Mediante el Decreto 1083/24, publicado el martes pasado en Boletín Oficial, quedó sin efecto la ley 26.160. Esta norma, vigente desde hace 18 años, declaraba la emergencia territorial, ordenaba el relevamiento de comunidades indígenas y prohibía los desalojos hasta que completarse el relevamiento de las tierras ancestrales.

El decreto dio por “finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. Entre los argumentos utilizados por el Ejecutivo para derogar la norma, aparence las sucesivas prórrogas a la situación de emergencia que terminaron generando “inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios”, “un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas”.

El decreto refiere a empresas y particulares como “legítimos propietarios”. Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, celebró la medida, aludiendo a una supuesta lesión al “derecho a la propiedad” (privada). Sin embargo, para organizaciones, activistas y expertos, esta decisión representa un triunfo del modelo extractivista a través de la confiscación a los pueblos originarios. Se espera que al menos 250 causas judiciales puedan reactivarse, lo cual afectaría la permanencia y subsistencia de comunidades, a lo largo y ancho del país. 

“Desde 1492, los pueblos originarios, sujetos preexistentes a los Estados, venimos sufriendo un atropello sistemático de genocidio y etnocidio por parte de la empresa colonizadora e imperialista. Hoy, el Gobierno retoma ese camino de persecución, odio y racismo”, aseguran desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).

“Derogar derechos por decreto es propio de un gobierno autoritario. Negar la registración comunitaria y la delimitación territorial es violentar los derechos adquiridos, contradiciendo la Constitución Nacional y los derechos internacionales”, agregan.

La Constitución reconoce en su artículo 75 “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”. Asimismo, establece la obligación de garantizar “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan” y “regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. 

El Convenio 169 de la OIT, incorporado mediante la ley 24.071, es considerado el marco más completo para el reconocimiento de los derechos indígenas. Argentina, además, ha adherido a múltiples declaraciones de la ONU y la Organización de Estados Americanos en esta materia.

ENOTPO denuncia que el país busca “congraciarse con las élites del poder concentrado mundial, poniendo al país en un estado de inseguridad jurídica muy peligrosa”. Y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se ha convertido en “una oficina libertaria que convalida los atropellos, saqueos y usurpaciones”. 

Uno de los conflictos más resonantes fue el que la comunidad mapuche Paicil Antriao de Bariloche mantuvo con el ex basquetbolista Emanuel Ginóbil por 12 hectáreas de las 625 que el Estado nacional le reconoció a esa comunidad a principios del siglo XX. Ginóbili había denuniciado por usurpación a la comunidad, pero la justicia acabó dándole la razón a los mapuches cuyas tierras habían sido relevadas en el marco de la ley 26.160.

Impacto en los derechos indígenas

María José Venancio, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explica que la ley 26.160, de 2006, venía siendo “vaciada en su contenido y vulnerada en sus principios de protección de los territorios indígenas”. Muchos relevamientos territoriales habían sido suspendidos y se emitieron decenas de órdenes de desalojo, incluso contra comunidades con relevamientos concluidos y aprobados.

El CELS va a informar de la reciente derogación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría de pueblos indígenas y al Alto Comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas.

La letrada destaca que la mayoría de las disputas actuales se concentran en la Patagonia –con fuerte presencia mapuche– y en el norte. Ambas regiones fueron las primeras en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que favorece las industrias extractivas.

En estas provincias se vulnera el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas. Se han promovido protocolos y modificaciones legislativas, como en Jujuy, para simular procesos de consulta, sin respetar los órganos de representación histórica. Esto ocurre especialmente en territorios vinculados a la minería, hidrocarburos, litio y negocios inmobiliarios“, señaló la letrada. Además, afirma: ”Los derechos humanos se convierten en un obstáculo para el desarrollo de estos modelos productivos, sustentados en discursos racistas y discriminatorios“.

Sin ir más lejos, en 2023, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo afirmó que “no hay ni hubo mapuches en Mendoza”. En enero de este año, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apuntó, sin pruebas, contra el pueblo mapuche por un incendio en el Parque Nacional “Los Alerces”, cuestionando su identidad. Al enfrentamiento contra el pueblo mapuche se suma la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable de frases como “basta de terroristas disfrazados de mapuches en Argentina”.

Una ¿segunda “campaña al desierto”?

Gabriel Jofre, profesor de historia y autoridad de la organización Identidad Territorial Malalweche (perteneciente al pueblo mapuche en la provincia de Mendoza), enfatiza que no se debe hablar de “retroceso” como un hecho consumado. En cambio, sugiere que se vive un momento de enfrentamiento de modelos, con lugar para la resistencia.

Jofre señala que la sanción de la ahora derogada ley 26.160 había representado un punto cúlmine en el derecho indígena en Argentina. “El proceso de relevamiento visibilizó disputas en áreas donde las comunidades luchaban por permanecer en sus territorios ancestrales o recuperar aquellos de donde habían sido desplazadas. También mostró los intereses económicos en zonas ricas en bienes naturales”.

“El actual gobierno nacional ha profundizado esta tensión, avanzando en políticas que priorizan los intereses corporativos”, alega Jofre. En este contexto, enmarca la cada vez mayor convergencia de las demandas indígenas y ambientalistas. 

Para Jofre, el modelo impulsado por el gobierno nacional de desarrollo perpetúa las lógicas de “neocolonialismo”; una nueva “campaña al desierto”. “Históricamente, los pueblos indígenas han sido acusados de fragmentar los Estados nacionales o promover el separatismo. Sin embargo, no buscan dividir, sino replantear la relación entre las comunidades y los territorios, considerando una cosmovisión donde el vínculo espiritual y cultural con la tierra trasciende las divisiones geopolíticas modernas”, concluye.

La posición de La Libertad Avanza quedó evidenciada en noviembre, cuando Argentina votó en contra de una resolución de la ONU para fortalecer el marco normativo internacional de protección a los derechos humanos de los pueblos indígenas. “Hay una campaña de estigmatización y persecución del gobierno, y tiene que ver con los recursos naturales. Solo en Mendoza, hay 34 proyectos mineros que no han sido consultados”, indica Sandra Silva. Ella es werkén del Lof mapuche Pewel Katuwe, de San Rafael Mendoza, y referente de la Organización Nacional Mujeres Originarias en Lucha por el Territorio (MOEL).

De acuerdo con MOEL, los derechos conquistados peligran, de la mano del “cambio climático, la situación económica, el avasallamiento a los pueblos”. La cuestión de género se mezcla con la ambiental e indígena. “Creemos en la dualidad, pero nuestra cultura es matriarcal”. Insiste en que la presencia de las mujeres originarias es fundamental para defender el territorio. 

Derechos de la naturaleza y comunidades originarias

Diversos tratados vinculados a la protección del medioambiente también resguardan los derechos de los pueblos originarios. Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), detalla que el rol de los pueblos originarios como custodios de la biodiversidad fue reconocido hace más de dos décadas, en el texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, ratificado en el país mediante la ley 24.375. 

Este año, durante la Conferencia sobre Biodiversidad (COP16) en Cali, se creó un órgano subsidiario para proteger los conocimiento tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales asociados a la biodiversidad. Sin embargo, hay una gran brecha entre el texto y la implementación.

Pía Marchegiani, también directora ejecutiva adjunta de FARN, destacó que el Acuerdo de Escazú exige proteger a quienes defienden el ecosistema. “El gobierno está ignorando estas obligaciones”, advirtió. La especialista enfatizó que el modelo extractivista actual promueve una explotación de recursos sin criterios responsables ni evaluaciones de impacto ambiental, lo que pone en riesgo tanto el medio ambiente como el diálogo democrático e intercultural que el país debería consolidar.

JB/MG

Este artículo contó con el apoyo de la Fellowship impulsada por Earth Journalism Network en el marco de la COP16.

Días atrás, la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) emitió un comunicado sobre los riesgos que implica la adopción temprana de rutinas de skincare en menores de 13 años. Según el texto, la comercialización de videos instructivos en redes sociales –muchas veces a cargo de influencers también de la llamada Generación Alfa–, la imitación, la “idealización de la imagen”, la falta de supervisión adulta (que financia estas prácticas), el empaquetado vistoso de los productos, el interés por compartir experiencias para encajar y evitar la frustración, así como los consejos de amigas de su misma edad, han llevado a que cada vez más niñas adquieran productos antiage, exfoliantes y maquillajes con alérgenos como fragancias o conservantes.

¿El resultado? En lo inmediato, un aumento de casos de dermatitis alérgica por contacto (DAC), con una prevalencia comparable a la que existe en la población adulta. Y, a largo plazo, posibles “trastornos del desarrollo”, debido a que los cosméticos pueden contener “sustancias reconocidas como disruptores endocrinos, lo que significa que pueden imitar, bloquear o interferir con las hormonas del propio cuerpo”.

Es muy importante que las personas adultas apoyemos a adolescentes y jóvenes para que no se siga exagerando el tema de la estética y el uso de productos que no son aconsejables para su edad. Las y los adolescentes están en plena etapa de lograr su propia identidad

Ángela Nakab — Sociedad Argentina de Pediatría

El consumo de contenido, insumos y servicios de “belleza” entre preadolescentes y niñas se ha convertido en una preocupación mundial, bajo el nombre de “Sephora Kids”, en referencia a la reconocida empresa de productos para la piel. En Argentina, donde la firma aún no ha desembarcado, el aumento de las preocupaciones de médicos y padres sugiere una llegada inminente del fenómeno. 

De hecho, el próximo Congreso Mundial de Dermatología Pediátrica, fechado para 2025, tendrá entre sus objetivos “aunar estrategias con (…) colegas de otras latitudes, que comparten esta preocupación por la salud de la piel de los niños”.

La palabra de la comunidad médica

La doctora Ángela Nakab confirma que, actualmente, se constata una influencia del concepto de “cuidado” (de la piel, el cuerpo y la apariencia) entre los más jóvenes: desde la niñez tardía hasta la adolescencia. Tanto en varones como en mujeres.

“Es muy importante que las personas adultas apoyemos a adolescentes y jóvenes para que no se siga exagerando el tema de la estética y el uso de productos que no son aconsejables para su edad. Las y los adolescentes están en plena etapa de lograr su propia identidad”, reflexiona la pediatra y presidenta de la subcomisión de medios de la Sociedad Argentina de Pediatría.Ángela Nakab

Sobre los parámetros básicos para el cuidado de pieles de niñas y preadolescentes, Nakab destaca la importancia de la higiene, el protector solar y, si es necesario, alguna hidratación de la piel. Siempre con productos naturales, sin ningún tipo de componentes erosivos y bajo asesoramiento profesional, especialmente de especialistas en dermatología. “Si no se tienen estas precauciones, puede haber consecuencias a nivel físico, como acné, cicatrices y reacciones alérgicas”, puntualiza.

Nakab observa que la excesiva valoración de las cuestiones físicas, al igual que ciertos discursos en redes sociales y medios de comunicación, afecta la “confianza básica y la sensación de seguridad” de los más jóvenes. De parte de las familias y cuidadores, propone una práctica de “afecto, equilibrio y contención”. En otras palabras, “estimular la autoestima y cambiar la idea de que la imagen depende únicamente de lo que se ve en las pantallas”.

La carrera por la juventud enferma (incluso a las niñas)

“Los chicos crecieron en medio de las redes sociales, donde la imagen y el aspecto son lo más importante. Muchos de los tutoriales de rutinas de cuidado facial muestran lo que a diario hacen los influencers y figuras del entretenimiento”, refuerza la psiquiatra Patricia O´Donnell, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la International Psychoanalytic Association.

La experta apela al término “cosmeticorexia”, que surgió de manera informal en las redes sociales para describir el creciente uso por parte de niñas y adolescentes de productos para el rostro.

Por un lado, entiende que hay un momento de la vida ligado a la construcción de identidad (aún vacilante), donde la corporalidad es fundamental. Entonces, puede surgir el uso de cremas y maquillajes como forma de imitación o como parte de la necesidad de verse de diferentes maneras frente al espejo.

“Mientras se mantenga como un juego y se relacione con estas búsquedas, no tiene mayores consecuencias y es parte de ese tiempo”, afirma la especialista. Sin embargo, sí puede aparecer un problema cuando la cosmeticorexia manifiesta cuestiones más profundas vinculadas al cuerpo: desde compulsiones hasta desórdenes alimenticios.

En resumen, para O’Donnell, “copiar lo que hacen los adultos, mientras se mantenga como un juego entre púberes y adolescentes, puede no tener mayores consecuencias”. Sin embargo, hay que estar “alerta de que eso no se convierta en una obsesión”.

Para cerrar, añade: “Chicas y chicos quieren preservar la imagen de juventud eterna, una cuestión latente en la sociedad. Los jóvenes reaccionan en espejo a este mensaje que la publicidad, los medios y las exigencias laborales determinan”.

Como contraparte, promueve el diálogo respecto al uso responsable de las redes sociales, así como conversaciones sobre la autoaceptación, los valores y la confianza en la propia apariencia.

Feminidades: ¿un menú con pocas opciones?

Lala Pasquinelli es abogada y fundadora de “Mujeres que no fueron tapa”, una organización con casi medio millón de seguidores en Instagram que busca “hackear” estereotipos mediante la visibilización de las desigualdades de género y el machismo que persiste en la cultura masiva. Además, es autora de La estafa de la feminidad. Cómo la belleza nos educa para ser sumisas.

Este año, abrió el debate sobre los mandatos que pesan sobre las niñas y preadolescentes. Pasquinelli asegura que “el menú de subjetividades y de modelo identitario que se les ofrece a las niñas es muy acotado”. Lo ve en las propuestas culturales, en los consumos, en el entretenimiento. “Todo tiene que ver con la belleza, esta nueva tendencia del skincare, de los rituales de belleza”.

“En TikTok y YouTube vemos una especie de vuelta al pasado, solo que con nuevos dispositivos: niñas que se comportan como lo hacían las mujeres hace cincuenta años”, dice la activista, en referencia a los videos que pululan en Internet (la mayoría, de cuentas administradas por adultos). “Hay niñas que enseñan a otras niñas los rituales de belleza y domésticos, a muy temprana edad. Pienso en el canal de Diana y Roma, en los ‘juegos de cirugías’, en toda esta tendencia del spa para niñas”, ejemplifica.

En TikTok y YouTube vemos una especie de vuelta al pasado, solo que con nuevos dispositivos: niñas que se comportan como lo hacían las mujeres hace cincuenta años

Lala Pasquinelli — Mujeres que no fueron tapa

“Yo creo que el impacto es negativo desde todo punto de vista. Si toda nuestra creatividad, nuestra energía vital y psíquica está destinada a encajar en estas corporalidades o en estos ideales femeninos, no se pone en otro lado. Esto afecta también a nuestra economía y nuestras finanzas porque, siendo las que menos ganamos, encima tenemos que gastar más en estos hábitos. Todo esto modela nuestro registro de lo que podemos y no podemos hacer en el mundo”, amplía.

Pasquinelli resalta el componente clasista y racista que tiene la belleza como herramienta que cristaliza desigualdades y segrega a las personas más pobres, ya que estas pierden oportunidades laborales y sociales por no poder acceder a los ritos de belleza cada vez más fuertes.

En la misma línea, desarrolla que, en contextos de pobreza, la belleza sigue siendo un recurso que facilita la movilidad social de las mujeres, “pero a un costo muy alto”. “Las niñas que no acceden a productos de calidad consumen mascarillas y maquillajes baratos y dañinos que arruinan su salud, su piel y su sistema endócrino”, aclara.

Muchas educadoras le escriben: ven en las aulas “niñas, adolescentes, preadolescentes, abrazando con contundencia gestualidades, formas de feminidad cosificada y sumisa, en nombre de la libertad, en nombre del deseo”. 

Una de ellas es Marina, quien habló con elDiarioAR. Como profesora de Plástica en una secundaria estatal, se enfrenta a los problemas de tener estudiantes con las manos “hechas”. “Usamos las manos para todo: atamos, lijamos, pegamos papeles. Hay que verlas tratando de no ensuciarse las uñas, trabajando con las yemas de los dedos”, relata.

Recuerda el caso de una chica que no podía siquiera hacer un nudo con lana debido a las uñas esculpidas y, frustrada, le echó la culpa a la propuesta y la insultó. Cuando tocó el trabajo con arcilla, directamente se quedó afuera de la actividad. La cuestión se extiende a los maquillajes, las pestañas. “Parecen muñequitas mameluco”, comenta Marina. Aunque lo charla con otros profesores, sabe que no puede decirles nada a las familias. “Les tengo miedo, la verdad”. 

Docentes de Deporte comparten experiencias similares, en las que las chicas no pueden participar de juegos porque no quieren poner en peligro sus uñas. Los neceseres llenos de maquillajes, los espejos y las selfies se volvieron parte del paisaje en las escuelas.

“En los últimos años –especialmente en los últimos dos– he notado que, aunque hay un bombardeo intensificado de propuestas agresivas e invasivas, también hay resistencia de muchas mujeres a reflexionar sobre esto”, alerta Pasquinelli. “La belleza es una forma de control de los cuerpos y vemos cómo se van normalizando y naturalizando estas maneras de habitarse y de habitar el mundo, a edades más tempranas. A mi criterio, esta reacción es en contra del feminismo, en contra de los avances de las mujeres”, cierra.

¿Las “hijas” frenaron su revolución?

“En el marco de las transformaciones operadas en la actual coyuntura nacional a partir del giro expansionista de la derecha, de su gobernabilidad neoliberal y algorítmica y de un fuerte backlash [o contragolpe] a los feminismos, a la educación sexual integral, a las políticas de género y sexualidad en general, el ‘empoderamiento’ femenino persiste como una narrativa polisémica, que pendula entre dos polos”, argumenta Silvia Elizalde, investigadora principal del CONICET y miembro del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Por una parte, distingue la “soberanía subjetiva y política conquistada por las mujeres, sobre todo, en los últimos años, de la mano de las más jóvenes, que lideraron una praxis feminista modélica en la región” (que, incluso, algunos sectores han llamado la “revolución de las hijas”). Por otra parte, apunta al “imperativo individualista de contar con ‘amor propio’”.

Como parte de estas tensiones, arguye que hoy conviven dos grandes figuraciones de feminidad juvenil y adolescente: las chicas politizadas y con “conciencia feminista”; y las que, haciendo suyas ciertas resonancias del feminismo, “activan un discurso del empoderamiento fuertemente basado en ciertos consumos de la industria cultural y en ciertas performances en redes”.

Elizalde indica que estas representaciones entran en contradicción con las retóricas de “rebeldía” de los feminismos y “disputan sentidos en un nuevo contexto de prácticas y saberes sobre los géneros, la sexualidad, el erotismo y la autonomía de los cuerpos, hoy exponencialmente potenciado por las tecnologías de la información y la comunicación, y la exigencia constante de narrarse visualmente”.

Ante este panorama político y social, plantea que se vuelve fundamental interrogarse por los “impactos ideológicos, estético-culturales y de incidencia cotidiana que estas nuevas representaciones de feminidad juvenil producen en las niñas y jóvenes”.

También le parece necesario examinar con detenimiento “los desafíos que estos procesos conllevan para los feminismos”. Y, en particular, para “la apuesta cultural y pedagógica que implica la educación sexual integral”, una herramienta fundamental para concientizar acerca de la diversidad, las disidencias, los valores democráticos y los desafíos que existen para la igualdad de género.

El juego y el negocio de los estereotipos

Paula Bontempo, doctora en Historia, advierte que ya desde 1930 se podía ver a niñas maquillándose. “Una tapa de revista de la época muestra a una nena jugando, probablemente probando los maquillajes de la madre. No iba a salir a la calle de esa manera. Creo que el cambio principal en cuanto a las infancias es que, en la actualidad, muchas chicas están usando estos productos de verdad y no de forma lúdica”, desarrolla.

Una tapa de revista de 1930 muestra a una nena jugando, probablemente probando los maquillajes de la madre. No iba a salir a la calle de esa manera. Creo que el cambio principal en cuanto a las infancias es que, en la actualidad, muchas chicas están usando estos productos de verdad y no de forma lúdica

Paula Bontempo — Doctora en Historia

La especialista en historia de las infancias y la familia explica que fue entre fines de los años 80 y principios de los 90 cuando surgió un espacio “preadolescente” en el país y el mercado apuntó de manera concreta a este target, creando, fomentando y transformando las prácticas culturales de un grupo etario que, a su vez, forjaba gustos, necesidades y demandas particulares.

En un principio, el maquillaje era solo uno de los aspectos del emergente negocio que representaba la audiencia preadolescente (como también lo eran, por ejemplo, las series de televisión y la música). Si bien los productos culturales no dejaban de incluir prescripciones respecto a los cuerpos –como es el caso de la revista Barbie, que Bontempo estudió cabalmente–, todavía en esta época el hábito de pintarse la cara se consideraba “un juego”, expande la historiadora.

En 2024, el mercado ha extendido sus garras a públicos antes impensados: las infancias. Con las redes sociales –fuera de la supervisión adulta, pero también legal– como aliadas.

En la incorporación de productos de adultos (como también de sus actitudes y posturas) por parte de las chicas, se conjugan la sed de un mercado imparable, los cuidadores que facilitan el dinero, los algoritmos, las ansiedades de crecimiento, la moda, la relación con sus pares y la conformación de la identidad. Todo esto, habilitado por un trasfondo político, cultural y social complejo (de avance de las derechas, discursos antifeministas, “empoderamientos” vacíos, falta de opciones, hiperconsumismo y un individualismo rampante).

Claro que, al mismo tiempo, operan resistencias desde los movimientos de mujeres, del cual las adolescentes han sido parte durante los últimos años y, probablemente, lo seguirán siendo.

JB/MG

Enrique Viale, abogado por la Universidad de Buenos Aires y especialista en derecho ambiental, y Alberto Acosta, conomista y político ecuatoriano, publicaron recientemente La naturaleza sí tiene derechos (aunque algunos no lo crean). Editado por Siglo XXI, el libro forma parte de la colección “Otros futuros posibles”, dirigida por Maristella Svampa.

Activistas, jueces del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza y miembros fundadores del Pacto Ecosocial del Sur, los autores presentan una obra de divulgación, que acerca al público amplio la evolución de la historia del pensamiento económico, desde los fisiócratas hasta la actualidad, para luego entrar de lleno en discusiones sobre presente y futuro. A través de ejemplos y propuestas concretas, introducen a los lectores a un paradigma novedoso: los derechos de la naturaleza.

El libro se posiciona claramente contra las visiones pesimistas y lo que los autores denominan “extractivismo intelectual”: una crítica a los “falsos ambientalismos” que evitan discutir de fondo el modelo extractivista imperante, de raigambre colonial. En su lugar, proponen un “Estado diferente”, que permita repensar los modelos productivos, la relación con el ambiente y el reconocimiento de las poblaciones originarias.

El libro no aboga por una “naturaleza intocada”, sino por la integración de distintas cosmovisiones, formas diversas de interacción con el territorio y modelos de desarrollo enfocados en el Sur global. “Se trata de pasar de la economía de la muerte a una economía de la vida”, resume Enrique Viale, en diálogo con elDiarioAR.

—¿Qué significa hablar de derechos de la naturaleza y qué implicaciones tiene?

 —Implica un cambio paradigmático fundamental que afecta teorías económicas, políticas públicas y actividades productivas. Los derechos de la naturaleza no buscan dejarla intocada, sino garantizar sus funciones vitales, su capacidad de regeneración, frente a sistemas productivos destructivos como la megaminería, el fracking y el agronegocio que la devastan. América Latina, marcada por el extractivismo, necesita replantear su modelo económico para lograr justicia ecológica y social. Este paradigma desafía el “consenso extractivista” que perpetúa la pobreza y desigualdad en la región.

 —En el libro mencionan que los derechos de la naturaleza rompen con las bases de la modernidad y proponen una “subversión epistémica”. ¿Creés que la sociedad y sus políticos están preparadas para este cambio?

 —Toda ampliación de derechos ha sido enfrentada con resistencia histórica. Desde la abolición de la esclavitud hasta el voto femenino, cada avance pareció imposible en su momento. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza enfrenta ese mismo desafío, pero es una disputa que debemos dar. Romper con el paradigma moderno que separó al ser humano de la naturaleza es esencial, al igual que cuestionar teorías económicas basadas en un crecimiento ilimitado que ignoran los límites del planeta.

 —¿Cómo se vinculan los derechos de la naturaleza con los derechos humanos?

 —Están íntimamente relacionados: cuando el extractivismo viola los derechos de la naturaleza, también atenta contra los derechos humanos de las comunidades locales, especialmente pueblos indígenas y campesinos. América Latina, donde se asesina a un defensor ambiental cada dos días, es un claro ejemplo de cómo el modelo extractivista se impone por la fuerza y reprime la resistencia.

En Argentina, aunque los asesinatos son menos comunes, hay persecución judicial contra quienes se oponen a estos proyectos. Gente común, vecinos y vecinas, enfrentan procesos legales largos y desgastantes solo por defender su territorio. Esto muestra cómo el modelo extractivista se sostiene violando derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida.

 —En el libro relacionan el capitalismo expansionista con la perpetuación del extractivismo. ¿Cómo ves esta dinámica en el contexto actual?

—El extractivismo sigue ampliando fronteras, transformando territorios en zonas de sacrificio. Desde el avance del agronegocio sobre bosques nativos en el norte argentino hasta la minería en glaciares, pasando por el offshore petrolero en el Mar Argentino, hasta la explotación del litio en salares o el monocultivo forestal sobre humedales y pastizales, el capitalismo encuentra nuevas formas de dilatar su lógica extractivista bajo distintos pretextos. Esto está ocurriendo también con la transición energética, profundizando desigualdades sociales y ambientales, y perpetuando la acumulación por desposesión.

—En el libro mencionan cómo el derecho de las corporaciones y la división internacional del trabajo, establecidos en el siglo XIX, siguen vigentes hoy. ¿Cómo se vinculan estos conceptos con el modelo extractivista actual?

 —Ya en el siglo XIX, Estados Unidos le otorgó derechos casi humanos a las corporaciones privadas, y eso tuvo un efecto concreto inmediato. Lo que vemos ahora es que esos derechos siguen primando, especialmente en el Sur global, donde las empresas, muchas veces ni siquiera locales, tienen más derechos que las comunidades. Y, ni hablar, que la Naturaleza, pese a que nos sostiene y nos da la vida.

Además, la división mundial del trabajo pensada en el siglo XIX se mantiene intacta. Nuestros territorios siguen destinados a proveer materias primas para el sobreconsumo del Norte global. Este modelo impone un mandato exportador que nunca se cuestiona: extraer para exportar, sin preguntarnos para quién y para qué. Por ejemplo, el litio, que podría ser clave para nuestra transición energética, termina siendo exportado para fabricar autos eléctricos de lujo en Europa y Estados Unidos.

Esto es parte del modelo de saqueo y exclusión que domina la región. Como decimos en el libro, no puede haber justicia social sin justicia ecológica. Cambiar esta lógica es esencial para construir un modelo económico que priorice a nuestras comunidades y sus necesidades.

—Hacen mucho hincapié en la necesidad de reconocer y respetar a los pueblos originarios, y a la relación que mantienen con la naturaleza. ¿Qué se puede aprender de sus diversas cosmovisiones?

 —Los derechos de la naturaleza tienen una base profundamente arraigada en las comunidades indígenas. Ellas siempre se han considerado parte de la naturaleza y han mantenido una relación basada en el respeto mutuo. En su cosmovisión, la naturaleza es un sujeto con derechos, no un objeto a explotar. Sin embargo, sus territorios son constantemente violados por el extractivismo, que los desplaza y destruye sus formas de vida. Reconocer los derechos de la naturaleza implica también garantizar los derechos de los pueblos originarios.

—¿Cómo describirías la situación de los pueblos indígenas en Argentina frente al extractivismo?

—En Argentina, lamentablemente, tenemos un gobierno abiertamente enemigo de los pueblos indígenas, desde la presidencia hasta la vicepresidencia. Por ejemplo, Villaruel es una declarada enemiga acérrima. La discriminación hacia los pueblos indígenas se ha vuelto abierta, impudorosa y estatal, y esto es muy preocupante porque siempre tiene consecuencias trágicas.

Parece que ahora se puede discriminar sin ningún problema, lo cual tiene un carácter estratégico. Demonizar a los pueblos indígenas permite avanzar sobre sus territorios sin debate. Si decís que los mapuches son extorsionadores, podés justificar que avancen en Vaca Muerta sin límite alguno. Si estigmatizás a las comunidades que viven hace siglos en los salares de litio como ladrones, podés explotar esos territorios sin discusión.

