El viernes participé de una charla para hablar del atentado organizada por Meretz y otras organizaciones en IWO, el edificio donde está el archivo que se recuperó del 3er y 4to piso del edificio de la AMIA que explotó. 

Pasaron un video en el que volví a ver imágenes que ya había visto muchas veces sobre los escombros y las acciones de rescate. Pero esas imágenes ahora se resignificaron porque lo que contaban es que las responsables del archivo y la biblioteca armaron un dispositivo de rescate con muchos jóvenes voluntarios. Hicieron pasamanos sobre los escombros y lograron recuperar casi el 80% del archivo, los libros y las obras de arte. Me conmovió el esfuerzo colectivo, la importancia que le dieron en ese momento de desesperación a recuperar la historia y a sostener la memoria. 

Mientras veía las imágenes, no pude dejar de pensar que, al mismo tiempo que eso pasaba, la investigación del atentado ya era un desastre. Se preservó mal la escena del hecho, no se resguardó prueba, no se sabía bien qué hacer, comenzaba el pacto para contar una historia oficial que iba a prescindir de la reconstrucción de la verdad.  

Hace unas semanas, finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en la denuncia internacional que comenzamos con Memoria Activa en 1999. La Corte Interamericana confirmó cosas muy importantes que denunciamos durante todas estas décadas, en gran parte en soledad. 

Lo primero que dijo fue que el Estado es responsable de no haber prevenido el atentado. 

Esto quiere decir que muchas personas tenían información real de que iba a suceder otro atentado en nuestro país y que no hicieron lo que debían hacer para prevenirlo. La Corte IDH lo dijo claramente: el Estado no adoptó medidas razonables para evitarlo, sobre todo después del atentado a la Embajada y de que estaba siguiendo y tenía infiltrados a quienes hasta hoy considera sospechosos. 

Es decir, existían alertas serias sobre las que el gobierno de aquel momento fue totalmente negligente. Da gracia que ahora parezca serio volver a la SIDE de aquella época. 

La Corte también dijo que el Estado es responsable por no haber garantizado justicia. 

Después de 30 años sospechamos algunas cosas, pero no tenemos ninguna certeza. Hubo dos juicios que terminaron con los acusados absueltos. Los indicios sobre los sospechosos no se tradujeron en prueba judicial. Hoy no hay verdad, ni hay justicia. 

Esto no ha sido una consecuencia de la naturaleza. Para la Corte Interamericana, el Estado “utilizó su propia capacidad e institucionalidad para desviar la investigación”. Dijo que “se combinaron problemas estructurales, falta de voluntad política y el actuar doloso de agentes estatales para obstaculizar la investigación.” 

Ayer apareció un reportaje de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia que pretende victimizarlos y limpiar sus nombres. Pero pongamos ejemplos concretos de lo que hicieron el juez, los fiscales, los policías, los agentes de inteligencia, los funcionarios de gobierno: 

La Corte IDH dijo que los funcionarios a cargo de la investigación fueron absolutamente negligentes en la manera en que trataron la prueba y aseguraron la cadena de custodia. Y que esto era injustificable (hoy se pide el juicio político por bastante menos).  

También dijo que no es entendible por qué si los funcionarios tenían información del eventual involucramiento de Rabbani u otros sospechosos, la línea de investigación “fue desatendida y abandonada deliberadamente”. ¿Cómo se explica que el agregado cultural de la Embajada iraní Mohsen Rabbani saliera del país en 1997 sin problemas? Dice la Corte IDH que como consecuencia de estas maniobras “la investigación quedó trunca y no se pudo profundizar”. 

Pasaron, por ejemplo, más de 10 años en tratar de corroborar la identidad del conductor de la camioneta y, además, dio negativo. 

“Por más de diez años, la investigación se centró en una línea de investigación deliberadamente fabricada por agentes estatales, lo que evitó que se pudiera profundizar en otras líneas de investigación, impidiendo el esclarecimiento del atentado en los años directamente posteriores a su comisión.” 

¿Por qué si desde el principio se sospechaba de los acusados libaneses e iraníes, la investigación en esos años se centró en la acusación falsa contra los policías bonaerenses? Esta pregunta no está respondida. La Corte también se la hace. 

Esto fue lo que pasó: cometieron irregularidades en diligencias esenciales y abandonaron líneas de investigación centrales. Como denunciamos desde el principio, lo que hoy no se termina de saber tiene relación directa con lo que no se hizo a propósito y por negligencia. 

Aún después de 2004 la Corte constató graves errores en el manejo de la prueba y dificultades para que las investigaciones avancen. 

A 30 años no tenemos “claridad sobre lo acontecido, ni sobre sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación.” 

Lo tercero que determinó fue el Estado es responsable por no haber garantizado verdad, derecho a la verdad que es para todos. 

A esta altura ya nadie puede negar que uno de los principales obstáculos para conocer la verdad fue la entrega de la investigación a la SIDE. Quedamos sometidos al secreto y atados a una montaña de documentación dudosa, desordenada, inconsistente, inconducente, mal conservada, sin sistematizar, que aún no logramos conocer, y que ni siquiera los fiscales conocen.   

La Corte reafirma que en gran parte por esta razón no tenemos una versión judicial de los hechos del atentado, ni de ningún otro ámbito estatal. Aun con buena voluntad la investigación depende de aportes milagrosos de agencias extranjeras y de chequear con mucha dificultad hechos ocultos desde hace 30 años.

Así quedamos sometidos a las disputas políticas por la verdad, al secreto guardado para tapar las propias negligencias, y a las maniobras internas para ganar poder, que nos alejaron de la posibilidad de construir una memoria colectiva sobre lo que pasó el 18 de julio en nuestro país.

Fue muy difícil lograr que el Estado se investigue a sí mismo. Fue muy difícil romper la lógica corporativa, hasta el día de hoy este pacto continúa. La condescendencia con quienes mintieron durante estos años se topa hoy con este fallo de la Corte Interamericana que deja expuestas las gravísimas falencias estatales y la hipocresía de quienes dicen que el atentado ya está resuelto porque están subordinados a una versión oficial que descree realmente de lo que significa la verdad y la justicia.

