Gobernar es explicar es una frase que se atribuye al sociólogo, ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. La idea de explicar los actos de gobierno es justamente la base de cualquier acción que se pueda tomar desde la administración pública. La explicabilidad y transparencia son dos de los problemas nodales de los sistemas de inteligencia artificial.  

Tras su gira por Silicon Valley, el Presidente volvió al país lleno de entusiasmo. Como si fuera un adolescente que estrechó las manos de sus ídolos, Javier Milei completó su álbum de figuritas con fotos con los CEOs de las empresas tecnológicas más importantes de Occidente. No trajo inversión alguna, pero sí compró promesas e imaginó soluciones a medida de su ideario basado en la reducción del Estado.

Pocos ejemplos son tan claros para ilustrar lo que bien se podría denominar un ideal tecnocrático. Milei volvió al país con la promesa de aplicar un “módulo de reforma del Estado con IA” que la firma Google ya implementó en El Salvador. En ese país, Google firmó un acuerdo por no menos de 500 millones de dólares para implementar sus servicios en áreas de salud, educación y administración pública. El tipo de tecnologías que se utilizan son desarrollos conocidos: servicios de nube, grandes modelos de lenguaje y sistemas de digitalización de expedientes.

El Presidente promete hacer una reforma total del Estado con un módulo de IA. Supongamos por un minuto que realmente existe tal capacidad y que el Presidente está dispuesto a entregar a una empresa la toma de decisiones para la administración de la cosa pública. Eso no sólo sería extremadamente riesgoso, sino también ilegal. Poner una IA a decidir sobre la cosa pública sería abdicar del mandato que le fue encomendado en las urnas, pasar por encima los procesos administrativos que tienen obligación de transparencia e integridad y eliminar la cadena de responsabilidad.

Desde hace muchos años se sabe que los sistemas informáticos no pueden tomar decisiones de administración pública por una razón simple: las computadoras no pueden asumir responsabilidad.  

Pero supongamos por otro instante que el Presidente decide utilizar sistemas de IA para apoyo en la toma de decisiones en diversas áreas del Estado: tampoco serían buenos los resultados. Su entusiasmo tecno utópico no se condice con la experiencia real en la materia.  Además, cuando se implementan en el sistema educativo y el sistema de salud, utilizan de forma masiva datos personales sensibles y de poblaciones específicas. ¿Quién va a velar por la protección de esos datos y el pleno cumplimiento de las garantías que la constitución nos confiere? 

Por supuesto, Milei no es el único que compra acríticamente las promesas de los vendedores de espejitos de colores. Otros estados han usado IA en la toma de decisiones sobre aspectos que impactan la vida de las personas. Los resultados han sido calamitosos, en particular porque las capacidades predictivas de estos sistemas son esencialmente malas y porque afectan sistemáticamente a los segmentos más vulnerables de la población.

Los algoritmos de predicción asignan puntajes a individuos para definir algún tipo de resultado, prever alguna situación: si van a reincidir en el delito, si van a desarrollar una condición médica, si van a tener solvencia para el pago de deudas, entre muchas otras áreas. En Argentina, el gobierno de la provincia de Salta se embarcó en un proyecto para prever qué niñas quedarían embarazadas en el transcurso de su adolescencia. El caso fue usado sistemáticamente como ejemplo de lo que nunca se debe hacer en materia de inteligencia artificial.

El ejemplo que más ruido generó fue aquel del sistema COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions en inglés), una herramienta integrada al sistema penal en los EEUU para evaluar perfiles de riesgo y asignar puntajes para su evaluación que deriva luego en acciones tales como mantener a una persona encarcelada cuando cumplía con las condiciones de la libertad condicional, entre otras decisiones. Estos sistemas no sólo reproducen sino que además exacerban disparidades raciales en el sistema de justicia. COMPAS fue denunciado por la organización de derechos civiles ACLU porque quedó corroborado que tenía un sesgo discriminatorio directo contra poblaciones afrodescendientes y latinas, beneficiando siempre a los reclusos blancos por sobre los demás.