—¿Qué aprendizajes ves en los liderazgos de otros países de la región frente al colapso ecológico?

—Creo que estamos viendo un giro interesante en países como Brasil y Colombia. Lula, en su tercer mandato, adoptó –al menos discursivamente– la variable del cambio climático y la protección de la Amazonía en su discurso, algo que no estuvo presente en sus gobiernos anteriores. Pero Petro, en Colombia, es el mejor ejemplo de la incorporación en el debate internacional y en acciones estatales concretas de la conexión entre colapso ecológico y justicia social. Francia Márquez, su vicepresidenta, es una reconocida lideresa ambiental.

—En el texto acuden a autores como Walter Benjamin, quien hablaba de los cambios y las revoluciones como un “freno de emergencia” al capitalismo“. ¿Cómo se confrontan los avances salvajes del capital desde una perspectiva ecosocial y lo que llaman un ”Estado diferente“?

—Hay una frase que Mark Fisher atribuye a Fredric Jameson y resume bien el desafío: “Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. En el marco del capitalismo actual, es muy difícil encontrar salidas sostenibles. Por eso, desde el Pacto Ecosocial del Sur proponemos un cambio paradigmático que incluye la creación de un Estado ecosocial. Este modelo combina justicia social con justicia ecológica, algo que el estado de bienestar progresista nunca logró implementar eficaz y sostenidamente en América Latina.

 El Estado ecosocial debe ser muy diferente: no solo implica políticas verdes como promover energías renovables, sino también cuestionar la deuda externa (que además es ilegítima), exigir la deuda ecológica histórica del norte con el sur y reformar los sistemas tributarios para que sean progresivos y responsables con el ambiente. Es un modelo que reconoce la importancia de los cuidados y exige un Estado presente: antes, durante y después de eventos climáticos extremos. Reconocer los derechos de la naturaleza implica pensar nuevos horizontes civilizatorios

—¿Cómo aborda el modelo de Estado ecosocial la minería y la energía?

—América Latina extrae el 15% del oro mundial, pero solo utiliza el 3%. Esto ilustra el absurdo del modelo extractivista actual. El Estado ecosocial que proponemos replantea interrogantes fundamentales. ¿Minería para quién y para qué? ¿Energía para quién y para qué? Mucha de la energía que se produce en algunas provincias ahora es para las propias mineras, lo cual constituye un círculo vicioso que consume más recursos de los que aporta.

Hay que establecer políticas públicas que prioricen el bienestar local, fomentar una agricultura sostenible que permita el arraigo de las poblaciones en sus territorios, y repensar cómo habitamos nuestro país.

—En el libro, ustedes critican la economía verde como una “acumulación por conservación”. ¿Cómo ven esta nueva estrategia del capitalismo?

—Lo que llamamos “colonialismo verde” o “colonialismo energético” es una nueva vuelta de tuerca del capitalismo Ahora el discurso verde justifica que los territorios del sur sigan siendo zonas de sacrificio. Por ejemplo, el litio, que dicen es “para salvar el planeta”, en realidad sirve para producir Teslas en Estados Unidos o BMW eléctricos en Europa. No hay un replanteo del consumo insostenible del norte global, solo una nueva excusa para explotar nuevamente nuestros recursos.

Para ilustrarlo: el capitalismo actual privatizó la abeja, la miel y ahora está buscando privatizar el acto de polinización de las abejas. Es decir, las funciones de la naturaleza entraron al mercado.

Esto incluye prácticas perversas como plantar pinos y eucaliptos para, supuestamente, capturar carbono, a pesar de los impactos negativos que estas especies exóticas tienen en los territorios, como el agotamiento del agua, la degradación de los suelos y la eliminación de otras formas de ocupar los territorios.

—¿Qué opinás del retiro de Argentina de la COP y del avance de políticas negacionistas en el país?

—Es un hecho gravísimo y sin precedentes. En 2019, con Pino Solanas impulsamos la Ley Nacional de Cambio Climático, que convirtió la lucha contra el cambio climático en política de Estado. Sabíamos que los negacionismos avanzaban en el mundo y nos podía tocar uno en cualquier momento. Retirarse de la COP viola esa ley y el Acuerdo de París, adoptado por Argentina también por ley. Participar en estas instancias es clave para reclamar políticas y recursos que compensen las desigualdades entre Norte y Sur, además de enfrentar el cambio climático que ya afecta directamente a nuestro país.

El gobierno actual tiene una postura negacionista comparable al terraplanismo. Estas políticas no solo traen más pobreza y desigualdad, sino que cuestan vidas. Las inundaciones en el sur de Brasil, el tornado en Bahía Blanca, las olas de calor, todo esto tiene muertos. La sequía en Argentina, consecuencia del cambio climático, causó pérdidas de miles de millones de dólares, incluso para los sectores que este gobierno dice proteger.

—¿Por qué creés que este libro puede ser clave para quienes empiezan a interesarse en el ambientalismo?

—Los derechos de la naturaleza son un lugar excelente para empezar. Este libro es muy didáctico, pensado para un público general, pero también es serio y aborda la raíz del problema: el modelo paradigmático que domina a la sociedad. No se trata solo de describir las consecuencias, sino de cuestionar las bases del sistema que generan estas crisis.

El libro invita a abrir debates, a conectar temas y a disparar curiosidad en quienes no tienen un acercamiento previo a estas cuestiones. Los derechos de la naturaleza son una herramienta para desmercantilizar la vida y enfrentar el modelo extractivista, planteando alternativas que buscan una sociedad más justa, igualitaria y en armonía con la madre Tierra.

 JB/CRM

En el marco de un giro conservador y de vidas cada vez más precarizadas, surgió un espacio idóneo para quienes venden el óxido como oro (y lo monetizan). A través de filtros y edición, con las redes sociales como principal canal de expresión, las tradwives –influencers jóvenes que, desde el ejemplo, reivindican el rol de las “esposas tradicionales”– se erigieron como vendedoras de mandatos usados y ofrecen recetas para la felicidad con una garantía de confianza: la cocina es su terreno de acción. Desde allí, frente a una cámara y un montaje cuidado, muestran, en forma de reels, la película de un pasado idílico o, al menos, más confortable que un presente incierto.

La española Roro Bueno (quien en repetidas ocasiones se alejó del mote “tradwife”, pero en los hechos representa a ese personaje), así como Nara Smith y Hannah Neeleman (con su cuenta “Ballerina Farm”), en Estados Unidos, son las principales exponentes de esta tendencia. 

Preparando fastuosos banquetes desde cero, educando a sus hijos en el hogar o cosiendo su propia ropa, las tradwives no solo ofrecen a sus millones de seguidoras una afirmación de la mujer como ama de casa por antonomasia, sino un modelo donde los ultraprocesados, la falta de tiempo y la tecnología no marcan el paso de los días. Siempre de punta en blanco (pueden recoger huevos, realizar tareas de jardinería y amasar sin ensuciar sus vestidos) y con una sonrisa.

Estas creadoras de contenido (y reproductoras de ideología) han atraído la atención de los medios, así como de las usuarias también en estas latitudes. Pero, más allá de la curiosidad, en un país con las características económicas, demográficas, laborales, históricas y sociales de Argentina, ¿es replicable el fenómeno? Si es así, ¿a qué escala y de qué manera?

¿Tradwives a la criolla?

“A mi modo de ver, es un fenómeno propio de las redes sociales y no estoy muy segura de que pueda ser entendido como movimiento social”, reflexiona Silvana Darré, doctora en Ciencias Sociales y magíster en Estudios de Género. En este sentido, se pregunta “si las audiencias que convocan esos perfiles se plantean desafíos colectivos, si comparten objetivos comunes, si son capaces de generar acciones de incidencia”. 

La especialista señala una paradoja: “Los monólogos de fantasía que proponen el retorno a los años cincuenta del siglo pasado requieren del consumo, no de la movilización. Pienso, hipotéticamente, que si estas audiencias se movilizaran en el ámbito público a partir de objetivos comunes, terminarían ocupando un espacio del cual reniegan, por su canto a la domesticidad”. 

Ella observa la “invitación a un estado de cosas que nunca existió”, una performance guionada y aspiracional para audiencias específicas (donde las mujeres afroamericanas, inmigrantes o las latinas no tienen mucho lugar). Claro que esto se desarrolla con un trasfondo específico: el avance de los grupos neoconservadores de extrema derecha, antifeministas y anti LGTB+, que promueven discursos de odio y alertan sobre la “pérdida de valores” en torno a la familia “natural”. 

“Históricamente los discursos hacia las madres y la prescripción de formas adecuadas de crianza han variado en función de multiplicidad de factores, como las guerras, los niveles de desempleo, las crisis económicas, las migraciones a gran escala y los cambios demográficos. Entonces, no es de extrañar que reaparezcan discursos que promuevan el retorno a la domesticidad”, apunta Darré.

A la doctora, especialista en género y cultura, le resulta difícil imaginar una traducción argentina del fenómeno por la distancia económica y social que separa a la Argentina del Norte Global. “La crisis actual hace difícil pensar que alguna audiencia pueda sentirse interpelada o convocada por un modelo clasista, racista, sexista y excluyente. El movimiento feminista en su gran diversidad ha tenido un importante recorrido, es masivo y está formado mayoritariamente por jóvenes”, concluye. 

Una cuestión de clase

“Mujeres conservadoras siempre ha habido. Lo que queda claro es que intentan formar opinión, imponer un punto de vista que fundamentalmente romantiza la vida doméstica y separarla de lo público. Con la contradicción de que, a través de las redes, se hacen famosas y ganan dinero”, estima Mónica Tarducci, directora del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

La experta menciona el caso de la segunda posguerra para recordar que no es la primera vez que surge en Estados Unidos una “apoteosis de la femineidad”. En el caso de las tradwives, recuerda, se apela a las mujeres de clase media acomodada, de tradición evangélica y conservadora. Es decir, el estereotipo no solo deja afuera a mujeres que no son blancas ni religiosas, sino que excluye a la mayoría de las mujeres pertenecientes al llamado “cinturón bíblico” del país, compuesto por familias de granjeros humildes.

Mujeres conservadoras siempre ha habido. Lo que queda claro es que intentan formar opinión, imponer un punto de vista que fundamentalmente romantiza la vida doméstica y separarla de lo público. Con la contradicción de que, a través de las redes, se hacen famosas y ganan dinero

Mónica Tarducci — Directora del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género (UBA)

Para Tarducci, la emergencia de las tradwives como guardianas de valores ligados a la vida doméstica no es ajena a la derechización de distintos países del mundo y los discursos misóginos, que aprovechan las crisis económicas para calar sobre el tejido social.

Sobre si puede haber una traslación a Argentina del fenómeno, la investigadora explora diversos ángulos. Por un lado, recalca las diferencias entre el protestantismo anglosajón y la tradición local. En Argentina, constituye “una religión misionera, con adeptos entre las camadas muy pobres, donde sí o sí las mujeres tienen que trabajar”. 

“Sí es cierto que, en momentos de penuria económica, esta concepción de la feminidad tradicional puede aliviar el hecho de no encontrar trabajo. Entonces, no sólo se lleva bien con tiempos neoconservadores, sino con una época de profunda crisis económica y de desempleo”, suma. De todas formas, por lo que ha visto hasta ahora, las tradwives se mantienen como una cuestión del Norte. 

Los mandatos y los datos 

Los recorridos laborales, así como el tiempo dedicado a las tareas no remuneradas en Argentina (como en el mundo) siguen sujetos a preceptos sociales, leyes y un entramado institucional machista. 

Si bien las mujeres en Argentina se han incorporado masivamente al empleo, sigue habiendo una brecha de participación considerable. De acuerdo con el INDEC, el 94,7% de los varones de entre 25 y 59 participa en el mercado de trabajo; en el caso de las mujeres, este número desciende a 75,4%. 

Al hacer un zoom en ese dato, surgen las grandes diferencias de género, especialmente cuando aparecen las demandas de cuidado. “Mientras la brecha entre quienes no tienen hijos es de 16 puntos porcentuales, cuando hay dos o más niños en el hogar, esta brecha aumenta a casi 37 puntos porcentuales. Es decir, se reafirma una persistente división sexual del trabajo, ya que los varones incrementan su participación en el empleo en un rol de proveedores y las mujeres refuerzan un rol de cuidadoras y toman decisiones sobre sus trayectorias laborales en relación con la demanda de cuidados que hay en la familia. Para decirlo más claramente, once de cada cien mujeres que participaban en el mercado laboral se retiran al tener un hijo o hija, y este número aumenta a veinticuatro de cada cien mujeres al tener dos o más hijos o hijas”, detalla Delfina Schenone Sienra, directora del área de Políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

“Si miramos nuestra legislación, podemos ver que sigue habiendo un fuerte esquema maternalista que asigna un rol de cuidado a las mujeres y a los varones un rol de proveedores”, desarrolla la socióloga. Pone el foco en las licencias por nacimiento: mientras las mujeres con trabajo registrado tienen noventa días, los varones solo cuentan con dos. 

“Esos dos días se estipularon en un inicio para que los padres pudieran inscribir a sus hijos al registro civil, no había una expectativa de cuidados”, subraya Schenone Sienra. Y remarca: “Esa normativa tiene ya medio siglo”. De la misma forma, puntualiza que, mientras las trayectorias laborales de los varones permanecen casi inalteradas cuando tienen hijos o hijas, las mujeres, en muchos casos, deben alterar sus recorridos según las necesidades que existan: se retiran del mercado, disminuyen la cantidad de horas o cambian el empleo por uno más “flexible”. 

Delfina Schenone Sienra, directora del área de Políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

“Antes de pensar si nuevos discursos o discursos antiguos que buscan volver a tener vigencia pueden calar hondo en nuestro país, es necesario mirar a lo que tenemos actualmente y entender que seguimos teniendo estructuras normativas, políticas y prácticas culturales que siguen asignando un rol de cuidado principalmente a las mujeres”, distingue la especialista. Apela a lo que la socióloga estadounidense Arlie Hochschild llama la revolución estancada: mientras las mujeres “salieron” al mercado laboral, los varones no “entraron” al mundo doméstico en la misma medida y eso solo nos ha sobrecargado de tareas. 

Antes de pensar si nuevos discursos o discursos antiguos que buscan volver a tener vigencia pueden calar hondo en nuestro país, es necesario mirar a lo que tenemos actualmente y entender que seguimos teniendo estructuras normativas, políticas y prácticas culturales que siguen asignando un rol de cuidado principalmente a las mujeres

Delfina Schenone Sienra — Directora del área de Políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Apunta que “para muchas puede tornarse atractivo pensar que es demasiado trabajo ocuparse de todo y que las reivindicaciones feministas fueron un ‘engaño’”: para combatir esto, considera urgente el involucramiento de los varones en estas tareas domésticas y de cuidado. 

“Hay que tener cuidado con estos discursos engañosos que promueven una ‘vuelta al hogar y la familia’ como única ocupación, transmitiendo que es un entorno de armonía y paz. Los datos y la evidencia muestran que los hogares siguen siendo el principal ámbito donde se ejerce la violencia hacia las mujeres”. Se centra en dos datos: una de cada dos mujeres que están o han estado en pareja atravesó algún tipo de violencia de género en el ámbito doméstico. Específicamente, el 23% de las mujeres de Argentina sufre violencia económica: es decir que “se le restringe el uso de fondos, el acceso a cuentas bancarias, el manejo del dinero familiar o personal, o sufren control de los gastos, así como la prohibición de trabajar o estudiar”. 

Una breve historia de la domesticidad (y cómo romperla)

La reclusión de la mujer al ámbito hogareño no es natural. Tiene una historia de hitos, rebeldía, retrocesos y avances. En 1834, la activista francesa Claire Démar formuló una pregunta: “Es necesario que la mujer haga una obra, cumpla una función. Y ¿cómo podría hacerlo si sigue condenada a dedicar una parte, más o menos larga de su vida a los cuidados requeridos por la educación de uno o varios hijos?”. 

Démar tenía una propuesta radical: terminar con la “ley de sangre” y liberar la creatividad femenina. Es decir, politizar la maternidad, quitarla del ámbito “natural” y privado, habilitando una crianza social y compartida, con un fuerte rol del Estado, para que todas tuvieran la posibilidad de elegir y crear. 

En Argentina, esta dicotomía entre expectativa social y rebelión se expresó con claridad en 1896, cuando las comunistas anárquicas que publicaban el periódico La voz de la mujer consagraron la frase “Ni Dios, ni patrón, ni marido”. Contra los “infames explotadores” y los “viles esposos ”, exigían su “parte de placeres en el banquete de la vida”. 

“En 1926 sólo el 35% de los hogares obreros eran mantenidos sólo por el salario del padre en una muestra que presupone que existía una familia nuclear y que había un padre. Pero, también, en el otro extremo de la sociedad, las mujeres de la élite no cuidaban en exclusividad a sus hijos e hijas. Ellos estaban a cargo de mujeres empleadas que incluso los amamantaban”, agrega Isabella Cosse, doctora en Historia. 

En un contexto de falta de derechos políticos y civiles, se ofrecía una sola variante posible de feminidad, ligada a la devoción a la casa, los hijos y el marido. El imperativo –reforzado institucional y culturalmente– se enfrentó tempranamente a la realidad situación material de un gran sector de la sociedad, así como a la resistencia de obreras e intelectuales que no estaban dispuestas a renunciar a sus aspiraciones personales. 

Incluso aquellas que no se inscribían dentro de la tradición feminista. Es el caso de la educadora y escritora sin tutelaje Herminia Brumana, quien en 1931 publicó: “He aquí, me digo, que en esta noche soy dueña de mi destino. ¡Lo son, acaso, todas estas mujeres que están en su casa atadas a la voluntad de un marido o de un padre! ¡Cuántas de ellas tendrán deseos de salir en una noche así, estrellada, para ir a ‘ninguna parte’ taconeando por esas veredas, sin más rumbo que la casualidad ni más guía que el azar! Me da tristeza su condición de esclavas disimuladas”. Claro que no todas las mujeres tenían el mismo margen de maniobra a la hora de decidir.

Cosse estudió revistas como Para Ti o Vosotras y llegó a una conclusión: mientras una parte de los artículos ensalzaban el casamiento como la puerta de la felicidad, los otros, referidos a la vida después de casarse, enseñaban a lidiar con esas frustraciones.

“Fueron, justamente, esas frustraciones que estallaron en la segunda ola feminista en los años sesenta y setenta que, en nuestro país, se expresó en un feminismo capilar con micro batallas cotidianas”, amplía. Esta “devaluación del sueño doméstico” estuvo unido al “deseo de las mujeres (a tener una vida propia, a ser tratadas con igualdad, a imaginar su propia libertad) pero, también, a pensar que la respetabilidad no radicaba más en una forma unívoca y excluyente de vivir la vida, la maternidad, la familia”.

Especialista en género y familia, explica que el modelo doméstico de la mujer “no puede pensarse si no es entramada en las jerarquías sociales y familiares”. La condición de madre, esposa y ama de casa expresaba la capacidad económica, política y social de un varón y un grupo familiar para que eso fuese posible. 

“La visión tradicional estuvo siempre en contraposición con la realidad en forma conflictiva y emergió expresando la reluctancia a las transformaciones ‘modernas’, los temores y las ansiedades que provocaban la posibilidad de transformar el orden de género”, se explaya la historiadora. 

Trayendo el fenómeno a la actualidad, indica que, detrás de las consignas de vuelta a la domesticidad, probablemente existan también preocupaciones y temores por las transformaciones en curso, ligadas a la economía, los cambios culturales y en los roles de género. “No es difícil pensar que en este momento pueda suceder algo semejante”, comenta Cosse. 

Hoy, los debates en torno a la crianza y las tareas de cuidado continúan vigentes porque el doble “trabajo no pago” (que, como marcaron las militantes setentistas, no es solo amor) y los estereotipos siguen pesando fundamentalmente sobre las mujeres. Pero distintas generaciones de feministas disponen de discusiones, movilizaciones y aprendizajes, como llave para abrir las puertas del hogar y encerrar viejos mandatos. 

JB/MG

Luego de una participación en la COP16 –la cumbre mundial sobre Biodiversidad– en la que dejó en claro que para el presidente Javier Milei el cambio climático es una cuestión de mercado, la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, intentó explicar sus dichos y se quejó porque los países ricos imponen restricciones comerciales “bajo el pretexto de proteger ecosistemas forestales”.

“No es justo que en este contexto se impongan restricciones comerciales bajo el pretexto de proteger ecosistemas forestales en países emergentes, cuando muchos de los países que las imponen han alcanzado su desarrollo con la explotación de sus propios bosques”, expresó Lamas. Desde su perspectiva, “estas restricciones no protegen, sino que actúan como barreras comerciales disfrazadas de medidas de conservación”.

La subsecretaria habló este miércoles en el llamado Segmento de Alto Nivel en el que participaron jefes de Estado, ministros y líderes mundiales y que se está desarrollando en Cali, Colombia.Durante su intervención oficial en la reunión de negociación, Lamas reafirmó que la gestión de Javier Milei persigue una “firme integración de la biodiversidad en políticas públicas”, aunque incorporó ciertos reparos.

La delegada nacional apeló al “principio de soberanía nacional sobre los recursos naturales” para señalar que Argentina respeta las “responsabilidades comunes pero diferenciadas” de países desarrollados y emergentes. “Los países que construyeron su prosperidad explotando nuestros recursos naturales, pretenden ahora que los países más pobres no desarrollen sus economías,” resumió.

 Lamas señaló que Argentina tiene “potencial para contribuir al mundo con minerales críticos y energías renovables necesarios para la transición energética, así como con prácticas agropecuarias amigables con la biodiversidad a un nivel de excelencia”. 

 Como contracara, pidió que se reconozcan los esfuerzos ambientales según las características de cada territorio. “Para nosotros, el desarrollo económico y social, hacer todos los intentos para sacar a la población de la pobreza, son prioridades supremas, y cualquier esfuerzo ambiental debe reconocer esta realidad, tal como establece el artículo 20 del Convenio de Biodiversidad”, finalizó.  

El martes, en su único contacto directo con periodistas, la funcionaria afirmó que Milei entiende “todo el tema de cambio climático” como una cuestión “de mercado”. Según explicó, el presidente estaría dispuesto, por ejemplo, a respetar metas de reducción de gases de efecto invernadero para evitar barreras comerciales. En ese sentido, aclaró que no hay una “bajada de línea” desde el Ejecutivo para salir de acuerdos e instancias internacionales. 

Y resaltó que el Gobierno argentino busca evitar créditos climáticos, como aquellos provistos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Solo las obras que están avanzadas en un 80% serán terminadas; el resto quedará cancelado. En este aspecto, la posición del gobierno contrasta con la de diversas provincias, cuyos representantes en la conferencia sí aceptan este tipo de financiamiento.

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta y directora de biodiversidad de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que también participa de la COP16: “Es un gran paso, pero no podemos quedarnos con un lindo texto conservacionista: hay que pasar a la acción, y que se movilicen los recursos humanos y dinerarios necesarios”, sugiere

FARN es miembro de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO), un ámbito de articulación interinstitucional para consensuar políticas públicas en esta materia. Como tal, integró los procesos participativos para la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción. Se espera que el documento final sea subido próximamente. 

 Respecto a las declaraciones oficiales sobre el cambio climático, Di Pangracio aclaró que estas no se alinean con el consenso de la comunidad científica. “Lamentamos ese tipo de declaraciones, así como el rechazo de créditos y proyectos en marcha, ya que son fondos provenientes del mundo desarrollado que, por su responsabilidad histórica, tienen el deber de apoyar a países en vías de desarrollo para hacer posible la lucha contra la pérdida de biodiversidad, la crisis climática, la contaminación y la desertificación”.

 Di Pangracio también subrayó que Argentina posee una amplia legislación en materia ambiental, así como diversos convenios internacionales ratificados por ley nacional que obligan al país a comprometerse seriamente con la preservación ecológica. Comentó que, generalmente, solo una pequeña parte del presupuesto nacional se destina a este asunto urgente, mientras que existen incentivos y subsidios perjudiciales para la biodiversidad, como los dirigidos a los combustibles fósiles y las plantaciones forestales exóticas.

En relación con las declaraciones sobre bosques de Ana Lamas, la vocera de FARN recordó que entre 2006 y 2007 Argentina atravesaba una de las mayores crisis de deforestación de su historia. Gracias a la presión de la sociedad civil, se logró una política pública para frenar esta tendencia: la Ley de Bosques de 2008.

“A pesar de los desafíos de implementación, la Ley de Bosques creó una base sobre la cual construir. No es algo para destruir o retroceder. Debemos identificar áreas de mejora y avanzar en el derecho ambiental,” explicó.

 Asimismo, enfatizó el principio de progresividad que rige las problemáticas ambientales. “Se debe ser cada vez debe ser más tuitivo con el ambiente, más ambicioso, no regresivo, construir sobre lo logrado”, resaltó.

Por último, destacó la necesidad de que el país asegure que toda producción, tanto para consumo local como para exportación, esté alineada con la protección ambiental. “Debe asegurarse que la producción no se corresponda con sucesos de deforestación y vaya de la mano con la conservación, el uso sostenible y la restauración. No hay producción ni vida posible con ecosistemas degradados”, sintetizó.

Este artículo contó con el apoyo de la Fellowship impulsada por Earth Journalism Network para cubrir la COP16.

Carnaval y Colonia. Carnaval y Revolución de Mayo. Carnaval y rosismo. Carnaval y formación del Estado. Carnaval y elites. Carnaval e inmigración. Carnaval y comunidades afro. Carnaval y clase obrera. Carnaval y tango. Carnaval y música gauchesca. Carnaval y peronismo. Carnaval y murgas. 

En su último libro, La fiesta de los negros. Una historia del antiguo carnaval de Buenos Aires y su legado en la cultura popular, Ezequiel Adamovsky deja entrever una pregunta: ¿se puede, acaso, pensar en la nación argentina (con sus contradicciones, múltiples influencias y tensiones) al ritmo de las comparsas?

El investigador y columnista de elDiarioAR, licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia por el University College London, persigue las pistas del carnaval durante más de un siglo. ¿Qué encuentra? A un pueblo que, contra las directrices que venían “desde arriba”, proyectó allí distintas formas de ser y reconocerse; una instancia para transgredir las divisiones étnicas, clasistas, raciales y sexogenéricas existentes; un destello de desafío lúdico a los límites de lo posible, que explotaba durante la fiesta, pero tenía consecuencias persistentes. 

“Nunca me había divertido tanto escribiendo”, admite Adamovsky. Sin perder la rigurosidad propia del académico, se sumerge (y sumerge al lector) en un universo fascinante, donde todo es descubrimiento. A través de cientos de fuentes, testimonios e imágenes, indaga en un terreno que escapa a obviedades y linealidades, abrazando un término que se repite a lo largo de la obra: “ambivalencia”. Así, gesta interpretaciones novedosas, que despojan al objeto de estudio de categorías y constricciones extranjeras, devolviéndolo a estas tierras. 

La publicación, a cargo de la editorial Siglo XXI, rescata diversas voces y deseos de la plebe en el carnaval, entre 1810 y 1910, incorporando referencias a tiempos coloniales y la historia reciente. elDiarioAR habló con el autor sobre aquellos días en que las calles de Buenos Aires se llenaron de máscaras, disfraces y juegos, para conformar uno de los carnavales más importantes del mundo. ¡Y que siga el baile!

—¿Cómo nació tu interés por el carnaval porteño? 

—Hace mucho tiempo estoy trabajando en una pregunta de investigación: cómo impactaron las diferencias étnicas y de color en la historia argentina; y, particularmente, cómo estas diferencias afectaron las identidades de clase. En un estudio previo, había observado que parte de la identidad de la clase media tenía que ver con cierto orgullo de ser blanca y descendiente de europeos. La contracara de ese “orgullo” era un desprecio de las clases bajas por no ser suficientemente blancas.

Entonces mi interrogante era, ¿qué hicieron las clases bajas con ese desprecio y esa visión racista? ¿Qué hicieron con su propia heterogeneidad étnica, también? Hace algunas décadas, me costaba mucho encontrarlo en los documentos de manera explícita y empecé a ver que aparecía de manera implícita en prácticas y consumos culturales. Es sabido que en el carnaval de Buenos Aires habían convivido en la calle comparsas de negros con comparsas de blancos que los imitaban. Estaba seguro de que ahí iba a encontrar algo interesante.