Nuestro país no puede quedar atado a lo que agencias extranjeras, nos dicen. Por más que esos indicios tengan sustento, nuestro compromiso con la verdad impone exigir pruebas concretas que reconstruyan los hechos y explicaciones serias sobre por qué no se investigó realmente. 

Pasado y presente en este caso no pueden estar más atados. Esas fuerzas siguen tratando de sostener una verdad oficial derivada de pactos impuestos y no de una verdadera investigación, de la reflexión social y de la construcción de la memoria colectiva.  

Pero hay un reconocimiento en la decisión de la Corte y en todos nosotros: es al activismo de los familiares y particularmente de Memoria Activa. De otro modo, esto que pudimos saber a cuentagotas hubiera quedado enterrado hace mucho tiempo. Así como se recuperó el archivo después de la explosión, aún con la tristeza de todos estos años, esto ha sido un gran logro, como lo fue la sentencia por el encubrimiento de 2019.

Por eso, estamos acá para recordar, para hacer memoria, para exigir justicia.

El discurso de la directora ejecutiva del CELS fue leído en el acto de Memoria Activa por los 30 años del atentado a la AMIA, frente al Palacio de Justicia de la Nación. Acceda al micrositio "30 años sin verdad".

Como podría pasar tranquilamente en la serie Succession de HBO, la corporación Clarín invitó a pasar un fin de semana en la estancia de Joe Lewis en lago Escondido a un grupo de jueces federales, al fiscal general y al ministro de Seguridad de la CABA, a un publicista y a un operador judicial del entorno cercano del exjefe operativo de la SIDE. Fueron en avión privado. En el aeropuerto, se encontraron con los ejecutivos de Clarín y con el administrador de las empresas del terrateniente extranjero, quien los llevó a la estancia en camionetas de alta gama. Para volver a Buenos Aires, los vehículos entraron directo a la pista por un portón que no tiene cámaras, aunque dicen que cumplieron con los controles de seguridad. En el aeropuerto había una comitiva con la que no se quisieron cruzar: un grupo de defensores de derechos humanos y diputados que había ido a visitar a las mujeres mapuches detenidas en una causa por usurpación en la zona del lago Mascardi.

En la serie quedan retratados los vínculos entre los integrantes de una familia multimillonaria dueña de medios de comunicación, los gerentes encargados de cuidar los negocios –y de hacer negocios propios– y la red de relaciones con la que digitan y protegen sus intereses. En esa red, hay de todo: políticos, periodistas, lobbystas, policías, investigadores, jueces, fiscales. A puro dinero, amistad y traición, así parece funcionar el mundo. No se trata ya de El Padrino o Los Soprano, de grupos ilegales identificados con la mafia. Es el modo de funcionamiento del poder, de los más ricos y de sus empleades, que mueren por pertenecer.

El viaje al sur ocurrió en octubre de 2022 y lo conocimos a través de filtraciones. Cuando estos jueces, políticos y empresarios fueron descubiertos, tuvieron el reflejo de armar un grupo de Telegram para planificar cómo zafar de la noticia y de la denuncia penal. En ese chat salta a la vista cuán naturalizados están los vínculos de los jueces federales y funcionarios políticos con los ejecutivos del multimedio y los operadores judiciales y mediáticos. Deliberan sobre cómo blindar la noticia y neutralizar la denuncia. En su caja de herramientas está todo el catálogo de prácticas para incidir en la realidad: operar con medios, llegarles a la fiscal y a la jueza de la causa, falsear testimonios, antedatar facturas para simular que pagaron por los servicios turísticos. Además, deciden victimizarse y contraatacar con una denuncia por espionaje ilegal, pero quedan preocupados por que se sepa que los llevaron gratis en helicóptero a tomar whis- ky a un centro de esquí. También pretenden evitar que circulen fotos de la llegada al aeropuerto de Bariloche y del encuentro con los directivos de Clarín. Son un grupo de amigos que hace chistes en confianza y fantasean con represalias violentas contra quienes difundieron la información. En especial contra el jefe civil de la PSA, al que consideran responsable de la filtración y a quien los jueces federales dicen que le sacarán las investigaciones que tienen en común. También hacen chistes con “limpiar mapuches”. Afirman que esperan la llegada de otro gobierno para vengarse en serio.

Cuando la noticia se viralizó, el gobierno de la CABA salió en defensa del ministro de Seguridad acusando al kirchnerismo de haberle hecho una operación. Los jueces no hicieron declaraciones. Pero uno de ellos cumplió con el plan e hizo una denuncia para que se investigue el espionaje ilegal. No son cualesquiera jueces. Estos magistrados tienen puestos estratégicos en la Cámara Federal de Casación Penal y en la justicia penal federal de Comodoro Py y en los fueros penal económico y contencioso administrativo federales. Resolvieron varias causas judiciales relevantes que involucran al Grupo Clarín, a las empresas de Joe Lewis y algunas de las principales causas por corrupción contra funcionaries kirchneristas de alto rango. Uno de ellos tuvo a su cargo la instrucción de la causa Vialidad, por la que fue condenada la vicepresidenta.

Lo que nos deja este episodio es la pregunta por la legitimidad del Poder Judicial, por las condiciones éticas y de integridad de les jueces y por su capacidad para decidir con imparcialidad en conflictos sociales o institucionales determinantes para las reglas de funcionamiento del Estado, la competencia electoral, la protección de derechos y la puja distributiva. Hace ya mucho tiempo se consolidó un modelo de intervención judicial a nivel federal en el que los operadores políticos y judiciales están entrelazados con el aparato de inteligencia para proteger a funcionaries y los hechos de corrupción. Con los años, este modus operandi llevó a usar, cada vez más, la justicia federal para hacer operaciones mediáticas y perseguir opositores. El viaje a lago Escondido, con todas sus derivaciones, mostró ahora la inserción directa de jueces en un bloque de poder que está disputando día a día quién llega a tener las riendas del Estado.

