Un conjunto de factores políticos condicionó desde el comienzo la presidencia de Arturo Umberto Illia. En amplios sectores existía una profunda desconfianza hacia la democracia, ya que se dudaba de que pudiera garantizar la integración de los seguidores de Perón. Esta opinión se relacionaba con una valoración negativa del panorama abierto luego del golpe de Estado de septiembre de 1955. Illia gobernó solamente con el apoyo de su partido, sin establecer alianzas con otros sectores, cuestión que hubiera sido fundamental en un contexto dominado por la atomización de la representación política. Carecía de una estrategia consistente hacia los sectores peronistas y su pervivencia en un sistema político basado en su proscripción electoral. El gobierno parecía encarar el asunto solo a partir de la canalización de esos votos por los partidos neoperonistas.

Los trabajadores sindicalizados retomaron la protesta mediante el llamado “Plan de Lucha”, una serie de huelgas con la ocupación de los establecimientos industriales desarrollada por la CGT y sus gremios entre mayo y junio de 1964. En estas acciones que contaron con alrededor de tres millones novecientos mil trabajadores y unas once mil fábricas ocupadas, los ejes del reclamo provenían de motivos salariales y otros que hacían hincapié en las condiciones laborales.

Los principales dirigentes gremiales peronistas buscaban debilitar políticamente al gobierno nacional. Esta capacidad de maniobra doble –desplegada en el campo laboral y en el político– se reforzaba por las dificultades de los partidos neoperonistas, que eran proscriptos recurrentemente. Las acciones de los trabajadores se destacaron por el nivel de planificación, efectividad y clandestinidad, así como por los importantes niveles de autonomía de las bases. La contracara fue el estado de alarma que cundió entre empresarios, políticos opositores y el Ejército.

En este contexto, se produjo la aparición de distintos agrupamientos de militantes que buscaban conformar guerrillas rurales, como el denominado Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP). El EGP intentó crear un “foco” rural en el norte argentino para luego desarrollar una estrategia revolucionaria según los preceptos del “Che” Guevara. El grupo se conformó con militantes porteños y cordobeses universitarios y la rama juvenil del Partido Comunista, la Federación Juvenil Comunista: llegó a tener alrededor de treinta integrantes, sumados a los apoyos urbanos. Esta experiencia terminó en un fracaso rotundo y fue destruida por la Gendarmería. Se hicieron visibles las dificultades de aplicar la estrategia “foquista” sin contar con el apoyo potencial de los seguidores de Perón y en un terreno rural hostil para iniciar las operaciones.

Luego de una explosión en un departamento de la Capital Federal, a fines de junio, la opinión pública, las FFAA y las autoridades políticas descubrieron el proyecto guerrillero de las llamadas “Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional” (FARN), que no llegaron a entrar en actividad. Este grupo compuesto de una veintena de militantes de la corriente trotskista Palabra Obrera propuso dar inicio a la lucha armada luego de vincularse con el “Che” y la experiencia cubana. Preparaban una red de apoyos basada en recursos financieros, humanos, armamentos, casas, vehículos, medicamentos y alimentos. Los agentes judiciales y los investigadores policiales que trabajaron en el lugar de la explosión obtuvieron pruebas de la intención de enviar documentación, mapas, armas de fuego y explosivos a la provincia de Tucumán. El impacto generado por estos hechos, sumado a las huelgas y protestas obreras de 1964, condujo a los dirigentes políticos y a las jerarquías militares a reforzar su preocupación por la seguridad interna.

El actor castrense mantenía una relación distante con las nuevas autoridades políticas. Los “azules” –la facción hegemónica de las FFAA– tenían presente que la UCRP había sido aliada de los “colorados” durante los enfrentamientos de facciones militares, a comienzos de los sesenta. Además, observaban con recelo la estrategia moderada del gobierno frente a las expresiones políticas y sindicales del peronismo y las diferentes formas que empezaba a tomar la radicalización política hacia la izquierda de algunos sectores de la sociedad, especialmente en la juventud universitaria. Illia rechazó el uso de fuerzas militares para reprimir las protestas obreras ocurridas durante el “Plan de Lucha”, algo que para Potash “sirvió a los ojos de muchos argentinos, civiles o militares, como prueba de su falta de autoridad, debilidad e indecisión”.

En agosto se realizó una interpelación parlamentaria en la Cámara de Diputados a Juan Palmero, Miguel Ángel Zavala Ortiz y Leopoldo Suárez –los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores y Culto, y de Defensa, respectivamente– en la que la dirigencia política reabrió la discusión sobre la represión militar. Allí se analizó el nivel de amenaza de los grupos armados recientemente descubiertos en el norte del país y la Capital Federal, y se exploraron las medidas a implementar. Como lo expresó el diputado de la Democracia Cristiana Teodosio Pizarro, se buscaba “valorar los hechos ocurridos, sus posibles proyecciones y dar también en su oportunidad al gobierno los elementos idóneos que le permitan defender la paz social, la vigencia de las instituciones republicanas y el estilo de vida en libertad que es aspiración de todos los argentinos”.

Según el diagnóstico de los representantes del gobierno –en concordancia con la teoría contrainsurgente francesa–, la conflictividad interna, entendida como el signo de un enfrentamiento bélico, se insertaba en el cuadro general delineado por la Guerra Fría. Es de destacar la forma en que la nueva administración parecía haber incorporado un conjunto de claves de interpretación propio del ámbito castrense.

Mientras explicaba la génesis de la “guerra revolucionaria”, el ministro Zavala Ortiz señaló: “Es notorio que de la existencia de dos sistemas de vida distintos ha surgido en el mundo una competencia de poder, con posibilidades de agresión bélica –diría así–, de guerra propiamente dicha entre ambos bloques de países”. A continuación, advertía que “la existencia de un poder tan extraordinario como el que surge de la energía atómica ha determinado, paradójicamente, una autolimitación de la posibilidad de la guerra en su sentido más propio”. Como corolario de este proceso, se concluía que la amenaza de una guerra nuclear “ha dado motivo a que la competencia se derivase a otro método, a otro sistema, que es el conocido como el de guerra revolucionaria: guerra no declarada, silenciosa, pero guerra inexorable, global y permanente”. Con respecto a la situación argentina, Zavala Ortiz expresó: “Hay una guerra revolucionaria declarada a las organizaciones, a las repúblicas, a las democracias o no democracias vigentes en Latinoamérica, y contra esa situación tendremos que tomar las medidas correspondientes”.

