Lucas Chiappe mira piedras. Con una gorra marrón bajo la cual asoman sus pelos blanquísimos, un buzo, jean, borcegos y guantes amarillos, se para en el ángulo que pocas horas antes era su rincón de lectura, y mira las piedras, humeantes.

Hace menos de doce horas esas piedras se apilaban unas con otras, se intercalaban con troncos, material, y formaban la casa de los Chiappe, en Epuyén, “El Santuario” por el que miles de personas pasaron buscando conocimiento, amistad, fuerza para la pelea, belleza.

Hoy es un revoltijo de piedras humeantes, hierros.

“No, flaco, no puedo, mirá lo que es esto. No puedo ni hablar”.

Lucas Chiappe que tanto habló, que tanto dijo contra la implantación de pinos que desde hace décadas empuja el bosque nativo, que tanto gritó contra la instalación de un dique que hubiera hecho que Epuyén desapareciera bajo el agua, que tanto contó sobre la importancia de declarar al cerro Pirque como zona intangible y reserva natural, Lucas Chiappe, 75 años, el “enano guardián del bosque”, ahora no puede ni hablar.

El jueves 8 de enero, a última hora de la tarde, una lengua de fuego entró en la garganta de la ladera del Pirque, en el inicio del río Epuyén, y quemó la casa de Lucas y su compañera Jillian, además de otras seis viviendas. Solo en ese lugar el fuego destruyó siete casas, en el marco del peor incendio que recuerde el noroeste de la provincia de Chubut.

El que sí habla es Manu Murillo, yerno de Lucas. Él dice “Santuario” para referirse a la casa de su suegro, pero también para ese espacio vital donde Lucas y Jillian se refugiaron a fines de los ’70, escapando de la ferocidad de la dictadura y llevando consigo, y realimentando en el lugar, una lucha ambientalista que lo llevó a convertirse en una referencia regional y nacional.

Visto a la distancia, toda la región -la Comarca Andina del Paralelo 42- conforma un espacio vital que el fuego, ahora, está destruyendo. Desde el lunes 5 de enero cuando el primer foco se inició en Puerto Patriada, las llamas consumieron un estimado de más de seis mil hectáreas, decenas de viviendas y amenaza con no detener su avance.

El trabajo de más de 500 brigadistas no alcanza para controlar las llamas. Con equipamiento insuficiente y antiguo, el apasionado esfuerzo personal y colectivo de bomberos, brigadistas y autoconvocados parece por momentos insignificante ante la magnitud de la tragedia.

“El Santuario” se quema. Manu -brigadista autoconvocado- dice entre lágrimas que cuando entró la lengua de fuego fueron a atacarlo por el frente, pero que cuando cambió el viento “en diez minutos se nos vino encima”, que había casi 30 personas trabajando, y que “no hubo forma de pararlo”.

“Nos encerró. Salimos justo, entre el fuego”.

Manu piensa unos pocos segundos y dice que esa casa “era un santuario”, un lugar “que Lucas construyó hace muchos años” al que “todos los días metía mucha energía y amor”, y recuerda las “muchas vidas que fueron pasando”, los “hermanos que se criaron acá”.

Manu dice que no cree que ese lugar pueda renacer, porque “la vida era el bosque”. Y el bosque ya no está.

*

Las noticias en esta tarde del sábado 10 se enciman: el fuego que bajaba por la ladera del Pirque del lado de la localidad de El Hoyo saltó el río, amenaza viviendas y se acerca al centro de la ciudad. La policía cortó el tránsito entre Epuyén y El Hoyo. La municipalidad de Epuyén llamó a “los vecinos y visitantes de la Zona del Pedregoso, Arroyo Walter y La Angostura a evacuar preventivamente de manera ordenada y tranquila”. Hay cortes de luz preventivo y por la caída de postes. El ingreso desde la noche del viernes de una masa de aire frío enloqueció los vientos y modificó el sentido del avance del fuego.

Nadie duerme tranquilo. Desde hace varios días que los brigadistas y los bomberos duermen tres o cuatro horas, cuando pueden. Conviven en la región bomberos voluntarios, brigadistas de los Parques Nacionales, servicios provinciales de lucha contra incendios, brigadistas autoconvocados. Coordinan el ataque a las llamas, priorizan frentes del fuego a abordar, reparten los escasos equipos.

Ninguno de la decena de bomberos y brigadistas que conversaron con elDiarioAR aceptaron dar su nombre. Todos hablan de represalias, de perder el trabajo. Y coinciden:

-Falta equipamiento terrestre. Fundamentalmente camiones cisterna, tanques de agua transportables, bombas para extracción de agua de ríos, arroyos y lagos, además de palas y otras herramientas.

-Faltan aviones hidrantes de mediana envergadura, del tipo AT-802 Fire Boss, que son los que pueden acercarse a los focos.

-El sueldo de los brigadistas es bajísimo -un ingresante cobra unos $600 mil- y entre los despidos -o en realidad, no renovaciones de contratos- y las renuncias, el número de personas destinadas es insuficiente. El Gobierno de Chubut estimó en unos 500 los afectados al operativo.

-El Boing 737 Fireliner que envió el gobierno de la provincia de Santiago del Estero no ayuda al combate de las llamas. Los brigadistas señalan dos motivos: vuela muy alto -al contrario que los hidrantes más pequeños- y con el calor que emiten los focos, el agua se evapora antes de llegar; y cuando lograr sortear esa situación la cantidad de líquido genera un desplazamiento de oxígeno al que le sigue un reingreso que aviva las llamas. Detrás de sí, el Boing deja una estela de fuego.

-Los fondos de la Provincia de Chubut para los cuarteles de Bomberos son insuficientes. Por caso, el cuartel de Epuyén no logró en casi un año un aporte para trasladar hasta la localidad un vehículo 4x4 que el cuartel logró comprar con el aporte solidario luego del incendio del verano 2024-2025.

*

En cada receso del combate a las llamas, los brigadistas y bomberos, la cara tiznada, extenuados luego de cinco días de tarea, repasan esa realidad de carencias. Desnudan su impotencia. Ponen carnadura a datos duros: la sub-ejecución del presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego alcanzó el 60,6% en el 2024 y el 48,2% en 2025. Y el presupuesto 2026 incluye una nueva quita: los $20.131 millones asignados representan una caída real del 69% respecto a 2023.

Además, los cuarteles de bomberos de todo el país recibieron menos del 50% de los fondos que Nación debía enviarles: solo $31 millones al año por cuartel, de los $66 millones previstos.

Uno de los bomberos que cuidaba la zona del arroyo Minas en Epuyén contó a este medio que equipar correctamente a un solo efectivo cuesta más de $20 millones.

El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el pasado miércoles eligió no cuestionar al Gobierno de Javier Milei y evitar responder en relación al envío de fondos, así como sobre su propia gestión de recursos específicos en relación al manejo del fuego. En cambio, decidió cuestionar la pregunta de un periodista, durante una conferencia de prensa en El Hoyo. Específicamente la pregunta apuntaba al estino de fondos enviados por Nación para palear la situación de los vecinos afectados por el incendio del año pasado.

“Yo estoy cansado de escuchar pavadas”, dijo Torres, y agregó, “no voy a tolerar ningún tipo de manifestación infundada y de mala fe en este momento, donde hay cientos de familias que la están pasando mal”. Torres se anticipó al ministro del Interior, Diego Santilli, que estaba a su lado y a quien fue dirigida la pregunta sobre el destino de los fondos. “Cuando termine la conferencia, vas a venir conmigo y con el fiscal y vas a realizar la denuncia de lo que acabás de decir, que supuestamente los recursos no llegaron donde tenían que llegar”, planteó el Gobernador, quien, sin embargo, no dio respuesta a la consulta sobre el destino de los fondos y la situación de los vecinos que aún no pudieron reconstruir sus casas.

*

A las 9,47 del jueves 8, la escritora Claudia Aboaf recibió un WhatsApp de Jillian. Le decía que estaba bien, que por ahora el fuego no había llegado, que se había autoevacuado, y que Lucas había quedado en la casa, trabajando en tareas preventivas. Doce horas después el fuego consumiría “El Santuario”.

Aboaf forma parte de un grupo de personas que a fines de los ’70 dejaron Buenos Aires para encontrar en pequeños parajes y localidades la posibilidad de desarrollar su tarea de protección ambiental y gestionar formas de “buen vivir”, en medio de la represión política y el comienzo de las políticas de depredación ambiental.

“Todos los que nos fuimos en los ‘70 de la ciudad”, explica a elDiarioAR, teníamos una doble gesta: lograr salir de las fauces de la dictadura y la otra era ir a encontrar lugares en esta misma Argentina, en un exilio interior, para desarrollar una movida ecológica“.

Lucas Chiappe y Jillian forman parte de ese grupo que, en Chascomús, San Marcos Sierra, Epuyén y muchos otros lugares, defienden desde hace más de 40 años la naturaleza, impulsaron proyectos de desarrollo conscientes del medio ambiente, y le pusieron el cuerpo a iniciativas para la preservación de los espacios vitales.

“Lo que más bronca da es que esto es producto de una policrisis anunciada”, dice Aboaf, y se refiere al avance extractivista, al desarrollo inmobiliario y turístico sin control ni respeto por el entorno, al desguace de las áreas capaces de prevenir y accionar ante la emergencia, al cambio climático y la ausencia de políticas públicas para mitigarlo.

Ahora Lucas mira las piedras humeantes. El Pirque que defendió está hecho cenizas, también su casa. Prefiere por ahora no hablar. “No puedo”, dice. Manu dice que “El Santuario” puede renacer, pero tal vez, “en otro espacio” porque “este espacio también murió. Porque la vida era el bosque”.

SR/MF

Este texto de publicado originalmente en el sitio En Estos Días.

Justo a mí, maldice Sergio Maldonado. Justo a mí, más emprendedor que aventurero, más amante de los excel que de la poesía, más burgués que anarquista. Justo a mí me exigen que sea perito, abogado, escritor. Justo a mí, hablar, decir, explicar, protestar, discutir. Justo a mí este río, este juzgado, esta morgue, esta plaza, esta radio, este libro, este rol que no soñé, que nunca quise. Justo a mí, la puta madre que los parió.

***

17 de octubre de 2017. Sergio, junto a su pareja, Andrea Antico, y la abogada Verónica Heredia llegan casi a las 10 de la mañana a la pu lof Cushamen. Tiene la sensación de que es un rastrillaje más, el cuarto o el quinto. Hace mucho frío y 78 días que Santiago Maldonado está desaparecido. Caminan casi un kilómetro desde la tranquera hasta el río Chubut. Ese río. El Juez Gustavo Lleral, el fiscal, integrantes de la comunidad mapuche, perros, bomberos ya están ahí.

Sergio sube a un gomón, descreído y abrigado. A su lado un encapuchado de la comunidad y tres miembros de Prefectura. Van río abajo. Andrea y Verónica caminan por la orilla, en la misma dirección. Sergio se cansa, putea por lo bajo, pide bajar luego de pasar por el lugar donde los testigos dijeron que se habían llevado a Santiago. Se reúne con Andrea y Verónica, deciden irse, discute con mapuches, se cansa, otra puesta en escena judicial, piensa, llega a la tranquera, entra en la camioneta, también lo hacen sus acompañantes. Por un instante repasa lo sucedido, charlan sobre lo que acaban de vivir, están por arrancar cuando ven al Juez acercarse. Les hace señas para que se bajen, Sergio desciende de la camioneta, el Juez se aproxima y le pregunta si puede abrazarlo. Sergio no recuerda si lo hizo o no.

***

Ocho años después de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado a manos del Estado argentino, Sergio publicó el libro “Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano” (Editorial Marea). Un diario personal y -tal vez sin quererlo- político de los 78 días en los que esperó, buscó, resistió los embates del Gobierno nacional de Mauricio Macri y su secretaria de Seguridad, Patricia Bullrich. Soportó el maltrato y las mentiras de los medios de comunicación hegemónicos y los trolls en las redes, siguió esperando y sosteniendo a su mamá Stella Maris, habló en las radios y la tele y los diarios hasta el cansancio. 78 días en un diario que desnuda la evolución de un hombre que nunca quiso y sin embargo; que nunca eligió y sin embargo fue el hombre justo que busca justicia. El hermano justo.

***

-Hemos encontrado algo

El Juez dice y ensaya un tono compungido. Algo. Sergio apura el paso, ese kilómetro interminable, llega al río, al mismo lugar por el que varias veces había pasado, la misma orilla, las mismas ramas, y ve un cuerpo, campera celeste, sumergido parcialmente. Algo. Sergio piensa nos fuimos un ratito y apareció algo, ¿un cuerpo?, pero se queda en silencio, no puede ni putear, la que habla es la abogada, pide un perito, pide que se preserve el lugar. Sergio corre hacia a la ruta, hacia algún lugar con señal para llamar por teléfono a Stella Maris, su mamá, para avisarle que apareció un cuerpo, no dice algo, dice un cuerpo, pero que no se alarme con lo que puedan mostrar los medios, la televisión, que espere, que él la volverá a llamar. Sergio reingresa en la comunidad, llega hasta el río donde está Andrea, se queda mirando ese algo que le grita desde el agua, pierde noción del tiempo, pasan los minutos. Andrea lo interpela cómo hacés para mantenerte así, ¿qué te pasa?, Sergio duda, quiere meterse al agua, dar vuelta el cuerpo, ver la cara su hermano, poner nombre a ese algo. Llamarlo, por caso, Santiago.

***

-Me gustaría que esté Santiago, y tener la vida de antes- dice Sergio en una de las presentaciones del libro.

La vida de antes: laburante, busca, emprendedor, vendedor. Buen tipo, rezongón, puteador, amiguero.

La vida de antes: dos hermanos, Germán y Santiago. Dos.

Pero justo a él.

***

Pasan las horas, se acordona el lugar luego que Policías y personal judicial lo pisoteara todo, lo filmara y fotografiara todo, ya son las 18, hace frío, Fernando Jones Huala, integrante de la comunidad, prende un fuego, le da mantas a Sergio, a Andrea. Sergio prende un cigarrillo después de diez años de haber dejado, frunce la cara, el gusto no es como lo recordaba, tira el cigarrillo. Y espera.

A las 19.30 llega el perito de la familia, habla con el Juez, empiezan a acercarse al cuerpo, cortan ramas de sauce, meten el gomón al río, suben el cuerpo a una camilla. Sergio se aleja, suben la camilla por una pendiente, todo tarda unas dos horas.

Noventa kilómetros en silencio recorren desde la pu lof Cushamen hasta Esquel. Sergio, Andrea y Verónica van en el auto que sigue a la ambulancia donde un cuerpo sobre una camilla es trasladado. A las 22, noventa kilómetros sin siquiera putear.

***

Tiempo después, Sergio escribiría: Siempre pensé que Santiago me vería morir a mí, por una cuestión de edad. Me resultaba increíble que fuera al revés. Santiago representaba otra cosa para mí, no podía estar ahí, totalmente indefenso, en esa condición tan horrible. No había final feliz.

Nunca lo habría.

***

Sergio sabe. A esa hora de la noche, después de estar ocho horas frente a un cuerpo boca abajo en el río, sabe. Ese 17 de octubre de 2017, pasadas las 23 llega a la morgue de Esquel, en el auto en silencio, detrás de la ambulancia. Los periodistas lo abordan, le preguntan. Sergio no dice. Sabe, pero no dice. El Juez le pregunta si quiere entrar, reconocer el cuerpo. Sergio se aleja, no puede, no quiere. Entra el perito, saca foto del DNI encontrado en un bolsillo del pantalón del cuerpo del río. Sergio la ve, confirma lo que sabe. Le avisan que el cuerpo quedará en custodia hasta el día siguiente, cuando será llevado a Buenos Aires. Sale de la morgue, más periodistas le preguntan. Sergio que vio la foto de DNI no dice, sabe, pero no encuentra explicación ni consuelo. Ya es 18. Las primeras horas del 18, Sergio va a su cuarto del hotel con Andrea. Se acuesta. Apenas puede dormir. Porque sabe.

***

Un puñado de versos no devuelven la vida, dice el poeta Sebastián Di Silvestro. Con estos versos no harás la revolución, escribió Juan Gelman. Hay una resonancia posible. Vida y revolución. Sergio no quería hacer ninguna revolución, y no es que viera en este mundo un paraíso ni mucho menos, pero ahí iba, sabiendo de las injusticias sabiendo de las fragilidades, buscando un lugar más amable para vivir, para crecer, y una revolución le llegó. Justo a él.

Un puñado de versos no devuelven la vida,

no retrasan la muerte, no matan el hambre.

Estos, repentinos, son nudo viejo,

un río de lágrimas atragantadas,

los ojos vidriosos

fijos en el agua teñida con tu sangre.

Sebastián Di Silvestro desgrana sus Versos para Santiago en una noche de llovizna de septiembre de 2025 en la Biblioteca Carilafquen de Villa Los Coihues, Bariloche, donde Sergio presenta su libro “Olvidar es imposible”. Sergio, más amante del excel que de la poesía, se sienta detrás de una mesa, y escucha:

En aquellos días no pude escribir

la pavura de tu cuerpo

desaparecido;

mudos hacia adentro salimos a la calle

y abrazados repetimos tu nombre.

Sergio habla para unas 60 personas, repasa el expediente judicial, las operaciones mediáticas contra Santiago, los ataques de los trolls, y escucha:

Setenta y ocho días con sus noches negras

estuviste perdido de nosotros.

Después te devolvieron las bestias genocidas,

los mismos que mataron por la espalda a Rafita.

Te abandonaron cubierto de mentiras

entre matas de molle y neneo.

Tu cuerpo aparecido hermanito,

tu cuerpo recuperado;

aunque dolía la muerte te teníamos,

los tuyos podían besarte.

Sergio recuerda la infancia y la adolescencia bonaerense, el canasto de la bici en la que Santiago se quedaba dormido cuando lo llevaba a pasear, y cómo aprovechaba ese sueño para evitar cambiarle los pañales, Santiago directo a la cuna, uno o dos años, Sergio unos 17. Sergio, ahora 52, escucha:

Un puñado de versos no devuelven la vida,

no retrasan la muerte, no matan el hambre.

Estos, inesperados, son oportunidad,

la excusa para saldar mi deuda

esta tarde de invierno en este bosque

de gente que te siente hasta los huesos,

bajo el amparo de un techo protector

levantado por manos amorosas,

Sergio dice para unas 60 personas en Villa Los Coihues que publicar el libro fue sacarse una mochila de encima, fue transitar el dolor de otra manera, fue, y es, hablar de Santiago y no largarse todo el tiempo a llorar.

en esta casa guardiana de la memoria,

ruka de madera que es árbol y es nido

donde empollamos el mundo sin remedio

para que rompa el cascarón y nazca nuevo;

Sergio escucha:

tu casa Santiago, tu ruka,

en la que estás presente,

en la que sos presente:

ahora y siempre.

***

15 de octubre de 2025. Ahora y siempre, 25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires, será una ciudad dividida por la memoria de Santiago. Dividida en memoria de Santiago.

Sergio, justo dos días antes de un nuevo aniversario de la aparición del cuerpo, viaja en un auto junto a otras cuatro personas para presentar su libro. Está nervioso. Volver a su pueblo. Del que se fue joven. Donde dejó a su familia, Santiago incluido, de dos o tres años. Al que volvía desde Buenos Aires en el tren Constitución-Bolívar con sistematicidad de fin de semana para comer lo que cocinara Stella Maris, los domingos, y para reencontrarse con los amigos. Donde Santiago pintó murales y habló de Severino Di Giovani. Volver para decir soy yo, el hermano, y vengo a impedir que olviden, a impedir que crean lo que dijeron y siguen diciendo, a decir soy yo, ¿se acuerdan?, el que las noches de calor iba a la pileta del Club Sportivo; el que empezó a trabajar de cadete en el Círculo Médico a los 11 años; el que a los 9 junto a su amigo el China se comió todos los buñuelos que fue a vender en el Promocional 850, la carrera de autos que reunía a buena parte del pueblo y de pueblos vecinos.

Sergio tenía todo arreglado para la presentación con el Club Social y Deportivo 25 de Mayo, pero el Club Social y Deportivo no quiso y a último momento su presidente le planteó que algunos socios dijeron que no, que acá política no, que acá memoria no, que acá Santiago no, que el Club Social y Deportivo es para otra cosa. Entonces Sergio preguntó, pidió, y organizó la presentación de “Olvidar es imposible” en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y el presidente del club y algunos socios fueron y estuvieron y se anotaron del lado de los que prefieren no olvidar, aunque en el club no.

En la mesa frente a un auditorio lleno, Sergio lee un fragmento de su libro, repasa, una vez más, esos 78 días, uno a uno, espera a espera, traición a traición. A su lado no está su hermano Germán, y su mamá Stella Maris se sienta entre el público. No gustan de esa visibilidad, prefieren el dolor en soledad, saben que Sergio carga sobre sus espaldas el mandato de la memoria pública, que asumió un rol y lo llevará hasta el final, que es y será el hermano de.

