Con la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom, controlada por los accionistas del Grupo Clarín, emerge un gigante sin precedentes en el sector infocomunicacional. Si bien hace meses había fuego cruzado entre el entorno de Javier Milei y el conglomerado de Héctor Magnetto, el hecho consumado sacudió a la Casa Rosada, que reaccionó en caliente con un comunicado que denuncia que la operación podría dejar “el 70% de los servicios de telecomunicaciones en un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio”, que el Gobierno alega que quiere evitar. En este caso parece que el mercado no se regula solo.

Desde Madrid, Telefónica dio por cerrada la operación en US$1.245 millones: “La firma y cierre de la transacción ha tenido lugar simultáneamente en el día de hoy”, sentenció. La sucursal argentina integra Telefónica Hispanoamérica, división que la casa matriz intenta vender desde hace años para afrontar el pasivo del grupo y focalizar sus inversiones en activos más redituables.

Sería ilógico que Telecom haya avanzado con el pago por Telefónica sin garantías de validación oficial. Pero, en una nueva jornada de frenética actividad en X, el presidente Milei amplificó críticas a esta concentración y anunció una evaluación rigurosa por parte de dos oficinas estatales que deben intervenir: el ente de las comunicaciones ENaCom y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Para Clarín y Telefónica el asunto está concluido; para Milei, no.

Lo irónico es que Milei decretó una mayor relajación de las normas que autorizaban a controlar la distorsión del sector de las telecomunicaciones cuando se detecta que la concentración excesiva produce “poder significativo de mercado”. De todas formas, aún recortadas en sus objetivos, tanto la Ley 27.078 de Telecomunicaciones y TIC -sancionada en 2014 por el Congreso-, como la de Defensa de la Competencia, habilitan la injerencia de organismos estatales hoy dirigidos por delegados del Presidente.

La venta de Telefónica involucra los mercados de comunicaciones móviles, conectividad a Internet, telefonía fija y tv de pago. En total, esos sectores facturaron más de US$8.100 millones en 2023. Sumadas, Telecom y Telefónica controlan más del 55% de esos ingresos. Su principal competidor es Claro (América Móvil), que opera fundamentalmente en el segmento móvil, del que es líder en usuarios y en ventas. Sus servicios fijos de conectividad y tv paga, aunque en franca expansión, por ahora no le hacen sombra a la concentración de fuerzas de Telecom y Telefónica.

Tomando en cuenta el ejercicio de 2023 (los balances 2024 aún no están disponibles), la participación conjunta de Telecom y Telefónica oscila entre el 40% y el 80% de los mercados de telecomunicaciones y TIC en el país. Los datos reunidos por el equipo argentino del Global Media and Internet Research Project muestran que, a nivel nacional, Telecom y Telefónica superan el 60% de lo que recaudan las comunicaciones móviles, el 45,3% de la conectividad fija a Internet, el 79% del servicio básico de telefonía y el 41% de la tv de pago (donde Telefónica, a través de Movistar, cuenta con una participación de sólo el 4%). Por supuesto, hay provincias donde la incidencia de ambas compañías es mayor y hay casos donde puede hablarse, sin eufemismos, de monopolio.

A su vez, la adquisición de Telefónica de Argentina comprende recursos estratégicos, como las bandas de espectro asignadas para servicios móviles, una extensa red de infraestructura física, personal y hasta posesiones inmobiliarias. Fuentes cercanas a Claro, de Carlos Slim, insistían en que la capacidad operativa de su empresa quedará dañada, al tener atribución sobre una porción menor del espectro asignado a móviles, mientras que la suma de Telecom y Telefónica excede con creces los límites establecidos por la regulación vigente. Slim también estaba interesado en comprar Telefónica de Argentina y fue uno de los financiadores de la campaña electoral de Milei.

Los accionistas del Grupo Clarín acreditan una dilatada experiencia en materia de concentraciones, ya que han protagonizado los tres principales movimientos de consolidación del mercado infocomunicacional en este siglo con gobiernos de distinto signo. En 2007 lograron que el expresidente Néstor Kirchner autorice la fusión entre Multicanal y Cablevisión, del fondo Fintech propiedad de David Martínez, desde entonces socio minoritario de Magnetto. Eran tiempos de romance entre el kirchnerismo y el grupo, antes de la asunción de Cristina Fernández, en cuyos gobiernos se desataría un enfrentamiento todavía activo. Diez años más tarde de aquella fusión, Mauricio Macri facilitó la unión de Cablevisión con Telecom (cuyo control ejercía, curiosamente, Martínez), nuevamente en beneficio del Grupo Clarín.

Cada una de esas concentraciones fue, en su momento, la mayor de la historia argentina del sector. Hoy, con la obtención de Telefónica, revalidan su título de “campeones nacionales” capaces de aventajar en el modesto mercado local a potentes competidores de despliegue hemisférico, como lo fue en su momento Telefónica y como lo es América Móvil. Por supuesto, la expansión de Clarín no hubiese sido posible sin haber conquistado, previamente, el predominio de los medios de comunicación.

La concentración de poder de Clarín molesta a Milei. Aunque defiende a los monopolios privados en sus viajes internacionales a foros de la ultraderecha (“el monopolio es malo cuando es un monopolio impuesto por el Estado, no cuando hay un solo oferente. Cuando hay un solo oferente, de hecho, lo dice el propio Mises: enójense con el resto de los empresarios que no están ofreciendo el producto, no con el único que está ofreciéndolo”, dijo en julio pasado en la República Checa), desde hace meses que muestra fastidio con Clarín.

En octubre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció que una auditoría del ENaCom (intervenido por Milei) detectó serias fallas en el cobro de aportes al Fondo de Servicio Universal (FSU) por parte de Telecom y Telefónica, mientras que anunciaba una licitación 5G con la idea de “desconcentrar” el mercado, donde sugirió que las principales operadoras tenían conductas anticompetitivas. También dijo que iban a eliminar la exención del IVA a empresas periodísticas. En simultáneo, Milei aprovechaba una de las amenas charlas con animadores del propio Grupo Clarín en TN para descargar su cólera contra Marcelo Bonelli, quien es la voz editorial en temas económicos de Magnetto.

Política y negocios vuelven a cruzarse en una nueva jugada osada del Grupo Clarín, que provoca a un presidente que parece excitado ante el desafío de bloquearla. Los titanes están en el ring.

La alteración de la esencia de la Ley de Acceso a la Información Pública a través de un decreto reglamentario es otra demostración de poder del presidente Javier Milei, que logra subordinar a su discrecionalidad la obligación de responder pedidos de acceso por parte de la ciudadanía. Desde ahora, serán él y su elenco quienes definan lo que, a su juicio, merece ser conocido o permanecer secreto.

La ley, sancionada por el Congreso en 2016, es parte de la regulación que defiende el derecho a la libertad de expresión. Pero el Decreto 780/2024, publicado este lunes 2 en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente y su jefe de gabinete, Guillermo Francos, modifica sustantivamente sus definiciones y disposiciones.

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) N° 27275 plantea que “toda la información en poder del Estado se presume pública”, reivindica la “transparencia y máxima divulgación” y el “alcance limitado de las excepciones”. La norma amplió considerablemente lo que el Poder Ejecutivo había dispuesto en 2003 con el Decreto 1172/2003.

De modo explícito, la LAIP abarca “todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado” por la administración pública nacional, los tres poderes del Estado, empresas y sociedades con participación estatal, concesionarios de servicios públicos, empresas, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada beneficiaria de fondos públicos, el BCRA y concesionarios de juegos de azar, entre otros “sujetos obligados” a facilitar información.

En las antípodas, el decreto firmado por Milei recorta severamente los alcances de la ley al crear la imprecisa figura de “datos de naturaleza privada” que son, a partir de ahora, exceptuados del acceso a la información pública. La redacción del decreto permite al Gobierno definir los contornos de la información a proporcionar, obturando así el objetivo principal de la ley y sepultando la transparencia pretendida con la norma legal.

Textual, la reglamentación decretada dispone que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido ajenos a la gestión de los sujetos obligados” establecidos por ley. Así, el objetivo de que “todo registro” generado por los “sujetos obligados” sea accesible (según la LAIP) es obturado por el decreto de Milei.

No se trata únicamente de saber quiénes son los contertulios del Presidente en la Quinta de Olivos, o a cuánto asciende el gasto público que distrae en sus viajes privados, sino también que “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”, vedando de esta manera el acceso ciudadano al proceso de toma de decisiones de los funcionarios públicos (en otros países se los llama “servidores públicos”).

Como advierte el Observatorio de Derecho Informático Argentino, esta novedad clausura la posibilidad de evaluar “gran parte de la información que hace a las compras públicas”. En el caso de compra de software, no hacer accesibles documentos como las actas de entendimiento o de aceptación, es despojar a estos gastos de un control público mínimo“.

Otro estorbo para el acceso a la información pública creado por este decreto es el requisito de que los solicitantes brinden sus datos personales (documento, domicilio, email y CUIT en el caso de personas jurídicas), lo que violenta el principio de “informalismo” establecido en el primer artículo de la Ley 27.275, que dice textualmente que “las reglas de procedimiento para acceder a la información deben facilitar el ejercicio del derecho y su inobservancia no podrá constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento”.

Un comunicado de 70 organizaciones de la sociedad civil pide que el Gobierno que deje sin efecto el Decreto 780/2024 destacando que “implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción”. 

La discrecionalidad instituida con el decreto es reforzada al exceptuar del acceso la información “cuyo conocimiento público, difusión o divulgación pueda, directa o indirectamente, causar daños y perjuicios”.

El decreto se aprovecha de que el acatamiento a la Constitución no figura entre las prioridades de la agenda pública, al desbordar la facultad del Poder Ejecutivo, porque con una modificación reglamentaria está alterando la esencia misma de una ley. Legislar mediante decretos reglamentarios no forma parte de las atribuciones constitucionales de un presidente.

Ahora bien, Milei ejerce el poder “pudiendo”, es decir, cambiando las reglas de juego sin reparar en su habilitación constitucional. Si puede hacerlo es porque los mecanismos para limitar los abusos de poder no están funcionando. Este problema no sólo remite a la tergiversación de la norma de acceso a la información pública, sino que es una de sus causas.

Con la flamante Unidad de Inteligencia Artificial del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich sigue liderando la agenda política del manodurismo y amplía sus dominios en un campo en disputa con la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) por competencias en labores de “inteligencia”.

Destinada a “patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet”, así como la llamada “Internet profunda”, a “utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos”, a “crear perfiles de sospechosos”, a “analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales” y a “detectar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales”, la nueva dependencia gubernamental nace reñida con principios constitucionales y leyes vigentes.

Apoyada en tecnologías que en otras regiones, como en la Unión Europea, demandan consensos y regulaciones construidas durante años con la participación de múltiples actores políticos y sociales, la oficina creada por resolución de Bullrich puede, desde esta semana, invadir la privacidad de millones de personas sin orden judicial.

La predicción de futuros delitos en base a datos que seleccionará el Ministerio de Seguridad para entrenar herramientas de Inteligencia Artificial ataca, a la vez, el principio de inocencia. Las llamadas “tecnologías Minority Report” (por la novela de Philip K. Dick adaptada por Steven Spielberg en un film protagonizado por Tom Cruise, “Sentencia Previa”) han presentado graves errores porque su programación es sesgada y las bases de datos que entrenan las herramientas de Inteligencia Artificial suelen ser una caja negra tan inauditable como falible.

Una persona que vive en un barrio donde las estadísticas de Bullrich presuponen que hay más delito tendrá más probabilidades de ser fichada como blanco de un turbio monitoreo oficial que un residente de otros barrios. Predecir comportamientos futuros, sentenciándolos como delictivos en base a criterios de programación algorítmica, es una atribución desproporcionada que el gobierno argentino se arroga sin advertir la contradicción con la protección de los derechos humanos que compromete al Estado, al menos en sus normas legales.

Además, la Resolución 710/2024 de Bullrich, publicada el lunes último en el Boletín Oficial, no puede ser más imprecisa respecto del alcance de las tareas encomendadas a la Unidad, que depende de la Unidad Gabinete de Asesores de la ministra –esto último, toda una rareza en materia de gestión estatal–. La opacidad no es sólo característica de los fondos reservados que asignó el presidente Milei a la SIDE.

La norma de Bullrich aspira a patrullar todo el universo digital. Una ambición ilimitada con la que no se atreverían a fantasear ni los capos de la National Security Agency (NSA) estadounidense, ni los mandamases del Guoanbu chino. Patrullar las aplicaciones, en los términos publicados en el Boletín Oficial, es un objetivo tan vago que supone controlar un sinfín de posibilidades en cada uno de los teléfonos móviles, computadoras, smartTVs y consolas de los más de 46 millones de argentinos. Las aplicaciones abarcan desde envíos de comida, tiendas de comercio electrónico, servicios de salud, de meteorología, transporte y tránsito, videos a demanda, juegos en línea, finanzas, mensajería, calendarios, aprendizaje de idiomas, citas, dietas y un largo etcétera. 

Aunque es dudoso que el Estado argentino, tan denostado por Milei y su entorno, posea las calificaciones y recursos necesarios para el inédito patrullaje de todo Internet que estableció Bullrich, es claro, sin embargo, que las funciones de la Unidad creada por la ministra contrarían los valores democráticos.

