La aflicción es inevitable, pero no lo es el infierno creado por el hombre.

Nils Christie, Los límites del dolor.

Desde el 18 de enero de 2020, cuando nos enteramos de que un adolescente había muerto por la acción de otros adolescentes en una madrugada de Villa Gesell, comenzó a construirse, por un lado, a una víctima impoluta, y por el otro, a los victimarios, los “rugbiers”, como un grupo de monstruos. Incluso, un seudo punitivismo clasista intenta postular una especie de reivindicación, en cabeza de esos jóvenes, de todos los males que padecen a diario los jóvenes de los sectores populares. Todos los protagonistas de la madrugada fatal eran adolescentes de entre 18 y 20 años. Bebían más de la cuenta, iban a boliches abarrotados, comían fideos con aceite, se sacaban fotos haciendo morisquetas, se peleaban por tonterías. Al menos, en esa noche de Gesell, se los ve más parecidos que diferentes en la primera pelea dentro de Le Brique.

Después, el horror. De un cruce de pechazos y trompadas adentro, a una agresión en la que varios patean cobardemente a uno, que muere en menos de un minuto, y ya no hay más. La vida de Fernando Báez Sosa se extingue, los responsables de su muerte son detenidos. Con el argumento de protegerlos, se los encierra 21 horas por día sin actividades de ningún tipo: ni educativas, ni recreativas, ni laborales. Un régimen de encierro extendido durante tres años en los que solo se ven con sus familias, salen al patio, dialogan entre ellos, vuelven a las celdas, matean de a dos, esperan la próxima visita, se comunican con amigos y novias por celular, vuelven a esperar. Un régimen que solo se cumple, al menos teóricamente, cuando un preso o presa cumple un castigo por haber cometido una infracción, con la prohibición de que se extienda por más de 15 días. Y del otro lado, el dolor sin fin de la ausencia del hijo.

Así llegamos al juicio. La exhibición de ocho monstruos se multiplicó por mil pantallas. Como en el  2004, cuando Juan Carlos Blumberg encabezó marchas de decenas de miles de personas y luego presionó a un poder político que cedió a sus demandas de mano dura por debilidad o convicción, el reclamo de hoy es perpetuas para los 8. “Si no hay perpetua, no hay justicia”, dicen miles de carteles, y vomita en cada ocasión que puede -que son muchas- el abogado de la mamá y el papá de Fernando y precandidato a gobernador, Fernando Burlando. Quien ose cuestionar ese reclamo, como en 2004, es anatemizado con el argumento de que con el dolor de un padre, o de una madre, no se discute. Se acatan y se acompañan sus pedidos.

Salvo, por supuesto, que sea la madre de David Moreira, un joven de 18 años como Fernando que también fue matado a golpes en el piso, sin que nadie intentara defenderlo. David había intentado robar un celular minutos antes, y entonces no era una víctima impoluta. Estaba manchado. Él sí podía ser golpeado como una bolsa de papas, no durante un minuto sino durante 15: https://www.clarin.com/policiales/linchamiento-rosario-imputados-declaro-culpable-ira-preso_0_JZXHTCR.html. Un único sujeto fue condenado por aquel crimen, a tres años de prisión “en suspenso” por homicidio en agresión, y no estuvo ni un día preso. 

Encierro perpetuo para los monstruos 

Para los autores del homicidio de Fernando el pedido es de prisión perpetua. El abogado de la querella, los medios que le hacen de comparsa y miles de personas que se autoperciben “el pueblo”, repiten: Justicia es perpetua para todos. 

Para los ocho imputados por el homicidio de Fernando, se pide que quienes hoy tienen menos de 25 años, pasen 50 encerrados

Para saber qué significa hoy ese castigo en la Argentina, basta mirar los artículos 13 y 14 del Código Penal. En el 13 se dice que los condenados a prisión perpetua tendrán libertad condicional a los 35 años de cumplida la pena. Pero en el 14 se indica una larga lista de personas que no tendrá libertad condicional. Primero, como fue siempre, los reincidentes, y luego dice: “Tampoco se concederá cuando la condena fuera por...” Y se enumeran una serie de delitos. Los primeros son justamente los homicidios calificados del artículo 80 del Código Penal, incluyendo los cometidos con el concurso premeditado de dos o más personas, y con alevosía, las dos agravantes que plantearon la fiscalía y la querella. Esto es así desde 2017, luego de una reforma propuesta por el diputado radical de Juntos por el Cambio, Luis Petri, cerrando el círculo de restricción de derechos iniciado en 2004 

En consecuencia, para los ocho imputados por el homicidio de Fernando, se pide que quienes hoy tienen menos de 25 años, pasen 50 encerrados. Y sin salidas transitorias, que se rigen por la ley 24.660 de ejecución de las penas privativas de la libertad, modificada también en 2017 en el mismo sentido, obturando los derechos para los mismos delitos. La cárcel como tumba, el dinamitamiento del sistema de ejecución penal. 

Hoy perpetua es la vida entera, o casi. Eso, a muchas personas les parece bien, incluso a una parte les parece poco, porque les gustaría ver a estos jóvenes temblando con una inyección letal, como ven que pasa en EEUU, o colgados, como se espantan selectivamente de que pase en Irán. Y como eso no se puede, piden lo más parecido a la pena de muerte, que es una muerte en vida. 