Y que por ser el hermano de se fundió dos veces, y no le dan un crédito en el banco, y le hacen problemas para renovar un seguro, y que el Estado que desapareció a Santiago lo acosa, le miente, lo niega, y que él quería ser el hermano de para llevarle a Santiago maples de autitos cuando era chico o de adolescente recibirlo en su casa de Bariloche, caminar por el bosque.

Lee Sergio hasta que no puede más, hasta el momento de leer una carta de Santiago, la última, y mira a los costados y pide ayuda, porque ahí en su pueblo recuerda a su hermano, lo imagina escribiendo y se quiebra, y entonces alguien de la mesa lee. Y Sergio escucha:

Hola Sergio, cómo va la vaina? JaJa

Acá te envío los licores para que los cates y los disfrutes.

Los dos más presentables los hice el mes pasado y el que está en la botella de fernet lo hice en noviembre del año pasado con azúcar integral.

El lunes seguro que arranque para Chile (Wall Mapu), la Tierra del Oeste como dicen los mapuches. Y cuando se me esté venciendo la estadía voy a seguir pedaleando por ahí, ni ganas de volver para el pozo de 25, es siempre la misma pavada, están todos estancados en todo sentido. La rutina te enferma.

Sergio, en 25, el pozo, el pueblo dividido, escucha.

Te quiero hermano, vos fuiste como un segundo padre en la infancia. Siempre me hacías algún regalo y me sorprendías. JAJA

No compartimos todo, pero quedan algunos recuerdos presentes que el tiempo no puede borrar.

Nos vemos en el próximo capítulo.

***

Sergio también le escribió una carta. Fue el 20 de octubre de 2017. 81 días después de la desaparición. Tres días después de la aparición del cuerpo. Le dice a Santiago que pudo despedirse de él, que al irse le dejó parte de su corazón, y que desea que donde estés con tu alma hayas sido testigo de todo lo que ocurrió en estos 80 días, de toda la gente que te conoció, que te quiere, que se movilizó y sensibilizó por vos. Sergio, que le escribe te quiero mucho y que siente orgullo de ser su hermano, le pide que entre la multitud lo vea, que a la distancia lo observe, hablando, diciendo, puteando, reclamando. Que ahí donde esté con su alma, Santiago lo distinga y sepa de su dolor. Y de su rol.

Sergio, que tres días después de la aparición del cuerpo escribió esa carta, ahora escribe en el libro: Es imposible olvidar, es imposible dejar de buscar la verdad, aunque en esa búsqueda haya perdido cosas muy importantes en mi vida. Volvería a hacer lo que hice y lo que estoy haciendo para tener justicia por mi hermano Santiago.

Porque a pesar de la infancia en el pueblo pozo y una vaga idea de Dios, Sergio no creía en el destino. Hasta que le tocó a él. Justo.

MC

–Me voy al campo.

Facundo Jones Huala ceba en un mate pequeño y mezcla yerba con manzanilla que vierte de un saquito de té al que le corta la punta. Es sábado 7 de junio, en Bariloche, cae la tarde y el lonko de la lof en Resistencia Cushamen dice que quiere volver al campo. A su lado está sentada su abuela. En el televisor del living está puesto YouTube y suenan temas anarco punk y cantautores mapuches.

El campo al que Jones Huala quiere ir –es decir, volver– es la recuperación territorial de Cushamen, comunidad de la cual es lonko (jefe) y lugar donde el 1 de agosto de 2017 irrumpió la Gendarmería y consumó la desaparición de Santiago Maldonado.

–Quiero volver al campo y levantar mi casa, conseguir unos palos, unas chapas, algo de nylon –dice Jones Huala a este cronista esa tarde que se acaba. Pero no llegará al campo.

Al día siguiente, ayer domingo, en El Bolsón –124 kilómetros al sur de Bariloche– una comitiva de la Policía Federal lo detuvo en el marco de una causa iniciada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

La Fiscalía Federal de Bariloche ordenó la detención preventiva. Investiga la posible comisión de los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. El expediente se inició luego que el pasado 3 de febrero, Jones Huala presentara su libro “Entre rejas, antipoesía incendiaria”. En aquella oportunidad, el líder mapuche reivindicó “los sabotajes y atentados incendiarios” contra “la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes”.

Además, reconoció su pertenencia a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), organización que calificó como “el sector más autonomista del movimiento mapuche”. En ese contexto validó la acción armada de defensa ante el avance de las empresas extractivistas y forestales sobre el territorio que el pueblo mapuche reivindica como propio.

Con posterioridad a esos dichos, el Ministerio de Seguridad declaró a la RAM como “organización terrorista” y presentó la denuncia que derivó en esta captura.

Jones Huala se encuentra detenido en dependencias de la Policía Federal de Bariloche, a la espera de una audiencia de formulación de cargos que se realizará este martes, durante la cual se le informará, así como a sus abogados, los pormenores de la detención y de la investigación en marcha.

Bullrich celebró a través de X la detención del lonko. “Jones Huala otra vez detenido por las fuerzas del orden. La RAM es una organización violenta y terrorista. Con nosotros no hay impunidad. Los argentinos del sur merecen vivir en paz y que esta vez no lo suelten”, dijo el domingo por la noche en su cuenta.

Fuentes de ese ministerio y de la Policía Federal dejaron entrever a algunos medios que desde hace semanas realizan tareas de inteligencia para dar con el paradero de Jones Huala. Sin embargo, el líder mapuche no permanecía oculto, ya que no pesaba sobre él ningún pedido de captura. En los últimos días estuvo “trabajando la leña”, cortando y acopiando madera en lugares públicos. Participó además de la marcha por Memoria, Verdad y Justicia del pasado 24 de marzo, por las calles del centro de Bariloche.

“¿Hasta cuándo?”

Un día antes de la detención, Jones Huala calienta la pava y come galletitas con dulce casero. Dice a este cronista que vuelve al campo “porque es donde tiene que estar” y porque en esa zona del noroeste de Chubut se están instalando empresas petroleras que van a comenzar la prospección y posterior extracción con fracking. Prevé un futuro de lucha contra esas iniciativas. “La gente, mi gente, no va a tolerar que la saquen de sus territorios para dentro de 20 años tener cáncer y que las empresas petroleras destruyan todo”, dice.

Nos encontramos para una entrevista en la casa en la que está viviendo en Bariloche, y me anticipa que tiene previsto pasar la celebración mapuche del wüñoy tripantu –solsticio de invierno– en una comunidad de la provincia de Chubut. Y luego se irá al campo.

Habla de la dispersión y las diferencias internas entre los mapuche; cuestiona a las organizaciones dialoguistas –“negociadoras”, dice–, y cree que la consolidación del gobierno nacional de ultra derecha de Javier Milei provocará una reacción que unificará el reclamo y la acción del pueblo mapuche.

Sabe de la causa y la investigación que pesan sobre él luego de sus declaraciones durante la presentación del libro. Sabe de la causa pero no sospecha de la detención. Cree que los plazos son mayores, que tendrá tiempo para estructurar una defensa. Minimiza las posibles consecuencias. “Van a tener que demostrar cada una de las cosas que dicen”, plantea.

Un día después, antes que llegue al campo, la Policía Federal lo detendrá, y su mamá, María Isabel Huala, reclamará en un video publicado en Facebook que “termine la persecución”. “Hago un llamado por cualquier cosa que le pueda pasar a él, que me pueda pasar a mí o a cualquiera de mi familia”, denunciará. Entre lágrimas se preguntará: “¿Hasta cuándo este Gobierno, este país, va a seguir contra nosotros los mapuches. Mataron a nuestra gente, hubo un genocidio, hasta cuándo va a seguir ésto”.

“Causa política”

El pasado 22 de mayo se realizó una audiencia durante la cual se informó al lonko mapuche y su abogado, Gustavo Franquet, sobre la existencia de la causa, aunque desde la Fiscalía Federal no se detallaron los supuestos delitos investigados.

Franquet dijo este lunes a elDiarioAR que “es una causa claramente de persecución política”.

“Cuando nos enteramos de esta investigación –agregó–, la mamá de Facundo fue a la fiscalía y le dijeron que habían visto el video que había mandado el Gobierno y que no veían delito. Sin embargo la investigación siguió adelante y ahora se lo detiene”.

El defensor –integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina– planteó que “lo más grave” es “la acusación de integración de una asociación criminal”. En ese sentido explicó que el delito conlleva “penas importantes” que harán que el juez “justifique la prisión preventiva”.

Franquet cuestionó el informe que Bullrich adjuntó a la resolución que declaró a la RAM como organización terrorista porque “pretende atribuirle todo lo que pasó en la Patagonia en los últimos años. Es una lista de cualquier cosa, incomprobable. No tiene ni pies ni cabeza”, resumió.

Para el abogado, este tipo de figuras del Código Penal “han servido para justificar prisiones preventivas muy largas y eventualmente raras condenas. Se incorporan por voluntad política y no tienen sustento, es imposible de probar, son inventos jurídicos que no pueden sostenerse”.

Franquet cargó contra el Gobierno en general y la ministra Bullrich en particular porque “hacen carrera política con este tipo de cosas, montan este tipo de escenarios, de circo y acusaciones sin fundamento; generan enemigos, tratan como enemigos a cualquiera, y se atribuyen la representación el orden y la seguridad en función electoral”.

Para el abogado, la ministra “vende carne podrida a un electorado dispuesto a comprar este tipo de cosas que muestran la calaña de esta gente”. Y cerró: “Bullrich ya hizo carrera política con los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado”.

MC

Prófuga desde hace ocho meses, la brasileña Amanda Alves Ferreira, de 30 años, afirma que el juicio en la Argentina que la condenó a prisión perpetua por homicidio fue manipulado y critica a la Justicia del país: “Si pagás, no vas preso”.

En una entrevista con Folha, asegura que no mató a la también brasileña Eduarda Santos de Almeida, de 27 años, amiga con quien vivía en Bariloche y que había gestado a sus dos hijos mediante inseminación, además de entregarle otra niña para que Amanda la criara.

Sostiene que el homicidio, ocurrido en febrero de 2022, fue cometido por una organización criminal dedicada a la trata de personas. “Tengo mucho que contar. Pero temo por mi vida”, dijo por teléfono “desde algún lugar de América Latina”, el pasado 6 de marzo. “Yo sé muchas cosas, y Eduarda también sabía.”

En agosto del año pasado, Amanda escapó de la cárcel en Bariloche. Ahora dice que “presentará pruebas” para solicitar un nuevo juicio debido a supuestas irregularidades en el proceso.

Miembros del Poder Judicial de Bariloche aseguran que “el cerco se cerró” sobre Amanda y que su paradero ya habría sido descubierto. Hasta el momento, no hay una alerta de Interpol para su captura.

El crimen

En Bariloche, Eduarda gestó dos hijos mediante fertilización in vitro con el semen de Amanda, una mujer trans, y de su esposo, Marcelo Ramírez, quien falleció durante la pandemia de Covid-19. Los gemelos nacieron en 2019.

Luego de una breve estadía en Brasil, Eduarda regresó embarazada a Bariloche y en diciembre de 2021 dio a luz a una niña, que también entregó a Amanda para su crianza. Actualmente, los tres niños están al cuidado de familiares.

Para el fiscal Martín Lozada, “Eduarda se volvió una molestia” para Amanda cuando empezó a poner límites y obstáculos al contacto de la hoy condenada con los menores.

La noche del 16 de febrero de 2022, Amanda condujo hasta el inicio del sendero del lago Escondido, en el Circuito Chico, al oeste de Bariloche. En el auto también estaban Eduarda y los tres niños.

Allí, según reconstruyó la Fiscalía, empuñó y disparó un revólver marca Smith & Wesson, modelo 686, calibre .357 Magnum. Unas horas después, Eduarda fue hallada muerta. Amanda confesó el crimen.

Mensajes de texto previos al asesinato indicaron que todo fue planeado y organizado en detalle. “Tomó todas las precauciones para que la víctima no pudiera defenderse y, actuando con seguridad, realizó al menos nueve disparos que impactaron en su cuerpo”, señaló la Fiscalía.

La condenada, por su parte, declaró que “no planeó nada” y que fue Eduarda quien llevó el arma esa noche, por temor a supuestas amenazas de una banda criminal.

“Disparé una vez, pero no contra Eduarda. No voy a mentir: agarré el arma e hice un disparo al aire. Pero la Fiscalía en un momento dijo que Eduarda tenía seis disparos, en otro nueve, y en el juicio dijeron cuatro. Yo disparé una vez, pero no la maté”, reiteró a Folha.

De hecho, durante la investigación no pudo esclarecerse si el cuerpo de la víctima tenía impactos correspondientes a cuatro, seis o nueve disparos.

¿Y por qué confesó el crimen entonces? “No había comido nada desde el día anterior. Y un policía vino y me dijo: ‘Lo que podés hacer es decir que fuiste vos, asumir la culpa, y te mandan a casa con tus hijos y después respondés en el juicio’. Yo estaba cansada y dije eso”, relató.

Ella dice estar preparando una demanda en la que detallará supuestas irregularidades del proceso, entre ellas: la Fiscalía afirma haber perdido la grabación realizada el día del primer allanamiento en la casa que ambas compartían, pocas horas después del asesinato de Eduarda; el arma fue encontrada cinco días después y no tenía huellas digitales; las cámaras de seguridad de la zona muestran, en el horario del crimen, un vehículo con ambos faros intactos, mientras que el auto en el que se desplazaron tenía uno roto.

El fiscal Lozada rechaza estas acusaciones. Declaró a Folha que “el trabajo de investigación criminal fue muy preciso, rápido y eficaz. Estuvo bien hecho. Se recolectaron muchas pruebas científicas: audios, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, cámaras”.

Transición de género

El anuncio de su identidad como mujer trans, el 14 de abril de 2023, incrementó la repercusión del caso. La transición de género fue debatida en los tribunales, ya que para la Fiscalía se trataba de una estrategia para evitar una pena por femicidio —la ley argentina establece que, para configurarse ese delito, el asesinato debe ser cometido por un hombre. En el juicio, Lozada se refirió a la acusada en masculino.

El 30 de junio de 2023, un jurado compuesto por 12 personas condenó a Amanda por los delitos de “homicidio calificado por haber sido cometido con arma de fuego, con premeditación, y por tenencia ilegal de arma de guerra de uso civil”. Se descartó el femicidio.

“La gente no acepta la paternidad o maternidad de personas trans, bisexuales o gays. Tenían un prejuicio que no sé si las influenció”, dijo. “Todo el mundo me pregunta sobre la transexualidad. Yo viví eso para mí, fue algo personal. Antes de terminar la transición, quería estabilizarme económicamente. Quería tener mi familia, una vida estable, y después empezar con la transición física más visible.”

Amanda cumplía condena en el Establecimiento de Ejecución Penal N.º 3 de Bariloche, una cárcel masculina, donde compartía celda con cinco internos. En prisión, era llamada genéricamente “Brasil”. Llegó a presentar una denuncia por abuso sexual contra uno de los reclusos.

El gobierno de Javier Milei

El 6 de agosto de 2024, alrededor de las 21.30, saltó el cerco perimetral del penal, entró en un auto que la esperaba y logró escapar. Los guardias notaron su ausencia al día siguiente.

“No pensaba en fugarme. Después fui viendo lo que pasaba. La Justicia argentina pide mucho dinero. Entonces, el que tiene plata compra, y el que no tiene, se complica”, afirma.

El caso ha sido utilizado por el gobierno de Javier Milei para impulsar su campaña contra la diversidad sexual o lo que denomina “ideología de género”. En redes sociales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en noviembre una recompensa de $5 millones por su captura.

“Para reducir su condena, intentó engañar a la Justicia con un relato woke de género diciendo que se identificaba como mujer”, declaró. “La buscaremos vestida de hombre o de mujer.”

Al margen de ese debate, Amanda reconstruye su vida y prepara una solicitud diplomática para la realización de un nuevo juicio y su ingreso a Brasil.

Consultado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General de Brasil en Buenos Aires, afirma tener conocimiento del caso, pero que por ley no proporciona información sobre asistencias individuales a ciudadanos brasileños.

SR/DTC

–¿Existe la RAM?

–La RAM es un estadio de conciencia del pueblo mapuche.

Facundo Jones Huala responde a este cronista en el salón de visitas de la cárcel Temuco, Chile. Es 2021 y el líder mapuche está preso cumpliendo una condena de nueve años impuesta por el Tribunal Penal Oral de Valdivia por el incendio de una vivienda ocurrido en 2013 y por la tenencia de arma casera.

La definición complejiza el entendimiento sobre la existencia o no y las características de una organización mapuche que, en la Patagonia y al este de la Cordillera de los Andes, ha radicalizado su reclamo de reconocimiento territorial, espiritual y cultural.

Jones Huala asegura –lo hizo en una entrevista con este diario en 2023— que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) existe. Sin embargo, es imposible analizar su presencia en el territorio, su integración y capacidad operativa, a partir de la experiencia de organizaciones revolucionarias de las décadas del ’60 y el ’70. “Es un estadio de conciencia del pueblo mapuche”, dice, y entonces debe interpretarse que no tiene una cantidad determinada de personas que la integran, ni una estructura, ni un territorio definido.

En aquella entrevista el lonko de la Lof en Resistencia Cushamen –donde en 2017 se produjo la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado– dijo que “en los últimos años no solamente la RAM ha generado sabotajes en Puelmapu (territorio al este de la cordillera), sino que han habido otras expresiones orgánicas, otras dinámicas con otros nombres y otros sin nombres que también han atacado al capital. Han generado daños a infraestructura, a maquinaria de las empresas extractivistas, y también se han defendido”.

Sin embargo, para muchas organizaciones y comunidades mapuches la RAM no existe. O en todo caso, las acciones que reivindica como propias –ataques incendiarios contra maquinaria de empresas extractivistas o refugios de montaña– no representan las formas de reclamo y lucha de todo el pueblo mapuche.

Es el caso de Mauro Millán, lonko (jefe) de la Comunidad Pillán Mahuiza, recientemente allanada por la Justicia y fuerzas federales. “El Gobierno y la derecha nos quieren vincular con una organización, la RAM, que no existe. (Facundo) Jones Huala permanentemente es refritado en sus dichos. La derecha necesita que Jones Huala hable, que esté hablando, para justificarse en sus actos represivos”, dijo a elDiarioAR. Para Millán, “lo que Jones Huala vocifera con panfletos (adjudicándose atentados), lo replica (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich”.

Más allá de los debates hacia el interior del pueblo mapuche, el Gobierno Nacional acaba de declarar a la RAM como organización terrorista, en el marco de lo establecido por el decreto 918/2012, que reglamentó la Ley Antiterrorista de 2011, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Para el Ministerio de Seguridad que conduce Bullrich existen elementos suficientes que prueban la existencia de esa organización y su vinculación con 136 hechos –según el anexo de la Resolución 210/2025, publicado en el Boletín Oficial– ocurridos entre 2010 y 2025.

El punteo incluido en el anexo mencionado es, en realidad, un rejunte de hechos extraídos de titulares de medios de comunicación sin correlación con sentencias judiciales que acrediten la participación o responsabilidad de organizaciones o personas mapuches.

En el largo listado se incluyen desde dos homicidios hasta incendios forestales, ataques a maquinarias de empresas extractivistas o forestales, recuperaciones territoriales, marchas o movilizaciones, pintadas en la vía pública y cortes de rutas.

La declaración de la RAM como organización terrorista se dio al calor de los incendios en el sur. Y a partir de dichos de Jones Huala que, el pasado 2 de febrero y en el contexto de la presentación de un libro de poemas escrito en la cárcel, reivindicó los ataques incendiarios. En ese contexto, aclaro: “Contra terratenientes sí, pero no contra nuestro entorno”. Es que la cosmovisión del pueblo mapuche y su efectiva tarea de cuidado de los recursos naturales –el territorio del cual el ser humano forma parte– impide cualquier acción de destrucción del ambiente.

A través de un tuit, Lefxaru Nawel, werken (vocero) de la comunidad Newen Mapu, explicó que “cuando hay un nacimiento mapuche la placenta se entierra y arriba se planta un árbol”. “Se hace una ceremonia y se agradece. Cuando se cae el cordón del ombligo se ata a lo alto de un árbol antiguo y también se agradece. Por milenios los cuidamos. Ningún mapuche incendiaría un bosque”.

Millán reafirma esa mirada: “Nosotros ya hemos demostrado que defendemos la vida en todos sus aspectos, los ríos, las montañas. Pretendemos que el ambiente se mantenga no solo para mapuches sino para todos. Nosotros somos defensores espirituales y políticos de estos territorios, porque nuestra vida se basa en los territorios. ¿Cómo vamos a ser gestores de semejante catástrofe ambiental?”.

El debate en torno a la RAM resonó también durante la última sesión de la Cámara de Diputados, el pasado miércoles. Sobre los mapuches, Miguel Ángel Pichetto dijo que “a estos personajes que yo los conocí de joven, recorriendo la provincia, que vendían artesanías en la feria de Bariloche y en El Bolsón. De repente se convirtieron en dirigentes subversivos que irrumpen en el territorio nacional, queman todo, hacen incendios”.