Este abordaje contaba con el aval de varios diputados del oficialismo y la oposición como, por ejemplo, Héctor Sandler del partido Unión del Pueblo Argentino (UDELPA). Este diputado manifestaba su total acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores y expresaba: “En el mundo se ha desatado un tipo de guerra subversiva a la que se llama guerra de guerrillas, que viene a reemplazar a la agresión común y corriente a la que estábamos habituados”. Sandler advertía sobre la drástica modificación en las formas del combate y se preguntaba “si el mundo actual tanto ha variado que ya no se ven tropas en el campo de batalla”. Indicaba, además, que el engaño era una de las características principales de la “guerra revolucionaria” y alertaba sobre cómo los partidos políticos negaban la filiación que muchas veces los “guerrilleros” detenidos decían tener.

Otro legislador que estaba en total sintonía con este diagnóstico era el representante del Partido Demócrata Nacional por Mendoza, Emilio Jofré. El diputado expresaba que “es indudable que en nuestra Nación existen organizaciones formadas por argentinos y también por extranjeros que quieren causar perturbaciones en la República”. Al insistir en este aspecto, afirmaba: “Esto forma parte de un plan, de ese plan que desde hace algún tiempo se han trazado los países comunistas, los cuales se han propuesto tomar posiciones, primero en el África y luego en América Latina”.

Américo Ghioldi –diputado por la Capital Federal del Partido Socialista Democrático– se sumaba a estas voces y advertía:

 Ha habido un intento de acción subversiva. […] Se toma noticia de la existencia de una acción guerrillera, con estrategia de guerra, con códigos de guerra, en desarrollo de guerra revolucionaria, en pequeña escala, afortunadamente, pero que denota una energía y una voluntad de realización que, aun cuando haya sido pequeña en el caso que analizamos, demuestra la existencia, sobre todo, de un plan y de voluntad de operar.

Para los ministros del gobierno, el mayor riesgo se vinculaba con la unión entre el “comunismo” y el movimiento peronista, una línea de interpretación que seguía los análisis prospectivos del Ejército. Para Zavala Ortiz, la gravedad de la situación justificaba la presencia del ministro de Defensa, porque lo que estaba en juego era nada menos que la “seguridad nacional”.

El ministro de Defensa Suárez relativizó el peligro del “foco de guerrilleros”. Afirmó que un grupo armado como el EGP podía eliminarse con las fuerzas de seguridad, especialmente la Gendarmería. Sin embargo, aclaró que “sí hay un riesgo cierto de una perturbación general en el país, porque no es misterio para nadie que frente a este tipo de acción [la del egp] aparecen unidos distintos sectores que evidentemente están en el hecho subversivo en la República”. En la coyuntura conflictiva de 1964, Suárez se refería a los trabajadores, los sindicatos y al movimiento peronista, una postura que también tenía el Ejército.

El uso de las FFAA para la represión pasó a ser un eje central del debate. Juan Balestra –diputado por el Partido Liberal Autonomista de Corrientes– fue directo al punto y consultó al ministro de Defensa sobre la posibilidad de incorporar al Ejército y aplicar el Código de Justicia Militar a los civiles detenidos, dos tópicos que retomaban las discusiones mantenidas por los dirigentes políticos y las autoridades militares en los tiempos de Frondizi. Suárez respondió que ni el Poder Ejecutivo ni su cartera creían necesaria la utilización del arma terrestre en el área de la seguridad interior. De todas formas, volvió a resaltar que, en el caso de una “subversión” o la posibilidad de un “atentado contra la Constitución y las instituciones democráticas del país […], el Poder Ejecutivo contaría con la totalidad de las Fuerzas Armadas” a su disposición para restablecer el orden.

El gobierno expresó la urgencia por lograr la actualización de la legislación de defensa porque esta solamente contemplaba la “guerra clásica”. Suárez sugirió al Congreso que, en el corto plazo, se trabajara para hacer frente a la “guerra revolucionaria”, y enfatizó la necesidad de reemplazar la normativa de Perón para “que el Estado cuente con los medios necesarios para defender su integridad”. El ministro del Interior Palmero solicitó a los legisladores que se abocaran a desarrollar una nueva ley de defensa al expresar:

 Es preocupación del Poder Ejecutivo, frente a este nuevo tipo de guerra que importa la guerra de guerrillas, sugerir al Honorable Congreso de la Nación la adopción de disposiciones que contemplen estos hechos nuevos que se producen y que necesitan, dentro de la legislación, que el Estado cuente con los medios necesarios para defender su integridad.

 Los legisladores de los distintos partidos políticos mostraron su voluntad de colaborar. El diputado Pizarro aseguró: “Estoy seguro que daremos al Estado y al gobierno los medios idóneos para defendernos, y al mismo tiempo habremos de dictar las leyes necesarias para [hacer frente a] la acción subversiva”, que según su parecer se desarrollaba en el país. El udelpista Sandler expresaba que “ante los nuevos hechos habrá que emplear nuevas soluciones. La seguridad del país así lo exige”. Por su parte, Emilio Jofré, diputado del Partido Demócrata Nacional por Mendoza, manifestó que, por la “gravedad extraordinaria” de la situación, se debía “buscar que existan disposiciones muy enérgicas aplicables a los que quieran atentar contra el orden, contra los principios constitucionales del país”.

La atención del gobierno nacional sobre el encuadramiento legal del accionar contrainsurgente llegó hasta la figura del presidente. Al igual que los legisladores y los ministros presentes en la interpelación, Illia consideraba la posibilidad de utilizar a las FFAA. Así lo expresó en su mensaje anual al Congreso de mayo de 1964: “Es un concepto admitido en los ámbitos militar y civil, que los adelantos de la técnica y de la ciencia han roto el esquema de la ‘guerra clásica’. La ‘seguridad nacional’, la adecuada instrumentación de la ‘defensa nacional’ han ampliado el panorama”.

Illia indicaba que los conflictos armados habían sufrido una mutación que se expresaba en la extensión de los espacios en los que el enfrentamiento podría librarse. Esto iba en consonancia con lo planteado por el saber contrainsurgente del Ejército. Por este motivo, afirmaba: “Compenetrados de este concepto, ha sido nuestra preocupación elaborar el proyecto de una nueva ley de defensa nacional […] y complementar una legislación en armonía con las circunstancias que viven el país y el mundo”. Desde esta perspectiva, la precondición para usar las ff. aa. con fines represivos era el reemplazo de la normativa de defensa vigente.