¿Para qué? ¿Para “resocializar”? ¿Cómo podría pensar en volver a vivir en sociedad una persona que ingresó a una cárcel a los 20 años y, si sobrevive, saldrá de allí a los 70?

Evidentemente, el único objetivo es devolver dolor por dolor. Reclaman: “que se pudran en la cárcel”. O sea: que sufran todo lo que sea posible, ellos y sus familias, a las que se señala también como culpables. Se alega: el dolor de la madre y el padre de Fernando es mayor, su hijo está muerto.

Sin embargo, la equivalencia no es posible. ¿Qué daño “equivalente” habría que hacerle a un condenado por delitos de lesa humanidad que secuestró, torturó hasta el infinito, tiró de un avión, robó a un bebé, le quitó su identidad, para que una Madre o Abuela pudiera decir “ahora sí estoy satisfecha, ya sufrió igual que mi hija y que yo y que mi marido y que toda mi familia y que sus amigos”? 

Como repetía Hebe, el dolor no da derechos. Y como nos enseñó Nils Christie, el dolor no repara, solo daña, arruina más vidas y construye infiernos que nunca son solo de los otros. 

CC

En la madrugada del lunes 8 de noviembre, en la ciudad de Corrientes, Lautaro Rosé (18) y un amigo corrieron asustados ante una persecución policial. Lautaro cayó al río Paraná. Suplicó a los policías que lo auxiliaran, porque no sabía nadar. Lo dejaron allí. Se ahogó.

Lo mismo le había pasado a Ezequiel Demonty (19), el 14 de setiembre de 2002. Aquella vez fue en el Riachuelo. Un grupo de policías federales, después de pegarle a él y a dos amigos, los tiraron a las aguas putrefactas. Ezequiel suplicó auxilio. Le respondieron: Nadá, nadá. Ezequiel no sabía nadar y se ahogó.

El viernes 12 de noviembre dos pibes de 15 y 16 años murieron “en un tiroteo con la policía”, dijeron fuentes de la bonaerense y de la justicia provincial, que no es lo mismo pero es igual. Fue en González Catán. Pasó casi desapercibido como un hecho más de “inseguridad”. No sabemos los nombres de los chicos siquiera.

El miércoles 16 de noviembre por la mañana Lucas González (17) y sus amigos volvían de jugar al fútbol. Una brigada parapolicial los persiguió y los tiroteó. Dos balazos en la cabeza mataron a Lucas.

Durante las primeras horas la información definía al baleado como “un delincuente”, y un juez de menores mandó presos a sus compañeros, en base a la información policial y sin escucharlos. Esos chicos estuvieron encerrados durante un día con la ropa todavía manchada por la sangre de Lucas. Al pasar de las horas, la supuesta persecución a ladrones fue cayendo como argumento justificatorio del accionar policial. No había más criminales que los propios policías de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el primer momento en que el crimen sucedió, la familia de Lucas aclaró de múltiples maneras que su hijo no era un delincuente. Lo describieron como un pibe hermoso, de estampa futbolera, que todavía conservaba costumbres de niño –tomar la chocolatada con sus galletitas preferidas, mimosear con su mamá- y soñaba con hacer las mejores jugadas en una cancha profesional. Denunciaron que la policía y los médicos del hospital público Penna, al que fue llevado en primera instancia, “lo trataron como un delincuente”. La mayoría de los medios de comunicación, los funcionarios públicos, el abogado de la familia, incluso el propio presidente de la Nación, en un tuit que luego rectificó, hicieron alusión a su condición de “inocente”.

Las palabras y los sentimientos de la familia de Lucas son comprensibles: en medio de un dolor indecible e inimaginable para quienes no lo padecimos, necesitan liberar a su hijo de acusaciones falsas. Solo que subyace allí un razonamiento que es común en una parte importante de nuestra sociedad: que quienes cometen o intentan cometer delitos se merecen formas de violencia estatal, porque se las buscan. No las consecuencias lógicas de la detención, el juzgamiento y la pena, sino cuotas de dolor e incluso de muerte que no son legales, que están jurídicamente prohibidas, pero que se consideran casi como derivación de su oficio de delincuentes. Si Lucas hubiera sido un pibe chorro; si Lucas y sus amigos hubieran estado huyendo luego de intentar o consumar un robo, una entradera o una agresión, la acción de los tres policías no se hubiera puesto en cuestión, incluyendo los balazos mortales en la cabeza. Esa justificación escalaría a niveles prácticamente inobjetables si los adolescentes hubieran cometido un homicidio. No habría horas de televisión y de radio, kilómetros de papel, litros de tinta para debatir si es correcto que policías de civil anden armados por las calles, persiguiendo gente a los balazos. Incluso, quizá, se vería como un aporte a la seguridad y a la prevención del delito. El problema es que maten a un inocente, no que maten.