“Sé que hay almas buenas y bellas a las que les gustan los indios, los mapuches”, aseguró, y planteó: “Acá hubo ocupaciones violentas y usan el fuego como mecanismo de destrucción masiva de los parques nacionales, del patrimonio argentino”. En ese contexto se preguntó “¿cuándo las fuerzas federales van a proceder a detener al señor Jones Huala como instigador de los incendios”.

La diputada del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, no dejó pasar los dichos de Pichetto. Durante la sesión lo cruzó duramente: “Vemos aquí a diputados que en vez de estar escandalizados porque se está incendiando la provincia a la que representan vienen a armar operetas tratando de culpabilizar a una persona por el incendio de más de 30.000 hectáreas”.

En diálogo con elDiarioAR, Biasi señaló que la declaración de la RAM como organización terrorista “no se fundamenta en ningún tipo de conclusión que la Justicia haya podido sacar sobre la base de una investigación seria y concluyente sobre su existencia, su extensión, y el tipo de actividad que lleva adelante. Solo se la declara porque Pichetto interpeló al Poder Ejecutivo en ese sentido. Están buscando un chivo expiatorio para no escuchar lo que los vecinos están diciendo de los intereses que puede haber detrás de los incendios que hay en Río Negro, Chubut y Neuquén”, indicó. 

Biasi pidió, en ese sentido, “investigar los intereses económicos en los que ellos están involucrados o lo están los empresarios a los que no quieren comprometer: (Joe) Lewis, (el grupo) Benetton, y los gobernantes de la provincias que están involucrados en un entrelazamiento de intereses con empresarios para la implantación de flora exótica, o las industrias turística y minera”.

Allanamientos

El pasado domingo miembros de fuerzas de seguridad federales realizaron 12 allanamientos en comunidades mapuches, casas particulares y una radio del pueblo originario en la provincia de Chubut, en el contexto de una investigación por un incendio producido en la estancia Amancay. En ese contexto y en la comunidad Pillán Mahuiza fue detenida Victoria Dolores Fernández Núñez, a quien ayer le dieron 60 días de arresto domiciliario, mientras avanza la investigación.

El lonko Millán permanece en la comunidad –en la que no vive cotidianamente– para “intentar reestablecer la armonía del lugar”. “Estamos tratando de arreglar todo lo que rompieron en las rukas (casas), el desastre que dejaron los efectivos del Comando Unificado”, dijo.  “La comunidad tiene que recuperarse emocionalmente: golpearon a mi padre, de 83 años, hicieron una exhibición de violencia jamás vista. Hay que retrotraerse a la dictadura para encontrar una forma de actuar similar”. agregó.

Millán confía en las pruebas que aportarán a la Justicia para lograr la liberación de Fernández Núñez y su desvinculación de la causa. “Se está desmoronando el derecho constitucional”, planteó el lonko mapuche, y explicó que “no puede todo un pueblo ser juzgado por lo que dice una persona”, en relación a las declaraciones de Jones Huala. “Si fuera así debiéramos juzgar a toda la Argentina por homofóbica, racista, violenta, por lo que el mismísimo Presidente (Javier Milei) dice ante la ONU o en (el Foro de) Davos”.

Finalmente aseguró que el poder Judicial y la política “no pueden simplemente achacarle a todo un pueblo una pertenencia a la RAM: van a tener que demostrar que somos parte de esa organización inexistente”.

SR/DTC

Más de 2.000 hectáreas afectadas, decenas de casas destruidas, 200 personas evacuadas es el saldo a primera hora de este jueves del incendio descontrolado en la zona de Epuyén, Chubut.

El área más dañada hasta este jueves a la noche era el paraje La Rinconada, en cercanías del lago Epuyén y del casco urbano de la localidad del mismo nombre.

Hasta el momento el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut –organismo que concentra la información oficial– no pudo confirmar la cantidad de casas afectadas parcial o totalmente por las llamas. Es que el intenso viento, que llegó a superar los 50 kilómetros por hora y las dificultades en el acceso a algunas áreas obligó a concentrar la tarea en la evacuación de casi 200 personas. Tampoco se pudo determinar el origen del fuego, aunque los especialistas y los pobladores que conversaron con elDiarioAR coincidieron en que fue la acción del hombre –accidental o intencionalmente– la que desató el incendio.

Este jueves, el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, viajó hasta Epuyén. Allí informó que el casco urbano “ya no corre riesgo” debido a que el cambio en la dirección del viento y las condiciones climáticas en general están llevando “la cabeza del fuego hacia la zona de (la localidad de) Cholila”.

Torres confirmó que son “aproximadamente 50” las viviendas afectadas, cuyos vecinos “lo perdieron todo”, y más de 200 las personas evacuadas que aguardan el regreso a sus casas.

“El fuego sigue activo”, dijo durante una conferencia de prensa en Epuyén, al tiempo que explicó que “hubo un viraje (del fuego) hacia otra zona que no está poblada. Podemos llevar tranquilidad, ya no corren riesgo los vecinos de Epuyén”.

El fuego se mantiene activo, consumió unas 2.300 hectáreas, y el pronóstico del tiempo no prevé la caída de precipitaciones. En cambio, anticipa por lo menos cinco días con temperaturas que superarán los 25 grados y vientos de más de 45 kilómetros por hora. Un panorama que los combatientes de incendios consideran muy riesgoso.

Decenas de vehículos de distintos cuarteles de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía y particulares que trasladaban barriles con agua, dificultaban las últimas horas el tránsito por el camino de tierra que lleva desde la ruta 40 hacia La Rinconada. A un lado y otro de la traza, pobladores mojaban sus chacras y lotes.

Antonio Chacón tiene botas de goma altas, un mameluco blanco ennegrecido por la ceniza y a sus espaldas un tanque fumigador que utiliza para regar. El fuego pasó a menos de diez metros de su casa, ubicada a unos 300 metros de la Escuela 9, que se quemó parcialmente. “Fue una tarea terrible, porque el viento era muy fuerte, era increíble cómo se prendías las plantas y el fuego corría rápido. Esto es una desgracia, un montón de vecinos perdieron sus casas”, dice a este medio durante un alto de su tarea.

Antonio defendió su casa “con mucha garra, amor y gracias a los amigos y la familia, porque más allá de que tengo bomba para estos eventos, después vinieron otras personas a solidarizarse y ayudar”.

Unos metros más por el camino que une el lago con el pueblo de Epuyén, José Torres se acomoda en la tranquera de su lote y mira las llamas rojas que queman la ladera del cerro lindero. El fuego “saltó” su casa, pasó a cinco metros de la construcción. “A la mayoría de los vecinos se les prendieron las casas, aquí a 50 metros a dos vecinos se les prendieron fuego. Fue una locura total, unas llamas de 30 metros de altura”, explica.

“Salí a la una del trabajo y pasé a buscar a mis chicos que estaban llorando acá. Esto fue un milagro”, agrega.

Pasadas las 23 de este miércoles, José explica que, si bien mantiene una guardia para evitar sobresaltos, “la gente de Bosques nos dijo que estuviéramos tranquilos porque ya se había consumido todo, que no hay peligro que se vuelva a prender porque ya arrasó con todo, no tiene más para prender”.

De acuerdo al informe del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, el incendio afecta una superficie de bosque implantado, bosque nativo, matorrales y pastizales, en el que se intercalan viviendas.

Un total de 115 personas “de línea” –combatientes directos– y otras 180 de apoyo participaron el miércoles de las tareas de contención, prevención y organización. Fueron parte brigadistas de las localidades de Epuyén, Golondrinas, Cholila, Lago Puelo y El Maitén, a del apoyo de la Brigada Nacional Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y bomberos voluntarios de Esquel, Ñorquinco, y del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Bariloche, entre otras ciudades cercanas.

Cuarenta camionetas, quince autobombas, cuatro camiones cisternas, topadoras, motoniveladoras, tres aviones hidrantes y un helicóptero con helibalde fueron dispuestos para los trabajos de control del fuego.

Las condiciones de viento intenso “limitaron el uso de los medios aéreos”, se informó oficialmente. Para este jueves el pronóstico es muy negativo: se espera una temperatura máxima de 25 grados y vientos del oeste con ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora. “Estas condiciones complican las tareas de control y priorizan las labores en zonas de interfase para proteger viviendas”, se indicó desde el organismo a cargo de la información oficial.

Ramiro Matamala, jefe de Bomberos Voluntarios de Esquel -a 125 kilómetros de Epuyén- fue convocado desde la primera hora de la tarde para participar de los trabajos de ataque de las llamas y prevención. Se trasladaron otro Bomberos de esa ciudad, en dos unidades. Pasados los primeros minutos de este jueves, dice a ElDiarioAr que el incendio “no está controlado, tenemos muchos puntos calientes y focos”. Matamala participó de una reunión interinstitucional en la que se acordó sectorizar la zona para definir las formas de abordaje. “Siempre el primer día vamos atacando donde saltan focos y el segundo ya se sectoriza para trabajar en conjunto y más ordenado”, señala.

A sus espaldas una lengua de fuego se acerca a la casa de un vecino, que recibe a los bomberos y brigadistas, les ofrece un descanso, un mate. El jefe del cuartel de Esquel dice que la vivienda “puede estar en peligro, depende de las condiciones del viento y climáticas. Tenemos miedo que ese segundo punto -señala con la mano- baje y nos quiera encerrar en la parte de abajo”.

Entre el humo, Matamala recuerda que estos incendios que se repiten verano tras verano en la Patagonia “en un 95 por ciento son por la mano del hombre, a veces son intencionales y a veces accidentales”.

El origen del fuego

Al igual que hace un año cuando responsabilizó a una comunidad mapuche por el incendio en la zona del Parque Nacional Los Alerces, el Gobernador planteó dudas sobre el origen del siniestro: “Nos llama la atención. Hay un patrón nos dice que es muy extraño, no es común que surjan dos focos en simultáneo (el otro se dio en la zona de Trevelin) y de tan difícil acceso. El año pasado se descubrió que el método era una vela arriba de un rollo de papel higiénico con combustible. Esto está judicializado”, señaló. Pidió que “paguen las consecuencias los que creen que se puede hacer cualquier cosa”. Sobre el caso de Los Alerces, hasta el momento la Justicia no determinó la responsabilidad de la comunidad acusada por el Gobernador.

Torres resaltó el trabajo de brigadistas, bomberos, y personal de diversas dependencias públicas, así como de los vecinos que aportaron su ayuda al combate de las llamas y participaron de la evacuación.

Luego de recorrer el hospital, el gimnasio y sobrevolar zona en helicóptero, informó no hay heridos de gravedad.

Hasta el momento el Presidente Javier Milei no se comunicó con el Gobernador, y sí lo hicieron, entre otros funcionarios, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En este sentido, anticipó que se pedirá al Congreso la declaración de emergencia y que solicitará un aporte del Tesoro para dar respuesta a los vecinos que perdieron sus viviendas.

SR/MG

El Gobierno nacional, a través del ministerio de Seguridad y la Administración de Parques Nacionales, consiguió este jueves que la comunidad ancestral mapuche tehuelche Paillako abandone los territorios en disputa en la zona del Parque Nacional Los Alerces, Chubut. Fuerzas de seguridad ingresaron en horas de la mañana al lugar con intención de proceder al desalojo ordenado por el Juez Federal Guido Otranto, pero las cuatro familias que integran la comunidad ya habían dejado el territorio.

La ministra Patricia Bullrich, el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se hicieron presentes y celebraron la resolución del conflicto. En el lugar la funcionaria de Javier Milei aseguró a la prensa: “Este es el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la que en Argentina reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada”. Larsen dijo a través de su cuenta en X: “Acabamos de recuperar la seccional El Maitenal del Parque Nacional Los Alerces que Cruz Cárdenas y su séquito autoproclamado mapuche usurpaban desde 2020. Continúa el operativo. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.

Lemu Cruz Cárdenas y Belén Salinas, referentes de la comunidad, son cuarta generación de mapuches que viven en la zona. Sus respectivos bisabuelos nacieron en el lugar que ahora la Justicia les ordenó desalojar. La “Investigación e informe antropológico” sobre la “formación histórica y territorial del Lof Paillako” –incorporado al expediente judicial por usurpación, y al que accedió elDiarioAr– da cuenta de la presencia ancestral mapuche en toda la zona y de, por lo menos, cuatro generaciones de las familias Cárdenas y Salinas, integrantes del lof Paillako.

“Fue posible –dice el documento– demostrar la ancestralidad en el territorio de diversas familias que componen la Lof Paillako, hasta por lo menos cuatro generaciones atrás, comprendiendo el periodo anterior a la conformación de la actual Administración de Parques Nacionales. En efecto, es el caso de Lemu Cruz Cárdenas y Belén Salinas, cuyos bisabuelos ya se encontraban asentados en el lugar”.

El informe de septiembre de 2023 –de 141 carillas– fue realizado por el Grupo de Estudios de Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS) con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDYPCA), dependiente de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET).

La presencia ancestral, según se demuestra en dicho trabajo académico, es anterior a la conformación del Parque Nacional Los Alerces, en 1937. A principios de 2020 la comunidad Paillako anunció la “recuperación” territorial y desde entonces mantiene un enfrentamiento con las autoridades del Parque Nacional. A través de un proceso administrativo, Parques Nacionales resolvió la expulsión de las familias –bajo la figura de “intrusos”, de acuerdo a normativa creada durante la última dictadura militar, que no fue modificada hasta la actualidad–, medida que fue ratificada por el juez Otranto. Las distintas instancias de apelación no encontraron eco y la Justicia había fijado para este 9 de enero la fecha del desalojo. En paralelo, se sustancia una causa penal, cuya resolución aún está pendiente.

En noviembre del año pasado se estrenó el documental Pailako-Cosmovisión en Resistencia (disponible en YouTube), de los realizadores Tatiana Conde y Ezequiel Menevichian, donde se revela la historia y mirada de la comunidad, profundizando la línea de que la Lof Pailako Futalafken Mew es una comunidad en proceso de reivindicación de territorio ancestral que lucha, no solo por la defensa de los bienes comunes, sino también por las infancias y su derecho a la vida.

Ya el miércoles, en horas de la tarde, una veintena de vehículos de distintas fuerzas de seguridad comenzaron a acercarse a la zona, mientras que varias decenas de uniformados se desplegaron para participar del operativo. Pero al momento de iniciar el desalojo las familias no estaban en el lugar. Desde la Gremial de Abogados, representantes de la comunidad en la causa penal, informaron a este medio que la decisión buscó evitar hechos de violencia, teniendo en cuenta que entre quienes viven allí hay niños y bebés.

A través de un comunicado, el ministerio de Bullrich señaló que “el operativo, realizado bajo protocolos estrictos de seguridad, a cargo de la Policía Federal Argentina, marcó un hito al ser el primer desalojo en 18 años, con el objetivo de restaurar el orden en la zona”. La información que brindó la cartera libertaria es errónea. El 4 de octubre de 2022 un operativo bajo las órdenes del por entonces ministro de Seguridad Aníbal Fernández, desalojó a la comunidad Lafken Winkul Mapu del territorio en Villa Mascardi.

Bullrich, en contacto con la prensa, repasó este jueves que “durante 18 años, en Argentina se usurpaba impunemente, y la usurpación prácticamente se había legalizado. La propiedad privada había perdido su valor. Luchamos durante muchos años para poner fin a la Ley 26.160, y este gobierno lo logró. Este es el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la que en Argentina reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada”, planteó.

La ministra insistió: “Venimos a reafirmar nuestro compromiso con el pueblo argentino, que pone como prioridad el orden, la defensa de las libertades y la propiedad privada, con la Constitución Nacional y las Leyes como faro. Este es el primero, pero vamos a hacer tantos procedimientos como sean necesarios, siempre defendiendo al ciudadano de bien que quiere hacer de este país una patria grande, productiva, y con futuro. Con nuestro Gobierno, la tierra es de su dueño legítimo y no de quien se autopercibe su propietario”. 

En una misma línea se expresó el gobernador de Chubut, quien ya había cargado contra quienes, dijo, “se autoperciben mapuches” y reclaman la restitución territorial. La gobernación provincial difundió que “la ocupación de estas tierras generó múltiples inconvenientes, entre ellos ataques físicos al personal de la Administración de Parques Nacionales y un grave perjuicio al derecho de la propiedad del Estado Nacional”.

De hecho, hace un año Torres acusó a Cruz Cárdenas y la comunidad de ser responsables de los incendios del Parque Nacional Los Alerces. La investigación judicial no encontró ningún indicio que avale esa denuncia.

Por su parte, Mauro Millán, lonko de la comunidad Pillán Mawiza –en el noroeste de la provincia de Chubut–, dijo a elDiarioAr que este accionar “dejará su recuerdo en el pueblo mapuche”. Y destacó: “Tuvimos acompañamiento de todas las comunidades. Es algo que no olvidaremos. No va a ser gratis la devolución”.

Millán concluyó: “Una forma que tenemos de responder a estas decisiones de muerte es vivir. Es el antagonismo: seguiremos existiendo como pueblo, como comunidades. Seguramente volverá Paillako, seguramente volverá Winkul”.

MC

“Cuando ya caía el sol, murmuró algo, fue hacia un armario y sacó de él un arma de aspecto siniestro, un tubo largo y amarillento que terminaba en un gatillo y unos fuelles”.

En la cama, en calzoncillos, Alfredo Chaves lee. Recién llega de la casa de su novia, se desviste, se acuesta y lee Crónicas Marcianas. Tiene 19 años, hace dos días salió del servicio militar, está a punto de recibir la baja. Lee a Ray Bradbury cuando de pronto, escucha ruidos.

“El capitán y sus hombres se habían acercado a la puerta de plata, con la esperanza de que se abriera”.

Son las doce menos cuarto de una noche fría del 9 de mayo de 1978. Chaves escucha cuatro golpes en la puerta, el grito de “¡policía!”. El papá, contador, también en calzoncillos corre a la pieza de su hijo.

–¿Tenés algo?

–Estoy limpio

El papá abre, entran siete miembros del Ejército, ninguno uniformado. Algunos se quedan en la puerta de la casa familiar de Villa Ballester, otros están en el fondo, saltaron las paredes por lo del vecino. Comienzan a revisar todo, abren cajones, buscan libros o panfletos o armas, pero también plata, joyas, electrodomésticos.

Gritan “dónde están los fierros”, gritan “hijos de puta”. Al padre lo ponen contra la pared. También grita. Grita que conoce a un militar, que lo dejen llamar, que ya van a ver.

Chaves, que no sabe quién es Alfredo Astiz, escucha los gritos. Tres policías suben al cuarto donde se quedó su mamá. La bajan al comedor. La llevan al lado de su marido. A la hermana de 13 años le ponen una manta en la cabeza y la apuntan con una pistola 45 mm. La mantienen en un rincón, encañonada. Bajan a Chaves, le tapan la cara con la funda de una almohada, lo hacen arrodillar. Lo levantan, se lo empiezan a llevar.

–Déjenme darle un beso –dice la hermana.

No la dejan. Sacan a Chaves de la casa, lo suben a un Chevy de cuatro puertas, color claro, uno de los autos de una larga caravana. Lo ponen en la parte de atrás, junto a dos policías. Lo tiran a los pies, le ponen las botas en la cabeza. Otros dos suben adelante.

“Lo sacaron de allí a rastras. Cerraron de un golpe la portezuela del coche policial y se lo llevaron al alba con la cara pegada a la ventanilla trasera”.

Chaves, que 15 minutos antes en la cama y en calzoncillos tal vez leyó ese párrafo de Crónicas Marcianas y que nunca escuchó hablar de Astiz, la cabeza contra el piso, oye arrancar la caravana de autos. A las pocas cuadras frenan, los policías levantan a otras personas. En la parte delantera del Chevy suben a una mujer. La escucha pedir que no le peguen, la reconoce. Mirta, compañera del colegio Carlos Pellegrini, llora. 

–Tranquila, flaca, no va a pasar nada, no te preocupes.

–¿Qué, se conocen ustedes? –pregunta un policía.

–Flaca, soy yo, Alfredo –insiste Chávez.

–Yo no hice nada –dice entre sollozos Mirta.

Y no dice más. El viaje sigue. Chaves la cara contra el piso de la parte trasera del Chevy, la bota sobre la cabeza, los insultos taladrándolo, se duerme. 

–Podés creer que antes de llegar al chupadero, me dormí. Ahí en el piso me dormí.

Dormido en el piso tal vez quiera transformar todo en un sueño o en un relato de ciencia ficción.

***

–Ahora que está de moda, hablemos de Astiz –propongo.

–Ahora que está de moda –repite Chaves.

Preso desde 2003 por delitos de lesa humanidad, condenado en dos oportunidades a prisión perpetua, Alfredo Astiz volvió a la agenda pública cuando el pasado 11 de julio un grupo de diputados nacionales oficialistas de La Libertad Avanza fueron a visitarlo a la cárcel de Ezeiza. A él y a otros once detenidos, responsables todos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

El convite se convirtió en un escándalo político, provocó la ruptura del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, se presentaron pedidos de informes, disparó –por un tiempo– la indignación social.

Y reinstaló a Alfredo Astiz en la agenda pública.

–De moda, ese infeliz de mierda.

