13 de noviembre de 2024. Yatch Club de Puerto Madero. Con una cena a US$25.000 el cubierto, el politólogo e influencer de la ultraderecha internacional Agustín Laje presentó la Fundación Faro junto al presidente Javier Milei y su hermana, Karina. Sin rodeos, los tres anunciaron que se trataba de un think tank creado para extender y estructurar la filosofía libertaria, una usina de cuadros y de ideas. Sin simular distancias, los empresarios más importantes del país –en persona o a través de representantes– compraron su silla para mostrar su apoyo; algunos compraron directamente una mesa a US$200.000. En los laterales del primer plano de esa gala con 400 invitados estuvieron dos empresarios jóvenes, los hermanos Patricio y Germán Neuss.

Herederos de un imperio económico con más de un siglo de historia en la Argentina, los hermanos Patricio y Germán Neuss –a los que se suman Juan y Lucila– tuvieron en esa cena su aparición más mediática desde que en octubre de 2020 su padre, Jorge, pasó de las páginas de las revistas empresariales y de lifestyle a las policiales, sin escalas, tras asesinar a su esposa –y madre de los cuatro hijos–, Silvia Saravia, y luego suicidarse. 

Unos días después, en la puerta de un cementerio de la Recoleta cerrado por la pandemia, rodeados de amigos y familiares, los herederos Neuss encabezaron la despedida inesperada de sus padres, a los que decidieron sepultar juntos. Hasta entonces, si bien los hermanos ya eran altos cargos del conglomerado familiar, sólo aparecían como “los hijos de…”.

Cuatro años más tarde, los hermanos estuvieron entre los concurrentes a la cena de la Fundación Faro, evento que exhibió con una foto pública su protagonismo en el más alto empresariado vernáculo, además de la continuidad de un vínculo beneficioso y de mucho tiempo de los Neuss con la política y los negocios con el Estado: en los 90, misma época en la que se quedó con la administración del espacio radioeléctrico público, el padre jugaba al golf con Carlos Menem. Ahora, después de su compromiso con la Fundación Faro, los hijos ya están haciendo su propio camino en la misma línea. 

Consecuencia o no de la posición económica, por detrás de los negocios públicos y privados del grupo Neuss, hay también una tradición ideológica de alianza con la ultraderecha. Además de la circulación habitual por colegios de élite y círculos católicos y conservadores, el matrimonio Neuss-Saravia formó parte del ejército silencioso del Opus Dei. La mujer fue supernumeraria de “la Obra”, una categoría de pertenencia para quienes forman familia y que exige someterse a dirección espiritual y a la obligación de hacer aportes económicos mensuales. Su marido no “pitó” como miembro, pero tuvo mucho vínculo con la organización y colaboró con aportes extraordinarios, que no están en la letra de las reglas formales de pertenencia pero que son parte de la dinámica de buen cristiano, en especial de esta rama.

Jorge Neuss hizo uno de los aportes más generosos que tuvo el Opus Dei en la Argentina –aunque muy lejos de los que hizo Goyo Perez Companc– y que ha pasado casi desapercibido: a principios de los 2000, cuando el país se hundía en su peor crisis económica, Jorge Neuss le regaló a “la Obra” un pedazo de su estancia de casi 5.000 hectáreas en Miramar y le construyó allí, en Rocas Negras, una mansión de 2.000 metros cuadrados sobre la línea de playa de Mar del Sur.  

Esa tierra, donde hoy tienen la Estancia y el Haras La Lucila –con cría de caballos de polo y producción agropecuaria–, Neuss la compró en 1997. Hasta entonces se llamaba El Porvenir y, según documentó el investigador y escritor argentino Laureano Clavero, antes había sido propiedad del agente nazi Karl Gustav Einckenberg, quien la compró en 1943 para hacer realidad el plan de ingreso clandestino de oficiales de las SS, que en los años siguientes se refugiaron allí.

La casa se llama Altamar, se usa como “casa de retiro” de miembros varones de la organización y pertenece a la Asociación Cultural Bonaerense, una de las por lo menos 20 asociaciones civiles que la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei posee en la Argentina y a través de las que organiza jurídicamente sus bienes. Esa especie de tercerización sirve como fachada para no asumir la propiedad de un imperio de más de 150 inmuebles –ninguno es un monoambiente, algunos son edificios, mansiones o campos– y una veintena de instituciones como clubes, residencias universitarias, colegios y la Universidad Austral. 

Al menos en sus currículums, los herederos de Jorge Neuss no son parte de los círculos formativos del Opus Dei. Tampoco hicieron su educación en la Austral sino en la UCA. No es ahí donde se forjó el vínculo que los une al Gobierno de Javier Milei, sino en Martindale, el barrio privado en el que vivieron toda su vida con sus padres y el que también eligieron ellos para vivir. Es uno de los countries más exclusivos y tradicionales de la oligarquía criolla de la provincia de Buenos Aires. En esas calles los Neuss conocieron a Santiago y Francisco Caputo desde chicos. El asesor presidencial de Milei y su hermano mayor, que es coach y coordinador de la Fundación Faro –en especial del nexo con empresarios– tenían allí casa de fin de semana. 

Después de la UCA, los Neuss se formaron en el exterior y regresaron al país para ingresar al grupo familiar. Sólo uno de los hijos, Juan, tuvo una carrera previa en el Grupo Macro. La amistad con los Caputo sorteó décadas y trayectorias. Se reencontraron ya de adultos, ahora en el poder y en una misma cruzada.

El 24 de marzo, aniversario del comienzo de la última y más sangrienta dictadura cívica-eclesiástica-militar de la Argentina, el Gobierno publicó un video institucional para aclarar su visión acerca del pasado, negacionista de los hechos y también de sus significados. Y para semejante tarea decidió sentar en primerísima fila a un cuadro de la batalla cultural: Agustín Laje. 

Varios años antes de que Javier Milei iniciara la carrera presidencial, un jovencísimo Laje politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba ya estaba sumando kilómetros en la carrera de influencer de la ultraderecha conservadora capitalista global. Y antes de que Santiago Caputo o Manuel Adorni la vieran, el que la vio fue el Opus Dei, que les lleva décadas a todos en esto de dar la batalla material y cultural por restaurar un mundo perdido frente al laicismo y la democracia.

Laje fue el que oficializó su relación con el Opus Dei: el 25 de junio de 2020 posteó en su cuenta de Instagram una foto frente a un mural en el que se lee Universidad de Navarra y anunció: “Bueno, ya es oficial, soy Máster en Filosofía”. La foto no es sólo el clásico recuerdo de cualquier egresado.

La Universidad de Navarra es la élite académica de la maquinaria de poder que es el Opus Dei. Muy lejos de la autopresentación engañosa que esta organización ultraconservadora católica hace de sí misma cuando dice que no posee nada más que un mensaje espiritual, “la Obra” es una gran red internacional presente en 68 países, entre ellos toda América desde hace 75 años, que nuclea a las élites económicas y políticas en una especie de gran corporación con vocación de gobierno. 

Navarra, la primera casa de altos estudios del Opus Dei. Fue fundada en 1952 en Pamplona, la ciudad donde Escrivá de Balaguer encontró refugio en 1937, tras su salida de la Madrid republicana, el lugar que se convirtió en el centro nuclear de su Obra en España. 

Navarra es la casa matriz de las ideas que Laje propala al mundo, con una penetración impresionante en toda América Latina y España. Una usina de pensamiento de la ultraderecha que soñó y proyectó la hegemonía que hoy disfruta, porque es una usina de pensamiento para la acción y ahí es donde se le ven los hilos. 

Sólo Laje o el Opus Dei pueden contar cómo inició esta relación –se dice que el padrino fue su mentor, Nicolás Márquez, un aspirante a miembro del Opus Dei al que no le dio el perfil ni el promedio para llegar–, pero hay indicios de que funciona: después de la maestría –que aprobó con una tesis titulada “La posverdad: un análisis desde las categorías filosóficas de Foucault”–-   Laje inició el doctorado bajo la tutoría de Montserrat Herrero, numeraria del Opus Dei y catedrática de Filosofía en Navarra, con la que grabó un video en su canal de You Tube. También recomendó varias veces los videos sobre Santo Tomás de Aquino del numerario argentino, doctor en Filosofía y titular de Metafísica en Navarra, Agustín Echavarría.

¿De dónde viene la verdad de Laje cuando habla de la última dictadura militar o cuando intenta instalar que existe algo llamado “ideología de género” y que hay una naturaleza que atender en cuanto a identidades y orientación sexual? Laje no es igual a las hordas de trolls que juegan al terraplanismo en las redes sociales. Laje pretende una rigurosidad académica y un verosímil en lo que postula. Su trabajo es más profundo. Y es esa profundidad en la batalla cultural lo que necesita el Gobierno y en lo que el Opus Dei es especialista. 

Sobre todo si de posverdades, verdades a medias o falsedades piadosas se trata: las reglas de la organización no sólo habilitan sino que reclaman a sus miembros mentir para y por “el bien de la Obra”. Una versión propia de “el fin justifica los medios” que internamente se llama “restricción mental” o “conciencia laxa” y que habilita a ocultar información, negar hechos históricos, pasar por encima leyes porque “el Opus Dei no es cosa de los hombres, sino cosa de Dios”. 