La dinámica de dirimir internas políticas a través de causas judiciales no es nueva, se viene expandiendo en los últimos años, en los que se perfeccionaron argumentos para el encarcelamiento preventivo de exfuncionaries y personas dedicadas a la política. Esto sucede, por lo menos, desde la muerte del fiscal Alberto Nisman y de la causa judicial por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, después de que se rompiera la relación con Antonio H. Stiuso, quien estaba al mando del aparato de inteligencia nacional.

El Poder Judicial atraviesa una crisis de legitimidad que tiene su origen, en parte, en este tipo de situaciones. Pero esta crisis no está asociada solo a cómo referentes judiciales y gubernamentales fueron consolidando este método de incidencia política. Ver el funcionamiento de la red de relaciones nos acerca también a otras razones que hacen a la pérdida de credibilidad y a la distancia que estas peleas de cúpulas tienen con los problemas sociales. Esta crisis deriva también del comportamiento del sistema judicial que, mientras está encerrado en disputas políticas, o bien está ausente, o bien es directamente reproductor de violencias en el momento en el que se dirimen los conflictos sociales.

Podemos discernir, al menos, cuatro cuestiones para pensar la degradación de la función judicial: la creciente dificultad para contribuir a la construcción de verdades colectivas; la falta de respuesta a lo que se llama “captura corporativa del Estado” y a la participación estatal (algunas veces judicial) en armados criminales; la promoción o convalidación de la lógica estatal represiva y securitaria, y la respuesta conservadora, desigual y racista a la conflictividad social y las demandas de igualdad.

La verdad colectiva

A fines de septiembre de 2022, el estreno de la película Argentina, 1985, sobre el Juicio a las Juntas militares, revivió la convicción en la importancia de que un tribunal establezca una verdad jurídica, con apoyo y legitimidad colectiva. El juicio, con su teatralidad, bajo ciertas reglas de procedimiento, puede funcionar como un espacio colectivo en el que se reconstruye el horror, el sometimiento o la injusticia. Allí se puede llegar a decir lo que no se pudo decir antes, se lo puede decir incluso frente a los verdugos. En el juicio hay reglas comunes que habilitan la expectativa de que lo que se resuelva será compartido. La potencia del Juicio a las Juntas generó una épica que hoy, casi cuarenta años después, volvió a emocionar: revivimos con cierta melancolía aquel momento colectivo. No todo el sistema judicial estuvo encolumnado detrás del enjuiciamiento a los altos mandos militares, más bien todo lo contrario. Pero las condiciones sociales y políticas permitieron que ocurriera. ¿Tenemos acaso hoy tribunales que puedan producir investigaciones creíbles socialmente y legítimas jurídicamente?

Podríamos hacer una lista de casos graves ocurridos durante el período democrático de los que pareciera que nunca vamos a saber la verdad.

Los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA quedaron atrapados en la maraña judicial. En el primero, ocurrido el 17 de marzo de 1992, la Corte Suprema, a cargo de la investigación, no pudo dar respuestas creíbles. En el caso de la AMIA, fue aún peor. El juzgado conspiró con el Poder Ejecutivo para encubrir la verdad. Estos dos hitos marcaron el comienzo de una época: la participación de los organismos de inteligencia en las investigaciones judiciales, como colaboradores directos de jueces y fiscales, nunca se detuvo. En el caso AMIA, el resultado de esta colaboración fue que todavía no sabemos quiénes son los responsables de la muerte de 85 personas aquel 18 de julio de 1994.

Alberto Nisman murió mientras estaba a cargo de la unidad fiscal que debía investigar el atentado, un día antes de presentarse a declarar en el Congreso por la denuncia que había hecho contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. La investigación por la muerte del fiscal quedó también enredada en la maraña judicial y las operaciones de inteligencia que instalaron la idea de que se trató de un homicidio ordenado por la expresidenta. Hace casi seis años que la justicia federal tiene abierta la investigación sin que realmente haya pruebas de esa hipótesis. Stiuso declaró a fines de noviembre de 2022 por cuarta vez. Esa declaración no se hizo pública por el secreto en el que se amparan les agentes de inteligencia, funcional al juego de las especulaciones. En los papeles, el caso no tiene respuesta.

Estas causas judiciales no estuvieron atadas al objetivo de averiguar la verdad y se usaron para las disputas políticas una y otra vez. Ya son parte de la mitología judicial. Algo parecido ocurre con las causas por hechos de corrupción. Los tribunales federales mostraron serias limitaciones, y altos niveles de cooptación de distintos grupos políticos y corporaciones, para encarar investigaciones que determinen la verdad sobre denuncias de delitos económicos cometidos por funcionarios y empresaries. Algunos de ellos, con perjuicios menores para el Estado y la economía nacional. Acostumbrados al tiempismo, estos casos sirvieron para fortalecer el Poder Judicial o dirimir internas. Según cuáles sean los espacios políticos involucrados, las investigaciones avanzan, se demoran o directamente se cierran. En los últimos años, la lucha contra la corrupción se convirtió en un motor de la disputa política de alto nivel, a veces, convalidando un deterioro importante del debido proceso con el objetivo de ganar apoyo político y social.

A partir de 2019, el espionaje ilegal para resolver internas o debilitar contrincantes quedó a la vista en denuncias judiciales que mostraron la sistematicidad con que la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la AFI habilitó esas prácticas. Lo hicieron contra referentes de la política, periodistas, organizaciones sociales y de derechos humanos, militantes, familiares de víctimas organizades. Ese material sirvió para alimentar el mercado de la información ilegal, que es usado en operaciones mediáticas y extorsiones privadas y, en algunos casos, para abrirles causas judiciales. La mayoría de las investigaciones sobre ese espionaje están empantanadas. En algunos casos, las responsabilidades fueron acotadas a los puestos más bajos o fungibles de las estructuras de inteligencia, con la idea de que eran “cuentapropistas” que no habían recibido órdenes de las autoridades políticas; en otros, las investigaciones fueron promovidas por fiscales o jueces, pero se toparon con trabas en los tribunales superiores. En vez de una estrategia para investigar de manera coordinada, hay causas fragmentadas y compartimentadas. De nuevo, a pesar de lo que trascendió públicamente, será difícil que estos procesos judiciales reconstruyan los hechos y lleguen a una versión creíble y socialmente aceptada que reafirme que se trata de acciones prohibidas e inadmisibles.