—En el libro hablás de “abrazar la ambivalencia” para poder entender los distintos significados y ramificaciones del carnaval, que a su vez cambiaron a lo largo de la historia. ¿Cómo fue desentrañar ese fenómeno tan rico y complejo?

—Estoy convencido de que los cambios sociales y culturales nunca suceden de la noche a la mañana. Hay períodos en los cuales las personas empiezan a hacer posible lo nuevo, a nombrarlo, no de manera taxativa, ni confrontativa, ni siquiera de forma clara o consciente respecto a las consecuencias. 

La ambivalencia es una aliada que permite correr sutilmente la frontera de lo que se puede ser y hacer en un contexto determinado. En el carnaval, todo es ambivalencia, de principio a fin. La fiesta del agua, por ejemplo, que está en el corazón de la celebración, representa una agresión jocosa; es un juego y, al mismo tiempo, instaura un vínculo novedoso entre quienes participan. 

—En el libro mostrás cómo las jerarquías raciales, de clase, étnicas, sexuales y de género encuentran su expresión durante el carnaval, como momento de relajación y también de explosión. En los juegos del agua, justamente, señalás que era muy común que las mujeres (y, en particular, las negras) se ensañaran contra los hombres. ¿Funciona la fiesta como una válvula de escape o, incluso, cierta “venganza” contra el orden impuesto durante el resto del año?

—Sí. La venganza fuera del contexto del carnaval es puramente negativa: se desea dañar al otro, destruirlo o negarlo. En el carnaval existe una venganza “lúdica”, que incluye un deseo de vincularse. Eso marca un escenario completamente diferente. 

El carnaval puede ser visto como una válvula de escape, unos días de recreo, antes de volver al yugo de la vida normal. Pero, asimismo, está documentado que, muchas veces, ese clima de permisividad que se abre, después se traduce en acción política subversiva. No por casualidad, durante tanto tiempo y en tantos lugares las autoridades sospecharon del carnaval, lo prohibieron, lo patrullaron, lo temieron, porque contiene un potencial de impugnación del orden social muy poderoso. 

—Contás que Rosas fue uno de los que prohibió el carnaval y que luego las elites liberales lo reinstauraron. ¿Cómo analizás esto?

—En 1844, efectivamente, Rosas puso fin al carnaval. Cuando cayó, en 1852, se formó rápidamente una elite porteña nueva, identificada con el liberalismo, que condujo la organización nacional. La rehabilitación del carnaval tuvo que ver, en parte, con un intento de congraciarse con las clases populares y de levantar la prohibición del “tirano” depuesto. Pero, además, hubo un proyecto de utilizar el carnaval como ariete del proyecto de “europeización cultural” (con las comparsas fundadas por inmigrantes de ultramar) y vidriera de la hegemonía de esa elite en ascenso.

Durante la presidencia de Sarmiento, en 1868, se prohibieron los juegos del agua, que eran considerados “bárbaros”. Y, en 1869, se creó el primer corso, imitando al carnaval de Roma, con un escenario. La intención era crear un espacio teatral, donde se viera una performance. Ese año, desfilaron las comparsas de los jóvenes de elite, secundadas por el resto de las comparsas. 

La prensa estaba exultante: parecía, durante algunos años, que finalmente se había acabado el juego del agua, que el carnaval se había “europeizado” y que la elite podía liderar la diversión popular, de modo paternalista. Fue un éxito de patas cortas, una verdadera derrota cultural, porque pocos años después volvió el juego del agua con una intensidad tal que las clases altas directamente tuvieron que retirarse de la fiesta. 

—Una de las cosas más interesantes de tu investigación son las imágenes de archivo. Por ejemplo, la foto de Caras y Caretas (titulada “Mitad hombre, mitad mujer”) del carnaval de 1911, donde un hombre combinaba un traje con un vestido femenino de la época. ¿Cómo se vivía este enfrentamiento a los mandatos de género? 

—El género fue una cuestión central en el carnaval. Se desdibujaba el contorno de lo que era aceptable en la relación entre varones y mujeres. Había un aspecto erótico de la fiesta que estaba muy presente, sintetizada en una frase de Sarmiento donde recordaba los “relieves y sinuosidades encantadoras” que presentaban los cuerpos mojados durante los carnavales de su juventud. Para los hombres, corretear a las mujeres con agua abría la posibilidad de que se produjera un contacto físico. 

Lo más sorpresivo era que el carnaval, a su vez, habilitaba a comportamientos que el resto del año estaban negados. Su gran aliada era la máscara. El anonimato permitía entonces insinuarse impunemente o tomarle el pelo a los hombres. 

Las fuentes muestran que los varones tenían muchos reparos con este corrimiento de los estereotipos de género. Por un lado, se sentían atraídos por ese clima de permisividad y, por otro, se veían amenazados por esa femenina, tan castigada por la prensa.

Los debates en torno a la sexualidad también se hacían presentes. Los archivos de la policía de principios del siglo XX indicaban que los varones homosexuales aprovechan el clima para mostrarse de manera más evidente y seducir. También está documentado que Rosita, quien fuera probablemente la primera travesti conocida en Buenos Aires, pudo salir por primera vez, tal como era, en una fiesta de carnaval. 

—¿Pensás que hay una noción de la magnitud que tuvo el carnaval porteño? 

—Posiblemente estuviéramos frente a uno de los carnavales más grandes del mundo, si no el más grande en ese momento. “Difícilmente habrá un pueblo que se divierta más que el nuestro en los días de carnaval”, opinaba un periodista de La Prensa en 1884. Los europeos que visitaban tenían la misma visión. No es tan raro, si se piensa que Buenos Aires era una de las diez ciudades más grandes del mundo.

—Vayamos al título del libro y tu tesis. Te dedicaste a analizar las comparsas afroporteñas, las interraciales y aquellas compuestas por blancos con la cara “tiznada”. ¿Qué representó este fenómeno en Buenos Aires? ¿Por qué remarcás que no puede equipararse al “blackface” estadounidense? 

—Se sabe que existían comparsas de blancos “tiznados”, pero nadie les había dedicado una investigación documental, de archivo. En este sentido, se solía dar por sentado que era un fenómeno análogo al blackface estadounidense.

El blackface minstrelsy, resumidamente, fue un género teatral de Estados Unidos, que participó activamente del proceso de escarnio y de degradación de la población afrodescendiente. Surgió en tiempos de esclavitud y luego acompañó todo el período de segregación con las leyes Jim Crow. Lo que yo encontré acá, cuando analizaba los documentos, sugería algo distinto. 

Tal vez lo que más me costó del libro fue adquirir categorías para entender lo que pasaba en estas latitudes. Como parte de la investigación, descubrí que ya existía una tradición de tiznado escénico, que venía del teatro español en el siglo XVII, con características diferentes al blackface estadounidense. Es esa la tradición la que influyó en el Río de La Plata. En Buenos Aires, la  utilización de la máscara negra arrancó con las comparsas de la elite. Luego de que estas se retiraran de la escena, este código estético fue retomado por las clases bajas, en comparsas, a veces mixtas, que combinaban negros y blancos, donde ambos se tiznaban. Todo indica que se trató de un juego, un acercamiento, más que un pronunciamiento racista. 

Esta tradición por parte de amplios sectores populares de adoptar el candombe, tocar los tambores, vestirse y cantar como afrodescendientes, e incluso tiznarse, actuó, en el carnaval porteño, como un camino de construcción de un lazo afectivo popular entre blancos y negros. 

—¿Qué huellas dejó ese acercamiento entre negros y blancos durante el carnaval en la cultura popular posterior?

—Yo ya había hecho una investigación sobre el bombo como emblema del peronismo y había encontrado una conexión muy intensa con el carnaval. Los primeros en tocar el bombo durante las jornadas del 17 y 18 de octubre participaban de murgas. El carnaval fue posiblemente la cuna de la asociación entre lo popular y lo negro en nuestro país, antes de que las clases altas empezaran a utilizar el término “negro” para despreciar a las clases bajas en su conjunto.

Aunque en 1894 se prohibieron en Buenos Aires las comparsas candomberas (tanto de blancos como de negros), hay una serie de códigos culturales de ese acercamiento que permanecen y afectan la cultura argentina. En la historia del tango, la influencia del candombe es absolutamente central. No habría tango sin carnaval. También esta herencia puede vislumbrarse en el resurgimiento del candombe comercial en la década de 1940 y en el fenómeno de las murgas carnavalescas. 

—Para cerrar, ¿qué pueden esperar los lectores al comprar tu libro?  

—Creo que estamos muy habituados a pensar estas cuestiones desde categorías del hemisferio norte. Y, sobre todo, desde una visión que nos lleva a imaginar a las culturas como compartimentos estancos, como si cada grupo étnico tuviera una única cultura y no hubiera intercambios, convivencias y creaciones. La decisión de articular etnicidades nuevas a partir de la combinación de elementos de distinta procedencia es muy propia de las clases populares en Latinoamérica. Este libro es una invitación a pensar desde la mezcla. Y, finalmente, diría que es una lectura muy divertida, porque yo mismo me divertí muchísimo escribiendo, encontrando la ventana a un mundo fascinante.

JB/DTC

Maristella Svampa se desempeña como investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Es licenciada en Filosofía, y Diplomada en Estudios Avanzados en Historia y Civilización. También se doctoró en Ciencias Sociales, con especialización en Sociología con una tesis sobre la megaminería. Tres décadas más tarde –y con decenas de libros publicados–, continúa explorando esta problemática, así como las desigualdades sociales y territoriales, los dilemas de desarrollo y el “(mal)desarrollo”, los movimientos sociales y la transición energética, a través de una mirada multidisciplinaria y comparativa Norte-Sur.

Lejos de encerrarse en los claustros, ha explorado los ecofeminismos territoriales en América Latina, participó activamente de la lucha contra el fracking, apoyó a trabajadores precarizados y dialoga permanentemente con las comunidades afectadas por el cambio climático y las iniciativas empresariales dañinas. La suya es una articulación entre saber y acción.

Nació en Río Negro y reparte sus días entre aquella provincia y Buenos Aires. El 30 de agosto, participó de la audiencia pública realizada en la localidad de Ingeniero Jacobacci, de su provincia natal. Allí, la empresa Patagonia Gold S.A. –en connivencia con las autoridades locales, provinciales y estatales– busca instaurar el “Proyecto Calcatreu” de megaminería metalífera, en detrimento de los recursos naturales, los vecinos y los pueblos originarios.

El impacto de su discurso fue tal, que la organización decidió cortarle el micrófono, mientras era abucheada por un grupo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Ya había hablado en otras audiencias públicas nacionales, de Perú, de Colombia, incluso en el Parlamento Europeo: nunca había vivido algo de este calibre. Está convencida de que la razón de la censura fue la evidencia de “datos que contrastan con la manipulación que se realiza de las necesidades de la gente”. elDiarioAR charló con ella sobre la situación actual de la economía en la provincia y los ciclos de lucha que pueden abrirse.

—Tenías una presentación larga para la audiencia, que la organización decidió cortar. ¿Qué te quedó por decir?

—Muchas cosas. Me parece muy difícil resumir en cinco minutos los comentarios acerca del Proyecto Calcatreu, porque involucra la intención de imponer en Río Negro una matriz productiva primaria exportadora y extractivista. Yo había delineado diferentes ejes para la exposición, referidas a la relación entre minería y empleo, y minería y pobreza. En términos de correlato empírico, vemos que, después de una historia de 25 años de megaminería, no se ha generado trabajo y hay un impacto local bajísimo. 

Al analizar las provincias mineras –San Juan, Catamarca, Santa Cruz–, surge que son muy pobres. Muchas presentaciones de la audiencia que se realizó en Jacobacci atacan el “pobrismo”, pero fomentan el pensamiento mágico. Sobre todo ante un público muy emocional, con expectativas de trabajo, cuando la misma empresa habla de la creación de apenas 300 puestos de trabajo directos, un número insignificante.

Durante más de veinte años habían sido minoría, no solo porque había una población movilizada, sino porque tenían a las comunidades indígenas haciendo demandas. Ahora, avalados por el Gobierno nacional, sienten que pueden progresar en sus planes, derogar leyes ambientales y reprimir sin ningún costo político

—¿Cómo decidiste participar de la audiencia?

—Hace unos meses, me había llamado UnTER, el sindicato de docentes rionegrino, para proponerme que diera una charla sobre megaminería. Yo investigo distintos elementos que hacen a la crisis socioecológica, por lo cual me puse a ver y actualizar datos. Debo resaltar que trabajo en equipos multidisciplinarios, con muchos colegas: busqué el apoyo de sociólogas del trabajo, geógrafos y hasta del exviceministro de Ambiente de Perú para obtener información fehaciente y nueva, a nivel continental. Así, armamos un texto que es muy contundente respecto a estos temas.

También quería hablar sobre el agua. De acuerdo con los números presentados por la empresa en su estudio de impacto ambiental, Calcatreu utilizaría únicamente 384 mil litros por día. Esto nos llamó la atención a los investigadores, porque en general este tipo de proyectos usan 800 mil litros o más. 

Junto a mis colegas, miramos las cifras de grandes compañías, como la Barrick Gold y Newmont, la transnacional minera más importante del mundo en extracción de oro. Nada cierra. Invito a la empresa Patagonia Gold S.A. a que presente, de manera comparativa, de dónde ha sacado sus cifras y qué respaldo científico tienen sus afirmaciones. 

—¿Por qué pensás que el informe se apoya en estos números, sin evidencia?

—Yo intuyo que inventan, porque en Calcatreu la gran objeción de la gente es el agua. Estamos en la meseta, en la estepa patagónica, donde hay una aridez típica del ecosistema. A esto se suma el cambio climático y todo lo que implica en cuanto a eventos extremos: la sequía es algo que se va a repetir y amplificar a futuro. Me parece que mi alusión a la problemática del empleo, la pobreza y los recursos hídricos puso muy nerviosas a las autoridades.

—Durante la audiencia pública, fuiste una de las pocas voces disidentes e incluso te cortaron el micrófono.

—El Gobierno ha puesto a todo el aparato del Estado para convencer, torcer las opiniones críticas y generar licencia social. Hace quince años, cuando viajaba a Catamarca y a San Juan, ocurría que íbamos a participar de un debate y nos cerraban el local; nos han tirado camionetas mineras; han devuelto micros de activistas, con la excusa de que pertenecían a “hippies”, “extranjeros” y “foráneos. Se trata de provincias que ni siquiera pretenden simular el desarrollo de discusiones democráticas.

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, en ese sentido, tergiversa los dispositivos de participación ciudadana, convirtiéndolos en meros simulacros. Por otro lado, deroga leyes de protección ambiental, e impulsa legislación que habilita la minería y la expansión del capital extractivo e inmobiliario. 

Para esto, controla la mayoría de los medios de comunicación, todo el aparato del Estado y –aprovechando los vientos de violencia libertaria– saca a las fuerzas represivas para generar una política del miedo, para que la gente no se manifieste. Eso es lo que hay que denunciar: que estamos ante un momento novedoso, en el cual el gobernador, sus funcionarios y legisladores se envalentonaron por el contexto social y económico. 

También hay que considerar el marco que brinda el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para entregar los recursos. Sienten que por fin pueden aplastar la resistencia en las provincias a la megaminería, que históricamente ha sido de las más importantes en términos socioambientales.

—En consonancia con lo que expresás, durante la audiencia en Jacobacci para tratar el Proyecto Calcatreu, las autoridades y los empresarios subrayaron que, luego de dos décadas, finalmente había llegado el momento para impulsar la megaminería en Río Negro.

—Sí, el presidente de la cámara minera hasta habló de un “tiempo de revancha”. Porque durante más de veinte años habían sido minoría, no solo porque había una población movilizada, sino porque tenían a las comunidades indígenas haciendo demandas. Ahora, avalados por el Gobierno nacional, sienten que pueden progresar en sus planes, derogar leyes ambientales y reprimir sin ningún costo político.

—Afirmaste que hay una suerte de “hoja de ruta extractiva”, ¿en qué consiste?

—Creo que el primer mojón fue cuando el exgobernador Carlos Soria derogó la ley que prohibía la ley de megaminería en Río Negro. Al ser asesinado por su esposa en 2012, asumió Weretilneck, que hasta entonces era una especie de actor de reparto. Las resistencias ciudadanas todavía eran fuertes, por lo cual las iniciativas mineras no lograban concretarse. ¿Qué pasó? En 2017, en la provincia se dio el conflicto alrededor de la instalación de las plantas nucleares. Hubo una marcha en varias ciudades que lograron bloquear el proyecto. El gobernador comprendió, entonces, que debía llevar a cabo otra estrategia. Esta consistió en conformar un entramado legal que permitiera la transformación de la matriz productiva rionegrina, con apoyo del Poder Legislativo y la Justicia.

En los dos últimos años, las transformaciones se han sucedido muy rápidamente. En 2022 se derogó a las dos de la madrugada la ley de protección ambiental del Golfo San Matías, con una presión directa de YPF y una ley que llegó ya redactada por WhatsApp a los legisladores. No hubo participación ciudadana. 

En 2023, en Sierra Grande se convocó a una audiencia pública por el oleoducto Vaca Muerta Sur –que incluía una terminal portuaria en el Golfo San Matías–, donde una patota de la UOCRA no dejó entrar a asambleístas y ambientalistas. Estas amenazas y violencia marcaron al activismo de Río Negro. Después de eso, ese mismo año, se derogó la Ley de Tierras, permitiendo el uso minero y la expansión de grandes terratenientes. Se acotaba así la participación de pequeños y medianos propietarios, dejando en el limbo a las comunidades indígenas, que desde 2011 prácticamente no tienen relevamiento territorial. A esto se sumó la reforma del Código Minero, consolidando esta hoja de ruta extractivista. En resumen, desde 2022, existe un entramado al servicio de un modelo primario exportador.

—En tu presentación comentaste que se abrió la puerta de decenas de proyectos mineros, ¿a qué se debe?

—Sí, hay 53 nuevos proyectos mineros entre plata, oro, carbón y litio. Son datos de Ecolatina que salieron publicados en el diario oficialista Río Negro. Implica al 70% del territorio rionegrino. Es una zona de sacrificio a gran escala. Con la habilitación de Calcatreu, dan lugar a esta avanzada. El Werken Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, cuenta que no solo están peleando contra Calcatatreu en la zona, sino contra cinco proyectos más. En 2012, las autoridades apostaron al fracking y ganaron. Yo fui parte de esa pelea. Ahora, van por la megaminería a gran escala.

Hay 53 nuevos proyectos mineros entre plata, oro, carbón y litio. Implica al 70% del territorio rionegrino. Es una zona de sacrificio a gran escala

—¿Cuál creés que va a ser la respuesta de la población? ¿Prevés que va a haber resistencia?

—Para mí, se abre un nuevo ciclo de luchas. Quizás no haya que compararlo con el ciclo anterior, que tuvo muchos triunfos en relación con la megaminería. La embestida actual es tal que, de la mano del RIGI, se constituyó un nuevo régimen de saqueo. En primer lugar, les da prioridad a las empresas para el uso de agua y energía por sobre las poblaciones. Además, se limita enormemente las autonomías provinciales de forma inconstitucional, dado que las provincias no pueden legislar sobre sus propios recursos naturales y tampoco pueden regular en contra de la estabilidad fiscal y financiera de las grandes empresas. 

—¿De qué otras formas creés que la política libertaria influye en estos cambios que nombrás?

—Para la extrema derecha, que es partidaria del negacionismo climático, dentro de los que ellos llaman “marxismo cultural”, el ambientalismo es uno de los mayores enemigos. ¿Por qué? Porque exige la protección y regulación de bienes comunes; y, por ende, coloca en un rol central al Estado y le pone un freno a la lógica de mercado. 

—¿Cuál es el camino legal o social que podría frenar proyectos como el de Calcatreu?

—Hay que partir de que toda acción judicial siempre debe ser acompañada de movilizaciones. Ahora, si nos concentramos en las instancias jurídicas, sin dudas, las que tienen más posibilidades de éxito son aquellas encaradas por los pueblos originarios, porque, como ellos explican, son muchas las comunidades indígenas afectadas y no se las ha consultado, como indican las leyes nacional e internacional. Eso permite cuestionar la legitimidad de la explotación minera.

—¿Cuál opinás que es el efecto de la “política del miedo” que busca instaurarse tanto desde el Estado nacional como desde provincias como Río Negro?

—La represión que hubo durante el debate de la Ley Bases generó mucho amedrentamiento y no es casual: mandaron a los manifestantes a prisiones de alta seguridad, se utilizaron figuras penales exacerbadas. En ese contexto, puede haber ganado momentáneamente el shock. 

Pero no debemos olvidar que el pueblo argentino tiene una tradición acumulada de defensa de derechos: humanos, de las mujeres, indígenas, de la diversidad, ambientales, laborales. Esto va a emerger. Sí pienso que se viene una nueva ola de movilizaciones importantes, pero también de mucha represión por parte del Estado.

JB/MG

–¿En serio [me estás preguntando] cuánta plata está invirtiendo ahora Patagonia Gold? Todavía no empieza a trabajar, tiene nueve empleados. Cortá, cortá, cortá. Perdoname, pero me estás haciendo preguntas que no sé responder. Si querés hablar, flaca, yo laburé mucho tiempo en periodismo, 28 años, y a veces sé cómo son las “preguntas” que uno quiere hacer. 

Así respondía el intendente de la localidad rionegrina Ingeniero Jacobacci, José Mellado, ante la consulta de elDiarioAR sobre el dinero invertido y el reparto de regalías en torno a un debatido proyecto de megaminería metalífera, que propone cambiar la matriz productiva de la zona. Fue poco después de la audiencia pública realizada el 30 de agosto, en el gimnasio municipal, donde las escasas voces disidentes fueron abucheadas por asistentes y miembros de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) que se encontraban afuera, con el aval silencioso de autoridades y moderadores.

El “Proyecto Calcatreu”, ubicado a unos 60 kilómetros de la ciudad, persigue la explotación de oro y plata a cielo abierto (17% y 83%, respectivamente), en un área de 16.921 hectáreas. Estará a cargo Minera Aquiline Argentina SAU, subsidiaria de Patagonia Gold S.A., empresa argentina que cotiza en la bolsa de Toronto.

Según el cronograma establecido en el texto presentado por la firma, la ejecución constaría de tres instancias: seis meses de construcción, cinco años de operación y doce años de cierre de la mina. Se estima la generación de un total de 463 de puestos de trabajo (entre empleados propios y “contratistas en servicios varios”), distribuidos a lo largo de las tres etapas. 

La iniciativa –propiedad de diferentes empresas mineras hasta su adquisición total por Patagonia Gold S.A. en 2018)– encontró apoyos y resistencias desde el comienzo. Se realizaron exploraciones, análisis, escritos. Casi tres décadas más tarde, el fuerte aval de los gobiernos nacional, provincial y local le dio un impulso fundamental a la actividad.

Los funcionarios que respaldan el plan –el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el intendente Mellado, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez y la secretaria de Energía y Ambiente en Río Negro, Andrea Confini– aseguran que implicaría un impulso para la región. Hablan de “un nueva oportunidad”, que permitiría compatibilizar los rubros minero, turístico, ganadero y comercial, “con sustentabilidad ambiental”. El presidente de la cámara minera utilizó la palabra “revancha”. Expertos, ambientalistas, vecinos y miembros de las comunidades originarias plantean serias dudas.

El debate se circunscribe solo en apariencia a Jacobacci. Ya hay decenas de iniciativas de explotación de distintos metales, hidrógeno verde, uranio y litio a lo largo de todo el territorio, capaces de reconfigurar biomas, economías y formas de vida. Si bien el punto de partida es local, el corazón del debate lo ocupa la soberanía sobre los recursos naturales de la Nación, así como las nociones y los “costos” del desarrollo.

Un dato curioso: el expediente del Proyecto Calcatreu incluye un reporte técnico de 233 páginas, escrito enteramente en inglés, preparado para Patagonia Gold S.A. por la consultora australiana Cube Consulting Pty Ltd.  

El trabajo y la esperanza

“Tenemos que apoyar a todos los proyectos mineros, no solo en Calcatreu y en la Provincia de Río Negro. Cuando hablamos de energía renovable y de transición energética, estamos hablando de apoyarnos en minerales”, plantea Confini, a cargo de la cartera de Energía y Ambiente provincial. 

“Sufrimos diez años de sequías y la explosión de los volcanes chilenos, aunque ocurrió en 2011, sigue afectando de manera muy seria a la región. La recuperación del stock ovino es muy difícil de sostener. La gente joven se ve obligada a emigrar, muchas veces a los cordones urbanos de las ciudades más grandes de la provincia. La minería, con respeto a la tierra, a la ciudadanía, al agua y a las comunidades originarias, con mucho compromiso y control del Estado, es posible y puede ser una solución posible a este problema”, asegura.

Sin embargo, los números provistos por la empresa no parecen muy prometedores para transformar la configuración laboral. Aun si se aceptan las proyecciones de Confini, quien refiere a “300 puestos directos” en un “primer anillo” –directamente afectado por la explotación de la mina– y “450 puestos indirectos”.

De acuerdo con el censo de 2022, Ingeniero Jacobacci contaba con 8.112 habitantes. La ministra menciona 12.000. Para ella, se debe tener en cuenta que cada trabajador ganaría “el doble” respecto de los salarios actuales (es decir, pasaría a cobrar un promedio de $600.000) y podría así “formar una familia”, por lo cual se beneficiaría “un 10% de la población”. El cálculo resulta forzado. Especialmente, considerando la corta duración del proyecto, la habilitación a contratar mano de obra calificada proveniente de afuera y la cantidad de personas que llevan la ilusión de ser contratados por la minera.

Luciana es empleada de casas particulares y hace changas para mantener a sus tres hijos. Es madre soltera, trabaja por hora y se las arregla –aclara– para pasar el día a día. “Estaría bueno tener un trabajo fijo, aunque sea por unos años”, dice. ¿En qué le gustaría desempeñarse? “Lo que más hago es cocina y, después, limpieza”. Se movilizó para apoyar a la mina con una bandera de la UOCRA.  

Hace un año, el sindicato de la construcción se hizo presente en la audiencia de Sierra Grande a favor del puerto petrolero de Vaca Muerta Sur, impidiendo el ingreso de los opositores. Esta vez también llevó sus estandartes. No hubo violencia física, aunque sonaron bombos durante las pocas disquisiciones discrepantes de la audiencia. 

Mario Pichiman es el referente de UOCRA en Jacobacci. Luego de expresarse públicamente, comentó a elDiarioAR: “Las medidas que tomó el gobierno de Milei hizo que los pueblos de toda la provincia, especialmente en la Región Sur de Río Negro, nos quedemos sin trabajo, porque dependemos de la obra pública. Esto no es Bariloche, acá no hay obra privada. Por eso apoyamos el Proyecto Calcatreu”. 

Sabe que la contaminación es una posibilidad. “La gente eligió autoridades a través del voto popular y nosotros tenemos que apostar a que ellos sean los responsables de la seguridad, de la educación pública, y, en este caso, del control de una mina, no el trabajador que tiene que ir a ganarse el pan”. Ha tenido conversaciones con la empresa y con el gobierno, donde le aseguraron cien puestos de trabajo, durante un año o un año y medio, lo cual sirve “para sobrellevar la situación”. De todas formas, no piensa en la minería como una solución: Pichiman señala que el Estado tiene que generar además otras obras, otros empleos.

La Asociación de Obreros Mineros (AOMA) congregó a trabajadores de distintas localidades para dar el “sí” afuera del gimnasio. Entre ellos, Carlos García, de Cipolletti, obrero de corazón, familia y pueblo minero. “Queremos que florezca bienestar, salud”. Es consciente de las contradicciones subyacentes. Su mamá era mapuche, también sus abuelos y los abuelos de sus abuelos. “No conozco bien la región o qué necesidades tiene cada población, por ahí falta agua, no hay buena vegetación, ni energía”, reflexiona. Considera que debería haber un diálogo entre la empresa y los pueblos que rechazan la actividad, para “beneficiarse mutuamente”.

La ilusión de Carlos se refleja en muchos habitantes de Jacobacci –desocupados, con o sin estudios, jóvenes o adultos mayores, laburantes pobres–, que genuinamente ponen sus esperanzas en el oro y en la plata. Algunos, desinteresadamente, se expresaron en una audiencia que, igualmente, dejó cierto halo de montaje. 