No sólo el principio de inocencia está en peligro con tecnologías basadas en el cálculo probabilístico que, como advierte Juan Ortiz Freuler, reemplaza la evidencia y la certeza por la mera verosimilitud (apariencia de verdad), sino que la privacidad está también en juego. Mancillada por la regulación de facto que ejercen las grandes plataformas digitales vulnerando los datos personales de sus usuarios, la privacidad en juego desafía los derechos y garantías constitucionales e incluso la Ley de Inteligencia Nacional, que reza que todas las comunicaciones y paquetes de datos, así como “cualquier tipo de información, archivos, registros y/o documentos privados” deben ser inviolables, excepto orden judicial en contrario.

La imprecisión en la redacción de las nuevas funciones que Bullrich se ha atribuido no es casual. Ya en mayo último, cuando reintrodujo el ciberpatrullaje para perseguir cibercrímenes a través de la Resolución 428/2024, había excedido los estándares internacionales en la materia. El análisis de Lucía Camacho sobre esa norma sostiene que “enlista crímenes que no entran la categoría de cibercrímenes” además de ser ambigua y, por lo tanto, discrecional, en cuanto a qué considera “público” y “abierto” en internet.

La discrecionalidad en la definición de la política de patrullaje digital de Bullrich es preocupante porque así como en el pasado –siendo ministra de su ahora adversario, el expresidente Mauricio Macri– denunció penalmente a personas por tuitear (personas luego absueltas en proceso judicial), las facultades conferidas a la nueva Unidad de Inteligencia Artificial pueden elevar los niveles de represión de la disidencia que sufren periodistas, movimientos sociales y políticos opositores por parte del gobierno, esta vez en nombre de los algoritmos.

En 2018, el entonces gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, anunció un sistema de inteligencia artificial supuestamente capaz de predecir embarazos adolescentes que resultó ser un fiasco por los severos errores técnicos y conceptuales de la tecnología que Urtubey quería importar. Tal vez ese, el negocio de la importación de paquetes de Inteligencia Artificial llave en mano, lo que motive también la nueva resolución de la ministra de Seguridad. Sus considerandos mencionan a Estados Unidos de América, China, Reino Unido, Israel, Francia, Singapur, India, países proveedores tecnologías de vigilancia que, en casos como el del software Pegasus, han sido denunciadas como sistemas desmesurados de persecución y censura.

MB/DTC

Con la derogación del DNU 690/20 publicada hoy en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei cumple una demanda de los operadores de telecomunicaciones, televisión por cable y conectividad a Internet contra la regulación de precios en estos servicios. Tipificados como “servicios esenciales” por el gobierno de Alberto Fernández, en agosto de 2020, con la pandemia Covid-19 como escenario, el DNU 690/20 preveía un sistema de prestaciones obligatorias que debían ser cubiertas a precios básicos por las empresas.

En los hechos, la regulación de precios ahora abolida sólo había estado vigente algunos meses de 2020 y en enero de 2021 -cuando Fernández había comenzado a permitir incrementos (ese mes el alza fue del 15,1%)-, ya que a partir de febrero de 2021 numerosas medidas cautelares suspendieron el DNU 690/20 por vía judicial. 

Desde entonces, los aumentos de precios de las comunicaciones acompañaron –e impulsaron– la suba de la inflación general. Por eso, en los últimos tres años los precios de comunicaciones móviles, Internet al hogar y tv por cable suben continuamente sin que el DNU 690/20 haya alterado la situación más allá del paréntesis del último cuatrimestre de 2020.

Un DNU mata a otro DNU. El DNU 690/20 estaba inerte, pero con el DNU 302/24, Milei no sólo remató el decreto de su antecesor, sino que aprovechó para cambiar la Ley 27.078 “Argentina Digital” sancionada por el Congreso en 2014. Así, elimina toda potestad de la autoridad de aplicación, el ENaCom, para intervenir en las tarifas de proveedores mayoristas de servicios de comunicaciones “por razones de interés público”, como ordenaba la ley.

Intereses y doctrina

Milei ya había intervenido quirúrgicamente el sector de las comunicaciones con su DNU 70/23 a favor de algunos intereses pesados, como los grupos Claro (América Móvil, de Carlos Slim), DirecTV (Grupo Werthein) y Starlink, de su idolatrado Elon Musk. Aquella norma les permite ampliar sus negocios a nuevas actividades sin obstáculos regulatorios.

En la perspectiva de Milei, esa sería causa del malestar del Grupo Clarín/Telecom con su gobierno. Cebado en su narrativa, Milei rivaliza con el conglomerado liderado por Héctor Magnetto. Es curioso que los numerosos medios de Clarín casi no difunden información sobre Starlink a pesar de que, en el corto plazo, la conectividad satelital que comercializa Musk no compite de modo directo con los servicios de Telecom.

Resuelta la primera instancia de intervención gubernamental a favor de los sponsors de la campaña de La Libertad Avanza, ahora, con este DNU 302/24, el presidente da un paso más doctrinario y, en un guiño explícito al mercado, erradica la clasificación de las TIC como “servicios públicos en competencia”.

Los voceros de los principales operadores celebraron la decisión de Milei. Pero el “lastre” del DNU 690/20 contra el que batallaron intensamente era también, a pesar de su falta de aplicación, un pretexto para el estado precario de muchos servicios, la falta de cobertura territorial de redes fijas y móviles y la escasez de competencia. Los tiempos venideros despejarán algunas incógnitas estructurales sobre un sector que, aunque no sea ya reconocido normativamente como “esencial”, condiciona la vida de los 46 millones de habitantes.

El destino del DNU 690/20 brinda elementos que pintan la política pública en el país. A diferencia de la Ley Argentina Digital o de otras regulaciones en el amplio sector de las comunicaciones (como la ley audiovisual), fue concebido sin análisis de legislación comparada ni respaldo técnico, tuvo el inmediato rechazo de las cámaras y empresas del sector, careció de defensores en la discusión pública, debido a que tampoco construyó consensos en torno a sus objetivos, y el gobierno que lo impulsó en plena pandemia fue tan ambicioso en su redacción como displicente en su aplicación, además de necio en su eventual modificación cuando, a poco de andar, resultó evidente que el mismo sería objeto de suspensión judicial.

Sobre el conjunto de problemas técnicos y políticos inherentes al DNU 690/20, hoy Milei dirige el abandono de toda función estatal en el sector de las comunicaciones, también por decreto. La seguridad jurídica, siempre mentada como imprescindible para el crecimiento de las comunicaciones, brilla por ausente.

MB/DTC

Los más de 2.200.000 estudiantes que cursan en las universidades nacionales (el 80,5% del total de la matrícula universitaria) percibirán en las próximas semanas de inicio del primer cuatrimestre 2024 los efectos del ajuste draconiano que la presidencia de Javier Milei impone a un sector que, a diferencia de los niveles educativos inicial, primario y secundario, depende de las transferencias del Poder Ejecutivo Nacional para sus gastos de personal y funcionamiento.

No existen antecedentes de semejante ahogo a las universidades en toda la historia argentina. Con una inflación que en los últimos tres meses fue superior al 70%, la propuesta del gobierno en las paritarias docentes fue retocar el 16% de los salarios que ya estaban atrasados en 2023. Comparados con los de profesores de universidades brasileñas, mexicanas, chilenas o colombianas, los sueldos de la educación superior argentina son grotescos.

Para gastos de funcionamiento, los recursos que gestiona el gobierno son los del presupuesto diseñado en septiembre de 2022, ya que el Congreso no sancionó una ley para 2024 y se prorroga la estimación (que se constató incorrecta) de ingresos y gastos proyectada para 2023. El 367% de inflación acumulada desde septiembre de 2022 hasta hoy es un indicador objetivo que cuantifica el problema de este ciclo lectivo. 

Tweet de Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

Carlos Greco, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), explicó que “con un presupuesto nacional prorrogado, las partidas son insuficientes para pagar los servicios básicos, realizar el mantenimiento, sostener la seguridad y la limpieza y comprar insumos. Hemos solicitado al Ministerio de Capital Humano una actualización, no un incremento.”

El secretario de Educación, Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez (h), deslizaron en conversaciones con los rectores que podría haber un incremento parcial sobre los fondos previstos en 2022 que, estiman, cubriría un tercio de los gastos de funcionamiento. Pero, aún siendo insuficiente, esta consideración ni siquiera ha sido formalmente ratificada por el gobierno nacional.

Los servicios que las universidades prestan a la comunidad no se circunscriben a la enseñanza, sino que muchas de ellas sostienen hospitales, escuelas medias, producción de alimentos, comedores para población de bajos recursos, atención psicológica o emisoras de radio. Algunos de estos servicios ya están siendo recortados y los conflictos salariales y por reducción de prestaciones se multiplicarán en los próximos meses.

Esta semana, el gobierno frenó con una resolución ministerial de Capital Humano la creación de cinco universidades nacionales (Del Delta, de Pilar, de Ezeiza, de Río Tercero y de Madres de Plaza de Mayo), dispuesta por ley del Congreso en 2023. Según el Ministerio que encabeza Sandra Pettovello, buscan “revisar el inicio de actividades académicas de las Casas de Altos Estudios” mencionadas.

El ajuste sobre la educación superior, junto al menemismo aspiracional del gobierno y a la adhesión del clan Menem al liderazgo de Milei, se combinan en algunas interpretaciones del ahogo presupuestario actual como si fuera una secuela de las políticas universitarias de Carlos Menem en sus dos mandatos (1989-1995; 1995-1999). Pero, aunque pueda ser atractiva como consigna, la comparación no resiste comprobación empírica.

Menem tuvo una política transgresora en educación superior. Mientras que los otros niveles educativos fueron transferidos a las provincias, las universidades siguieron dependiendo del gobierno central. Durante sus gobiernos el Congreso promovió la creación de universidades (Quilmes, San Martín, Sarmiento, Tres de Febrero, entre otras). Sin pretender maquillar los problemas de las políticas menemistas, sería injusto negar que su gestión educativa se nutrió de intelectuales capaces –varios fueron funcionarios de gobiernos de distinto signo político en el siglo XXI– que adaptaron a la realidad argentina consensos y directrices que aplicaban otros países de la región, como Brasil, México o Chile. Así se instituyeron mecanismos de acreditación y evaluación de universidades públicas y privadas, así como de sus carreras de grado y posgrado, con la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

En el marco de la convertibilidad peso-dólar, los salarios docentes fueron bajos, pero Menem reorientó (lo que no es sinónimo de vaciar) el financiamiento estatal hacia programas por objetivos (“abajo de la línea” de la asignación presupuestaria ordinaria para sueldos y funcionamiento). Su gobierno impulsó –también, en sintonía con otros países de la región y con el apoyo del Banco Mundial– la expansión de posgrados arancelados, lo que generó controversia en su momento.

La integración de esta sumaria mención de políticas noventistas contrasta con el presente gobierno de Milei, cuya única estrategia conocida hasta ahora para la educación es la ejecución de un inédito ajuste. La asfixia presupuestaria del Conicet complementa un panorama que también golpea a las universidades (públicas y privadas) con las que el organismo de ciencia y tecnología realiza actividades de producción científica y tecnológica y sostiene centros de investigación. El magro presupuesto para la creación y transferencia de conocimientos se reduce por ambas vías.

El desprecio hacia la formación de millones de argentinos, el golpe a las tareas comunitarias inherentes al quehacer universitario (sobre todo fuera de las grandes ciudades) y el vaciamiento de las instituciones científicas va a contramano de cualquier proyecto de desarrollo, resta oportunidades a las personas y erosiona el capital social. Es ilógico sostener semejante programa en nombre de la libertad.

La intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) decretada hoy por el presidente Javier Milei complementa medidas estructurales con las que el gobierno re-regula los sectores audiovisual, de telecomunicaciones y conectividad. Para tomar el mando del estratégico organismo que funciona simultáneamente como regulador, controlador, financiador de políticas y autoridad de aplicación de una maraña de normas que son en muchos casos contradictorias entre sí, Milei designó como interventores a personas muy familiarizadas con el propio ENaCom y con sus predecesores, AFSCA y COMFER.

El decreto encomienda a los interventores relevar el estado de situación del ENaCom, su estructura, proponer modificaciones, analizar el DNU 690/20 del expresidente Alberto Fernández (que designó servicios esenciales a las telecomunicaciones y las TIC), reorganizar operativamente el organismo, evaluar la ejecución de los fondos del servicio universal (que financia obras de conectividad a operadores grandes, medianos y pequeños, comerciales, cooperativos y de estados provinciales) y de fomento concursable (que promueve contenidos en medios comunitarios y que el proyecto de “ley ómnibus” que tramita el Congreso busca eliminar).

Todos estos objetivos pueden realizarse sin intervenir el ente diseñado expresamente para estar subordinado al Poder Ejecutivo. En efecto, desde su creación por DNU 267/15 del expresidente Mauricio Macri, el directorio del ENaCom tiene siete integrantes, cuatro de ellos designados por el presidente y tres por el Congreso (de distintos partidos). La mayoría automática fijada en la conducción del organismo rige desde hace 8 años, ¿por qué, entonces, Milei ordena intervenirlo?