La investigación del atentado contra la vicepresidenta Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre de 2022, corre el riesgo de entrar en esta misma lógica. Fueron detenides les principales autores y cómplices, integrantes de un grupo de ultraderecha muy precario y aparentemente sin una estructura detrás. La querella de la vicepresidenta criticó a la jueza federal, quien carga con la sospecha de ser parte de la familia judicial de Comodoro Py; hubo irregularidades en la apertura de los teléfonos de los acusados; disputas entre la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad que intervienen; recusaciones y medidas de prueba rechazadas y acusaciones contra un diputado de la oposición. Nuevamente, las tiendas políticas atraviesan una investigación judicial que no puede ser encauzada con la diligencia extrema que requiere el caso.

A pesar de que sus roles son decisivos, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal perdieron la capacidad de hacer un aporte significativo a la construcción de verdad cuando se judicializan hechos socialmente relevantes de la vida nacional o violaciones de los derechos humanos. El juicio por la represión del 20 de diciembre de 2001 en la CABA se realizó quince años después de los hechos y la sentencia aún no está firme porque la Corte Suprema no resuelve los recursos de los imputados. La investigación de la represión en el Parque Indoamericano, la de la muerte de Santiago Maldonado, el intento de soborno con participación judicial para frenar la investigación del homicidio de Mariano Ferreyra muestran el mismo patrón. Ya podía advertirse esta incapacidad en hechos muy anteriores, como las desapariciones y ejecuciones luego del intento de copamiento del regimiento de La Tablada. Hay excepciones, sin duda, casi siempre resultado del impulso de las víctimas, del activismo y de funcionaries comprometides personalmente.

La criminalidad insertada en el Estado

La violencia asociada a las redes criminales creció y afecta la vida cotidiana en distintos lugares del país, en especial la de los sectores populares. Y al mismo tiempo vuelve a ser evidente que lo ilegal está imbricado con lo estatal, que le brinda formas de protección o, directamente, participa en los negocios.

La intervención judicial en este problema es muy deficiente y parece pasar desapercibida. Después de que el gobierno macrista forzara la renuncia de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, el sistema político no logró un acuerdo para nombrar al procurador o procuradora, que es quien debe definir, como jefe de les fiscales, las grandes líneas de la política de persecución penal en coordinación, articulación (o confrontación) con el Poder Ejecutivo. Hace ya cinco años que el Ministerio Público Fiscal está dirigido por un procurador interino identificado con la oposición al kirchnerismo. Como consecuencia de estas disputas, la reforma del sistema de enjuiciamiento federal que se aprobó en 2015, que daría condiciones para trabajar en una política de persecución penal más eficaz y ordenar la intervención de les fiscales, jueces y policías de investigación, no se implementó. El poder de les jueces federales, sobre todo les de la capital y el Conurbano bonaerense, bloquea también cualquier intento de que una reforma de este tipo cambie las lógicas amañadas de ese fue- ro, que prefiere mantener la tradición jerárquica del sistema escrito, los juzgados y las fiscalías como feudos, el poder de las cámaras de apelaciones y el peso determinante de les opera- dores judiciales que aprovechan el secreto con que se pueden manejar.

A esto se suma que los debates sobre la necesidad de armar una agencia federal de investigaciones naufragan entre la incapacidad y el posibilismo. Gana peso la decisión de dejar todo como está, para pactar gobernabilidad con las policías, como se hizo históricamente, y no tocar sus estructuras, ni su organización interna mientras regulen el delito y no jueguen a la desestabilización. Tampoco los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Nación tienen una estrategia para intervenir en fenómenos que afectan la calidad de vida de las personas y ponen en juego la capacidad (o la voluntad) del Estado de enfrentar dinámicas de violencia y redes criminales que se insertan en las burocracias y lugares de decisión.

En mayo de 2022, la Corte Suprema, reunida en la ciudad de Rosario, dijo que el narcotráfico era uno de los problemas más graves. Lo hizo en clara disputa con el Poder Ejecutivo nacional y para poner al Poder Judicial y al Ministerio Público como la llave de la solución. Desde entonces no hubo más anuncios.

El fracaso de las políticas para bajar la violencia en Rosario es un ejemplo de este estado de cosas. ¿Por qué no se logra imponer una estrategia que reduzca el nivel de violencia letal y desarme la imbricación de redes ilegales en el Estado? No hay respuesta seria por parte de los ministerios públicos fiscales federal y provinciales. Tampoco el Poder Ejecutivo nacional logró armar una intervención eficaz y que no esté cruzada por internas políticas.

Los vínculos entre funcionaries judiciales y capos narcos que lideran grandes bandas también suceden en el norte del Conurbano bonaerense.2 En los últimos años, hemos visto asesinatos cometidos por sicarios, redes de apoyo de esas bandas que incluyen abogados que fueron funcionarios de gobierno íntimamente relacionados con políticos de primera línea, o camaristas federales que dejan a este tipo de personajes ligados a redes ilegales de peso fuera de las investigaciones. En la provincia de Buenos Aires, mientras la persecución penal está orientada a detener a les vendedores del narcomenudeo y a les consumidores, las tramas que permiten que el narcotráfico funcione como negocio están intactas: en muy pocos casos se investiga a las fuerzas de seguridad y a les funcionaries judiciales que brindan protección.