La elaboración de una nueva legislación de defensa

El 11 de septiembre de 1964 el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Senadores un proyecto de ley de defensa que conservó, en sus aspectos centrales, el contenido de los borradores escritos durante la presidencia de Frondizi. Esto lo confirmaba Astigueta, uno de los redactores de la normativa de 1961, quien años después dijo que “de ahí surgió la ley de Seguridad Nacional que a regañadientes hizo suya el presidente Illia y fue sometida al Congreso Nacional antes de su caída”. El máximo mandatario hizo mención, en 1965, al proyecto de ley en el mensaje anual al Congreso, en el que les expresó a los diputados: “Vuestra honorabilidad tiene a estudio el proyecto de la nueva ley de Defensa Nacional. No dudo habrá de merecer la urgente preocupación de los señores legisladores”. Con un tono más enfático, Illia afirmó: “Necesitamos de este instrumento legal, porque él nos posibilitará la incorporación de nuevos conceptos que en esta materia imperan en el mundo y la modificación de las estructuras que constituyen el basamento de la defensa nacional”.

El gobierno sostenía que el reemplazo de la normativa vigente brindaría las herramientas necesarias para enfrentar el conflicto interno. El ministro de Defensa Suárez expresaba en el texto de fundamentación: “El proyecto adjunto tiene como fin primordial proporcionar los medios legales que permitan adoptar oportunamente las medidas tendientes a proteger la integridad de la República de los efectos perjudiciales de cualquier factor capaz de atentar contra la misma”.

Se hacía un llamado a la renovación de la legislación de defensa para adecuar “la organización de la defensa nacional a las cambiantes situaciones que conforman el mundo moderno”, como decía Suárez. La necesidad de recurrir a operaciones militares de excepción se justificaba en los siguientes términos: “Si para superar situaciones de carácter extraordinario, la Nación no pudiere contar con los medios preventivos y represivos también extraordinarios […] se pondría en peligro su existencia misma, o la de sus instituciones básicas, facilitándose el caos social, en detrimento de los valores fundamentales que forman nuestro acervo nacional”. El ministro esperaba reemplazar la Ley Nº 13234 de 1948 por una nueva normativa acorde con los requerimientos de la “seguridad nacional”.

El proyecto de ley se enfocaba en la “guerra revolucionaria”, en concordancia con lo planteado por la teoría antisubversiva francesa. El cuadro general descripto en la normativa expresaba:

 El mundo vive un estado de profunda transformación y de conflicto permanente, en el cual no se advierte una clara línea divisoria entre la paz y la guerra, sino solo etapas de una lucha por sobrevivir o imponerse, librada entre bloques de naciones movidas por ideologías, intereses y sistemas políticos antagónicos.

 Esta parte del proyecto –que era una copia textual de su antecedente de 1960– se completaba con una descripción de los ámbitos variados en los que se desarrollaba el conflicto: “Esta lucha se lleva a cabo con todos los instrumentos del poder, sean militares, políticos, económicos o psicosociales”.

El gobierno buscó adaptar las figuras jurídicas ya existentes como, por ejemplo, la de “conmoción interna”. Para Suárez, esta situación abarcaba un campo relativamente amplio de circunstancias asociadas con la disidencia interna. En el punto 45 del texto de fundamentación de la ley se indicaba: “La conmoción interna a que la Constitución se refiere comprende tanto los movimientos abiertamente hostiles a la autoridad, contrarios al orden público, como también esos anuncios evidentes de más hondas perturbaciones, pero que no han tomado todavía una forma práctica, una forma externa”.

El otro concepto utilizado para los casos de crisis interna era el de “emergencia grave”. De acuerdo con el punto 40, así se llamaba a una situación incluida dentro de la “conmoción interna”, que según la Constitución se establecía como precondición para la declaración del estado de sitio. Suárez señalaba en el punto 37:

 El concepto de emergencia grave está integrado por dos elementos esenciales: la gravedad o extensión de la alteración del orden o seguridad y el hecho de que los efectos de esa alteración no puedan ser controlados o anulados por entes privados u oficiales locales y requieran el concurso de las autoridades nacionales.

 Por consiguiente, ambas definiciones tenían en común un marcado grado de generalidad, que podía incluir diversos tipos de conflicto.

El uso de las FFAA en el proyecto estaba precedido de la declaración de un estado de emergencia. La normativa indicaba en su artículo 10 que el presidente decretaría el “estado de prevención” en una parte o en todo el país, según la extensión de la zona afectada. Esto ocurriría toda vez que hubiera un acontecimiento que amenazara la “seguridad nacional”, que sería definido mediante los conceptos de “conmoción interior” o “emergencia grave”. Si una situación de riesgo lo ameritaba, el máximo mandatario dispondría estas medidas y luego notificaría al Congreso; si el peligro era menor, se requeriría primero la autorización del Poder Legislativo. En cualquier caso, el proyecto le otorgaba al presidente una capacidad decisiva.

Se procedería a establecer una jurisdicción especial llamada “zona militar”. El artículo 11 del proyecto indicaba que el presidente podría “otorgar el gobierno civil de las zonas afectadas a la autoridad militar con autorización legislativa o dando cuenta oportunamente al Congreso Nacional, según la gravedad de la situación y la urgencia de las medidas que se adopten”. El artículo 29 expresaba que la autoridad castrense de la “zona militar” o del “teatro de operaciones” sería un delegado del presidente y ejercería la totalidad del gobierno civil y militar. Si bien se continuaba con lo delineado para las “zonas de emergencia” en la época de Frondizi, el proyecto de 1964 agregó la prerrogativa de poder legislar sobre la emergencia, algo que había sido un reclamo del sector castrense durante la puesta en ejecución del Plan CONINTES. El artículo 31 prescribía que el comandante del “teatro de operaciones” estaría facultado para dictar los bandos “que las necesidades de la situación impusieran”.

El proyecto de ley fracasó en la Comisión de Defensa del Senado, por lo que ni siquiera llegó a debatirse. A pesar de su sólida fundamentación, el apoyo público dado por Illia y la opinión favorable a reemplazar la legislación de defensa de una gran parte de la dirigencia política, el texto en discusión siguió el mismo destino que sus versiones previas con Frondizi. ¿Cuáles fueron los motivos de este desenlace, si la normativa parecía haber llegado en un contexto propicio para su eventual aprobación?

El proyecto fue desestimado debido a la oposición del bloque de senadores de la UCRP, que controlaba la mayoría de las bancas en la cámara alta. Los miembros del Senado no estaban de acuerdo con los diputados y los ministros sobre la necesidad de sancionar una nueva legislación de defensa orientada hacia la represión militar. De hecho, hay indicios de que el propio presidente no estaba enteramente convencido. En los días en que se envió la normativa al Senado, Illia realizó declaraciones a la prensa extranjera: afirmó que en América Latina “no existe en absoluto duda alguna de que el comunismo ha perdido gran parte de su atracción en este hemisferio […] Está declinando y continuará declinando”.