Las contorsiones que hacen los considerandos del decreto –y que reproducen consultores del mercado- para justificar objetivos que podrían alcanzarse sin intervención, intentan desviar su único efecto real: elimina el contralor minoritario de fuerzas políticas opositoras con representación parlamentaria en el directorio del ente.

El decreto, firmado también por el jefe de gabinete, Nicolás Posse, sentencia que “a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones adoptadas por el ENaCom que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”. Los abogados Juan Martín Ozores (designado interventor), Patricia Roldán y Alejandro Pereyra (interventores adjuntos) tienen un mandato fiscalizador que, por el lapso citado, se circunscribe sólo a la última presidencia del organismo, a cargo de Claudio Ambrosini.

Sin embargo, la familiaridad de los nuevos funcionarios con numerosas gestiones previas del ente abre interrogantes sobre su aptitud para encarar una auditoría sin sesgos. Ozores es un ex empleado de Movistar (empresa de Telefónica que ahora debe controlar), mientras que Roldán y Pereyra han ocupado altos cargos en el organismo (Pereyra llegó a integrar el Directorio del ENaCom con Macri) en la dirección y subdirección de áreas jurídicas sensibles, siendo partícipes de la ejecución de políticas. Ambos están relacionados (de modo directo e indirecto) con la tramitación de expedientes que deberían juzgar.

La intervención del ENaCom es parte de la re-regulación del mercado de comunicaciones con la que la conducción estatal dirigida por Milei acompaña el profundo reseteo de la vida económica, social y política del país. Su DNU 70/23 eliminó los límites a la multiplicidad de licencias audiovisuales a nivel nacional (sólo los conserva a niveles locales), asimila como servicio de telecomunicaciones y TIC a la tv satelital, quedando en las mismas condiciones que la tv por cable, relaja el registro para prestadores de servicios satelitales (Milei mencionó a Elon Musk en su discurso), deroga normas sobre fabricación, comercialización y distribución de papel, limita medidas de fuerzas de trabajadores de los servicios de comunicaciones, convierte en sociedades anónimas a las sociedades del Estado, entre otras modificaciones. A su vez, el proyecto de “ley ómnibus” negociado con formaciones dialoguistas en el Congreso introdujo la posible eliminación de la Defensoría del Público Audiovisual, organismo que tutela los derechos de las audiencias y que no posee poder sancionatorio, y del fondo de fomento concursable para medios comunitarios (FOMECA) cuyo estado de situación, curiosamente, la intervención del ENaCom ahora debe evaluar.

Este sumario listado de políticas sería incompleto si no citara las periódicas agresiones de Milei y de funcionarios de su gabinete a periodistas (mayormente mujeres, algunas de nítida filiación derechista), para disciplinar la acción informativa sobre su desempeño. La anunciada suspensión de publicidad oficial del gobierno nacional, cuyos alcances concretos no son públicos y que afecta el derecho ciudadano a conocer la labor de sus gobernantes, se suma a las novedades de la actual gestión. Las políticas de comunicación y la libertad de expresión no están disociadas.

Antecedentes “intervencionistas”

Ahora bien, sería injusto achacar exclusivamente a Milei la voluntad de colonizar el ENaCom con su intervención sin examinar los antecedentes que, con matices, muestran que todos los gobiernos nacionales han tentado (y logrado) concentrar el poder decisorio, incluso con políticas audiovisuales y de telecomunicaciones muy diferentes –u opuestas- a la actual.

El ENaCom creado por Macri, que asegura al oficialismo la mayoría automática, permite –sin intervención- que las fuerzas políticas con representación parlamentaria tengan voz y voto en el directorio. Estas pueden, entonces, conocer las resoluciones del ente, presentar propuestas e interrogar sobre el funcionamiento de las distintas áreas. La intervención consume los restos del velo republicano que cubría la formalidad democrática en la dirección del organismo.

Antes del ENaCom, las políticas de comunicaciones se dividían entre la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la ex Autoridad Federal de Telecomunicaciones y TIC (AFTIC), cuyas estructuras habían sido votadas por sendas leyes tramitadas en el Congreso en 2009 (26522, de servicios de comunicación audiovisual) y 2014 (27078, de telecomunicaciones y TIC). Sin embargo, aunque esas normas no sostenían en los papeles la sujeción de los citados organismos al Ejecutivo (que proponía a dos miembros de un directorio de siete), en los hechos todas las decisiones mayoritarias de sus directorios fueron alineadas con la Casa Rosada, a veces a contramano de lo que estipulan las leyes mencionadas.

Previamente, el COMFER estuvo intervenido desde 1983 hasta 2009, puesto que la ley de radiodifusión de entonces (decretada por la dictadura en 1980) incluía en su directorio a las fuerzas armadas y a los servicios de inteligencia, lo que resultaba incompatible con los estándares democráticos. En esas décadas también fue intervenida la Comisión Nacional de Comunicaciones, mientras que la Secretaría de Comunicaciones reportaba, como es lógico, a la presidencia.

La historia del diseño institucional de los organismos estatales encargados de las comunicaciones es reveladora de la vocación de control -que Milei potencia con la intervención- de un área que carece de propuestas relevantes en la agenda de las principales formaciones partidarias en la Argentina, pero que es esencial en la vida cotidiana de la población y en el tejido productivo, educativo e informativo del país. Además, es un nicho de negocios intrasectoriales y de otras áreas económicas (5G) y opera, a la vez, como plataforma de proyección de figuras de la política, como el propio Milei, quien acaba de tomar el control absoluto del ente regulador.

MB/CRM

El DNU 70/23 ordenado por el presidente Javier Milei es una re-regulación que puede alterar coordenadas y tocar intereses consolidados del ecosistema de servicios infocomunicacionales. Grupos nacionales que ostentan posiciones de dominio en telecomunicaciones y el sector audiovisual de pago pueden sufrir la incursión de conglomerados extranjeros que estaban inhabilitados a operar con servicios convergentes o en ciertos mercados delimitados, sobre todo por la apertura a la oferta cruzada de servicios que incluyan la tv satelital. En compensación, los negocios de grupos nacionales sacarán tajada de otros artículos del decreto si este queda vigente -lo que depende de su derrotero judicial, de la presión política que realice el Poder Legislativo y de la oposición social en ciernes-.

Integrado por miles de empresas y cooperativas de conectividad a Internet, telefonía fija y móvil, televisión de pago y servicios audiovisuales, el ecosistema infocomunicacional argentino es, sin embargo, altamente concentrado. Pocos grupos se disputan su primacía y capturan su renta a gran escala. La incidencia de cada actor de este conjunto variopinto en las políticas públicas suele ser directamente proporcional a su volumen.

El segmento más masivo y dinámico del ecosistema es el de las comunicaciones móviles. Con sus más de 60 millones de líneas activas en un país de 46 millones de habitantes, los ingresos del mercado móvil ($565 millones en junio último) superan la facturación sumada de la tv paga ($234 millones), acceso a Internet fija ($198 millones) y telefonía fija ($85 millones).

Los tres protagonistas corporativos de las comunicaciones móviles son Personal (Telecom), Claro (América Móvil) y Movistar (Telefónica). Estos proyectan su dominio a futuro gracias a la licitación 5G realizada en los últimos dos meses de gobierno de Alberto Fernández, lo que a su vez les impone obligaciones de despliegue de redes y colaboración entre ellos, dada la escala de inversiones que la tecnología 5G exige. De ellos, sólo Telecom tiene mayoría accionaria de empresarios argentinos (Grupo Clarín) y un socio minoritario mexicano (David Martínez). Telecom es, al mismo tiempo, el único conglomerado activo en todos los demás mercados de conectividad fija a Internet, tv paga, tv abierta, radio, medios online y prensa donde, además, ejerce posición dominante. Varios de estos segmentos son también alcanzados por el DNU de Milei, favoreciendo los intereses más concentrados.

Con la habilitación a la oferta cruzada decretada por Milei, y con una inversión menor que la del despliegue de redes físicas, grupos como Claro podrían retomar su proyecto de tv paga vía satelital

En comparación a Telecom, Claro y Movistar, de capitales mexicanos (Carlos Slim) y españoles (Telefónica) respectivamente, demoraron el desarrollo de redes fijas y robustas de conectividad, en parte por impedimentos regulatorios de los últimos 15 años. Milei, con su DNU, los despeja. Mientras Telefónica afronta desafíos financieros en su casa matriz -donde el Estado español reingresa como accionista- que restringen su proyección en la Argentina, Claro es el líder consolidado de las telecomunicaciones en toda América Latina y su apetencia expansiva es citada en rumores de la rosca política y empresarial que comprometen a la estatal ArSat.

La clasificación de la tv satelital como un servicio análogo al de la tv por cable dispuesta por el DNU 70/23 habilita a Claro y Movistar a operar en un mercado en el que reinaba en soledad DirecTV (Grupo Werthein, uno de cuyos miembros, Gerardo, fue designado por Milei como embajador en EEUU) lo que puede impactar sobre dos conglomerados de capitales mayormente argentinos: Telecom/Cablevisión/Flow y DirecTV. A su vez, Telecom/Clarín y Werthein son gratificados por varios artículos del DNU.

Telecom, controla más del 40% de los abonos a la tv paga de modo directo (sin contar asociadas). Este servicio, generalmente comercializado en forma paquetizada con la conexión fija a Internet y la telefonía, fue integrado por Telecom gracias a la fusión con Cablevisión/Flow lubricada por el expresidente Mauricio Macri. Y si bien Movistar y Claro han desplegado redes de cable y conectividad fija a Internet en el último lustro, su participación en estos mercados es reducida. Además, Claro y Movistar se quejan -al igual que otros operadores de menor tamaño- de obstáculos normativos a niveles municipales, pues hay gobiernos (como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que imponen obligaciones para el tendido de nuevas redes fijas que no exigen a los viejos operadores (como Telecom), en un caso distorsivo de lo que enseñan los manuales de defensa de la competencia.

Con la habilitación a la oferta cruzada decretada por Milei, y con una inversión menor que la del despliegue de redes físicas, grupos como Claro podrían retomar su proyecto de tv paga vía satelital, sorteando los obstáculos de municipios para nuevas redes fijas, y comercializar tv paga a través de las señales que ya gestionan servicios en países vecinos. Esta posibilidad expondría también el interés del Grupo Werthein, al introducir competidores en el mercado donde DirecTV opera en soledad. En compensación, con el DNU de Milei, el prestador de tv satelital de su embajador en los EEUU podrá expandir negocios a otras ramas que le estaban vedadas por la distinción que existía entre la licencia de tv satelital, que era exclusiva e incompatible con cualquier otra, y la de tv por cable, que podía ser explotada en forma convergente con las de otros servicios infocomunicacionales (de ahí la potencia del paquete Telecom/Cablevisión/Flow). De la mano de Milei, el proyecto de fibra de DirecTV recibe el espaldarazo estatal que necesitaba Werthein.

En cambio, la probabilidad de que la comercialización de servicios satelitales de órbita baja, como Starlink, muevan el amperímetro de las comunicaciones argentinas, es menor. Starlink, del multimillonario Elon Musk -evocado por Milei en la cadena nacional en la que difundió ejes del DNU-, vende conectividad que puede ser atractiva para empresas o sectores de altos ingresos en el medio rural, pero la velocidad de la conexión y su precio (100 dólares mensuales) no son variables competitivas en localidades donde ya hay operadores con propuestas de mejor calidad y precios más accesibles.

La letra chica de los negocios, cargas y beneficios del mercado infocomunicacional queda reservada a la discrecionalidad de la conducción estatal ejercida por el mandatario anarcocapitalista

El mega-decreto de Milei elude toda precisión sobre tasas y gravámenes de los operadores. En la norma no hay indicios de decisiones y debates regulatorios que ocupan la agenda en otros países, como el cobro a empresas “over the top” (OTT) como Netflix o Disney+ de las contribuciones que podrían colaborar con la infraestructura de conectividad, algo de loque se ocupa el Fondo de Servicio Universal (FSU) administrado por el ente gubernamental de comunicaciones (ENaCom).

Así, la letra chica de los negocios, cargas y beneficios del mercado infocomunicacional queda reservada a la discrecionalidad de la conducción estatal ejercida por el mandatario anarcocapitalista. El DNU 70/23 tampoco alude a los precios de telecomunicaciones y TIC que, tras la suspensión judicial del DNU 690/20 del expresidente Fernández que pretendía regular precios minoristas, aumentaron a un ritmo algo superior a la inflación.

Ironías de la regulación por decreto, el DNU de Milei rescata la calificación de “servicios esenciales” del denostado DNU de Fernández, pero lo hace para limitar eventuales reclamos y medidas de fuerza de los trabajadores de telecomunicaciones y TIC. En este rubro el saldo del decretazo de Milei no arroja perdedores entre los conglomerados que dominan el mercado: la reducción de los “costos laborales” los une en celebración.

MB

Los buscadores son un gran invento y sería caótico hallar información en Internet sin su ayuda. El surgimiento de buscadores, hace casi 30 años, habla de la consolidación del entorno digital. Como Internet, los buscadores evolucionaron. Fueron generalistas en sus comienzos y, desde hace más de 12 años, son personalizados y cada vez más sofisticados en las respuestas que arrojan a las demandas de los usuarios. El orden que se establece en esas respuestas no es aleatorio y sus efectos sociales, culturales y económicos son trascendentes. La programación de ese orden es un filtro que impregna las percepciones y facilita o entorpece el acceso a la información.