Alfredo Chaves –recién jubilado, 65 años, uno setenta de altura aproximadamente, pura fibra, pelo corto y blanco– se sienta en un bar del oeste de Bariloche, pide un café, y no baja la voz para decir ese infeliz de mierda. Habla de su militancia en el Colegio secundario, del servicio militar, de cuando lo chuparon. Cuenta las sesiones de tortura con una cadencia que se parece a la sistematicidad de los golpes, con frases cortas, un ritmo, una enumeración precisa, los cintazos, la picana, el interrogatorio.

–Los primeros dos o tres días son de tortura. Son de sesiones interrogatorias. Así que arrancan haciéndote hablar. Decí todo lo que quieras decir. Después te cagan a trompadas. Después te dicen que no dijiste nada. Después te vuelven a entrar. Y ya te empiezan a dar máquinas en la parrilla. Y así. Y después vuelven por lo que quedó en el tintero. O te olvidaste de ésto. O tal me dijo que vos sabías que tal. Van haciendo como un mapa, digamos. Y luego me vuelven a entrar. Y me empiezan a dar máquinas de vuelta. Y le digo, ¿por qué?, te dije todo, no me acuerdo de cómo se llama la chica. A tal no la nombraste. Bueno, me olvidé. No me acuerdo. Hijo de puta, era tu novia. No. Y así. Esos primeros días son así. Quedás hecho mierda, te manejan la psiquis de una manera espectacular.

Era mayo del ’78 y Chaves, que hasta entonces nunca había escuchado hablar de Astiz, estuvo engrillado a una pared del centro clandestino de detención El Vesubio. Sólo lo soltaban para llevarlo a la sala, a la parrilla. Pasó 44 días en El Vesubio. No cagó durante 14 días. Después lo trasladaron y pasó dos meses y medio más en una unidad militar en Pablo Podestá y en una comisaría de Ramos Mejía. El papá, la mamá, las hermanas, la novia, no sabían dónde estaba. Lo creían muerto después de más de cuatro meses, hasta que finalmente apareció detenido, blanqueado, en la cárcel de Devoto. Pasó allí dos meses y luego otros dos meses y medio en la cárcel de la ciudad de La Plata. En Devoto vio a la familia a través de un vidrio, en La Plata finalmente los pudo abrazar.

En total fueron más de ocho meses desaparecido y preso. Al salir, el Ejército lo reincorporó al servicio militar para que cumpla la semana que tenía pendiente y ante el acuartelamiento de las tropas del Ejército que casi entran en guerra con Chile por el diferendo del canal Beagle.

–Pasé de ser un subversivo apátrida a un soldado de la patria. Así estaba mi cabeza, hecha un moño.

Veintitrés años después, el 1 de septiembre de 1995, Chaves ya sabe quién era Alfredo Astiz. Lo ve en el kilómetro uno de la Avenida Bustillo de Bariloche y por su cabeza desfilan los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo.

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Alfredo Chaves ingresó al Colegio Nacional Pellegrini en 1972. Fue delegado de su división desde primer año y uno de los fundadores del centro de estudiantes. Rápidamente se incorporó a la Unión Estudiantes Secundarios (UES) y al calor de la “primavera Camporista” –Héctor Cámpora ganó las elecciones el 11 de marzo de 1973– alternó militancia en el colegio y salidas al territorio. Durante las vacaciones o los fines de semana iba a volantear, a apoyar alguna huelga de trabajadores, a hacer pintadas.

–Nos íbamos a veces a Puente de la Noria, por Remedios de Escalada, a volantear en unas elecciones de la UTA, por ejemplo, del gremio transportista, porque había compañeros que se presentaban en una lista interna del sindicato. Entonces nosotros volanteábamos o pintábamos para la JTP, esas cosas.

Esas cosas hacía mientras el clima político se iba espesando y el crecimiento de la organización Montoneros arrinconaba a los militantes peronistas a tomar una decisión: sumarse o no a la lucha armada.

–La UES era una organización satélite de Montoneros, una agrupación territorial. Algunos compartían la doble militancia, definiendo que Montoneros era una organización político-militar y cada agrupación o cada integrante, depende de lo que estratégicamente se fuera resolviendo, tomaba distintas responsabilidades.

Si bien nunca salió del ámbito de la militancia estudiantil, el debate lo cruzó.

–Cuando hacíamos tomas de las escuelas había compañeros que iban enfierrados. No era que hacíamos operativos militares ni mucho menos. Y del otro lado, en el ’75, ya vivíamos en un sistema muy represivo en la escuela, todos los preceptores pasaron a ser policías, el bufoso debajo de la manga, la Triple A.

–¿Te tentó la posibilidad de pasar a la lucha armada?

–Si te vas a enfierrar tenés que estar convencido de que lo vas a hacer. No era una cuestión de tentación ni de no. Si la guerrilla hubiese, digamos…

–Hubiese ordenado a la UES integrarse…

–No, integrarse no, porque se le daba más relevancia a la parte política que a la militar. Entonces lo importante era formar cuadros y ser dirigentes. Porque las revoluciones no se hacen con los fierros, se hacen con el pueblo atrás, sino son comandos.

–¿Por qué sectores del peronismo optaron por la lucha armada?

–Esa experiencia, que se dio en toda Latinoamérica, acá tenía que arraigar firmemente en el peronismo porque fue el primer sector castigado por el fascismo y por la derecha, y por los sectores concentrados y tradicionales de poder, y los dueños del país. Así que la discusión nos involucró a todos los que pretendíamos un cambio más acelerado.

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Casi nunca habló de las torturas, el secuestro, esos detalles. Muchas veces, en cambio, habló sobre el día que un arrebato, un impulso incontrolable lo empujó hacia esa figura rubia que, en el kilómetro uno de la Avenida Bustillo, esperaba el transporte que lo llevaría al cerro Catedral a esquiar. Era el 1 de septiembre del ’95. Alfredo Astiz disfrutaba de la libertad gracias a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impidieron que sea juzgado. Unos días antes el Concejo Deliberante de Bariloche había repudiado su estadía en la ciudad.

Muchas veces habló Chaves y contó de manera detallada cómo se abalanzó, le preguntó si era él –“¿Vos sos Astiz?”, le dijo–, y lo atacó con una trompada y patadas. Se convirtió en un héroe improbable. Dejó atrás, definitivamente, el papel de víctima que le había deparado la historia.

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El archivo principal de Chaves lo tienen Daniel Nico y Silvia Morete. Amigos, fueron guardando todo lo que se publicaba en diarios y revistas sobre la trompada a Astiz. Pero también la resolución judicial de absolución de Chaves por la agresión, y los panfletos y volantes convocando a los actos de recuerdo de aquel hecho, los manuscritos de invitación a figuras políticas, artísticas y de defensa de los derechos humanos.

Una carpeta grande, marrón, de dibujante, resguarda la memoria de uno de los hechos políticos más importantes de la historia de Bariloche. Daniel y Silvia la sacan de un mueble, la abren con cuidado. Papeles amarillentos, letras manuscritas cuya autoría arriesgan, notas de opinión de los principales columnistas de los diarios nacionales de la época, y reportajes varios a Chaves. En Página/12, la revista Humor, el diario Río Negro, repite al detalle el episodio:

Eran las nueve menos diez de un día radiante. Cuando paso por el monolito, enfrente del hotel de la Marina, estaba ahí parado, con una chica, como mirando para el centro. Lo vi y seguí de largo dos kilómetros... pero pegué la vuelta –le dijo al diario Río Negro–. Quería asegurarme de que fuera él. Pasé por la otra mano y el chabón seguía parado en la banquina. Me convencí de que iba a estar ahí hasta que yo fuera a trompearlo.

–Ya lo contaste tantas veces, no te voy a pedir de nuevo…–lo tranquilizo.

En tantas notas dijo que en ese momento miró a Astiz varias veces y se le pasaron por la cabeza los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo. Se aseguró que no estuviese armado ni con custodia. Paró su camioneta y caminó 50 metros. Chaves se puso cara a cara con el responsable de desapariciones, torturas, asesinatos, y le preguntó “¿Vos sos Astiz?”. “Sí, ¿vos quién sos”, le respondió el marino. “Vos sos un hijo de puta que todavía tiene cara para andar por la calle”, le espetó Chaves. Después lo midió y le pegó un golpe en la cara, luego una patada en los testículos y se le tiró encima, le metió los dedos en los ojos, recibió algún golpe. Le gritó criminal, asesino, hijo de puta. Le dijo “vos te cagaste con los ingleses y lo único que sabés es matar adolescentes por la espalda. Tiraste monjas de los aviones, hijo de puta, cobarde, traidor a la patria”. Chaves estaba sacado, revoleaba trompadas y patadas. Un amigo que vio la escena lo levantó por la espalda y se lo llevó en su auto.

La camioneta del héroe improbable quedó encendida a media cuadra.

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“Riña – bronca – gresca – pendencia – querella – reyerta – disputa – altercado – trifulca – discordia – guerra – batalla - combate – choque – encontronazo – puñetazo – trompada – piña”. Con letras manuscritas en birome roja, amigos y amigas de Chaves ensayan palabras para definir el hecho y convocar al acto por el aniversario de la trompada. Cada 1 de septiembre, desde 1995, se realizan marchas o concentraciones para recordarla. Algunas fueron masivas e incluyeron shows gratuitos de la banda La Renga. Otras, un puñado de amigos, unos pocos militantes, todos cerca o más allá de los 60 años. Desde un primer momento y durante varios años seguidos, la titular de Madre de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, estuvo presente en Bariloche.

“A las 8.55 del 1 de septiembre de 1995 aquí se detuvo la muerte. Al rato pasó la vida y le pegó una piña – Memoria y Justicia – Segundo aniversario de la histórica trompada…”, dice uno de los volantes de 1997.

En todos los reportajes posteriores a la riña, la gresca, la pendencia, lo contó igual.

–Lo emboqué justo en la trompa –dijo.

Así nació “la embocadura”. Tanto buscar palabras, sinónimos, y en la enunciación de Chaves estaba la respuesta: embocadura. Así, bajo esa consigna se realiza cada año la convocatoria de todos los 1 de septiembre, a la mañana, en el kilómetro uno de la Avenida Bustillo.

Este 2024, se cumplieron 29 años.

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El 1 de septiembre unas 25 personas se reúnen en torno a la piedra de un metro de alto que funge de recordatorio. La palabra memoria y dos pañuelos blancos pintados en la piedra. Un manchón de pintura bordó, a modo de atentado, tapó hace unos meses y parcialmente el blanco y por eso ahora, este año, la actividad recordatoria toma la forma de brigada de trabajo que dispuesta con trapos, viruta, thinner Standard y esponjas de acero rasquetea la piedra.

Un turista de enterito de esquiador de colores fluorescentes, casco y guantes en la mano se acerca y pregunta por la parada del colectivo que va al cerro Catedral.

–Ah, están haciendo como un arte, algo así –le dice a su mujer, también de enterito y botas.

Chaves rompe unos trapos, los reparte entre los brigadistas. “Voy a buscar un poco de agua, tengo un oso de felpa en la boca”, dice y cruza corriendo Bustillo, una botella de plástico vacía en la mano.

Chaves arrastra las erres, cortazarianamente, las guturiza. Por eso en los asados cuando el vino ya corrió lo suficiente los amigos lo convidan a cantar tangos llenos de erres. Chaves no esquiva la propuesta y entonces entona su hit “Los cosos de al lao”.

“Sollozaggon los violines

los fueyes se estggremecieggon

y en la noche se peggrdieggon

los acoggrdes de un gotán“.

Sin embargo, la canción de las erres por antonomasia es “Carta de un león a otro”, de Chico Novarro, a la que Chaves cambia la letra y concluye con un enfático: “Ggrebenque en mano”, en lugar del “látigo en mano” original.

Pero ahora es de mañana, es septiembre, hace frío y Chaves vuelve corriendo con el agua al lugar donde está la piedra que recuerda la trompada. Al finalizar el acto no se cantan tangos ni la “Carta de un león a otro”. Se canta que “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”.

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Si de cantar se trata, la convocatoria al acto por el segundo aniversario de la embocadura, en 1997, incluyó una canción original que debía ser interpretada con la música de Pedro Navaja:

“En la garita esperando el bondi estaba Astiz,

el asesino de tanta gente reía allí.

el compañero Alfredo Chaves por ahí pasó,

frenó su auto, pensó en las Madres y se acercó.

Vos sos Astiz, y el asesino dijo que sí,

entonces Chaves cargó en su brazo todo el dolor

que tanta gente en tantos años acumuló.

Una trompada, una patada al torturador

la dignidad de un pueblo entero reivindicó…“ 

En aquella oportunidad, papel con la letra en mano, entre los discursos, un grupo de Bariloche movió torpemente las caderas.

No fue la única canción.

–Me acuerdo que en la época de la piña me hicieron un poema, una  señora, que es un tango en realidad, que no me lo acuerdo todo, pero habla así como que “veinte años no es nada” y termina diciendo que “en este país cambalache, vos elegís, sos Chaves o sos Astiz”.

Chaves se ríe mientras se le enfría el café.

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Deja de reír cuando le pregunto:

–¿Cuándo escuchaste por primera vez el apellido Astiz?, ¿ya en democracia?

Chaves, a los 20 años, fuerza su autoexilio en la ciudad de Bariloche en 1979, luego del secuestro y de la breve reincorporación al Ejército. Durante cinco años guarda silencio, piensa que lo siguen, mira para los cuatro costados al salir a la calle, no duerme bien. Pone comercios, trabaja, hasta que en 1984 declara en el primer juicio que se realiza por los secuestros en el campo de concentración El Vesubio. Un año después, vuelve ante los tribunales en el Juicio a las Juntas.

El 9 de diciembre de 1985, Chaves saca los parlantes a la puerta del local que tiene en la primera cuadra de la calle Mitre, la principal de Bariloche. La voz del Juez León Arslanián suena clara: “Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, sin desmedro de la eficacia”, Chaves sube el volumen, “optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que, en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los enjuiciados”, Chaves ahoga una revancha, hasta que escucha “condenando a Jorge Rafael Videla, de las demás condiciones…”, Chaves grita, “a la pena de reclusión perpetua”, Chaves no llora, “condenando a Emilio Eduardo Massera, de las demás condiciones…”, un grupo en torno a los parlantes mira a Chaves, “a la pena de reclusión perpetua”, Chaves grita. Acaba de terminar su exilio interno.

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–¿Y Astiz?

–Ese infeliz de mierda –repite. En (la guerra de) las Malvinas ya lo tenía claro. Ya para las Malvinas había salido su nombre. No recuerdo exactamente, porque también se sabía de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). Yo de la ESMA sabía ya en los ‘70, todavía cuando estaba en Buenos Aires, creo que antes de venirme para acá. De compañeros y compañeras que caían se decía parece que la llevaron a la ESMA. Pero el nombre de Astiz todavía no salía. Después de Malvinas sí.

Desde el ’82 Chaves tuvo claro quién era Astiz. Trece años esperó para demostrarle lo que sentía por él.

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El martes 3 de octubre de 1995, dos meses después de la embocadura, en su viñeta habitual de contratapa –al lado de la historieta Diógenes y el Lineyera, y de Clemente, y debajo de la minifalda ajustada de una de las chicas de El Nene Montanaro–, Roberto Fontanarrosa dibujó a dos mujeres, que mantenían este diálogo: “Y cuando viajaron a Bariloche, ¿qué fueron a conocer?”. “La Isla Victoria, el Cerro Catedral y la esquina donde pegaron a Astiz”.

Por ese dibujo, por ese homenaje, el jueves 28 de agosto de 1997 a las 14.22 horas sonó el teléfono de la casa personal del dibujante. El fax recibió el siguiente mensaje: “Querido Fontanarrosa: te usamos el dibujo para celebrar esta gesta que nos enorgullece. Descontamos tu acuerdo; nos gustaría mucho que puedas llegarte a festejar con nosotros. ¡Hay alojamiento y comida! Gracias y un abrazo. Daniel y Silvia”.

Fontanarrosa no viajó a Bariloche, pero su dibujo se convirtió en folleto, volante, memoria lúdica.

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Luego de la golpiza, el embocado querelló a Chaves por el delito de lesiones leves. La causa por “lesiones leves” fue caratulada “Astiz Alfredo Ignacio s/denuncia Imputado Alfredo Chaves”. Algo más de dos años después de la trompada, el juez Fernando Héctor Bajos firmó el 9 de octubre de 1997 la sentencia que sobreseyó a Chaves por la golpiza ya que “obró en estado de inconsciencia que le impidió dirigir sus acciones”.

“Yo le decía al juez que no fue emoción violenta, que fue un acto de resistencia”, diría el embocador algunos días después, y que “lo volvería a hacer”. Y que “donde la Justicia no estaba presente la Justicia del pueblo se hacía sentir”.

El fallo del Juez Bajos estuvo a tono con el clima de impunidad otorgado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y el indulto firmado por el entonces presidente Carlos Menem. Y también con la teoría de los dos demonios como explicación de la tragedia argentina. Para referirse a la década del ’70 y los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, el magistrado aseguró que “la sociedad argentina en su conjunto aún tiene presente los largos años de enfrentamientos armados entre sus miembros”.

Para edulcorar el indulto, el Juez planteó que estuvo “inspirado en la pacificación nacional”. Y, si bien cuestionó que esa medida de Menem “sólo permitió demostrar que jamás una idea, un deseo, un sentimiento pueden ser impuestos a una sociedad, pues tarde o temprano la imposición será desoída o generará reacciones incompatibles con el orden jurídico”, interpretó que “no es con actitudes vindicantes con las que lograremos recomponer esa estructura jurídica dañada”.

Incluso, el juez dijo que son “voces descarnadas que se alzan contra el olvido y el perdón” las que ejercen una “fuerte y peligrosa influencia (…) sobre la psiquis de todos aquellos que de alguna manera tuvieron una experiencia vivencial en aquellos tristes pasajes de la historia argentina”.

Para el Juez, Chaves era una persona influenciable con una psiquis permeada por el “clamor” contra el olvido y el perdón.

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El héroe improbable, la víctima redimida, ¿mirará para atrás y verá parte de la vida como un cuento de ciencia ficción?, se preguntará ¿Soy yo el que estuvo engrillado, al que le dieron picana y golpearon las costillas? ¿Esta mano que acaricia la cabeza de una de mis tres hijas es la misma mano que estuvo 40 días atada a una pared? ¿Soy el que, luego, salió en los diarios y al que abrazaron tantos por ese imprevisto, por ese cruce de coordenadas, por ese impulso sin freno?

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Chaves sueña con un gran acto para los 30 años de la embocadura, en 2025. No lo dice, pero algo deja entrever cuando anticipa que ya piensa un discurso para el año próximo. Quiere reafirmar la celebración como un hecho político, con Javier Milei como presidente, con el coletazo de la moda Astiz gracias a la visita de los diputados oficialistas.

–La trompada fue un hecho político, de resistencia –dice.

–¿Cuánto cambió tu vida la piña a Astiz?

–Mucho. Yo ya había vuelto a militar. Había declarado en los juicios de lesa humanidad. Pero la trompada me cambió mucho, conocí muchísima gente. Tuve una demanda muy grande de notas hasta el día de hoy.

Hoy deja la taza ya sin café en el bar del oeste de Bariloche. Se para, da un abrazo, y promete “nos vemos el año que viene”, cuando el aniversario de la embocadura vuelva a poner de moda a Astiz.

Siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu fueron condenados este lunes en una causa por “usurpación” iniciada en 2017 por la administración del Parque Nacional Nahuel Huapi. El juez Federal Hugo Greca leyó la sentencia que estipuló condenas de entre dos y dos años y medio de prisión en suspenso para los mapuches. A cinco de ellos los encontró responsables del delito de “usurpación” y a otros dos sumó el de “atentado a la autoridad agravado por cometerse a mano armada”, refiriéndose al uso de piedras.

El juicio se desarrolló por disposición del magistrado en dependencias del Escuadrón 34 de Gendarmería, sin lugar para la cobertura de prensa y en medio de un importantísimo despliegue de seguridad. Las instancias del debate solo pudieron ser seguidas a través de YouTube.

Las personas condenadas fueron María Nahuel, Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Yéssica Bonnefoi, Aylén Tapia, Gonzalo Coña y Joana Colhuan.

El juez adhirió en su fallo al pedido de la querella representante de Parques Nacionales y, parcialmente, a la solicitud de condenas del Ministerio Público Fiscal. Los integrantes de La Gremial de Abogados y Abogadas de las República Argentina ejercieron la defensa de todos los imputados y al momento de los alegatos reclamaron la absolución, sobre la base de la demostración del vínculo histórico, ancestral y espiritual de la comunidad con ese territorio, así como lo estipulado en la Constitución nacional, las leyes argentinas y los tratados internacionales en relación al derecho de los pueblos originarios.

Eduardo Soares, presidente de La Gremial, había anticipado que el fallo “estaba ya redactado y firmado” y lo calificó como “racista, supremacista y misógino”, ya que no tuvo en cuenta ni la perspectiva de derechos de las comunidades originarias ni la de género, ya que siete de los ocho imputados eran mujeres.

Historia

En noviembre de 2017 la comunidad anunció la “recuperación de un territorio ancestral” de aproximadamente siete hectáreas en tierras de Parques en la zona de Villa Mascardi. En paralelo informaron que en el lugar se estaba “levantando una Machi”, autoridad espiritual y de sanación del pueblo mapuche, hecho que no ocurría al este de la Cordillera de los Andes desde hace 60 años.

