pidieron explicaciones a las autoridades de Salta. El biólogo incluso presentó un reclamo formal desde la Administración de Parques Nacionales. Nunca les contestaron, asegura.

Esa tensión entre el boom económico que está trayendo el litio a Salta y la conservación de sus ecosistemas de alta montaña es justo el tipo de escenario que menciona la investigadora estadounidense Thea Riofrancos en su recién publicado libro Extraction: the Frontiers of Green Capitalism sobre el boom mundial del litio. “En los lugares donde se están abriendo minas para obtener materias primas para la transición energética, la acción climática global termina entrando en conflicto con la protección ambiental local”, escribió la profesora de ciencias políticas de Providence College.

Mongabay Latam, con la colaboración del equipo de Ruido, envió en 2025 una solicitud de información pública al Ejecutivo salteño para obtener información sobre las concesiones mineras que se superponen con la reserva, pero la administración del gobernador Gustavo Sáenz nunca respondió.

“La minería es prioridad y nuestros informes no son vinculantes”, afirmó a Mongabay Latam un funcionario de una provincia litífera que pidió reserva de su identidad. Como aquellos informes, el plan de manejo que ayudaría a proteger la reserva Los Andes quedó en el olvido, y sus salares y la vida de una tierra inmensa seguirán siendo postergados.

El artículo original fue publicado por Andrés Bermúdez Liévano (CLIP), Daniela Quintero Díaz y Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

*Con la colaboración de Ruido.

Litio en Conflicto es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con Consenso (Paraguay), La Región (Bolivia), Quinto Elemento Lab (México), Repórter Brasil (Brasil), Ruido (Argentina), Climate Tracker América Latina, Dialogue Earth, Mongabay Latamy Columbia Journalism Investigations (CJI) sobre cómo está funcionando la industria del litio en América Latina. Con el apoyo del equipo legal El Veinte.