Google es la compañía que más y mejor trabajó sobre la indexación de la información disponible en Internet, haciendo de su motor de búsqueda un negocio que concentra más del 90% de las consultas de los usuarios del continente americano (más del 97% en la Argentina) y expandiendo sus dominios a la principal plataforma de videos online (YouTube), el mayor sistema operativo de teléfonos móviles, tablets, autos y televisores (Android), aplicaciones de georeferenciamiento y mapas (Google Maps), el correo electrónico más utilizado (Gmail), el acceso a noticias de medios (Google News), la plataforma ofimática Google Drive, el navegador Chrome y otros servicios comerciales agrupados bajo la marca Alphabet Inc.

Aunque existen otros buscadores en el mercado, el monopolio de Google es tan sólido que el verbo googlear no tiene equivalente. Es por ello que posicionarse en el motor de búsqueda de la compañía fundada por Larry Page y Sergey Brin es vital para cualquier organización, ya que Google franquea u obstruye el acceso de millones de personas a la información, según ésta se halle bien o mal posicionada en los resultados del catálogo de links que arroja el conjunto de algoritmos segundos después de ser activado.

Como saben bien empresas de medios de comunicación u organizaciones de la sociedad civil que pierden tráfico de visitas cuando Google decide alterar la programación algorítmica del buscador, quedar relegado en la indexación de Google equivale a no existir en Internet, es casi un certificado de defunción digital. Pero estar “bien” ubicado en ese catálogo supone aceptar reglas de juego que Google dispone en su filtro y modifica sin rendir cuentas por ello.

Para los profesionales de noticias adecuarse a la organización del buscador es crítico. De lo contrario, los públicos, que están migrando crecientemente hacia consumos digitales, no acceden a sus contenidos. Que el filtro de Google premie un determinado enfoque tracciona automáticamente millones de visitas a un sitio y, como contracara, castiga a otros restándoles visibilidad. Desde la perspectiva de la sociedad (los públicos), el problema radica en que el acceso a la información -mediado por Google- es un eslabón elemental de la deliberación democrática.

Así, cuando Google modifica la programación del motor de búsqueda impacta directamente dos dimensiones medulares del derecho a la libertad de expresión: por un lado, influye en las posibilidades de hallar información o datos significativos por parte de los usuarios, es decir que condiciona el acceso a la información por parte de las personas; y por otro lado, decreta en los hechos el mejor o peor posicionamiento de quienes difunden contenidos en Internet, es decir que interviene en la diseminación o restricción de expresiones y discursos en el espacio público y en la mayor o menor diversidad de rangos de puntos de vista. La relación entre el funcionamiento del motor de búsqueda y la libertad de expresión es clara cuando se atiende al predominio de Google y a la ausencia de competencia efectiva en el sector.

Por ello, y de modo sugestivo, la Corte Suprema de Justicia argentina introdujo una peculiar apostilla al fallo de junio pasado en que desestimó la demanda de los abogados de Natalia Denegri contra Google por incluir links que vinculan a la animadora a contenidos del viejo “Caso Coppola” y que hoy perjudican su desempeño profesional. En su sentencia, los magistrados hacen un señalamiento que ya habían anticipado en la audiencia pública que organizaron en mayo sobre este caso y que puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿cuál es el criterio con el que Google prioriza determinados contenidos, ubicándolos al tope de los resultados de búsqueda, y relega otros? El sistema que jerarquiza ciertos asuntos (textos, videos, imágenes) como primeros links o primeras páginas que puede eventualmente incidir en la lesión de la honra de una persona, por ejemplo, de un ciudadano de a pie o menor de edad, ¿cómo está organizado?

En rigor, no hay “un” criterio sino un conjunto de criterios, y Google tiene un blog institucional en el que alude a ese conjunto que guía su programación algorítmica. “Varias veces al año, mejoramos sustancialmente nuestros procesos de posicionamiento general, que denominamos actualizaciones principales. Las actualizaciones principales están diseñadas para aumentar la relevancia general de nuestros resultados de búsqueda y hacerlos más eficaces y útiles para todos”, dice la compañía, que seguidamente reconoce que “estas actualizaciones pueden producir cambios notables en el rendimiento de los sitios”, lo que reconoce un secreto a voces: los cambios en la programación del motor de búsqueda son determinantes para la suerte o desgracia de los sitios indexados.

Google agrega que “puede que no haya ningún problema aunque una página empeore su posicionamiento después de haberse implementado una actualización principal. No quiere decir que haya infringido nuestras directrices para webmasters ni que se le haya aplicado ninguna acción manual o algorítmica, como puede ser el caso de las páginas que sí infringen esas directrices. De hecho, ninguno de los cambios que se incluyen en las actualizaciones principales está dirigido a páginas o sitios concretos, sino que su objetivo es mejorar cómo evalúan nuestros sistemas el contenido en general”.

 A la hora de mencionar cuáles son los criterios de la compañía para hacer “más eficaces y útiles” los resultados de búsqueda, Google presenta un abanico de generalidades que impiden precisar cómo son aplicadas sin que la subjetividad altere esencialmente su sentido. Estas son algunos de ellas, textuales:

·       Ofrece el contenido información, datos de informes, investigaciones o análisis originales,

·       ¿Proporciona el contenido información interesante y no trivial, o se analiza un tema con una perspectiva útil?

·       ¿Se evitan en el título del contenido o de la página las exageraciones o las expresiones impactantes?

·       ¿Es una página que añadirías a tus marcadores, compartirías con un amigo o recomendarías a alguien?

·       ¿Está escrito el contenido por un experto o entusiasta del tema cuyos conocimientos están demostrados?

·       ¿Se ha comprobado que no haya errores en el contenido que sean fáciles de verificar?

·       ¿Te fiarías de este contenido para tratar temas relacionados con tu dinero o tu vida?

·       ¿El contenido tiene errores ortográficos o de estilo?

·       ¿Se nota que se ha dedicado tiempo y esfuerzo a crear el contenido o, por el contrario, parece descuidado o que se ha creado de forma apresurada?

·       ¿Es el contenido obra de muchos autores distintos o está repartido en una gran cantidad de sitios, de modo que el de algunas páginas o sitios no está hecho con la misma atención al detalle ni el mismo cuidado?

·       ¿Da la sensación de que el contenido está creado para satisfacer los intereses de los visitantes del sitio o, por el contrario, parece que alguien lo ha creado con la única intención de conseguir un buen posicionamiento en buscadores?

La redacción de todo este Googlesplaining es impreciso y su ambigüedad es una caja negra para todas las organizaciones y personas que precisan posicionar su información y sus contenidos en el buscador, y también para quienes se interesan por los sesgos que la conversación pública digital reproduce a partir de la intervención protagónica de las bigtech. Hay temas que el catálogo de Google evita ex profeso, algunos de los cuales pueden ser ofensivos para la moral en algunos países, sin ser ilegales en muchos otros, por ejemplo. El filtro no es neutro, pero todo lo que puede hacerse es intuir cómo está programado, adivinar cómo decide el sistema de premios y castigos que instituye y surfear la ola hasta que Google pegue el volantazo y otra vez haya que conjeturar sobre el acertijo.

Aparte, la falta de señalamiento explícito sobre el carácter publicitario de los links priorizados por la compañía, que le valió multas y sentencias judiciales contrarias en tribunales europeos, junto a la jerarquización de servicios y/o aplicaciones de la propia compañía en detrimento de los de su competencia –lo que también fue sancionado tanto en Europa como en Estados Unidos-, se suma a la ambigua presentación de criterios con los que Google dice ordenar el catálogo del buscador.

Todos estos temas que forman parte de la agenda de debates y políticas públicas en otras latitudes, asociados al abuso de posición dominante de Google y otras bigtech, así como al manejo inescrupuloso de los datos personales de sus miles de millones de usuarios, son hasta ahora ajenos a las preocupaciones siempre traccionadas por la urgencia de las sucesivas crisis que padece la Argentina.

De ahí la importancia de la posdata que introdujeron en su sentencia de los cortesanos del Poder Judicial sobre el caso Denegri versus Google. Preguntar por el sistema de criterios de relevancia –opacos, cambiantes, personalizados- y por cómo prioriza Google contenidos que pueden comprometer el honor de las personas, propone una renovación de las rústicas alusiones al “algoritmo” (sea para responsabilizarlo o para exculparlo de los sesgos que condicionan las acciones sociales) e invita a una necesaria discusión sobre la organización del acceso a una de las fuentes cardinales de información en la sociedad contemporánea.

MB

Tras las elecciones nacionales legislativas del 14 de noviembre, en términos políticos la Argentina es hoy, con Uruguay, el país con menores alteraciones sistémicas de Sudamérica a la vez que exhibe una importante competitividad electoral. Mientras que el resto de la región dispone refundaciones de sus sistemas políticos a fuerza de gigantescas movilizaciones sociales, desplazamientos –más o menos violentos- de presidentes y/o procedimientos electivos sospechados, los vecinos del Río de la Plata navegan aguas menos agitadas, aunque no carecen de novedades.

A diferencia de Uruguay, la excepcionalidad argentina es mayor puesta en contexto regional. En efecto, además de la pandemia, que ha tenido efectos corrosivos en citas electorales en todo el mundo, en la Argentina la profundidad de la crisis económica (pobreza, endeudamiento externo, inflación y desigualdad creciente en la distribución del ingreso son sus indicadores más evidentes), contrasta con la legitimidad de un sistema político institucional que, al menos desde 2003 en adelante, se sostiene con la canalización electoral del descontento.

El campo de la ciencia política discute con frenesí sobre la utilidad de las PASO. Uno de sus efectos dignos de interés es que –al menos en las últimas dos elecciones- permitió a las formaciones políticas escuchar al electorado sin las mediaciones sesgadas de medios, influencers “líderes” de opinión pública y encuestadoras.

Las PASO no sólo aclararon liderazgos (más a niveles provinciales que a nivel nacional), sino que despejaron prejuicios en las formaciones políticas, que pudieron así calibrar sus planteos (en fondo y forma).

Pero, por encima de todo, las PASO mostraron el poder de agencia de la militancia política y dirigencia intermedia local (aka “el territorio”, tantas veces estigmatizado en clave de costumbrismo televisado) como auténticas “redes sociales” que son.

Pero, por encima de todo, las PASO mostraron el poder de agencia de la militancia política y dirigencia intermedia local (aka “el territorio”, tantas veces estigmatizado en clave de costumbrismo televisado) como auténticas “redes sociales” que son.

La resignificación de las “redes sociales”, que usan métodos y soportes analógicos, físicos y virtuales, redes que son tan directas y en tiempo real como lo son también diacrónicas, a través del conocimiento y las ideas compartidas que modelan el sentido común en las –justamente- comunidades, es también uno de los saldos de las últimas elecciones, legislativas y presidenciales, desde 2003 en la Argentina.

Las elecciones intermedias de ayer refrendan la alta competitividad de las dos formaciones políticas principales a nivel nacional y en casi todos los distritos. El aparato de gobierno no asegura la permanencia y los “challengers” se llevan muchas veces los rounds de las legislativas. No ocurrió en 2017 o en 2005, cierto, pero este 2021 tiene varios atributos de las elecciones de medio término de 2009 y 2013, donde los retadores se derrotaron al gobierno ante la algarabía del “círculo rojo” que improvisaba velorios que no pudo luego concretar.

Sin ser bipartidista o bicoalición, hay una enorme distancia entre los dos espacios político-partidarios y el resto, tanto en lo que refiere a la cantidad de votos como en su extensión territorial nacional. Pocas provincias mantienen el mismo color político a lo largo de los últimos 20 años.

La elección legislativa vuelve a aportar empiria sobre el poder relativo (muy relativo en varios casos, como en La Matanza o Quilmes) de los grandes medios comerciales y su capacidad para establecer la agenda de preocupaciones y acciones públicas. Otra elección que sirve para poner en remojo el atributo hegemónico que suele endilgársele a los grupos de medios con poder dominante en el mercado de las noticias opinadas.

Otra elección que sirve para poner en remojo el atributo hegemónico que suele endilgársele a los grupos de medios con poder dominante en el mercado de las noticias opinadas.

Si algo faltaba para rubricar el estilo faccioso que anida en el “periodismo de guerra” de la etapa abierta en 2008, los pronósticos de los principales medios comerciales, en su mayoría militando abiertamente con la oposición, fracasaron otra vez. Varias/os animadoras/es de esos grupos de medios sortearon su sinceramiento como candidatas/os a cargos electivos con éxito, lo que también es material interesante para el análisis y que matiza –nobleza obliga, a favor de quienes opinan que los medios son actores de enorme peso- la discusión sobre la influencia de las instituciones mediáticas en la población.

Fuera de las dos coaliciones principales hay novedades. Como tercera fuerza a nivel nacional se consolida la izquierda, que a su vez aprovechó las PASO (compitiendo o negociando) para resolver liderazgos pese al ADN divisionista característico del trotskismo. El FIT, por cierto, ha incorporado ciertas pinceladas gramscianas en la construcción de su identidad.

La cita electoral marca, además, la emergencia electoral de ultraderecha con excelente resultado en Ciudad de Buenos Aires (coherente con la exhibición mediática de su líder en casi todos los medios del Área Metropolitana de Buenos Aires), guarismos más que aceptables en la Provincia de Buenos Aires y, por ahora, tenues ramificaciones en el resto del país en el que el descontento más extremo no parece, por ahora, tener una sola vía de expresión.