Pocos días después del anuncio, la Justicia Federal ordenó un desalojo que se cumplió parcialmente el 23 de noviembre de aquel año, y dos días después un operativo del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina asesinó por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel. Por esa causa, en 2023 fueron condenados cinco miembros de ese grupo de elite de la fuerza de seguridad por encontrarlos responsables del delito de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”.

Desde 2017 hasta el 4 de octubre de 2022, los integrantes de la Lafken Winkul Mapu permanecieron en el territorio, pero aquel día se produjo –bajo las órdenes del por entonces ministro de Seguridad Aníbal Fernández– un nuevo operativo que en este caso despejó completamente la zona.

El expediente judicial siguió su trámite hasta que el jueves pasado comenzó la instancia oral y pública del juicio –que presidió el juez Hugo Greca– y que tenía a ocho personas imputadas.

El primer día del juicio fue sobreseída la Machi Betiana Colhuan ya que era menor –tenía 16 años– al momento del hecho investigado. Un día después Colhuan declaró como “amicus curiae” y narró las implicancias espirituales del levantamiento de una Machi así como de la existencia de un rewe –sitio espiritual– en la zona en disputa entre Parques Nacionales y la Comunidad. Dijo que la comunidad no eligió ese territorio por “un negocio inmobiliario o turístico” sino porque “toda la vida estuvimos vinculados con ese territorio, y hoy ahí está la placenta de los hijos que parí en el lugar”.

“Cumplo el rol de Machi, de guía espiritual y ceremonial de mi comunidad y mi pueblo mapuche. Cumplo un rol sagrado”, explicó e informó que atiende a pacientes mapuches, que entrega medicina ancestral y que –tras formarse durante seis años– trata diversas enfermedades.

Colhuan narró también cómo la Machi Teresa Painequeo –ya fallecida– le anticipó su futura responsabilidad, y dijo que desde el vientre de su madre “tuvo ese rol designado”. “Cuando llegó el momento empecé a desarrollar mi espíritu, que creció conmigo, es algo que no puedo negar ni desconocer, voy a morir con él, es parte de mi cosmovisión y cultura”, agregó.

Entre lágrimas explicó que alejarse de ese espacio ceremonial y espiritual “es muy grave. Para mí es algo de por vida. Es ese espacio el que me da la vida”.

Durante el juicio declararon 19 testigos, todos aportados por la querella y la fiscalía. La mayoría de ellos son uniformados de las distintas fuerzas de seguridad que intervinieron en los dos operativos de desalojo, así como actuales y ex integrantes del Parque Nacional Nahuel Huapi. Todos coincidieron en cuestionar los métodos de defensa del territorio de la comunidad, a la que acusaron de agresiva y sin disposición al diálogo.

El abogado de Parques Nacionales, Nicolás Vinuesa, repasó durante su alegato los dichos de los testigos y concluyó que el predio del Estado había sido arrebatado de manera violenta e ilegal por los mapuches. Cuestionó además que la comunidad no tenía reconocimiento estatal previo ni antecedentes en la zona. En un mismo sentido se expresó el fiscal Rafael Vehils Ruiz quien en su extenso alegato pidió además que se disponga judicialmente que los miembros de la comunidad no puedan acercarse al sitio sagrado. Este punto no fue tomado en cuenta por el juez, quien no incluyó en la sentencia ninguna restricción de ese tipo.

Fueron seis los abogados de La Gremial que participaron del alegato de la defensa, Eduardo Soares, Gustavo Franquet, Blanca Fabiola Barreiro, Álvaro Arias Camacho, Siro Soto y Laura Taffetani. Argumentaron centralmente que los tratados internacionales y las leyes nacionales derivadas de la manda constitucional que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios dan un marco legal que permite el reclamo territorial por parte de las comunidades.

Los abogados y abogadas defensores también cuestionaron la falta de perspectiva de género en todo el expediente y proceso judicial, así como la ausencia de atención a los derechos de los niños que sufrieron el desalojo del 23 de noviembre de 2017.

Cinco de las mujeres imputadas declararon durante el juicio y relataron que durante el violento desalojo los uniformados “obligaron a la Machi a comer tierra”, “separaron a los niños de sus madres”, “tiraron innumerables gases y tiros” y “golpearon con los escudos y cachiporras”.

Una de las condenadas, Luciana Jaramillo recordó el “legítimo derecho que tenemos de habitar el territorio, de ejercer nuestra espiritualidad, de cuidar el rewe que resiste de pie y es lo único que quedó de nosotros en este espacio. Siempre vamos a tener la necesidad de volver”.

Y agregó: “Somos muy conscientes de nuestra historia, sabemos que somos un pueblo invadido, que ha resistido. ¿En qué momento de la historia pasamos a ser acusados? Podríamos ser acusadores. En este juicio también nos vulneraron. Luchamos por siete hectáreas a comparación de Lewis, Benetton que tiene un millón de hectáreas, el emir de Qatar. ¿Quienes son los inquilinos en esta tierra? Estamos dispuestos a dar nuestra vida para defender el agua, nuestro lawen (medicina ancestral), nuestra mapu (tierra)”.

Por su parte, María Nahuel repasó el vínculo histórico de parte de su familia con ese territorio en Villa Mascardi. Dijo que allí participó de varias ceremonias mapuches; y recordó que una Machi anticipó el levantamiento de otra guía espiritual en el lugar.

SR/MG

El sol tibio del invierno sale por detrás del cerro Belvedere, ilumina los coihues, cipreses y arrayanes que nutren el bosque en pendiente. Siete arroyos cargados de agua en esta época del año, bajan hacia el lago Correntoso. Durante la primavera menguarán su caudal, y se secarán en verano, para renacer con las lluvias del otoño. De ese ciclo, así como de la presencia de plantas medicinales y del ñiemg, las fuerzas protectoras del lugar, saben desde hace cientos de años los integrantes de la comunidad mapuche Paicil Antriao.

Doce hectáreas de las 625 que el Estado nacional le reconoció a esa comunidad a principios del siglo XX, hoy están en el centro de la polémica: el ex basquetbolista Emanuel Ginóbili presentó una denuncia por usurpación y amenazas contra siete personas, y cerró así una instancia de diálogo que buscaba una salida negociada al conflicto originado en 2004. Ese año Ginóbili compró el lote de la ladera del cerro Belvedere, en Villa La Angostura, Neuquén, desconociendo la presencia ancestral de la Paicil Antriao, lof que utilizaba el territorio para el pastaje de vacas y ovejas. “Es parte de la veranada, donde las familias llevan sus animales. Eso demuestra la ocupación tradicional del lugar por parte de nuestra comunidad, y así fue reconocido por la provincia de Neuquén en el relevamiento realizado”, explica a elDiarioAR Tino Nawel, werkwen (vocero) de la comunidad.

Nos pone en una situación incómoda. Que nos inicien un juicio por usurpación es terrible. No cabe en nuestra cabeza. Nosotros vivimos en el territorio, no podemos usurpar lo que es nuestro. Nos molesta mucho

Tino Nawe — Werkwen (vocero) de la comunidad

Dicho relevamiento se realizó en el marco de la aplicación de la Ley 26.160 (sancionada en 2006) que –de acuerdo al Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y el Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT– declaró la “emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias”; suspendió la “ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas”; y ordenó “realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual”.

Desde 2006 la Ley ha sido prorrogada sistemáticamente, debido al incumplimiento de realización de los relevamientos por parte del Estado nacional y las provincias.

La carpeta con el relevamiento de la comunidad Paicil Antriao ya cuenta con el aporte técnico del Estado de la provincia de Neuquén, y espera por la firma de los representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La semana pasada la comunidad se reunió en la localidad neuquina de Zapala con las nuevas autoridades del organismo. Esa documentación será aportada ante el juzgado que canalice la denuncia de Ginóbili, luego que su abogado, Jorge Ernesto Mena, presentara la denuncia en la Oficina Judicial de Villa La Angostura.

Las comunidades mapuches, en general, poco esperan del actual Gobierno nacional. Por caso, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ocupaba ese mismo cargo cuando, en 2017, el avance represivo de Gendarmería provocó la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, mientras que el ataque de integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina derivó en el asesinato estatal de Rafael Nahuel, también ese mismo año. “Todo nuestro apoyo a Manu en su disputa con los criminales pseudomapuches”, escribió Bullrich en la red social X.

En sintonía, el titular de Parques Nacionales, Cristian Larsen, publicó: “No podemos permitir que pseudo-mapuches se apropien de lo ajeno. En este caso le tocó a Manu Ginóbili. Trabajamos para terminar con el abuso y la criminalidad de la usurpación de tierras que son de todos los argentinos. El que las hace, las va a pagar”.

Desde la compra del lote a un privado por parte del ex basquetbolista, hace 20 años, se sucedieron espacios de mediación y negociación, pero ninguno llegó a buen puerto.

“La negociación la acaba de romper Ginóbili”, dice Nawel, “nos pone en una situación incómoda. Que nos inicien un juicio por usurpación es terrible. No cabe en nuestra cabeza. Nosotros vivimos en el territorio, no podemos usurpar lo que es nuestro. Nos molesta mucho”, agrega.

–¿Cuándo realizó la recuperación territorial la comunidad?– consultó este diario.

– Nosotros no hablamos de recuperación, porque siempre estuvimos aquí. Hablamos de resguardo del territorio.

Nawel guarda junto con la documentación que acredita esa presencia ancestral en la zona, una copia del decreto de 1902 firmado por el ex Presidente Julio Argentino Roca que otorgó, bajo la denominación de Lote Pastoril N°9, 625 hectáreas a Juan Ignacio Antreau y Jose Maria Paisil, como retribución por sus servicios como baqueanos en el lugar, durante el trabajo de la Comisión de Límites y Fronteras.

– Es una forma de confirmar que este territorio siempre fue habitado por Paicil y Antriao.

Para Nawel “Ginóbili fue estafado en su buena fe, compró sin saber que ese territorio es de la comunidad”.

Tres causas

El que lo enfrenta al ex basquetbolista no es el único conflicto que mantiene la Paicil Antriao. De hecho, en las últimas horas la Justicia neuquina fijó fecha entre el 1 y el 10 de octubre para el juicio oral y público contra los siete integrantes de la comunidad en tres causas: la de Ginóbili, una promovida por Néstor Martín Bianchini, y una tercera impulsada por otro privado, Fabián Converti.

“Acá hay muchos conflictos. El de Ginóbili uno de los tantos. Tiene más trascendencia por este personaje, sino no tendría tanta. Son muchos los intrusos que nos denuncian”, explica Nawel. Además de algunos privados, la propia Municipalidad de Villa La Angostura mantiene un litigio judicial por el manejo del camping del lago Correntoso; mientras que el Estado nacional está en conflicto con 18 familias de la comunidad que impiden el avance de la obra de construcción de la ruta de Circunvalación, ya que, argumentan, “pasa por el territorio”.

La comunidad Paicil Antriao reúne a unas 70 familias y casi 200 personas, que se encuentran dispersas en “diferentes porciones” a los que “nos fue arrinconando el avance inmobiliario”, plantea el werken. Así, de las 625 hectáreas originales, hoy las familias se asientan en un total de 125 hectáreas. En la década del ’90, con la presión ejercida por la migración interna en Villa La Angostura, la venta indiscriminada de lotes y el desarrollo de obras de infraestructura como el pavimento, la situación “nos fue corriendo” y se generaron numerosos conflictos.

La reducción de 625 a 125 hectáreas “fue posible por la complicidad del Gobierno de la Provincia de Neuquén, la Dirección de Tierras, el Juzgado de Paz, la Justicia, los diferentes Intendentes. Nos significó que hayamos quedado reducido a porciones”, como la zona del camping Correntoso, Puerto Elma sobre el lago Nahuel Huapi, o Pichi Mahuiza, en cercanías de las 12 hectáreas reclamadas por Ginóbili.

La comunidad insiste en que el tema no puede ser abordado únicamente desde la perspectiva del desarrollo inmobiliario o el valor privado de la tierra. “Para nosotros tiene un valor espiritual y cultural. Queremos que el lugar se declare ‘espacio biocultural’ y que se resguarde su diversidad natural”, explica Nawel. “Nosotros somos parte de la naturaleza, no la miramos desde afuera, según nuestra cosmovisión este territorio biocultural se relaciona con nuestros planes de vida”, agrega, y enumera: “los coihues, cipreses, el bosque, los coirones o reservas de agua son importantes para nosotros”. Lo mismo que el cerro Berlvedere. Por donde sale el sol.

SR/MG

El 27 de septiembre de 2023, Fausto Jones Huala, que este jueves fue encontrado muerto en su casa de Bariloche, enfrentó a los tres jueces del Tribunal Oral Federal de General Roca y, en calidad de testigo, detalló cómo se produjo el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.

Jones Huala ingresó al territorio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Villa Mascardi, el 24 de noviembre de 2017. Fue hasta allí para llevar comida y abrigo a los integrantes de la comunidad que habían quedado dispersos en la montaña, tras el desalojo del día 23. “Estábamos bajando (por la montaña) y escuchamos ‘alto Prefectura’ y en el mismo instante empezaron a escucharse disparos. Uno atrás de otro”, dijo ante el Tribunal.

“Mi primera reacción -agregó- fue darme vuelta y empezar a correr, llegamos a la planicie donde habíamos hecho noche. Con el peñi (hermano) Lautaro fuimos los primeros que llegamos a la planicie y al ver que los demás no podían llegar y los disparos eran todo el tiempo, decidimos agarrar piedras y empezar a tirar a las personas que venían disparando. No sé cuánto habrá durado, se sintió eterno”.

Luego vio caer a Rafael, intentó asistirlo, y en una improvisada camilla de palos lo bajó. En el estrecho sendero de montaña Rafael falleció. Fausto Jones Huala siguió bajando el cuerpo, lo dejó a la vera de la ruta a la espera de ayuda, y fue detenido.

“Apenas dejamos la camilla -explicó durante el juicio- se nos abalanzaron cuatro o cinco efectivos a querer pegarnos, otros los paraban, nos tiraron al piso, nos redujeron. Hacía mucho calor. Nos tenían boca abajo, no nos dejaban hablar, decir nada, ni movernos. El peñi Lautaro les dijo que el precinto le cortaba la circulación, no tomaban registro de lo que decíamos. Llegó (el secretario del Juzgado Federal, Alejandro) Iwanow, cuando lo escucho me doy vuelta y lo empiezo a llamar, otro de Prefectura me agarró para que no hable, el secretario le dijo que me deje hablar, le dije que Lautaro tenía las manos hinchadas por los precintos, les dije que habían matado a Rafa. En el transcurso que lo íbamos bajando recogí un casquillo de 9 mm y me lo guardé en el bolsillo. Le dije ellos mataron a Rafa, le dije que tenía el casquillo, le pedí si se lo podía dar para que no se pierda. Le cambiaron los precintos a Lautaro, le pusieron las esposas, nos tuvieron un rato más. Nos cambiaron de lugar, nos llevaron atrás de una camioneta, uno de cada lado. En ese momento también lo llevaban al peñi Rafa, en la misma camilla. Había un montón de efectivos, venían nos miraban, otros más cerca le levantaban la ropa con la que estaba tapado Rafa, lo miraban al peñi Rafa que estaba muerto, lo volvían a tapar y se iban”.

Finalmente declaró: “No entendíamos nada, no sabíamos por qué estábamos tan custodiados, (por la) Policía de Seguridad Aeroportuaria con armas largas. Ahí nos dicen que supuestamente había habido un enfrentamiento. Llegó la Policía de Río Negro de Criminalística, nos sacaron fotos y nos tomaron muestras en las manos. En ese momento sí me enojé bastante, le pregunté por qué y me dijeron que porque supuestamente nosotros estábamos acusados que habíamos disparado, le dije que no habíamos disparado, solo los prefectos. Firmé (el acta) en disconformidad. Pasó un rato, era tarde, nos llevaron hasta la PSA, quedamos en calidad de detenidos, incomunicados. Todos los días detenidos nos declaramos en huelga de hambre, casi cinco días”.

Al finalizar su testimonio. Jones Huala se levantó, alzó el puño, gritó que se haga justicia por Rafael Nahuel y luego el afafán, un grito que ratifica la identidad mapuche, la pertenencia, su lucha.

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Este mediodía de jueves fue encontrado en un domicilio particular del oeste de Bariloche, el cuerpo sin vida de Fausto Jones Huala, testigo del asesinato del joven Rafael Nahuel en 2017,y hermano de Facundo Jones Huala, líder mapuche preso en Chile, quien lleva adelante una huelga de hambre seca desde hace más de 35 días.

Fausto Jones Huala era también referente de la lucha de organizaciones y comunidades mapuche y tenía 31 años.

La madre del joven, María Isabel Huala, informó a través de un video que Fausto decidió quitarse la vida. Sin embargo, la investigación que lleva adelante la Fiscalía de turno a cargo de Silvia Paolini, no confirmó ni descartó ninguna hipótesis ni arrojó detalles hasta pasadas las 19 horas.

María Isabel Huala contó a elDiarioAR que ella se encontraba viajando hacia Bariloche desde Chile, donde permanecía acompañando y asistiendo a su otro hijo, Facundo Jones Huala, quien se encuentra en grave estado de salud producto de la huelga de hambre seca que lleva adelante desde hace más de 35 días en protesta por la continuidad de su detención.

“Hago responsable al Estado argentino y chileno por la decisión de mi hijo, por toda la represión hacia el pueblo mapuche”, dijo la madre del joven fallecido. “Mi hijo Fausto Horacio Jones Huala decidió quitarse la vida por toda esta situación”, agregó en relación al estado de salud de su otro hijo, y agregó: “tuve que dejar a Facundo (Jones Huala) contenido, está cuidado por todo el equipo médico”.

A través de un video publicado en Facebook llamó a organizaciones de derechos humanos locales e internacionales a que “empiecen a fijarse lo que pasa en los estados y pueblos originarios con todas las represión y persecuciones”.

Rafael Nahuel

Fausto Jones Huala, junto con Lautaro González Curruhuinca, bajaron de la montaña en Villa Mascardi el cuerpo de Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017, luego que integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina lo asesinaran por la espalda. El hecho se produjo en el contexto del desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y durante un operativo durante el cual los uniformados dispararon con proyectiles 9 mm entre 114 y 129 veces.

El joven ahora fallecido fue detenido tras bajar el cuerpo de Nahuel y acusado por “usurpación” y agresión a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en marzo de 2019, acordó una pena de seis meses de prisión en suspenso en el marco de un juicio abreviado durante el cual admitió haber estado en el lugar y haber enfrentado a los Albatros arrojando piedras.

El 27 de septiembre de 2023, Jones Huala declaró ante el Tribunal Oral Federal de General Roca que juzgó a los miembros del grupo Albatros. En esa oportunidad relató cómo fue la persecución y asesinato de Rafael Nahuel. Los jueces condenaron a uno de los uniformados, Sergio Cavia, a cinco años de prisión por el delito de “homicidio agravado, cometido en exceso de legítima defensa”, y a otros cuatro uniformados como “partícipes necesarios” del hecho.

Este viernes se realizará el velatorio de Fausto Jones Huala, según confirmaron a este medio integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Fuentes cercanas a Fausto confiaron a este medio que el joven se encontraba “muy preocupado” por el estado de salud de su hermano Facundo. Ese referente del reclamo territorial mapuche inició la medida de fuerza en la unidad penal de la localidad de Temuco el pasado 26 de junio cuando, de acuerdo al cómputo de su sentencia, debía ser dejado en libertad. Sin embargo, las autoridades penitenciarias de Chile informaron oportunamente que no computarían los días que Jones Huala estuvo detenido en la Argentina y que a su condena aun le resta algo más de un año. A partir de ese momento el líder mapuche inició la huelga de hambre que provocó un grave deterioro de su salud. De acuerdo al informe de la Doctora Catalina Figueroa San Martín, del hospital intercultural de Nueva Imperial, en donde se encuentra internado desde el 17 de julio, Jones Huala se encuentra con una “neumonía bacteriana derecha, cuadro febril, una probable infección urinaria con presencia de pus en la orina, una deshidratación moderada y una hipoglucemia severa”, se informó desde los grupos que acompañan al joven detenido. Presenta además “bajos índices de presencia de sodio, potasio, etc. en la sangre”. En tanto, el machi del Centro de Medicina Mapuche ñi Lawentuwün de Nueva Imperial, que lo atiende, constató “daños en su esófago y estómago, posible úlcera estomacal, infección urinaria, debilitamiento de su sistema locomotor, dolor en la columna vertebral, calambres”, y calificó su estado de salud como de “extrema gravedad”.

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La vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, su Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Claudia Rucci, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO), reinstalaron en apenas tres semanas el relato que señala al pueblo mapuche como enemigo del Estado. Sucesivas declaraciones y gestos de estos funcionarios lograron poner el foco sobre un tema que en los últimos años había salido de la agenda pública nacional.

El denominado “conflicto mapuche” tuvo su cenit en 2017, cuando las sucesivas cargas represivas de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich provocaron la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel.