El gobierno mantuvo una política persuasiva de la protesta social sostenida por el presidente Illia y el ministro del Interior Palmero. El uso de las FFAA. estuvo lejos de ser una opción durante los conflictos vinculados al “Plan de Lucha” sindical de 1964 y ante el EGP. Estos elementos pueden brindar cierta plausibilidad a lo expresado por Astigueta sobre la “reticencia” del máximo mandatario frente a la normativa en discusión.

A pesar de los argumentos que explican el paso en falso del proyecto de ley por Senadores, una cuestión sigue abierta: ¿por qué Illia –quien al parecer no lo apoyaba– lo envió para su debate y eventual sanción? Ante la falta de fuentes y explicaciones historiográficas, se impone avanzar por el terreno de las conjeturas. Puede suponerse que la decisión presidencial tal vez estuvo relacionada con seguir el consejo de dos de los promotores más destacados del enfoque contrainsurgente dentro del gobierno: Zavala Ortiz y Suárez, ministros de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional, respectivamente. Estos miembros del Poder Ejecutivo provenían de la facción unionista del radicalismo, caracterizada por su conservadurismo, anticomunismo y antiperonismo. El envío del proyecto de ley de defensa al Congreso puede interpretarse como una concesión a este sector del gobierno y del partido, algo que no representaba una garantía de tratamiento favorable.

Los escenarios de tensión con los que lidiaba el presidente hacia 1965 empeoraron y con ellos también lo hizo la gobernabilidad. La desconfianza hacia la democracia, el conflicto entre la ucri y la ucrp, la persistencia del apoyo popular a Perón y las diversas expresiones de su movimiento, y la presencia amenazante de las FFAA –preocupadas por la seguridad interna– se habían convertido en factores de presión. Sumado a esto, comenzaron a hacerse visibles las críticas a la administración nacional, en general, y a Illia, en particular, desde amplios sectores políticos, mediáticos y empresariales.

Este rechazo al presidente –que se extendía a los partidos políticos– se vinculaba con una campaña basada en un reclamo: “modernizar” el país. Desde actores mediáticos como las revistas Primera Plana y Confirmado se calificaba al sistema de partidos como una estructura anquilosada e ineficiente, a pesar de los datos positivos en materia económica y educativa, entre otras áreas. Se planteaba que los políticos se movían dentro de los márgenes de la demagogia y se convertían en un obstáculo para el crecimiento. Por contrapartida, los jóvenes ejecutivos, las técnicas de marketing y el dinamismo empresarial eran –según se decía– los motores del éxito. La solución de todos los problemas políticos y económicos pasaba por reemplazar la política por la administración.

La crítica al gobierno nacional permeó a las FFAA y desde marzo de 1966 los militares hablaban abiertamente de derrocar al presidente en discursos y memorandos: se basaban en los mismos argumentos que los expresados por la prensa. Se agregaba la preocupación por las elecciones del año siguiente, que auguraban un triunfo de las fuerzas peronistas. Además, entre abril y mayo el gobierno se negó a enviar tropas a la República Dominicana para tomar parte en la represión de un conflicto interno. Esto aumentó el malestar debido a que las FFAA eran favorables a la intervención, ya que querían congraciarse con los Estados Unidos y el rol que les asignaba a las fuerzas militares latinoamericanas.

La actitud pasiva del gobierno frente a los estudiantes universitarios –que expresaban la radicalización de los jóvenes– y el incipiente acercamiento al movimiento peronista de los sectores medios acentuaron las críticas de la prensa conservadora, los empresarios y las FFAA ante el supuesto avance del “comunismo”. Los altos mandos de las tres armas acordaron las acciones a desarrollar: el Ejército ocupó las sedes de diferentes medios de comunicación el 27 de junio y se obligó al presidente a renunciar. Al día siguiente, los militares pusieron fin al gobierno de Illia mediante un nuevo golpe de Estado.

Disponible en https://ediciones.ungs.edu.ar/libro/la-represion-militar-en-la-argentina-1955-1976/

Hugo Vezzetti es un referente destacado para varias camadas de investigadores e investigadoras del pasado reciente y los estudios sobre memoria en Argentina, entre quienes nos incluimos. Su obra atraviesa discusiones centrales sobre la lucha armada, la represión, el peronismo y la memoria, entre otras preocupaciones intelectuales. Nuestro respeto hacia su trabajo se expresa de diversas formas, aunque tal vez aquí preferimos destacar una: el uso que le hemos dado para nuestras propias investigaciones, siendo una fuente de inspiración inagotable. Esta respuesta crítica a su artículo sobre el asesinato del sacerdote Carlos Mugica, publicado el domingo pasado en este medio, surge de una voluntad de abrir algunos ejes de discusión, antes que de clausurarlos. Nuestra idea central es que cualquier análisis sobre los usos del pasado y la memoria debe sostenerse sobre bases históricas sólidas; en caso contrario, se corre el riesgo de que el intento se vea malogrado y lleve a equívocos. 

La nota de Vezzetti pone en un pie de igualdad la evidencia que existe sobre la autoría del crimen del padre Mugica por parte de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) con las conjeturas (y errores diversos que mostraremos) que lo vinculan a Montoneros. En efecto, se afirma que “sobran los testimonios y las intervenciones que adjudican el crimen a Montoneros o a la Triple A”. No obstante, es fundamental hacer una valoración detallada de esas fuentes. Volvamos a la coyuntura de los acontecimientos. Es cierto que el asesinato de Mugica, ocurrido un 11 de mayo de 1974 mientras salía de oficiar una misa en el barrio porteño de Villa Luro, quedó envuelto en el misterio desde el primer momento. Ninguna organización o persona se lo atribuyó y tampoco se pudo dar en ese entonces con los autores materiales.

¿Quién mató al sacerdote? Los últimos meses de Mugica habían sido testigos de su ruptura con José López Rega y del alejamiento del Ministerio de Bienestar Social en agosto de 1973, donde solía trabajar como asesor. Para mayo de 1974, cuando era evidente la ruptura de Juan D. Perón con Montoneros, se sumaron las desavenencias con la organización guerrillera peronista respecto a sus intentos de continuar la lucha en el marco de un gobierno constitucional. Producido el asesinato, desde la revista El Caudillo de la Tercera Posición, que oficiaba de vocero ideológico de la Triple A y otros sectores de la derecha peronista, sostenida materialmente por López Rega, se echó a rodar desde el primer momento la versión de que los responsables de su muerte habían sido los Montoneros.