De hecho, la sociedad argentina votó en un 71%, lo que representa una caída de siete puntos respecto de las legislativas de 2017, lo que en un país con voto obligatorio merece ser ponderado mejor si no resuelve parte de su crisis socioeconómica y, a la vez, quiere conservar en el futuro la estabilidad de su sistema de representación política.

Con los resultados de ayer la composición del Congreso a partir de diciembre será más pareja. El gobierno tendrá la primera minoría en ambas cámaras pero no contará con quorum propio. El final abierto de cara a las presidenciales de 2023 es un incentivo para muchos actores a hacer su propio juego y ello podría ser leído como un obstáculo para un escenario en el que el vocablo “crisis” excede las capacidades de una sola de las formaciones para articular “políticas de Estado” superadoras y sostenibles.

MB

Aunque el sistema de producción de comunicación y cultura se halla en plena mutación, fruto de la convergencia infocomunicacional detonada por la digitalización de todos los contenidos, algunas de las cualidades tradicionales de las industrias culturales y mediáticas son adoptadas por las plataformas digitales. La ruptura no es completa y la experiencia de siglos de circulación social de los recursos culturales y noticiosos no se archiva de la noche a la mañana.

Una de las clásicas estrategias de las industrias culturales para atenuar la aleatoriedad de la demanda de sus públicos ha sido la estandarización de formatos y géneros. Etiquetas como “drama”, “acción” o “romance”, así como “música clásica” o “pop” funcionaron históricamente como orientadores de gustos en los mercados de la cultura industrializada, al mismo tiempo que eran valiosas guías para artistas, compositores y productores, colaborando con la tarea creativa al disponer de fórmulas narrativas y recursos estilísticos más o menos estables y previsibles.

En efecto, a pesar de sus efectos disruptivos que provoca un shock en la cadena de agregación de valor de las industrias culturales y mediáticas, la plataformización de las comunicaciones en curso procesa miméticamente algunos atributos como la copia o el reciclado de formatos exitosos de compañías emergentes (start-ups) o competidoras.

En la ratificación de la demanda antimonopolio contra Facebook de agosto de 2021, la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission) de EEUU denuncia que la compañía de Mark Zuckerberg recurrió a un esquema que forzaba a innovadores emergentes como competencia en el sector de aplicaciones y servicios digitales a aceptar ser comprados o, en su defecto, ser enterrados por Facebook (“buy-or-bury scheme”). Según la FTC, que con el presidente Joe Biden está desempolvando su viejo historial antitrust, Facebook adquirió tanto Instagram en 2012 como WhatsApp en 2014 como fórmula para incorporar aplicaciones que lucían exitosas en segmentos donde Facebook había fracasado.

Las stories de varias de las plataformas más grandes fueron a su vez una copia de Snapchat, a la que Facebook intentó comprar en 2013 por U$S 3.000 millones y por la que Google ofertó U$S 30.000 millones en 2016. Ante la negativa de los fundadores y accionistas de Snapchat, florecieron las historias instantáneas en casi todas las redes, fagocitando la idea original.

Ahora Twitter, una plataforma de breaking news y de opiniones breves como encuadre de las noticias de último minuto, anunció el lanzamiento de un formato ya explorado por otras compañías: la segmentación de usuarios en comunidades. Como ocurre con los grupos de Facebook, Reddit y Clubhouse, quienes participen de una comunidad en Twitter serán leídos por los integrantes de la misma, que podrán interactuar con comentarios a ese contenido. Habrá moderadores de cada grupo y reglas específicas.

Además de recurrir a las ideas de otras plataformas para robustecer la actividad en la propia, Twitter olfatea la posibilidad de un buen negocio publicitario, toda vez que la segmentación temática y de afinidades político culturales de la élite intelectual que conforma la base de usuarios de la red creada por Jack Dorsey puede interesar a marcas e intereses publicitarios y propagandísticos. Como complemento, Twitter aprovecha la creciente adopción de newsletters y podcasts para ofrecer espacios de interacción directa entre eventuales animadores de esos espacios no sincrónicos.

Estas tendencias de reciclado de formatos ajenos que inspiran a autores como Laurence Lessig a hablar de la fase contemporánea como “cultura remix” merecen examinarse en tiempos más largos de los que comprenden la existencia de las corporaciones digitales que hoy protagonizan como nuevas especies el ecosistema de comunicaciones. La convergencia entre tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las telecomunicaciones y las industrias culturales y mediáticas tiene novedad y continuidad en su ADN.

* El autor es investigador CONICET y docente del posgrado “TIC: Internet, políticas y sociedad”, UNTREF

Es inexacto el título de la nota publicada el 22 de septiembre por elDiarioAR y elDiario.es. El título, además, reproduce la confusión entre regulación y prohibición, conceptos que no son sinónimos y que, en cuestiones novedosas como la Inteligencia Artificial y su “caja negra”, es importante distinguir. El tema del artículo en cuestión, sensible como pocos, lo demuestra. Con el título “Michelle Bachelet alerta en la ONU sobre la expansión de sistemas peligrosos de inteligencia artificial y pide paralizar su uso”, la nota comunica las conclusiones del informe sobre los usos de IA publicado esta semana por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

La IA, la automatización, la extracción y el procesamiento algorítmico de datos en volúmenes inéditos y crecientes, que suelen incluir datos personales recolectados y almacenados sin consentimiento explícito de sus titulares, han capturado la imaginación contemporánea, como afirma el informe. Más aún, su ubicua y veloz aplicación en todos los procesos productivos es un indicador de su impacto en la estructuración de las sociedades y en las prácticas de individuos, grupos y organizaciones. La IA moldea nuestra vida, mercantiliza y utiliza datos para obtener beneficios económicos y/o políticos por parte de empresas y gobiernos y, en tal sentido, prescribe comportamientos. Desde luego, hay efectos virtuosos de la IA en el marco del progreso de las comunicaciones, y también experiencias catastróficas por sesgo en la programación de inferencias acerca del comportamiento de grupos vulnerables y por la exposición de información confidencial de millones de personas e instituciones.

Como dice Sofía Scasserra en un artículo publicado en Nueva Sociedad (https://nuso.org/articulo/la-desigualdad-automatizada/), “se han detectado algoritmos que estigmatizan a las personas de color, que otorgan menos crédito a mujeres por el solo hecho de ser mujeres o que directamente imposibilitan el acceso a empleos por diversos motivos (…) Si los algoritmos deciden sobre las personas, sobre su libertad, sobre su empleo, sobre su capacidad de acceder a seguros, servicios médicos y otras cuestiones fundamentales de la vida, es menester tener la posibilidad de regularlos”.

Pero quien lea el reporte oficial de la ONU corroborará que no existe un pedido para “paralizar el uso” de la IA sino que, a partir de la descripción de los aspectos de la IA que facilitan la interferencia en la privacidad y los derechos asociados, formula recomendaciones para los Estados y las empresas relativas al diseño y la implementación de salvaguardas para prevenir y minimizar los resultados nocivos y para acceder a los beneficios que la tecnología puede brindar.

El contenido de la nota en cuestión, en cambio, sí refleja el reporte encargado por el Consejo de DDHH de la ONU. Este documento es un aporte al debate, imprescindible en el estado actual de desarrollo de las TIC, porque define el respeto (o no) por los derechos humanos como son la protección de datos personales, el acceso a la cultura, la libertad de expresión, la privacidad y la no discriminación, sin cuyas garantías algunas tecnologías pueden carcomen las cualidades democráticas de las sociedades.

Este documento es un aporte al debate, imprescindible porque define el respeto (o no) por los derechos humanos como son la protección de datos personales, el acceso a la cultura, la libertad de expresión, la privacidad y la no discriminación

La interferencia con la privacidad es uno de los ejes tratados en el informe, que recuerda que “los Estados pueden interferir con el derecho a la privacidad sólo sobre la base de la ley y de conformidad con esa ley” en la medida que cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, es decir, que las eventuales injerencias a la privacidad deben tener un propósito legítimo, ser necesaria para lograr ese propósito legítimo y ser proporcionadas. “Cualquier restricción también debe ser la opción menos intrusiva disponible y no debe menoscabar la esencia del derecho a la privacidad”, subraya.

Otra dimensión de la IA que preocupa a la comisionada de DDHH de la ONU es que los procesos de toma de decisiones de muchos sistemas de IA son opacos. La veda actual, para que la “caja negra” de la IA pueda ser auditada y para que sus procedimientos sean conocidos por parte de los sujetos cuyos datos nutren su actividad impiden que las personas y organizaciones puedan recurrir ante efectos lesivos de sus derechos. El refuerzo de los sistemas de propiedad intelectual colisiona, pues, con otros derechos. De allí la necesidad de instituir autoridades regulatorias independientes, abiertas al escrutinio de la sociedad civil, y que trabajen con autoridades administrativas, judiciales y órganos dedicados a la protección de datos personales, agencias de protección de consumidores, reguladores sectoriales, organismos contra la discriminación e instituciones de defensa de los derechos humanos para armonizar una controversia compleja en la que coexisten intereses diversos.

Otra dimensión de la IA que preocupa a la comisionada de DDHH de la ONU es que los procesos de toma de decisiones de muchos sistemas de IA son opacos.

Los sistemas automatizados de predicción de comportamientos son, además de opacos, fuertemente disciplinadores. Son tan performativos como prescriptivos, en el sentido que predisponen conductas basadas en las inferencias que los sujetos a quienes les son aplicados esos sistemas realizan respecto del modelo esperado y respecto de las prácticas sancionables. Esta estandarización del control social produce errores frecuentes que documentan el sesgo algorítmico y las consecuencias desastrosas del mal empleo de la inteligencia artificial, por ejemplo en predicción de conductas delictivas en barrios de bajos recursos, en sistemas de crédito social (scoring) en China o en políticas de evaluación docente en EEUU y estudiantil en el Reino Unido. Tras citar algunas de estas evidencias, Strasserra concluye que “la vigilancia para captar datos y su consecuente procesamiento para emitir juicios de valor sobre la ciudadanía puede tener un efecto muy nocivo en la sociedad: el miedo a equivocarse”.

La oficina de la ONU presidida por Bachelet reclama una moratoria en la aplicación de sistemas de reconocimiento de emociones o identificación biométrica, entre otros, y reclama tanto a Estados como a compañías privadas que evalúen su impacto en los derechos humanos. “La escalabilidad de las soluciones de IA puede aumentar drásticamente los efectos negativos de tasas de error aparentemente pequeñas”, sobre todo si, como constatan muchos casos del pasado reciente en materia de seguridad pública, los sistemas de IA se basan en datos defectuosos o incompletos pero sus resultados se usan como si fueran representativos. 

Además, en la escala actual la IA afecta la libertad de expresión, dado que “los vastos conjuntos de datos en los que se basan los sistemas de curación, amplificación y moderación se crean y amplían continuamente a través de un extenso monitoreo en línea y perfiles de los usuarios de la plataforma y sus redes personales”, lo que, “combinado con una concentración extrema del mercado, ha llevado a la situación en la que un puñado de empresas a nivel mundial mantienen y controlan perfiles sobre miles de millones de personas y la esfera pública en red en general”. No es casual que la edición de la conversación pública por parte de las plataformas digitales mediante sistemas automatizados, cuyos parámetros de programación son también una “caja negra” pero cuyo sesgo exhibe discriminación por motivos raciales, culturales o de género, sea crecientemente criticada por representantes políticos y sociales de distintas perspectivas ideológicas.

Regular no es prohibir: el informe aboga por regulaciones democráticas e inteligentes que sean a la vez específicas para abordar los problemas que presenta la IA. “Cuanto mayor sea el riesgo para los derechos humanos, más estrictos deberían ser los requisitos legales para el uso de la tecnología de IA. En consecuencia, los sectores en los que hay mucho en juego para las personas, como la aplicación de la ley, la seguridad nacional, la justicia penal, la protección social, el empleo, la atención de la salud, la educación y el sector financiero, deberían tener prioridad”. Ciertamente, para la oficina de la ONU no deberían permitirse sistemas de IA estén directamente en conflicto con la prohibición de la discriminación, pero ello también vale para las prácticas y regulación de conductas en el mundo físico o analógico, que no pueden violar los derechos humanos, incluso si se trata de empresas u organizaciones privadas.

Regular no es prohibir: el informe aboga por regulaciones democráticas e inteligentes que sean a la vez específicas para abordar los problemas que presenta la IA

La regulación recomendada por el informe desemboca en el reconocimiento de derechos de la ciudadanía digital, que es un ejercicio pendiente de concreción. En su trabajo Terms of Disservice, Dipayan Ghosh pregunta, en la lectura que hace Ángel Melguizo en El Mundo (https://www.elmundo.es/economia/2021/09/21/6148c9d021efa082228b45b3.html), “qué tan representativos son en verdad los datos que usan los algoritmos; de qué manera se entrena a los modelos para que funcionen mejor, y en particular la necesidad de identificar causalidad y correlación” que opera en la programación de la inteligencia artificial. Ghosh aboga por “el consentimiento (aceptación explícita), la elección (que incluya una forma fácil de salir), y el control sobre el acceso, uso y retención de datos (que incluye el derecho a la información sobre el uso de nuestros datos, su corrección, o remoción)”. Este inventario puede colaborar en que la democracia sobreviva y logre ingresar a la sala de máquinas donde funciona la caja negra de la IA.