Estas tramas criminales público-privadas tienen consecuencias en la calidad de la democracia. Son dinámicas de violencia que están asociadas a formas de ilegalidad estatal, insertadas capilarmente. Algunas de ellas producen altos niveles de afectación de derechos y desestabilización institucional. Importan formas de hacer de las redes criminales que, en ciertos casos, pasan a ser formas de hacer del propio Estado. Llega un momento en que esta inserción está tan extendida que es difícil o imposible de controlar. La despreocupación por estas lógicas que afectan la cotidianidad de grandes sectores urbanos populares, y en algunos casos de la clase media, es significativa. El deterioro de la función judicial y su falta de legitimidad también están asociadas a la ausencia de estrategias políticas y judiciales coordinadas para frenar este avance.

La expansión punitiva y securitaria

Las investigaciones por hechos de violencia estatal tramitan en los sistemas judiciales con distinta suerte. Con frecuencia, las víctimas, les familiares y las organizaciones sociales se encuentran con una burocracia resistente e indiferente, que muchas veces produce más violencia o sufrimiento.

Los conflictos sociales, sobre todo los vinculados al acceso a la tierra y los reclamos al Estado que derivan en protestas, son encarados, la mayoría de las veces, con respuestas criminalizantes que limitan derechos y sostienen el statu quo. La función judicial, en vez de abrir procesos de acuerdo y debate público, reproduce desigualdad. Un ejemplo es la detención y el traslado de las mujeres mapuches que junto con su comunidad reclamaban por el reconocimiento de tierra ancestral. El desalojo y las detenciones sucedieron al fracaso de un intento de acuerdo en el marco de un largo proceso judicial. Las mujeres fueron trasladadas a una cárcel federal en Buenos Aires y requisadas de manera vejatoria. Luego de varios días y frente a la intensa denuncia y movilización social, fueron nuevamente llevadas a Bariloche. La presión de los grupos antimapuche y de los dueños de la tierra terminó en este episodio de escarmiento y disciplinamiento sobre esas mujeres y la comunidad.

Al mismo tiempo, las políticas de endurecimiento penal de las últimas décadas fueron dando mensajes a los operadores judiciales para restringir derechos y, salvo en momentos particulares, todo aportó a que haya un crecimiento muy pronunciado de la cantidad de personas presas en nuestro país. Las cárceles están sobrepobladas, en condiciones inhumanas; las personas detenidas sufren tortura o violaciones de derechos que en general no se investigan, ni se previenen. Con los años, se consolidaron la criminalización y el uso abusivo de la prisión preventiva, de forma intensiva contra les más pobres. El avance de las tecnologías de vigilancia amplía las estrategias de control y aumenta las formas en que el Estado detiene o criminaliza a las personas. Son cada vez menos les jueces, fiscales y defensores que intentan hacer las cosas de un modo distinto, de agruparse para generar un polo de pensamiento que ponga en discusión el propio funcionamiento. Esto es parte del desgaste y de la falta de apoyo para impulsar políticas de cambio. El gobierno judicial es conservador. En los términos del papa Francisco, desparrama y legitima una “concepción tecnócrata deshumanizada” de la función judicial.

Quién equilibra la balanza

La Corte Suprema pos-83, hasta la ampliación de la cantidad de sus integrantes en la década del noventa, es recordada por haber acompañado la recuperación democrática y el desmantelamiento del Estado autoritario y haber tomado decisiones muy importantes sobre derechos civiles y garantías judiciales. Luego hay que trasladarse hasta el período 2004-2014 para encontrar otro ciclo en el que haya tenido un rol de ampliación de derechos.

A partir de la discusión por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), se agudizó la contienda por cuál debe ser el rol del Poder Judicial. Algunos sectores consideraron que se había alineado con los poderes fácticos para limitar el alcance del proyecto político del kirchnerismo y de allí surgió el intento de reforma judicial. Ciertos aspectos de esa reforma eran necesarios y otros quedaron truncos, como los referidos al Consejo de la Magistratura, que se convirtió en una de las prendas de disputa más importantes y quedó paralizado. Esa reforma también incluyó una cuestión que fue regresiva para la vigencia de los derechos: la reforma de la ley que regula las medidas cautelares. Se argumentó que permitía acotar las acciones de los poderosos –como el Grupo Clarín, que con una cautelar inició su litigio contra la LSCA–, pero aplicó, lógicamente, a todas las demandas contra el Estado, incluso a las que buscaban litigar decisiones que tienden al desigualitarismo o la discriminación.

Al mismo tiempo, fue ganando lugar en los tribunales de mayor jerarquía una posición restrictiva de la intervención judicial: el argumento de que no hay que judicializar la política. Esta posición es ciertamente contradictoria, porque fue simultánea al inicio de numerosas causas contra decisiones de gobierno; en verdad, la idea de la no judicialización se limitó en particular a los litigios que buscaban que el Estado garantizara derechos sociales y económicos. En general, entonces, el Poder Judicial falla en contra de leyes o regulaciones que

intervienen en distintos mercados como el inmobiliario, el financiero o el de los medios de comunicación. De alguna manera, la estructura judicial parece estar operando en la disputa de modelos para sostener posiciones conservadoras o, directamente, de las grandes corporaciones en relación con el rol del Estado y las políticas públicas.

Hoy la Corte Suprema está integrada por cuatro miembros varones y el sistema político está trabado para nombrar más jueces o discutir una ampliación del número de integrantes. Es una Corte conservadora que, si bien tuvo algunas decisiones relevantes que reconocieron derechos –como la prevalencia de la libertad de expresión o la consulta previa de comunidades indígenas–, no tiene un perfil asociado al activismo judicial proderechos. Más bien todo lo contrario. Focaliza su intervención como máxima autoridad del Poder Judicial en cuestiones relacionadas con el funcionamiento de ese poder, como si su misión fuera salvar la institucionalidad perdida y ser contrapeso del Poder Ejecutivo. En estos casos, acepta intervenir incluso saltando instancias judiciales a través del per saltum o impulsando interpretaciones maximalistas contra el oficialismo cuando el gobierno estaba a cargo del kirchnerismo o el Frente de Todos. Así sucedió, por ejemplo, con las reglas de subrogancia o con la integración del Consejo de la Magistratura. También al convalidar una condena de la justicia de Jujuy por asociación ilícita contra Milagro Sala, sin analizar las violaciones a las garantías judiciales denunciadas.