La empresa Amazon, uno de los gigantes de la industria tecnológica, pasó un mal momento al integrar en sus procesos de reclutamiento de personal un sistema de IA que descartaba de plano los curriculums de mujeres para puestos de alta gerencia, basado en el aprendizaje hecho por el sistema sobre los candidatos de los últimos años.  

En Países Bajos, el programa de ayudas sociales integró un sistema automatizado para identificar potenciales fraudes en la asignación de estos recursos por parte del Estado. El sistema de aprendizaje automatizado creaba perfiles de riesgo y penalizaba familias según diversos indicadores, expulsando a la pobreza extrema a decenas de miles de familias que fueron discriminadas de forma arbitraria por este método. 

Sin ir más lejos, los sistemas de reconocimiento facial implementados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están frenados por la justicia por la opacidad con la que fueron implementados. Recordemos que en su breve período de uso derivaron en la detención de personas inocentes por fallos en su aplicación.

No decimos aquí que no se pueda usar ninguna herramienta de IA en la administración pública, lo que decimos es que eso jamás se debe hacer sin el conocimiento suficiente de cómo fueron diseñados, cómo funcionan, qué hacen y cuáles son los riesgos y beneficios derivados de la integración de un sistema automatizado. La responsabilidad del Estado es dar cuenta de forma transparente de todas las decisiones que toma. Nada más alejado de estas implementaciones de sistemas basados en IA.  

El Presidente Milei fue a conversar con los CEOs de las grandes compañías para ofrecer en bandeja a la Argentina como territorio fértil de experimentación para estos sistemas. Un territorio libre de regulaciones molestas como las que se desarrollaron en la Unión Europea o sin los problemas que suponen las leyes de la propia California, donde estas compañías tienen sus casas matrices.  

En nuestro país, las autoridades de protección de datos personales están virtualmente ausentes. Worldcoin se maneja libremente recolectando datos biométricos de la población a través del escaneo de iris sin que medie siquiera una advertencia o una evaluación de impacto.

El panorama argentino no podría ser más desolador: con un proceso de virtual desmantelamiento del sistema científico de nuestro país, donde se han formado e investigan profesionales del área de altísimo nivel, con una vocación de desmantelar todos los órganos reguladores y de control por parte del Estado, sin un panorama claro en materia legislativa sobre el tema, Milei ofrece a los argentinos como conejillos de indias para la explotación.  

Si hay países en la región que tienen capacidad para encarar avances en inteligencia artificial, sin dudas Argentina es uno de ellos. Junto a Chile y Brasil, cuenta con profesionales altamente capacitados, empresas tecnológicas que compiten en los mercados mundiales y capacidad instalada para investigar tanto en el sector público como privado. 

Un acuerdo de este tipo, del que aún desconocemos los detalles, podría significar una vulneración plena sobre los derechos personalísimos de los habitantes de Argentina frente a sus datos personales mientras que se construye un sistema de gestión de lo público inauditable, reñido con los principios de la vida republicana y democrática que Argentina supo construir.

La autora es presidenta de la Fundación Vía Libre.

BB/MG

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra ante la oportunidad inusual de establecer un estándar apropiado de control de los sistemas de reconocimiento facial en la vía pública. El próximo miércoles se realizará una audiencia de ejecución de sentencia en los tribunales porteños, de allí saldrán las pautas para controlar el sistema de vigilancia más invasivo del país.

El caso del Sistema de Reconocimiento Facial en Buenos Aires ganó enorme notoriedad hace un par de años, cuando saltó a la luz que el sistema que había implementado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2019 había sido usado para acceder a información de personas públicas, entre ellas, periodistas (Gustavo Sylvestre, Eduardo Feinmann, entre otros), políticos de todos los colores partidarios (Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, José Luis Espert, Gerardo Morales, Javier Milei, entre otros) así como activistas de organizaciones sociales como Estela de Carlotto. También fueron obtenidos de forma irregular los datos biométricos de integrantes de la Corte Suprema de Justicia como Carlos Rosenkrantz. La lista es larga y variopinta, y permite documentar el hecho de que los sistemas de reconocimiento facial de este tipo son peligrosos para la intimidad, la seguridad y las garantías de la ciudadanía. El gobierno de la Ciudad fue intimado por la justicia a dar explicaciones, que siempre fueron vagas e insuficientes. 