MB

¿Cómo establecer reglas democráticas para la moderación de contenidos que garanticen simultáneamente la libertad de expresión y disminuyan la desinformación?La pregunta fue parte del debate que hoy se dio en el Foro internacional “Atrapados en la red: Las noticias falsas y los discursos de odio como amenazas para la convivencia democrática”, en el marco del Consejo Económico y Social presidido por Gustavo Beliz. La respuesta incluye diez tesis, una propuesta y también una conclusión. 

En síntesis: cómo y bajo qué reglas circulan los discursos, quién puede escucharlos y cuáles son los límites de lo decible son cuestiones que remiten a la esencia de una democracia. Si a la circulación de ideas y opiniones se le imponen peajes arbitrarios o unilaterales, sea a través de controles gubernamentales, de corporaciones privadas (tema que no suelen contemplar los indicadores de «calidad democrática») o de sistemas mixtos de vigilancia, la capacidad de acceder y participar de los debates y decisiones públicas se resiente.

El tema asciende en la consideración de la agenda política en todo el mundo, de modo que habrá novedades sobre estas cuestiones. Así lo confirma la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen: “las interferencias en el derecho de expresión no pueden ser basadas solamente en reglas internas de una empresa” sino que “es necesario un conjunto de reglas y leyes para decisiones de tal efecto”. Como en los viejos folletines, esta historia continuará.

El cambio de política de privacidad en WhatsApp, el servicio de mensajería de Facebook que usan más de 2000 millones de personas, levantó polvareda en todo el mundo. Alemania y otros países europeos, Brasil e India reclamaron a la compañía de Mark Zuckerberg que frene la intimación a sus usuarios para que autoricen el cruce de sus datos entre Facebook, Instagram y WhatsApp. El caso canaliza problemas de vieja data impregnados a la genealogía de Facebook y también muestra el errático comportamiento de los poderes públicos a nivel mundial sobre el valor de los datos personales y sobre el maltrato a la competencia en la economía digital. Las plataformas de Internet tienen nuevos mensajes en sus casilleros.

En la Argentina, WhatsApp tiene una penetración que supera el 80% de los teléfonos móviles. De las aplicaciones de mensajería, concentra el 95% del mercado en el país. La adopción y masividad de la app es facilitada por la política de “zero rating” por parte de las operadoras de comunicaciones móviles, que bonifican el uso de WhatsApp (y no de otros servicios de mensajería), lo que motiva que especialmente los sectores con menores recursos utilicen masivamente la aplicación. Otro incentivo para la adopción de WhatsApp es la cantidad de servicios de salud, educación, transporte, comercio y producción que la tienen como vía exclusiva de comunicación. Parte importante de la información sobre cuidado y prevención del coronavirus es tramitado a través de esa plataforma, por ejemplo.

En la Argentina, WhatsApp tiene una penetración que supera el 80% de los teléfonos móviles. De las aplicaciones de mensajería, concentra el 95% del mercado en el país.

Este lunes 17 de mayo, el Boletín Oficial publicó el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) con una medida cautelar para que Facebook suspenda durante 180 días la puesta en vigor de las nuevas condiciones del servicio de WhatsApp. El fundamento de la cautelar es que con este giro Facebook podría “lesionar la competencia y el interés económico general”, lo que se tramita en la investigación abierta por la CNDC.

Facebook dice que el cambio habilitará anuncios más efectivos y personalizados en sus plataformas. La publicidad es su principal fuente de ingresos. La compañía promete que todos los cambios preservan el cifrado punto a punto de las conversaciones, por lo que Facebook no puede leer los mensajes de la aplicación.

El cambio de política avivó quejas de usuarios, de gobiernos y campañas de servicios de mensajería con y sin fines de lucro (entre los primeros, Telegram; entre los segundos, Signal). Tras la reacción negativa suscitada por el anuncio que tenía pensado concretar en febrero último, Facebook postergó al 15 de mayo su concreción; días antes de esa fecha, anunció que no habría problemas en el uso de la aplicación para quienes no hayan aceptado los cambios –no dijo durante cuánto tiempo-, postergación que la comunicación de la compañía justifica en la pandemia aunque reconoce una mala campaña de comunicación inicial. En la Argentina, según Facebook, el 75% de los usuarios aceptaron ya los cambios.

La información personal que se autoriza a compartir con la nueva política consta de número de teléfono, nombre, perfil; pagos y transacciones financieras; contactos; actualizaciones de estado; cuándo usa WhatsApp y por cuánto tiempo; información sobre cómo interactúa con sus contactos, grupos y empresas; información sobre el dispositivo móvil: carga de batería, proveedor de servicios de Internet, potencia de la señal, modelo de hardware, sistema operativo; dirección IP, que indica la ubicación de la conexión a Internet.

La información personal que se autoriza a compartir con la nueva política consta de número de teléfono, nombre, perfil; pagos y transacciones financieras; contactos; actualizaciones de estado;

Todos esos datos ya son recolectados y administrados por Facebook en servidores y redes en las que aloja el servicio de sus plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp. Se trata de datos personales que otras compañías con posición dominante en otros servicios, como Google con el motor de búsqueda y con su sistema operativo Android, también recolectan masivamente.

Desde la perspectiva de Facebook, el cambio busca obtener ingresos por la aplicación de mensajería que adquirió en 2014 y que, siendo masiva, sin embargo no cubre sus costos de funcionamiento. Descartada por la compañía la posibilidad de introducir anuncios en WhatsApp directamente, Facebook busca lubricar el acceso a WhatsApp de las empresas para incrementar aún más el aprovechamiento de la segmentación y personalización de avisos publicitarios y ofertas a sus millones de usuarios de las plataformas que posee.

Desde la perspectiva de los derechos de los usuarios, no obstante, la cesión de mayores volúmenes de datos personales que no son imprescindibles para un servicio de mensajería resulta preocupante.

Desde la perspectiva de los derechos de los usuarios, no obstante, la cesión de mayores volúmenes de datos personales que no son imprescindibles para un servicio de mensajería resulta preocupante.

Pero hay que entender la reacción negativa a esta novedad de Facebook en el marco del crecimiento de la preocupación pública sobre la recolección masiva de datos personales de las grandes plataformas, el tipo de tratamiento que hacen de esa información, su transporte y comercialización. La sensibilidad sobre estas cuestiones, reducida a ámbitos especializados hace un lustro, hoy es parte de la agenda pública al calor de escándalos que tuvieron a estas compañías como protagonistas, con el caso Cambridge Analytica como estandarte.

En este sentido, puede verse en la reacción de algunos actores políticos y sociales a este cambio que ensaya Facebook con el cruce de datos que ya están almacenados en sus servidores -en teoría, en forma no integrada-, cierta sobreactuación que procura lavar la falta de atención a abusos pasados en el manejo de un tema sensible como la información personal de miles de millones de personas por parte de las big tech.

De hecho, este caso echa luz sobre una paradoja extendida en todo Occidente por parte de la política profesional (gobiernos, poderes judiciales y legislativos) y de las organizaciones de defensa de los datos personales: mientras buscan minimizar o revertir la extracción sistemática (muchas veces sin consentimiento) de la información de usuarios de servicios que, como los de Facebook y Google, se presumen gratuitos porque, precisamente, procesan esos datos con fines publicitarios, a la vez exigen a las mismas compañías medidas draconianas para identificar cuentas y para evitar las operaciones de desinformación, la manipulación electoral, el grooming, el trolleo o los discursos de odio.

Ahora bien, dada la posición dominante de Facebook en el sector de las plataformas de redes sociales digitales y en particular en las aplicaciones de mensajería, y los efectos de red propios de la economía digital, los usuarios no pueden elegir libremente las condiciones de servicio.

Además, la política de “zero rating” disuade a usuarios –en especial, los de bajos recursos- de emplear otras aplicaciones que consumen crédito telefónico. El resto de servicios de mensajería, en tanto, no cuentan con el acceso a los datos de Facebook, por lo que la aceptación de estos cambios generará todavía más distorsión del poder de mercado de esta compañía dominante en detrimento del resto.

La bonificación de WhatsApp contradice el principio de “neutralidad de la red”. Si se aprovechara este caso para incluir en el “zero rating” a otras aplicaciones de mensajería, tanto la competencia y la libertad de elección, así como la neutralidad de la red, serían beneficiadas.

Según el dictamen de la CNDC “las demás aplicaciones de mensajería todavía tienen baja penetración, por ello el usuario no puede sustituirla sin perder este medio de comunicación con muchos de sus contactos. Esto genera una fuerte asimetría en el poder de negociación entre el usuario y WhatsApp, por lo que se verán obligados mayoritariamente a aceptar las nuevas Condiciones del Servicio, habilitando de ese modo a WhatsApp a que recopile datos personales excesivos y comparta la información personal de manera indebida con otras aplicaciones del grupo, tales como Facebook e Instagram.”

Así como Facebook amortiguó las críticas recibidas por su controvertida política de edición y moderación de contenidos a través de la reciente creación de una Junta de Supervisión creada como mecanismo de autorregulación, tal vez podría avanzar en el mismo sentido con su (des)manejo de datos personales, que le aporta tantas satisfacciones monetarias como cuestionamientos políticos y sociales.

MB

Acto número 1: Clarín publica una nota intitulada “Naftas: Cómo ahorrar hasta $2000 por mes para cargar combustible”. Todo el día de hoy la noticia tuvo un lugar destacado en el sitio web del segundo medio online más visitado de la Argentina y nave insignia del principal grupo de comunicaciones del país.

Acto número 2: La nota menciona los descuentos que ofrecen las principales petroleras, en algunos casos de modo sintético y en otros detalladamente. Uno de estos casos indica que Axion Energy tiene varios acuerdos que permiten cargar más barato y resalta como primera opción los beneficios de la Tarjeta 365 y 365 Plus.

Acto número 3: No existe -como se estila en el periodismo de otros países- una aclaración elemental para los lectores acerca del posible conflicto de interés que consiste en que Clarín informe sobre un negocio en el que está comprometida la compañía editora, dueña de la tarjeta corporativa 365 (a la que se accede suscribiéndose a los productos de Clarín). Tampoco se trata de un clásico “chivo” o publicidad no tradicional que pululan por el paisaje mediático hace décadas.

¿Cómo se llama la obra? Oportunidades comerciales en la morgue del periodismo. En efecto, la nota, del género “servicios”, podría analizarse tanto como caso de estudios en una escuela de negocios como en una carrera de periodismo y ciencias de la comunicación. La publicación de Clarín es un híbrido; se ubica justo en el empalme entre el sendero de las noticias y la autopista estratégica de los intereses comerciales digitales, en particular los del grupo conducido por Héctor Magnetto.

El negocio que esta nota pone al desnudo aprovecha las sinergias de una economía de datos que tiene aturdidos a los medios tradicionales. Desde la perspectiva del diario fundado por Roberto Noble en 1945, Clarín es víctima del cambio de etapa del ecosistema infocomunicacional, pero está surfeando la tempestad con una metamorfosis que comprende desde su expansión al sector de telecomunicaciones fijas y móviles (lubricada por los decretos del expresidente Mauricio Macri) y con una apuesta por el cruce de los datos del público de sus numerosos medios con los de sus abonados en el sector de telecomunicaciones y TIC, y los de sus suscriptores a las tarjetas de descuentos. La economía digital ofrece una convergencia inédita de la que la nota en el Clarín de hoy es un ejemplo cabal. Clarín vela una etapa del periodismo que protagonizó en décadas pasadas mientras proyecta su adaptación a los negocios de la nueva era.

La metamorfosis de Clarín pretende conjurar el aturdimiento que todos los grandes medios sufren por la pérdida del control de la publicidad masiva a manos de Google y Facebook (cuyos programas de mecenazgo 2.0 son una enmienda coyuntural), la migración de los hábitos noticiosos y de entretenimientos de las audiencias y la ruptura del monopolio de difusión de los contenidos a los que antes tenían acceso exclusivo hoy circulan por canales directos de instituciones (políticas, deportivas, sociales, religiosas, culturales).

En esta nueva etapa producir noticias generalistas dirigidas a públicos amplios y variados, con cierto equilibrio en la consulta de fuentes y la verificación de los hechos, es caro y está en desuso. Lo pueden hacer el New York Times o The Guardian con proyectos económicos y culturales diferentes -en algunos casos, opuestos- pero con una audiencia global y recursos de todo tipo (no sólo financieros) inimaginables desde América Latina. Frente a las restricciones de escala y mercado y a las decisiones corporativas de los últimos 15 años (como mínimo) la conducción de Clarín ha optado por agitar una audiencia más homogénea desde una de las veredas de la polarización cuya intensidad no demanda rigor periodístico ni castiga los desbordes facciosos del multimedios, resignando su interpelación policlasista a las mayorías con opiniones políticas y culturales diversas.