La “hipótesis montonera” se fundamentaba en el desencuentro que Mugica tuvo con la organización guerrillera por la continuidad de la lucha armada bajo un gobierno constitucional y peronista. Sin embargo, las fuentes de esa hipótesis no superan el ámbito de las conjeturas que circularon en la época. Como plantea el mismo Vezzetti, existen testimonios de conocidos de Mugica que manifestaron la preocupación del sacerdote de sufrir una potencial agresión por parte de Montoneros, en especial tras la “ruptura” de éstos con Perón al iniciar mayo de 1974. El problema está en asumir que tales declaraciones ofrecen una verdad ipso facto. No es lo mismo recuperar los dichos de Jacobo Timerman o los posteriores de Antonio Cafiero, para ilustrar las sospechas que había en ciertos círculos políticos respecto de la autoría montonera que sostener, como lo hace Vezzetti, que en la palabra del dueño del diario La Opinión se encuentra la evidencia irrefutable de que a Mugica lo mató la guerrilla peronista, solo porque se asume que la conducción nacional montonera no podía ser ajena a las supuestas amenazas.

Veamos qué ocurre cuando nos enfocamos en la “hipótesis de la Triple A”. En la nota de Vezzetti, se le presta poca atención al conflicto sostenido por Mugica cuando trabajó como asesor en el Ministerio de Bienestar Social a mediados de 1973. Sin embargo, se trata de un punto clave para entender qué fue lo que pasó. El motivo de las desavenencias con el todopoderoso ministro López Rega tenía que ver con la ambición de éste de captar de forma clientelar a la población villera con su política de reasentamientos, contraria a la postura de Mugica de hacerla partícipe activa en la edificación de las nuevas viviendas. Frente a su renuncia a las asesorías, López Rega lo acusó de querer estafar al gobierno, a lo que el padre respondió refiriéndose al ministro como un individuo necesitado de “adulación y servilismo”.

De acuerdo con Martín de Biase, biógrafo de Mugica y una de las fuentes de consulta de Vezzetti, a partir de ese momento el sacerdote empezó a recibir amenazas de muerte. La más conocida había sido emitida en diciembre de 1973 desde las páginas de El Caudillo de la Tercera Posición, en donde se le acusó de “adoctrinar mentes cristianas al servicio del marxismo y ser apóstol de la violencia armada”. Resulta llamativo que tal documento esté ausente en la nota de Vezzetti; aunque más llamativo es que, para argumentar la posible responsabilidad de Montoneros, menciona un artículo de la revista Militancia Peronista para la Liberación, que según él “respondía a la organización”, donde colocaban al sacerdote “en la cárcel del pueblo”. El problema es que esta publicación no pertenecía a Montoneros, sino que estaba vinculada al Peronismo de Base y era dirigida por Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Duhalde, siendo cada vez más crítica del gobierno peronista y también de Montoneros. Además, el hecho de figurar en la sección “cárcel del pueblo” no equivalía a una sentencia de muerte en absoluto: del relevamiento de todas las figuras que se nombran allí se desprende que el único asesinado de la lista fue Mugica. Aun si consideráramos que Militancia hubiera sido una revista de Montoneros, de todas formas no podríamos encontrar allí la prueba de la autoría del asesinato por parte de esta organización: más bien hallaríamos lo contrario, a saber, que las personas nombradas en realidad no fueron atacadas, por lo que se debería suponer que las balas provinieron de otro lugar. 

Este no es el único error que sostiene Vezzetti en su artículo. Extrañamente, se advierte desde el inicio que “si el asesinato no está esclarecido es porque nunca se ha hecho nada, desde la justicia y el Estado, en los muchos años de gobiernos peronistas, para esclarecerlo”. Y más tarde, el autor agrega: “Dado que la investigación ha sido nula o deficiente, sólo caben las conjeturas”. Como historiadores especializados en historia reciente, sus frases nos resultan bastante desconcertantes. ¿Ignora acaso Vezzetti que sí hubo un esfuerzo decidido por esclarecer el asesinato de Mugica, puntualmente a partir de la reapertura de la causa judicial de la Triple A en 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, es decir, un gobierno peronista? Por instrucción del juez Norberto Oyarbide, los crímenes de la Triple A fueron considerados de “lesa humanidad” e imprescriptibles. Esta resolución permitió incorporar el caso Mugica a los incidentes que investigaba la causa, pese a la muerte de sus implicados directos, como López Rega, fallecido a fines de los años ochenta. La reapertura de la causa estuvo acompañada por la detención a fines de 2006 de Rodolfo Almirón, viejo custodio de López Rega en Bienestar Social y miembro de la Triple A que participó en el atentado que acabó con la vida del sacerdote. Aunque Almirón murió en prisión en 2009, el crimen continúa entre las imputaciones a los procesados en los últimos años por la Triple A.

La ausencia de una condena judicial parece habilitar a Vezzetti a revisitar la muerte de Mugica a partir de interpretaciones sesgadas. Esto resulta interesante, ya que realiza una lectura contrafáctica sobre la culpabilidad de Montoneros como una verdad comprobada, basado en un enfoque muy problemático: una hipótesis que confunde supuestos con evidencias y que se construye a partir de un manejo de datos de forma selectiva y a conveniencia, lo cual termina forzando sus argumentos hasta hacerlos difíciles de sostener, más en comparación con las evidencias históricas y judiciales que corroboran la responsabilidad de la Triple A en el crimen. 

El testimonio más fehaciente de la autoría de la Triple A (incorporado a la causa judicial) pertenece a Ricardo Capelli, amigo de Mugica que estuvo presente en el momento de su asesinato, logrando sobrevivir a pesar de recibir varios tiros. Capelli identificó a Almirón como el autor de los disparos, gracias a que tanto él como Mugica lo conocían de visitar el Ministerio de Bienestar Social por las asesorías. Sin embargo, guardó silencio sobre el hecho y fue víctima de un hostigamiento basado en amenazas de muerte a su familia, el cual logró sumirlo en el miedo hasta la década de 1990, cuando finalmente aportó su testimonio a la justicia y la sociedad.