Esa doble vara, esa distinción entre víctimas de distinta categoría, podemos verla en muchos otros casos. Uno es el de la Masacre en el Pabellón Séptimo. El 15 de marzo de 1978, un día después de que el Servicio Penitenciario Federal masacrara con fuego, humo, balas y golpes a 65 presos en el Pabellón Séptimo de la cárcel de Devoto, la dictadura y sus cómplices se apuraron a decirle al mundo que el hecho no había sido tan grave: “(El Juez) Guillermo Rivarola recorrió el penal, según crónica del SPF junto con el Ministro de Justicia, Brigadier Auditor D. Julio Arnaldo Gómez, Director Nacional del SPF, Coronel (RE) D. Jorge Antonio Dotti y autoridades de la institución, quienes comprobaron que los muertos y lesionados lo fueron únicamente como consecuencia de quemaduras y asfixia, no existiendo ninguno con lesiones de bala. Asimismo, déjase expresa constancia que en los sucesos acaecidos no tuvo participación la población de internos alojados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, contaba el diario Clarín. En el epígrafe se aclara explícitamente: “Se informó que en el lugar había delincuentes comunes”.  

La dictadura y sus voceros le decían al mundo que lo sucedido no era tan grave porque no se habían masacrado presos ni presas políticas –eso eran los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, conocidos entonces como los presos PEN- , sino solo presos comunes. Sabían que, a un mes y medio de que se iniciara el Mundial de fútbol en nuestro país, una matanza de presos políticos generaría reclamos internacionales que la muerte igualmente horrible de delincuentes comunes no provocaría. Esa doble vara se tradujo en que recién en el año 2014, y solo después de que lo reclamara un sobreviviente y luego otros, y familiares a quienes un grupo de abogadxs acompañamos jurídicamente, esa masacre –etiquetada como “motín de los colchones”- no se consideró ni se investigó como un delito de lesa humanidad. Aun hoy, algunos organismos de derechos humanos y sectores del poder judicial no la ven como tal. 

La doble vara de la violencia estatal, la idea de que policías o médicos de un hospital público o integrantes de un servicio penitenciario pueden justificar sus balas, su destrato o sus masacres si se trata de delincuentes “comunes” invade como mancha venenosa a una parte de la sociedad, de los medios de comunicación y de la dirigencia política en todas sus expresiones y de modo transversal. Y la tolerancia a las prácticas cotidianas que ejecutan las fuerzas policiales y de seguridad con ese bill de indemnidad –desde andar de civil persiguiendo autos, hasta obligar a vaciar todo el baúl a veraneantes que viajan a Santa Teresita; desde tirar a una persona detenida al piso sin más sentido que humillarla, hasta armar causas en el marco de “tareas de investigación”- son la argamasa con la que se construyen, una y otra vez, esos crímenes que solo nos conmueven cuando la víctima no hizo nada para buscarse la muerte. Las otras, las víctimas culpables, algo habrán hecho. 

CC

La repetición de lo inútil

El domingo 4 de julio de 2021 el portal TN publicó una nota sobre la situación de los ocho jóvenes detenidos desde enero de 2020 por el homicidio de Fernando Báez Sosa con el siguiente título: “Deprimidos, sin visitas higiénicas y aislados: el día a día de los rugbiers en la cárcel a un año y medio del crimen de Fernando Báez Sosa”. Durante unas horas, #Deprimidos se transformó en tendencia en Twitter.

La mayoría de los tuits comparaban la “depresión” de los jóvenes presos con el daño que les habían provocado a Fernando y a su familia, o sea, con la misma muerte. El hecho de que en el título se usara la denominación “visita higiénica” –que atrasa unos cien años– y que se la ligara al estado de ánimo depresivo generaba más indignación. Todo lo que se afirma en el artículo, cabe aclarar, no está dicho ni por los jóvenes, ni por sus familias, ni por su abogado, ya que en el texto se reconoce que no brindan declaraciones, sino por quien escribe y por fuentes imprecisas del personal penitenciario.

Alguien se puso a hacer una encuesta acerca de las “visitas higiénicas”. Las opciones eran “No deberían existir”, “Son una necesidad” o “Son polémicas”. Mi voto fue el minoritario. Más de la mitad de los votos sostenían que no deberían existir y, para un cuarto, “son polémicas”.

Se me ocurrió plantear un silogismo de los categóricos:

• La gente que comete delitos sigue siendo persona.

• Las personas tienen derechos.

• Luego, la gente que comete delitos tiene derechos.

Pero algunas personas respondieron: “Depende”. Y luego: “Si es un violador o un asesino, no”. “Si le preguntaras a una madre o un padre a quienes le violaron o le mataron la hija, seguro que dirían que no.” Vivimos en un país en el que no solo el Estado, a través de algunos de sus agentes, ha violado y matado, sino también ha metido picanas en ojos, bocas, anos y vaginas; ha quemado viva gente, la ha despellejado; ha secuestrado bebés recién paridos y los ha regalado, tirando luego al mar a sus madres; ha colgado gente de cadenas durante horas; ha dado palizas brutales y ha roto tímpanos. Y las personas que han hecho cada una de esas cosas amparadas por el Estado y las que las han ordenado o tolerado no perdieron sus derechos. No los han perdido y ni sus víctimas ni las familias de sus víctimas han pedido que los perdieran. No han perdido ni el derecho al debido proceso, que incluye tener acceso a la defensa pública, si así lo desean o lo necesitan, ni el de relacionarse con sus seres queridos, ni el derecho a la salud. Por el contrario, como en general forman parte de sectores medios y altos de la sociedad, acceden a condiciones de detención y a la satisfacción de sus necesidades de un modo mucho más integral y más eficiente que el de los miles de presos “comunes” que pueblan nuestras cárceles. Viven en prisión mejor que la mayoría, como vivían en libertad en condiciones de privilegio por sus recursos económicos, sociales y laborales.