Esa estrategia podría parecer desatinada y/o excesivamente ideologizada si no fuera porque está complementada por la apuesta del conglomerado infocomunicacional más grande de la Argentina por capitalizar los movimientos comerciales de sus suscriptores de la tarjeta corporativa con los intereses y hábitos de su importante audiencia mediática y su aún mayor mercado de clientes abonados a sus negocios de telecomunicaciones fijas, móviles y de televisión por cable. Los contenidos periodísticos están teñidos de modo directo e indirecto por ello.

En la morgue del periodismo, Clarín desarrolla nuevos negocios al compás de las nuevas melodías de la economía digital.

Una certeza recorre los medios y el periodismo: la crisis del modelo que reinó durante el último siglo sólo puede conjurarse con la inyección de recursos desde otros espacios. El yacimiento de un negocio que monopolizaba la atención masiva con productos generalistas realizado en grandes organizaciones que, a su vez, controlaban todo el proceso productivo de los flujos cotidianos de información y opinión, está casi seco y no es renovable. Los futuros recursos para que la maquinaria funcione –si es que eso es posible- saldrán de otro lado. Pero hoy, como en el tango “¿Dónde hay un mango?” de Pelay y Canaro inmortalizado por Tita Merello, por más que se arremanguen, ni “los financistas, ni los periodistas, ni perros ni gatos, noticias ni datos” pueden salir del apuro.

¿Quién paga la cuenta de los medios en la economía digital? es la pregunta que hoy formulan desde los empresarios hasta los sindicalistas del sector, desde los canillitas de los desolados kioscos de diarios y revistas hasta la constelación de columnistas y opinadores que anida en la cumbre del sistema cuesta abajo. Como es lógico, dada la centralidad que tiene la comunicación en la estructuración de la agenda pública, la preocupación trascendió las fronteras corporativas y hoy involucra a presidentes y congresistas y también a las plataformas tecnológicas y a las compañías de telecomunicaciones, en estos casos por tratarse de actividades colindantes y convergentes con los medios. Pero, aunque es una pregunta medular, es incompleta.

¿Quién paga la cuenta de los medios en la economía digital? es la pregunta que hoy formulan desde los empresarios hasta los sindicalistas del sector, desde los canillitas de los desolados kioscos de diarios y revistas hasta la constelación de columnistas

En efecto, ya asoman algunas ideas que compiten por dar respuesta al interrogante sobre el financiamiento de los medios: Francia y Australia tomaron la delantera al obligar a Google y Facebook a negociar con las empresas periodísticas para que la renta publicitaria digital que estas plataformas capturan gracias –en parte- al interés que despiertan los contenidos de los medios y las conversaciones motivadas por ellos, sea compartida con la industria de la información. Los resultados de estas iniciativas son recientes y controvertidos. Facebook, por ejemplo, decretó un apagón noticioso en Australia como represalia por la nueva imposición regulatoria, un extremo que le permitió moderar su impacto y que a la vez despertó la alarma mundial por la exhibición del poder del conglomerado de Mark Zuckerberg. En paralelo, la Comisión Europea está forzando a las big tech a amoldarse a su nueva regulación sobre derechos de autor, no sin controversia.

Por otro lado, con buen olfato y billetera abultada, Google lanzó el programa News Showcase como estrategia de control de daños y escudo ante el severo escrutinio con que Silicon Valley es observado en un mundo que hasta hace poco tiempo festejaba la autorregulación de las plataformas digitales y se hacía el distraído con sus efectos de monopolización de mercados, abuso en el tratamiento de datos personales y opacidad algorítmica.

Mecenazgo 2.0, la insignia de Google News Showcase ya ondea en varios países, entre ellos Brasil y la Argentina como primeras experiencias latinoamericanas de un programa corporativo que es celebrado públicamente por los medios que reciben financiamiento y pueden editar parte de sus contenidos sin que estos sean fagocitados en la sala de máquinas de la plataforma. Sin embargo, también hay críticas por lo bajo de los beneficiados y de la constelación de organizaciones periodísticas que quedan afuera del radar de Google.

Por ahora, Google News Showcase es lo que hay y más vale pájaro en mano en tiempos de hambruna, aunque la alianza huela, desde la perspectiva de los medios, a pacto fáustico. Colombia será la próxima sede de este ensayo. Curiosamente, el Congreso colombiano tramita un proyecto de ley promovido por las empresas periodísticas y apoyado por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación (MinTIC) para dotar de financiamiento público a los medios privados. La regulación propuesta busca lograr “la estabilidad económica y la operación de los medios de información” en ese país.

Por ahora, Google News Showcase es lo que hay y más vale pájaro en mano en tiempos de hambruna, aunque la alianza huela, desde la perspectiva de los medios, a pacto fáustico. Colombia será la próxima sede de este ensayo.

En paralelo al proyecto de ley, el MinTIC colombiano anunció la disposición de US$ 23 millones del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para financiar “la transformación digital de los medios de comunicación”. Los fondos tienen un propósito definido, no hay que confundirlos con los subsidios encubiertos que en toda América Latina se canalizan a través de la publicidad oficial a niveles nacionales, provinciales y municipales. Este subsidio encubierto de la pauta estatal suele ser una forma de mecenazgo político-partidario.

Pero los subsidios encubiertos ya no alcanzan y los anunciantes privados migran hacia las plataformas. Por eso los reclamos de asistencia pública a los medios privados se multiplican. En la Argentina, por ejemplo, las cámaras empresariales de medios pidieron “financiamiento productivo, empleo, regímenes impositivos y previsionales, planes de pago, adecuación a futuro de regímenes laborales” en un comunicado conjunto de hace dos años de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA); la Asociación Argentina de Editores de Revistas (AAER); la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Durante la pandemia, las empresas integrantes de estas asociaciones recibieron socorro público sin reparar en la contradicción de que muchos de sus cuadros directivos y profesionales (editores, columnistas y conductores estrella en tv y radio) predican el ajuste del Estado y vilipendian a otros sectores sociales acusándolos de querer vivir del apoyo público. 

Las opciones existentes de abrir negociaciones por la renta publicitaria digital, confiar en el criterio de las plataformas con sus donativos corporativos a algunos medios, ejecutar subsidios encubiertos para las empresas periodísticas y definir un esquema de ayudas directas del Estado a los medios no son perfectas ni completas. Además de estos paliativos coyunturales e inestables, el catálogo de ideas superadoras podría enriquecerse si, por ejemplo, la OCDE avanzara en alguna de las líneas de tributación de las plataformas en las que trabaja desde hace dos años.

Aun si hubiese un fondeo específico que no restara capacidad de sostenimiento de otras funciones estatales (salud, educación, jubilaciones y pensiones, vivienda, seguridad pública, etcétera), surgen preguntas que el investigador Germán Rey plantea en relación a Colombia: “¿Es la información un bien de carácter esencial? ¿Se ha hecho una evaluación rigurosa del funcionamiento y manejo económico de los medios de comunicación y cuáles son sus resultados concretos? ¿En puntos específicos está amenazada su sostenibilidad? ¿Se ha verificado cuáles han sido las inversiones realizadas por los medios en este periodo, el valor y rentabilidad de las ventas de los medios y a quiénes han favorecido, la ruta de la distribución de sus dividendos, el proceso de compra de otros medios, la participación y utilización de los medios en negocios diferentes a la información, el presupuesto destinado a las redacciones y la evolución de los montos de salario de los periodistas por años? ¿Se conocen con certeza las diferencias entre los salarios de los directivos de los medios y los salarios de sus periodistas, o la realidad de la situación laboral de las mujeres periodistas en los diferentes medios de comunicación del país? ¿Se han aumentado los mecanismos de evaluación social y rendición de cuentas de su labor?”. Por lo infrecuente de este tipo de preguntas que hace Rey es que es lícito proyectarlas al resto de América Latina. 

Si los medios privados precisan asistencia estatal y beneficios extraordinarios con el argumento de que los contenidos informativos son de interés relevante, entonces ¿no es lógico que se discuta su responsabilidad?

Si los medios privados precisan asistencia estatal y beneficios extraordinarios con el argumento de que los contenidos informativos que producen son de interés relevante, entonces ¿no es lógico que se discuta su responsabilidad, o sea que haya criterios de distribución democráticos del financiamiento y, correspondientemente, de evaluación del interés relevante de sus contenidos por parte de la sociedad? Entre las condiciones que se debaten en otros países para asistir con dinero público a los medios como contraprestaciones de bien público, se destacan la producción de contenidos locales con periodistas locales, sobre todo en regiones, ciudades y pueblos donde ya no hay medios funcionando; la cesión de espacios para campañas de interés relevante (salud, educación); la habilitación de espacios de respeto a audiencias y públicos tales como el derecho de réplica en los numerosos casos en que difaman sin siquiera consultar al/a difamado/a; la garantía de tratamiento responsable de contenidos sensibles evitando operaciones de desinformación sobre vacunas, cuidando especialmente la identidad, privacidad y derechos de niñas, niños y adolescentes y otros sectores vulnerables; la observación de reglas de no discriminación; o el empleo registrado de periodistas. En todo caso, los medios tienen libre albedrío para eludir estas contraprestaciones de bien público, tal y como viene ocurriendo, pero entonces la pretensión de financiamiento público decae.

La decadencia de los grandes medios de comunicación es ya un género de la literatura especializada en el auge y ocaso de distintas generaciones de tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, hay vacancia de opciones superadoras al mecenazgo corporativo o partidario. Los billetes ya no están en la industria de medios, que no venden ni tienen anunciantes. Como dice el tango, todos, “del seco hasta el bacán, llevan la cartera con cartel de defunción”. Para que eludir ese destino hace falta creatividad en la búsqueda de nuevas fuentes de sostenimiento y una transparencia inédita sobre los métodos y funciones de las organizaciones periodísticas.

MB

El anuncio del programa Google News Showcase (GNS) causó revuelo en el ambiente periodístico y reacciones dispares en la Argentina. La inyección de financiamiento en algunas empresas de medios es, a la vez, una vía de gestión de reclamos por derechos de autor de los contenidos periodísticos indexados por Google. De hecho, GNS surge en paralelo a la adopción de normas que –en otros países- obligan a las plataformas digitales a negociar pagos a los medios de comunicación. Con GNS, Google busca adelantarse a nuevas regulaciones estatales firmando acuerdos con ciertas organizaciones mientras evita a muchas otras.

GNS es un mecenazgo o patrocinio 2.0. Como en la época de los Médici, el mecenas -en este caso, Google-, solventa la economía de un creador de contenidos que no consigue satisfactoria realización mercantil, al tiempo que le brinda protección. La cobertura del mecenas no tiene por qué ser democrática ni universal. Puede contradecirse e insinuar que va a dirigir ayudas a los diarios impresos para sacar de la morgue a sus empresas editoras y luego, por razones políticas, sumar a influyentes medios digitales o señales televisivas que, de quedar afuera del programa, podrían ser espacios propicios para el cuestionamiento. Al fin de cuentas, Google es un conglomerado que no está sujeto a principios de justicia o igualdad con sus donativos. Por eso GNS es, entre otras cosas, un atajo corporativo que –al acotar el universo de medios beneficiarios- reduce el impacto y el costo que tendría una regulación integral que comprendiera a todos los productores de noticias.

Cuando hay hambre no hay pan duro. Quizá ello explique la escasez de voces que se atrevieron a discutir en público un contrato por el que Google ofrece un pago máximo mensual durante un año, con posibilidad de renovación por otros dos años, según el protocolo enviado a uno de los medios argentinos del programa GNS. La constante merma de ingresos publicitarios, contemporánea a la pérdida del control de contenidos antes exclusivos (como los clasificados o el pronóstico meteorológico), la globalización de un mercado antes eminentemente nacional o incluso local, la caída de su credibilidad y significación social, y la migración digital de los públicos a nuevas plataformas y soportes, causan estragos en el ecosistema de comunicación. Como sostiene Benedict Evans, los medios tenían el oligopolio de la atención y el oligopolio de la publicidad masiva de flujo, e Internet eliminó ambos. No es sólo un problema económico, ni sus razones son meramente tecnológicas, pero la malaria golpea las vísceras sensibles y suaviza cuestionamientos.

Este programa de aspiraciones globales, concebido por la conducción de Google frente a una cada vez mayor injerencia estatal en países como Francia, Canadá o Alemania, tiene a la Argentina como una de sus pruebas piloto en América Latina. Ya funciona en Brasil y la siguiente escala sería Colombia. El GNS es “un programa de licenciamiento de contenidos en el cual se les paga a los medios para que seleccionen los artículos periodísticos que aparecerán en los paneles de historias de Google News y Discover por ahora, y en el futuro en otros servicios también”. Los medios participantes editarán los fragmentos destacados, en una suerte de curaduría compartida.

Como contrapartida, la transferencia de dinero a las empresas seleccionadas supone cesión de derechos, con la consecuente renuncia al reclamo por el uso de contenidos periodísticos en los distintos servicios de Google, como por ejemplo en su motor de búsqueda. Y, por supuesto, mayor absorción de datos de usuarios de los medios por parte de Google.

Las más de 40 compañías argentinas que acceden al programa (auto)celebraron la novedad con mucho copy paste de la gacetilla corporativa de la compañía de Silicon Valley. Este googlesplaining inicial reproducido por las empresas periodísticas es un bautismo paradójico para el programa que, se supone, buscaría elevar la calidad editorial y las capacidades de las organizaciones participantes. O tal vez se trata de una manifestación de las falencias de producción de las redacciones actuales que justifican, copiando y pegando, la necesidad de dar el salto cualitativo que patrocina Google.