En la expansión de su “verdad”, el Opus Dei entiende que la formación académica y el prestigio profesional son necesarios y gravitantes. En esa batalla, ha desembarcado con universidades hijas de Navarra en América Latina más que en cualquier otra parte del mundo. La forma de operar tiene dos vías: una es atraer a la estructura a figuras alineadas –en ideas y formas, ser y parecer– que ocupan roles importantes y tiene influencia; el otro camino es ubicar cuadros de su estructura en lugares clave de los circuitos de poder y en especial en el Estado. En la Argentina, eso lo lograron desde la década del 60, con picos en los gobiernos de facto y con masividad en la década del 90, sobre todo en el Poder Judicial. 

Y ahora el Opus Dei tiene un revival inesperado en pleno siglo XXI de la mano del gobierno de Javier Milei que, a falta de cuadros propios, encontró en esa estructura a algunas de las figuras que necesita y, sobre todo, a los fundamentos teóricos que respalden sus acciones: es el caso del –ahora tambaleante– juez de la Corte Suprema Manuel García Mansilla nombrado por decreto y en comisión, y también el del Procurador General del Tesoro, Santiago castro Videla –como reemplazo de Rodolfo Barra, cooperador confeso del Opus Dei–, dos hombres de la Austral, la subsidiaria argentina de Navarra. Y “la Obra” encontró, después de varias décadas, un gobierno que lo necesita para forjarse la estructura que no tiene. 

Hasta donde es posible saberlo –porque parte de la esencia del Opus Dei es ocultarlo– ni Laje, ni García Mansilla ni Castro Videla “pitaron” en las filas de Josemaría Escriva de Balaguer como miembros con compromisos económicos y dirección espiritual –numerarios, supernumerarios o agregados–. Sin embargo, en la llamada “secta de élite de la Iglesia Católica”, también hay formas más pragmáticas de ser parte de lo que se considera “el plan mayor” que “la Obra de Dios” viene a proponer como impulso de esa gran estructura operativa que cada tanto, como ahora, muestra sus hilos.  

PB/DTC

Una estructura que reclutó al menos a 44 mujeres pobres, la mayoría de ellas cuando eran niñas y adolescentes, para ser sometidas a “condiciones de vida equiparables a la servidumbre”. Así define la justicia federal el accionar desplegado por la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei en el país durante más de cuatro décadas, entre 1972 y 2015, en una acusación por trata de personas dirigida a seis religiosos de máxima jerarquía de la organización. Nunca antes fueron citados los responsables de una región del Opus Dei a indagatoria por delitos tan graves.

La investigación se inició en septiembre de 2022 en la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (PROTEX). En junio de 2023, ese organismo especializado elevó una denuncia a la justicia federal que recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, y que ahora conduce al pedido conjunto de citación a indagatoria de cinco imputados: los exvicarios regionales Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010), Víctor Urrestarazu (2014-2022), y el sacerdote numerario que dirigió durante casi todas estas décadas la rama femenina de la organización, Gabriel Dondo.

Hay un quinto exvicario regional, Mariano Fazio, que no figura en la acusación, pero al que la querella solicitó que también se lo incluya, ya que fue el máximo responsable de la institución entre 2010 y 2014. En la actualidad, Fazio forma parte del gobierno mundial del Opus Dei y vive en Roma. Algunos aventuraron que sería un posible candidato a suceder a la máxima autoridad de la organización, el Prelado. También está fuera del país Urrestarazu, el último de los exvicarios acusados, al que removieron de su cargo cuando estalló el escándalo por la denuncia de las exauxiliares ante el Vaticano, en 2021. Desde entonces está en Paraguay. 

La investigación entregada al juez Daniel Rafecas, que es quien cursa los pedidos de indagatorias, habla de 44 casos de explotación, pero evalúa que solo cuatro podrían enmarcarse bajo la Ley de Trata, que entró en vigor en mayo de 2008, porque la gran mayoría de las denunciantes salió de la organización antes de esa fecha. De los cuatro casos que toman la Fiscalía y PROTEX para acusar al Opus Dei, hay tres cuya prescripción podría estar en juego, porque están en el límite o superan los 12 años desde que ocurrieron los hechos denunciados, que es el tiempo que establece la ley. De esta manera, sólo quedaría una mujer. Se trata de M.I.E.

El caso de M.I.E., 31 años sometida al Opus Dei

M.I.E. “conoció” el Opus Dei en un ómnibus. Tenía 17 años, era 1984 y viajaba con una hermana mayor desde su Bolivia natal hacia Buenos Aires. En la capital argentina estaba una tía esperándolas y la oportunidad de estudiar. Ninguna de las dos había hecho más que la escuela primaria y su deseo era poder cursar allí la secundaria. Eso fue lo que le contaron a la mujer que se les acercó durante el viaje y enseguida les dijo que ella conocía un lugar al que podían ir a vivir y estudiar.  Lo mismo le dijeron a la tía de las adolescentes cuando las acompañó a conocer el lugar, una casona en el barrio de Belgrano llamada “Los Aleros”. Y con esa promesa ingresaron, pero nunca ocurrió. 

En cambio, las pusieron a trabajar en tareas domésticas mientras las obligaban a asistir a misa, confesarse y conversar con directoras. Ellas insistían en que querían “estudiar, estudiar y estudiar”, contó M.I.E. en su declaración. El primer intento de irse fue al año de estar allí. Lograron salir, pero volvieron a buscarlas y las llevaron a otra residencia, llamada “La Ciudadela”, en el barrio porteño de Recoleta. Otra vez pasó lo mismo, mientras se intensificó la persecución espiritual: les decían que tenían vocación de ser numerarias auxiliares –la categoría más baja de la organización, que es la del servicio doméstico–, que dios las quería para la Obra. Ellas decían que no, pero su voluntad no servía de argumento. Al tiempo, las dos terminaron asumiendo compromisos de castidad, pobreza y obediencia. De allí las mandaron a Laya, una residencia pegada a la sede central del Opus Dei en la Argentina, donde vive la jerarquía religiosa y de miembros laicos de la organización. 

Entre las medidas de prueba que la justicia tiene, es clave la información reunida por la Unidad Federal de Investigaciones sobre el delito de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina que estuvieron observando durante un año distintas casas del Opus Dei

En los siguientes años, las hermanas siguieron caminos distintos. A cada una la fueron moviendo por distintas residencias del país. Las dos volvieron a intentar irse en varias ocasiones, pero las volvían a buscar una y otra vez. En una oportunidad, M.I.E. fue autorizada a visitar a su familia en Bolivia, y una vez allí decidió quedarse y no regresar. Pero fueron a buscarla hasta ese país. En 1993 la llevaron a Roma, donde sirvió a la jerarquía internacional de la Prelatura bajo las mismas condiciones de precariedad, sin pago ni seguro médico, sin comunicación con su familia. Volvió en 2000, ya intentando sobrellevar una gran crisis de salud mental. Para el año siguiente, su hermana logró irse definitivamente, pero ella no. No lo consiguió hasta 2015, cuando tenía ya 47 años y una década de depresión que el Opus Dei atendió con una psiquiatra propia y con una montaña de pastillas. 

El caso de M.I.E. podría ser el primero en el mundo que reúna las condiciones para que el Opus Dei tenga que enfrentar a la justicia de un país acusado por trata de personas para servidumbre. Con esa historia se podría avanzar en la investigación de lo que decenas de mujeres de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia denunciaron en 2021, primero en la prensa argentina y después en una presentación ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano que aún no tuvo respuesta.

El 'modus operandi'

PROTEX y la Fiscalía describen la existencia de un sistema de captación engañoso, planificado y deliberado, dirigido a proveer a los miembros varones de un servicio doméstico equiparable al de una servidumbre, ya que no contemplaba ningún pago por la tarea ni derechos laborales básicos. El modus operandi del Opus Dei para someter a las mujeres, según la acusación, consistía en un plan de varias etapas: captación de niñas y adolescentes de entre 12 y 16 años mediante una selección engañosa, que “consistía en presentar una propuesta falsa relacionada con la posibilidad de continuar y completar sus estudios primarios y secundarios, así como recibir formación profesional para obtener oportunidades laborales, todo ello en un contexto de enseñanza religiosa”.

Además de la dinámica de ingreso al Opus Dei, la investigación enumera y describe la situación de las víctimas dentro de los “centros” de la organización, las prácticas de manipulación psicológica, el sistema de creencias, el “control disciplinario mediante elementos de castigo” y una serie de “normas de vida” que debían llevar las mujeres y que implicaban un sistema de charlas, confesiones y oraciones, además de la obligación de la castidad, el aislamiento de los vínculos familiares, la restricción de sus comunicaciones y cualquier contacto con el mundo exterior, el control psicológico y condicionamiento conductual, como también el control de la salud física y mental mediante visitas médicas supervisadas y suministro de pastillas psiquiátricas. Por todo eso pasaron las 44 mujeres incluidas en la denuncia. Todo eso se pudo probar en los cuatro casos analizados. Todo eso se pudo probar en el caso de M.I.E.