Este dato pone en serias dudas la conjetura de Vezzetti sobre la posibilidad de que “en el instante último, cuando daba la vida por su causa, el Padre Mugica no supiera de dónde partían las balas”. En realidad, si se trata de hacer aseveraciones de este tipo, tenemos mayor cantidad de elementos para suponer que, al igual que Capelli, el padre también pudo haber visto a Almirón al momento de recibir la ráfaga de ametralladora, por lo que sí debió saber “de dónde partían las balas”. Los ejercicios contrafácticos sin sustento empírico alguno están lejos de contribuir al mejor conocimiento de la historia: en este caso, solo sirven para confundir y sembrar dudas sobre un hecho sobre el que tenemos importantes certezas: por ejemplo, el autor. 

Los errores, voluntarios e involuntarios, están conectados con la historia del crimen de Mugica desde el comienzo. Producido el asesinato, la Policía Federal se encargó de entorpecer la investigación de oficio, en consonancia con las amenazas contra el sobreviviente Capelli y la campaña de confusión y desinformación lanzada por El Caudillo. La fuerza realizó un identikit del asesino, presentándolo como un hombre joven y solo con bigote. Sin embargo, la prensa de la época entrevistó a varios testigos del crimen, quienes mencionaron que el ejecutor era “un hombre con bigote y barba espesa”, perfil que se ajusta con las imágenes de época que poseemos de Almirón. A la luz de lo que sabemos hoy, resulta claro que la policía trató de encubrir los hechos: esto no debería sorprender a nadie, ya que en ese momento quien estaba a cargo de la Policía Federal era Alberto Villar, miembro destacado de la Triple A.

La Triple A asesinó a Mugica con el objetivo de asestar un golpe a Montoneros. A la fecha del crimen, la organización paraestatal peronista todavía era desconocida para la mayoría de los argentinos; en cambio, los desencuentros de Mugica y Montoneros eran de conocimiento público. La Triple A aprovechó la situación y perpetró el asesinato sin reivindicarlo para que las sospechas cayeran en la guerrilla peronista, debilitada en su legitimidad a raíz del enfrentamiento con Perón (no hay casualidad en que la fecha del atentado aconteciera días después de la expulsión de Montoneros de Plaza de Mayo). El golpe pretendió difamar a la guerrilla y quitarle respaldo social de otros colectivos disidentes y los sectores populares, cuestión lograda con relativo éxito: los sacerdotes tercermundistas del Gran Buenos Aires cortaron relaciones con Montoneros –al menos con su conducción–, el trabajo de base en las villas se retrajo y ex militantes de la conducción nacional montonera han reconocido los estragos causados por la difamación.

En este sentido, es importante decir que quien “arrasaba con el trabajo social o político que se desplegaba en los barrios y las villas” era la Triple A de manera deliberada y no, como dice Vezetti, “una guerra civil entre peronistas”. Además, expresar que hubo una “guerra civil” implica equiparar dos actores muy diferentes en recursos, medios y características: Montoneros, una organización político-militar no estatal, y la Triple A, una organización paraestatal represiva que se articuló desde un ministerio, con fondos y funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad. El uso del concepto de “guerra civil” impide recurrir a otros que ayudan a comprender mejor ese pasado y que restablecen la asimetría de fuerzas, algo que para la historiografía actual es un punto de consenso básico: lucha armada, represión y terrorismo de Estado. 

¿Corresponde hablar de terrorismo de Estado para el año 1974? No está demás señalar que el terrorismo de Estado no empezó en marzo de 1976, sino antes, como el propio Vezzetti lo dice en varios de sus trabajos. Ahora bien, existen diferentes puntos de partida, ya que se trató de un proceso complejo, que no se somete a las simplificaciones cronológicas. Por ese motivo, una serie de investigaciones, como las de Pablo Scatizza, por ejemplo, colocan a la Triple A y su accionar como uno de los puntos posibles de inicio.

El asesinato de Mugica por la Triple A alimentó la confusión y la discordia entre los actores de izquierda de la época. Ahora bien, la manipulación de la verdad detrás del hecho de sangre fue elemental para el escuadrón paraestatal y la derecha peronista en general, que capitalizaron la muerte del cura para extender las difamaciones a otros actores y legitimar el crimen dentro del marco de la “guerra contra la subversión”. La Triple A produjo algunos afiches infamantes contra Mugica, quien fue representado como un “cura guerrillero” víctima de la violencia que supuestamente ayudó a engendrar. Esta propaganda cuestionó el status de mártir de las causas populares que le dieron los villeros, justificando su muerte en el entendido de que fue un apologista de la violencia, interpretación totalmente alejada de su historia de vida.

Al momento de ocurridos los hechos, la derecha peronista promovió dudas sobre quiénes fueron los autores del crimen de Mugica. El enigma se alimentó del silencio de los autores y las maniobras para lanzar la culpa sobre Montoneros. Llama la atención que a más de cuarenta años del asesinato de Mugica, de lo demostrado por la justicia argentina, de lo sostenido por el sobreviviente Capelli y de lo que exponen las últimas investigaciones históricas, Vezzetti se acerque al discurso de dirigentes políticos como Patricia Bullrich o periodistas como Ceferino Reato para volver a apuntar contra Montoneros. 

La equiparación de la evidencia dispar de la Triple A respecto a Montoneros sobre la autoría del crimen de Mugica se entrelaza con otra equiparación que recorre toda la nota: la de ambas organizaciones. Sin embargo, esto no es algo nuevo y lejos está de implicar una lectura crítica de la narrativa sobre ese pasado, tal como se propone la nota. Por el contrario, Vezzetti está reproduciendo un sentido de época (estudiado por Marina Franco para los años 1973-1976, por ejemplo): la interpretación de la violencia política y la represión como el producto de una matriz polar de “extrema izquierda” y de “extrema derecha”, asociada a una lectura en clave bélica de los conflictos políticos, hablando justamente de “mitos e historia”. Esta forma de abordar la coyuntura de los años setenta democráticos fue muy común entre un amplio espectro de actores: desde la guerrilla, hasta los militares, pasando por la dirigencia sindical, empresarial y política. También fue una de las claves sobre las que se asentó la última dictadura militar (1976-1983) para legitimar el golpe de Estado.

Los errores históricos y conceptuales que señalamos llevan a Vezzetti a incluir a Montoneros en la escena de un crimen que la organización no cometió y a recurrir a interpretaciones binarias de la violencia que no se condicen con el análisis histórico, sino más bien con una interpretación nativa, es decir, propia de los años setenta. En Sobre la violencia revolucionaria: memorias y olvidos (Siglo XXI Editores: 2009), un texto que se ha convertido en un clásico rápidamente, Vezzetti llama “a desconfiar de la memoria y remitirse a las fuentes” (p. 83. Las cursivas pertenecen al texto original). No podemos más que acordar con él: aquí no hemos hecho otra cosa más que seguir su consejo. 