No casualmente, días atrás, el obispo de General Roca, monseñor Alejandro Pablo Benna, pidió un “diálogo transparente”, renegando de los eventos que funcionan como “obras de teatro en el que todos los actores están pagos”. En ese sentido, remató: “Le pedimos a Dios que estos proyectos como Calcatreu, estos proyectos mineros, no hipotequen el agua y la tierra”.

Un territorio con historia

Anticipando el repudio que genera el proyecto en un sector de la sociedad, el gobernador Weretilneck reivindicó por Twitter la presencia de policía montada, unidades antiexplosivos y vallas en la antesala de la audiencia pública. Los controles vehiculares también se multiplicaron. En total, había al menos 200 uniformados.

Aquellos que defienden el agua y los recursos naturales contra la explotación minera, realizaron reuniones pacíficas. El frente “No a Calcatreu” nucleó a una larga lista de agrupaciones y activistas: la Asamblea Wawel Niyeo de Ingeniero Jacobacci, que actúa desde el terreno como parte de las Asambleas de Curru Leufu; el Parlamento Mapuche; secciones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de ATE y la CTA-A; la Pastoral Social; Comarca Marítima; la Asamblea por la Tierra y el Agua; Participación Vecinal; comunidades costeras organizadas; la Asamblea Antimegaminería de Bariloche; y la Coordinadora de Jubilados y Jubilados de Río Negro son solo algunas firmas, sin contar a los autoconvocados, ONGs y especialistas.

“Otra vez se persigue un supuesto progreso, construido sobre las ruinas de los pueblos originarios. ¿Ha terminado la Conquista al Desierto? ¿O está hoy la colonización más presente que nunca?”, se pregunta Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en la Provincia de Río Negro. En vez de acudir a la audiencia, con apoyo de la militancia, la Coordinadora realizó un acto propio, en una plaza. Un cuerpo de la policía montada dio vueltas por el lugar.

“Estamos en una jornada de reclamo, de protesta, rechazando un proyecto extractivo que se quiere poner en marcha en un terreno comunitario indígena. Denunciamos el proceso de militarización de estos días, que busca atemorizar, para defender un proyecto que no tiene consenso ni licencia social y, lo que es peor, que se ha hecho sin la consulta libre, previa e informada, que es un derecho que tenemos los pueblos indígenas en Argentina, Latinoamérica y en el mundo, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, reforzó el werken. 

Junto a sus compañeros, están en contacto con Francisco Calí Tzay, el relator de Naciones Unidas. Ya enviaron cartas al Gobierno y a la empresa para hacer cumplir la legislación que los respalda. “Ñuke Mapu no los perdones, ellos saben lo que hacen”, se leía en uno de los carteles. En otro, “no es tierra fiscal, es territorio ancestral mapuche”. El emprendimiento minero afecta a cuatro comunidades que habitan la reserva Lipetren (creada en el 1900) y otras colindantes, aunque el gobierno solo mantiene intercambios con Peñi Mapu, la única que apoya el proyecto. 

La explotación minera de metales está inscrita en los orígenes de la colonización y el genocidio de los pueblos originarios de Sudamérica. La pancarta “La ‘plata’ de hoy es hambre para mañana”, tiene una significancia histórica.

“Nosotros trabajamos los proyectos, sean mineros o de cualquier otro tipo, con la comunidad que está afectada directamente con el emplazamiento del proyecto. Hoy esa comunidad está acá, compartiendo con nosotros, a favor del proyecto. Con ellos hemos hablado, ellos han participado tanto de la consulta libre, previa e informada. Entendemos su necesidad de trabajar”, respondieron desde Energía y Ambiente.

Sed de agua, sed de oro

“El agua vale más que el oro” es una consigna que los ambientalistas han levantado por décadas. Los voceros de Patagonia Gold, al igual que investigadores –geólogos, ingenieros–, funcionarios y legisladores prominería aprovecharon la audiencia para explicar que los ríos no se verían afectados.

“El sistema contempla un mecanismo de agua en circuito cerrado, donde el agua del proceso y la mina es reciclada, sin vuelco de efluentes al medio. También existe pérdida de agua por evaporación, por lo que se requiere agua agregada, proveniente principalmente del desagüe de las obras en mina y pozos existentes habilitados para uso industrial”, indica el informe de la empresa. Y concluye: “Considerando una vida útil de cinco años del proyecto, y teniendo en cuenta los consumos de agua, estos representan 31% de la recarga estimada para la Microcuenca alta, por lo que, con esa tasa de extracción, no se generaría sobreexplotación del recurso hídrico”.

Pese a que el propio texto apunta a que el “transporte, manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas”, el “retiro de suelo y capa vegetal”, los “derrames accidentales”, “el aumento de sólidos que origina el desmonte”, la “disminución de cobertura vegetal” y la “pérdida de hábitat de las comunidades vegetales” son peligros potenciales, minimiza el asunto, por la corta duración de cada etapa del plan y la falta de lo que denominan “impactos críticos”. Esto no fue explicitado en la audiencia.

Tampoco se mencionaron las consecuencias sobre el variado ecosistema, consistente de pastizales, arbustos, mallines y premallines, donde viven reptiles, anfibios, aves y mamíferos característicos, como el choique (o “ñandú patagónico”), el guanaco y chinchillón. Las huellas antropológicas y arqueológicas fueron otro tema silenciado.

De local, sin visitantes

El evento del viernes pasado no fue vinculante, ni resolutivo, pero reflejó el tratamiento que el gobierno busca dar a los proyectos de megaminería, más allá de aquel día: sugirió un nuevo plan de ruta, en forma y contenido. 

Luego de palabras oficiales, la empresa abrió el juego con ochenta minutos pautados, que se extendieron sin peros. Luego vinieron una seguidilla de discursos (casi trescientos) que se autoafirmaban a través de aplausos a los propios y escraches a quienes atinaban a la crítica, acaso moderada.  

El momento más tenso ocurrió cuando le tocó exponer a Maristella Svampa, doctorada en Sociología e investigadora superior del CONICET, reconocida autora y rionegrina. 

Luego de agradecer la posibilidad de participar (turno 113), compartió los resultados de décadas de estudio multidisciplinario y comparativo sobre la minería. “Estamos ante un modelo de ocupación territorial que utiliza sustancias químicas contaminantes y, de la mano de grandes empresas, suele violentar procesos de decisión ciudadana”, comenzó.

A la vez, explicó que científicos de distintas áreas han demostrado que la megaminería no resuelve el desempleo. “La impresión que tengo es que hay una fuerte manipulación de la esperanza, de las expectativas de gente humilde que realmente quiere trabajo; y, por otro lado, de gente que efectivamente busca promover un modelo a gran escala que tiene enormes cuestionamientos a nivel ambiental y muy escasos resultados económicos”, pronunció la experta. Inmediatamente, comenzaron a sonar los redoblantes de militantes de UOCRA, que seguían el discurso desde afuera, a través de altoparlantes.

“La minería metalífera a cielo abierto no representa trabajo intensivo, sino capital intensivo. A nivel mundial, solo emplea al 1% de la población económicamente activa. En Argentina, en 2024, emplea solo a 12 mil personas”, continuó Svampa, ante un público cada vez más irritado. 

Cuando se adentró en la pobreza característica de provincias mineras como San Juan y Catamarca, la percusión fue acompañada de gritos desaforados, frente al mutismo de la organización. Desde la primera fila, comenzaron los gestos. Para cuando la especialista se refirió a la falta de pruebas de los circuitos cerrados (como el propuesto por Patagonia Gold S.A.) y mencionó la crisis climática, costaba escucharla. Sin más, procedieron a cortarle el micrófono. 

Una moderadora hizo mención del reglamento: la realidad es que la mayoría de los oradores se excedieron de los cinco minutos previstos sin problemas. El incidente no fue el único momento desconcertante de la noche. Un minero que habló hacia el final de la jornada, aseguró que, con 70 años, era la prueba viviente de que “el cianuro no mata”. El intendente aplaudió.

La audiencia cerró con abrazos de los funcionarios. Sobre el escenario, veinte minutos tras haberse apagado los micrófonos, continuaban las fotos oficiales, selfies, palmadas en la espalda, aplausos. Hacia la noche, con el mismo cielo oscuro con el que arrancó la jornada, la policía comenzó a desconcentrar lentamente. Las vallas –decoración desentonada para las tranquilas calles de Ingeniero Jacobacci– fueron desmanteladas. En la ciudad, en apariencia desierta y dormida, las autoridades y empresarios anticipaban un nuevo ciclo; también las comunidades originarias, los activistas, los productores y pobladores opositores al proyecto. La explotación minera se asoma como realidad pronta, pero la última palabra no está dicha. Los vientos patagónicos, vigorosos, persistentes, inevitables, anuncian silenciosamente su llegada.

El viaje a Río Negro para realizar esta nota fue financiado por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y organizado íntegramente y de manera independiente por elDiarioAR.

Nota: este artículo se corrigió el 4 de septiembre a las 21:19 para modificar una referencia errónea al curriculum de Svampa.

JB/DTC

Subte de Buenos Aires: el fin de la metáfora por $650 (aunque Sube y Sube). Es la prueba de que –contrariamente a lo que pensaban los rebeldes del Mayo Francés– debajo del asfalto no está la playa, ni existe ese mundo tan distinto que cantaba Sandra Mihanovich. Arriba y abajo conviven la crisis, el tedio, el cansancio y el desempleo mezclados con el apuro de quienes acuden a trabajos cada vez más precarizados. 

Aunque el centro porteño se haya desdibujado como polo de oficinas y luces, la línea B (Juan Manuel de Rosas-Leandro N. Alem) sigue siendo la más popular. Con sus clásicos asientos rojos aterciopelados –modelo Mitsubishi, estrenados en Tokio hace casi setenta años y adquiridos por el gobierno argentino en los noventa– o sus incómodos vagones con manija –CAF Serie 6000 importados de España–, moviliza a 200.000 personas por día hábil, a través de 17 formaciones que pasan cada 3.46 minutos en horas pico.

1980. En su recordada crónica “Blues de la línea B”, publicada en Clarín, Jorge Asís afirmaba que se intuía en los vagones “vergüenza personal, vergüenza ajena, por viajar así, tan subestimados, maltratados, casi saturados (...). Como abrazados pero sin cariño, apelotonados, molestos, valientes en definitiva por salir indemnes de esta culpa cotidiana, de esta deuda diaria que no hay razones para pagar”.

Pasó el tiempo. La titularidad de la red permaneció en manos del Estado, a través de la sociedad Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), pero, en 1994, se otorgó la concesión del servicio a empresas privadas: primero a Metrovías y, desde 2021, a Emova Movilidad S.A, ambas pertenecientes al grupo Benito Roggio. 

Parte del paisaje se mantiene, con cada vez más gente que pide una moneda (cuantía insuficiente en la economía actual) o busca vender algo, lo que sea, para hacer el mango. A media mañana, cuando hay espacio, empiezan la música –folclore, rap, de todo–, las estampitas sobre las rodillas de quienes logran sentarse y dormitan o usan el celular. 

El hacinamiento no cesó y surgieron nuevas problemáticas. Solo este año, hubo: una evacuación de pasajeros al lado de las vías, tras más de dos horas de encierro, que terminó con dos hospitalizaciones por hiperventilación e intervención del SAME; un viaje en el que las puertas permanecieron abiertas con el tren en marcha; desperfectos persistentes en las escaleras mecánicas, imprescindibles para quienes tienen movilidad reducida; y repetidas “fallas técnicas”, que asustan a los pasajeros y se viralizan en las redes sociales. 

A esto se suma lo esencial, invisible a los ojos. Todavía no ha finalizado el proceso de “desasbestización”, una demanda histórica de los trabajadores, que han perdido a un compañero del taller Rancagua por un cáncer usualmente ligado a la exposición a este mineral. Y aparecen constantes filtraciones de aguas cloacales en prácticamente todos los tramos de la línea, que causan olores nauseabundos y contribuyen a las falencias estructurales del subterráneo.

Carlos Taborda cumple doce años como conductor de la B, donde antes había fungido como guarda. Exdelegado, gran parte de su vida se marca al compás de los rieles. Por eso, afirma: “No quiero matarme en mi laburo”. Desde su perspectiva, se están acumulando todas las condiciones para el desastre. Y remarca: “Hay que evitar otra tragedia de Once”. 

Como muchos de sus compañeros, está convencido de que es fundamental un cambio de flota. “Hay trenes con asbesto que siguen contaminando las estaciones. Además, no se realizan las reparaciones necesarias”, agrega. 

Alude a la neumoconiosis que sufrieron varios de sus compañeros, a la “canibalización” de las formaciones –o la extracción de repuestos faltantes de trenes en desuso, que a la vez no se reponen–, a desperfectos en el sistema de comunicación entre las estaciones –por ejemplo, entre Florida y Leandro N. Alem–, y al déficit de condiciones para dar respuestas rápidas y confiables en casos de emergencia, como habría demostrado la evacuación de abril. 

El conductor plantea que no se realizan las limpiezas necesarias para garantizar la visión de los conductores, así como la presencia de aguas servidas por rotura de caños de Aysa y malos desagües de las calles, así como agua de napas, contribuyentes a la deformación de los rieles. Asimismo, apunta a que los guardas requieren la instalación de ventanillas ergonómicas modernas para realizar sus tareas –principalmente, evitar los peligros en el andén– de forma segura para ellos y los pasajeros.

“Hemos visto fallas en el material rodante, filtraciones en las vías, humedad, olores. Hay más estaciones que antes, pero menos trenes. La infraestructura de la línea B necesita una inversión”, añade una integrante de los Metrodelegados.

“El Gobierno de la Ciudad volvió a postergar la compra de trenes para renovar la flota”, remarca. Se trata de la tercera prórroga de la licitación desde que esta fue anunciada en agosto de 2023. Según SBASE, la apertura de la licitación para la compra de 96 coches para la línea B –que tiene como objetivo reemplazar a los sexagenarios Mitsubishi– “está prevista para el 24 de septiembre y la primera formación deberá ser entregada a los 20 meses de la firma del acta de inicio con la empresa ganadora”.

Al igual que Taborda, la trabajadora, sindicalista y especialista en salud laboral se detiene en la cuestión de las filtraciones y sus repercusiones: ondulaciones de las vías, pequeños saltos y hasta vibraciones en las formaciones que, según indica, serían las responsables indirectas de la apertura de puertas registradas de un tren en movimiento, por haber impactado en la corriente eléctrica y el funcionamiento de un relé.“Todos los trenes poseen un sistema de seguridad que impide que las formaciones circulen con las puertas abiertas. En ese caso específico, hubo un desperfecto técnico en una sola formación y el tren fue derivado al taller para su revisión, se reemplazó el componente que generó la falla y el inconveniente ya fue solucionado”, responden desde Emova.

Aseveran, a su vez, que realizan “intervenciones profundas de mantenimiento que consisten en el desmontado de los diferentes componentes para su reparación o calibración, y reemplazo en caso de ser necesario”. Refieren a “rigurosos protocolos” operacionales, “para garantizar la confiabilidad del servicio para usuarios y colaboradores”.

La firma es responsable de la operación y el mantenimiento de todas las instalaciones del subterráneo. El Estado, por su parte, tiene a su cargo la administración de la red, su desarrollo, expansión y el control del servicio, incluyendo las obras de infraestructura e incorporación de nuevo material rodante. 

“Las tareas de arreglo de filtraciones están incluidas en las obras que se llevan adelante en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones”, contestan desde SBASE. Este proyecto comprende “trabajos de impermeabilización, pintura, restauración de pisos, recambio de luminarias, reordenamiento del tendido eléctrico, adecuación de señalética y nuevo mobiliario, como bancos, cestos, apoyos isquiáticos y puesta en valor de las intervenciones artísticas”. Citan las reparaciones ya realizadas en la estación Pasteur-AMIA y aclaran que se encuentra en licitación la obra en Pueyrredón.

Subrayan, en el mismo sentido, que la línea B “posee un sistema de señalamiento con tecnología Automatic Train Protection (ATP), grado de seguridad SIL-4”, cuya función principal es que las formaciones “circulen de forma adecuada, asignando rutas e informando la posición de los trenes para evitar colisiones”. Estos sistemas, vinculados tanto a la seguridad como a la frecuencia del servicio, permitirían visualizar la posición de todos los trenes en zona de vías y, desde el Puesto Central de Operaciones (PCO), indicar al conductor la velocidad permitida. 

“En el marco de la renovación de los sistemas de potencias de la red, se modernizaron las Subestaciones Eléctricas Rectificadoras (SER), con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los usuarios”, comentan los voceros de SBASE. Puntualizan los trabajos ya efectuados en seis estaciones, donde “se renovaron los tableros de alimentación de energía eléctrica de media tensión y se dejó una instalación que permite seguir incorporando coches con aire”.  

Los trabajadores de distintos sectores del subte, con los Metrodelegados a la cabeza, cuestionan los avances marcados por la sociedad estatal y la concesionaria, y ya prevén inconvenientes para el verano relacionados con el acondicionamiento. 

A raíz de sus experiencias –algunas, compartidas con los usuarios, que ven demorados o interrumpidos sus trayectos por fallas en diferentes puntos de la red– erigen una intranquilidad comprensible; una desconfianza en la velocidad y magnitud de las reformas que impacta sobre su bienestar. Sin ir más lejos, un relevamiento realizado a fines de 2023 por Emova registró 81 filtraciones de aguas cloacales, en 12 de las 18 estaciones de la línea B. (No todos los pobres pobres comen pan, pero muchos sí comen mierda, mierda). Para la misma época, al menos seis los trabajadores del subte padecían cáncer por exposición al asbesto.

Dato de color: en 2017, algunos trenes japoneses fuera de servicio viajaron a su tierra natal, donde fueron restaurados y expuestos como “reliquias”, que los locales visitaban. Dicen que la basura (o, al menos, la tecnología obsoleta) de unos es el tesoro de otros. Cuesta trasladar el dicho a un medio de transporte donde cientos de miles de personas confían, cotidianamente, su tiempo y su vida.

Parada Carlos Gardel, es la estación del Abasto. Es una mañana de sol y miles de personas van a trabajar, apretados, contorsionados, en condiciones cuestionables. Como si pagaran esa deuda de la que escribía Asís hace cuatro décadas (y que nunca se terminó de pagar), se alejan más del suelo y más del cielo, también…

JB/JJD

Una joven tarda casi diez minutos –con parada de hidratación obligada a mitad de la subida– en llegar al piso 16 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, para rendir Bioquímica. Ahí, a solo una escalera de la cumbre (el edificio tiene 17 niveles, sin contar el subsuelo), los estudiantes se abanican con apuntes, se sacan las camperas. Privados de ascensor, presos de un discurso de época que impone el sacrificio, repasan. La casta y los castigados. 

“Usá las escaleras. Cuidemos la energía”, advierte un sticker del Programa de Gestión Eficiente de Recursos Energéticos de la Universidad. Como los numerosos carteles de salida, cobran otro significado en este contexto. En el piso 9, Victoria, a punto de entrar a su clase de Farmacología, recupera el aliento y habla de forma entrecortada. 

“Durante todos estos años, la UBA sobrevivió gracias a los docentes, a los no docentes, a los estudiantes… creo que va a sobrevivir a esto. Aunque, si no negocian algo, no descarto que el cuatrimestre que viene la facultad cierre por un tiempo”. Planea ir a la marcha del 23 por la educación pública. “Me da miedo de que se ponga peligroso, eso sí. Estoy arreglando para ir con amigos”.

Lucas, vestido con un ambo, cuaderno en mano, cursa el tercer año de la carrera. Tiene confianza, aunque reconoce que la situación es complicada. Como futuro profesional de la salud, sabe que el camino –el que transita y el que le espera– es espinoso. 

“Esta situación nos afecta a todos. Creo que vamos a salir adelante, pero después de un tire y afloje”. Su presencia en las calles el martes próximo, dice, dependerá de si surge una oferta satisfactoria desde el Gobierno. La insuficiente propuesta oficial, anunciada horas más tarde y rechazada por los gremios, las autoridades universitarias y las agrupaciones estudiantiles augura un participante más en la manifestación.

La marcha de hoy es la derivación de la decisión del Gobierno de prorrogar para este año el presupuesto universitario 2023 sin contemplar que la inflación interanual, tomando en cuenta la medición oficial de febrero último, superó el 270%. Así, las cuentas de las universidades públicas llegaron a tal nivel de asfixia que su funcionamiento entró en una zona de riesgo. Según un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sin una ampliación, los montos actuales para la financiación de la educación superior nacional serían los más bajos en 27 años.

En las escalinatas de la entrada de la Facultad conviven tres grupos que también decidieron abandonar las aulas. Los alumnos, amontonados, escuchan a las docentes, anotan, pasan el mate. Hay algo íntimo en estas clases, cierto aroma asambleario no intencionado. 

En la Plaza Houssay, el pasto reemplazó a los pupitres y también se dictan diversas asignaturas. Frente a tanto énfasis en lo privado, estudiantes, médicos y docentes enseñan, aprenden, subrayan y resumen lo público. 

Una doctora del Hospital de Clínicas está terminando de comer. Cuenta que no puede detenerse para dar una entrevista. “Estuvimos en el abrazo y ahora tenemos que atender a nuestros pacientes”. 

El día que apagaron la luz

El sol bajo el cual conviven skaters y futuros médicos brinda un mejor panorama que la oscuridad total que se vive en la Facultad de Ciencias Económicas, ubicada a pocas cuadras. Camila, estudiante de Contaduría, camina bajo la sombra total que prosiguió a las elevadas tarifas de luz. 

–¿Cómo vivís la situación que atraviesa la UBA?

–Complicada. Saber que puede llegar a cerrar es una conmoción, la sensación de que se te puede cortar todo, porque, ¿adónde iríamos?

Tiene, según comenta, “un mal presentimiento”, la intuición de que su casa de estudios puede cerrar. Respeta a los que marchan –“pacíficamente”, aclara–, aunque ella no va a sumarse. Se inclina por otras soluciones, como la auditoría de la Universidad o los convenios entre las autoridades universitarias y estatales.

En un pasillo de muchas lámparas, todas apagadas, una trabajadora no docente se limita a agregar: “Todo está mal, muy mal”. 

La educación como Derecho

A la unión que surge del amor por la Universidad, se suma el poder (y la potencialidad) del espanto por el ajuste. Hasta en la Facultad de Derecho hay clases públicas. De traje, sin pizarrón, ni micrófono, Gustavo Caramelo, profesor de Contratos Civiles y Comerciales expone frente a decenas de estudiantes. Luego de dos horas de debates legales, recibe halagos de tres estudiantes, la consulta de algunos más y se toma una pausa antes de su próxima clase. 

“Me parece que la educación pública es un baluarte de la Argentina, algo que tenemos que defender, más allá de lo que cada uno vote. Muchos estudiantes acá pueden haber apoyado a este Gobierno y no están de acuerdo con las medidas que está adoptando con respecto a la Universidad pública. Estas afectan la posibilidad de desarrollo del país, la movilidad social ascendente, la perspectiva de futuro, la esperanza de que haya generación tras generación con mayor formación que la anterior”, arguye. 

Sus padres no accedieron a la instrucción superior, pero tanto él como su hermano son profesionales. La UBA está inscrita en su ADN desde los trece años, cuando ingresó al Colegio Nacional de Buenos Aires. Sin embargo, resalta la importancia de defender a todas las universidades públicas de todo el país: como la Universidad Nacional de Avellaneda, donde da clases.

“La Facultad de Derecho no siempre se pliega a los movimientos de protesta, pero estamos viviendo una situación tan extrema que hasta el decano dio una clase en las escalinatas”, remata el doctor Caramelo. El 23 va a marchar, remarca, “ejerciendo el derecho constitucional de la comunidad a hacer reclamos ante las autoridades”.

También mirando hacia la avenida Figueroa Alcorta, una docente acababa de impartir la materia La Vía Recursiva en el Derecho Penal. Tres alumnas permanecen sentadas, charlando. Una de ellas es Elisa, estudiante de Abogacía, quien está a punto de terminar la carrera.

“¿Cómo es tener clases públicas? Por un lado, disfrutás de la excelencia académica de los profesores. Por otro, sentís la tristeza de estar afuera por un recorte presupuestario que resulta completamente inaceptable e inadmisible”. 

Elisa lamenta tener que referirse a su próximo recibimiento como un “privilegio”. Al igual que ella, sus amigas van a dar el presente el 23. Las tres están de acuerdo: “Quizás falte más acción por parte de un sector de los estudiantes, pero la gran mayoría defendemos la educación pública y de calidad”.

Motor psico

En la Facultad de Psicología, la cartelería, tan común en el edificio de la calle Independencia, esta vez sorprende: más allá del color político, las consignas se relacionan con la marcha y el ajuste impuesto por La Libertad Avanza. Recientemente, una masiva asamblea demostró el respaldo a las medidas de fuerza y la solidaridad entre el claustro docente y estudiantil.

En la fotocopiadora pegada al edificio, una estudiante se queja de lo caro que es cursar. Gastó 15 mil pesos, solo en una materia. Precisamente, una de las reivindicaciones más sentidas, junto con la necesidad de aumento presupuestario y de los salarios docentes, es la necesidad de políticas públicas para que todos los estudiantes puedan afrontar la cursada. 

Como recuerdan los afiches, el desmantelamiento de las universidades nacionales no está escindido del crecimiento de los trabajos precarizados entre los jóvenes, o el impacto que sufren por el aumento de servicios y alquileres.

Hacer Historia

La Facultad de Filosofía y Letras no es ajena a las marchas, los paros, la simpatía hacia las luchas de los trabajadores, ni a las disputas políticas e ideológicas. 

Allí, se lee a Marx (el “barbudo” que obsesiona al Presidente) y la izquierda tiene un peso fuerte. Pero lejos de representar una obstrucción a la calidad educativa, la institución cuenta con dos de las carreras mejor posicionadas en el prestigioso Ranking QS de 2024: Lenguas modernas (en el puesto 21) y Antropología (puesto 24).

Para tranquilidad del Presidente, materias como Economía para Historiadores también indagan en la escuela austríaca. Y esto pudo presenciarse en las más de 200 clases públicas con corte de calle que se desarrollaron a lo largo de días e involucraron a casi 5.500 estudiantes y docentes de cátedras muy diversas. 

Luca Bonfante está terminando la carrera de Historia. Es militante del PTS y consejero estudiantil por la lista “La Izquierda al Frente Unidad”. Está convencido de que la marcha educativa –respaldada por las 73 universidades públicas del país, gremios, federaciones, organizaciones, docentes, estudiantes y no docentes– marcará un hito. 

A la vez, entiende que, con el renacimiento de un movimiento estudiantil activo (actor histórico indiscutible en la historia nacional), surgen discusiones, preguntas y desafíos. “Entre los convocantes de la jornada del 23 de abril están los radicales, que dirigen la UBA hace años, con miles de docentes ad honorem. Además, impulsan una reforma laboral en el Congreso. Y, sin ir más lejos, junto a peronistas, macristas y libertarios acaban de votarse un aumento escandaloso de sueldos en el Senado, en pleno contexto de ajuste. ¿Nos vamos a conformar con una visión corporativa de los reclamos universitarios? ¿O vamos a apoyarnos en la fuerza de la movilización para responder de conjunto al plan de Milei?”, se pregunta el joven. 

Para muchos estudiantes de Filo –entre ellos, la izquierda–, la resolución emitida por el Consejo Superior de la UBA que limita becas, actividades de extensión, el uso de calderas y de energía representa un “autoajuste”, que puede entenderse como una adaptación a las condiciones existentes. Los debates están abiertos.

Cerca de las 21 horas, la única iluminación en el primer y segundo piso sale de los baños y las aulas. Paradójicamente, los afiches, los textos resaltados, la discusión y las ganas se encienden. La facultad –donde asambleas y un importante cacerolazo con trabajadores y despedidos de distintos sectores exhibieron una adhesión generalizada a la marcha universitaria– canta, como Charly García: 

Ya llegó el día en que estemos juntos

Haciendo todo a pesar del mundo

Paralizando la tierra

El día que apagaron la luz

JB/MG

A comienzos del siglo XX, Inglaterra se convirtió en el epicentro del motor de la primera ola feminista: la pelea por el sufragio. Para conseguir este derecho elemental, las mujeres se organizaron, protagonizaron reuniones clandestinas y demostraciones públicas, huelgas de hambre y de sueño, actividades de difusión y escraches a miembros del Parlamento. Siempre expuestas a la persecución y la cárcel. 