Nada de esto se hubiera conocido sin la atinada acción judicial que presentaron en forma conjunta el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Ambas organizaciones se constituyeron como actoras para evitar la implementación del sistema de reconocimiento facial en CABA. La Fundación Vía Libre se integró a la causa como amiga del tribunal y presentó numerosos argumentos para apoyar la acción de sus colegas.  

La causa tuvo sus vaivenes, pero finalmente se logró suspender el uso del sistema mediante un fallo de primera instancia, confirmado por otro de Cámara, que le ordenaron a la Ciudad de Buenos Aires cumplir con una serie de requisitos antes de reinstalar esta forma de monitoreo del espacio público. Entre los requisitos se le exige al Gobierno de la Ciudad someter el sistema a una auditoría, establecer los mecanismos de control que dicta la norma vigente en la ciudad y realizar una evaluación de impacto en la privacidad del sistema. Esta última medida fue uno de los requerimientos que hizo en su visita a Buenos Aires el relator de ONU para la Privacidad, quien consideró que un sistema de esta naturaleza no puede ni debe implementarse sin una detallada y exigente evaluación de su impacto en derechos humanos.  

¿Quién vigila al vigilante? 

El sistema de reconocimiento facial para la identificación de prófugos en CABA fue impulsado por quien entonces ejercía el doble rol de ministro de Seguridad y vicejefe de Gobierno, Diego Santilli. Presentado con bombos y platillos y sin consulta previa a la Legislatura, el Gobierno de la Ciudad contrató de forma directa los servicios de una empresa llamada Danaide, proveedora del software de reconocimiento facial que se instaló en unas 300 cámaras del parque de vigilancia de la ciudad. 

En su momento generó diversos problemas, entre ellos varios falsos positivos que derivaron en detenciones arbitrarias. Otro problema grave fue que se realizó una implementación sin que mediara debate ni regulación alguna de contralor de una tecnología que para esa fecha ya estaba prohibida en grandes ciudades del mundo como Boston o San Francisco.  

En ese contexto, ODIA y el CELS se presentaron ante la justicia para reclamar contra el sistema. En paralelo, la Legislatura sancionó una norma que fue propuesta por la diputada Claudia Neira (del Frente de Todos) y que fue votada en contra por su propio partido para dar luz verde a la implementación. La legislatura resolvió así que dos órganos se ocupen del control: una comisión especial de la Legislatura y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El sistema de reconocimiento facial funciona en base a grandes volúmenes de datos. Como todo sistema de inteligencia artificial, está entrenado con un gran número de imágenes para identificar de forma probabilística una persona entre los miles de rostros que pasan frente a las cámaras en el espacio público. En teoría, el sistema debería identificar a las personas buscadas por la Justicia. Así se lo presentó en primera instancia, como un sistema automatizado para encontrar prófugos. 

Sin embargo, los allanamientos y la investigación llevada adelante por la Justicia determinaron que el sistema había sido usado de forma irregular, que se habían obtenido millones de datos de la base de datos de RENAPER de personas sin antecedentes penales que habían sido incorporadas al sistema. 

La orden ahora es auditar ese sistema como condición fundamental para autorizar su utilización. A la fecha, el sistema está suspendido. 

Las organizaciones que seguimos esta causa hemos insistido en que estos sistemas no deben utilizarse por su alto riesgo y por el grave impacto que generan a la sociedad. Ahora nos toca discutir cuáles serían las condiciones para una eventual evaluación de los mismos. Auditar un sistema de este tipo es costoso, pero mucho más costoso es privar a la ciudadanía de derechos fundamentales, especialmente en momentos de alta conflictividad social en los que la protesta social está siendo criminalizada y se amenaza a las personas que se movilizan en defensa de sus derechos. 

Se puede optar por una solución de compromiso que suponga una auditoría liviana, decorativa, inocua para la empresa y el Gobierno de la Ciudad. Una auditoría que no audite nada.