Sin embargo, no son esos casos los que provocan mayor impacto mediático o debate social. Lo que se plantea es si ocho jóvenes, detenidos y aún sin condena (pero que seguro llegará, y será muy severa) pueden o no tener, eventualmente, relaciones sexuales con alguien. Esto es algo que está reconocido por todos los instrumentos de derechos humanos relativos a las personas privadas de libertad y por las leyes nacional y provincial de ejecución penal, y hace tiempo que no se discute. Incluso se han ido ganando batallas: que no haya limitación de género (hasta no hace mucho, un varón no podía tener relaciones con otro varón, ni una mujer con otra mujer, y mucho menos relaciones no binarias) y que no existan juicios valorativos sobre quién visita a una persona privada de libertad, tarea que también hasta no hace mucho tiempo realizaban lxs trabajadorxs sociales al hacer los informes sobre cada pedido de “visita íntima”.

Al discutir si un joven preso tiene derecho a mantener relaciones sexuales, se objeta lo mismo que cuando se cuestiona el derecho de una adolescente a pasar el día de su cumpleaños con su padre condenado a prisión perpetua. Quienes se oponen al ejercicio de estos derechos, por un lado, niegan la condición de humanidad de las personas que cometen ciertos delitos y, por el otro, contraponen el daño causado (la violación, la muerte) con el placer que significa acceder a ciertos derechos, como un abrazo, unas horas de festejo, un orgasmo. ¿Por qué quién le negó para siempre el derecho a un padre de abrazar a su hija o el de una madre a esperar a su hijo con su comida preferida podría disfrutar de esos placeres y alegrías? Cada vez que alguien que cometió un delito grave pretende ejercer un derecho, se reitera la misma discusión. Incluso cuando se plantean posibilidades de reinserción, como proyectos de cupos para liberados, se plantea si debe liberarse a quienes hayan cometido cualquier delito o solo algunos, los menos graves. En la cárcel, lo que encontramos son personas que cometieron delitos. Algunos de ellos muy graves. Esa es la gente con la que se decide trabajar y a la que se debe intentar acompañar con programas de inclusión laboral. La cárcel romántica, con presos poetas o militantes populares, o jóvenes pobres que solo roban celulares sin hacer daño, o ladrones de antaño, con códigos, no es más que una parte, no el todo, y no la más habitual. Y las víctimas y sus familias tienen derecho a que el delito se esclarezca y no quede impune, a ser reparadas y a que el Estado las acompañe todo lo que sea necesario para calmar su dolor, pero no a costa de dinamitar los derechos de las personas privadas de libertad.

La idea de que el castigo resuelve todos los problemas se extiende como mancha de aceite y lo invade todo. Del mismo modo en que en los últimos años hemos desarmado –y aún estamos en ello– múltiples micromachismos que se colaban en conversaciones cotidianas, modos de relacionarnos, o decisiones políticas, culturales y gremiales, entre muchas otras maneras de exhibir una situación de privilegio masculino, intento develar múltiples micropunitivismos que se nos imponen como si el castigo y la sanción fueran no solo útiles sino, también, el único modo de abordar situaciones de diverso tipo.

A continuación, un rápido recorrido por algunos casos.

Punitivismo neocolonial: el negrito Cavani

El 29 de noviembre de 2020 Edison Cavani, formidable jugador de fútbol uruguayo que se desempeña en el Manchester City de Inglaterra, hizo un gol. Un amigo lo felicitó en su cuenta de Instagram. Cavani le respondió: “Gracias, negrito”. La palabra “negrito” le significó una sanción de tres partidos de suspensión y una multa de 100.000 libras (unos 135.000 dólares) por haber usado un término discriminatorio. Si no fuera trágico movería a risa que una de las potencias coloniales que más masacres ha cometido a lo largo de su historia sancione a un inmigrante (no otra cosa son los jugadores argentinos, uruguayos, brasileños y de todas las ex colonias de las potencias imperiales que juegan en las ex metrópolis) por usar un término cariñoso y habitual en la sociabilidad rioplatense. Pese a las protestas, la sanción se aplicó; Cavani se perdió esos partidos y pagó la multa, y en adelante sabrá que tiene prohibido usar las palabras “negrito” o “negro” porque a la patronal neocolonial le resultan racistas.

Más allá de la interpretación sobre el uso de una palabra que es de nuestro hablar cotidiano, y que en los términos en que la escribió Cavani resultaba evidentemente respetuosa y cariñosa, ¿cuál es el sentido de no dejarlo jugar tres partidos? ¿Qué tendría que ver, aun si hubiera usado un término agresivo, con su condición de jugador? La misma situación se da cuando se sanciona con suspensiones a jugadores que ingieren alguna droga social. ¿Por qué dejar sin trabajo a una persona que tiene una adicción? ¿No sería mejor que en el primer caso se usara el “negrito” para que el propio Cavani explicara el significado afectuoso que tiene esa palabra en nuestra cultura y cómo ese significado se transforma en agresivo en otros contextos o a partir de un tono determinado? Y, en el del consumo de drogas, ¿no sería mejor que el o la jugadora involucradxs, si lo desean, compartieran sus dificultades para evitar el consumo de estupefacientes, y eso solo si esos estupefacientes afectaran su rendimiento (porque, caso contrario, se trataría de la esfera de su intimidad y nadie tendría por qué intervenir)?