El movimiento sufragista no era uniforme. En su seno convivían intereses y estrategias diversas, que eventualmente marcarían su desenlace. Pero su potencia fue enorme. Lejos de recluirse a debates de salón de damas de la alta sociedad, las trabajadoras fueron partícipes activas, sumando sus propias demandas y métodos de lucha.

En junio de 1908, casi medio millón de sufragistas coparon Hyde Park, en el centro londinense. Las clases dominantes temblaron. El conservador periódico The Times alertó sobre “la movilización más grande del último cuarto de siglo”, y la policía redobló sus esfuerzos para espiar y arrestar activistas. 

Ese mismo año fue creada la Liga Nacional de Mujeres contra el Sufragio, presidida por Mary Humphry Ward. La reconocida novelista planteaba que las mujeres debían contribuir al “progreso moral” de la sociedad desde su lugar como cristianas y pilares de la unidad familiar. 

Estas ideas, plasmadas en sus libros, hicieron que Virginia Woolf la catalogara como una exponente del “mundo disecado del vagón de ferrocarril de primera clase” y caracterizara la lectura de sus obras como una “amenaza a la salud mental”. La autora de Un cuarto propio no estaba sola en el repudio: durante una charla en las universidades de Newnham y Girton, Ward fue abucheada por las alumnas.

El 8 de julio, su organización publicó un manifiesto donde expresaba: “A menos que quienes sostenemos que la victoria del voto femenino traería un desastre a Inglaterra estemos dispuestos a tomar acción inmediata y efectiva, (…) nuestro país puede derivar hacia una revolución trascendental, tanto social como política”. 

Para la Inglaterra colonialista, la negación del voto a las mujeres constituía una herramienta más de su dominio y una forma de dividir a la clase obrera. La propia Ward escribiría en The Times: “El sufragio femenino es un salto en la oscuridad (…) debido al vasto crecimiento del imperio (…) y, por tanto, la creciente complejidad y riesgos que aguardan a nuestros hombres de Estado”. No casualmente, sus principales aliados fueron William Cremer, un ferviente antisufragista, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1903; y George Curzon, un político que fungió como virrey de la India. Gertrude Bell –quien luego participaría del Mandato del Reino Unido sobre Irak– y la periodista Flora Shaw –futura esposa de un administrador británico de Nigeria y Hong Kong– fueron otros miembros destacados del grupo. El imperio contraatacó. 

En 1910, la Liga Nacional de Mujeres contra el Sufragio –que ya contaba 20 mil miembros y 104 ramas en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda– se unió a la Liga masculina contra el sufragio de las mujeres, formando la Liga nacional contra el sufragio de la mujer. 

Sus primeros presidentes fueron Evelyn Baring y Lord Cromer –administrador colonial británico y embajador plenipotenciario en Egipto–, el mencionado Lord Curzon y Lord Weardale. Los opositores al voto femenino pertenecían a distintos sectores del arco político. Aunque los conservadores aportaban a los más fervientes, figuras como William Gladstone y Herbert Asquith del Partido Liberal no se quedaban atrás. 

La investigadora Julia Bush, autora de los libros Mujeres eduardianas y el poder imperial y Mujeres contra el voto, asegura que la unificación de las ramas no estuvo carente de tensiones. Los representantes masculinos del movimiento no quisieron ceder espacios de decisión a sus colegas femeninas. ¿Sorprendente, no?

A lo largo de sus años de vida, la Liga publicó periódicos, abrió locales, distribuyó panfletos y generó una iconografía característica, apoyada en estereotipos misóginos altamente difundidos. Se mostraba a las sufragistas de forma infantilizada, como “malas madres”; “feas”, según los estándares hegemónicos; “histéricas”; con vestimentas y actitudes “varoniles”. Algunas imágenes bien podrían pertenecer a los grupos conservadores actuales que gritan desde Twitter (y más allá también). 

Bush alega que las mujeres antisufragistas tendían más bien a preceptos “positivos”, como enfatizar su “diferente rol en la sociedad”, su “influencia doméstica”, su “instinto maternal” y su “sensibilidad”. Los hombres, en cambio, tendían a apoyarse en premisas “negativas”, sustentados en el “beneficio de Imperio”: Lord Curzon, por ejemplo, solía explayarse sobre la supuesta falta de fuerza física de las mujeres, y su “intranquilidad” emocional y temperamental. 

El libro El caso no expurgado contra el sufragio femenino, del reconocido bacteriólogo e inmunólogo Sir Almroth Edward Wright, sintetizó estos argumentos y se convirtió en un best-seller de la época. Allí, se afirmaba que el cerebro de las mujeres era distinto al de los hombres, lo cual derivaba en una alegada incapacidad en el ámbito profesional, el intelectual y el de la moral pública. “El sufragio femenino que lleva al feminismo resultaría en un desastre social”, concluía Wright. 

Mientras tanto, miles de luchadoras aguerridas eran encarceladas, e incluso desde las prisiones seguían peleando contra la opresión. En 1913, Emily Wilding Davison perdió la vida en el marco de una manifestación en el hipódromo. Al año siguiente, más de 50 mil mujeres marcharon en Londres por el derecho al voto. “Esas sufragistas se van a quedar con todo”, alarmaba un afiche que circuló por aquellos años.

Con la declaración de la guerra, las mujeres se incorporaron masivamente a la producción, en fábricas, empresas y oficinas estatales. Las jornadas eran extenuantes y las condiciones de vida, difíciles. Muchas encabezaron levantamientos antibélicos y contra la inflación. Sin embargo, el movimiento por el voto femenino se dividió y una parte fue cooptada. 

Emmeline Pankhurst, fundadora junto a sus hijas de la Unión Social y Política de las Mujeres, se puso al servicio del gobierno británico. La sufragista –una de las mayores representantes de la causa– devino en una ferviente nacionalista e incluso viajó a Rusia patrocinada por el Primer Ministro Lloyd George, para llevar propaganda de la Corona. Contribuyó, de esta forma, a limar los aspectos más revulsivos del movimiento.

En la vereda opuesta, su hija Sylvia apostó a la organización de las trabajadoras, apoyó la Revolución rusa –lo cual le valió una estadía tras las rejas– y rechazó la guerra. Sabía que lo central, en sus propias palabras, “no era solamente el derecho al voto, sino una sociedad igualitaria, un esfuerzo por despertar a las mujeres sumergidas en la pobreza a la lucha por mejores condiciones sociales y que estén a la altura de los sectores más avanzados del proletariado consciente”. 

En 1918, el Parlamento británico aprobó el voto para un sector de mujeres propietarias, mayores de 30 años (dejando afuera a millones de obreras). Fue la Federación del Este de Londres, liderada por Sylvia Pankhurst, la única que denunció las limitaciones de la ley. Durante los años que siguieron, distintos países aprobaron legislaciones que habilitaban a las mujeres a participar de los comicios. 

Lord Curzon aceptó esta concesión, mediante una abstención en la votación. A partir de entonces, la Liga antisufragista se desarmó. Para cuando se aprobó el voto a todas para todas las mujeres mayores de 21 años, diez años más tarde, ninguno de sus antiguos miembros puso resistencia. 

Sin embargo, los prejuicios patriarcales y los intereses imperialistas que habían sostenido el desarrollo de la organización siguieron existiendo. Es contra ellos que las mujeres de hoy –inspiradas en las valerosas mujeres de ayer– siguen luchando; enfrentando al mismo sistema que explota y oprime, defendiendo con alerta cada conquistas, en el camino hacia la conquista de todos los derechos que faltan.

JB/MG

El video en el que Karina Milei presenta a los “próceres de nuestra historia” (sic) fue musicalizado con el Himno nacional argentino, aunque bien podría haber sonado “En el país de nomeacuerdo”, de María Elena Walsh (desplazada del eliminado Salón de las Mujeres). El montaje dura 60 segundos: ideal para las redes sociales, el territorio libertario por excelencia. La Secretaria General de la Presidencia –cargo al que accedió luego de que su hermano derogara el decreto que limitaba las designaciones en el Estado de familiares de funcionarios– pone la voz, observa, descubre retratos, camina, actúa. 

El anuncio se realizó el 8 de marzo, mientras una masiva movilización conmemoraba el Día Internacional de las Mujeres. Reacción versus acción. Casa Rosada versus Congreso. Recinto versus calle. Consignas y cánticos antigubernamentales versus guion institucional. Historia en movimiento versus panteón estático.

Como si este trasfondo no fuera lo suficientemente evidente, Karina Milei lo explicita, al referirse a “homenajes que son válidos hoy y lo serán dentro de cien años; y no el guiño político estéril a un movimiento militante del momento, que las mujeres argentinas tampoco necesitamos”. 

Aunque solo momentáneamente, ella emerge como el único rostro femenino del flamante salón: por algo, su apodo es “El jefe”. Libertaria de pura cepa, opone una ideología nacionalista particular a la supuesta “ideología de género” que su espacio combate, no solamente en el ámbito cultural.

La grabación dura solo un minuto, pero la puesta en escena da tela para cortar. La Libertad Avanza nunca falla en el show. En un momento, la imagen de Bartolomé Mitre es desenrollada, cual póster o pegatina de campaña electoral, sobre la de Juana Azurduy; la de Carlos Pellegrini –reconocido conservador e impulsor de espacios reservados a caballeros “distinguidos” como el Jockey Club– cae, pesada, sobre Alfonsina Storni. 

Un collage desordenado

Las mujeres y disidencias sexuales no son las únicas ausencias. En el Salón de los próceres (concepto discutido pero persistente en las diferentes narrativas políticas), el pueblo que sostiene las diferentes “gestas argentinas” y paga el precio de las decisiones de los gobernantes es prácticamente borrado (nobleza obliga, una característica de los panteones en general). 

También fueron excluidos personajes insoslayables del pasado y presente argentinos (Yrigoyen, Perón, Frondizi, Alfonsín), en un recorte histórico no exento de complejidades, a todas luces errático y con saltos temporales considerables. 

La lista de cuadros está compuesta por Mariano Moreno, Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, José de San Martín, Juan Bautista Cabral, Martín Miguel de Güemes, Guillermo Brown, Hipólito Bouchard, Facundo Quiroga, Justo José de Urquiza, Bernardino Rivadavia, Esteban Echeverría, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Juan Bautista Alberdi, Francisco Moreno, Carlos Pellegrini, Julio Argentino Roca, Victorino de la Plaza, la tumba del soldado desconocido de Malvinas y Carlos Saúl Menem. 

Referentes de la Revolución de Mayo y la lucha independentista; figuras de la Generación del 37 y la Generación del 80; el primer presidente de la Confederación Argentina, que derrocó a Juan Manuel de Rosas y convocó al Congreso Constituyente que aprobó la Constitución de 1853; quienes defendieron a la patria en la guerra contra los ingleses; y el representante del neoliberalismo en Argentina. En resumen, liberalismo y patria en el centro, como significantes maleables y caprichosos. 

¿Es reconciliable el homenaje institucional necesario de quienes pelearon en 1982 con la reivindicación que el presidente hace de Thatcher o con las alusiones a la autodeterminación de los kelpers? ¿Bajo qué lectura podría equipararse el liberalismo de Moreno –quien escribió tempranamente que el rey de España no tenía derecho a gobernar América, porque los indígenas no habían consentido a ser sus súbditos– con los preceptos de Cornelio Saavedra dentro de la Junta? ¿O, yendo aún más lejos, con la noción de relaciones carnales con Estados Unidos impulsada por el menemismo en los noventa? ¿Son comparables períodos tan distantes?

Incluso en el terreno histórico favorito de los libertarios, es decir, el ocaso decimonónico y el despertar del siglo XX, ¿qué proyecto de país apoyan? ¿Dónde se ubican en las duras disputas político-ideológicas entre Alberdi y Mitre, o entre Mitre y Sarmiento, en torno a la Guerra del Paraguay, el federalismo, la injerencia británica en la economía, la educación y hasta la forma de narrar la historia? ¿Cómo encastran el trasfondo nacionalista de distintos apellidos –como voceros de movimientos– con el llamado actual a abrir hasta la última ventana al capital extranjero?

¿(Re)inventar la nación?

Bartolomé Mitre –como reconoce el texto que acompaña su pintura– fue el incubador de los mitos de orígenes del país, aun antes de que este estuviera constituido como tal. En su Historia de Belgrano, publicada entre 1858 y 1859, proyectó la tradición de una Argentina en cierne, a cuya formación colaboraría militarmente y que acabaría presidiendo.   

La suya era una escritura erudita e ilustrada. Juan Bautista Alberdi, a quien Milei recurre en momentos fundamentales (como su victoria electoral o la titulación de su golpeada ley ómnibus), fue uno de los grandes críticos del fundador del diario La Nación. Sobre el libro de Belgrano, advertía que existía una confusión entre biografía e historia. Y, en medio de la polémica, lanzó una frase que mantiene vigencia: “La falsa historia es origen de la falsa política”.

Hay otra, menos citada, aplicable a los dilemas contemporáneos: “Mitre divierte a sus lectores de Buenos Aires con la historia tradicional de su gusto, sin perjuicio de contarles lo contrario al mismo tiempo. Presenta a sus lectores las teorías del despotismo, diciéndoles : —He aquí la historia de la libertad”.

La provocación del partido libertario no está a la altura de la empresa mitrista, ni lo pretende. Tampoco parece seguir la tradición de Alberdi, político y pensador multifacético, que contribuyó a consolidar las bases institucionales del Estado (que el libertarianismo pretende reducir a una mínima expresión).

La negación de las mujeres, la clase obrera y los pueblos originarios, así como la exaltación de un período en el cual no regía siquiera el voto “universal” para varones es parte del ADN de La Libertad Avanza. También su encomio a Roca que, vale remarcar, no es novedoso: el responsable de la mal llamada “Campaña al desierto” (término que se busca reinstalar oficialmente) fue la cara del billete de más alta denominación hasta hace pocos años.

Lo que queda claro es que existen medidas, no solo simbólicas, que afectan la vida de los mismos sectores que buscan invisibilizar. En ese sentido, el reclamo por una historia completa e inclusiva forma parte de una demanda de inclusión real.

La confección desde el poder de hitos, héroes y –en el caso de LLA– superhéroes se realiza a modo de espejo enaltecedor. Javier Milei, autoproclamado portador de un proyecto mesiánico, se espeja en “grandes hombres”: aunque su ídolo, en contradicción con el derrotero nacional, sea la dama de hierro que construyó su poder sobre la sangre de soldados en Malvinas.

Párrafo aparte merece la elección de Menem como único “prócer” de la segunda mitad del siglo XX. En su epígrafe no aparecen las naves espaciales, Río Tercero, la venta de armas, el Santiagueñazo, Víctor Choque, los indultos, los ramales que pararon y cerraron, ni los despidos en masa. En el salón reformado se sirven pizza y champán. “Estamos mal, pero vamos bien”, podría ser el brindis libertario desde la estratósfera. Y, al gran pueblo argentino, salud.

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JB/MG

Escribía la teórica feminista Mabel Bellucci, en Historia de una desobediencia: “María Elena Oddone, esa señora y ama de casa paqueta de Barrio Norte, con trajecito entallado blanco y con una cartera de marca colgada del brazo, hizo lo que ninguna otra pudo hacer por más que apareciese vestida de guerrillera o de punk. Subió las escaleras del Monumento de los Dos Congresos, cual estrella de Hollywood, a recibir su Oscar y, con orgullo, alzó con sus dos manos la pancarta que decía: . Aún hoy ese lema provocaría el escándalo al que incitó en aquella época”.

Ocurrió el 8 de marzo de 1984. Hace exactamente cuatro décadas, con una democracia que había retornado recientemente y exponía sus deudas pendientes hacia las mujeres. Fue en el marco de la primera actividad masiva de la Multisectorial de la Mujer, creada en 1983, un colectivo que congregaba a amas de casa, agrupaciones políticas de izquierda, organizaciones de derechos humanos y sindicatos de distintas filiaciones.

La escena quedó inmortalizada en una foto que se hizo presente inmediatamente en la prensa, acompañada de epígrafes indignados. De fondo, se veían carteles con otras consignas como: “Despenalizar el aborto”, “Machismo es fascismo”, “Lo personal es político. Maternidad libre y consciente”, “Si los platos limpios son de ambos, que los sucios también lo sean”.

La interrupción voluntaria del embarazo no era una demanda central de la época para los partidos mayoritarios. Citando a Bellucci, durante el alfonsinismo parecía quedar claro que con la democracia se comía, se curaba, se educaba… pero no se abortaba. Claro que la voluntad de activistas y autoconvocadas era otra.

En aquel 8M icónico, Oddone representaba, aunque no sin conflictos internos dentro del grupo y del movimiento de mujeres en general, a la Organización Feminista Argentina (OFA), que había fundado durante la transición democrática. Su trayectoria, sin embargo, se remontaba a los convulsionados setenta.

¿Quién era esa mujer de traje blanco?

María Elena Oddone llegó a la Argentina tras haber vivido en Canadá, donde había entrado en contacto con los movimientos de derechos civiles, los hippies, las feministas de la Segunda Ola, y la oposición a la guerra de Vietnam. Con ese espíritu, ya en Argentina, inauguró los primeros grupos feministas de “autoconciencia” (que habían cobrado fuerza en el norte del continente) y comenzó a establecerse como una referente local. 

Su marido la obligó a elegir: el feminismo o él. Indomable, decidió separarse y redoblar la apuesta. En 1972, creó el Movimiento de Liberación Femenina (MLF), uno de los grupos pioneros de la época, que buscó llevar al centro de la vida pública las problemáticas antes consideradas como “domésticas” o “personales”.

Las tensiones (y cruces experimentales) entre el feminismo y la izquierda revolucionaria marcaban el panorama. Oddone se oponía a la “politización” del movimiento y a la entrada de debates que estaban ocurriendo a nivel continental (desde los fusilamientos de Rawson al golpe de Estado en Chile). Su objetivo era que la batalla contra la opresión específica contra las mujeres no quedara subsumida por determinaciones de clase. La preocupación tenía fundamentos concretos, aunque podría argumentarse que limitó el campo de acción y discusión de las feministas del MLF.

De todas formas, no era ajena a otros movimientos de liberación. Se vinculó al Grupo Política Sexual, de militancia por la diversidad, que bregaba en su manifiesto contra “la moral sexual en la Argentina”. Enfrentándose a la posible represión, les prestó la oficina donde publicaba la famosa revista Persona como espacio de reunión. Así, se hizo amiga de Néstor Perlongher, quien entonces militaba en el Frente de Liberación Homosexual.

La dictadura implicó un fuerte golpe a todos los militantes por el cambio social. La represión física e ideológica marcó el paso durante los oscuros años de régimen militar. El feminismo entró en un marcado retroceso, del cual salió durante la década del ochenta, con nuevas demandas y protagonistas.

El MLF regresó, renombrado como OFA, con Oddone todavía a la cabeza. Ella decidió hacer de la visibilización una herramienta: aparecía en radio, en televisión, en medios gráficos. No todas sus compañeras compartían sus formas, ni su estrategia. De hecho, el 8 de marzo de 1984, muchas no querían que cobrara protagonismo y ya circulaban rumores acerca de su “mala fama”. Pero complacer nunca fue su característica. Sola, espléndida, taconeó las escalinatas de uno de los escenarios de tantas batallas políticas argentinas.

La activista no estuvo exenta de controversias y actuaciones cuestionables. En 1985, mientras las valientes mujeres de la Plaza buscaban aliados y aliadas en su lucha por memoria, verdad y justicia, Oddone redactó una carta en la que expresaba: “Las presiones que reciben algunas de las integrantes del M.F. (Movimiento Feminista) para que este grupo adhiera a las Madres públicamente y se tenga un contacto frecuente con esas señoras, es resistido por unas pocas feministas, entre las que me encuentro, porque no vemos entre ambos grupos otra coincidencia que no sea la de ser mujeres, punto en común que no es suficiente para desarrollar una línea ideológica que conduzca a otras coincidencias que no existen. La popularidad en el país y en el extranjero adquirida por las Madres de Plaza de Mayo, ha llevado a algunas feministas a rendirles una adhesión fanatizada que les hace desdibujar los objetivos del M.F.”.

Incluso llegó a sugerir que existía una igualdad de responsabilidad entre las fuerzas armadas y las víctimas del terrorismo de Estado. El repudio dentro del movimiento no tardó en llegar. Oddone, destacada iniciadora de discusiones y formas de organización, se apartó –y fue apartada– del movimiento. 

Su proclama de 1984 permanece hasta hoy como testimonio de que no hay movimiento vivo sin hitos, controversias, combates internos, evoluciones no lineales, contradicciones. Como una prueba más del lema que implícitamente motivó su recorrido (“lo personal es político”), cuando el divorcio se legalizó y se separó formalmente de su expareja, los jueces remarcaron durante el proceso que ella “denostaba la maternidad” en nombre del placer. 

En el 2001, tras una ausencia del ojo público, lanzó su autobiografía, La pasión por la libertad. Memorias de una feminista. En cada línea, se observa una disputa con el feminismo de inclinación política, las feministas setentistas que realizaron experiencias con las izquierdas y los grupos surgidos durante los ochenta.

Ser madre: deseo, no obligación

Oddone no se oponía –contra cualquier exceso de literalidad propio de los tiempos que corren– a la reproducción; ni juzgaba a las madres o a las amas de casa, con las que compartió aquella plaza colmada en los albores de la democracia recuperada. En cambio, ponía énfasis en la libertad. Para elegir, para criar en un ámbito propicio y disfrutar de la decisión de maternar o no.

Contra la hipocresía misógina, que atiza mandatos centrados en la familia tradicional y busca relegar a las mujeres al hogar, mientras atenta contra su libertad, fueron las- feministas quienes primero cruzaron los horizontes entre gestación y goce en un sentido amplio. En distintas latitudes y tiempos históricos, reclamaron maternidades deseantes, deseadas y deseosas. 

Este fue –entre otros– uno de los temas del Primer Congreso Femenino Internacional de la República Argentina, celebrado en mayo de 1910. Ya entonces, militantes socialistas y activistas feministas señalaban la contradicción entre las exigencias sociales y la realidad económica de gran parte de la mujeres. Planteaban, por ejemplo, la cruel realidad en las fábricas y lugares de trabajo, donde las obreras embarazadas eran despedidas, sometidas a jornadas extenuantes y tareas riesgosas que ponían en riesgo su salud y la de sus hijos. En este sentido, exigían al Estado guarderías, licencias, derechos. Reclamos que siguen vigentes, sobre todo para el gran universo de mujeres con empleos no registrados.

“No a la maternidad, sí al placer” es una frase disparadora, que condensa debates históricos dentro del movimiento de mujeres. Incomoda, porque aún hoy da en el blanco de la estructura patriarcal, de los estereotipos desteñidos y de un capitalismo voraz que vuelve cada vez más irreconciliables ambos términos.

JB/MG

En la década de 1940, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, el doctor Woodward indicó a sus alumnos que, si escuchaban cascabeles, pensaran “en caballos y no en cebras”. Es decir, los instaba a descartar primero, como norma, los diagnósticos más comunes y probables. 

Con el pasar de las décadas, llegó la reivindicación de la cebra. Se transformó en un símbolo para la comunidad de pacientes con enfermedades raras y sus cuidadores; un estandarte para generar conciencia y mostrar fuerza desde la unidad. 

Las definiciones varían según la región. En Argentina, se consideran enfermedades poco frecuentes –o EPOF– a aquellas con prevalencia igual o inferior a una en dos mil personas. Individualmente, la incidencia es baja. Pero, tomadas en su conjunto, el panorama cambia. Las EPOF son tan variadas que incluyen desde la alergia al sol –urticaria solar– hasta distintos tipos de malformaciones o la esclerosis Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, agrupan entre 6 mil y 8 mil patologías. En el país, se trata de una población de casi 3 millones de personas: rayas particulares e irrepetibles que dan fuerza al entramado. 

Cada 29 de febrero –o el 28, en años no bisiestos– se celebra su día a nivel internacional. Un paso más hacia la difusión y sensibilización.

Activismo frecuente

La Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF) es una institución de segundo grado, compuesta por pacientes y familiares que decidieron ponerse al servicio de la comunidad. Su rol es fortalecer la labor de cada una de las 101 organizaciones que la integran (las cuales, a su vez, toman contacto con cada universo de enfermedades); y recolectar los denominadores comunes, para trasladarlos a políticas públicas y buscar interlocutores para las distintas problemáticas. Se trata de un camino gratificante y, por momentos, adverso.

En el año 2011 se sancionó en el país la ley 26.689 (de Enfermedades Poco Frecuentes), que ampara el derecho a la salud de todas las personas afectadas. Esto implica que no es necesaria la creación de leyes específicas para cada enfermedad. 

En el año 2011 se sancionó en el país la ley 26.689 (de Enfermedades Poco Frecuentes), que ampara el derecho a la salud de todas las personas afectadas. Esto implica que no es necesaria la creación de leyes específicas para cada enfermedad

“Lo positivo es que tenemos una norma específica con una muy buena definición de las enfermedades poco frecuentes y de lo que significa la cobertura integral. Lamentablemente, por el contexto socioeconómico del país, se pone en tela de juicio este término, que ya fue muy zanjado. Se ha avanzado mucho, pero queda camino por recorrer. En cuanto a lo burocrático, para garantizar el acceso efectivo a la atención y los tratamientos. Además, se ha implementado un registro de pacientes, pero lamentablemente no tiene muchos datos todavía”, explica Luciana Escati Peñaloza.

La directora ejecutiva de FADEPOF puntualiza que las políticas públicas que buscan profesionales, pacientes y entornos van más allá de la salud y se entrelazan con los ámbitos educativo, social y laboral. Por ejemplo, el pedido de licencias para cuidadores y ayudas económicas para cuando los pacientes ya no pueden trabajar.

Por su trayectoria personal, sabe del alivio que representa encontrar espacios comunes. “Las organizaciones no tenemos todas las respuestas, pero escuchamos, activamos. Lo que más se sufre es la desidia del sistema, que muchas veces se siente expulsivo: nosotros, en cambio, abrazamos”.

Primera persona del plural

En 2021, las enfermedades poco frecuentes llegaron al Congreso de la Nación. Esta vez, no mediante movilizaciones o proyectos impulsados por las incansables organizaciones, sino en forma de una historia personal que sacudió a la política. Esteban Bullrich, entonces senador, había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica. ELA. Una enfermedad neurodegenerativa, con la cual se ven afectadas las motoneuronas encargadas de controlar los músculos voluntarios. 

El legislador comenzó un camino de activismo desde la salud. Similar al que emprendió, en 2011, otro grupo de pacientes y familiares que hoy conforman la Asociación ELA Argentina. Entre ellos estaba el actual secretario general de la organización, Pablo Aquino, cuyo hermano había sido diagnosticado el año anterior. 

“El simple hecho de ir a un lugar y que te digan ‘te entiendo’ no tiene precio”, expresa Pablo. Cuando su hermano murió, en 2017, él decidió seguir activando por la causa. “Cada persona transita las situaciones de maneras diferentes. Para mí es difícil no compartir información, no dar el presente. Atravesar una experiencia así con un ser querido es sumamente intenso”, resume. Siente que ayudar a otros es catártico, reconfortante. Siempre supo que los tiempos de la ELA no son largos y que la ayuda siempre se cosecha a futuro.

El simple hecho de ir a un lugar y que te digan ‘te entiendo’ no tiene precio

Pablo Aquino — Asociación ELA Argentina

La Asociación cuenta con representantes en todas las provincias e impulsa distintos programas de bienestar. Entre ellos, “Ojos que hablan”, a través del cual ayudan a las familias a tramitar dispositivos de comunicación ocular, las asesoran en su uso y optimización. “La comunicación es lo último que querés que te saquen” remarca Aquino.

¿Cuáles son los objetivos de los miembros y voluntarios? “A largo plazo, convertirnos en un grupo de café que se reúna a recordar viejos tiempos, cuando la enfermedad no tenía cura”, esgrime. 

En el camino, la misión es seguir brindando atención social; volcar su voluntad y esfuerzo junto a profesionales de la salud; comunicar; ordenar la información; asesorar; orientar; proteger a los más vulnerables; facilitar insumos; y mantenerse actualizados respecto a los últimos tratamientos.