El próximo miércoles, en la audiencia, vamos a demandar un sistema de control apropiado para estas tecnologías, que se pueda conocer cómo funciona el sistema, con qué datasets fue entrenado, su arquitectura y toda la información esencial para controlar adecuadamente un sistema de esta naturaleza. Auditar sistemas de inteligencia artificial es complejo pero no imposible, y en Argentina existen las condiciones científicas y tecnológicas para hacerlo. 

Si la empresa no entrega toda la información para una buena auditoría y el Gobierno de la Ciudad no presenta todos los protocolos de seguridad, el reconocimiento facial no debería volver a la Ciudad de Buenos Aires. 

En otra oportunidad podríamos avanzar sobre la opacidad del proceso de compra directa de un sistema que ni el propio Gobierno porteño sabe exactamente cómo funciona. Esa también es una de las demandas que llevaremos a la audiencia del próximo miércoles.  

La autora es presidenta de la Fundación Vía Libre.

BB/DTC

El aumento de las tarifas de transporte en la zona del AMBA no es el único aspecto importante de las últimas novedades en la materia: la implementación de una tarifa diferenciada y más costosa para quienes no registren la tarjeta SUBE aparece como un problema menor pero que tiene un notable costo oculto en materia de derechos.  

Según el anuncio del Ministerio de Infraestructura, a partir de Febrero habrá que registrar la SUBE para no pagar la tarifa total con aumentos en trenes y colectivos. Se incentiva a que cada persona registre una tarjeta SUBE, más allá de quienes gozan del beneficio de tener una tarifa social (Personas jubiladas, personal doméstico, ex combatientes de Malvinas, titulares de AUH, entre otros). Es entendible la nominalidad para esos casos, sin embargo, para el resto de personas usuarias del transporte público no hay ningún tipo de justificación.  

La tarjeta SUBE es un sistema prepago que se implementó a partir del 2011, es decir, ya tiene bastante más de una década de funcionamiento. Al momento de su implementación se pensó que la nominación de la tarjeta iba a servir para hacer una entrega diferencial de subsidios en función de la situación socioeconómica de las personas usuarias. Esto jamás se implementó y la tarjeta SUBE se siguió usando con o sin nominalidad, seǵun la preferencia de sus titulares. 

Sin embargo, en las últimas horas, el Gobierno anunció tarifas diferenciadas en función exclusivamente del registro o no de la tarjeta en cuestión. Quienes deseen preservar su privacidad deberán pagar un alto precio.  

¿Qué implica el registro de la SUBE? 

El registro de la tarjeta sube implica la entrega de una serie de datos personales a quienes administran el servicio. Entre los datos personales que se informan está, por supuesto, el nombre y apellido así como el género, el mail y el DNI de la persona usuaria. Sin embargo, a esto hay que sumar que la SUBE traza y registra los recorridos que realice cada persona cuando la utiliza. Cada colectivo que tomamos, a qué hora y en qué lugar, cada tren, dónde subimos, donde bajamos, toda nuestra trayectoria cotidiana registrada en una base de datos centralizada bajo la órbita del Estado Nacional.  

Quienes trabajamos los temas vinculados a libertades individuales, derechos humanos y privacidad sabemos que toda tecnología que pueda ser usada para la vigilancia será en algún momento utilizada para tal fin y que no todas las estrategias de vigilancia se basan en tecnologías específicas. 

El mundo de la vigilancia se nutre especialmente de dispositivos y sistemas que sirven a otra función (como en este caso, abonar el transporte de pasajeros). No es el objetivo de la tarjeta SUBE establecer un mecanismo de vigilancia sobre quienes la usan, pero es un efecto colateral grave que puede derivar de la voluntad de quienes lo implementan o de la simple negligencia.  