Entre las medidas de prueba que la justicia tiene, es clave la información reunida por la Unidad Federal de Investigaciones sobre el delito de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina que estuvieron observando durante un año distintas casas del Opus Dei en Buenos Aires y otras provincias y pudieron certificar que hay mujeres allí que aún cumplen el rol de auxiliares. Además, la justicia trabajó con la intervención del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Además, se han tomado en cuenta los datos contenidos en una serie de artículos periodísticos publicados por la autora que firma esta información, que también brindó declaración testimonial en la causa, que se suman a documentos internos de la organización aportados por el abogado de las denunciantes y al relato de familiares de las víctimas y de varias exnumerarias del Opus Dei –mujeres miembro de mayor jerarquía– que conocieron y convivieron con la mayoría de ellas.

Escuelas de mucamas, en más de 50 países 

Desde que explotó en los medios de comunicación la denuncia de 43 mujeres en la Argentina, la organización negó una y otra vez las acusaciones e intentó reducir a “malas experiencias” lo vivido por las denunciantes. Incluso, el Opus Dei puso en línea un sitio web en el que cuenta la historia del Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (ICIED), la llamada “escuela de mucamas” por la que –según la información oficial– pasaron más de 1.000 adolescentes entre 1972 y 2017 y de donde salió la mayor parte de ese ejército de mujeres sirvientas.

“El Opus Dei hizo esto en forma sistemática en los países en los que está presente. Esta es sólo la primera de las muchas denuncias que empiezan a gestarse en el mundo”, dijo a eldiario.es una fuente allegada a la investigación. A partir de la denuncia pionera de Argentina, ya se inició una demanda en Irlanda y se esperan denuncias en distintos países de Europa y América Latina.

En 2023 se conoció por primera vez la historia de una exauxiliar en España, en el podcast Un tema al día de elDiario.es. La realidad de las mujeres esclavizadas como servidumbre en el país puede ser refrendada por Agustina López de los Mozos, periodista, exnumeraria y creadora de OpusLibros.org, donde desde hace más de dos décadas reúne testimonios de exmiembros de la Obra de todo el mundo.

Un sistema de reclutamiento de mujeres pobres para trabajar como servidumbre de miembros de élite y sacerdotes en residencias de puertas cerradas durante décadas y sin pago. Eso denunciaron en septiembre de 2021 ante el Vaticano 43 ex empleadas domésticas del Opus Dei en la Argentina e impulsó la decisión reciente del papa Francisco de revisar algunos privilegios con los que hasta ahora funcionó la todopoderosa y ultraconservadora  “Obra”, fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer. 

A un año de que la denuncia llegó al Tribunal para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede y de que recorriera el mundo hasta poner a la institución católica en el ojo público, el Estado argentino se involucra: un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación ingresó ayer en la Cámara de Diputados: “Resulta absolutamente relevante que la denuncia efectuada por las supuestas víctimas sea completamente esclarecida, determinándose, en el supuesto de que corresponda, la totalidad de las responsabilidades involucradas”, dice el proyecto de resolución de la diputada nacional Mónica Macha y que lleva también la firma del diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara, Eduardo Valdés, quien además fue embajador en el Vaticano entre 2014 y 2015. Ambos integran el Frente de Todos.

“Reducción a la servidumbre y violación a los derechos humanos”

El pedido de informes indaga en las formas de pertenencia al Opus Dei y en la relación con la institución de las 43 mujeres denunciantes  y su categoría de “numerarias auxiliares” -forma de membresía que se les da a quienes ingresan como servicio doméstico de la institución-. También pide información acerca de la matriz jurídica y económica de la organización en la Argentina: enumera una lista de 17 Asociaciones Civiles, pregunta cuál es el vínculo de esa red y de quienes las integran con la Prelatura y si les pertenecen las propiedades en las que se desarrollan las actividades de la institución en todo el país. En varias de esas residencias es donde las 43 mujeres denuncian que vivieron en condiciones de semi-esclavitud, “reducción a la servidumbre y violación de los derechos humanos”, describe el proyecto. 

También exige saber las condiciones en las que trabajaron las mujeres, bajo las órdenes de quiénes y lista más de 20 sacerdotes mencionados por las mujeres como sus confesores y quienes dirigían las casas. Esta información se completa con un pedido que va directo a lo que el Opus Dei siempre se negó a revelar: “la nómina completa de miembros sacerdotes y laicos de la Prelatura en la región a cargo del Vicario Presbítero Juan Llavallol”. Llavallol es la máxima autoridad para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay desde octubre de 2021, después de que la denuncia ingresara en el Tribunal para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede.

Macha explica que decidió avanzar a partir de lo que leyó en los medios y luego de  conversarlo con la asesora presidencial Dora Barrancos, que le marcó la necesidad de usar las herramientas del Congreso para acompañar el proceso. “Venimos mirando, visibilizando y denunciando la violencia hacia las mujeres y tenemos una responsabilidad institucional como representantes frente a esto. En este caso, se violentaron todos los derechos de mujeres pobres y vulnerables desde que eran adolescentes por una institución religiosa. Esta situación es inaudita en esta etapa de la historia y del movimeinto feminista”, explicó. Y agregó: “Lo que tenemos que buscar es que cada una pueda estar con total libertad, apertura y conciencia del lugar en el que está. No parece el caso de estas mujeres”.

El diputado Valdés, ex embajador ante el Vaticano y cercano al papa Francisco, decidió acompañar la iniciativa: “La Fe nos enseña que todos somos hijos de Dios y, por lo tanto, somos hermanos en la Fe. El comportamiento de estas personas que violaron los principios elementales de los derechos laborales vulneraron lo más sagrado del ser humano: su dignidad”, dijo a eldiarioAR.

“Fuimos esclavas” 

A Lucía Giménez la fueron a buscar a su casa en Loreto, Paraguay, y le ofrecieron una escuela en Asunción. En ese momento creyó que era una oportunidad. Tenía 14 años. Unos meses después, con 15, la llevaron a Buenos Aires en un avión de la Embajada argentina y la pusieron a trabajar en un centro de numerarios del Opus Dei en la Ciudad de Buenos Aires. “Estuve 18 años trabajando sin parar y nunca cobré un peso por mi trabajo”, denunció ante el Vaticano. Tampoco le hicieron aportes jubilatorios. “Porque ellos no te decían que estabas trabajando, sino sirviendo a Dios y que vos eras santa”, cuenta. “Realmente no se podía  esperar más tiempo para que una vez por toda el Estado Argentino se hiciera cargo y acompañará de manera especial nuestra denuncia pública. Fuimos engañadas y separadas de nuestra familia para venir a trabajar a los 12, 13 y 14 años como adultas en el Opus Dei. Y fuimos manipuladas por una supuesta vocación divina. Es muy triste que mucha gente de la sociedad haya callado tanto tiempo”, dice la mujer que hoy tiene 56 años. Como ella, el resto de las historias sucedieron entre principios de la década del 70 y continuaron hasta por lo menos 2017, cuando el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires cerró el Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (ICIED), en Bella Vista. Era conocido como “la escuela de mucamas”, porque ahí educaban a las adolescentes en tareas domésticas. A Lucía, como a otras jóvenes paraguayas, las llevaron a trabajar sin pasar por capacitaciones. Aunque el Instituto cerró, decenas de mujeres que a las que reclutaron y formaron en la misma época siguen siendo numerarias auxiliares en el Opus Dei.

Los proyectos se basan en la información detallada que contiene la denuncia de las 43 mujeres ante el Vaticano y también en otra investigación publicada por eldiarioAR que revela que la sede principal del Opus Dei en la Argentina, ubicada en la calle Vicente López 1950, en el barrio de Recoleta, fue donado a la institución durante la dictadura de Alejandro Lanusse y financiado durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.

“Al ser el Opus Dei una Persona Jurídica Pública (dto. 2245/1992) deben brindar las explicaciones correspondientes. También debe hacer saber, como cualquier persona jurídica, quiénes son sus integrantes”, señala el proyecto, que deberá pasar por comisiones antes de tratarse en el recinto. “Decidimos sacarlo con dos firmas para que empiece su recorrido, pero no tengo dudas de que van a empezar a sumarse más”, dijo Macha, que no tienen dudas de que la repercusión internacional de la denuncia tiene que ver con la gravedad de los hechos, violatorios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

PB

En marzo de 2021, en Argentina, Analía Reyno llevó a su hija de 7 años a la consulta pediátrica para el control anual. Un año antes todo estaba bien, pero esta vez la pediatra observó la presencia de vello en las axilas de la nena. Dos meses después, cuando tuvieron turno con la endocrinóloga, ya se le había formado el botón mamario, tenía vellosidad en todo el cuerpo y el cabello graso. 

Los estudios clínicos confirmaron las sospechas: era Pubertad precoz trabajando por la ley. Con el fin de completar el diagnóstico, le hicieron radiografía de la mano izquierda para obtener la edad ósea, que les daba cinco meses adelantada, y placa de ovarios y útero, que detectó presencia de folículos en los ovarios. Los análisis hormonales de sangre estaban completamente desfasados con la edad.

Incluida en el Catálogo Internacional de Enfermedades vigente (CIE10), la PP ocurre cuando las niñas comienzan a desarrollar caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años y los niños antes de los 9. También se cataloga así a la aceleración de los cambios fisiológicos, aunque hayan comenzado después de los 8 años.