Aprender a aliviar el dolor

Vilma Tripodoro es una de las mayores referentes locales en cuidados paliativos. Actualmente trabaja en ATLANTES –un observatorio global referido a este tema que colabora con la OMS–, ejerce, enseña y participa de redes de investigación locales e internacionales. La doctora hace hincapié en el derecho del paciente con enfermedades crónicas o degenerativas al involucramiento activo y soberano en todas las resoluciones respecto a su vida. Algo imposible sin información completa, conversaciones honestas y abiertas con los profesionales de la salud, diálogo con el entorno afectivo y condiciones propicias por parte del sistema.

Las personas deben ser “protagonistas de su propia historia” y, para esto, se vuelve fundamental la planificación compartida de la atención y los cuidados. “Esto involucra distintos niveles. No solo aquellas decisiones trascendentales que atañen al final de la vida, sino aquellas de etapas tempranas, relacionadas a voluntades, deseos, preferencias. ¿Con quién quiero estar, dónde, cómo, qué me gustaría hacer frente a los distintos escenarios posibles? ¿Prefiero estar en mi casa o en una institución?”, ilustra la doctora.

Ahora bien, ¿es factible concretar estas determinaciones en el estado actual del servicio de salud? Aunque emergen carencias estructurales, por ejemplo para la permanencia en el hogar cuando se necesita asistencia respiratoria y de comunicación, la especialista remarca que “existe mucho para hacer en tempranas etapas de la vida, para ir viendo qué es lo que la persona quiere y necesita”. Además, insiste en el marco legal vigente.

Desde 2012, la ley 26.742 (que modificó lo pautado en la ley 26.529) establece los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Esta norma garantiza la autonomía de la voluntad del paciente y su capacidad de dictar por escrito directivas anticipadas sobre su salud (“pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos”), revocables en todo momento.

Hace dos años, por otra parte, se sancionó la ley 27.678 (de cuidados paliativos), que está parcialmente reglamentada y también da un marco legal para la planificación compartida. Claro que hay obstáculos para que la norma se lleve a la práctica. “Muchos no saben que tienen ese derecho”, aclara Tripodoro. 

También alude a la falta de formación para los profesionales para tener esa charla con los pacientes, a raíz de cierta cultura “paternalista” que todavía prevalece en Medicina y las falencias en la formación de grado y posgrado. Ella aspira a que, a que todo egresado, así como sabe recetar o leer un electrocardiograma, aprenda a “hablar y aliviar el dolor”. Solo dos facultades de Argentina tienen, de forma optativa, la asignatura de cuidados paliativos.

Cuestiones como las políticas públicas, las modificaciones en los planes de estudio, las leyes y los conceptos de “empoderamiento” y de “alfabetización en salud” cobran relevancia.

La tecnología como derecho

En 2017, Gustavo Gasaneo –doctor en Física, profesor de la Universidad Nacional del Sur e investigador del Conicet– convocó a colegas para trabajar en un sistema de comunicación para chicos con parálisis cerebral y atrofia músculoespinal, basado en el eye tracking o seguimiento ocular. Al año siguiente, fundó Neufitech y entregó su primer desarrollo a una familia.

La compañía nacional fue sumando expertos, recursos tecnológicos, productos, objetivos y alcance. El trabajo junto a pacientes con ELA comenzó luego de un contacto con la Fundación Bullrich, a través de la neuróloga del Hospital Juan A. Fernández Mariana Bendersky. Este año, gracias al financiamiento y las computadoras conseguidas por la institución, y la donación de software de Neufitech, cinco familias recibieron equipos de comunicación aumentativa de forma gratuita.

“Comunicarse es un derecho establecido por el Certificado Único de Discapacidad”, expone Gasaneo. El CUD, un documento público, válido en todo el territorio, permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431 (“Sistema de protección integral de discapacitados”) y 24.901 (“Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad”). 

La empresa presta servicios a distintas obras sociales, que están obligadas a garantizar la calidad de vida de los pacientes. La práctica no siempre resulta sencilla para las familias. Dado que estas entidades actúan como intermediarias del Estado, deben pagar por adelantado los equipos y esperar el reembolso. La espera para este reintegro es variable, por lo cual muchas veces ponen obstáculos para la adquisición de la tecnología que necesitan los pacientes. 

“Lamentablemente, los tiempos, por ejemplo en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, son cortos. Nos ha pasado que, mientras el trámite con la obra social se encuentra trabado, los pacientes se mueren”, relata el fundador de Neufitech. No es raro que surjan litigios y amparos, siempre respaldados por la enorme red de personas empoderadas atravesadas por la enfermedad.

Cuidar a los cuidadores

“Es muy frecuente escuchar acerca del ‘síndrome del cuidador’, que se caracteriza por una atención tan centrada en el otro, que la persona relega su propia salud física y mental, su vida laboral, social, emocional o incluso el tiempo de ocio”, detalla Natalia Vázquez. Ella es doctora en Psicología, investigadora de la Universidad del Paciente y la Familia, y directora científica de la Fundación de Psicología Aplicada a Enfermedades Huérfanas. Desde allí, desarrolla estrategias para promover la calidad de vida de las personas con EPOF y sus entornos. 

“El sistema de salud ha centrado sus esfuerzos principalmente en el cuidado médico de la persona con una condición, dejando en un segundo plano a los cuidadores. Si bien en los últimos años se han constatado avances en materia de políticas públicas, sigue existiendo un problema de equidad en el acceso. Además, los tratamientos suelen dejar por fuera el enfoque psicosocial”, agrega Emilia Arrighi, directora de la Universidad y doctora en Psicología de la Salud.

“Los cuidadores con buenas estrategias de autocuidado tienen menor riesgo de sobrecarga, lo cual permite vivir la experiencia de cuidado desde un lugar positivo, de resiliencia y crecimiento personal. Esto repercute directamente en el bienestar del paciente”, dilucidan las profesionales. Además, destacan que, de esta forma, se establecen condiciones para una dinámica familiar donde la persona con EPOF no sea considerada primeramente por su condición de salud, generando vínculos más sanos y recíprocos. 

Este artículo contó con el apoyo de la National Press Foundation, a través del programa “Covering Rare Diseases”.

Por su fisonomía, clima, flora, fauna, cultura, poblaciones, historia y recursos, Patagonia representa un rompecabezas que el tiempo replantea una y otra vez, antes de que pueda completarse. Territorio fascinante, de aproximadamente 770.000 km2, es solo una unidad en tanto concentra múltiples piezas: cada una, vector de una compleja heterogeneidad en movimiento. 

Sus agitados vientos trasladan la mirada más allá de la postal. En este caso, al espacio extraandino, delimitado hacia el oeste por los bosques húmedos y al este por el Océano Atlántico, donde se encuentra la ecorregión comúnmente denominada como “pastizales patagónicos”. 

Las lluvias pueden ser de 600 o 700 milímetros al año (como en el caso de los pastizales extraandinos de precordillera); o de 120 milímetros (como ocurre en la meseta central). La pluralidad de reguladores climáticos (y de la vegetación que responde a estos) es innegable. Pero, de conjunto, se impone la aridez.

Como el agua y los nutrientes disponibles no son suficientes, hay áreas semidescubiertas y despobladas. A lo largo de kilómetros de estepa abrumadora –donde también se emplazan mallines o humedales con buena calidad y cantidad de forraje–, conviven salpicados, personas, pueblos, animales salvajes y domésticos; topografías variadas; naturaleza y sociedad. 

Los pastizales naturales ocupan casi 60% del territorio continental argentino y 50% de la superficie mundial. Muchos profesionales en el país se dedican a estudiarlos. Sin ir más lejos, existe una Asociación Argentina para el Manejo de Pastizales Naturales y en 2011 Rosario fue sede de la novena reunión internacional de pastizales (la International Rangeland Congress). 

Estos poseen una importante significancia medioambiental y económica. Por un lado, secuestran grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases propios del efecto invernadero, a la vez que mantienen a numerosas especies. Por otro lado, en Patagonia, son escenario para la producción agropecuaria extensiva, de la cual dependen diversos actores.

El cambio climático ha hecho mella sobre este paisaje. “Durante las últimas dos décadas hemos detectado cambios, por una combinación de mayores temperaturas (que contribuyen a una mayor evapotranspiración), menores precipitaciones y un pastoreo histórico intenso”, explica Gastón Oñatibia. Él es doctor en Ciencias Agropecuarias, especialista en pastizales y pastoreo. Desde hace años, integra el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA), de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

La“aridificación” –que afecta especialmente a la zona central de Patagonia– conlleva verdaderos procesos de degradación: impacta sobre la fauna nativa, el forraje, la productividad secundaria y el bienestar de las familias. En este marco, científicos, técnicos y productores persiguen prácticas favorables a la (sinérgica) continuidad de la actividad y la preservación del ecosistema. En palabras de la doctora en Biología Agustina de Virgilio se trata de buscar un “conector entre la ecología y la economía”, con eje en la sustentabilidad.

Futuro imperfecto

¿En qué escenario de cambio climático estamos y hacia dónde vamos? Los especialistas se valen de múltiples herramientas de medición para intentar dar respuesta a esta pregunta, como sensores remotos, las tradicionales planchetas topográficas y los mapas de vegetación. 

Desde 2008, la red MARAS (Monitoreo Ambiental en Regiones Áridas y Semiáridas) evalúa los cambios a mediano y largo plazo de las condiciones del suelo y vegetación de los pastizales naturales en la Patagonia argentina. Actualmente, se emplazaron más de 400 monitores. 

De acuerdo con Oñatibia, debido a la propia diversidad del pastizal y cómo impacta sobre cada lugar el cambio climático, se esperan distintos pronósticos a futuro. Contrario a lo que pasa en la diagonal del Noroeste de la Patagonia hasta el Sudeste –donde se profundizaría la aridificación–, “hay otras zonas en el Sudoeste y en el Noreste donde se cree que las precipitaciones aumentarían aunque también se incremente la temperatura, por lo cual crecería la abundancia de pastos”. 

Lucio Biancari, doctor en Ciencias Agropecuarias y miembro de IFEVA, subraya que ya se ven cambios ecológicos y productivos, aunque son paulatinos. La manera de registrarlos es con experimentos a largo plazo. 

Los estudiosos han notado que parte de la vegetación ha sido reemplazada por especies más duras y xerofíticas –es decir, adaptadas a medios secos–, al igual que un proceso de arbustización en detrimento del forraje en zonas áridas. 

“Los pastos, en general, necesitan del agua en superficie. En cambio, los arbustos tienen raíces más hondas; se pueden valer del agua en profundidad y no dependen tanto de las precipitaciones en el corto plazo o de las variaciones de temperatura”, amplía Biancari. 

Las consecuencias sobre el ecosistema y la producción son grandes. Más aún si se suma, como señala el especialista, el recambio de especies de pastos. Este fenómeno, menos notable a simple vista, resulta de la combinación de aridez y las altas cargas que padeció el suelo en el pasado.

Hay un gradiente de preferencias: especies que el ganado –en el caso de la estepa patagónica, ovejas y vacas– evita, lo cual puede llevarlo a la muerte. Las especies palatables (elegidas por el ganado) están perdiendo lugar frente a arbustos y pastos de mala calidad, que no sirven para el forraje.

El mal manejo de recursos, por desconocimiento, necesidad u otras razones ha llevado, además, a invasiones biológicas documentadas en Patagonia. Desde el avance de la rosa mosqueta, el bromus tectorum (conocido como “cheatgrass”) en zonas más áridas; o de hieracium pilosella en Patagonia Austral.

Pablo Cipriotti, ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agropecuarias, destaca que en los pastizales patagónicos conviven “configuraciones muy disímiles en composición, resiliencia, capacidad de afrontar un disturbio e historia”. Bajo esta lente propone leer la huella del cambio climático (cuya propia medición también depende de las técnicas, metodologías y niveles de detección).

“Es cierto que, durante las últimas cuatro o cinco campañas agrícolas hubo un ciclo seco. La zona norte de Tierra del Fuego, relativamente benévola, tuvo precipitaciones por debajo de la media, lo cual genera preocupaciones. Pero, por otro lado, la isla grande de Tierra del Fuego se inundó. En Chubut se vio una alternancia de ciclos húmedos y ciclos secos. Quizás ahora estemos atravesando un ciclo seco. No se puede saber si la mayor sequía de los últimos años se va a sostener a futuro”, sintetiza Cipriotti. 

El científico remarca que los modelos muestran una tendencia a un aumento leve de la temperatura media. Respecto a las precipitaciones, distingue una mayor incertidumbre, contingente, a su vez, a las proyecciones de emisiones de los gases de efecto invernadero. 

“Hay áreas de Patagonia donde los cambios son muy pequeños y otras donde son un poco más grandes. Dicho esto, no está mal que, previendo esta situación, los gestores, los decisores y los que intervienen en estos temas traten de generar tecnología para estar atentos a esta situación”, concluye.

Víctimas del cambio climático y batalladores del efecto invernadero

Los pastizales no solo proveen forraje, sino una gran cantidad de servicios ecosistémicos. El más conocido, por la urgencia del problema que ataca, es la captura de carbono, uno de los principales gases del efecto invernadero, ligado al calentamiento global y al cambio climático. Si hay degradación del ambiente, hay menos secuestro de carbono; si esto ocurre, habrá más carbono en la atmósfera. 

Aquí surge un tema central: si se efectúa un buen manejo del suelo, aumenta la productividad, pero también este rol ecológico fundamental; caso contrario, ambas cuestiones se ven perjudicadas. Esta particularidad patagónica, dilucida el experto, no ocurre en todos los ecosistemas. 

“Se genera una especie de círculo vicioso o feedback, en jerga científica. En otras palabras, una retroalimentación positiva, donde se dan distintos procesos en simultáneo: disponibilidad de forraje, secuestro de carbono, regulación en el ciclo del agua, control de la erosión eólica en el caso de Patagonia y aumento de fertilidad (ya que, a mayor cobertura, más nitrógeno queda retenido)”, se explaya Biancari. Las cargas de ganado son clave: tanto el exceso como la falta de animales tiene un impacto negativo en este desarrollo. 

El pastoreo excesivo implica que el carbono fijado sea consumido y vuelva a entrar en el ciclo, en vez de quedar retenido en la biomasa. El cambio climático, nuevamente, muestra sus garras. Si se consolida la transición hacia sistemas más secos, probablemente la captura será menor, por la menor cobertura de pastos y arbustos.  

Pero, ¿qué sucede con el impacto de la actividad ganadera sobre el efecto invernadero? “En general, esa pregunta está pensada para otro tipo de sistemas, como los feedlots y las formas de producción pampeanas. En sistemas más intensivos, los efectos negativos (como la liberación de gas metano) suelen ser más importantes que los positivos”, contesta Biancari. 

El contexto de Patagonia es muy distinto a la Pampa, aunque –insiste el doctor– siempre depende de la composición del ganado, el tipo de manejo y la carga. Cuando es moderada y hay descansos para el suelo, los animales incluso pueden contribuir a la movilización de los nutrientes (como el nitrógeno y el fósforo) y aumentar la fertilidad. 

Manejar con responsabilidad

La palabra “manejo” se repite una y otra vez, en la boca de científicos, pobladores, productores e instituciones agropecuarias. ¿A qué se refiere? A las diferentes alternativas, estrategias productivas y herramientas para optimizar el uso del suelo, en un sentido medioambiental y de rendimiento. “La adopción de una nueva estrategia depende de limitaciones económicas y ecológicas. Los factores sociales y culturales juegan un rol medular en este proceso”, comenta De Virgilio, quien dedicó su tesis a este tema.

La bióloga cuenta que el uso de alambrados, los arreos, el control de la densidad ganadera, el acceso a aguadas y el suplemento alimenticio en zonas estratégicas son algunas de estas opciones. 

También puede haber una fertilización de áreas productivas como los mallines (un insumo demasiado caro, que pocas unidades pueden comprar); el “enmallinamiento” a pequeña escala (a través de la apertura de canales que aprovechen los cursos naturales de agua); y el riego gravimétrico (un instrumento poco utilizado).

Las unidades productivas son muy variadas: generalmente, los más asesorados son los productores medianos y grandes, quienes pueden realizar la inversión. 

“Las universidades, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) están cerca de pequeños productores, cooperativas y poblaciones rurales, aunque no siempre es fácil llegar. Los investigadores trabajan constantemente en difundir los avances en técnicas de manejo y los estudios sobre cómo enfrentar los cambios extremos, especialmente los ligados al cambio climático”, resume Oñatibia. 

“El manejo involucra muchos aspectos y cada unidad productiva es diferente. Para adoptar estrategias, hay que conocer su historia, el ambiente natural, cómo es la disposición del campo”, complementa su colega, Pablo Cipriotti. 

El especialista cuenta que uno de los mayores costos para los productores es el alambrado, que tiene una vida útil de entre 15 y 20 años. El alambrado eléctrico es una ventaja, porque, al no ser fijo, se puede hacer un buen aprovechamiento racional del terreno, guiando al ovino para aprovechar las áreas del pastoreo. “El apotreramiento es muy importante porque condiciona la rotación de los animales”, destaca Cipriotti. Hay estancias con diseños que datan de hace un siglo. 

De Virgilio propone analizar los patrones de movimiento del ganado (mediante el uso de datos de acelerómetros, collares GPS y sistemas de información geográfica) para desarrollar estimaciones precisas del comportamiento, tasa de consumo de forraje y costos, lo cual no requeriría grandes inversiones.

Oñatibia remarca la ventaja de contar con perros ovejeros para minimizar el riesgo de depredación de la majada (y enfrentar el riesgo de predadores salvajes, como el puma y el zorro). El presupuesto implicado es grande.

“Resultan cruciales las políticas de Estado que apoyen a los productores para mantener la actividad en el tiempo. O, al menos, la existencia de incentivos en momentos puntuales para las prácticas de adaptación al cambio climático”, finaliza Biancari.

Condiciones adversas y oportunidades: producir en Patagonia central

“Al aumento de temperatura y descenso de precipitaciones, hay que agregar la retracción de los glaciares y que cada vez hay menos nieve. Esto conlleva a que en primavera y verano baje menos agua a los ríos y haya menos humedad en los valles, que ocupan entre el 3% y el 5% de la provincia de Santa Cruz. Estos ‘pulmones verdes’ se están secando”. 

Quien habla es Miguel O’Byrne, presidente del Consejo Regional Patagonia Sur (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) del INTA y del Instituto de Ganadería de Santa Cruz. El cambio climático, las consecuencias del sobrepastoreo histórico y la sobrepoblación de guanacos conforman sus principales preocupaciones. También la presencia del puma, que puede representar una oveja menos por día o la caída del 10% anual de la producción anual, si se consideran también los estragos de los zorros silvestres.

El panorama de las haciendas de la provincia es complejo. Hace casi un siglo se definió la unidad productiva en casi 20 mil hectáreas, contemplando el mantenimiento de entre 6 mil o 7 mil lanares. Con un ambiente más seco y el pastizal degradado, actualmente la capacidad de carga cayó al menos un 40%. 

La desaparición de aguadas, manantiales y riachos naturales obligan a los productores a poner molinos, que pueden costar hasta US$30.000: un número impagable para establecimientos pequeños. ¿La consecuencia? El abandono de cerca de 400 estancias a lo largo de toda la meseta central y cierta concentración.

O’Byrne considera que la lógica extensiva está agotada en gran parte del territorio patagónico. “Tampoco hay que pecar de negatividad. Hay quienes trabajan en esquemas de regeneración holística”, aclara. Recalca, en este sentido, las iniciativas individuales, pero también la labor del INTA en torno a la regulación de emisiones, la regeneración de los pastos, la genética de los animales. Habla, sin embargo, de una dificultad para el “aterrizaje” de las innovaciones. Desde el desfinanciamiento que sufrió el organismo durante distintos períodos, hasta la propia resistencia de productores menos propensos a la ayuda tecnológica.

El referente agropecuario aboga por una estrategia a largo plazo desde el Estado. “La producción de lana fina de alta calidad, a cielo abierto, casi sin fertilizantes y productos veterinarios mínimos –debido a las condiciones de Patagonia– tiene un potencial bárbaro hacia el futuro, en un marco de demanda mundial de productos naturales. Lo mismo ocurre con la producción de la carne ovina igual: es poca, pero excelente. Esta es la razón por la que muchos productores siguen adelante”, remata.

La metáfora del secador de pelo y la resiliencia

Sebastián Apesteguía tiene una estancia cerca de Puerto Deseado, en la meseta central. Como define él, “la Patagonia más difícil”. Se dedica a criar ovejas, y comercializar lana y cordero. Asevera que pocos están tan interesados en el bienestar del pastizal como los productores.

Desde hace más de 15 años, comenzó a involucrarse en los efectos del cambio climático y el cuidado del suelo. Actualmente, cuenta con certificaciones de producción orgánica y el “Estándar de Lana Responsable” o RWS (un sello internacional que garantiza el bienestar animal, así como el cuidado de toda la cadena productiva).

La provincia de Santa Cruz tiene más de 240.000 km2. Por lo tanto, las respuestas a las variaciones climáticas y los conflictos con la fauna silvestre son disparejas a lo largo y a lo ancho de la provincia. En el caso de Apesteguía, debido a su ubicación geográfica, sufrió menos los años de sequía generados por el fenómeno de La Niña (que sí evidenciaron una gran repercusión en el centro y sur de Santa Cruz). En cambio, fue afectado por El Niño.

“Tenemos días de 34° o 35°, con vientos promedios de 60 km/h o incluso días en que llegan a los 100 km/h. A veces le pido a la gente que imagine qué pasaría si apunta a una planta de su casa con un secador”, ilustra el productor. Y reanuda: “La ventaja de estos campos es que reaccionan rápido a las lluvias y buenos climas; pero, cuando estos no acompañan, también se sufre mucho”.

Para Apesteguía, se trata de trabajar cotidianamente con la condición corporal de los animales, para ver en qué estado están; hacer monitoreos de los pastizales para saber cuánta comida tienen los animales; mantener conteos de guanacos (“el invitado a la cena que a veces no se tiene en cuenta”); y apuntalar la sanidad. 

“No podemos frenar el cambio climático. Pero, mientras más atentos estemos a esas variables, mejor podemos reaccionar. El manejo, precisamente, representa el involucramiento en la hacienda para cuidarla y transformarla en lana y carne; trabajar con los pastos; cuidar a los animales y protegerlos de los predadores. Sin pastizales sanos, no hay ovejas felices ni actividad posible”, expresa.  

Este artículo cuenta con el apoyo del proyecto Net Zero en Argentina, realizado en alianza con Earth Journalism Network, Periodistas por el Planeta, Claves21 y Banco de Bosques.

¿A qué remite la palabra “esclavitud” para el sentido común? ¿Hace, acaso, referencia a algo que pasó en un tiempo pasado? ¿Si se acepta en el terreno de la actualidad, es pensado como un maltrato geográficamente lejano, constreñido a paisajes rurales? ¿Posee límites etarios? ¿Tiene rostro? 

En la capital paraguaya, miles de niños, niñas y adolescentes –con una fuerte prevalencia femenina– son sometidos a diferentes labores (limpieza, planchado, cocina, cuidado de menores, adultos mayores o personas enfermas) en casas ajenas. No reciben compensación económica, ni tienen descanso. Se levantan cuando aún no sale el sol y se acuestan adentrada la noche. Carecen de derechos básicos –al bienestar integral, al desarrollo de sus potencialidades, a un lugar seguro– y deben cambiar juegos por quehaceres. Muchos tienen a cargo el cuidado de mayores u otros infantes: nadie los cuida a ellos.

Se trata de “criaditos” y “criaditas”, en el lenguaje cotidiano. Las y los activistas prefieren hablar de “situación de criadazgo”: menores de edad a quienes sus familias de origen no pueden mantener y son enviados con parientes o conocidos de mayores recursos (no siempre con relación sanguínea), bajo la promesa de educación, techo y comida. Muchas veces, se trata de la única esperanza de futuro, producto de las garras de la pobreza extendida.

La última cifra oficial sobre el tema se dio a conocer en 2011, con la Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Los resultados? 46.993 niños, niñas y adolescentes paraguayos de entre 5 y 17 años se encontraban en esta condición. 

Aunque los especialistas afirman que el número debe ser actualizado (al igual que las definiciones y las posibles salidas), la magnitud de la vejación se hace evidente. 

Definiciones desgarradoras

El Protocolo del Convenio N°29 de la Organización Internacional del Trabajo define al trabajo forzoso como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. 

Patricia Roa, Oficial de Programación de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, engloba al criadazgo dentro de esta acepción. Más allá de que el móvil de las familias de origen tiende a mejorar la calidad de vida de los menores (algo que generalmente no se concreta), estos “suelen realizar tareas domésticas, sin recibir remuneración y en condiciones que afectan su integridad física y emocional”.

Según el informe “Trabajo forzoso y matrimonio forzoso”, para la OIT, el trabajo forzoso es un componente de la esclavitud moderna, en el que los niños, niñas y adolescentes están expuestos a situaciones de explotación a las que no pueden negarse, debido a las amenazas, la violencia, la coacción, el engaño o el abuso de poder.

Roa detalla que, en todo el mundo, 218 millones de niños de entre 5 y 17 años están involucrados en la producción económica. 152 millones resultan víctimas del trabajo infantil; casi la mitad ejerce algún tipo de trabajo infantil peligroso. Si bien la experta distingue esfuerzos de los países para enfrentar esta realidad (en Paraguay, a través de la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo de los y las Adolescentes), asevera que las tasas en la región son altas.

Desde el organismo, recomiendan una serie de medidas a nivel estatal para generar soluciones. Es el caso de la protección de los trabajadores y sus familias, el fortalecimiento de la ayuda social, la promoción de la educación pública y de calidad, y la mayor generación de alianzas y coordinación institucional.

Consultada por prácticas análogas al criadazgo en otras partes del mundo, la Oficial piensa en la servidumbre por deudas, el reclutamiento forzoso para explotación sexual comercial o actividades ilícitas (fundamentalmente, la producción y el tráfico de estupefacientes). 

Julia Cabello, Coordinadora Legal de Amnistía Internacional Paraguay, identifica al criadazgo como un ambiente propicio para el desarrollo de violencia sexual, torturas y embarazo de niñas. Además, las y los especialistas establecen una correlación entre la experiencia de criadazgo y la prostitución o la caída en redes de trata, como “salida” a un entorno agresivo y difícil de soportar. Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y Adolescencia, confirma: “9 de cada 10 víctimas de trata fueron ‘criaditas’”.

Del sufrimiento personal a la militancia colectiva

Tina Alvarenga reescribe todos los días su historia, cada vez con más fuerza. Padeció el criadazgo, pero hace décadas se reapropió su identidad. Mejor dicho: siempre la guardó como un cofre que nadie le pudo quitar.

No tiene vergüenza ni reparos en evocar cómo, cuando tenía nueve años, debió separarse de sus padres, para entrar –desde el comienzo, por la puerta de atrás– a la casa de los “patrones”, donde viviría durante años. En su memoria, aparecen amaneceres a las 5 a.m.; trabajos de niñera para criaturas tan pequeñas como ella; desayunos listos antes de que cantara el gallo; el mantenimiento de un hogar que debía cargar entero sobre su espalda, a cambio de nada. 

Sin embargo, la activista prioriza exponer los problemas sistémicos de su experiencia, rompiendo el marco de lo individual: la pobreza, la falta de oportunidades, las disparidades sociales, el silencio, el racismo, la segregación por género y clase. 

“El distanciamiento no pasa solo por la distancia física”. Con esa frase, enfatiza un eje del problema: el aislamiento. Hay niñas que son transformadas en “criaditas” a la fuerza, luego de un desplazamiento del campo a la ciudad o de un pueblo a la capital; a veces, sin siquiera hablar castellano. Ella, por su parte, se encontraba a un micro de distancia de su familia, tan solo unos minutos. Pero siempre lo veía pasar, sus tutores informales no la dejaban subir. Cuando su mamá la visitaba, los señores de la casa la supervisaban, controlaban sus palabras.

Hoy Tina está abocada a la lucha de las mujeres indígenas, la docencia, la asesoría en cooperación internacional y proyectos comunitarios. Pero nunca abandonó la causa que, hace 25 años, la llevó a unirse a Global Infancia, una organización basada en la defensa de los derechos del niño. 

Junto a sus colegas, con cooperación de Save The Children, ACDI, el Programa Conjunto de Oportunidades de las Naciones Unidas y el gobierno nacional, Alvarenga convocó a reconocidas escritoras para publicar Criadas hasta cuándo. El libro –con una primera edición del 2000– reunía cuentos creados a partir de testimonios reales, bajo la premisa de romper con la apatía social. 