Punitivismo legislativo: el diputado chupateta

El 24 de septiembre de 2020, en plena sesión de la Cámara de Diputados, se vio una escena que en seguida comenzó a circular por las redes sociales: el diputado Juan Emilio Ameri le besaba un seno a una mujer. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, dijo esto: “Quiero interrumpir el debate de esta ley, desgraciadamente, quiero interrumpir el debate para plantear que frente a una falta grave de un diputado en el marco de las sesiones de asistencia presencial y remota, se dio una situación que nada tiene que ver con el decoro de esta casa”.

En pocas horas, el diputado estaba fuera de la Cámara. Prácticamente nadie se opuso. A todo el mundo le pareció lógico. ¿Echar o hacer renunciar a una persona elegida por el voto popular por el hecho de haberse olvidado de apagar la cámara y estar besando en un pecho a su mujer? ¿Se hubiera tomado la misma decisión si el beso era en la boca o en la mejilla? ¿Se hubiera procedido igual si en vez de ser un diputado ignoto hubiera sido uno de los líderes de alguna bancada? Obviamente no. Entonces, se trató de una pacatería llevada al extremo de la sanción para frenar así el escandalete en las redes. La pregunta, otra vez, es si esa decisión, ese nivel de punitivismo legislativo, tuvo algo que ver con el hecho en sí –magnificado con palabras como “obsceno”, “pornográfico”, “inmoral”– o más bien con hacerle creer a una parte de la sociedad que el castigo es un buen modo de resolver situaciones incómodas, conflictivas o incluso antirreglamentarias. Esto es, que no hay otra forma más que la sanción inmediata sin siquiera garantizar el derecho de defensa básico de cualquier procedimiento. Si, además, el diputado es poco simpático, ingresó como relleno en una lista y será suplantado por una legisladora mejor vista y con mejores antecedentes, la operatoria es casi perfecta. El problema es que lo que sirve hoy para sacarse de encima a este mañana puede ser usado para sacarse de encima a quien incomode en serio.

Punitivismo tuitero: buscando en tu pasado

Sobre lo que se dice, hay ejemplos de mayor y de menor gravedad. Miles de personas sostienen, incluso desde sus cargos oficiales, que “los presos tienen que pudrirse en la cárcel”. En el caso de quienes detentan cargos públicos, eso es muy grave porque “pudrirse en la cárcel” quiere decir morirse sufriendo. Alguien que se pudre es literalmente alguien que no recibe atención médica y alguien a quien se hace sufrir adrede, o sea, alguien a quien se tortura. Esos discursos de odio solo están naturalizados para las personas privadas de libertad y a nadie escandalizan. Deberían ser sancionados, no penalmente, pero sí haciendo que nadie que sostenga eso pueda ejercer un cargo público. Ahora, si eso mismo lo dice (como sucede) una compañera de trabajo o el verdulero o el taxista, verbalmente o a través de un tuit, lo único que hay que hacer es tratar de construir un discurso mejor, no pedir que la/o echen, cancelarlo o suspenderlo de sus actividades, y mucho menos retroactivamente. Cuando se trata de opiniones del pasado, sostener que están poco menos que grabadas sobre piedra es negar la posibilidad de que las personas cambien.

Tres días después de la muerte de Diego Maradona jugaron Los Pumas, nuestra selección nacional de rugby, y los All Blacks, la selección de Nueva Zelanda. Al comienzo, los neozelandeses hicieron su tradicional danza Haka en homenaje a Diego. Los Pumas –que solo lucieron un brazalete negro en señal de duelo– se quedaron casi paralizados. Una ola de indignación se propagó por las redes argentinas. En vez de disfrutar del hermoso gesto de los All Blacks, se desató una descarga de odio contra Los Pumas porque el homenaje a Diego no había sido el que que se pretendía. Se buscaron tuits detestables de ocho años atrás de algunos de sus integrantes y se pidió poco menos que el destierro del capitán. Finalmente, se lo suspendió a él y a otros dos jugadores por ¡tuits añejos! que solo se difundieron porque a las patrullas de homenajes no les gustó el que le hicieron a Maradona. De una situación que podría haberse usado para revisar posiciones discriminatorias como las que esos tuits reflejaban se optó por la cancelación y el castigo sumario. Fin del asunto. 

Soy quilmeña, en el exilio capitalino desde hace varias décadas, y siempre pensando en volver al sur. Como quilmeña, amo el río y visito cada vez que puedo nuestra Ribera. El sábado 31 de julio me fui a leer al sol, de frente al horizonte grisceleste. Al rato, pasaron dos amigas de la secundaria. Charlamos, y cuando los bancos de cemento y sin respaldo comenzaron a incomodarnos, decidimos ir a tomar un café. Abrimos los baúles de nuestros autos, sacamos sendas mochilas. En un segundo, gritos y un rayo de dolor, mi cabeza arrastrando por el asfalto, tres pibes corriendo con mi mochila violeta y con la mochila negra de una de mis amigas. En seguida un patrullero se metió por donde habían entrado y yo pensé: “Que no les hagan nada, solo que me traigan lo que descarten”.  