La tarjeta SUBE nominada implica un trazado exhaustivo de todos nuestros movimientos cotidianos y una invasión inaceptable a la privacidad de las personas. En 2012, cuando hicimos este mismo reclamo, la respuesta del Poder Ejecutivo fue que esos datos no iban a ser usados en ningún caso. Sin embargo, la persecusión policial a la que fue sometido nuestro colega y amigo Javier Smaldone por parte de la Policia Federal en 2019 nos entregó evidencia de lo contrario. Sin justificación alguna, la Policía Federal solicitó a Nación Servicios S.A. que le entregara los datos de la SUBE y la totalidad de todos sus movimientos del año. En el mismo expediente, las fuerzas de seguridad ordenaron la instalación de cámaras de vigilancia en el domicilio de sus hijos y llevaron adelante el allanamiento de su domicilio en Buenos Aires (vale destacar que Javier jamás fue imputado de ningún delito ni acusado formalmente, sólo fue vigilado y allanado sin justificación legal alguna).  

El derecho a ser dejados en paz, a construir un proyecto de vida alejado de la injerencia del Estado o de terceros que puedan inmiscuirse en la vida y la libertad de una persona quedan relegados exclusivamente a quienes acepten pagar un precio por esos derechos.  

¿Quién puede querer nuestros datos? 

Un detalle no suficientemente mencionado es que el servicio de la SUBE es administrado por el Banco Nación de la República Argentina, una de las instituciones públicas que el proyecto de ley ómnibus tiene en agenda de potenciales privatizaciones. Concretamente, la administración, gestión y guarda de los datos personales que el sistema genera quedan en manos de Nación Servicios S.A. una entidad dependiente del Banco Nación. No hay datos concretos ni información sobre los plazos de retención de esos datos personales que almacena la institución, ni política alguna de destrucción de los mismos. 

Los datos personales, los hábitos de vida, las costumbres, los movimientos de millones de personas pueden no tener valor individualmente (aunque para la persona en cuestión si lo tenga) pero si en una sumatoria de millones de personas. Los datos son fundamentales en la economía actual, permiten inferir consumos, definir políticas, dirigir estrategias de comunicación, prever situaciones diversas y eso tiene un gran valor económico.  

Pero aún los datos individuales pueden tener valor más allá de la cuestión económica: la vigilancia de personas específicas no es una novedad en nuestro país donde los sistemas de Reconocimiento Facial en la vía pública y la interceptación de comunicaciones se ha usado para vigilar políticos, magistrados, periodistas y activistas sociales. 

En cualquier momento, una persona de a pie puede convertirse en una persona de interés para alguien. Con los datos de la SUBE, trazar sus rutinas se torna absolutamente sencillo.  

¿Quién cuida nuestros datos? 

Si bien Nación Servicios S.A. expresa en su sitio web que cumple plenamente con los mandatos de la Ley 25.326 de Protección de datos personales bien vale la pena usar esta situación para recordar que esa ley está desactualizada y merece una urgente reforma para cumplir con su cometido y su espíritu.  

Si hay algo que caracteriza al estado argentino es la baja o nula capacidad de custodia de los datos personales recolectados en múltiples áreas que ya fueron vulneradas un gran número de veces. Desde el Ministerio de Salud hasta el Renaper, oficinas públicas de todo nivel han sufrido ataques y perdido a manos de sus atacantes las bases de datos, muchas veces sensibles, de la ciudadanía. La exigencia legal de seguridad de la información es difusa y no cuenta con estándares exigibles de control.  

A eso hay que sumar que la mera existencia de esos datos, su recolección y almacenamiento hacen que los mismos estén a disposición de diversas agencias que pueden apelar a su uso para otros fines. Los usos de la información por parte de las fuerzas de seguridad no son una excepción, sino parte de la regla.  Pero además, el traspaso de bases de datos de una oficina pública a otra es materia contenciosa. El caso Torres Abad c/ Jefatura de Gabinete de Ministros (actualmente en manos de la CSJN) demuestra que el Estado ha sido poco respetuoso del principio de finalidad de los datos y del derecho de la ciudadanía a la autodeterminación sobre los mismos. 

Finalmente, es imperioso agregar un elemento clave a esta discusión: ¿para qué se impulsa la recolección de estos datos?  ¿Cuál es la razón concreta para hacerlo? 

El Estado debe abstenerse de exigir datos sin una razón específica, sin una motivación clara, sin una finalidad ineludible. La ley de protección de datos puede ser vieja pero es concreta en la materia: el principio de finalidad debe ser explícito, debe ser informado debidamente al titular de los datos y debe ser respetado plenamente. Los datos recolectados sólo pueden ser usados para esa finalidad declarada y el plazo mismo de vigencia de esa finalidad. 