“Subía a un baúl y desde allí miraba por una ventana a las estrellas...”, recordaba una de las entrevistadas. Otra desembrolló, quizás por primera vez, el camino que realizó entre la creencia inicial de que la tratarían como una hija, a entender que sería reducida a la condición de sirvienta.

Cada narración (con un pie en la ficción y todo el cuerpo en la realidad) evidenciaba una constante: se puede identificar un antes, un durante y un después del criadazgo; ruidos de cinturones que todavía arden; autoestimas golpeadas; culpa; cansancio que no se despega con los años. 

“Yo prefiero dormir porque de esa manera se me va más pronto el dolor”, puede leerse en el relato “Los peores para mí”, de la autora Reneé Ferrer. Para los supervivientes, contar era (y sigue siendo) un despertar.

Un ancla en la Historia

Dentro de la academia universitaria, han sido las mujeres quienes ahondaron en los orígenes del criadazgo. Algunas investigadoras han rastreado el régimen de la “naboria” –una variante de la encomienda, que representaba el repartimiento de niños y niñas indígenas como botín para el servicio personal– como el comienzo del criadazgo institucionalizado dentro del territorio.

“El criadazgo es un fenómeno social y una práctica sociocultural que viene de la colonia, con fuertes vínculos religiosos. Desde entonces, las personas de mayor vulnerabilidad elegían como padrinos de sus hijos a miembros de mayor estatus social o poder adquisitivo, para que se hagan cargo de la crianza o manutención. La base es una asimetría económica y de recursos entre la familia de origen y la receptora”, amplía Aníbal Echeverría. Él fue director de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia hasta diciembre de 2023.

Mabel Benegas, activista de Global Infancia, amplía que la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) y la Guerra del Chaco (1932-1935) reforzaron la práctica. Los enfrentamientos bélicos habrían impactado en la manera de la sexualidad y la reproducción, el papel de las mujeres en la sociedad y el de su descendencia. Las altas tasas de abandono paterno, propios de esos períodos, subsisten hasta el día de hoy.

“Paraguay, aparte de ser una sociedad híper machista, es adultocéntrica. Se considera a los niños como objetos no como sujetos de derechos”, cierra Echeverría.

Entre el boom económico y el crecimiento relegado de las infancias

El “éxito” del modelo paraguayo encuentra lugar en los suplementos de Economía de los periódicos alrededor del mundo. El último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mostró que se trata del país con mayor crecimiento económico dentro de la región Sudamericana, con buenos pronósticos hacia 2024.

Las ganancias generadas por el sector sojero y energético contrastan con la realidad que se percibe en las calles. No solo del interior, sino de la capital del país. En los semáforos asuncenos, niños descalzos venden naranjas, limpian vidrios, piden monedas. Puertas adentro –de las grandes mansiones que pululan en la ciudad, pero también de las casas de clase media o media baja–, otros niños y niñas también están trabajando, tapados por las paredes del silencio.

El concepto de criadazgo no está tipificado en el país. El marco normativo paraguayo contempla un régimen de “trabajo adolescente protegido”, desde los 14 hasta los 17. Pero este no involucra el desempeño laboral de menores de edad en casas particulares, el cual está completamente prohibido. 

El avance de los indicadores no puede tapar un crecimiento coartado: el de las infancias y adolescencias reducidas, subyugadas.

Nuevos contornos de la tragedia

También desde Global Infancia, Marta Benítez plantea: “Necesitamos conocer la situación actual, porque pasaron más de diez años desde la última estimación. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Tuvieron impacto las políticas de transferencia para atacar la pobreza? ¿Funcionaron las campañas en escuelas, en la vía pública, en redes? Tal vez cambió la configuración de la práctica. Y, si buscamos modificar el statu quo, no podemos estar a ciegas”.

Las agrupaciones y ONGs le piden al Estado la gestación de un nuevo censo, con definiciones precisas, para desarrollar acciones basadas en evidencia. 

Tina comenta que, en las bolsas de trabajo, aún aparecen pedidos “disfrazados”, eufemísticos, de adultos que buscan “criaditas”. Recuerda uno: “¿Hay niñas o adolescentes para venir a jugar con mi hija?”. De todas formas, vislumbra un rechazo social mucho mayor a cuando empezó a trabajar el asunto.

“Ahora que hay mayor visibilización y creció la cobertura escolar. ¿Qué formas adquirió el criadazgo? ¿En qué se convirtió?”, pregunta. Intuye que una posibilidad es que esté más ligado a la trata.

Para obtener respuestas certeras, se precisa la intervención gubernamental activa, con recursos económicos necesarios para acompañar los avances legislativos, los cambios sociales y las buenas intenciones de algunos técnicos, funcionarios o Ministerios. En 2022, el 85% de las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (los organismos encargados de articular, identificar, prevenir y aplicar protocolos) carecía de presupuesto propio.

Que canten los niños

El Paraguay contemporáneo lleva a cuestas heridas de larga data. Desde los golpes de la colonización y la conquista (en donde se encuentran las raíces del criadazgo), hasta las guerras del Estado nación (que, entre otras cosas, reforzaron el sometimiento de los más pequeños). 

Luego llegaron los sucesivos gobiernos de facto y la larguísima dictadura de Alfredo Stroessner, que legitimó el atropello a los derechos de las infancias, mediante las relaciones forzadas del general con menores de edad y el montaje de centros de explotación sexual infantil para otros jerarcas militares.

Hoy, a 35 años de democracia recuperada, continúan las brechas económicas y la insuficiencia de políticas públicas, que fomentan el trabajo a temprana edad; la persistencia de “criaditas” y “criaditos”. 

Suenan, a lo lejos, potentes gritos de libertad, solo en apariencia acallados. Como en una pugna constante, opresión y resistencia marcan la historia de un pueblo que no se deja abatir y una historia cuyo destino no está escrito. Algo está claro: el futuro depende de las generaciones venideras.

“La fuerza que, contenida, renacerá”, escribió Lionel Enrique Lara en la canción “Así canta mi patria”. Inspirado en el terrible resultado de la guerra civil de 1947, el poeta auguraba: “Milagro de amor, mi gran Paraguay se hace canción”. La plena libertad, especialmente de niños, niñas y adolescentes, constituye la verdadera flor nacional. Aún permanece encapullada, como un jazmín que espera florecer.

Esta historia fue realizada con el apoyo del Centro Pulitzer.

JB/DTC

El 19 de noviembre, Argentina eligió presidente. Eligió a la Libertad Avanza. Eligió a Javier Milei. Liberal-libertario, paradigma de las nuevas derechas (con ideas no tan nuevas). Las repercusiones del resultado, aún imprevisibles, se expanden por todos los ámbitos de la vida económica y social.

Entre los análisis urgentes, hay uno preocupa: el futuro de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Especialmente, el derecho al aborto, conseguido tras casi cincuenta años de lucha, en 2020. 

En una de sus últimas entrevistas televisivas preelectorales, la ahora vicepresidenta Victoria Villarruel reafirmó que su espacio es “pro-vida” y habló de la necesidad de reabrir el debate en torno a esta conquista.

“Me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumento serios y no tan ideologizados”, remató. No es la primera vez que uno de los miembros de la fórmula se pronunciaba sobre el tema. El propio Milei había afirmado que haría un plebiscito vinculante, con el fin de eliminar la ley si la votación resulta favorable a su posición.

La declaración más resonante provino del diputado nacional electo por LLA Alberto Benegas Lynch, quien, sin pelos en la lengua, soltó: “La ley del aborto es la salvajada más espantosa”. Todo indica que no hay consenso social ni legislativo para reabrir un tema saldado a través de años de intervenciones en el Congreso, en las calles y por los organismos internacionales, aunque no hay que pasar por alto este tipo de posiciones.

La fijación de los sectores conservadores con respecto a la autonomía de decisión de las personas gestantes no es nueva. Pero ha cobrado una fuerza renovada, de mano de las llamadas “nuevas derechas”, que la han llevado al centro de su plataforma ideológica. ¿Hasta dónde puede llegar esta retórica?

Como siempre, la Historia (como disciplina, como recorrido, como patrimonio) ofrece pistas, caminos posibles, ejemplos y advertencias. Mirar hacia el norte del continente resulta un ejercicio ineludible, no solo como ejercicio intelectual, sino como espejo orientativo.

Estados Unidos: arquetipo del contragolpe 

“Ninguna activista feminista de finales de los años sesenta y principios de los setenta se imaginaba que tendríamos que librar una batalla por los derechos reproductivos en los noventa”, escribía bell hooks hace más de dos décadas.

Ninguna activista feminista de finales de los años sesenta y principios de los setenta se imaginaba que tendríamos que librar una batalla por los derechos reproductivos en los noventa

bell hooks — filosofa y activista

Aguda, la filósofa alertaba que la desaparición de un movimiento radical de masas y la respuesta de las derechas sustentadas en el fundamentalismo religioso hacían peligrar una de las principales conquistas de la segunda ola feminista en Estados Unidos: la interrupción voluntaria del embarazo.

Esta práctica había recibido una protección constitucional en 1973, a través del histórico fallo Roe vs. Wade. Sin embargo, los sectores conservadores no se quedaron de brazos cruzados; y, ya en esa década, consiguieron introducir medidas y leyes que actuaban como obstáculos para el cumplimiento de este derecho humano y personalísimo.

“Entre 1973 y mayo de 2022, se promulgaron 1.380 restricciones en torno al aborto. A partir del 2011, se promulgaron más de 630, lo cual muestra una aceleración e intensificación de los ataques. En otras palabras, tomó casi cuarenta años acumular el 54% de las restricciones y apenas una década para el otro 46%”, explicaron a este diario los voceros del Instituto Guttmacher.

El golpe más duro llegó en junio de 2022, cuando el fallo de la Corte Suprema Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization anuló lo estipulado por Roe vs. Wade y devolvió la decisión sobre las regulaciones del aborto a los estados.

Desde entonces, se ha establecido una red legislativa y judicial que en muchos casos cercena –cuando no anula– la posibilidad de acceder a un aborto, de acuerdo con la edad, el período de gestación, las circunstancias o los motivos. Principalmente, hacia el Sur y en lugares que se encuentran bajo la égida del Partido Republicano, como reflejan los casos extremos de Texas y Alabama. 

La reconocida encuestadora Gallup constata que la mayoría de los estadounidenses creen que el aborto debería ser legal en cierta medida, especialmente en el primer trimestre. De hecho, desde la revocación de Roe vs. Wade, crecieron las personas autodenominadas “pro-choice” o “pro-decisión” (un 52% de la población aproximadamente) y hubo siete votaciones a favor de este derecho. Ohio fue el último caso, al ser aprobada una enmienda para consagrar la libertad reproductiva en la constitución estatal, incluyendo el aborto, pero también la anticoncepción, los tratamientos de fertilidad, la asistencia para abortos espontáneos y los cuidados durante el embarazo. 

Las disparidades territoriales son enormes. La ciudad de Nueva York, para nombrar un caso, se convirtió en un refugio para el derecho en medio de la avanzada mal llamada “pro-vida”. Allí, los profesionales de la salud realizan abortos hasta las 24 semanas de embarazo, sin exigir ningún tipo de justificación, ni documentación. Por su política pública de asistencia financiera y logística, la Gran Manzana atrae a residentes de otros estados.

Sin embargo, es solo uno de los oasis donde se refuerza la protección de este derecho humano y personalísimo, en medio del desierto. La clausura de clínicas, las limitaciones a la atención sanitaria (incluso en casos en los que no hay viabilidad fetal o corre peligro la vida de la persona gestante), los riesgos de criminalización, persecución y judicialización siguen pesando sobre pacientes y miembros de la comunidad médica en gran parte del mapa. 

Referentes feministas y la medicina que buscan llevar alivio en la coyuntura actual mientras tejen estrategias para conseguir cambios estructurales conversaron con este portal sobre la situación actual y las formas de resistencia. 

¿“Sweet home, Alabama”?

Jenice Fountain es directora ejecutiva del Fondo Yellowhammer, una organización que defiende el aborto y la justicia reproductiva en Alabama, Mississippi y el sur profundo, donde el contexto es crítico. 

En Alabama, por ejemplo, ya en 2020 se registraba la tercera tasa de mortalidad materna más alta del país. El mismo informe arrojaba que las mujeres afroamericanas tenían tres veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que las mujeres blancas, como reflejo de desigualdades sociales y raciales estructurales.

La Enmienda Hyde, de 1977, inhabilitó el uso de fondos federales para el aborto excepto en casos de violación, incesto o peligro para la vida. Como explica Fountain, incluso antes de la decisión de la Corte, el acceso al aborto ya era muy limitado. La propia Constitución reconocía la “santidad de la vida no nacida y los derechos de los niños no nacidos, incluido el derecho a la vida”.

 “Había tres clínicas en el estado, todas a largas distancias, con períodos de espera obligatorios –que demandaban recursos y la capacidad de ausentarse al trabajo– y asesoramiento sesgado”. Tras la revocación de Roe vs. Wade por parte de la Corte Suprema, se forzó la prohibición total sobre esta práctica. “Existe un discurso poderoso, una narrativa negativa sobre el aborto con fines electorales. El poder político, que no tiene mucho más para mostrar, lo usa como plataforma política”, comenta la activista. 

Antes de Dobbs, el Yellowhammer Fund organización ayudaba a las personas gestantes que deseaban interrumpir su embarazo. En el nuevo contexto, la organización enfrenta nuevos desafíos y se enfoca en proporcionar información confiable y acompañamiento legal a aquellos que enfrentan penalizaciones. 

Junto a organizaciones hermanas, se dedica al “apoyo confidencial y libre de estigma para las personas gestantes”, la entrega de anticoncepción, materiales precisos de educación sexual integral y pruebas de embarazo, entre otras actividades.

Fountain sabe que los cambios no serán inmediatos, pero confía en el rol de las agrupaciones y personas que, colectivamente, siguen abogando por los derechos reproductivos.

Juramento hipocrático contra la hipocresía

Desde el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), recalcan que el fallo de la Corte Suprema –de composición mayoritariamente conservadora– no fue una sorpresa para quienes hace años defienden las libertades reproductivas. Por otra parte, recalcan que los profesionales enfrentan desafíos sin precedentes. Algunos, se han visto obligados a mudarse para ejercer su profesión de forma segura. 

“Las personas jóvenes, de color, que viven en áreas rurales y con recursos financieros limitados son quienes más padecen”, añaden. En Estados Unidos –salvo escasas excepciones– la interrupción voluntaria del embarazo raramente es gratuita. 

“Desde el fallo Dobbs, creció un fenómeno existente: la creación de fondos privados y basados en donaciones para cubrir los costos asociados con abortos, especialmente para aquellas personas que no cuentan con seguro o tienen que viajar”, comenta un vocero de ACOG. Y finaliza: “El aborto es un componente esencial de la atención médica integral basada en evidencia”. 

La doctora. Gopika Krishna, proveedora de la organización “Physicians for Reproductive Health” (Médicos por la Salud Reproductiva), detalla que la derogación de Roe vs. Wade afectó la capacidad de brindar atención segura y de mantener conversaciones privadas con las pacientes, limitando su capacidad de elegir.

“Se han observado casos de personas que, por cuestiones legales, se ven obligadas a continuar embarazos que pueden poner en riesgo su salud”, especifica Krishna. En Texas, por ejemplo, al menos cinco mujeres se unieron en una demanda contra el estado después de que se les negara la atención del aborto, a pesar de complicaciones peligrosas en el embarazo, como inviabilidad fetal o infecciones severas. 

“Todo lo que estamos pidiendo es una guía sensata que permita a los médicos usar su juicio de buena fe sin temer la pérdida de su licencia y terminar en prisión”, subrayó ante la prensa una de las afectadas ellas. Una verdadera encrucijada. Los doctores que infringen las leyes prohibitivas pueden enfrentar multas de al menos US$ 100.000, hasta 99 años de prisión y la revocación de sus licencias médicas estatales.

La comunidad médica comprometida insiste en que la falta atención del aborto impacta en el cuidado de salud en su conjunto. “Los colegas que viven en estados como Texas no pueden usar su criterio médico: las decisiones las toman las leyes, independientemente de lo que sea mejor para el paciente”. 

“Los derechos reproductivos siguen siendo parte de una discusión más amplia sobre libertades y derechos fundamentales. Por eso, hay que defenderlos”, remata Krishna.

Defender lo conquistado

A comienzos del siglo XX, la sufragista ítalo-argentina Julieta Lanteri sentenció: “Arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos. Estos no se mendigan, se conquistan”. 

La experiencia estadounidense demuestra que los avances no son posibles sin lucha. Por otro lado, expone que las victorias no siempre son definitivas. Frente a la proliferación de leyes y medidas que restringen la salud sexual y reproductiva, organizaciones de la comunidad médica, funcionarios, agrupaciones feministas y LGTTBI+ recogen las banderas plantadas hace medio siglo. 

Mientras trabajan para garantizar la autonomía de las personas gestantes en las condiciones actuales, buscan cambiar el balance de poder, recuperar el terreno perdido a nivel político y legislativo. Con las lecciones (ahora, transfronterizas) del camino recorrido y esperanza en el futuro. 

Un dato importante. En su pelea renovada y con muchas batallas por delante, el feminismo angloparlante levanta los pañuelos verdes nacidos en Argentina y adoptados por Sur Global y más allá. Nuestro país cuenta con una protección legal al aborto, que tanto costó conseguir. Por eso, más que nunca, esta conquista debe ser resguardada, mantenerse como faro a nivel local y mundial, para que las banderas la verdadera libertad no dejen de flamear.

Este artículo fue posible gracias al apoyo de la Transatlantic Media Fellowship del Heinrich Böll Stiftung.

La fórmula conservadora y de derecha que ganó las últimas elecciones colocó el aborto como otro eje su batalla cultural. Javier Milei habló de llamar a un plebiscito para eventualmente derogar la ley 27.610; y aseguró que el debate fue “contaminado” por “una organización internacional que tiene más locales para asesinar chicos en el vientre materno, que McDonald’s en el mundo”. 

Pasaron tres años desde la aprobación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, uno de los progresos más significativos en materia de salud pública y derechos humanos de las últimas décadas.

El aniversario tiene tintes de una celebración alerta, que se apoya en la larga lucha que convirtió a este reclamo en una realidad. La masiva “marea verde” que se desplegó entre 2018 y 2020 tuvo como precedente casi medio siglo de activismo. Esta historia resalta la resiliencia y la firmeza de los movimientos, quienes se niegan a retroceder ante el avance conservador.

Pioneras de la resistencia

El reclamo por el derecho a una sexualidad libre, desvinculada de la reproducción, resonó en las voces anarquistas desde la primera década del siglo XX. No obstante, fue en los setenta cuando se generó el cuestionamiento a la maternidad como destino inevitable de las mujeres, y el activismo por la legalización del aborto adquirió fuerza.

La revolución de la píldora de la década anterior había cambiado la conciencia de mujeres en todo el mundo. Ellas desafiaban la opresión, las relaciones sin placer, la violencia dentro de los vínculos y la falta de conocimiento sobre su propio cuerpo. Sus demandas no se limitaban a cuestiones de género. Con el recuerdo reciente de hitos como el movimiento de derechos civiles, el Mayo francés, la Primavera de Praga y, localmente, el Cordobazo, sostuvieron reclamos políticos. 

Organizaciones como la Unión Feminista Argentina (UFA), surgida en 1970, y el Movimiento de Liberación Femenina (MLF), creado dos años más tarde, desempeñaron roles cruciales en este proceso. Estas agrupaciones no solo abogaban por la despenalización del aborto, sino que también buscaban la derogación del decreto de López Rega que restringía la difusión de anticonceptivos. Se organizaron en un Comité, recorrieron las calles, repartieron volantes, se pronunciaron. Algunas consignas de la época eran: “Madre, reina o esclava, nunca una persona” y “El embarazo no deseado es un modo de esclavitud. Basta de abortos clandestinos. Por la legalidad del aborto. Feminismo en marcha”.

Tanto la UFA como el MLF se esforzaron por politizar lo cotidiano, llevando a la esfera pública cuestiones que solían relegarse al ámbito privado. Hicieron propio el lema nacido en el Norte Global: “Lo personal es político”. Influenciadas por las feministas de la “Segunda ola”, tomaron sus desarrollos teóricos y adoptaron el modelo de grupos de “autoconciencia” donde se discutían cuestiones como patriarcado y sexismo. 

A la vez, las feministas argentinas observaron con cierta desconfianza los acontecimientos en Estados Unidos y Europa. Participaron en acciones antiimperialistas y cuestionaron la intervención extranjera en el país.

En un contexto caracterizado por una agitación social y la alternancia entre dictaduras y gobiernos democráticos, con un creciente cuestionamiento al capitalismo desde diversos sectores, las agrupaciones revolucionarias y el feminismo tuvieron confluencias y divergencias.

El Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Frente de Izquierda Popular ensayaron espacios de organización feminista con cierta autonomía relativa dentro de los partidos. El PST incluso postuló a la trabajadora Nora Ciapponi como candidata a vicepresidenta, incluyendo demandas específicas como la anticoncepción. De todas formas, las experiencias conjuntas fueran breves y no permearon a la estructura de los partidos.

Fueron tiempos difíciles. El Rodrigazo, el surgimiento de coordinadoras interfabriles y la persecución de la militancia a manos de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) marcaron una coyuntura aplastante para todo movimiento de liberación. 

El golpe de estado de 1976 –el más sangriento de la historia argentina– implicó un reflujo para cualquier clase de rebeldía. En 1980, la Policía intervino las Primeras Jornadas sobre la Condición de la Mujer, convocadas por el Centro de Estudios Sociales de la Mujer Argentina. 

Aunque emergieron organizaciones como la Unión de Mujeres Socialistas (1979) y la Organización Feminista Argentina (1981), la represión y el plan de exterminio por parte del Estado dominaron los años venideros. 

Democracia y placer

Durante la transición democrática, el feminismo resurgió. En 1982, nació la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer “25 de noviembre” (ATEM), que organizó el primer homenaje local al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Muchas feministas exiliadas regresaron al país. Es el caso de Hilda Rais, quien había sido parte de la UFA y en 1983 fundó Lugar de Mujer. También ese año nació la Multisectorial de Mujeres, que empezó a organizar la movilización por el 8 de marzo.

En 1984, por primera vez en mucho tiempo, esta fecha se celebró al aire libre. La demanda por el aborto se hizo presente. De esa jornada, surgió una imagen histórica. La feminista María Elena Oddone, militante del Movimiento de Liberación Femenina (MLF), subió las escalinatas del Congreso, con un vestido blanco y un cartel que decía: “No a la maternidad, sí al placer”.

En mayo de 1986, en el Cultural San Martín, se realizó el primer Encuentro Nacional de Mujeres. Y, al año siguiente, ATEM convocó a una mesa redonda donde se debatió acerca del derecho al aborto.

En 1988, poco después de que la patria potestad compartida y el divorcio fueran aprobados, se formó la famosa Comisión por el Derecho al Aborto. Una de las figuras feministas más trascendentes de esos hitos para la lucha fue Dora Coledesky: obrera, abogada y luchadora incansable de extracción trotskista.

En 1989, la diputada radical Florentina Gómez Miranda presentó un proyecto de ley para eliminar la ambigüedad textual del artículo 86 del Código Penal (sobre Interrupción Legal del Embarazo). Su objetivo era que el aborto estuviera permitido en todos los casos de violación. Lamentablemente, la iniciativa no prosperó.

Las feministas lo hicieron

El V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, reunido en San Bernardo en 1990, constituyó otro paso del activismo por la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, la década fue inaugurada con la presentación pública del primer anteproyecto de la Ley de Anticoncepción y Aborto, a cargo de la Comisión.

En 1994, se constituyó el colectivo interdisciplinario Mujeres autoconvocadas para decidir. Perseguían el derecho a la educación sexual, la anticoncepción y el aborto. Frente a la narrativa antiderechos que cobró fuerza en torno a la Constituyente de 1994, incursionaron en reuniones y acciones públicas. 

Durante los años menemistas, de acuerdo con un contexto internacional de avanzada neoliberal y conservadora, hubo una reacción antifeminista. Por lobby del Vaticano, según un decreto presidencial de 1998, se estableció oficialmente el Día del Niño por Nacer. 

Pasto verde y muchas semillas

El XVIII Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario de 2003, adonde asistieron feministas, militantes políticas, trabajadoras de fábricas recuperadas, estudiantes y agrupaciones piqueteras conformó un momento clave. 

Allí surgió una Asamblea por el Derecho al Aborto que, junto con el grupo Estrategias por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, convocaron a unificar la lucha en una gran Campaña Nacional. Esto se logró el 28 de mayo de 2005, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. La Campaña se mantuvo unificada y en la vanguardia del derecho a decidir. A lo largo de los años, presentó proyectos legislativos y generó concientización, adhesiones políticas, expansión.

Todo ese camino fue fundamental para que, en 2018, miles de adolescentes y jóvenes que se sumaran a la marea feminista. El lema de la Campaña (“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legar para no morir”) fue tomado como propio por miles y miles de adolescentes y jóvenes. Se paraban –muchas veces, sin saberlo– sobre hombros de gigantes. También adoptaron el pañuelo verde que trascendió fronteras y hoy en día es usado por feministas de todo el planeta.

En un hecho histórico, y luego de décadas de lucha por primera vez el proyecto era discutido en en el recinto de la Cámara de Diputados. La ley consiguió una primera sanción pero no pudo pasar el filtro del Senado. En una cruzada que atravesó bloques, oficialistas y opositores siguieron unidos con un solo objetivo: Aprobar la ley. Como nunca había pasado con otro tema en un tiempo de grieta, la discusión por el aborto se había vuelto transversal. Los feminismos volvieron a intentar sin suerte en 2019, y otra vez en 2020. El cambio de gobierno venía con viento de cola. Alberto Fernández anunció que una de sus primeras medidas sería enviar el proyecto al Congreso y además el nuevo gabinete contaba entre sus miembros a Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica, una histórica militante en favor de la IVE.

En el medio se consiguió un voto clave, el de Cristina Fernández de Kirchner, quien a lo largo de sus ocho años de gobierno se había frenado cualquier intento de legalizar el aborto, esta vez reconocía que gracias a su hija había cambiado de opinión.

En la madrugada del 29 de diciembre de 2020, tras 20 horas de debate se escuchó el estallido alrededor del Congreso.: “¡Es ley!”.

 La ley argentina la pone a la vanguardia de la región, dado que el máximo de semanas de gestación permitido en esas otras jurisdicciones es de 12 en algunos casos y de 8 en otros. Además, la IVE legal llegó a un país en el que organizaciones como la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) estimaban entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos al año. 

A tres años de la sanción de la ley, su aplicación sigue siendo despareja, el acceso es dispar en las provincias y no hay cifras sobre las mujeres que aun hoy siguen siendo encarcerladas tras haberse practicado un aborto. Pero a pesar de las falencias, la ley marca una diferencia: desde su sanción abortar en condiciones seguras es un derecho y ya no un delito conminado a la clandestinidad.

Mientras la derecha intenta volver a poner en cuestión esta victoria, cinco décadas de tradición respaldan a las mujeres y las diversidades.

Este artículo fue posible gracias al apoyo de la Transatlantic Media Fellowship del Heinrich Böll Stiftung.

–Vos tuviste un trastorno alimentario.

Sin pregunta, sin anestesia (porque todo está caro). Dieciséis años después, con el succionador de saliva en la boca, una dentista a la que había visto dos veces me sacó la ficha. Dieciséis años después, la anorexia volvió a morder. Y yo −otra vez− tenía la voz inhabilitada. 

En su Biografía del hambre, la escritora Amélie Nothomb enfatizaba la similitud fonética entre maladie (palabra francesa para “enfermedad”) y la construcción mal à dire (traducible como “dificultad para decir”). 

El desgaste dentario fue la secuela menos esperada y más tardíamente anunciada de mi maladie: una de las pocas huellas físicas −entre las muchísimas posibles− de haber pesado 38 kilos, con un metro setenta de altura. 

Pocas veces me detengo a reflexionar sobre esta, mi versión más frágil. Pero, en el transcurso de una semana, la conclusión de un artículo sobre el tema que me llevó meses, una visita a la odontóloga y el hallazgo de un poema de mi adolescencia desencadenaron esta introspección obligada.