La pubertad tiene tres fases: comienza con un ‘estirón’. Luego, viene el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios: aparece el vello en las axilas, el rostro y la zona genital; en ellos, aumenta el tamaño de los testículos; en ellas, comienzan a crecer los pechos. En la etapa final, ambos adquieren capacidad reproductiva. Entre cada fase transcurren al menos seis meses, pero cuando es precoz, el periodo entre cada cambio puede disminuir.

El caso de la hija de Analía está lejos de ser aislado. Desde la aparición del Covid-19, endocrinólogos pediatras de todo el mundo reportan aumentos en la consulta y los diagnósticos de esta condición. Aunque los datos no están consolidados, sí han prendido las alarmas en la comunidad médica y empiezan a ser discutidos y estudiados por diferentes asociaciones, entre ellas las de pediatría.

El asunto también preocupa a los padres de familia. No solo se sienten confundidos por la falta de conocimiento de algunos médicos sobre esta condición, lo que demora los diagnósticos y hace que el mal avance, sino por los altos costos de los tratamientos. Esto los ha llevado a unir fuerzas para presionar a los gobiernos y a los congresos a diseñar políticas públicas para enfrentarla y a incluirla dentro de los planes obligatorios de salud.

Poco después de que Italia decretó su primer confinamiento, médicos del Hospital Infantil Bambino Gesù detectaron que la consulta por sospechas de pubertad precoz se duplicó entre marzo y septiembre de 2020 en comparación con 2019. Por cada niña diagnosticada antes de la pandemia, 2.5 recibieron un diagnóstico durante y después del confinamiento. E infantes que habían sido diagnosticados antes de la emergencia sanitaria estaban regresando porque la progresión de su desarrollo se aceleró durante el encierro.

Lo mismo sucede en Argentina. “El primer vínculo que vimos entre pandemia y pubertad precoz es observacional: se quintuplicó la proporción de pacientes pediátricos, fundamentalmente niñas, con consulta al endocrinólogo en relación al desarrollo puberal precoz respecto de los años anteriores. Esa proporción se confirmó en los diagnósticos”, reporta Guillermo Alonso, jefe de Endocrinología Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires.

“Estoy recibiendo por lo menos un caso nuevo cada semana, cada dos semanas. Es decir, fácil se han duplicado los diagnósticos, pero esto es un aproximado, es mi experiencia. Falta mucho para reunir estadísticas”, dice Pía Martínez Gigena, endocrinóloga pediatra de un hospital regional en la ciudad de Aguascalientes, México. En 15 años de carrera no había visto tantos casos. Por eso se comunicó con colegas dentro y fuera del país y confirmó sus observaciones: “En la Ciudad de México es donde más se concentran, pero hay en todos los estados: en Nuevo León; en la zona del noroeste, por Baja California; en el sur de México… En República Dominicana, El Salvador y otros países de Centroamérica”.

En Colombia, según la médica Estefanía Pinzón, que presidió la Asociación Colegio Colombiano de Endocrinología Pediátrica entre 2019 y 2021, durante la pandemia la consulta por pubertad precoz aumentó 40 por ciento y en departamentos como Antioquia y Valle del Cauca llegó a 50 por ciento. Tras la valoración, no todos los casos se diagnostican así, pues puede tratarse de pubertad temprana, cuyo tratamiento es diferente y no siempre requiere fármacos. 

“A veces los padres presionan para que se detenga la pubertad porque no quieren que los hijos crezcan tan rápido. Antes de decidir interrumpir el crecimiento, los médicos debemos analizar muchas variables"

Estefanía Pinzón — Médica

Qué está pasando

“Mamá, ¿esto es sangre?”, preguntó su hija a Laura Anette González un día de enero de 2021, poco antes de cumplir 10 años.

Le sorprendió que Romina empezara a menstruar tan pequeña. Hizo memoria y también preguntó: a ella, la regla le había llegado a los 11 o 12 años; a su madre, abuela de la niña, a los 15, pero a la bisabuela desde los 8 años. Pensó que era de alguna forma normal.

Pero Romina no era la única niña de su escuela que estaba desarrollándose más rápido. Otras estudiantes de su primaria en Guanajuato, México, pasaban por lo mismo y fue la madre de una compañera quien le recomendó a Laura una endocrinóloga para que revisara a su hija. La doctora la diagnosticó con pubertad precoz y obesidad.

“Me dijeron que su pubertad precoz se debía a que, durante la pandemia, ella empezó a subir de peso porque no hacíamos nada. Estábamos en casa, tomaba clases allí, toda la mañana sentada y empezó a acumular más grasita en su cuerpo y eso fue”, explica Laura.

La mamá recuerda que unos tres meses antes de su menarquia, como se llama a la primera menstruación, Romina se había quejado de dolor en los pechos y en el vientre, y le había dicho que le estaba saliendo vello, pero no le prestó mucha atención. Así es que comenzó a desarrollarse antes del confinamiento, pero la progresión de su pubertad se aceleró con la pandemia.

La pubertad precoz es poco común, pero no nueva. Su incidencia se calcula en un caso por cada 5.000 a 10.000 infantes, con una predominancia femenina de entre 10 y 20 niñas por cada niño. Médicas como Estefanía Pinzón y Pía Martínez Gigena explican que esta diferencia puede ocurrir porque las menores están siendo “bombardeadas” por disruptores endocrinos, como los parabenos y otras sustancias presentes en los esmaltes de uñas y demás productos cosméticos. Incluso un trabajo publicado por JAMA Pediatrics sobre tendencias en el desarrollo de las niñas en el mundo señala que se necesitan más investigaciones.

Lo que sí está probado es que el factor que más influye en la aparición de la pubertad es la genética: es más probable que una niña tenga pubertad precoz si su madre o su abuela se desarrollaron prematuramente.

También hay certeza de que el entorno y los hábitos inciden en el comienzo de la pubertad. Uno de los factores más importantes es el índice de masa corporal, que fue afectado por el encierro, pues la niñez del mundo dejó de hacer ejercicio y empezó a consumir más alimentos ultraprocesados. Según las especialistas, niñas y niños con obesidad y sobrepeso son más propensos a tener PP, pero también ocurre al revés: la pubertad precoz propicia la acumulación de grasa en el organismo.

También hay certeza de que el entorno y los hábitos inciden en el comienzo de la pubertad. Uno de los factores más importantes es el índice de masa corporal, que fue afectado por el encierro: falta de ejercicio y más ultraprocesados.

La incidencia de otros comportamientos apenas empieza a estudiarse. Al examinar la posible relación entre el confinamiento y la intensificación del impacto de factores disparadores de la pubertad y su progresión, el primer grupo de médicos italianos que reportó el incremento de casos de PP en la pandemia midió el tiempo que los niños pasaban frente a pantallas antes y durante la hora de dormir. Según ellos, el uso más prolongado de aparatos electrónicos puede contribuir a la aparición y/o aceleración del fenómeno porque afecta el ciclo del sueño al reducir la producción de melatonina por el cerebro, una sustancia que ayuda a la relajación muscular en las horas con menos luz solar.

“La luz azul que emiten las pantallas actúa como si se mantuviese la luz del día; entonces, evita que los niveles de melatonina comiencen a subir. Es como si tuviésemos un día alargado, simplemente”, explica Oscar Arias Carreón, neurofisiólogo del sueño en la Ciudad de México, adscrito al Hospital General Dr. Manuel Gea González.

Sin embargo, cree más factible que la PP esté relacionada con situaciones de estrés originadas por quedarse en casa aislados de otras personas —como también señala el equipo italiano—. Esto porque el organismo eleva su producción de cortisol, otra hormona que interviene en el ciclo de sueño, en situaciones de tensión.

Esta hipótesis del cortisol es un camino de vuelta al sobrepeso y la obesidad como factor de riesgo, pues los científicos han encontrado una relación entre los altos niveles de esta ‘hormona del estrés’ y el aumento de peso.

Otro factor externo que se ha identificado como posible propiciador de la pubertad precoz es la adopción, aunque no se ha determinado con exactitud por qué, como dicen los reportes, niñas y niños adoptados, sobre todo transculturalmente, tienen entre 20 y 30 veces más riesgo de desarrollarse prematuramente. 

Carolina Hernández, en México, supo de esta relación apenas hace poco. La mayor de sus tres hijos adoptivos cursaba segundo de primaria y acababa de cumplir 9 años cuando comenzó a menstruar. Había tenido cambios de comportamiento y signos de desarrollo sexual, que la madre atribuyó al Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) con que la nena estaba diagnosticada.

Pero, cuando notó que la menor, una niña de 6 años, despedía un olor fuerte al transpirar, más propio de una adolescente, la revisó y se dio cuenta de que sus pechos estaban inflamados y tenía un vello incipiente. La endocrinóloga confirmó el diagnóstico de pubertad precoz y le dijo que lo más probable es que su hermana mayor también la hubiera tenido.