         Hace poco entregué un proyecto de libro que se llama “Contra el punitivismo”. Allí trato de discutir de modo sencillo algunas ideas impuestas, o aceptadas sin demasiado debate, sobre el funcionamiento del sistema penal. Se llama así porque entiendo como punitivismo la concepción de que castigar más y por más tiempo, o llenar la calle de policías, cámaras, patrulleros y armas, resuelve la problemática de la violencia y de los delitos que nos afectan más directamente: que nos saquen nuestras cosas, que nos lastimen. O que lastimen a los seres que amamos. Que un momento de disfrute y alegría, que un encuentro entre amigxs, se transforme en un segundo en otra cosa: gritos, violencia, despojo.

         Lo que intento decir en ese libro, y cada vez que escribo o hablo sobre el tema, o cuando abogo por los derechos de las personas privadas de libertad, es que aumentar las penas, o llenar la calle de policías, no sirve para que vivamos en una sociedad más segura. Suelen responderme con una frase: “Porque no te pasó a vos”.

         Evidentemente, a mí, como a la mayoría de las personas, me pasaron varios de esos hechos que tanto nos angustian: entraron a mi casa en dos oportunidades, y se llevaron cosas valiosas; me robaron muchas veces en la calle: celulares, cadenitas, billeteras, carteras. En Quilmes y en Almagro, en el subte y en el colectivo, en un negocio del Once, y en Mar del Plata. En una ocasión, la violencia estuvo a un segundo de caer sobre mi cuerpo: En julio de 1981, entrando en mi casa, un departamento frente a la estación de Quilmes, un tipo que dijo que estaba armado, me llevó junto a una amiga a un descampado, y cuando estaba a punto de violarme (“Sacate las botas y la campera”, fue lo último que escuché), me levanté y salí corriendo, gritando hasta la avenida junto con mi amiga. Era plena dictadura, el día anterior había habido un paro de la CGT Brasil, policías y fuerzas de seguridad y militares patrullaban por todos lados. Esa presencia no evitó esas horas de terror, dentro del contexto del terrorismo de Estado.

         Cuando llegué el sábado a la Ribera, dejé el auto cerca de donde había un patrullero estacionado. Cuando todo pasó, no sé si seguía ahí, pero ese, u otro, fue el que ingresó al barrio donde corrieron los pibes, y dos más volvieron a pasar en la siguiente hora. Ninguno encontró nada.

         Lo que nos hicieron esos pibes, si fueran detenidos y llevados a juicio, podría calificarse como un robo agravado. Para el caso de que fueran punibles, les correspondería una condena de 5 a 15 años, sin posibilidad de tener salidas transitorias ni libertad condicional. Eso, por las últimas reformas punitivistas: las condenas se cumplen de punta a punta. Y entonces, tomándome como ejemplo para explicar lo que pienso: ¿de qué me sirve a mí, como víctima, o a mi amiga, que esos pibes pasen cinco años hacinados en una cárcel?  ¿En qué repara la tristeza y el dolor -en la cabeza, en la pierna, en el cuello, en el corazón- ese dolor planificado sobre sus cuerpos y sus almas?

         Muchxs personas piensan: “Mientras están presos, al menos, esos no joden”. ¿Y el resto? ¿Y las condiciones que hacen que esos pibes estén haciendo eso, a pasos de la muerte o la cárcel? Porque podrán robar una, dos, diez mochilas. Pero algún día quizá una bala policial los alcance, o sean linchados, o finalmente los cacen y terminen encerrados.

         ¿Eso quiere decir que a mí me gusta que la gente robe, lastime o mate? Claro que no. Y tampoco me provoca deseos de venganza ni odio contra el pibe que apenas llegué a entrever mientras me caía y sentía que mi cabeza giraba contra el asfalto.

         Si quienes nos robaron fueran detenidos, el Estado destinaría un montón de dinero en jueces, fiscales, defensores, policías y penitenciarios, para nada. O para empeorar todo: su vida, la de su familia, sus escasas perspectivas. Entonces, lo que trato de plantear es que no sirve. Que el encierro, las penas cada vez más altas, la prohibición de tener salidas transitorias o libertad condicional no evitan ni reparan nuevos dolores ni violencias. Que es un gran negocio llenar las calles de cámaras, de patrulleros y de policías, y que eso puede evitar que se cometa un delito en un lugar específico, pero como no es posible cubrir la tierra entera de controles y de armas, hay que pensar otra cosa. Una sociedad más igualitaria, por ejemplo. Condiciones dignas de vida. Derechos para todes les niñes de nuestra Patria a vivir una infancia y una adolescencia felices, en las que no sea una opción arrebatar mochilas o cámaras fotográficas como modo de vida. Lo que me gustaría es que la canchita a la que corrieron los pibes, y donde después descartaron algunas de nuestras cosas, sea el espacio de juego y de encuentro de todo el barrio, y que el Estado esté presente ahí, no solo en la forma de un patrullero inútil.