Es decir que, salvo algunas excepciones, en el seno del Poder Judicial perdieron espacio los debates sobre la desigualdad. La pregunta, entonces, es cuánto queda realmente de la función judicial como garante y promotora de derechos.

Una sociedad más igualitaria no se juega solo en el Poder Judicial, pero sí es evidente que las decisiones judiciales impactan en cuestiones más que relevantes. En los conflictos por la tierra y por la vivienda: cuando las comunidades indígenas y campesinas reclaman y la violencia estatal y privada protege la lógica y los intereses del mercado. En los conflictos laborales: cuando se niegan derechos a les trabajadores y se limita la intervención de los sindicatos. En la casi imposibilidad de reclamar para limitar al Estado y a las empresas por razones ambientales. En las decisiones que restringieron la regulación de los servicios públicos o del derecho a la comunicación. Cuando las autoridades deciden reprimir la protesta y la acción directa y se criminaliza a las organizaciones sociales y políticas. En este sentido, la movilización feminista dejó en claro que la protección estatal es esencial ante la violencia machista y que hay desprotección cuando es muy difícil encontrar una respuesta en la maraña judicial. La desaparición del joven trans Tehuel de la Torre, persistente debido a la falta de un dispositivo serio de búsqueda, también pone los reflectores en la desprotección e ineficacia de los procesos judiciales que requieren algo más que acumular papeles en un trámite. En suma, el desamparo social y el desamparo judicial van de la mano.

Esta distancia, esta forma de intervenir en los conflictos concretos de la vida social, explica en gran medida la bajísima consideración social que tiene el sistema judicial. Hay contraejemplos, hay jurisdicciones provinciales que funcionan mejor, pero el deterioro es generalizado y reluce en momentos de crisis. Sus intervenciones políticas pretenden ganar en reconocimiento social, pero esto no alcanza para relegitimar su función democrática, más bien todo lo contrario.

Para el activismo en derechos humanos, la degradación de la palabra y de la función judicial es un problema serio, porque mientras crece el descreimiento y su subordinación a las disputas políticas de cúpulas, el litigio sigue siendo una de las estrategias centrales para visibilizar y reparar violaciones de derechos humanos, aunque más no sea en la teoría.

En medio de semanas complicadas, hubo decisiones judiciales que avalaron prácticas de inteligencia ilegal sobre las que me parece importante llamar la atención ahora, mientras debatimos la salida política a la crisis. En estos tiempos conflictivos, el sistema judicial debería fijar reglas de protección al derecho a organizarse y a protestar. Sin embargo, lo que está haciendo es convalidar intervenciones o interferencias ilegales que están orientadas a disuadir, entorpecer o controlar la vida social y las acciones de protesta. Lo vimos, por ejemplo, en los casos del ARA San Juan y el Proyecto AMBA, la investigación de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la inteligencia ilegal contra activistas antimineros de Chubut, o contra las organizaciones sociales jujeñas y de CABA acusadas de asociación ilícita. También en la imposibilidad de saber realmente qué hace el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) que ha infiltrado agentes en organizaciones sociales y políticas.

En la investigación conocida como “Proyecto AMBA” apareció mucha información de inteligencia ilegal sobre organizaciones. Pero algo llamó particularmente la atención. Algunos de los espiados fueron los familiares de quienes murieron en el hundimiento del submarino ARA San Juan, sobre los que la Delegación de Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) elaboró perfiles, hizo vigilancia en redes, los siguió y fotografió e infiltró reuniones. Los funcionarios de distintas dependencias que declararon en la causa por estos hechos confirmaron que el objetivo era prevenir las protestas. Y, además, confirmaron que esa Delegación siempre hizo “informes de conflictividad”. Esta expresión es un eufemismo para referirse a las situaciones que implican algún tipo de reclamo social al Estado o una supuesta alteración del orden público. Ni para prevenir protestas (aún si se trata del presidente), ni para prevenir riesgos al orden público está la AFI. En el primer caso, ninguna agencia estatal podría hacerlo. En el segundo, son las policías o fuerzas de seguridad las que pueden intervenir solo si se trata objetivamente de situaciones delictivas.

Sin tener en cuenta estos parámetros legales, los jueces de la cámara federal Bertuzzi, Bruglia y Llorens revocaron lo decidido por el juez instructor y resolvieron que la AFI está autorizada a hacer este tipo de inteligencia para prevenir riesgos de seguridad del presidente y de seguridad interior. Los jueces no establecieron límites, ignoraron que la ley de inteligencia permite las intervenciones de la AFI únicamente cuando se trata de riesgos para la defensa nacional y el orden constitucional y en casos de delitos federales complejos, no contemplaron los estándares que protegen el derecho a la protesta, ni la prohibición de hacer inteligencia por razones políticas. Los jueces tampoco se preocuparon al enterarse de que la exSIDE hizo “siempre” informes sobre conflictos políticos y sociales para el consumo incierto de autoridades políticas, judiciales, policiales y de inteligencia. Hay un hilo bastante evidente que conecta este reconocimiento con los momentos previos a la decisión de reprimir la protesta del 26 de junio de 2002, que terminó con el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Pero, el problema no es solo la AFI. En 2014 el fiscal de la UFI Amia Alberto Nisman le tomó declaración a un agente de inteligencia de la PFA, integrante del grupo al que se llama “los plumas”. Ese agente, famoso ahora por la serie de Amazon Iosi, declaró que le habían dado la orden de infiltrarse en la comunidad judía argentina por razones claramente antisemitas. Nisman no creyó que el infiltrado tuviera información relevante para dilucidar el atentado y tampoco investigó las actividades de espionaje. No sabemos qué pasó con la información de seguridad que Iosi pasó a sus responsables. La investigación que se abrió luego de su declaración fue archivada por el juez Ramos en 2016. ¿Sobre qué base legal o constitucional la PFA decidió algo así? ¿Quiénes fueron? ¿Había alguna autoridad política al tanto? ¿La información quedó registrada? ¿Hay otros infiltrados en la comunidad judía argentina o en la islámica, o en la china? ¿A quién reportan estos agentes? ¿Bajo qué regulación funciona la inteligencia de la PFA? ¿Pueden encubrir e infiltrar agentes sin orden judicial? No sabemos. Para el sistema judicial no parece haber sospecha de delito en esta trama oculta que salió a la luz porque el agente decidió contarlo a unos periodistas. En el caso de la infiltración durante más de 10 años del agente Balbuena en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh todavía no hubo juicio oral. La causa empezó en 2013.