Las consecuencias

“No quiero que nadie más pase por lo que pasé yo”, dice Paola García, una mamá de la provincia de Misiones, en el norte de Argentina, donde conseguir especialistas es difícil. Ella pierde la cuenta de todo lo que hizo durante tres años para encontrar el diagnóstico de su hija, que hoy tiene 9. Los primeros síntomas habían aparecido a los 5 y aún estaba en educación inicial. “Ahí empezó el peregrinaje por médicos de todas las áreas: íbamos al traumatólogo y nos decía que no tenía nada, fuimos al alergista porque entre dolores abdominales y acné nos dijeron que podía ser una alergia alimentaria, fuimos a dos gastroenterólogos. El tiempo pasaba, los síntomas seguían y no teníamos nada”. 

Aún sin diagnóstico, llegó la pandemia. La nena ya tenía 7 años y aparecieron nuevos síntomas. Al fin, en junio de 2020, una consulta con una ginecóloga infanto-juvenil le dio la clave: “Ni bien entramos al consultorio, sin tocarla, la médica ya me dijo que veía los síntomas de pubertad precoz. Para ese momento, ya se le estaba formando el botón mamario y tenía flujo vaginal estrogenizado, como si fuera una mujer adulta”.  

Comenzó entonces un nuevo peregrinaje con la cobertura médica. Paola investigó porque faltaba información y así encontró los primeros estudios que hablaban de las razones de lo que le pasaba a su hija. “El impacto de la pandemia es notable: de no encontrar nada cuando mi hija empezó con esto pasamos en un año a encontrar cientos de casos en todo el país, casi todos aparecidos durante el confinamiento”. 

Pero hay que tener en cuenta que el adelanto del comienzo de la pubertad ya venía de antes de la pandemia, un fenómeno que los científicos relacionan con la mejora en las condiciones de nutrición infantil en el último siglo. “El inicio de la menarquia se ha ido acortando más o menos de dos a tres meses por cada década”, precisa la médica Pía Martínez. 

Durante el último siglo y medio se ha observado el adelantamiento de la menarquia en las mujeres: a los 17 años de edad en 1850, a los 13 años en 1950 y a los 12,5 años en la actualidad, reporta JAMA Pediatrics.

Lo que preocupa a los expertos es que esa madurez biológica no se corresponde con la madurez psicosocial, pues mientras la primera implica que las competencias reproductivas se desarrollan a temprana edad, la madurez social o psicológica solo se alcanza hacia el final de la adolescencia. En el documento Evolution, development and timing of puberty, los investigadores Peter D. Gluckman, de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, y Mark A. Hanson, de la Universidad de Southampton, en Reino Unido, destacan: “Nuestra estructura social se ha desarrollado en la expectativa de una niñez más larga, una educación y entrenamiento prolongados y una competencia reproductiva tardía. Esta discordancia emergente crea presiones fundamentales en los adolescentes contemporáneos y en cómo viven en sociedad”.

JG/PB/ALDS

El lunes 6 de diciembre más de 1200 familias argentinas recibieron la noticia que esperaban: una resolución de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, incorporó al Plan Médico Obligatorio (PMO). Esa era la principal meta con la que en agosto de 2021 habían empezado a reunirse en el grupo Transitando la Pubertad precoz (TPP), donde cada día se suman una decena de casos nuevos. “Desde que empezó a difundirse esto, es impresionante cómo empezaron a multiplicarse todavía más los casos”, dice Analía Reyno, mamá de una nena diagnosticada en plena pandemia con apenas 7 años y que está batallando contra la obra social para tener en tiempo y forma el tratamiento prescripto por el que tuvo que pagar, además, un coseguro de 60 mil pesos en octubre. 

En apenas tres meses ya reúne a casi mil familias y logró ingresar un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para el abordaje integral de la PP: incorporación al Programa Médico Obligatorio (PMO) para que se contemplen las prestaciones necesarias para la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento integral, además de la difusión masiva sobre el tema y la capacitación a docentes y personal de salud. 

La resolución del Ministerio de Salud de la Nación llegó después de una reunión que las familias organizadas consiguieron a principios de noviembre. No sólo por la imposibilidad de pagar el costo del tratamiento sino por dos preocupaciones urgentes: el subdiagnóstico de la Pubertad Precoz y la necesidad de que el país garantice el abastecimiento frente a la disparada de casos. Por eso además presentaron un proyecto de ley integral en el Congreso de la Nación: “Muchos médicos pasan por alto una vellosidad axilar, una sudoración olorosa o distintos signos de pubertad precoz”, describe Analía. “La desesperación de personas que entran todos los días a los grupos es terrible: van y vienen por consultorios sin dar con el diagnóstico y, cuando lo tienen, siguen dando vueltas en la burocracia para obtener la medicación”. En estos meses se detectaron faltantes de medicación en el país julio y octubre. Y advierten que esto se agravará si no se adecúan las compras a la medida de la multiplicación de casos. “Si los casos se están multiplicando, el Estado tiene que actualizar las compras previstas porque la medicación es importada. Entonces, de nada sirve tener una resolución que cubra el ciento por ciento si no lo tenemos. Y también estamos a la espera de que esta resolución se aplique en el país, que no sucede de forma automática”.

Gabriela Guercio, jefa de clínica médica de Endocrinología del Hospital Garrahan, respalda la percepción global acerca del incremento en la consulta médica desde el inicio de la pandemia y dice que están a la espera de datos oficiales para poder contar con precisiones en la incidencia: “Aún no contamos con un registro local o nacional que evalúe la incidencia de pubertad precoz en nuestra población para comparar con los datos pre-pandemia. Estos datos están siendo analizados por un grupo de expertos pertenecientes a diferentes sociedades médicas del país”.

PB

“Se murió Elina. Se murió la gallina de los huevos de oro del Opus Dei”. Ese mensaje circulaba entre ex miembros de la Obra durante la mañana del domingo 14 de noviembre, mientras la Argentina sólo hablaba de elecciones. Después de la noticia, la conversación fue creciendo a lo largo del día también en Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia. A los 80 años, en el Hospital Austral de la ciudad de Pilar había muerto Elina Gianoli Gainza, la mujer más importante de la Obra en Sudamérica y parte de una de las familias que más fortuna le aportó a la institución católica ultraconservadora. Sobre el mediodía apareció otra pregunta en esos círculos: “¿Y ahora qué pasará con las herencias?”.

Gianoli Gainza había ingresado como numeraria en Montevideo cuando era apenas una adolescente, a principios de la década del 50. Una vez mayor se trasladó a la Argentina y desde entonces vivió bajo compromisos -equivalentes a los votos de los religiosos- de castidad, obediencia y pobreza. La pobreza que el Opus Dei les pide a sus miembros numerarios implica una entrega de todas sus posesiones y la firma de un testamento a favor de la institución. No es una obligación, sino una invitación que la mayoría de los miembros cumple. Y Elina cumplió: su herencia en bienes y empresas irá a engrosar las arcas de la Obra. A cuánto asciende la fortuna es un misterio: por lo menos son 100 millones de dólares, pero quienes conocen de cerca los negocios de la familia dicen que ese número podría multiplicarse varias veces.  

Hay otro testamento de una Gianoli Gainza que espera el Opus Dei, pero que no podrá ejecutar por ahora: es el de una de las hermanas de Elina, María Luisa. La mujer de 86 años, viuda y sin hijos, lleva años internada en una clínica psiquiátrica de Montevideo y antes vivió durante décadas entre internaciones temporarias. El testamento se firmó el 15 de noviembre de 2000 y hoy está con dos causas judiciales en Montevideo, una civil y otra penal. Según consta en la denuncia por “abuso patrimonial de incapaz” que once sobrinos de las dos mujeres hicieron en 2016, Elina manipuló a su hermana para hacerla firmar ese testamento para la Asociación Cultural y Técnica de Montevideo, una de las asociaciones civiles que tiene la Obra en ese país. Como ocurre en los 68 países en los que está presente, funciona a través de una red de este tipo de organizaciones que manejan sus instituciones y sus bienes.   

Aunque lo declarado son unos 20 millones de dólares, con lo que se halló hasta ahora a partir de la causa se estima que podrían llegar a ser unos 100 millones de dólares -por eso se cree que Elina, que siguió en los negocios de la familia, tendría mucho más-. La causa involucra a abogados, escribanos y psiquiatras del Opus Dei en Uruguay. A principios de 2020 la justicia de ese país pidió la extradición de Gianoli Gainza. Por la pandemia y su estado de salud frágil no pudo concretarse. Antes la habían destituido como curadora de su hermana: lo era desde 2009, a pesar de la incompatibilidad por ser socias en empresas. La demanda penal -hoy en el Juzgado Letrado en lo Penal de 22° Turno de Montevideo-  señala que se hicieron “donaciones prohibidas de los bienes de la incapaz”, que Elina como curadora no realizó un inventario completo y estimativo de los bienes de su hermana en forma fidedigna y legal y, entre otros hechos, que jamás realizó rendición de cuentas en debida forma.