         En estos días, luego de este hecho, muchas personas fueron solidarias y amorosas. Recuperamos algunos documentos y objetos de valor afectivo, que nos acercaron con absoluto desinterés. Medios quilmeños publicaron notas con títulos como “Le robaron a la ex funcionaria que pedía liberaciones de presos”. Unían un corto lapso de función pública en Quilmes, entre diciembre de 2019 y abril de 2020, y mi militancia activa a favor de los derechos de las personas privadas de libertad, siempre, y particularmente durante la pandemia. Algunos de los comentarios destilaban odio, y alegría porque “al fin te tocó”. “Jodete”, escribieron varios, “por defender delincuentes”. A mucha gente le cuesta entender algo que hace muchos años me enseñó David Baigún, maravilloso profesor de derecho penal: defendemos los derechos de las personas acusadas o condenadas por algún delito, no sus hechos. A mí me parece sencillo de comprender, casi una obviedad, pero vivimos tiempos en que nada es obvio, ni siquiera algo que está vigente, en nuestro país, desde la Asamblea del Año XIII. 

Úrsula no volvió.

Una piba de 18 años, apenas unos meses por encima de la edad hasta la que les adolescentes deben estar especialmente amparades por imperio de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional. Una mujer a la que deberían protegen convenciones, leyes, ministerios, oficinas, programas específicos. 

El autor del crimen de Úrsula pasará su vida preso. La ley 26.791 (2012) establece que los femicidios tienen pena de prisión perpetua. La ley 27.375 (2017) excluye a los autores de femicidios, entre otros delitos, de acceder al régimen de libertad condicional.

Úrsula, a pesar de todas esas normas vigentes, no volvió.

Las explicaciones son posteriores al crimen: hubo tres denuncias, con medidas dispuestas por el juez de Paz de Rojas. Esas medidas son las que habitualmente se toman ante hechos similares: prohibición de acercamiento a la denunciante, es decir, implementar “la perimetral”, y advertencias al presunto agresor.

“La perimetral” no es un cerco electrificado, es una orden: “Señor, no se acerque a X, que vino a decir que usted le ha agredido. Todavía no podemos afirmar si eso sucedió o no, porque usted tiene derecho a defenderse, pero mientras tanto, no se acerque”. Es decir, se deja esa decisión a la voluntad de quien ha sido denunciado como violento.

En el caso de Úrsula, no se cruzó información referida al agresor, que ya tenía otras denuncias graves por hechos similares.

No se evaluó la condición de policía del denunciado, y lo que eso implica en términos de poder.

No se le brindó un botón “antipánico” por parte del Municipio, porque, se le respondió, “tenemos pocos”. Un botón que tampoco sirve cuando el riesgo se hace presente en un contacto directo con el agresor. El botón, como las cámaras de seguridad, puede mostrar lo que pasó, y quién lo hizo, pero no evitarlo.

Entonces, ¿qué sirve? ¿Qué podría evitar que siga aumentando el listado de mujeres muertas? ¿Cómo frenar que se siga desparramando el dolor y el temor? ¿Qué se pide cuando se reclama “Justicia para Úrsula!”? (y aquí, poner la lista de nombres de pibas, de mujeres, cuarenta y cuatro en lo que va de este año). 

Creo que uno de los problemas es identificar justicia con castigo. Podríamos empezar a pensar que “justicia” es otra cosa. Más allá de las consideraciones sobre la legitimidad de un castigo que implica la vida entera en prisión, podríamos pensarlo sobre todo porque no sirve. No sirve amenazar con más pena, por más tiempo, para evitar nuevos crímenes. Pero ese es el camino que se repite. A los dos días del crimen se presentó un proyecto de ley previsible: aumentar penas para quienes violen “la perimetral”. De quince días a un año que son los montos de pena que rigen hoy, se propone pasar de tres a cinco años. Un 500% de aumento en el máximo de pena. Eso sí que es inflación punitiva.

¿Por qué “previsible”? Porque desde abril de 2004, ante un hecho grave y que provoca alto impacto público, la respuesta es sistemáticamente la misma: aumentar los años de pena, inventar figuras penales nuevas, llenar las cárceles de personas, la mitad de ellas sin condena. ¿Qué sucedió en 2004?: el secuestro y asesinato de Axel Blumberg. En seguida de ese hecho, que terminó del peor modo en el marco de una pésima actuación policial y judicial, se realizaron movilizaciones masivas encabezadas por el padre de Axel, que terminaban con el Rabino Bergman arengando a los participantes para que, al finalizar el Himno Nacional gritaran Seguridad, Seguridad, Seguridad, en vez de Libertad, Libertad, Libertad. El asesor jurídico de Juan Carlos Blumberg era Roberto Durrieu, ex subsecretario de Justicia de Jorge Rafael Videla, uno de los arquitectos jurídicos del terrorismo de Estado entre 1976 y 1980. El petitorio que ese sujeto elaboró fue votado por diputadxs y senadorxs casi sin chistar en jornadas parlamentarias sucesivas, todas ellas con Blumberg amenazando desde los palcos a quien osara discutir el sentido y la legalidad de lo que se estaba votando. ¿Nadie se puso a averiguar quién era Durrieu? ¿A nadie le importó votar normas pensadas por un protagonista del genocidio, que hicieron perder a nuestro Código Penal toda lógica y razonabilidad?. A muy pocxs. No confrontar con esas ideas, con el argumento de que no se podía discutir con un padre doliente, solo condujo a resignar una de las tareas fundamentales de quienes ocupan roles públicos: decidir tomando en consideración la mayor cantidad de variables, y evitar tomar medidas inútiles y que provocan más daño que el que pretenden evitar. Llevar las penas a cincuenta años y prohibir la libertad condicional para ciertos autores de delitos no sirvió más que para aumentar los niveles de prisonización y de violencia estatal sobre las personas privadas de libertad. En 2017, otra vez, frente a un hecho grave como fue el asesinato de Micaela García por una persona que tenía libertad condicional, ¿cuál fue la respuesta? Prohibir la libertad condicional para casi todos los autores de delitos.