No hay, a la luz de los datos conocidos hasta el momento, una finalidad que justifique la recolección de datos indiscriminada y la conformación de una base de datos con toda la información de la circulación y usos del transporte público por parte de cada persona debidamente identificada. Cualquier política de subsidios a empresas o de transportes puede hacerse con datos estadísticos anónimos, no hace falta saber quiénes son las personas sentadas en un colectivo para saber si está lleno o vacío o en qué horarios hace falta instalar más frecuencias por sobrecarga del servicio.  

La cultura de la protección de datos está lejos aún de ser la norma en nuestro país. El Estado se ha caracterizado por una larga tradición de invasión a la privacidad de las personas entre las que se cuenta desde el mero hecho de contar con un registro de todas las personas habitantes de nuestro país hasta la conformación de una historia clínica digital centralizada (Proyecto que tuvo sólo dos votos negativos en Diputados: Javier Milei y Victoria Villarruel, que justificaron su oposición en sus ideas de la libertad y en la oposición a la injerencia del Estado en la vida personal). 

Hoy, a cargo del PEN, esta fuerza libertaria impulsa una medida que a las claras avanza sobre la privacidad y el proyecto personal lejos de la mirada vigilante del Estado. 

BB

En los últimos días, y a instancias de una invitación que circuló la ONG Centro de Administración de derechos Reprográficos de Argentina (CADRA), nos enteramos de la voluntad del presidente Alberto Fernández de firmar un decreto largamente postergado: el reconocimiento de esta organización como entidad monopólica de gestión de derechos reprográficos para todo el territorio nacional. En lenguaje de Twitter: Una Sadaic de los libros.

Los lugares a los que CADRA va a cobrar (aunque aún no esté legitimada por el Estado como entidad recaudadora) son, según dice su propio sitio web, locales comerciales cercanos o alejados de un centro de enseñanza, bibliotecas públicas, privadas, organismos de gobierno, centros de enseñanza públicos, privados, fundaciones, entidades culturales y empresas.

Sin dudas, los objetivos de recaudación más directos son aquellos que tienen acceso y atención al público como las librerías y centros de copiado que desde hace mucho tiempo ya le pagan el canon exigido por la entidad a cambio de hacer la vista gorda sobre lo que se copia o deja de copiar.  Vale mencionar que a la fecha la entidad sólo representa a sus asociados, por lo que carece de potestades para autorizar o prohibir copias de autores y editores que no les hayan delegado esa labor de manera explícita. Además, la entidad no tiene forma de registrar qué es lo que efectivamente se copia, por lo que tampoco tiene capacidad de dirigir lo recaudado hacia esos autores o editores. La forma de repartir es discrecional.

Pero el presupuesto grande en disputa no es el que se recauda por un pago anual a kioscos y pequeñas librerías por tener fotocopiadoras, sino los presupuestos de las universidades públicas y privadas. Es ahí donde está la caja más importante sobre la que CADRA desea tener la potestad de recaudar.

Según el tarifario 2023 disponible para consulta en el sitio de CADRA, una universidad como la Universidad de Buenos Aires, que cuenta con más de 300.000 estudiantes, debería abonar algo así como $680 millones al año por la autorización de fotocopiar y reproducir digitalmente hasta el 20% de los libros que se utilizan en las diferentes carreras que la integran. Lo que nadie dice en esta instancia es que la UBA no realiza copias de ningún tipo y no provee copias digitales ni fotocopias a los estudiantes y docentes que recorremos sus aulas cotidianamente.

Tampoco dicen que las universidades cuentan con bibliotecas para las que ya compran ejemplares, pagan suscripciones a revistas científicas y académicas (cuyo acceso no está incluido en el canon de CADRA), y que ninguno de los académicos que realiza producción utilizada para estudiar vive ni vivirá de los derechos de autor, mucho menos de lo que gestiona CADRA.