Desde entonces, el cambio del signo político nacional y algunos fallos judiciales permitieron bajar los niveles de tensión, de un proceso que incluye reclamos espirituales, territoriales y culturales, y que el poder político de las provincias patagónicas y de la Nación no han logrado abordar integral y políticamente.

El caso más grave de acusación sobre los mapuche llegó desde Chubut, cuando esta semana el gobernador Ignacio Torres señaló a integrantes de ese pueblo de haber sido los responsables del inicio intencional del fuego que afecta al Parque Nacional Los Alerces y ya consumió mil hectáreas.

Torres –hombre del PRO ligado a Patricia Bullrich– se reunió este lunes con el juez federal Guido Otranto para pedirle celeridad en la investigación sobre la supuesta intencionalidad en el inicio del fuego. Fuentes del Gobierno provincial aseguraron que en la conversación no incluyó una acusación a ningún integrante del pueblo mapuche. Sin embargo, en declaraciones radiales el gobernador apuntó específicamente contra la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), de cuyos integrantes dijo “son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario. ”El problema no son los pueblos originarios sino estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierras. Lo hacen en Neuquén, lo hacen en Río Negro, lo hacen en Chubut y creo que es momento de ponerle un parate definitivo“. Sin dar precisiones sobre la información con la que contaría para realizar esa acusación, Torres aseguró que ”lo hacen para tomar tierras“.

En realidad la Resistencia Ancestral Mapuche hace ya más de tres años que no se adjudica ninguna acción, y en su actividad nunca provocó un incendio forestal. En lo que denomina “acciones de autodefensa”, la RAM dijo haber sido responsable hasta 2021 del incendio de maquinaria de empresas extractivistas y forestales. El líder de la RAM, el lonko (jefe) Facundo Jones Huala, se encuentra detenido en Chile desde 2018.

Los dichos de Torres provocaron indignación entre referentes del pueblo originario. Mauro Millán, lonko de la comunidad Pillán Mawiza –en el noroeste de la provincia de Chubut–, dijo a elDiarioAR que “lo que está pasando en el país y las provincias cada vez se asemeja más a una dictadura. El incendio ha desatado una andanada de difamación, criminalizando al pueblo mapuche sin pruebas, simplemente con el objeto de desviar la atención sobre un hecho claro: el poder político está otorgando un beneficio extraordinario a multinacionales, como parte del negocio inmobiliario”.

Millán calificó a Torres como “un nuevo personaje que es la fusión del corrupto de (el ex Gobernador, Mario) Das Neves que empobreció la provincia, la Sociedad Rural y el discurso racista, violento y supremacista de Patricia Bullrich”. Para el referente mapuche, el Gobernador “no tiene idea de lo que significa el pueblo mapuche, su vínculo con el territorio que cuidamos permanentemente, su historia en estos territorios antes de la creación del Estado provincial”. Finalmente, Millán planteó que “se sabe de los negocios de Torres con el poder en relación a las tierras”, y adelantó que “se tomarán acciones legales” contra el Gobernador y se realizarán “acciones políticas”.

La situación creada por las declaraciones de Torres en relación al incendio, no fue el único hecho de esta reedición de la creación de un supuesto enemigo interno.

La visita del 6 de enero pasado de Villarruel a San Carlos de Bariloche –donde fue declarada Huésped de Honor por el Intendente Wálter Cortés–, y puntualmente a la Escuela Militar de Montaña del Ejército, sirvió como contexto para la primera referencia del nuevo Gobierno nacional al tema de la disputa de tierras con los mapuche. A través de su cuenta de X, Villarruel señaló que “una de las problemáticas que enfrentan en la Escuela (Militar de Montaña) son las usurpaciones de grupos autodenominados originarios. Los cuales usurpan, lotean y venden terrenos que no les pertenecen y lo han hecho bajo el aval del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Vergonzoso que el mismo Estado se socave a sí mismo”.

La referencia de la funcionaria apunta al conflicto que sostiene el Ejército con la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue por una fracción de tierras de 180 hectáreas ubicadas sobre la ladera oeste del cerro Otto, y a unos 8,5 kilómetros del centro de la ciudad. El relevamiento realizado en el marco de la Ley 26.160 de Emergencia de Comunidades Indígenas, validó la presencia ancestral de la comunidad en el lugar.

A pesar de esa presencia y con posterioridad a la denominada Conquista del Desierto, la zona fue anexada inicialmente a Parques Nacionales y en 1937 al Ejército. Pero la comunidad recuperó el territorio. El último desalojo se produjo en 2020, pero no terminó por consumarse ya que en 2022 una juez federal subrogante de Bariloche avaló la presencia de la comunidad en el lugar. En esa sentencia ordenó al Estado, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a entregar el título de propiedad comunitaria correspondiente.

Sin embargo, el caso sigue pendiente de resolución a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió la entrega del título hasta que se resuelva una causa penal iniciada por la falta de apelación en tiempo y forma por parte de los abogados del Estado. 

Fuentes empresariales ligadas al turismo y del Gobierno provincial que participaron de algunas de las reuniones con Villarruel en Bariloche, confirmaron a elDiarioAR que en cada uno de los encuentros la Vicepresidenta mencionó el tema mapuche, específicamente en lo relacionado con la comunidad Lafken Winkul Mapu desalojada el pasado 4 de octubre de 2022 del territorio en Villa Mascardi.

Ese caso también formó parte de la agenda de la Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Claudia Rucci, quien arribó a la ciudad unos pocos días después de la visita de su jefa Villarruel.

Rucci se reunió con “damnificados de la violencia del grupo RAM” (Resistencia Ancestral Mapuche), según informó a través de una gacetilla de prensa. La funcionaria aseguró que “es inconcebible que en los últimos años, quienes usurpaban, incendiaban y agredían con armas a vecinos, guardaparques y fuerzas de seguridad hayan recibido el apoyo explícito de funcionarios de distintos niveles del Estado nacional, provincial y municipal”.

Además, a través de su cuenta de X felicitó al gobernador Torres tras sus dichos sobre la responsabilidad del incendio. “Muy claro el Gobernador @NachoTorresCH!!! Y yo le agrego: .. y que violan permanentemente los derechos humanos de los ciudadanos que habitan las zonas que quieren capturar para ese negocio inmobiliario!!!”, señaló en relación a los mapuches.

Desde Bariloche, Rucci dijo que “los derechos a la vida, la propiedad, la seguridad están consagrados en nuestra Constitución y en tratados internacionales a los que nuestro país adhiere. Esos derechos fueron vulnerados en Villa Mascardi y es nuestra responsabilidad trabajar para que  situaciones similares no vuelvan a repetirse”.

En 2017, en Villa Mascardi, más precisamente en el territorio en disputa entre la comunidad Lafken Winkul Mapu y Parques Nacionales, fue asesinado por la espalda el joven mapuche Rafael Nahuel. El pasado 29 de noviembre, el Tribunal Oral Federal de General Roca condenó a cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina por ese crimen.

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La machi Betiana Colhuan volvió a tocar el kultrun frente al Rewe, el espacio sagrado que la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu perdió el 4 de octubre de 2022, cuando el Estado la desalojó del territorio de Villa Mascardi. El sonido rítmico de este instrumento ancestral de percusión llenó el bosque donde hace seis años y medio fue asesinado el joven Rafael Nahuel.

Este domingo algunas integrantes de esa comunidad se trasladaron a la tierra en disputa con el Estado para realizar un ngellipun, una ceremonia espiritual durante la cual pidieron poder reinstalarse en el territorio que la comunidad había recuperado en 2017 y que sostuvo como propio durante cinco años.

El Rewe es un espacio sagrado, que incluye un área natural y un tótem donde los mapuches realizan ceremonias, de conexión con la naturaleza, la vida y los espíritus que las rigen.

El regreso definitivo al territorio hoy en custodia militarizada del Estado fue el pedido principal que hicieron las integrantes de la comunidad durante la ceremonia.

La irrupción en 2017 de la Lafken Winkul Mapu es un caso emblemático del proceso histórico del pueblo mapuche, entre cuyas reivindicaciones se incluye la recuperación territorial.

En noviembre de ese año la lof -comunidad- se instaló en siete hectáreas en posesión del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Villa Mascardi, argumentando que el lugar había sido señalado por machis -autoridades espirituales- como el sitio donde reconstruir una forma de vida mapuche. Pero las autoridades de Parques Nacionales realizaron una denuncia por usurpación, lo cual derivó en un desalojo parcial el 23 de noviembre de 2017 y en un operativo del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina el 25 del mismo mes, durante el cual Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda.

Desde entonces, la comunidad resistió en el lugar hasta que el trabajo de desalojo iniciado hacía más de seis años por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich -durante el gobierno de Mauricio Macri- lo concluyó el ex ministro Aníbal Fernández. Fue el 4 de octubre de 2022.

Pasaron un año y cuatro meses desde ese día, y este domingo un grupo de mujeres miembros de la comunidad -acompañados por otros mapuches y un puñado de vecinos de Bariloche y militantes-, desafió la militarización de la zona de Villa Mascardi y regresó al Rewe.

“Hoy estamos solo de visita. Nuestro territorio sigue maltratado, está cargado. Nosotros no estamos bien lejos de nuestro espacio sagrado. Venimos para que el Estado, las fuerzas de seguridad, no puedan derribar nuestro Rewe”, dijo al inicio de la jornada la machi Betiana Colhuan, integrante de la comunidad y guía espiritual del grupo.

Desde las 7 de la mañana, la machi encabezó las actividades que incluyeron una ceremonia, un purrún o danza, y un pequeño parlamento -trawun- durante el cual todos los presentes hablaron sobre la importancia del encuentro en el territorio que la comunidad sigue reclamando.

“Pedimos fuerzas para volver, para vivir en este espacio, volver para convivir y cuidar y proteger este territorio que ha sido violentado y pisoteado”, dijo Betiana.

Prácticamente la totalidad de los integrantes de la comunidad se encuentran judicializados, acusados por “usurpación”, en una causa que lleva más de seis años y que durante el próximo mes de marzo llegará a instancia de juicio oral.

El conflicto entre la Lafken Winkul Mapu y el Estado -en los sucesivos gobiernos de Macri y Alberto Fernández- derivó en la constitución de una mesa de diálogo y en la firma de un convenio, suscripto el 1 de junio de 2023, que rubricaron miembros de varias comunidades mapuches, el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalli Corti y otros funcionarios.

Entre los acuerdos arribados se incluye el reconocimiento del Rewe como “sitio sagrado para el pueblo mapuche a fin que la machi Betiana Colhuan pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales”. Incluso planteaba la construcción de tres viviendas en el lugar -una para la machi, otra para sus familiares y colaboradores y una tercera para los pacientes-, a partir de un permiso otorgado por Parques Nacionales. Establecía además la “reubicación” del resto de la comunidad en otras tierras del Estado, y la presentación ante la Justicia de un acuerdo de conciliación que cerraba el proceso de judicialización contra cuatro mujeres de la comunidad, iniciado durante el desalojo del 4 de octubre de 2022 y que las mantuvo con prisión domiciliaria durante siete meses.

Este último punto del convenio fue el único que se ejecutó, y las mujeres recuperaron la libertad.

Sin embargo, Gustavo Franquet integrante de la Gremial de Abogados y representante legal de la comunidad dijo a elDiarioAr que “el Estado no cumplió en nada con el acuerdo”. Se quejó principalmente de la negativa a la devolución del Rewe a la comunidad y la falta de “reconocimiento como lugar sagrado”, además de la ausencia de una propuesta concreta de territorio para la “reubicación” comunitaria. Franquet participó de la actividad ceremonial de este domingo.

La homologación judicial del acuerdo que otorgó a través de una resolución la Jueza Federal Silvina Domínguez, permitía que se detenga la causa penal por usurpación iniciada por Parques Nacionales. Sin embargo, esa decisión fue apelada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz y ahora será la Cámara Federal de Casación la que deberá abocarse a resolver si confirma la homologación o hace caer el acuerdo.

Hasta que eso ocurra, la manda judicial ordena a Parques Nacionales permitir a la comunidad mantener y “sanar” el Rewe. En la práctica, la presencia policial y de fuerzas de seguridad federales entorpeció siempre ese vínculo.

Durante el parlamento realizado este domingo en el territorio de Villa Mascardi, otra de las integrantes de la comunidad, Luciana Jaramillo, dijo que “la fuerza mapuche es inmensa” y que “no podemos ser mapuches sin territorio”.

Por su parte, el lonko -autoridad política de una comunidad- de la lof Pillán Mahuiza, en el noroeste de Chubut, Mauro Millán, planteó que “nos han hecho creer que hay una sola forma de vivir”, pero “nos levantamos como pueblo” porque “nuestros valores son muy antagónicos a los de este sistema”.

Aseguró que “cuando el pueblo mapuche lucha toda la sociedad se beneficia”, y recordó en ese sentido la movilización contra la instalación de empresas mineras en la ciudad de Esquel.

SR

Luego de un año prófugo, el 30 de enero pasado Facundo Jones Huala fue detenido por la Policía de Río Negro. No cayó combatiendo, como soñó en largas noches de clandestinidad. Hacía un año que había escapado de Chile, donde cumplía una condena por incendio y posesión de armas. Había cruzado la cordillera por un paso ilegal, para refugiarse en El Bolsón. Soportó la clandestinidad casi sin recursos. Mantuvo mínimos contactos con algunos jóvenes que reivindican su pertenencia a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), organización que, insiste, “existe y está activa”. Su nombre se revistió de épica para los grupos más extremistas de la lucha de ese pueblo originario. Pero fue detenido “en un momento de flaqueza”, borracho. “Aún siento vergüenza”, le dice a elDiarioAR: “Hubiera preferido morir”.

El próximo 3 de julio se realizará el juicio de extradición que puede sellar su traslado a Chile, donde aún le queda un año de condena por purgar. Mientras prepara la ceremonia de winoy tripantu (solsticio de invierno y renovación del ciclo para la cosmovisión mapuche) que realizará el próximo viernes 23 de junio desde las 7 de la mañana en la Unidad Penitenciaria 14 de Esquel, Facundo Jones Huala atiende el teléfono del pabellón 5 de la prisión para hacer su primera entrevista periodística desde la detención. Anticipa que seguirá “resistiendo” y califica como “imparable” el proceso histórico del pueblo mapuche.

- A la luz de lo que sucedió, ¿cómo evaluás la decisión de profugarte de Chile?, ¿cómo fue ese año en la clandestinidad y tu posterior detención?

- Fue una situación complicada. Más que otras veces, porque no fue la primera vez que yo tuve que estar clandestino. La verdad es que me sucedieron muchas cosas a nivel personal que me llevaron a cometer errores, en mi vida personal, lo que también derivó en otras situaciones a nivel político, porque yo soy una persona militante. Yo pertenezco a un movimiento político confrontacional, por llamarlo de alguna manera. Me encontré con una realidad bastante compleja y triste, debido a la dispersión y la fragmentación del movimiento mapuche autonomista. En ese sentido, yo sigo planteando que (hacia el interior del pueblo mapuche) hay mucha confusión. Si bien el enemigo no está dentro de nuestro pueblo, digamos que tiene elementos o cuadros, gente que ha logrado cooptar y que directamente se pasaron a la vereda de enfrente. Esa situación genera que gente que no es malintencionada termine siendo arrastrada y funcional al colonialismo y a los intereses económicos de los poderosos. Entonces a mí esa situación me generó mucho malestar, mucha tristeza. Caí en una depresión. Es medio vergonzoso para mí decirlo, pero bueno, es así. Sumado a otras situaciones a nivel personal más complicadas, entonces pasó lo que pasó y caí como caí.

-¿Cuando fuiste detenido en estado de ebriedad y disfrazado?

-Me sigue generando vergüenza. Hubiera preferido morir. Eso me llevó a reflexionar muchas cosas, porque siempre he sido una persona muy rígida y autodisciplinada.

-¿Desde chico?

- Sí, por traumas heredados de la adolescencia, de la infancia, por distintas situaciones que tienen que ver con la pobreza, que tiene que ver con la marginalidad, con la violencia intrafamiliar. Son situaciones que también generó el colonialismo, no nosotros. No es una situación que viva solo yo, no, pasa en las comunidades y en los barrios, en todos lados, porque es una herencia del colonialismo. De alguna manera lo planteaba (Frantz) Fanon en Los condenados de la tierra o Piel negra, máscaras blancas. Esta situación tiene que ver con traumas heredados, históricos. El colonialismo se impone de esa manera y nosotros vivimos y crecemos en situaciones de violencia extrema, en los barrios, a nivel familiar, porque así nos han educado y educaron nuestros padres y a nuestros abuelos. A partir de que perdimos una confrontación histórica o que fuimos derrotados en ciertas batallas -como en la Conquista del Desierto en Argentina y la Pacificación de la Araucanía en Chile-, fuimos obligados a asimilarnos y en esa asimilación forzada adoptamos patrones de conducta del enemigo.

-¿Cómo fue tu formación?

-No pasé por ninguna escuela política formal de partido, de izquierda ni de ningún tipo, y mucha gente nuestra tampoco. También hemos carecido de elementos que nos permitan tener otros elementos de construcción. El Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu (territorio mapuche al este de la cordillera de los Andes) se ha formado a partir de la autogestión, muy autodidacta. Entonces hemos tenido que buscar por nosotros mismos elementos para poder aglutinar, construir y poder enfrentar distintas situaciones. En el caso mío al menos, mi escuela es muy práctica y basada en los hechos reales, más acción que palabras. La parte del desarrollo político tiene que ver, por un lado y principalmente, por la formación que nos dio la gente mayor mapuche, los ancianos de las comunidades. Yo ni siquiera puedo terminar secundaria acá en la cárcel. En mi caso particular ha sido un proceso autodidacta muy de largo plazo, lo cual no te permite tener las herramientas de sistematización de conocimiento y te obliga a ir construyendo en el camino. Entonces hemos podido elaborar una estrategia a partir de tomar elementos de la estrategia de liberación nacional mapuche que se plantea desde hace más de 20 años en Gulumapu (Chile).

-¿Cualquier gobierno es igual desde la perspectiva de esa mirada?

-Si seguimos siendo agenda es porque les representamos un peligro y nos tienen miedo. Después está toda esa mirada más humanista, de derechos humanos o progre de algunos gobiernos que quieren ayudar a los pobres indiecitos. Existen muchas trampas y engaños del progresismo. Porque este progresismo falso sigue estando al servicio del gran capital de las transnacionales. Cuando llegan gobiernos que se dicen más preocupados por los derechos humanos, que se dicen más supuestamente hacia la izquierda o menos hacia la derecha, no dejan de ser en realidad gobiernos de derecha que están bajo los intereses no solamente de las transnacionales y de los terratenientes, de las burguesías nacionales, sino también del imperialismo. Lo vemos ahora con este gobierno que está totalmente de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional. La derecha cuando asume genera ciertos niveles de unidad en distintos sectores de la sociedad más oprimida, y en el caso nuestro siempre ha quedado demostrado en ambos lados de la cordillera que cuando la derecha asume muchos sectores que están titubeantes, que están confundidos, cierran filas para proteger lo que ven en peligro. Y ahí es donde se imponen organizaciones que nosotros vemos como quinta columna del colonialismo, que son las organizaciones mapuche estatistas. Porque si una organización mapuche o una comunidad mapuche transa con las petroleras o con las mineras, con los terratenientes, está en la vereda de enfrente, consciente o inconscientemente. 

-¿Cómo definirías el movimiento que integrás?

-Es un movimiento revolucionario, autonomista y anticapitalista. Nosotros aprendimos a defendernos porque (ante una recuperación territorial) llegaban la policía y los parapoliciales, los matones de los terratenientes, a atacar a nuestra gente. ¿Y cómo nos defendíamos? Los primeros enfrentamientos, ellos llegaban armados y nosotros nos defendíamos con piedras. Y ahí en el camino fuimos aprendiendo a pelear. Yo recuerdo situaciones de confrontación hace más de 15 años, no me acuerdo qué año, pero enfrentamientos donde llegaban a tirar tiros y nosotros salíamos a los piedrazos, nos defendíamos como podíamos. Ahí fuimos aprendiendo a pelear, que teníamos que tener formación, que teníamos que estudiar teoría, táctica, estrategia. Crecimos, nos desarrollamos y ya entonces había que hacerse cargo de la idea, ponerle el pecho a la idea, ponerle el pecho a las palabras. No podíamos decirle a la gente que es posible transformar la realidad, hacer una revolución y que vamos a dar la vida por nuestro pueblo y después cuando te aprieta un poco el zapato, decir no, mejor no. Acá hay gente que murió por esto. Me hago bien cargo: la RAM y el movimiento mapuche autónomo del Puelmapu irrumpieron desde lo social en el escenario político y plantean formas de la autodefensa. 

- ¿Autodefensa?

- El sabotaje como acción, pero también la recuperación de tierras y la autodefensa en esos espacios de recuperación. Se pudo instalar en Puelmapu otra forma de hacer política, otra forma de resistencia. Y nos tenemos que hacer cargo nosotros. Si bien, como te digo, después hubo dispersión y división y fragmentación, esa escuela está clara. Nosotros no estamos de acuerdo con los diálogos con el Estado, con el gobierno. No podemos estar de acuerdo con los acuerdos que se hacen con el enemigo. 