 En lo personal, me resulta difícil enunciarme como “exanoréxica”, incluso como una “anoréxica recuperada”, porque entiendo que la condición no contiene mi identidad, nunca lo hizo. Pese a que los trastornos de la conducta alimentaria comparten una serie de síntomas, fundamentales para prevenirlos, detectarlos, diagnosticarlos y tratarlos, tienen múltiples causas y los tratamientos deben ser individualizados. Para decirlo de otra forma: las formas de vivirlos tienen sustratos comunes, pero se resisten a la universalización tajante.

A la vez, entiendo que soy lo que soy también por lo que fui. Y siento la responsabilidad de abrazar mi historia, como ser político que se inscribe en un entramado cultural de mandatos misóginos y asesinos, donde el acceso a la salud mental y a la educación sobre la diversidad corporal encuentran muchos obstáculos. 

Dentro del discurso patologizante, que asocia siempre anorexia a cronicidad, quienes la sufren o sufrieron serán siempre “pacientes”. Hay personas −no todas− que deben luchar contra los fantasmas de la enfermedad durante toda su vida (recayendo o no, desarrollando algún otro trastorno o no): el problema, en todos los casos, es asignarnos el carácter de sujetos reducidos, en vez de agentes activos de nuestras trayectorias individuales y, potencialmente, de transformaciones sociales (¿no conocen, acaso, el poder de nuestra rabia?). Creo que ahí radica el valor de los testimonios. “¿De qué sirve la rosa, sin el canto?”. Cuento mi pasado por el presente. 

La anorexia no es una metáfora. Puede llegar a grados tan peligrosos como el que conocí, donde el organismo comienza a funcionar en modo ahorro

“Ya que no había más alimento, decidí comerme todas las palabras: leí el diccionario entero”, recordaba Nothomb en el relato en primera persona de su anorexia. Existen muchos de este tipo (a veces elucubro que constituyen un género literario en sí mismo, en formato de crónicas, cuentos, novelas o memorias). El suyo uno de los pocos con los que empaticé, aunque no sufrí emigración ni abusos. 

“La voz interior, subalimentada, se había callado”, resumía la autora. En mi vivencia, puedo decir que lo callado, lo silenciado estuvo en el origen, tanto como el ideal aprendido del cuerpo delgado cueste-lo-que-cueste. Y, como ella, encontraba un refugio −no siempre seguro− en los libros y la escritura. 

2007, 17 años, 5° año de la secundaria. Había descubierto los cuentos de Silvina Ocampo. Entre estos, “Malva”, al que leía obsesivamente y con temor. La protagonista se devoraba a sí misma; primero, el dedo meñique, luego la rodilla, después el hombro, hasta no dejar rastro de su ser. Ocampo hablaba de una creciente impaciencia que “creció y la desfiguró”. 

“Dicen que Malva no sabía contenerse. Nada más falso. ¿No fue acaso por obra de su voluntad que contuvo la sangre de la herida que naturalmente hubiera corrido a borbotones revelando su oprobio?”, (me) preguntaba la narradora. Yo nunca tuve la intención, ni la sensación de dominio sobre la enfermedad: sentía que una fuerza me había tomado desde dentro, quizás para matarme.

Que no se malinterprete: la anorexia no es una metáfora. Puede llegar a grados tan peligrosos como el que conocí, donde el organismo comienza a funcionar en modo ahorro, a consumirse a sí mismo, a descomponerse por partes, primero lentamente y luego de forma acelerada. 

Aún me cuesta verbalizar que casi me muero. Que mis padres tuvieron que escuchar que no saldría del quirófano al que entré por una peritonitis aguda, con la piel −por momentos blanca, por momentos violácea− pegada a los huesos.

 Versión contemporánea del Evangelio según Juan: “En el principio, era el Cuerpo” (que no fue hecho carne, porque se lo prohibieron). Reversión del pecado original: Eva mordió la manzana grande y superó el límite de calorías marcado por la dieta de Cormillot.

Recuerdo la primera visita al consultorio de la médica que me acompañó durante la recuperación. Debido a la dismorfia corporal exacerbada, no podía reconocer la imagen exangüe que devolvía el espejo. Sí me percibía enferma y en riesgo: ese fue mi punto de partida para el tratamiento, que involucró mucho más que una guía nutricional. Todavía no logro describir acabadamente qué me llevó a la anorexia. Puedo señalar elementos ligados a mi personalidad, a mis inseguridades, a distintos eventos disparadores. 

Lo que tengo clarísimo es la presión estética que me bombardeó desde pequeña, aquella que me llevaba a fantasear con ir a Slim en tercer grado y comprar Reduce Fat Fast. La cultura de la dieta no desencadena por sí sola un desorden alimentario. Pero lo alimenta, lo estimula, lucra con su desarrollo.

Volver al terreno de la salud integral −corporal, psicológica, social− fue difícil. Durante meses, pasé más tiempo en consultorios que en clases de Matemática o Lengua. No me quejo: no todas pueden acceder a la atención adecuada y es fundamental pelear para que eso cambie.

Por otro lado, no todo fue sufrimiento. Mientras corría el pesado manto de la anorexia, revisando traumas, prejuicios y conductas, reconecté con las actividades y personas que me hacían feliz. Sin su contención, no hubiera encontrado salida. 

Debido a la dismorfia corporal exacerbada, no podía reconocer la imagen exangüe que devolvía el espejo

El mismo año en que llegué a pesar 38 kilos, me esperarían alegrías, descubrimientos, salidas, anécdotas irrepetibles, las cuales revalorizo cuando intento diseccionar ese período tan difícil. A la vez, me enojo, porque nadie debería pasar por algo así para reafirmarse o conocerse. Ni siquiera hay que llegar a los límites: cualquier mujer sabe que, en esta sociedad, “amor propio” −y no me refiero a sus variantes despolitizadas, banales o egoístas− cuesta. 

Lo que tengo clarísimo es la presión estética que me bombardeó desde pequeña, aquella que me llevaba a fantasear con ir a Slim en tercer grado y comprar Reduce Fat Fast

En 2017, la estudiante y bloguera Camille Rainville publicó “Be a lady, they said”, una suerte de manifiesto, posteriormente viralizado en un video protagonizado por Cynthia Nixon (Miranda en Sex and the city). Los estereotipos físicos −el peso del peso−, contradictorios y asfixiantes, aparecen en el centro de lo que se espera de una mujer. Dejo un fragmento: “Sé una dama, decían. No estés demasiado gorda. No seas demasiado delgada. No seas demasiado grande. No seas demasiado pequeña. Alimentate. Adelgazá. Dejá de comer tanto. No comas demasiado rápido. Pedí una ensalada. No ingieras carbohidratos. Salteá el postre. Necesitás perder peso. Ponete ese vestido. Ponete a dieta. Cuidá lo que comes. Comé apio. Chicle. Bebé mucha agua. Tenés que entrar en esos jeans. Dios, parecés un esqueleto. ¿Por qué no comés y ya? Te ves demacrada. Parecés enferma. Comé una hamburguesa. A los hombres les gustan las mujeres con algo de carne en los huesos. Sé pequeña. Sé ligera. Sé femenina. Sé una talla cero. Sé un doble cero. Sé nada. Sé menos que nada”. ¡BASTA!

Letras en el campo de batalla. Escribí, cuando cumplí 17, puertas adentro de la enfermedad:

me desgarro la piel

me muerdo la carne

insípida

incolora

pero con olor

a sangre podrida

a guerras perdidas

Me costó romper la asociación entre afección y escritura; entender el proceso de inspiración, como parte de una sanación compleja, antes que como un velo entre el mundo y mis ojos. Aquel pesimismo adolescente se convirtió, con los años, en ganas furiosas por dar vuelta las cosas, por informarme, por concientizar. Porque sobreviví, puedo narrar los días de relación resquebrajada con los alimentos −como espejo de tantas astillas emocionales−, con más fuerza que dolor. No estoy sola.

Hay un poema de Mario Benedetti, “Maravilla”, al que apelo como una suerte de mantra: “Recuperá tu cuerpo, hacelo mío, que yo lo aceptaré de mil amores”. Lo conocí durante esa época de delgadez y tristeza extremas.

Todavía lo puedo citar de memoria. Son pocas líneas, exactamente 40 segundos. Con un hambre siempre voraz de deseo y de vida, me las apropio y reformulo levemente el final. “Aprendamos la vida, boca a boca”, exhorta Benedetti; “bocado a bocado”, agrego. 

Espero, necesito, que la mengana de esos versos, yo, todas nosotras sigamos el consejo y usemos, de una vez, la maravilla.

Este artículo es parte de la producción realizada en el marco de la beca de periodismo sobre salud mental, ofrecida por el Rosalynn Carter Center y la Universidad de La Sabana.

Argentina es el segundo país con más presencia de trastornos de la conducta alimentaria –con prevalencia de la anorexia nerviosa– después de Japón. O, por lo menos, así lo indica el citado estudio de Mervat Nasser, especialista en psiquiatría e investigación del Instituto de Psiquiatría del King’s College. 

Se abren dos preguntas: ¿la afirmación responde a realidad? Y ¿existen políticas públicas para abordar este innegable flagelo, que recae principalmente sobre las adolescentes?

Olga Ricciardi es psicóloga y psicoanalista, directora del Centro Especializado en Desórdenes Alimentarios (CEDA). Tras tres décadas de trabajo junto a pacientes, ve que la posmodernidad empuja a modelos estéticos basados en la delgadez (el mortífero ideal del “cuerpo Barbie”). Aunque, para ella, el germen de la enfermedad no se encuentra únicamente en la cultura. 

En cambio, alude a causas psíquicas, cuya sintomatología se presenta en el plano alimentario y nutricional. Refiere, así, a una “patología del acto”: del atracón y el vómito inducido en la bulimia; de la abstinencia de comida en la anorexia. 

“Mi hambre debe entenderse en su sentido más amplio. (...) ¿Pero existe realmente eso de tener solo hambre de alimentos? ¿Existe un hambre de estómago que no sea el indicio de un hambre generalizada? (...) Allí donde no hay nada, imploro que exista algo”, escribía Amélie Nothomb en su Biografía del hambre.

“Donde hay acto no hay palabra y donde hay palabra no hay acto”, afirma Ricciardi. Está convencida de que hace falta vehiculizar el habla para que se puedan desentrañar las causas. “En la bulimia se tragan las palabras en forma de comida y se vomita la comida para no pronunciar palabras; y, en la anorexia, se cierra la boca para no comer, pero también para no hablar. Cuando lo emocional-traumático puede ponerse en palabras o en una expresión artística, ahí comienza el camino de la cura”, reanuda. 

En el artículo “Argentina: el cuerpo social en riesgo” (del libro Trastornos alimentarios y culturas en transición), Oscar Meehan y Melanie Katzman conjeturaron que la última dictadura –con torturas sobre el cuerpo de determinadas mujeres, para imponer un sistema de valores sobre el conjunto– dejó secuelas en las formas de ser y actuar en la vida contemporánea. Alertan, de todos modos, que es difícil establecer causalidades directas.

De forma similar, la licenciada maneja una hipótesis tentativa, que tampoco no ha podido validar por la falta de investigaciones sobre el tema. “En nuestro país hay una historia de estar obligados a cerrar la boca, a no meterse, a callarse. Hubo eslóganes, como ’el silencio es salud”, elabora.

Meehan y Katzman planteaban que atribuir las presiones de la moda importada y el marketing como causa de los trastornos alimentarios sería demasiado simplista. En cambio, sugerían revisar la historia del país. En plena crisis del 2001, indagaban si, por la “frustración psicológica y económica”, “la posibilidad de controlar el tamaño y la apariencia del cuerpo no solo tiene un sentido psíquico de dominio, sino un posible beneficio económico ya que la cultura actual recluta y refuerza características físicas irreales”. 

Esta década tiene sus particularidades. La fundadora de CEDA advierte que hacen falta más estudios y líneas de investigación con una metodología unificada, para constatar los efectos del encierro y la crisis actual sobre el desarrollo de trastornos alimentarios. Tiende a pensar que la pandemia expuso la vulnerabilidad y fragilidad de la vida humana, lo cual implicó un cimbronazo psíquico muy fuerte, que pudo haber impactado en el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. 

La composición de pacientes que atendió a lo largo de su carrera fue mutando. Cuando empezó, atendía casi exclusivamente con adolescentes mujeres; luego aumentó la cantidad de varones; posteriormente, las mujeres en etapa de menopausia; y, cada vez más, se ensancha más el rango etario. Tiene una paciente de dos años y adultos mayores. 

No solo en ámbitos urbanos: ha atendido a jóvenes de Curuzú Cuatiá (Corrientes) y dio charlas en localidades agrarias, “en medio de campo, vacas y sembrados”. Le sigue sorprendiendo la cantidad de personas que acuden a buscar información.

Los efectos del deterioro a nivel orgánico de las patologías alimentarias tienen un espectro muy amplio: daños cardiovasculares, diabetes, úlceras esofágicas, hipopotasemia. Por eso, cuando se produce un deceso, lo que se informa en la partida de defunción suele ser “paro cardíaco no traumático” u otras cuestiones ligadas a las consecuencias (neumonía, accidentes cerebrovasculares), lo cual refuerza la falta de estadísticas gubernamentales.

El diagnóstico correcto y a tiempo son fundamentales. “Se llega a los desórdenes alimentarios por causas tan únicas e irrepetibles como lo son el sujeto y su propia historia”, amplía Ricciardi. En su centro brindan tratamientos individuales e interdisciplinarios. Además de acompañamiento nutricional y psicológico, disponen de un espacio de arte-terapia (con pintura, música, escritura), para que los pacientes logren plasmar manifestaciones inconscientes para comprender las causas de su patología. 

“Salvo en casos extremos, apostamos a tratamientos ambulatorios. Muchos hospitales de día sumergen al sujeto en la enfermedad. Para CEDA, si el paciente está en condiciones clínicas, es importante que la enfermedad tenga el mínimo lugar posible, siempre y cuando siga con el encuadre del tratamiento. Buscamos que las personas estén en la escuela, con su familia, con amigos, con lo social, con sus proyectos”, asevera la especialista. 

¿Qué ocurre con las personas de bajos recursos? “Lamentablemente, no pueden acceder a este tipo de tratamientos. Deberían poder hacerse a nivel estatal. Sería fantástico y yo sería una entusiasta para colaborar. Hay muy buenas intenciones y trabajadores de salud, como los colegas del Centro de Salud Mental N°3 Dr. A. Ameghino, para nombrar un ejemplo, pero muchas veces no dan abasto. No hay una campaña de prevención como corresponde. Ni en los Municipios, ni desde el Ministerio de Salud. Las escuelas lo piden como actividad privada”, contesta la profesional.

Mucho más que un número

Emilio Compte es –entre muchos títulos– doctor en Psicología Clínica y magíster en Diseños de Investigación en Psicología y Salud. Se desempeña como miembro editorial de revistas científicas, como el International Journal of Eating Disorders y fue copresidente del Comité Científico de la International Conference on Eating Disorders de la Academy for Eating Disorders. 

Compte plantea serias dudas respecto la evaluación de Mervat Nasser, que sitúa a Argentina como el segundo país con más presencia de trastornos de la conducta alimentaria. “Para poder efectuar comparaciones, debería haber muchos equipos de investigación en distintos países, realizando estudios con la misma población y metodología”, clarifica. 

“Comparar una población latina –occidentalizada y donde hay mucha inseguridad alimentaria– con una asiática es muy arriesgado”, agrega. Las cuestiones históricas, culturales, sociales y de acceso a la comida, tanto como la validez metodológica, son fundamentales a la hora de abordar la problemática.

De acuerdo con el profesional, en ocasiones, al recibir muchos pacientes, los especialistas tienden a sobredimensionar la enfermedad. “No es correcto generalizar la experiencia clínica con lo que ocurre en la sociedad”. En distintos estudios epidemiológicos, la anorexia se mantiene en cerca del 1% de la población mundial. 

El doctor esclarece que el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría ahora utiliza la categoría “Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos”. La anorexia nerviosa representa casos infrecuentes, pero muy graves. Como las dietas restrictivas son difíciles de sostener, muchas personas experimentan una “migración diagnóstica” hacia otro tipo de trastornos, como la bulimia. “Por eso, hay que identificar siempre de qué tipo de pacientes estamos hablando”, arguye Compte.

La anorexia nerviosa puede implicar consecuencias clínicas muy riesgosas. “Si uno no se alimenta, el cuerpo se alimenta de nosotros: de la grasa, los músculos, los huesos, la masa encefálica. El cuerpo comienza a funcionar en ‘modo ahorro’”. Existen muchos problemas asociados al bajo peso y la desnutrición. Psicológica y socialmente, el esquema de valoración de la persona comienza a limitarse a la imagen corporal: el peso, la figura y la capacidad de controlarlo se transforman en pensamientos intrusivos.

Compte ha escrito respecto a un tema muy pertinente para la Argentina actual: los problemas ligados a la inseguridad alimentaria. En Chile, por ejemplo, el 74,6% de la población adulta tiene obesidad atribuible a la mala calidad de las comidas. De la misma forma, existe un tipo de restricción alimentaria –que no es anorexia nerviosa ni trastorno de evitación/restricción de alimentos (TERIA)–, que parte de la falta de acceso a alimentos. 

 También ha investigado la incidencia de los TCA en minorías y disidencias sexuales o de género. Habla del “estrés de minorías”, que engloba los estresores ambientales o distales (discriminación y estigma), así como estresores proximales (internos) que afecta a las minorías y disidencias, exponiéndolas a distintas problemáticas psiquiátricas. Entre estos, trastornos alimentarios, de ansiedad y depresivos.

La importancia de la salud pública

Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, ejerce en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial J. T. Borda, donde funciona un Servicio de Salud Mental en Desórdenes del Comportamiento Alimentario, referente en la región, público y gratuito. Allí reciben cerca de doce admisiones semanales: ocho son mujeres. 

Actualmente, hay 25 pacientes con anorexia que acuden al hospital de día –disponible durante el día y parte de la tarde, para quienes requieren un seguimiento mayor o presentan riesgos graves de salud– y 90 realizan consulta ambulatoria. En cuanto al perfil socioeconómico, Corral nota que “es una cuestión transversal, porque todas las personas están atravesadas por la cultura”. 

“La anorexia conlleva una perturbación de la conciencia corporal y de la realidad. Se cree que hay un componente biológico, pero también cultural”, define. El tratamiento ofrecido en el Borda consta de psicoterapia basada en la transferencia psicoanalítica: es decir, un “modelo psicoterapéutico cognitivo conductual, basado en evidencia”. En el equipo hay nutricionistas y otros especialistas, para lograr una atención integral y personalizada. Hay pacientes que presentan comorbilidades: principalmente trastornos de ansiedad y depresión. Algunos requieren medicación, no todos. Se analiza caso por caso, y el abordaje varía, según la evolución de la recuperación.

“Se busca restablecer proyectos vitales, propósitos, para que los pacientes puedan elegir su futuro, reconocer su vocación”, acentúa el doctor. Y concluye: “¿Es una enfermedad que se cura? Totalmente”.

Consumismo/Consumidas

Candela Yatche es la fundadora de Bellamente, un proyecto que nació como un espacio seguro para miles de personas en las redes sociales y se convirtió en Fundación. El objetivo fue siempre el mismo: promover la autoaceptación y el amor propio. Psicóloga y comunicadora, fue pasante en el sector de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Borda y cursó el programa de Desórdenes Alimenticios en la Fundación La Casita. 

Además, junto a otros expertos, armó un manual de prevención, alerta y acompañamiento de los TCA, con apoyo del Ministerio de Salud de la Nación. Compara a su comunidad con un “abrazo colectivo virtual”, donde se intenta desenredar inseguridades, actitudes negativas y las diversas presiones sobre los cuerpos.

“Ahora se habla más de trastornos de la conducta alimentaria, de falta de representación de la diversidad en los medios, y eso es muy positivo. Pero eso no quiere decir que esté resuelto el tema. Hay mucha resistencia, bullying en el colegio por la apariencia física, en el ámbito laboral, en los vínculos familiares”, finaliza. 

Jesica Lavia, licenciada en Nutrición y autora, aboga por una educación nutricional integral desde la infancia. En su último libro, Sobrevivir a un mundo gordofóbico sin caer en trastornos alimentarios, realizó una serie de preguntas a más de 9.500 personas. El 78,5% respondió que alguna vez sufrió burlas por su aspecto físico. El 47,4%, a la vez, admitió haberlo hecho con alguien más.

“El punto es dónde está puesta la mirada: en el cuerpo y los estereotipos. Como si hubiera cuerpos válidos y cuerpos inválidos”, explica la nutricionista“. Y enfatiza: ”Hace falta un cambio colectivo que lleve a la idea de que el cuerpo sano es salud y enseñar la importancia de la diversidad“.

Contra el dictamen de los estándares, propone comer desde el placer, desde el deseo, desde la elección. Quizás los números reflejados en su libro, antes que estadísticas, sean voces clamando por una transformación.

Redes sociales y de contención

Mara Fernández es Psicóloga especialista en TCA y fue declarada de interés para la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y diversidades por la legislatura porteña. A través de su Instagram @hablar_sana, habla a sus 30 mil seguidores contra la “cultura dietante y gordofóbica”, promoviendo la salud mental.

“No quiero ser pesimista, pero lamentablemente todavía nos falta mucho como sociedad en relación con las opiniones sobre el cuerpo ajeno. Se promulgó la Ley nacional de talles, pero aún no se implementa. Continuamos escuchando comentarios de contenido gordoodiante o de rechazo hacia las personas con sobrepeso, en donde el parecer es más valioso que el ser”, dice.

Le preocupan particularmente las y los adolescentes que, “en su búsqueda de identidad, y con la necesidad de sentirse aceptados y queridos, quieren cumplir con determinados parámetros implementando estrategias poco saludables”. Cita un estudio de 2020 de la Sociedad Argentina de Pediatría, el cual encontró que el 30% de las mujeres de entre 10 y 24 años había manifestado sentirse insatisfecha con su imagen y haber desarrollado algún tipo de TCA“. 

El cerebro y la comida

Juana Poulisis es psiquiatra, especialista en trastornos alimentarios, magíster en Psicofarmacología, fellow de la Academy of Eating Disorders y presidenta del capítulo hispanolatinoamericano de la International Association of Eating Disorders.

“Los trastornos alimentarios reflejan una discrepancia entre las necesidades fisiológicas de comer y las ganas o impulso de hacerlo. Entender la recompensa y la inhibición en los trastornos de la conducta alimentaria ayuda a dirigir el tratamiento, psicoeducar a los pacientes y a las familias”, apunta. Experta en neurobiología, estudia las áreas del cerebro que se ven afectadas en personas con anorexia. 

Poulisis explica que, en casos de anorexia, la anatomía cerebral arroja desbalances, tales como el hiperfuncionamiento de la amígdala (área donde se genera el miedo) y el hipofuncionamiento del sistema de recompensa (núcleo accumbens), encargado de brindar placer al organismo. 

También se presentan alteraciones en la corteza prefrontal dorsolateral (relacionada con los pensamientos, la anticipación, la planeación y las funciones ejecutivas), el lóbulo parietal (que regula la sensación sobre la imagen corporal) y las señales de la ínsula (que recibe todas las sensaciones del cuerpo, entre ellas el hambre, y transmite la información a otras áreas del cerebro para su posterior interpretación y acción). Al estar involucrados tanto el circuito límbico como el circuito cognitivo, el apetito, las emociones y el pensamiento se ven distorsionados.

¿Estas variaciones en la anatomía cerebral son preexistentes al trastorno alimentario? “Es la pregunta del huevo o gallina. Todos los resonadores magnéticos funcionales se hacen durante o posanorexia”, contesta Poulisis. 

Ella es la única médica en Latinoamérica certificada en terapia basada en rasgos (temperament based therapy with support o TBT-S): un enfoque emergente de tratamiento neurobiológico, que combina la psicoeducación y actividades experienciales, para aumentar la comprensión y reconocer patrones de temperamento en pacientes con anorexia nerviosa. “Hay que enseñarle gradualmente al cerebro que nada malo pasa si se expone al miedo que representa la comida”, se explaya.

Aquí toca un tema fundamental: aun cuando se llega a un peso saludable, el cerebro –acostumbrado a la restricción– tardaría “mínimamente un año” en adaptarse a los cambios. Por eso, ese período es fundamental (el paciente y su entorno deben estar atentos a las red flags en torno a la relación con la comida) y el acompañamiento terapéutico debe seguir. La doctora cree firmemente que la recuperación total de trastornos como la anorexia es posible, pero no inmediata. 

Al igual que Compte, la doctora mira con mucha cautela los estudios que colocan a Argentina como el segundo país del mundo en cuanto a casos de anorexia nerviosa. “Sí se puede decir que la anorexia tiene una alta prevalencia en Argentina”, especifica. 

Observa que las mujeres argentinas tienden a comer menos –por ejemplo– que en Chile y esto no incumbe únicamente a las pacientes. Esta tendencia hacia el ideal de delgadez permea incluso en la medicina. “En Estados Unidos, México, Australia y Canadá, las pacientes de anorexia nerviosa tienen el alta cuando recuperan un IMC (índice de masa corporal) de entre 19 y 20; aquí, cuando llegan a un IMC de 18. Es un número muy justo, ya que el cerebro no genera flexibilidad y tiene más margen de recaída”, precisa.

La especialista cuenta que los estudios genéticos y las investigaciones de microbiota intestinal han aumentado el conocimiento de la fisiopatología de los trastornos alimenticios, incluida la anorexia. Así, se ha constatado una importante incidencia de factores hereditarios y la superposición con otros trastornos psiquiátricos, como los trastornos por ansiedad o el trastorno obsesivo compulsivo. 

A pesar de que existe una heredabilidad, recalca que no todas las personas desarrollan las enfermedades. Para que los genes se “enciendan” debe haber, entre distintos elementos, el inicio de una dieta restrictiva o un descenso de peso por causas externas (como la diabetes o la mononucleosis). Las redes sociales, el entorno y los estereotipos corporales son otros factores que contribuyen como desencadenantes.

En síntesis, la genética y la biología son más pesadas que el entorno en los desarrollos de trastornos de la conducta alimentaria, aunque este último tiene un rol importante y es justamente allí, en el colegio, el hogar, las redes, donde se puede intervenir. Como en su charla TED (“Cuando lo saludable no te deja vivir”), invita a las personas a convertirse en “agentes de prevención, modelos positivos, flexibles”. 

La anorexia atípica: ¿cuestión de peso? 

La Dra. Melissa Freizinger, con dos décadas de experiencia en Psicología clínica y especialización en trastornos alimentarios, ofrece una visión profunda de la anorexia nerviosa atípica (AAN) desde su rol como directora asociada del Programa de Trastornos de la Conducta Alimentaria en el Hospital de Niños de Boston.

Este diagnóstico describe a personas que cumplen con los criterios de anorexia nerviosa (tienen los mismos comportamientos y pensamientos) y pueden haber perdido una cantidad significativa de peso, pero se mantienen dentro del rango “normal” o “sobrepeso”, según lo definido por el índice de masa corporal (IMC). Debido a que muchos médicos asocian conductas restrictivas únicamente a personas delgadas o con apariencia demacrada, las y los pacientes no suelen recibir el tratamiento adecuado. 

“Un estudio de 256 pacientes con trastornos alimentarios comparó a 118 con anorexia nerviosa y 42 con anorexia atípica y no encontró diferencias en las tasas de bradicardia, cambios ortostáticos, hipotermia, ni ingresos hospitalarios”, destaca la doctora.

En términos de síntomas psiquiátricos, resalta, las personas con anorexia nerviosa atípica tienen “pensamientos y comportamientos alimentarios comparables a pacientes con anorexia nerviosa y pueden experimentar síntomas psiquiátricos (trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, autolesiones e ideación suicida), así como pensamientos en torno a la comida y la imagen corporal igualmente graves”.

Para los profesionales de la salud mental y médica, esto significa que todos los individuos –especialmente adolescentes– que hayan perdido peso deben ser evaluados para trastornos alimentarios y enfermedades psicológicas, independientemente del peso corporal, el tamaño o la falta de historia psiquiátrica previa.

La especialista insiste en la importancia de una formación mejorada de los profesionales de la salud y una educación que elimine el “sesgo hacia el peso”, lo cual “conducirá a intervenciones más tempranas y efectivas, mejorando significativamente los resultados del tratamiento”.

Este artículo es parte de la producción realizada en el marco de la beca de periodismo sobre salud mental, ofrecida por el Rosalynn Carter Center y la Universidad de La Sabana.

JB/MG