EP/JLB/CDT

A comienzos de los años 60, el gobierno de Arturo Frondizi tomó una medida trascendental para la historia de la represión en la Argentina: la autorización a las Fuerzas Armadas para que intervengan en la persecución política de civiles en el marco de la “resistencia peronista”. El Plan de Conmoción Interna del Estado (CONINTES) se aprobó inicialmente el 14 de noviembre de 1958 mediante el decreto secreto 9880, en plena vigencia del estado de sitio y en un contexto dominado por los conflictos sindicales que comenzaban a resurgir en diferentes puntos del país. 

La amenaza interna se asociaba con los trabajadores sindicalizados, mencionando el decreto 9880 un “grave estado de necesidad” existente. Esto se debía a una serie de “perturbaciones advertidas en distintos aspectos de la vida nacional” que ponía en peligro sus instituciones y el orden público. Se expresaba que “las Fuerzas Armadas deben proceder con toda rapidez y absoluta energía a efectos de asegurar el pronto restablecimiento del orden público”. 

El Plan CONINTES se activó el 13 de marzo de 1960 a través de un decreto que otorgaba a las Fuerzas Armadas el mando de las fuerzas de seguridad, estableciendo además un sistema de jurisdicciones especiales. De esa forma, las Fuerzas de Seguridad quedaron bajo el control operativo de las Fuerzas Armadas, una disposición que se repetiría varias veces en los años siguientes. El Plan se activó para enfrentar una ola de atentados ejecutados por los “comandos” de la “resistencia”, aunque en sus inicios se lo había delineado para la represión del movimiento obrero. 

Los resultados del Plan CONINTES muestran que tuvo un efecto devastador sobre los “comandos” de la “resistencia” y el movimiento obrero, eliminando sus acciones en poco más de un año. Si 1959 y los primeros meses del año siguiente marcaron el punto máximo de la cantidad de atentados y operaciones clandestinas, a partir de marzo de 1960 se mostró una cara inversa. Ese año indica el punto crítico en que las acciones de los “comandos” comenzaron a separarse de las bases obreras, debilitadas por la marcada reducción en la cantidad de huelgas, la desmoralización, la represión y la detención de miles de militantes peronistas. A este panorama se agregaba la recesión por las políticas económicas aplicadas desde 1959.

La puesta en marcha del Plan surgió de una decisión de las autoridades políticas y las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se gestó esa opción? Gran parte de la bibliografía sobre el tema considera que fue el resultado de la presión castrense sobre el gobierno: éste se habría visto forzado a dictar los “decretos CONINTES” para contener la amenaza golpista de los militares, dándoles la autorización para reprimir a la “resistencia peronista”. Un conjunto de nuevas fuentes disponibles en el Fondo del Centro de Estudios Nacionales, en la Biblioteca Nacional, ayuda a complejizar este cuadro de situación y muestra una faceta antes desconocida. 

La discusión de las medidas a aplicar contra los detenidos sirvió para que el gobierno y los militares debatieran sobre el tipo de estado de excepción a implementar. El 14 de marzo de 1960 tuvo lugar una reunión clave en el despacho presidencial entre las autoridades políticas y los representantes de las Fuerzas Armadas. En ella participaron Arturo Frondizi junto al ministro de Defensa, Nacional Justo Villar; el secretario de Guerra, general Rodolfo Larcher; el secretario de Marina, contralmirante Gastón Clement; el secretario de Aeronáutica, brigadier Jorge Rojas Silveyra y el jefe de la Casa Militar, brigadier Baldomero Llerena.

Luego del inicio del CONINTES, el secretario de Guerra Larcher le pidió al presidente que declarara la ley marcial con urgencia. La ley marcial –a diferencia del estado de sitio– implicaba el reconocimiento de una situación de guerra, poniendo en cuestión el orden constitucional. Esto implicaba el establecimiento de una lógica bélica para la conducción del Estado: la unidad de los mandos político y militar. La justicia castrense adquiría un rango de primacía por sobre el fuero civil.

Los militares querían imponer un estado de guerra interna para tener mayores prerrogativas, una opinión que contaba con un amplio apoyo en las tres armas. El 26 de mayo de 1960 tuvo lugar una reunión de oficiales superiores de la Armada y la Aeronáutica en el portaviones Independencia: el objetivo fue analizar diferentes aspectos de la coyuntura de conflictividad interna en curso. En el encuentro – consignado en un informe que poseía Frondizi– marinos y aviadores coincidieron en que “no existe otra alternativa que actuar con las Fuerzas Armadas no como función policial, con restricciones contraproducentes, sino con plenas atribuciones militares”. Se señalaba algo similar a lo expresado por el general Larcher al afirmar que “el Estado posee medios legales tales como la ley marcial, que aplicada por un breve plazo no superior a las 48 horas y con esa duración fijada de antemano por el decreto respectivo, se conseguiría clarificar totalmente el estado ambiental terrorista que viven ciertos sectores del país”.

El actor castrense se mostraba en desacuerdo con la aplicación del Plan CONINTES. Según el informe, los representantes de la Marina y la Fuerza Aérea opinaban: “actualmente, la intervención militar […] prolonga innecesariamente, la solución del problema. […] la expresión ‘ni chicha ni limonada’ es bien gráfica para definir la situación con el Conintes actual. Es decir que la aplicación de la ley marcial por un plazo determinado y mínimo es una de las conclusiones a que se arriba en este tema”. 

Los militares advertían que el Plan era ilegal debido a que sólo tenía las firmas del presidente y el secretario de Guerra, sin mención a los demás ministros. Otro informe –también en poder de Frondizi– que reunía la opinión del alto mando del Ejército se inscribe en una tendencia similar. Se consideraba que “el Presidente de la República debe proceder a levantar la vigencia del Plan Conintes, que a la fecha está ocasionado ‘creciente malestar’ en las Fuerzas Armadas y muy especialmente en el Ejército”. Se indicaba, no obstante, que aquella medida debía tomarse luego de que el Congreso sancionara una “Ley de Seguridad Social” e interviniera las universidades, iniciando un plan de lucha contra el “comunismo”. 