Antes de ir a la justicia y también después, varios de sus sobrinos intentaron acercarse a Elina para poder conversar sobre su accionar.  “Nosotros entendemos que todo esto, también la apropiación de la herencia que nos corresponde y no recibimos, es responsabilidad del Opus Dei. Nosotros teníamos una buena relación con ella pero en los últimos años nos cortaron el vínculo y nos impidieron visitarla y hasta hablarle. Le armaron una coraza infranqueable”, dice Tomás Gatica Gianoli, uno de los once sobrinos que la denunciaron después de intentar llegar a un acuerdo. Él y dos de sus hermanos asistieron al funeral en el cementerio privado Jardín de Paz de Pilar el lunes. A pesar de que la mujer tenía muchas personas conocidas, ni las autoridades de la casa en la que pasó sus últimos años ni las nacionales quisieron hacer un velatorio. Elina vivía en una casa de mujeres del Opus en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la calle Austria, en el barrio de la Recoleta. Y sólo recibía los llamados que le pasaban.

Una familia del Opus Dei

Creado en España por el cura y hoy santo de la Iglesia Católica Josemaría Escrivá de Balaguer, el Opus Dei funcionó durante sus primeros años en secreto porque no tenía aval de la Iglesia Católica. El acceso al poder durante la dictadura de Francisco Franco lo ayudó a conseguir el primer respaldo de la Iglesia española en 1941 y desde ahí penetraron en el Vaticano, que en 1950 los legitimó. Con esos permisos iniciaron la expansión mundial y ese mismo año desembarcaron en el Cono sur. Al llegar a Chile, muy pronto identificaron a la uruguaya Elina Gainza de Gianoli, madre de cinco hijos, muy católica y, sobre todo, viuda de uno de los empresarios más ricos del país, con inversiones en minería y metalurgia. En pocos años consiguieron sus primeras donaciones y que incluyera a numerarios en los directorios de las empresas familiares. La primera casa de mujeres del Opus Dei en Santiago la donó ella y el aula Magna de la Universidad de los Andes, iniciativa de la institución, lleva su nombre como agradecimiento a las donaciones que permitieron construirla. 

María Elina volvió a su Montevideo natal unos años después y allí también ayudó a fundar la rama femenina de la Obra. De sus cinco hijos, tres se hicieron miembros del Opus Dei. Como supernumerarios, formaron familia y educaron a sus hijos en las enseñanzas de Escrivá en Uruguay y Argentina. De las otras dos, una fue María Luisa, quien se casó, pero siempre lidió con sus trastornos psiquiátricos y no tuvo hijos. La otra fue Elina, la única que se consagró a la vida de numeraria en la Argentina. Treinta años de su vida transcurrieron en una casa de mujeres -centros donde conviven los miembros numerarios, separados por género- de Rosario que se llama Nabla. Desde ahí, donde era la autoridad máxima, también ejercía un poder mayor. Hasta fines de los 90 no se involucró demasiado en las finanzas de la familia, pero de pronto decidió involucrarse y, según dicen quienes compartieron con ella la vida intramuros, empezó la época de transferencia de recursos. De ese tiempo son también las 14 donaciones por varios millones de dólares que la Justicia uruguaya detectó que hizo María Luisa: ocho firmadas mientras estaba en internaciones psiquiátricas. Algunas fueron para personas particulares y varias para instituciones del Opus Dei, como dos de 200.000 y 500.000 dólares a la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma, donde Elina Gianoli Gainza presentó su cátedra en la Facultad de Comunicación en 2018. Según anunciaron entonces, la cátedra apunta a darle apoyo al Proyecto Familia & Media, el think tank internacional del Opus Dei que analiza la relación entre familia, medios y sociedad.

Hace unos años Elina era la segunda mayor benefactora en la historia de la Universidad de Los Andes, en Chile. Según una investigación publicada en 2019 por Pauta, aportó más de 9 millones de dólares a esa casa de estudios. Elina aparece como parte de una empresa en Panamá desde la década del 80 y hasta 2019 junto al numerario español José Enrique Diez, el primer “agente” del Opus Dei en Chile e incorporado a los directorios de las empresas de los Gianoli. También es presidenta de la Fundación G&D en Suiza en la que Diez estuvo hasta que falleció. Los sobrinos también señalan a los numerarios José Domingo Arnaiz y Gonzalo Ibáñez Langlois como parte de esta intrusión del Opus Dei en las finanzas familiares y piden explicaciones a la institución.

A fines de 2019 consiguieron una audiencia con una autoridad de alta jerarquía de la Obra en Buenos Aires, pero les dijo que no podía hacer nada para acercarlos a su tía. “El Opus Dei no es responsable de lo que hacen sus miembros”, les dijo. Y prometió rezar por ellos: “Eso es todo lo que yo puedo hacer por ustedes”.

Puertas adentro de la institución, Gianoli Gainza era una figura de poder. “Bastaba con que dijeran ‘Elina’ para que supiéramos que lo que ella decía era incuestionable”, recuerda una exnumeraria que convivió en Buenos Aires y Rosario. “Ella era como 'el padre' -Escrivá de Balaguer- en Rosario. Y cuando había alguna numeraria en crisis porque se quería ir la mandaban a hablar con ella. Fue muy buena con varias, porque les daba una libertad para decidir que el Opus no te da. Para ella era muy importante que estuvieran contentas”, recuerda otra exnumeraria. Casi todas coinciden en que era alegre y que estaba convencida de su vocación. 

“Era una mujer muy agradable y educada, que siempre sonreía y que parecía que vivía su tarea con convicción”. También una de las exnumerarias auxiliares -el servicio doméstico del Opus Dei- la recuerda con cariño: “La conocí en Rosario. Elina era una persona humana y cariñosa. Estaba muy atenta a nuestras necesidades y velaba por nuestro descanso. Me acuerdo de un día que nos llevó a todas a pasear al río y le dijo al director de la residencia de numerarios varones donde nosotras trabajábamos que se ocuparan de la comida. Eso no lo hacía ninguna directora ahí ”. La que habla es Claudia Carrero, que es una de las 42 mujeres que denunció al Opus Dei ante el Vaticano por explotación laboral. Es la primera demanda colectiva que se formaliza en Roma en la historia de la institución y elDiarioAR publicó la exclusiva a principios de octubre. Luego la recogió la agencia Associated Press y la reprodujo el Washington Post. 

Una frase se repite entre ellas cuando recuerdan a Gianoli Gainza: “No fue una mala persona, pero el monstruo se la devoró y ella hizo todo lo que había que hacer. Todo lo que le pedía la Obra”.

Lo que viene

Con la sucesión de Elina en marcha, existen algunos obstáculos que el Opus Dei va a tener que sortear para  ejecutar su testamento: pasivos contables -entre ellos parte de un crédito que María Luisa le dio a ella por seis millones de dólares y una garantía que nunca pagó- y también las deudas legales. “Murió siendo requerida por la justicia a la que no respondió”, dicen allegados a la causa en Uruguay. Además, los sobrinos podrán seguir su reclamo por el abuso patrimonial de María Luisa: quieren demostrar que Elina demoró la declaración de incapacidad de su hermana para hacerle testar su patrimonio al Opus Dei. 

PB

A Claudia C. la fueron a buscar a la casa de sus padres cuando tenía 13 años, en 1979. Le dijeron que iban a hacer un sorteo entre muchas chicas para entrar a una escuela secundaria católica becada y le dieron una estampa de Josemaría Escrivá de Balaguer para que le rezara. Poco después, resultó “elegida”: desde la ciudad de Ramallo, a 220 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, llegó al Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (ICIED), conocido como “la escuela de mucamas del Opus Dei”. Estuvo casi 21 años pero nunca le pagaron un salario.

El de Claudia es uno de los 42 testimonios que forman parte de una denuncia colectiva ante el Vaticano a la que pudo acceder en exclusiva elDiarioAR: el reclamo es por “Abusos de Poder y de Conciencia con ulterior sometimiento de las víctimas a situaciones de explotación personal” contra la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei, la más secreta y conservadora de las instituciones católicas, nacida en 1928 en España y con presencia en 68 países. 

La presentación se formalizó en la Argentina con mujeres de este país, de Paraguay, de Uruguay y Bolivia, que sirvieron a la institución entre los años 1974 y 2015 como “numerarias auxiliares”, las miembros de más baja categoría, y que cumplieron tareas de servicio doméstico en esos países y algunas de ellas también en Italia y Kazajistán. Ingresó el 7 de septiembre en la sección Abusos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a cargo del prefecto Cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer. 

Reclutamiento engañoso, abuso de conciencia y explotación

En las casi 30 páginas, el escrito relata con detalle el modo en el que el Opus Dei reclutó a estas mujeres de “familias de contexto socio-cultural y económico humilde” cuando eran adolescentes de entre los 12 y 16 años. Dice que hubo un “plan proselitista” y que “lo hicieron con el conocimiento y consentimiento de las personas que ostentaban las facultades de organización y control de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei en el territorio respectivo, de manera organizada y duradera en el tiempo, con distribución de cometidos o funciones, y con una secuencia repetida muy semejante entre todas las víctimas”. 