- Esa historia te cruzó desde muy chico. ¿Cuánto postergaste de tener, digamos, una vida normal?

-Yo dejé todo por esto. Yo conocí la calle de muy chico. Así como conocí la calle, conocí las comunidades también. Desde los 13 o 14 años. Y entonces entre la calle y las comunidades me fui formando. Y ahí tuve mis primeras lecturas políticas más serias, en formato fanzine, yo recuerdo haber leído a Orwell o a otros autores, fanzines de corte contestatario, de distinto tipo, anarquistas, comunistas, marxistas, antisistémico. Si bien tuve cierta simpatía por el anarquismo, nunca me definí como tal y siempre supe que era mapuche y busqué a mi gente y la encontré y seguí con ella hasta ahora que tengo 37 años.

Mi vida ha estado cruzada por la lucha, por la recuperación del mapuche, la reconstrucción de nuestro mundo. Yo realmente dejé todo. Perdí muchas cosas que son dolorosas para una persona normal. Perdí muchas cosas y no me arrepiento de eso, pero sí es muy doloroso. A veces quisiera vivir como cualquier persona, tener una familia, construir un hogar, estar con los seres queridos. En mi caso no fue así, por el nivel de persecución que se desató tuve que estar escondido muchas veces. Nosotros andábamos militando, caminando dos o tres días para llegar de una comunidad a otra. De esa manera se construyó el movimiento.

No me arrepiento porque yo soy consciente de que somos una continuidad histórica de la lucha de nuestros antepasados, pero también del movimiento político más reciente. Y yo terminé así de perseguido, empecé a estar clandestino, más clandestino todavía. Me fui, crucé la frontera, estaba enfermo, fui a buscar medicinas y me dijeron que tenía que ser longko (jefe político de una comunidad). Llegué a Gulumapu (Chile), también di todo de mí, combatí al lado de la gente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y quedé en cana. Aquí, con la RAM, tomé un poco de connotación pública. A partir de eso he tenido que sacrificar otras cosas, para seguir siendo consecuente, para que esto siga andando tuve que sacrificar mi vida personal. La lucha de los pueblos oprimidos y la confrontación contra el sistema siempre es inspiradora para cualquier otro oprimido de otra parte del mundo. Entonces, aquí mismo, nosotros sabemos que la confrontación y las formas de lucha han inspirado otras dinámicas también. En los últimos años no solamente la RAM ha generado sabotajes en Puelmapu, sino que han habido otras expresiones orgánicas, otras dinámicas con otros nombres y otros sin nombres que también han atacado al capital. Han ha generado daños a infraestructura, a maquinaria de las empresas extractivistas, y también se han defendido. 

- Planteado así pareciera difícil ver cuál es la solución a este conflicto o a este proceso histórico. ¿Para para ustedes cuál sería la solución?, ¿el reconocimiento territorial absoluto? ¿el reconocimiento de autonomía?

- Nuestra estrategia es de largo plazo. El proceso histórico que vive el pueblo mapuche es imparable. La solución mágica -que no va a existir- sería que se devuelva todo el territorio usurpado y que hoy reclaman las comunidades, y que se nos permita vivir de nuestra forma en nuestro territorio, con la expulsión de las transnacionales y de los grandes terratenientes y grandes latifundios, el reparto de esa tierra para las comunidades que las habitan. Pero eso no va a pasar. Nosotros planteamos un proceso de reconstrucción de nuestro mundo y de autonomía, pero es difícil que el Estado pueda resolver eso. El Estado, lo que te puede resolver, es alguna demanda inmediata. El tema es que seguimos supeditados al pensamiento occidental, porque el territorio no se ve desde la perspectiva propia mapuche, sino que se ve desde una perspectiva occidental, medida por hectáreas, valor comercial, etcétera. Para el mapuche tiene una connotación mucho más profunda, espiritual, cultural, filosófica. Entonces, realmente el desafío más grande que nosotros tenemos y la solución real, la tenemos nosotros en nuestras manos, no la va a dar el Estado opresor. 

-Alguna vez dijiste que la muerte o la prisión eran estadíos de la lucha. Existe una construcción de un mito, del guerrillero heroico, del héroe que muere joven en combate... ¿Cuál es hoy tu relación con la muerte?

- La misma. Es triste, pero es así. Yo igual no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Elegí un camino que no tiene vuelta atrás. Pero hoy me pesa mucho más que antes. Porque ha muerto gente que también tenía una vida. Tenía familia, tenía seres queridos. Y desde esa perspectiva hoy para mi rendirse, retirarse, bajar los brazos, es traicionar. Es traicionar la sangre derramada. Es traicionar a esos que murieron y de alguna manera creyeron o escucharon nuestros discursos. Ellos no sabían que los iban a matar. Nosotros tampoco lo sabíamos. Entonces, desde ahí nosotros no nos podemos dar el lujo de bajar los brazos. Creemos en esta lucha. Y lamentablemente esto va a seguir pasando. Además siempre nos mataron a nosotros, siempre nos mataron. Cuando no luchábamos igual nos mataban. 

-Muchas veces enfrentaste la muerte, ¿alguna vez la deseaste?

-Sí, también, sí, pero no siempre. Estuve en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, no solamente con la policía. Y la verdad, en ese momento uno va a morir orgulloso y digno. No le importa, pero porque va a morir por algo digno y justo por su gente. Muchas veces me hubiese gustado morir en combate, porque es un honor. Pero por otro lado, también veo que nos falta mucho por construir, por reconstruir, mucho por sanar a nivel interno. A mí me da mucha tristeza la situación en la que estamos, entonces cuando voy a pelear voy a pelear feliz porque estoy tratando de cambiar algo, de hacer algo en beneficio de mi gente, para proteger mi cultura, mi territorio. Uno no vive feliz porque la realidad es muy brutal, es muy dura, es triste. Saber que mi gente está marginada, oprimida, hambreada, violentada.

Yo muchas veces he pensado ‘que me lleven mis mayores, que me lleven mis antepasados’. Quisiera a veces estar con mis abuelos en otro mundo, y ayudar desde ahí. Pero no, no se puede. Tengo que seguir en este mundo, seguir combatiendo, tratando de aportar lo más posible a ese cambio, a esa transformación y ese sueño que tuvieron los antepasados. Fuimos, con nuestros problemas, un mundo pleno, una sociedad, una civilización íntegra que sabía cómo solucionar sus problemas, que fue feliz de alguna manera, que tuvo sus propios parámetros de felicidad, de amor, de belleza. Fuimos un pueblo que tuvo su propia perspectiva del amor, de la libertad. En el pueblo mapuche no existen la palabra libertad ni la palabra opresión, simplemente porque éramos libres.

SR

Andrea Despó escribió, dirige y actúa en una obra de teatro. Interpreta a Doña María Epul de Cañuqueo, una reconocida machi -líder espiritual y religiosa del pueblo mapuche. Como Doña María, Andrea vive en Chubut. Y en su sangre y en su ascendencia, en sus antepasados también hay una machi.

Desde hace más de 15 años con la obra recorre la Patagonia, gana premios, pero sobre todo se relaciona con comunidades, personas y experiencias mapuche a lo largo de todo el sur.

Andrea internalizó su pertenencia al pueblo mapuche durante la adolescencia en su Trelew natal, y la profundizó cuando se fue a estudiar a Neuquén. Dice, sin embargo, que el momento de mayor vínculo con sus ancestros lo tuvo cuando nació su hija.

El martes 4 de octubre estaba en la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi terminando su tratamiento con la machi Betiana. Pero más de 150 miembros de la Policía Federal irrumpieron en el territorio y la llevaron detenida, junto a otras seis mujeres.

La obra de teatro se llama “Sueños de agua”.

Este 12 de octubre, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro organizó una movilización por las calles céntricas de Bariloche en “defensa del territorio”, reclamando la liberación de las seis mujeres que permanecen detenidas tras el desalojo de la comunidad en Villa Mascardi, y pidiendo una mesa de diálogo para el abordaje del conflicto en el sur. La movilización fue encabezada por mujeres mapuche.

Integrantes de diversas comunidades, organizaciones sociales, gremios enrolados en la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), partidos de izquierda, vecinos y vecinas participaron de la convocatoria que finalizó con discursos en el Centro Cívico de la ciudad.

La bandera que encabezó la marcha decía “Nunca más balas - Nunca más cárcel por defender el territorio”, a la que se sumaron dos telas blancas escritas con aerosol que señalaban: “Retorno ahora de nuestra machi Betiana a su rewe” y “Lof Lafken Winkul Mapu resiste”. 

Al finalizar la marcha y ocho días después del desalojo, Orlando Javier Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, denunció la continuidad de un delito de lesa humanidad contra el pueblo originario, “desde la Conquista del Desierto hasta nuestros días”.

Planteó que el operativo organizado por el ministerio de Seguridad que conduce Aníbal Fernández y la formación de un Comando Unificado para actuar en la zona constituyen una acción de “terrorismo de Estado”.

“Es un gobierno nacional y popular que se dice defensor de los derechos humanos, pero para los indios no hay derechos humanos”, aseguró.

Andrea Despó canta, baila en “Sueños de agua”, utiliza unos pocos objetos, representa el despojo material que rodea la vida de la machi María Epul de Cañuqueo en el paraje Cerro Negro. “La puesta teatral rescata en su esencia esta historia y también condiciona su espacio y búsqueda estética a conceptos propios de la cosmovisión mapuche, para la que hombre-tierra-naturaleza-universo constituye un solo ser”, según escribió para presentar la obra.

Andrea cree que hombre-tierra-naturaleza-universo son un solo ser, y dice que para el pueblo mapuche es “muy importante que la machi esté bien”. La machi a la que se refiere es Betiana, integrante de la comunidad desalojada, madre de un bebé de pocos meses. A ella fue a verla el fin de semana anterior al desalojo, para que la ayude, la sane física y espiritualmente.

Durante el desalojo se quedó junto a otras mujeres frente a la casa de la machi, y “llegaron más milicos, nos rodearon, nos decían que nos tiremos al piso, la machi decía que le dejen sacar las cosas del bebé, a ella le tiraron un gas adentro de su casa”.

En 2017 Betiana se levantó como machi luego que el pueblo mapuche no tuviese, durante décadas, una líder espiritual al este de la cordillera. “Eso significa mucho”, dice Andrea a elDiarioAR, es “el retorno de nuestra cultura, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra espiritualidad, y el cuidado de la mapu (tierra). Es muy importante”.

Un genocidio. Orlando Carriqueo dijo que lo que sufrió el pueblo mapuche fue un genocidio. Y que los asesinatos de Rafael Nahuel en 2017 y de Elías Garay en 2021 son continuidad de esa política de exterminio que comenzó durante la Conquista del Desierto, a fines del siglo XIX.

Ante el micrófono y durante diez minutos de alocución de Carriqueo giró en torno a un “pacto” entre los Gobiernos nacional y provincial que permita “crear las condiciones para profundizar las políticas extractivistas”. Pidió, en ese sentido, “que se levanten los permisos de cateo mineros, que haya consultas” a las comunidades. Dijo además estar en contra del desarrollo de los proyectos de hidrógeno verde en la Meseta de Somuncura.

Pidió finalmente la “devolución del sitio sagrado de la machi, el rewe, eso es importantísimo. Es una de las condiciones para sentarnos al diálogo”, dijo.

Andrea Despó encabeza la marcha de este 12 de octubre, un día después de recuperar su libertad. De las siete detenidas fue la primera en ser sobreseída y liberada. Dice ante el micrófono del acto que sufrieron “tortura psicológica” durante el encierro en las celdas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche y en la cárcel de Ezeiza, que recién al quinto día de detención les informaron de qué delito están imputadas, que las palparon, desnudaron, que durante más de 12 horas de detención no pudieron tener contacto con su abogada.

¿Dónde estabas cuando comenzó el operativo de desalojo?- preguntó elDiarioAR. 

Nos estábamos preparando para el gillipun, ceremonia de comienzo del día, estaba dispuesta para partir a mi mapu en la costa de Chubut, y estaba esperando a la machi que iba a salir a hacer ceremonia. Empezaron a sonar los kul kul (instrumento mapuche) de aviso y empezamos a sentir disparos, y de repente muchos corrieron, nosotros estábamos esperando a la machi, y se sintieron los gases muy cerca. Fue entre las 7,30 y las 8, fue rapidísimo. Los gases empezaron a caer muy cerca nuestro. Entraron por la tranquera de la comunidad y los costados. Yo corrí hasta el rewe porque sabíamos que lo teníamos que resguardar y cuando agarraron a las otras lamien (hermanas) se llenó de milicos que nos decían ‘al piso o disparamos al piso o disparamos’, de hecho dispararon, no gases sino tiros, nos empujaron. Uno de ellos nos trató de una manera muy despectiva. Un milico nos dijo ‘así que a ustedes así les gusta vivir, al piso mierda o las matamos’, y yo le dije que era un viejo nazi y me dijo ‘a mucha honra’, y los demás lo estaban frenando porque me agarró del brazo y quiso tirarme.

Detuvieron a las mujeres, ¿qué pasó con los menores?

Algunos niños, pichis, salieron corriendo. Y ahí los perdimos. Los más pequeñitos, de cuatro años para abajo se quedaron con nosotras. Nos obligaron a bajar a la tranquera donde supuestamente estaba la jueza, y nunca estuvo. Nos empujaron hasta la ruta. La jueza y la fiscal aparecieron dos horas después, junto con la defensora de niños, porque los milicos decían que les iban a sacar los chicos a las lagmiens. Cuando se hace presente la jueza le pregunto dónde estaba la orden de desalojo y por qué apareció dos horas después de esta represión. Y me dijo ‘yo soy el papel’. De qué se nos acusa, le pregunté. ‘Secreto de sumario’, me respondió. No nos dijo nunca nada.

“Estado fascista vos sos el terrorista”, “las tierras robadas serán recuperadas”, “que se escuche, que se escuche, este territorio es de la Nación Mapuche”, “no estamos todas, faltan las presas”, cantan los y las participantes de la movilización.

Una intermitente nevisca acompaña la marcha por las calles céntricas de Bariloche. Turistas y estudiantes en viaje de egresados fotografían a los mapuche con sus ropas tradicionales, sus instrumentos, su wenufoye (bandera) que ondea al revés, con el rojo arriba. “El Estado nos vuelve a declarar la guerra, el rojo significa sangre”, explica Carriqueo a este medio.

Entre foto y foto algunos turistas aplauden.

Andrea Despó termina su mensaje ante quienes marcharon. Finalmente está a punto de viajar a Trelew para reencontrarse con su familia. Tal vez la próxima función de “Sueños de agua” incluya una escena del desalojo, un viaje en el tiempo que una la historia de la machi María con las órdenes de tirarse al piso, la persecución, los niños llorando, la defensa del rewe, los gases, los tiros, los kul kul sonando.

“El conflicto por la tierra que recuperó la comunidad Lafken Winkul Mapu no comenzó hace cinco años, sino hace 140”. La frase, dicha por el longko (autoridad política) de una comunidad mapuche, desnuda el corazón del problema: las raíces de esta tensión hay que buscarlas en el despojo territorial y el genocidio producidos durante la Conquista del Desierto. A la vez, plantea un necesario abordaje multidimensional de la situación en la Patagonia. El desalojo y represión en Villa Mascardi coloca el conflicto varios pasos hacia atrás.

Desde mediados de la década de los ‘90 -cuando se iniciaron las recuperaciones-, algunas comunidades del pueblo mapuche plantearon y cumplieron el regreso a un territorio que de manera directa perteneció a alguno de los ancestros de sus integrantes. Otras, en cambio, sostuvieron y sostienen que toda la zona fue territorio mapuche y, por tanto, el regreso a esa tierra tradicional no puede estar regido por las arbitrariedades de las mensuras de los Estados y los negocios inmobiliarios. Hay comunidades que, como la Lafken Winkul Mapu, fundamentaron su reestablecimiento en un señalamiento espiritual: allí es donde debía levantarse una machi (autoridad espiritual), después de décadas sin que ello sucediera al este de la cordillera de los Andes. Una explicación que puede sonar lejana -y ajena- a oídos occidentales. Pero que retumba fuerte en el pecho de los mapuche.

En noviembre de 2017, la comunidad se instaló en dos parcelas de Parques Nacionales en Villa Mascardi y anunció la “recuperación” de ese territorio de entre 11 y 15 hectáreas. El Parque Nacional Nahuel Huapi posee 710 mil hectáreas, muchas de las cuales están ocupadas por emprendimientos turísticos y viviendas de lujo privadas, por la Iglesia católica o por organismos del Estado.

Millones de hectáreas de la zona cordillerana de Río Negro y el norte de Chubut se encuentra ocupadas por terratenientes nacionales y extranjeros: el grupo Benetton, Joe Lewis -que cercó el Lago Escondido-, el grupo belga BURCO, inversionistas Qataríes y de Emiratos Árabes, el empresario Röemers, entre otros.

El entonces directorio de Parques promovió una denuncia ante la Justicia Federal por “usurpación”. Pocos días después, el 23 de noviembre de 2017 y por orden del por entonces Juez Federal subrogante, Gustavo Villanueva, fuerzas federales ingresaron al territorio para proceder al desalojo. Al igual que en los hechos ocurridos hace pocos días, los uniformados detuvieron a un grupo de mujeres, mientras que los hombres de la comunidad escaparon monte arriba para evitar ser aprehendidos y criminalizados. Dos días después, el 25 de noviembre, con la disposición judicial de controlar la zona, un comando del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina recorrió la comunidad, se encontró con un grupo de jóvenes -algunos de ellos que había huido del desalojo- y desató una cacería que incluyó el uso de armas letales: los Albatros dispararon entre 114 y 129 veces con munición 9 milímetros. Provocaron heridas a dos jóvenes y la muerte de Rafael Nahuel. Para la comunidad, “Rafita es un espíritu que sigue viviendo entre nosotros, nos acompaña y nos ayuda a levantarnos con fuerza”.

Aquel operativo no logró su objetivo de desalojo. Por el contrario, consolidó la presencia de la comunidad, convocó a más personas a sumarse a la recuperación y extendió los límites del territorio. Miembros de la comunidad explicaron que el avance hacia otras parcelas -incluyendo una del Obispado de San Isidro, una del Estado nacional que había pertenecido a la Unión Personal de Gas del Estado y otras privadas- se realizó por “seguridad”, para proteger las rukas (casas) construidas en el territorio.

Al momento del desalojo del pasado 4 de octubre eran nueve las parcelas y un total de 27,7 hectáreas en las que se asentaba la comunidad Lafken Winkul Mapu. Sin embargo, era y es un misterio cuántas personas la integran.

En los últimos años, algunas de las viviendas de los lotes linderos fueron quemadas, en hechos que judicialmente no tienen personas identificadas, pero que, en diversos casos, incluyeron una reivindicación por parte de la comunidad. Los vecinos de la zona plantean que, desde la instalación de la comunidad, se multiplicaron los ataques y que se vive en una situación de permanente inseguridad. Algunos de ellos, como Diego Frutos, encabezan el reclamo de desalojo, que incluye un discurso violento -“racista”, acusan las organizaciones mapuche- y fotos con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Los jóvenes que conversaron con elDiarioAR unas 15 horas antes del desalojo explicaron que la expansión territorial de la comunidad en los últimos cuatro años estuvo justificada en los ataques y tareas de inteligencia que desde esas parcelas realizaron “patotas privadas comandadas por Frutos” y fuerzas de seguridad estatales.

Negociación o represión

Tras el pico represivo de 2017 -que también provocó la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado-, distintas mesas de diálogo fueron abiertas y cerradas desde la asunción del Gobierno de Alberto Fernández, en diciembre de 2019. Reclamadas históricamente por distintas comunidades y organizaciones del pueblo mapuche como instancias de negociación política, el momento más fructífero de las mesas fue durante la administración de Sabina Frederic al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, desde fines de 2019 hasta su eyección del ministerio a mediados de septiembre de 2021. En agosto de 2020, Frederic dijo que “debe transitarse el camino del diálogo” para buscar una solución a la situación en Villa Mascadi. Durante su gestión, la conflictividad se canalizó a través de reuniones y negociaciones. Algunos hechos puntuales de violencia pusieron en duda esa estrategia, pero lo cierto es que el “conflicto mapuche” -como llaman a esta situación algunos medios- salió de agenda.

Mientras las mesas de diálogo buscaban bajar la conflictividad y poner un límite a las estrategias represivas, se consolidaron una serie de organizaciones que, desde entonces, reúnen a los grupos más concentrados de la riqueza, de la posesión de la tierra, y de estudios de abogados que sostienen el andamiaje jurídico de las denuncias contra el pueblo mapuche. El más visible de esos conglomerados es el denominado Consenso Bariloche, que nuclea a los más importantes estudios de abogados del país -Sarmiento y Marval, O´Farrel & Mairal, Vergara y Asociados, entre otros-, empresarios locales y nacionales, funcionarios y simpatizantes de Juntos por el Cambio, terratenientes y su representación de la Sociedad Rural.