Las Fuerzas Armadas opinaban que debía avanzarse en la creación de un estado de excepción que incluyera la pena de muerte y se extendiera más allá de cualquier marco legal de tiempos de paz, incluida la Constitución. En otro informe que poseía Frondizi, el general Carlos Peralta se mostraba de acuerdo con tener una ley que eliminara el “terrorismo” por medio de la pena capital. El general Juan Picca, por su parte, afirmaba que “a los terroristas hay que fusilarlos. Urge la ley [de pena de muerte]”. Varios militares más expresaban su preocupación frente a un poder legislativo que –según ellos– era hostil frente a esa solución. El teniente coronel Jorge Shaw señalaba que “nuestra preocupación máxima es el Congreso. Están en el torpe propósito de allegar votos mientras el país quiere ser dominado por las bombas. ¿Hasta dónde se podrá ir en este problema?”.

El coronel Osiris Villegas fue quien mejor sintetizó la encrucijada entre el orden legal y el enfoque contrainsurgente: “la situación es grave; si hay que tomar medidas inconstitucionales, a ello nos obligarán los hechos. Por encima de la constitución está el país. Parece mentira que el Congreso se oponga al orden en el país. ¿Qué es lo que pretenden? Urgen las medidas: si no, no sé qué ocurrirá”. La declaración de un estado de necesidad buscaba constituirse en la garantía para la transgresión de la ley. La lógica de la excepción determinaba una concepción de la Constitución y del Congreso que los asociaba con obstáculos para la acción represiva. 

Para Frondizi, la declaración de la ley marcial significaba algo que no estaba dispuesto a reconocer: una situación de guerra civil. En la reunión del 14 de marzo el presidente sostuvo que los tribunales militares podían establecerse bajo el amparo de la normativa de defensa de tiempos de Perón, ya que “la misma considera el estado de Conmoción Interna, y tal estado existe. No podemos dar un bando para todo el país, además cualquier juez ante un pedido de amparo y por la falta del Estado de Guerra, hará lugar al mismo y pondrá en libertad al recurrente”. Ante la insistencia del general Larcher para dictar la ley marcial, el presidente convocó a los asesores legales de las Fuerzas Armadas: se debía discutir la herramienta jurídica para que el actor castrense juzgara a los civiles. 

Una vez que los asesores militares llegaron a la reunión, Frondizi los interrogó sobre la cuestión más problemática: “¿El Poder Ejecutivo puede en cualquier caso imponer la pena de muerte? Sería cuestión de analizar: 1). La actitud de un juez ante un bando. 2). La aplicación de la Ley 13234 con los Tribunales Militares. 3). La pena de muerte para cualquier procedimiento”. La respuesta del auditor de las Fuerzas Armadas coronel Horacio Mainar fue contundente: mientras los poderes ejecutivo, legislativo y judicial estuvieran funcionando normalmente, el presidente no podía gobernar mediante bandos militares en tiempos de paz.

El presidente no podía arrogarse dentro la Constitución la facultad de declarar la pena de muerte. El general Larcher sentenció en desacuerdo: “es necesario salirse de la Constitución para defenderla”. Sin embargo, el secretario de Guerra no obtuvo lo que deseaba. Frondizi ordenó a los asesores legales militares redactar un proyecto dentro de los marcos constitucionales que no pudiera objetarse jurídicamente.

La postura de Frondizi terminó por imponerse después de arduas discusiones. El general Larcher insistía en declarar la ley marcial, proceder a la creación de tribunales militares facultados para juzgar civiles y, de ser necesario, dictar la pena capital. El secretario de Guerra manifestó: “existe una gran inquietud en el Ejército, se pide que se den las armas para castigar. El estado Conintes nos transforma en simples policías. Si se puede tomar una medida legal y vigorosa, creo que esta inquietud desaparecerá”.

El presidente defendió el Plan CONINTES y salió al cruce afirmando: “el pasaje de la policía a depender del Ejército se realizó por pedido del Comandante en Jefe del Ejército [el general Carlos Toranzo Montero]”. Luego de este planteo, las autoridades políticas y militares llegaron a un acuerdo: el 15 de marzo se publicó el decreto 2639 que estableció los consejos de guerra para civiles. En esta discusión la posición de Frondizi prevaleció por sobre la del general Larcher, que resumía la opinión mayoritaria dentro de las Fuerzas Armadas.

Se desprende una idea bastante diferente de la que sostiene la historiografía: el presidente puso en ejecución el Plan CONINTES en un contexto en el que el actor militar era contrario a esta opción. La mayor parte de la oficialidad de las fuerzas terrestres, la Marina y la Aeronáutica era partidaria de la declaración de la ley marcial por decreto o mediante un bando y el establecimiento de la pena de muerte para los delitos vinculados con actos de “terrorismo”. Había una excepción nada desdeñable: el Comandante en Jefe del Ejército, general Toranzo Montero. El presidente y el Comandante en Jefe del Ejército alcanzaron un punto de acuerdo. Esto era algo destacable: Toranzo Montero, un oficial que era tan antiperonista como anticomunista, tuvo numerosos enfrentamientos con Frondizi desde su nombramiento en 1959, especialmente por la estrategia integracionista: era partidario de una línea dura, basada en la proscripción electoral y la aplicación de medidas represivas.

La posición de Frondizi no fue de debilidad total, pudiendo imponerse en este caso. Se evitó decretar la ley marcial y la pena de muerte, una situación que desde su punto de vista hubiera implicado reconocer que el país se hallaba en un estado de guerra civil. El punto de discordia con las Fuerzas Armadas se refería a los métodos pero no al enemigo. El presidente participaba del abordaje contrainsurgente y de la vinculación del movimiento peronista con el “comunismo”. En el mensaje al Congreso de 1961, Frondizi afirmó que “el papel previsto para las fuerzas armadas ya no se limita a la defensa de la Nación de los ataques armados exteriores, sino que se extiende a la defensa del frente interno, que es donde fundamentalmente se desarrolla la guerra ideológica mediante la infiltración de individuos de ideas disolventes”. El Ejército se planteó que se debía tener un orden legal permanente para el uso de las Fuerzas Armadas en el plano interno: el gobierno nacional se propuso elaborar y sancionar un marco normativo que reemplazara la Ley de defensa 13234.

En el futuro será necesario indagar en la figura de Frondizi y buscar hasta qué punto el propio presidente estaba de acuerdo con los militares respecto de la necesidad de militarizar la seguridad interna frente a una supuesta amenaza interna revolucionaria. Por lo tanto, puede decirse que por el momento se pudo comprobar que tanto el actor político-civil como el actor militar encontraron en los tempranos sesentas un terreno de común acuerdo respecto de considerar a la seguridad interna como una esfera de intervención de las Fuerzas Armadas en clave antisubversiva. Las implicancias y la permanencia de este punto de acuerdo entre los actores señalados proyectaron su sombra sobre los años siguientes hasta llegar a la oscuridad del terrorismo de Estado de mediados de los años 70.