Estas interferencias en la vida de las personas y de las organizaciones sociales, políticas, sindicales representa una limitación de la vida democrática.

Está documentado que, durante la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado, la Gendarmería Argentina intercambió información prohibida con Carabineros, la policía chilena. Lo registramos en el informe Coordinación represiva contra el pueblo Mapuche. No hubo avances en la investigación de esos hechos. En Jujuy y en la ciudad de Buenos Aires, distintas fiscalías ordenaron a las policías hacer tareas de inteligencia criminal contra organizaciones sociales a las que se las acusó como si fueran una asociación ilícita con prácticas de criminalidad organizada. Por estas medidas, las policías provinciales despliegan seguimientos, vigilancia en redes sociales y hacen perfiles de las organizaciones y de sus referentes.

Este bajísimo nivel de control judicial -que en algunos casos es directamente una habilitación- de las actividades de inteligencia orientadas a tener información sobre la actividad política o social de organizaciones, referentes o familiares está muy poco problematizado. La AFI y las policías hacen inteligencia ilegal porque pueden. El sistema funciona gracias a estas autorizaciones y habilitaciones políticas y judiciales, formales e informales. Pero no es un tema normativo ni de mera técnica o interpretación jurídica, es un problema político. Estas interferencias en la vida de las personas y de las organizaciones sociales, políticas, sindicales representa una limitación de la vida democrática. 

PL

Después de dos años de audiencias, el 10 de junio terminó el juicio conocido como “Contraofensiva Montonera” con condenas a prisión perpetua para cinco de los seis imputados que llegaron al veredicto. Fue un juicio importante y conmovedor. El esfuerzo inmenso de las querellas, el Ministerio Público Fiscal y les sobrevivientes y familiares organizades logró llegar a este juicio, obtener una sentencia luego de diez años de tramitación y hacer una contribución muy relevante a la construcción de la verdad sobre lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar. En especial, logró avanzar sobre un gran pendiente: la reconstrucción, por lo menos en parte, de la estructura de inteligencia del terrorismo de Estado y su intervención en el plan de exterminio. 

Se investigaron hechos que damnificaron a 94 militantes montoneras y montoneros y sus hijes víctimas de secuestros, torturas, asesinatos y desaparición. Las audiencias orales y públicas se pudieron seguir por el canal de YouTube de un medio autogestivo, La Retaguardia, o a través del Diario del juicio. Declararon doscientos testigues. Por los delitos de lesa humanidad que afectaron no solo a las 94 víctimas sino a familias enteras y al menos a tres generaciones, fueron responsabilizados integrantes de la Jefatura de Inteligencia del Ejército, del Batallón de Inteligencia 601, del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares y del Destacamento de Inteligencia 201. Cinco fueron condenados como coautores de homicidios, privaciones ilegales de la libertad y torturas. 

Les militantes de la Contraofensiva Montonera, sin embargo, no fueron las únicas personas víctimas del dispositivo de la inteligencia militar. La investigación sobre sus alcances, sus relaciones con las otras patas del aparato represivo, y el juzgamiento de quienes formaron parte de esa estructura siguen muy demorados. En cierto modo, son obturados porque las investigaciones están fraccionadas en diferentes jurisdicciones del país según el centro clandestino de detención en el que tuvieron lugar los hechos. 

Miles de responsables continúan impunes porque actuaron con alias, en la clandestinidad o desde sus escritorios, y no pudieron ser identificados por les sobrevivientes. Son miles las víctimas desaparecidas sobre las que aún hoy no sabemos nada, ni siquiera en qué centro clandestino de detención estuvieron secuestradas. Pero sin dudas, hay responsables que planificaron y ejecutaron sus secuestros, torturas y desapariciones y otros que formaron parte de la mesa de toma de decisiones de este engranaje del poder desaparecedor. Para identificarlos, para entender el lugar que tuvieron en esa maquinaria, es importante avanzar en la investigación de las distintas estructuras de inteligencia. 

La inteligencia permitía la “detección de blancos”, el posterior secuestro de las personas que serían sometidas a torturas para obtener información que luego sería procesada por agentes de inteligencia para obtener nuevos “blancos” y continuar así con el plan de exterminio de todo tipo de militancia y oposición a la dictadura. Quienes actuaron en el área de inteligencia de las jefaturas, departamentos, secciones de unidades, comandos del Ejército, en el Batallón de Inteligencia 601 y en los destacamentos que de él dependían tuvieron un rol clave en el plan sistemático de represión, desaparición y exterminio. También quienes lo hacían en la ex SIDE y en las estructuras de inteligencia de la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, el Servicio Penitenciario Federal, las policías y servicios penitenciarios provinciales. 

Desde 2010, con el decreto de desclasificación nº 4 dictado por la presidenta Cristina Fernández, se crearon equipos para relevar documentación burocrática de archivos de las fuerzas armadas y de seguridad que permitieron aportar nuevas pruebas a las investigaciones judiciales. Estos equipos fueron reducidos o desarmados durante el gobierno de Mauricio Macri a pesar de los reclamos de quienes impulsamos el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Hace unos días el presidente Alberto Fernández dictó el decreto nº 359/2021 por el que prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y dispuso fortalecer la tarea de protección y sistematización de archivos históricos para esclarecer el rol de los organismos de inteligencia en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado. En el decreto se reconoce que esa disposición es una respuesta al histórico reclamo de víctimas, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y de la sociedad en su conjunto de conocer la información que se encuentra en poder de la ex SIDE. 