Según los relatos de las denunciantes, nunca les hablaron de una vocación religiosa cuando fueron a buscarlas. A todas las familias les decían que las iban a llevar a estudiar. Y aunque a varias las llevaron al ICIED, una escuela en las que les enseñaban a hacer las tareas del hogar que no tenía ningún título formal, a muchas las mandaron directamente a trabajar a centros y residencias de la Obra. Allí, se las sometía a una rutina de oración rigurosa bajo dirección espiritual y así las convencían de que tenían “vocación de servir”. Una vez incorporadas como “numerarias auxiliares” las involucraban “en una situación de explotación de las que ellas mismas no eran conscientes por su corta edad, sintiéndose obligadas a prestar dichos servicios en pago de la ‘deuda’ contraída por el traslado, alojamientos y los ficticios estudios cuya esperanza de realización albergaban constantemente”. Las condiciones del trabajo, enumera la demanda, eran “remuneración inexistente y sin alta en el régimen de Seguridad Social, jornadas laborales ilimitadas, que se extendían más de 12 horas, con periodos de descanso breves y limitados a las horas de comer y rezar, sin documentación personal o con retención de la misma y otras vulneraciones de derechos básicos”.

Además de la violación de las leyes laborales, el escrito profundiza en el abuso de poder y conciencia que el Opus Dei a través de sus sacerdotes y directoras habría ejercido sobre estas mujeres desde una edad muy temprana: “Se las atemorizada con males espirituales si no cumplían ‘la Voluntad de Dios’”, como por ejemplo que se irían al infierno por no cumplir lo que Dios les pedía, que jamás serian felices fuera del Opus Dei, que el Opus Dei era su verdadera familia a la que le debían la formación humana y espiritual recibida. “Las niñas eran acechadas y perseguidas sin tregua ni descanso y, en ese atosigamiento espiritual, los Sacerdotes del Opus Dei, con conocimiento y voluntad, contribuían de manera esencial y relevante a la realización de los fines proselitistas”.

El reclamo empezó a gestarse a principios de 2021. En febrero, las mujeres se reunieron en una parroquia del bajo Belgrano y pusieron sus testimonios en común. La mayoría estuvieron entre una y dos décadas en la institución, algunas incluso más de dos décadas, y hoy tienen entre 40 y 60 años. Después de esa reunión, a través de su abogado intentaron conversar con las autoridades regionales del Opus Dei pero no fueron recibidas ni tuvieron una respuesta. También consiguieron una audiencia con el nuncio en la Argentina, monseñor Miroslaw Adamczyk, quien les recomendó enviar una carta al papa Francisco. La enviaron en mayo y tampoco tuvieron respuesta. 

El reclamo empezó a gestarse a principios de 2021. En febrero, las mujeres se reunieron en una parroquia del bajo Belgrano y pusieron sus testimonios en común. La mayoría estuvieron entre una y dos décadas en la institución

Antes de presentar la denuncia formal ante el Vaticano, también hubo reuniones con el Obispo Auxiliar de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Giorgi, y el Vicario de Justicia del Tribunal Interdiocesano Bonaerense, Ricardo Daniel Medina. 

Después de la publicación de sus testimonios en la prensa, la máxima autoridad de la rama femenina en la Argentina, Catalina María Donnelly reconoció que esas mujeres había sido parte de “la Obra” aunque no reconoció vínculo laboral: “Las numerarias auxiliares no son empleadas del Opus Dei, son el Opus Dei, es su propia familia”, dijo en una entrevista al diario La Nación. Sin embargo, en otro tramo explicó: “Nunca vi trabajo no remunerado en centros de la Obra. Siempre fue remunerado (...)  No puedo decir que les quiero pedir perdón porque no tenían sueldo, porque para mí sí lo tenían”. El argumento que dio fue que quizá quienes estaban a cargo de las casas y centros donde trabajaban reunían el dinero “como en una familia” y lo manejaban“.   

Nuevas autoridades en la región

Poco después de que ingresó la denuncia en Roma, el Prelado del Opus Dei -máxima autoridad mundial y uno de los denunciados como responsable actual- firmó un decreto por el que anunció un cambio en la estructura sudamericana de la institución, de la que Argentina es históricamente el país con más jerarquía. 

El documento, fechado el 29 de septiembre, anunció que para “mejorar el impulso y la coordinación de las labores apostólicas”, se creó la Región del Plata (Platensis) compuesta por Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina, con sede del vicario regional en Buenos Aires y con delegaciones en Uruguay y Paraguay. Además, entre varios cambios en los principales directivos, quien era hasta hoy el vicario regional, Vïctor Urrestarazu, será enviado a Paraguay y en su lugar asumirá Juan Lavallol. Urrestarazu también está entre los denunciados junto a otro argentino, Mariano Fazio Fernández, desde 2019 vicario auxiliar en Roma -segundo en la línea sucesoria del Prelado- y antes vicario regional en Buenos Aires durante una década. 

PB

En el 1950 de la calle Vicente López, en una de las zonas más ricas de la Ciudad de Buenos Aires, está la sede principal del Opus Dei en la Argentina: la fachada de estilo europeo tiene unos 30 metros de frente y dos plantas. El terreno llega hasta casi la mitad de la manzana y tiene dos cuerpos: uno de ocho pisos, en el que viven sacerdotes y miembros numerarios, y otro de seis, donde funciona la residencia de numerarias auxiliares, que son el servicio doméstico de la institución. El terreno fue una donación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en 1972, durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, y parte de la construcción se hizo con un subsidio por decreto del dictador Jorge Rafael Videla en 1980.

Los datos surgen de una serie de documentos oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble y el Centro de Documentación de la Legislatura Porteña a los que accedió elDiarioAR en los últimos meses a partir de un dato que varios ex miembros del Opus Dei en la Argentina habían escuchado cuando vivían en ese edificio: “Este fue un regalo de la dictadura”.

El Opus Dei es una institución católica fundada en 1928 por el cura español y santo de la Iglesia Católica Josemaría Escrivá de Balaguer. Nació como una organización secreta y logró poder por primera vez en el franquismo. Desembarcó en la Argentina en 1950, como en casi toda Centro- y Sudamérica, y su auge comenzó en la década del 60: durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía tuvo a sus primeros miembros en la cima de los poderes político y judicial locales. En 1961, se creó la principal asociación civil de “La Obra” en el país, la Asociación para el Fomento de la Cultura (AFC), que tiene más de 30 “iniciativas apostólicas” en todo el país: residencias, casas de retiros, centros culturales y clubes. A esta asociación pertenece el edificio de Recoleta que, según estimaciones de operadores inmobiliarios, valdría al menos 15 y hasta 20 millones de dólares. 

Una donación, un subsidio y varios interrogantes

El terreno ocupa casi un cuarto de la manzana que rodean las calles Vicente López, Junín, Ayacucho y Las Heras. Son 2.043 metros cuadrados que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires entregó como “donación gratuita” a la AFC por Ordenanza Municipal en agosto de 1972 y que se escrituró el 18 de mayo de 1973, una semana antes de que el dictador Alejandro Agustín Lanusse dejara el poder y asumiera Héctor J. Cámpora por mandato popular. El intendente, nombrado por el presidente, era Saturnino Montero Ruiz.  

De los documentos surge que fue una “donación con cargo”, que es una transferencia gratuita de un bien bajo la condición de que se use de un modo determinado, con un objeto específico o para que allí se realicen ciertas acciones. El cargo era hacer un “centro universitario” y le ponía el plazo de empezar la construcción en un plazo no mayor a tres años y que se terminara en una década. El plazo se cumplió: en 1982 se mudaron los primeros residentes y se inauguró el “Centro Universitario de Estudios (CUDES)”. El nombre se correspondió con lo que el cargo de la donación pedía, pero no su actividad: el CUDES, un nombre y lugar que cualquier miembro del Opus Dei conoce bien, es un espacio privado al que no ingresa nadie que no sea invitado o participe de alguna actividad. En las décadas del 80 y 90 sólo entraban los miembros numerarios, que son los fieles laicos y célibes que viven dentro de residencias de la institución bajo compromisos de castidad, pobreza y obediencia. Sólo los varones, porque para las mujeres hay otras casas. Y en el Opus Dei varones y mujeres numerarios no se mezclan. Sólo en las últimas dos décadas, la dinámica de este edificio cambió: por falta de vocaciones célibes, empezaron a alojar con pensión completa y cuotas muy altas a estudiantes universitarios del interior del país. También dictan cursos de posgrado y organizan actividades de extensión.

Pero además, desde su inauguración, este edificio fue la sede de la Vicaría Regional de la organización católica para la Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, que reporta directamente a Roma. Pero no al Papa, sino al Prelado, que es la autoridad máxima de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei. Hoy es Ferrnando Ocáriz, el tercero en la historia después del “padre” Escrivá de Balaguer, y español como todos hasta ahora. Esto podría cambiar pronto: el argentino Mariano Fazio, que hasta 2014 fue vicario regional en Buenos Aires, es hoy vicario auxiliar, es decir, segundo en la línea sucesoria. 

Según el informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble, la donación se formalizó por escritura pública ante el escribano Jorge E. Garrido por un monto de 695.800 pesos moneda nacional. Los que firmaron por la AFC fueron dos miembros de la comisión directiva: el escribano Hernán Ricardo Seeber, presidente, y el psiquiatra Ernesto Don, secretario. 

El mismo día de la donación, pero ante el escribano Alberto I. Paz, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires había comprado el terreno al Estado Nacional por una cifra 250 veces mayor: 159.679.000 pesos moneda nacional. Otro dato aparece en el informe de dominio de este terreno: en septiembre de 1980, el dictador Jorge Rafael Videla otorgó a la AFC un subsidio de 50 millones de pesos ley -unos 26.000 dólares de entonces- para colaborar con la construcción del edificio. Para esa fecha, el cargo de la donación de la tierra estaba incumplido y vencido.  