Pero Consenso Bariloche no es el único: la Fundación Naturaleza para el Futuro y la iniciativa Propiedad Privada Patagónica articulan con él esfuerzos y recursos para intentar frenar los reclamos territoriales, y a la vez presionar al Gobierno provincial rionegrino para que extreme su posición reactiva ante los planteos mapuche.

Esos mismos sectores impulsaron la realización de dos marchas -“banderazos patrióticos” las llamaron- hacia Villa Mascardi. La primera fue detenida por personal de la Policía de Río Negro para evitar enfrentamientos y porque circularon imágenes de personas preparando armas caseras para “sacar a los mapuches” del lugar. La última se realizó dos días antes del desalojo, concurrieron unas 200 personas, y estuvo encabezada por Patricia Bullrich.

Desde 2017 hasta la actualidad, el Estado nacional y las provincias incumplieron con el mandato de la Ley 26.160 de relevamiento de pueblos originarios, que hubiese permitido determinar la preexistencia de las comunidades y su presencia en el territorio y así establecer una mesa de trabajo para satisfacer las demandas dentro de la normativa vigente, aprobada por primera vez en 2006 y prorrogada en varias oportunidades. Esos relevamientos se realizaron en cuenta gotas.

Así se llegó hasta el 27 de septiembre pasado, cuando fue incendiada una casilla de Gendarmería ubicada a la vera de una propiedad privada en Villa Mascardi. Hasta el momento se desconoce quiénes fueron los autores del hecho, pero esa causa fue la que llevó a la Jueza Federal subrogante, Silvina Domínguez, a ordenar el desalojo de las nueve parcelas en las que se asienta la comunidad.

Los integrantes de la Lafken Winkul Mapu con los que conversó este medio el pasado lunes 3 de octubre anticiparon que resistirían cualquier intento por sacarlos del lugar, y explicaron que su presencia “es una respuesta al despojo histórico del Estado”. Esos jóvenes hace casi una semana están en la montaña, dispersos. Escaparon del avance de los más de 150 uniformados que ingresaron coordinados y pertrechados. No fueron identificados y no hay información sobre su paradero y situación. El operativo del “Comando Unificado de seguridad zona Villa Mascardi” se mantiene.

Este sábado a última hora -luego de la renuncia de la Ministra de Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, de la denuncia de organismos por graves violaciones a los derechos humanos y del pronunciamiento de organizaciones y comunidades del pueblo mapuche-tehuelche-, la Justicia Federal otorgó la prisión domiciliaria a cuatro de las siete mujeres detenidas durante el operativo.

SR

Apenas se les ven los ojos. Tapados “por seguridad” y con capas de ropa vieja y gastada que los cubren del frío del largo invierno de Bariloche, los jóvenes que integran la comunidad Larfken Winkul Mapu realizan “control territorial” sobre los lotes a los que extendieron su presencia. Guantes deshilachados, zapatillas poco acordes para resistir la nieve y la lluvia, camperas que nada tienen que ver con las ofertas que ofrecen las vidrieras de la ciudad turística que los expulsó a los márgenes más pobres. Es lunes 3 de octubre y varios de esos jóvenes de la comunidad reciben a este medio en el portón de la vivienda “La Cristalina”, uno de los predios que en los últimos días anunciaron que habían “recuperado” para evitar que, desde allí, “patotas privadas y agentes del Estado” los “ataquen” o “hagan inteligencia”.

Saltan el portón, y se disponen a dar lo que será la última entrevista antes del desalojo ordenado por la Justicia Federal y ejecutado por un Comando Unificado de fuerzas federales de seguridad, dispuesto por el Ministerio que conduce Aníbal Fernández.

Uno de ellos dice a elDiarioAR “vamos a defender el lugar en donde vivimos, porque somos parte de la tierra”. Las mujeres, a cara descubierta, explicarían más tarden que “no tienen miedo” y que “si nos sacan del territorio vamos a volver, porque la mapu (tierra) siempre perteneció a nuestro pueblo”. Lo dice, por ejemplo, María Nahuel, integrante de la comunidad y tía de Rafael Nahuel, el joven asesinado en 2017 con un tiro por la espalda por miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, según la Justicia. A casi cinco años del hecho aún no hay detenidos por el crimen. “Rafael Nahuel es un espíritu que sigue viviendo entre nosotros, nos acompaña y nos ayuda a levantarnos con fuerza. Es una demostración de lo que ha hecho el Estado con nuestra gente, asesinado por un pedazo de tierra”, dice uno de los jóvenes. 

Premonitorio, se hace eco de los rumores que desde hace unos diez días circulan con fuerza en la región: la inminencia de un desalojo. “Estamos dispuestos a resistir”, anticipa. “Acá está derramada la sangre de nuestra gente y si es necesario vamos a dar la vida por este territorio, no vamos a retroceder y nos vamos a defender con lo que tenemos a mano. No vamos a permitir otro despojo del territorio porque ya hemos vivido muchos”.

El Estado, el capital, los terratenientes, figuran en la lista de quienes, interpretan, los han despojado del territorio que ocuparon sus antepasados, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, desde la campaña denominada Conquista del Desierto, a finales del siglo XIX; los medios, en tanto, observan que consolidan un discurso racista que legitima la represión. El Estado, el capital, los terratenientes, los medios, figuran al tope de sus enemigos.

El que más dialoga con elDiarioAR se acomoda la remera que utiliza como capucha, y con ojos que no miran a su interlocutor repasa: “Vivimos oprimidos por parte del Estado, vivimos la discriminación y el racismo por ser mapuche y eso es algo que asumimos al momento de reconocernos como parte de un pueblo, y al adoptar nuestra cultura y forma de vida que nos dejaron nuestros antepasados”.

“Hoy nos toca -dice- vivir la opresión y la represión que se vive en el territorio”.

- ¿Por qué avanzaron sobre la vivienda particular La Cristalina?

- Esta última recuperación que se hace acá fue una necesidad de nuestra gente porque se venía gestando el racismo hacia nuestra comunidad. No es una casualidad sino que este personaje -Diego Frutos, propietario de la finca- armó todo esto para hoy tener la posibilidad de hacer su campaña política junto con el PRO y Patricia Bullrich. Ese es el contexto en el que se da la recuperación. 

¿La comunidad está dispuesta a un diálogo con el Estado?

Como mapuche siempre podemos dialogar, lo nuestro siempre fue la palabra. Pero siempre que sea en un marco de respeto y de un reconocimiento de parte del Estado. Esto es territorio donde los mapuche fueron asesinados, llevados como esclavos, entonces nosotros podemos dialogar pero solo en contexto de que se reconozca lo que ha hecho el Estado con nuestro pueblo y dejen de verlo como un negocio. Nosotros somos parte de este lugar porque así fue con nuestra gente antigua, que era parte del cerro como lo somos nosotros.

En los últimos días se aseguró que había gente no mapuche en la comunidad. Les dicen mapuches truchos…

Todas las personas que están acá somos mapuche, podemos tener distintos apellidos pero todos somos de familia mapuche, por eso vivimos acá y somos una comunidad mapuche. Trabajamos la tierra, vivimos de la siembra, tenemos animales, eso es lo que somos nosotros. Lo que dicen sobre lo que somos tiene que ver con generar más racismo y preparar el escenario para la represión y justificarla, que es lo que vivimos desde siempre.

Transmiten una certeza: saben de la fragilidad de su situación ante el poderío del Estado, y a la vez se saben piezas de un proceso histórico indetenible, que cada vez suma más partícipes “dispuestos a recuperar su identidad”.

“Ellos tienen esa capacidad de asesinar, como han hecho siempre con nuestra gente”, explica uno de los jóvenes, “pero acá en Bariloche y en la Patagonia está lleno de gente mapuche. Hoy está oprimida y castigada, termina haciendo de mano de obra barata para el winka (gente blanca), para quienes tienen las grandes tierras y el dinero. A través del tiempo uno se da cuenta de todas las opresiones que nos trae el winka y de que nuestra forma de vida es más sana”.

¿Qué es una vida más sana?

No contaminamos para que mueran las plantas y los animales, tenemos un respeto por la naturaleza como un respeto por toda la vida. Ahí es donde uno se reconoce mapuche. En la ciudad se vive todo el tiempo en opresión, por ser pobre, por ser mapuche, por haber sido despojado, esto no estaría pasando si el Estado no nos hubiese sacado de donde vivíamos bien, sanos y libres. Cuando tomamos conciencia de eso, estamos dispuestos a dar la vida por nuestro territorio.

Menos de 20 horas después de la entrevista, unos 200 uniformados de las fuerzas federales de seguridad ingresaron a la comunidad para desalojarla. Un día después del operativo, la mayoría de los hombres que integran la comunidad se encuentran dispersos por la montaña, dicen que resistiendo dejar esa tierra.

Santiago Rey con colaboración de Lorena Bermejo

Un despliegue inusual para la región: más de 25 vehículos, incluyendo una tanqueta y un camión antidisturbios y unos 250 efectivos de fuerzas de seguridad -fundamentalmente Policía Federal- fuertemente armados fueron utilizados para el cumplimiento de la manda dictada por la Jueza Federal Silvina Domínguez de “hacer cesar el delito” en los nueve lotes denunciados como usurpados por la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Domínguez -quien subroga el Juzgado Federal de Bariloche- ordenó el lunes a la Policía Federal que cumpla con los allanamientos correspondientes, incluidos en el expediente FRG 16149/2022 “s/incendio y atentado contra la autoridad”. En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación -que conduce Aníbal Fernández- publicó oficialmente la conformación de un Comando Unificado para la actuación de las cuatro fuerzas de seguridad federales en la zona de Villa Mascardi.

Así, el debut de esa estructura -que lleva el mismo nombre que la creada en 2017 por Patricia Bullrich- se produjo este martes, en la zona ubicada a 35 kilómetros de Bariloche. El operativo comenzó a las 7,30 horas, aunque por lo menos una hora antes la ruta 40 -Juan Herman- fue cortada por las fuerzas de seguridad, al norte y sur del territorio en disputa. Durante casi media hora se produjo un enfrentamiento entre los integrantes de la comunidad que arrojaron piedras a los uniformados, y los efectivos que dispararon gases lacrimógenos y postas de goma.

Minutos antes de las 8 de la mañana, unos 120 miembros de la Policía Federal ingresaron al territorio reclamado por la comunidad mapuche: detonaciones y gritos desde el interior se escucharon durante casi una hora.

Pasadas las 9,30 horas fue bajado hasta la ruta un grupo de siete mujeres y cinco menores -niños, niñas y un bebé- Las integrantes de la comunidad y sus hijas e hijos permanecieron casi dos horas en el lugar, hasta que fueron trasladadas a la sede de un organismo provincial donde se constató su estado de salud, para más tarde ser llevadas detenidas a dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En tanto, un grupo de por lo menos cinco menores quedaron dispersos en el territorio y recién en horas de la noche, la Jueza interviniente autorizó el ingreso de familiares de miembros de la comunidad para que se produzca el reencuentro. Testigos de la situación narraron a elDiarioAR que se vivió un momento “muy tenso” y “emocionante” porque “los chicos estaban asustados, vieron cómo se llevaron a sus madres, tías y abuelas, y no sabían qué iba a pasar con ellos”.

La orden judicial -que fue reservada por la Jueza bajo la figura de secreto de sumario durante todo el martes del operativo- establecía el desalojo de los integrantes de la comunidad de todos los lotes en los que se encontraran, bajo la necesidad de “hacer cesar el delito” en todos los lotes denunciados como usurpados.

Son varios los expedientes judiciales por la ocupación de lotes públicos -de Parques Nacionales- y privados, pero cada uno de ellos se encuentra en un momento procesal distinto y fueron los hechos producidos en los últimos diez días los que empujaron a la jueza a ordenar el desalojo. Esos hechos fueron el ataque e incendio a una casilla de Gendarmería -cuyos autores paradójicamente no fueron identificados, pero se le adjudicó a la comunidad- y el avance sobre las fincas La Cristalina -propiedad del puntero de Patricia Bullrich, Diego Frutos- y Los Radales -de Luis Dates-.

Durante todo el día martes continuó la tarea de persecución por parte de los uniformados dentro del territorio reclamado por la comunidad Lafken Winkul Mapu. En horas de la noche, fuentes del Ministerio de Seguridad y de la Justicia Federal reconocieron que el operativo no se había completado, ya que ninguno de los hombres que integran la comunidad fueron detenidos. Se encuentran dispersos montaña arriba. Mientras Seguridad dispuso que continúen los rastrillajes, y que efectivos de Gendarmería permanezcan en el lugar custodiando el posible ingreso de personas, desde el monte un miembro de la comunidad remitió un audio en el que llamaba a la solidaridad de otras comunidades mapuches, afirmaba que los uniformados continuaban la persecución disparando “con balas de plomo” y que había unas 30 personas “resistiendo” el ataque de las fuerzas de seguridad.

Una situación similar ocurrió en noviembre de 2017: el 23 de noviembre se ordenó y ejecutó el desalojo de la comunidad -en ese momento acotada a unas 10 hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi-, con la detención de un grupo de mujeres. Dos días después una avanzada del grupo Albatros de la Prefectura volvió a ingresar al territorio y protagonizó una cacería: los uniformados dispararon entre 114 y 129 veces con munición de plomo, hirieron a dos jóvenes y mataron por la espalda a Rafael Nahuel.

En este caso, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, valoró el operativo, dijo que, a diferencia del de 2017, no deben lamentarse fallecidos, y aseguró que se cumplió con la orden judicial de “hacer cesar el delito”, más allá que decenas de integrantes de la comunidad no hayan sido detenidos y permanezcan en la zona.

Puntualmente, transmitió que se cumplió con la orden de una “amplia inspección de los lugares y registro de todas sus construcciones, dependencias y anexos con miras al secuestro de las armas, teléfonos celulares y demás artefactos electrónicos de almacenamiento de información (notebooks, pendrives, tarjetas de memoria, etc.) que resulten útiles, agendas y anotaciones personales (sean en soporte papel o digital) y de todo elemento vinculado y de interés para la investigación que se practica”.

Pasadas las 21 horas de este martes, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó un hábeas corpus para que se le permita a su abogado, Ezequiel Palavecino, ingresar al territorio y constatar la situación de los menores que se encontraban en el lugar. 

Paralelamente, un nutrido grupo de integrantes del pueblo mapuche, acompañado por organizaciones políticas y sociales, y vecinos y vecinas marcharon por el centro de Bariloche, reclamando que cesen las hostilidades contra la comunidad. María Nahuel, integrante de la comunidad, aseguró que “volverán al territorio”, ya que los mapuche fueron “despojados de la mapu” (tierra) y que esa comunidad “pertenece a ese lugar. No pueden expulsarnos de nuestra tierra”, planteó.

SR

La justicia autorizó el rescate del sanitarista Jorge Rachid, quien participaba de una marcha en reclamo por la “soberanía de Lago Escondido” que se inició el pasado viernes 4 febrero. Ese contingente, de unas veinte personas, cubría el recorrido por un complejo sendero de montaña, único paso habilitado por la estancia Hidden Lake del magnate inglés Joe Lewis para alcanzar el espejo de agua y que demanda entre dos y tres días de caminata. Según denunciaron los organizadores de la movilización, el grupo fue interceptado por entre 40 y 50 personas a caballo y “presumiblemente armadas”, quienes los hostigaron e impidieron continuar con la marcha.

La marcha acampó a la espera de poder continuar camino o bien poder replegarse. El abogado de la Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua (FIPCA), organizadora de la llamada “Marcha por la soberanía del Lago Escondido”, Sergio Cuestas, aseguró que los empleados y personeros de Lewis “bloquearon el acceso sobre la servidumbre pública que la propia empresa Hidden Lake construyó para intentar impedir que se habilitar el camino Tacuifí, lo hicieron en territorio provincial, no en sus tierras y además de eso nos amenazaron con hundirnos en el lago o comerse en la parrilla a los que integraban la columna, visitarnos a la noche para que no nos olvidáramos que no había que volver”.

Ante esta situación, los abogados de FIPCA presentaron un pedido de hábeas corpus ante el Juez de Garantías Juan Pablo Laurence, solicitando se brinde seguridad al grupo que quedó aislado y sin comunicación en la zona montañosa. El médico sanitarista y dirigente peronista Jorge Rachid se encontraba entre los movilizados y su esposa, Gabriela Dueñas, solicitó en las últimas horas que se dispusiera de medios aéreos -un helicóptero- para su rescate, ya que, fue “especialmente hostigado” y “se descompensó”.

Laurence rechazó el hábeas corpus. En su escrito, el juez se refirió puntualmente al estado de salud de uno de los manifestantes que se mencionó en la presentación, por lo cual ordenó dar inmediato conocimiento de la situación a “la Patrulla de Montaña y/o las fuerzas policiales a través de la Regional Tercera local, para que evalúen la situación del mismo y -de corresponder- materialicen la evacuación y el acompañamiento del señor J.R. para su atención médica en El Bolsón”, tal como lo dictaminó la fiscalía.

Asimismo el juez ordenó notificar a la Regional Tercera de Policía -y por su intermedio a las autoridades que correspondan- “para que garantice la seguridad e integridad física del contingente que se encuentra en la cabecera sur del lago”.

Rachid fue rescatado horas más tarde por un helicóptero. Se encuentra en Bariloche, adonde arribó trasladado por una aeronave privada, conseguida por el Grupo de Abogados Solidarios y la FIPCA, organizadora de la marcha.

Hostigamiento

A través de un video, el abogado Cuestas dijo en las últimas horas que “a las 15.30 del domingo cuando llegamos a la cabecera oeste del lago, un grupo de 50 personas nos impidieron acceder a la costa, nos amenazaron, pincharon uno de los kayak y tuvimos que retroceder, la Policía nos dejó solos toda la noche y no conseguimos ningún medio para volver y comunicar lo que estaba sucediendo”.

La Policía de Río Negro rechazó que el personal afectado a la seguridad del grupo, apenas dos uniformados, hubiesen dejado su responsabilidad, tal como denunció Julio César Urien, titular de FIPCA, en diálogo con ElDiarioAR.

Según los organizadores, entre las personas que, a caballo, impidieron el paso de la columna pudo ser identificado Nicolás Van Ditmar, administrador de la estancia de Lewis, y quien en 2011 dijo que defendería el cierre del acceso al lago “con el winchester en la cintura”.

 Mientras tanto, una segunda manifestación aguarda que la Justicia garantice la seguridad correspondiente para iniciar una marcha por el camino Tacuifí. Ese sendero nace en el paraje El Foyel -a unos 75 kilómetros al sur de Bariloche- y es la vía más corta y sencilla de transitar hasta la costa del lago Escondido.

Se trata del camino que, en el 2009, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro obligó a la empresa Hidden Lake y al Estado provincial a abrir y acondicionar para garantizar el derecho de acceso a los espejos de agua. Desde entonces, los sucesivos gobiernos rionegrinos hicieron oídos sordos a la orden judicial, y la empresa del magnate Lewis consiguió que vecinos y terratenientes de la zona por donde pasa el camino lo cerraran con tranqueras, portones y alambres de púa.

El contingente de manifestantes evitó acercarse hasta el inicio del camino Tacuifí “para evitar ser agredido por los patrones de estancia del lugar”, dijo a ElDiarioAR Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto Nacional de ATE y Secretario General de la CTA Autónoma de Río Negro. El grupo, de hecho, se manifestó por la ruta 40 sur a la altura del puesto Villegas de Gendarmería, a unos 20 kilómetros del lugar.

Para Aguiar “creció muchísimo el nivel de conciencia de la sociedad en relación a la presencia de Lewis en la zona, el cierre del acceso al lago, y lo que eso significa en una provincia con 70 mil familias con problemas de acceso a la tierra y la vivienda”.

“Cuestión ideológica”

Por su parte, desde Madrid la Gobernadora de Río Negro Arabela Carreras descalificó como “ideológica” la marcha. Aseguró a Radio Nacional que “los pobladores de la zona de Lago Escondido ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica”. Carreras participa de la comitiva que acompaña al Presidente Alberto Fernández en su gira por Rusia, China y Barbados. En la escala realizada en la capital española, la mandataria admitió desconocer los detalles de lo ocurrido, pero interpretó que “no debe ser distinto a lo que ocurre todos los años cuando pobladores que viven en la zona ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica que se manifiesta”.

En relación a los hechos ocurridos el domingo en el sendero de montaña, integrantes del Grupo de Abogados Solidarios presentaron ante la justicia federal de Bariloche una denuncia por “privación ilegal de la libertad; actos de piratería; sedición atentados contra la soberanía nacional”.

Según relata el texto de la denuncia “el 6 de febrero de 2022, la movilización arribó a la cabecera Norte del que denominaron ”Lago Soberanía“ y conforme informaciones propaladas por distintos medios de comunicación, el contingente fue interceptado, hostigado y privados de su libertad por aproximadamente cincuenta hombres, a caballo y armados, organizados por una persona que ejercía el mando y que fuera identificada como Nicolás Van Ditmar; situación que obligó a los miembros de la expedición a intentar replegarse hacia la cabecera sur del lago, donde pasaron la noche en condiciones de precariedad y con grave riesgo para la salud de las víctimas”.

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Este texto fue actualizado a las 17:00 del martes 8 de febrero