Esta última reforma dinamitó el sistema de ejecución penal, que esta(ba) basado en el principio de progresividad de la pena, es decir, en la idea, establecida en la Ley de Ejecución Penal N° 24.660 (1996) de que una persona que ha sido condenada tiene derecho a esperar, si hace determinadas cosas, y tiene buena conducta, que a mitad de la condena podrá tener salidas transitorias y a los dos tercios, acceder a la libertad condicional. No son “beneficios”, son derechos vigentes en la mayoría de los sistemas penitenciarios del mundo, incluso de modo más accesible que en el nuestro.

 No sirvieron las reformas de las llamadas leyes Blumberg, no sirvió restringir la libertad condicional para casi todos después del femicidio de Micaela García, y no servirá, y por tanto será inútil esta propuesta presentada un día despúes del femicidio de Úrsula, para evitar nuevos crímenes. ¿Cuál es la urgencia en proponer, otra vez, un proyecto que solo implica aumentar el tiempo de pena cuando el problema de fondo es que lo que ya está vigente no se cumple por falta de decisión, o de recursos económicos y humanos, o porque el ayudante fiscal no le avisa al juez que tiene a cien metros, o al comisario que tiene enfrente que un sujeto X ya tiene tres procesos con víctimas mujeres en curso?

¿Qué cosas se podrían haber hecho y no se hicieron, o se hicieron mal? La responsabilidad sobre el hecho, la mano que empuñó el arma, se determinará en un juicio, y tendrá la condena que hoy establece el Código Penal: cincuenta años de cárcel. Hay una responsabilidad que no es penal, que excede lo penal. Hay una obligación del Estado, mucho más importante a mi juicio que castigar cada hecho puntual, que se conoce como “el deber de no repetición”. Es decir, todo lo que el Estado debe hacer para que ese tipo de crímenes no se vuelva a ejecutar. El Estado es el poder ejecutivo que diseña políticas y debe llevarlas a la práctica, el legislativo que piensa y sanciona leyes, el judicial que las aplica. El Estado son los discursos que se emiten, y el modo en que se forma al personal policial y penitenciario en el día a día, no en una capacitación anual, y lxs docentes que reciben todos los días señales de múltiples violencias que sufren sus estudiantes, y lxs profesionales de la salud que atienden cuerpos lastimados, entre muchas otras manifestaciones de la actividad estatal.

Pensar por ejemplo que en cada municipio haya un área específica que atienda las 24 horas del día y de la noche. Con militantes barriales, de organizaciones sociales, profesionales, etc., y que solo intervenga la policía en último caso, y bajo la conducción política de lxs funcionarixs territoriales, que a su vez tienen que estar en línea directa con la autoridad judicial tripartita (juez de garantías, fiscalías especializadas, defensorías). Eso, como espacio concreto donde ir a pedir ayuda, a reclamar una política pública, a denunciar una agresión cualquier día y a cualquier hora, tanto quien la padece como quien la conoce (familiar, docente, vecine).

Después, políticas diferenciadas. Hay mujeres que solo necesitan una escucha, otras un grupo de iguales donde no sentirse solas, otras necesitan un lugar donde vivir, otras un trabajo que garantice su independencia económica. En una sociedad desigual y en la que millones de personas están bajo la línea de pobreza, la lucha por los derechos de las mujeres no puede escindirse, como lo plantea una y otra vez la enorme Angela Davis, de la clase y la raza. Me permito agregar, como eje trasversal, la perspectiva de derechos. La perspectiva de género debe de ser acompañada por la perspectiva de clase, de raza, y de derechos de todas las partes involucradas. El abordaje tiene que incluir ineludiblemente a los presuntos agresores, que también requieren políticas diferenciadas: hay quienes podrán participar en grupos, talleres donde puedan repensar la manera en que se ha construido su modo de ser varones y construir posibles acuerdos; otros solo pueden ser abordados desde el sistema penal.

Se trata de pensar alternativas que no se basen solo en llegar tarde y mal cuando el daño, el dolor y en demasiadas ocasiones, la muerte, ya se consumaron. Se trata de entender que el punitivismo -que es, sencillamente, suponer que la solución para todos los problemas es el mero castigo penal- ha demostrado largamente, no solo su peligrosa restricción de derechos constitucionales, sino y sobre todo, su absoluta ineficacia.