Parte de la reconstrucción de la verdad se logró con el juicio de la Contraofensiva. Queda mucho por hacer. Les sobrevivientes ya han declarado en muchísimas oportunidades. Es momento de que el Estado trabaje activamente para reconstruir este aspecto del terrorismo de estado aún en penumbras, porque a 45 años del inicio de la dictadura cívico militar tenemos la expectativa de seguir construyendo verdad, de saber qué pasó con las miles de personas desaparecidas y de identificar a los responsables.

PL/SH

A raíz de la denuncia de violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de la provincia de Formosa, tuvo lugar un debate sobre los derechos humanos, o más precisamente sobre qué hacen, qué no hacen y qué deberían hacer hoy las organizaciones de derechos humanos argentinas. Entre otras cuestiones, se actualizó la cíclica denuncia de una supuesta “doble vara” y el cuestionamiento a una supuesta partidización de los organismos de derechos humanos. Así puede leerse, por ejemplo, en la nota “Recuperemos los derechos humanos: son de todos”, publicada en este medio por Hernán Charosky. 

Al final de ese recorrido, pareciera que la solución sería la construcción de una posición neutral desde la cual todas las violaciones de derechos que ocurren en el país se evalúen “con la misma vara” y, lo que parece ser lo más importante de todo, se condenen explícita y públicamente por igual. Un ideal que en definitiva postula que las organizaciones de derechos humanos deben ser unas máquinas de denunciar lo que está mal desde un lugar transparente y siempre equidistante. Un semáforo, pongamos.

Parece simple, obvio incluso. En el trasfondo de esta imagen idílica de un mundo que reproduce desigualdades donde el trabajo de las organizaciones se limita a avalarlas o condenarlas discursivamente hay una evocación al primer momento de la llamada “transición” cuando Raúl Alfonsín armó la Conadep y tuvo lugar el juicio a las Juntas, aquellos tiempos donde el consenso sobre que lo que había ocurrido era inaceptable parecía indestructible. Pero luego, sucedieron las violaciones a los derechos humanos cometidas por ese mismo gobierno y los siguientes, y es allí donde comenzaron los caminos escarpados de la lucha por los derechos humanos durante la democracia.

Durante los cuarenta años siguientes los derechos humanos han sido, son, parte de la lucha política. ¿Está mal que así sea? La respuesta queda a criterio del lector o lectora pero es bastante difícil imaginar cómo podría ser de otra manera.

La idea de que los derechos humanos son de todos, de que son un universal, es una verdad normativa, que está en la Constitución y en los tratados, pero lejos está de ser una característica del modo en el que funciona el mundo. En primer lugar, porque una gran cantidad de las violaciones a los derechos humanos que tienen lugar hoy, ahora mismo, son consecuencia de modos estructurales de organización social que con sus más y sus menos tienen legitimidad. Ejemplo: el sistema de castigo penal, uno de los vectores principales de violación sistemática de los derechos humanos en la Argentina. Un semáforo no es un objeto neutral: fue programado para habilitar o impedir una conducta determinada y obedecerlo o no son acciones que también involucran creencias.

El respeto de los derechos humanos no es independiente de otros valores que tienen la sociedad y el sistema político. No hay tal neutralidad, nunca la hay, porque la vigencia situada de los derechos (en una sociedad realmente existente en un tiempo histórico preciso) depende del estado de las relaciones de poder, de su matriz económica, del valor que se le da a la vida, de la distribución de los recursos y la búsqueda de igualdad, de cuánto se protege la disidencia política. Los gobiernos no violan derechos humanos porque sí, lo hacen en virtud de un sistema de prioridades: se prioriza “el orden”, se reprime; se prioriza “que cierren las cuentas”, no se invierte en infraestructura social. Esas violaciones muchas veces son cuestionadas por la sociedad en su conjunto, otras veces solo por algunos grupos.

Los motivos de esto son múltiples. En algunos casos esas violaciones son objeto de distintos niveles de aceptación o tolerancia porque operan sobre valores vigentes: el racismo que convive con que la policía dispare por portación de cara, el miedo sobre el que se construyen enemigos internos, los valores patriarcales que sostienen la desigualdad. En otros casos, las denuncias o los silencios coinciden con si se está en la oposición o en el gobierno. Paradójicamente, esto último ocurre respecto a hechos que ya alcanzaron la publicidad más alta posible. O sea, en una porción mínima de las veces que se violan los derechos humanos, que en su mayoría no llegan a tener ni la difusión ni la visibilidad de los casos que se toman para analizar la “doble vara”. Casi siempre, para construir un caso de derechos humanos que llame la atención y sobre el que luego se pueda hacer el análisis de la vara, hace falta un esfuerzo organizativo enorme de actores sociales con capacidad de movilizar recursos (económicos, vinculares y mediáticos). A las y los presos, a los migrantes, a las comunidades indígenas y campesinas, a las disidencias sexuales y a miles de personas la vara que les toca es el silencio de gran parte de sus contemporáneos.

Pero, a pesar de todas estas dificultades, la politización no es un mal para el “paradigma de los derechos humanos”, sino más bien lo contrario. Postular que las organizaciones de derechos humanos deben ser neutrales es pretender sacarlas de la lucha política, es decir del lugar donde la realidad adquiere sus formas. Es con más política, no con menos, que los derechos de todes pueden no solo respetarse sino realizarse. Lo contrario no ha existido nunca en la historia de la Argentina, ni siquiera en aquel momento que se postula como ideal. Los movimientos sociales argentinos, entre los cuales el de derechos humanos es solo una parte, han demostrado que es la lucha social la que cambia el estado de las cosas. Sin ir muy lejos, así lo celebramos en noviembre cuando el aborto dejó de ser clandestino en la Argentina. Lo que inclina la balanza no es un lugar de neutralidad imposible para todos, sino si se suma o se resta a la construcción de sociedades en las que todas las vidas tengan el mismo valor.