El decreto ley de Lanusse que habilitó a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la donación del predio a la AFC se publicó en el Boletín Oficial el 18 de agosto de 1972, precedido por un mensaje de elevación del ministro del Interior Arturo Mor Roig que decía: “La institución beneficiaria cumple una vasta acción en el ejercicio de la docencia masiva, a cuyo logro se vuelca con un sentido netamente social y comunitario, llevando su acción a los grupos humanos más necesitados de ilustración mediante un proceso de orientación educacional humanista”. La Ordenanza Municipal se publicó en el Boletín Municipal dos meses después con la firma del Intendente Moreno Ruiz, el secretario de Gobierno Roberto Rame y el Secretario de Economía Jorge Adolfo Tonelli.

El abogado Pablo Suárez, miembro de la Campaña Nacional por un Estado Laico y docente universitario, explica que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado en algunos precedentes que los actos y normas de las dictaduras carecen de la presunción de legitimidad de la que gozan los actos de los gobiernos democráticos. Y que si bien son válidos en principio, la democracia debe ratificarlos o desecharlos, explícita o implícitamente”. Sobre este caso, dice Suárez que hay algunas preguntas que se imponen: “Dado que fue una donación con cargo, el donatario adquiere un dominio imperfecto sobre el predio hasta que no cumpla con el objeto con el que se lo dieron. Entonces, ¿no podría o no debería el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejar sin efecto la donación realizada por la dictadura de Lanusse dado el incumplimiento del cargo? ¿Existe responsabilidad de los funcionarios públicos de la democracia que no velaron por que se cumpliera? ¿Podría alegar la AFC que existió un cumplimiento tardío del cargo, pero cumplimiento al fin, y una tácita confirmación de la donación por parte de la democracia? ”Hay dos razones que podrían poner en duda esta última idea. Por un lado, en el predio nunca funcionó, ni funciona hoy, un verdadero centro universitario como el que exige el espíritu del acto administrativo que dispuso la donación: esto es un centro de estudios cuya beneficiaria fuera la comunidad. La segunda: sólo recientemente se supo que en el solar que la municipalidad donó a la AFC para que lleve su acción educativa ‘a los grupos humanos más necesitados’, funcionó en cambio un alojamiento para mujeres pobres de todo el país y la región a quienes se llevó a la capital para hacerlas trabajar como servicio doméstico sin registrar para el Opus Dei“. Para el abogado, ”esta simulación y la evidencia del incumplimiento aún actual del cargo de la donación podrían hacer repensar a la democracia la conveniencia de la revocación de esta cuestionable liberalidad de la dictadura“.

Varios días antes de publicar esta nota, elDiarioAR pidió entrevistas a la AFC y a la oficina de comunicación del Opus Dei en Buenos Aires, pero no tuvo respuesta.  

La residencia de las mucamas

Al lado de la entrada principal, en el número 1954 de Vicente López, hay otra entrada al edificio. Es la de las mujeres. Ahí funciona Laya, la mayor residencia de mucamas de “la Obra” en la Argentina. “¿No sabés qué significa Laya? Buscalo en el diccionario y te vas a sorprender”, ironiza Lucía Giménez, que estuvo ahí varios de los 18 años que sirvió al Opus Dei como “numeraria auxiliar”, desde los 14 hasta los 32. Según la Real Academia Española, “laya” tiene dos acepciones: puede ser una pala grande y pesada para labrar la tierra, o puede usarse de manera despectiva para referirse a la “calidad, especie o clase” de una persona u objeto. “Para el Opus, nosotras éramos las dos cosas”, no duda Giménez.

Numeraria auxiliar es la categoría con la que se incorpora a las mujeres que sirven en el Opus Dei: un documento oficial de la institución católica describe cómo en las décadas del 70, 80 y 90 las reclutaban en el interior de las provincias: “A mí me trajeron desde Paraguay con la promesa de ir a una escuela, pero a los 15 años me pusieron a cocinarles a 20 hombres yo solita”, cuenta Giménez. Es una de las 43 ex numerarias auxiliares que este año se reunieron para reclamar por los años de trabajo sin pago ni aportes: “A nosotras nos decían que le servíamos a Dios, que nos estábamos santificando y que el Opus era nuestra familia”. 

Sin respuesta de parte de “la Obra” hasta hoy, presentarán en los próximos días una denuncia formal ante el Vaticano. En marzo tuvieron una reunión con el nuncio en la Argentina, monseñor Miroslaw Adamczyk, quien les recomendó enviar una carta al papa Francisco. La enviaron en mayo y están a la espera. 

En Laya viven, trabajan y rezan las mucamas. Sus tareas son cocinar, limpiar, lavar y planchar ropa, coser, poner la mesa y servir la comida. Es un edificio de seis pisos y un subsuelo, que se puede ver desde el frente y también desde Ayacucho, una de las calles laterales. Desde cualquiera de los dos puntos, se ven las ventanas “tapiadas” por placas de color amarillento: “Era para que no nos distrajéramos mirando por la ventana. Y para que no nos vieran los numerarios, ni nosotras a ellos, que estaban en el otro edificio”, cuenta otra de las ex numerarias auxiliares. También viven ahí las numerarias que las dirigen, que son las mujeres miembro de clases medias y altas.

En 1974, Escrivá de Balaguer visitó la Argentina durante tres semanas y dio charlas en el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y en el Teatro Coliseo, entre otros espacios. Quienes participaron de esos encuentros recuerdan cómo el fundador del Opus Dei y hoy santo de la Iglesia Católica agradeció en público y en privado a los supernumerarios Guillermo “el negro” Lanusse Gelly, hermano del dictador, y Rodolfo “Rolo” Lanusse Goñi, sobrino y además padre de una numeraria que aún sigue en la Obra.  

Las asociaciones civiles del Opus Dei

En sus estatutos de 1950, considerados “secretos” porque fueron antes de la aprobación vaticana y el Opus Dei los niega, dice que “por sí no posee bienes inmobiliarios” aunque “acepta legados de cualquier género destinados a perseguir la finalidad del Instituto”. Y que lo hace a través de lo que llama “sociedades auxiliares”, que son las asociaciones civiles que tiene en los 68 países en los que funciona y desde la que maneja sus “iniciativas apostólicas”, como el Hospital y la Universidad Austral, los colegios, las residencias, centros culturales y clubes. Explican: “Las obras de apostolado corporativo son promovidas por fieles del Opus Dei y cooperadores, junto con otras personas, y tienen la garantía moral de la Prelatura, que se encarga de su orientación cristiana. Son iniciativas de carácter civil, sin ánimo de lucro y con una finalidad apostólica y de servicio”, informa en la página web y responde vía mail. 

Sin embargo, quienes son y fueron miembros aseguran que “esas asociaciones son el Opus Dei”. El ex numerario Esteban López del Pino, que además fue vocero de la Obra en la Argentina entre 1996 y 2005, lo reconoció en una entrevista publicada en 2020 por Revista Anfibia: “Cada institución educativa ligada al Opus está ligada a una asociación civil o fundación, que son aquellas a las que se realizan las donaciones. Pero es el departamento legal del Opus Dei el que lleva el control de los papeles”.

Cada asociación civil tiene su propia comisión directiva y administración, integrada por miembros numerarios y supernumerarios. Hoy, según informa en la página web la AFC, el presidente es el abogado Patricio Petersen, que comparte estudio con otro miembro de la comisión directiva de la Asociación: Juan Miguel Trusso, nombrado revisor de cuentas suplente, es el hijo del exembajador menemista ante la Santa Sede Francisco Trusso. Su nombre fue noticia en 1999 por la presunta quiebra fraudulenta del Banco de Crédito Provincial (BCP) en un escándalo con créditos simulados cuyos fondos se desviaban y que dejó miles de estafados y a la cúpula de la Iglesia Católica argentina involucrada: primero fueron detenidos sus hermanos Francisco y Pablo, directivos del Banco, y luego fue detenido Juan Miguel, abogado, junto a monseñor Roberto Toledo, que había sido secretario y mano derecha del arzobispo de Buenos Aires Antonio Quarracino. Los acusaron de simular un crédito de 10 millones de dólares para el Arzobispado con la firma falsificada del arzobispo. Antes de ser papa, Jorge Bergoglio se involucró para limpiar el nombre del ya fallecido Quarracino. La causa del BCP llegó a juicio oral y Francisco Trusso fue condenado a 8 años y a pagar indemnizaciones millonarias. El vínculo con la Iglesia quedó claro cuando el exbanquero recuperó la libertad después de que el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, se presentara como garante de su fianza.

El edificio que le donó la dictadura de Lanusse al Opus Dei es sólo una de la veintena que esta asociación posee en la Ciudad de Buenos Aires, otro en la misma manzana sobre la calle Ayacucho, y del más de un centenar de grandes propiedades -edificios, casas de retiros, un campus universitario y un hospital, escuelas y tierras que el Opus Dei posee a través de al menos 17 asociaciones civiles en la Argentina.