Juristas del derecho de autor podrán argumentar que el derecho sobre la reproducción es exclusivo del autor y que por lo tanto toda copia amerita una retribución. Sin embargo, cuando observamos cuáles son los debates más importantes hoy en la materia y vamos a las últimas sesiones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, lo que vemos es que la gran mayoría de los países en desarrollo, entre ellos Argentina, están impulsando una agenda de limitaciones y excepciones al derecho de autor para garantizar el derecho de acceso a la información, la educación y la cultura. Todos los acuerdos internacionales en la materia reconocen que un Estado puede flexibilizar los derechos patrimoniales de reproducción para facilitar el pleno ejercicio de derechos culturales.

Todas las legislaciones de derecho de autor contemplan limitaciones de este tipo, incluyendo los límites temporales y de reproducción o para diferentes usos. En medio de una crisis económica brutal, Argentina cuenta con una de las legislaciones más rígidas y restrictivas del mundo.

Desde hace muchos años, el sector de bibliotecas y archivos de nuestro país viene peleando infructuosamente por una legislación que permita a los y las bibliotecarias hacer su labor de facilitar el acceso a la lectura y la educación en todo el territorio nacional. Ahora esa demanda se vuelve más urgente que nunca, ya que no sólo se cierne sobre ellas la amenaza de la denuncia penal sino la posibilidad cierta de que se ampute parte de sus presupuestos de subsistencia a favor de esta ONG.

Quienes discutimos este decreto, cuya letra final aún no se conoce públicamente, entendemos que recortar el presupuesto de instituciones educativas y culturales es inaceptable en los tiempos que corren, cuando la educación y el acceso a la cultura parecen convertirse cada vez más en un privilegio de pocos en lugar de un derecho, que es lo que efectivamente son.

La autora es magister en Propiedad Intelectual de Flacso. Presidenta de Fundación Vía Libre, Organización observadora en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

BB

La candidatura del Abogado Gustavo Fuertes para el cargo de Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública tras la renuncia sin cumplir con la totalidad de su mandato de Eduardo Bertoni reflotó un debate que requiere mucha atención en Argentina: cómo funciona y cuál es el rol de la autoridad de aplicación de dos derechos fundamentales de la ciudadanía, el acceso a la información y la protección de datos personales.

Como venimos diciendo desde la creación misma de la Agencia, subsumir la protección de datos personales a esta oficina es una mala decisión, ya que ambos derechos requieren autoridades de aplicación sólidas, autónomas, con solvencia profesional, pero ante todo, constituyen dos aspectos que pueden incluso colisionar entre si a la hora de dirimir aspectos de derechos fundamentales involucrados.

A esa arquitectura institucional que consideramos inapropiada para cumplir con la misión del organismo, se suma ahora la candidatura de un abogado con muchos años de trabajo en la administración pública, experiencia en el campo del derecho del consumidor pero nula experiencia y credenciales que lo avalen en los dos temas en los que tendrá que trabajar si se confirma su designación, tal como parece surgir de la Audiencia Pública celebrada este 23 de marzo. La idoneidad fue el punto más crítico cuestionado por quienes expusieron en la audiencia pública.

Diversas preguntas técnicas sobre acceso a la información y protección de datos dejaron en evidencia que el candidato no tiene la formación apropiada para lidiar con dos temas tan complejos. Respuestas breves, difusas o meramente voluntaristas sobre la capacidad e independencia del candidato frente al poder político de turno dejaron más incertezas que tranquilidad en la audiencia pública que, paradójicamente no fue transmitida en vivo.

Respuestas breves, difusas o meramente voluntaristas sobre la capacidad e independencia del candidato frente al poder político de turno dejaron más incertezas que tranquilidad en la audiencia pública que, paradójicamente no fue transmitida en vivo.

Preguntas tales como cuál es su posición sobre algunos de los temas centrales del debate a nivel internacional como las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, el tráfico transfronterizo de datos, entre otros temas centrales fueron tratados en forma tangencial bajo el anuncio de que se crearía un consejo asesor para analizar cada uno de estos aspectos para construir una posición consensuada. No pudimos obtener a partir de la audiencia una posición propia del candidato, que dijo desconocer y tener que estudiar varios de los temas sobre los que fue consultado.