¿Pacto fáustico?

GNS llega, para algunos editores, como un alivio que puede financiar la exploración de nuevos negocios asociados a la producción y circulación masiva de contenidos, mientras que otros lo ven como una propina que, a modo de placebo, pretende disimular la agonía económica irremontable de la institucionalidad mediática. También están quienes objetan este nuevo avance de las plataformas digitales sobre las fuentes de información y opiniones como un pacto fáustico donde las empresas periodísticas ceden lo poco que les queda como distintivo a cambio de dilatar su extinción.

El directivo de uno de los mayores grupos de medios ironizaba –en estricto off- sobre el pacto fáustico aludiendo al nombre del programa: él lo llama Google News Showroom, porque “nuestras noticias serán fagocitadas y mostradas por Google en el espacio de exhibición comercial de productos corporativos”. Pero ser trofeo en la vitrina digital que monopoliza las búsquedas no es poca cosa: Google tramita entre el 95% y el 98% del mercado en la Argentina.

En Letra P, Carlos Marino publicó una dura columna en la que sostiene que GNS incrementará la desigualdad inherente al mercado informacional local: “hay ciudades y medios que para Google no existen: en la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata y Bahía Blanca, dos de las tres ciudades más importantes, no están representadas en el programa (GNS), al igual que provincias como Misiones, Catamarca o Formosa”.

En la misma línea, el director general de la poderosa Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT), Cristiano Flores, promueve una reforma de la regulación legal sobre la responsabilidad de las plataformas.

El análisis de Agustín Espada sobre el lanzamiento acierta en la interpretación de GNS como una estrategia de captura de aliados en un momento en que las críticas de medios y periodistas en todo el mundo por la explotación publicitaria de sus contenidos, realizada por las grandes plataformas digitales, madura en forma de regulaciones legales en Europa, América del Norte y Asia. En Francia, por ejemplo, el pasado 25 de febrero la Autorité de la Concurrence agregó presión a Google acusándola de no haber actuado de buena fe en sus negociaciones con los medios franceses, a lo que la compañía dirigida por Sundar Pichai respondió que las conversaciones están en curso, que no han concluido, dejando la puerta abierta a recalcular el monto involucrado.

Aquí hay una moraleja sobre el poder de las regulaciones democráticas, incluso cuando no hayan sido aún aprobadas (como en el caso australiano, pues Facebook dispuso allí un apagón informativo días antes de que el Parlamento transformara en ley la orden de negociar la renta publicitaria con los medios) o merezcan críticas porque sus disposiciones concretas no son coherentes con los postulados que declaran. Desde el cierre draconiano de Google News España en 2014 como reacción a una norma que obligaba a pagar a los editores por los fragmentos de sus contenidos exhibidos –o sea, básicamente lo mismo que ahora, a regañadientes, Google dice que acepta-, pasó mucha agua bajo el puente. Mucha agua, muchos escándalos y mucha evidencia sobre el poder dominante de las plataformas en el mercado publicitario y en la economía de datos.

La caja negra algorítmica

Junto a las críticas, surgen preguntas sobre los nuevos patrocinios de Google. Por ejemplo, ¿qué sucederá con las notas analíticas sobre las distorsiones de la economía digital que publicaban grandes medios ahora asociados con Google? Así, los medios de News Corp, que cerraron un trato especial con Google, ¿moderarán sus críticas a la concentración de las plataformas, que venían siendo tan frecuentes como profundas?

¿Qué pasará con la indexación de los contenidos de los medios que quedan afuera de GNS en el motor de búsqueda? Las empresas periodísticas (y las demás organizaciones) saben que la programación del algoritmo define su suerte o desgracia. La jerarquía del catálogo cuando se realizan búsquedas orgánicas (las que no son anuncios publicitarios) puede determinar la interrupción del tráfico de visitas en los sitios de noticias y opiniones. Si, hipotéticamente, Google priorizara a sus socios del GNS como variable de relevancia en el algoritmo de búsqueda, además de distorsionar aún más el mercado condenaría al cierre a quienes no son beneficiarios de GNS.

En este contexto, GNS desafía a los medios emergentes que, sin la ayuda del conglomerado que es juez, arquitecto del entorno digital y flamante mecenas de su competencia, tendrán dificultades para construir audiencias en el ecosistema. También hay que considerar las repercusiones sociales y productivas de este tipo de programas selectivos, ya que el aumento de los desequilibrios puede afectar a públicos y organizaciones que no son atendidos por el statu quo. Obviamente, Google podría habilitar un mecanismo de auditoría externo a la compañía que constate que no hay discriminación positiva en el motor de búsqueda y otros servicios en favor de su nuevo club de patrocinados (o su contracara, discriminación negativa al resto). Como es sabido, el algoritmo es una caja negra hasta ahora sólo accesible para la conducción de las big tech, ¿no es hora de introducir transparencia en la sala de máquinas de la programación del entorno digital?

La iniciativa de Google no sólo es un reflejo de control de daños frente a políticas públicas más activas, sino que es también una invitación a pensar opciones superadoras que compensen las asimetrías que está creando la economía digital. Opciones que atenúen las desigualdades y eviten la multiplicación de lugares y sectores sociales desiertos de información, para quienes no existe producción de noticias porque el mercado hiperconcentrado tutelado por los mecenas 2.0 no los juzga públicos (o localidades) rentables.

MB

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se despide de la presidencia que lo tuvo como frenético vocero de sí mismo en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y otras redes sociales digitales, bloqueado por las compañías dueñas de las plataformas que le sirvieron como catapulta a la cima del poder político. La toma del Capitolio incitada por Trump, que alentó la irrupción en lugar de condenarla, “ha perturbado a los EE.UU.” porque “tiene la intención de usar el tiempo que le queda en el cargo para socavar la transición pacífica” con su sucesor, Joe Biden, según el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, quien justificó así la decisión de bloquear sus cuentas en Facebook e Instagram horas después de que Twitter adoptara una medida similar.

Como viene ocurriendo desde el asesinato de George Floyd y sobre todo durante las elecciones estadounidenses, las plataformas digitales fueron alterando sus reglas de juego en función de su cambiante lectura del contexto (tal como dice Zuckerberg en su posteo) y según el daño colateral que, en la evaluación de los ejecutivos de Facebook, Twitter y, en menor medida, Google, provocaban las diatribas de Trump. Así, el trato preferencial que -según los términos y condiciones de las redes- tenía Trump por ser presidente, fue acotándose y redefiniéndose a lo largo de todo 2020 y este inicio de 2021 hasta la suspensión completa. Ello contrasta con la autopercepción de las plataformas como meros intermediarios sin intervención editorial y recrea un clásico de la teoría democrática: cómo y bajo qué reglas circulan los discursos públicos.

¿Pueden disponer compañías privadas como Facebook políticas de contenidos que afecten el debate público en temas de interés relevante (elecciones, por caso) a espaldas de los principios internacionales y de las leyes nacionales?

Algunas de las aristas que este caso coloca en primer plano forman parte de discusiones que en espacios públicos como los Congresos de EE.UU. o Brasil y el Parlamento Europeo, y en foros especializados, se vienen sosteniendo hace años: ¿son las plataformas digitales espacios neutrales que deben tratar con indiferencia editorial todo contenido?, ¿hay mensajes que justifiquen la remoción sin previo contacto o derecho a descargo por parte de quienes los producen, aparte de los consabidos y legitimados límites a contenido ilegal como la pornografía infantil?, ¿cuál es el trámite adecuado, según los estándares respetuosos de la libertad de expresión que comprende tanto el derecho a decir como el derecho a recibir opiniones diversas, para proceder a una remoción, a un bloqueo de cuenta o a la reducción de su alcance? ¿Pueden disponer compañías privadas como Facebook políticas de contenidos que afecten el debate público en temas de interés relevante (elecciones, por caso) a espaldas de los principios internacionales y de las leyes nacionales de los países donde comercializan sus servicios?, el diseccionar unos contenidos catalogándolos como removibles o susceptibles de clasificación con etiquetas añadidas por la plataforma con criterios cambiantes en poco tiempo, ¿no ubica a las plataformas digitales como editoras de contenidos, cuando siempre reclamaron el amparo de la famosa y controvertida Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de EE.UU., de 1996, que les otorgaba inmunidad por ser meras “intermediarias” sin intervención editorial (a diferencia de los medios de comunicación, que tienen responsabilidades ulteriores por sus publicaciones)? ¿Es lógico que corporaciones privadas se arroguen el poder de policía sobre los contenidos que organizan la conversación pública, los flujos masivos de información y de opinión?, ¿acaso eso no supondría la institucionalización de censores privados con un poder superior a cualquier poder democrático?

Los interrogantes son numerosos y complejos. No hay respuesta simple ni antecedentes internacionales que sean a la vez exitosos y respetuosos de los múltiples derechos en cuestión: libertad de expresión, acceso a recursos culturales, protección de datos personales, no discriminación, competencia y cuidado del consumidor, entre otros. Está pendiente, y es parte de los debates en curso en todo el planeta, la adopción de respuestas acordes a desafíos que son novedosos, porque es fruto de la reconfiguración del ecosistema de comunicaciones propio de la era digital, que tiene en el dominio de pocas y gigantescas plataformas globales un cuello de botella sin antecedentes.

Está pendiente, y es parte de los debates en curso en todo el planeta, la adopción de respuestas acordes a desafíos que son novedosos, porque es fruto de la reconfiguración del ecosistema de comunicaciones propio de la era digital

Cinco razones habilitan a cuestionar el bloqueo dispuesto por las plataformas contra Trump: primera, porque cercena la palabra del representante de una corriente de opinión; segunda, porque obstruye el acceso de la sociedad a la expresión del presidente legítimo de un país; tercera, porque las plataformas se autoasignan el rol de controladoras del discurso público y, con este antecedente, les resultará complejo no ejercer esa función a futuro y desentenderse de las consecuencias políticas y legales correspondientes, incluida la evidente función editorial de la que tanto han renegado hasta ahora; cuarta, porque se arrogaron de facto facultades que corresponden a poderes públicos en una democracia, es decir que si Trump efectivamente es una amenaza a la convivencia y su incitación a la violencia es dañina, entonces correspondería que los poderes instituidos y legitimados (Poder Judicial, Legislativo) adopten las medidas que correspondan, incluyendo el recorte de los espacios de difusión del primer mandatario; quinto, porque al presentarse como una suerte de atajo ejecutivo y veloz para decisiones que deberían tramitarse por las vías institucionales de una democracia, las plataformas se ofrecen como un sustituto posible para cuestiones que son muy ajenas a su competencia al tiempo que sustraen de la esfera pública otras que no sólo le son propias, sino que le son constitutivas.

Al presentarse como una suerte de atajo ejecutivo y veloz para decisiones que deberían tramitarse por las vías institucionales de una democracia, las plataformas se ofrecen como un sustituto posible para cuestiones que son muy ajenas a su competencia

Las restricciones al derecho a la libertad de expresión no pueden ser fruto de una evaluación impulsiva de corporaciones dueñas de las plataformas digitales que alteran su algoritmo al calor de intereses particulares o de presiones externas para disminuir las operaciones de desinformación, la difusión de mensajes de odio o el alcance de las llamadas “fake news”. Como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 5/85, no sólo los poderes públicos pueden censurar, sino también los privados.

Una parte sustantiva de la convivencia democrática, que es la regulación de la discusión pública, tiene a las grandes plataformas digitales como árbitros. Como se ha visto en los últimos años y este caso ilustra, sus reglas de juego son corporativas, inestables y opacas. O sea que algo no está funcionando según los principios democráticos.

Una parte sustantiva de la convivencia democrática, que es la regulación de la discusión pública, tiene a las grandes plataformas digitales como árbitros

No faltará quien ensaye una defensa de la ejecutividad de las compañías arguyendo que la democracia es lenta o que tanto da si la decisión la toma Zuckerberg, en definitiva, un exitoso emprendedor, o un oscuro burócrata injertado en el aparato estatal por el partido gobernante. Este argumento antidemocrático es parte de un legado antiguo que apela a la falacia individualista, toda vez que pretende anular la riqueza y potencia que han tenido y tienen los grandes temas de interés público cuando son tramitados democráticamente. Basta pensar en leyes de divorcio, protección de datos personales, matrimonio igualitario. El fantasma del burócrata kafkiano se resuelve con más democracia y mejor discusión pública, no con menos.

En efecto, las reglas democráticas suponen la participación de distintos actores involucrados (lo que incluye a Zuckerberg u otros empresarios, pero no se reduce a ellos), la compensación de intereses cruzados, la evaluación de derechos individuales y el bien público, los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia. Además, la gestión democrática de los asuntos públicos implica controles cruzados, acceso público a la información relevante y alternancia, algo que como es obvio no sucede con las empresas.

Si estas reglas que hoy son definidas unilateralmente por las plataformas digitales fueran resultado de un proceso democrático, luego las empresas dueñas de las redes podrían adaptarse sin alterar en sustancia su autopercepción como intermediarias. De lo contrario, los términos y condiciones de la conversación pública dependerán cada vez más del juicio sumario de don Zuckerberg y su pandilla. Tal vez entonces la perturbación de la convivencia democrática termine justificando bloqueos que hoy son inimaginables para los adversarios de Trump.