Un tema que generó algunas dudas en la audiencia fue la afirmación de Fuertes de que no deberíamos como país atarnos a estándares ajenos que no fueran convenientes para el país. No explicó exactamente a qué se refería, pero la afirmación sembró la preocupación de quienes siguen de cerca la necesidad de mantener altos estándares de protección de datos y mantener la homologación con la Unión Europea, en riesgo hoy justamente por la falta de independencia de la autoridad de aplicación en materia de protección de datos.

Su visión más cercana al derecho del consumidor dejó en duda su mirada en relación a la protección de datos personales en poder del Estado. Prácticamente no respondió cuestiones que tuvieran que ver con el efectivo control que deberá ejercer frente a quienes hoy son sus superiores, ya que recordemos, Fuertes se desempeña actualmente como asesor de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Nada dijo sobre cómo hubiera procedido frente al intercambio de bases de datos de una oficina pública a otra sin respetar el principio de finalidad de los mismos, aspecto que desde Fundación Vía Libre criticamos enfáticamente cuando fue avalado por Eduardo Bertoni.

Consultado sobre temas críticos como las políticas de inteligencia de fuentes abiertas (ciberpatrullaje) y la incorporación de tecnologías de reconocimiento facial respondió con algo más de solvencia. Es destacable su declaración de que el reconocimiento facial debe ser considerado como tratamiento de datos sensibles, por lo que estas tecnologías requerirían cuidados específicos y/o ser sometidas a la prohibición explícita de la ley de protección de datos personales. Indicó además que se debe estudiar el tema del ciberpatrullaje, en particular tras la resolución crítica de esta política impulsada en el Ministerio de Seguridad por parte de su antecesor.

No quedó del todo claro si tiene en su agenda de trabajo la idea de reformar la legislación vigente de protección de datos personales ni en qué sentido podría ir esa potencial reforma que, entendemos, es indispensable para afianzar el ejercicio de este derecho humano fundamental que debe terciar además con aspectos centrales del comercio en este siglo XXI.

La protección de datos personales tiene este doble juego: es central su protección frente al sector privado, ya que los datos son materia prima de los negocios de este tiempo. Pero también es esencial comprender que su abuso por parte del Estado lesiona los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía. El Estado tiene ese doble rol de ser usuario de datos, productor de datos y a su vez, debe ser el garante del ejercicio de los derechos de las personas sobre su información personal. Es por eso que se debe fortalecer una autoridad de aplicación independiente, con la capacidad y la convicción de fijar límites a cualquier abuso que puedan ejercer tanto el sector privado como el Estado en todo nivel.

Un total de 64 aportes se presentaron en relación a la candidatura del Abogado Gustavo Fuertes pero sólo quienes objetaron la candidatura hicieron uso de la palabra en la audiencia pública organizada por Jefatura de Gabinete. El desconocimiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil que históricamente trabajan estos temas de la figura del candidato, su nula formación académica en el tema así como la falta de una idoneidad objetiva probada del candidato dejaron en evidencia que su perfil no está a la altura de la responsabilidad que el cargo conlleva.

Más allá de su voluntad de ampararse en el profesionalismo de quienes integran la Agencia, sobre quienes aseguró estabilidad laboral, llegar a un cargo de esta trascendencia requiere sólida formación, al menos en una de las dos materias de incumbencia de la agencia. La dirección de un organismo central como este debería ser ejercida por una persona autónoma e independiente del poder político, con sólida formación y reconocida trayectoria en el campo a regular así como con un compromiso sólido con la gestión de lo público. En este caso, sólo una larga carrera en la administración pública de la provincia de Buenos Aires avala al candidato propuesto.

La dirección de un organismo central como este debería ser ejercida por una persona autónoma e independiente del poder político, con sólida formación y reconocida trayectoria en el campo a regular

Desde la sociedad civil tenemos la plena disposición para cooperar en la construcción de una autoridad de aplicación rigurosa y sólida, independiente y autónoma, profesional y confiable, pero no terminamos de entender las razones del Poder Ejecutivo Nacional para proponer una candidatura que deja el ejercicio de estos derechos fundamentales en una situación incierta.

BB