“Cuando el cambio está fuera de control, solo queda soñar con la grandeza del pasado”, dice François Dubet, sociólogo francés de 76 años y exdirector de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, sobre el modo de pensar que ha llevado a un grupo de electores a optar por Trump, Le Pen o Bolsonaro. Para el autor de La época de las pasiones tristes y Por qué preferimos la desigualdad, el populismo de extrema derecha responde al éxito del imaginario de una sociedad que ha desaparecido y que muchos miran con nostalgia. El éxito de una sociedad industrial que es percibida por estos sectores como “ordenada y protectora”.

¿La identidad de clase, surgida en el apogeo de la sociedad industrial, ha dejado de ser el modo en que se organiza la representación política?

La paradoja actual es que al tiempo que crecen las desigualdades, se borran las clases sociales. Este mecanismo se debe a la transformación en el trabajo, el retroceso de los “reductos obreros” y la expansión del consumo de masas. El capitalismo debilita las clases y multiplica las desigualdades. Mientras que antes todas las desigualdades convergían en el seno de las clases sociales, hoy las desigualdades se multiplican y los individuos se sienten desiguales en función de una multiplicidad de factores y dimensiones. Mientras antes la vida política en las sociedades industriales estaba dominada por el voto de clase y la oposición a la izquierda o derecha, es evidente que el electorado popular oscila ahora entre el populismo de derechas y la abstención.

Por otra parte, los partidos centristas, los socialdemócratas y ecologistas, cuentan con el apoyo de los votantes más educados, de los centros urbanos. Es como si la división de clases hubiera sido sustituida por la oposición entre ganadores y perdedores de la globalización.  

Usted dice que la desigualdad basada en la clase social era injusta, pero también estable y previsible ¿Cómo es percibida ahora la desigualdad?

Esencialmente, en la sociedad de clases, las desigualdades se reproducen en forma de destino: los hijos de obreros y burgueses se convierten en obreros y burgueses. Es un destino injusto, pero del que los individuos no son responsables. Hoy en día, la producción de desigualdades se ha transferido a los individuos en nombre de la igualdad de oportunidades. En la escuela en particular, todo el mundo tiene el derecho y el deber de ascender en la sociedad, hay más mujeres empleadas y la igualdad meritocrática de oportunidades se ha convertido en nuestro principio dominante de justicia.

En la sociedad de clases, la justicia social consistía en reducir las desigualdades en las condiciones de vida en favor de los explotados. Hoy en día, la justicia social consiste sobre todo en luchar contra la discriminación, porque en una sociedad justa todo el mundo debería ocupar una posición social en función únicamente de sus méritos. En este sentido, el ideal de justicia es el de una competición deportiva perfectamente justa.  

¿Por qué el otro pobre o el otro trabajador se convierten en enemigo?

Cuando las desigualdades son múltiples y singulares, cuando todos participan en una competición meritocrática, los vencedores de esta competición piensan que no deben nada a los vencidos. Estos acusan a los que tienen aún menos méritos que ellos para salvaguardar su dignidad y su “honor”. En este caso, el enemigo es el que está por encima de ellos, pero también el que está por debajo: los pobres, los parados, los extranjeros. Esto explica, en gran medida, el giro del voto popular hacia el populismo y el nacionalismo de derechas. Para los “blanquitos”, el enemigo no son tanto los capitalistas, sino los discriminados que obtienen derechos: inmigrantes, mujeres, minorías sexuales.

La producción de desigualdades se ha transferido a los individuos en nombre de la igualdad de oportunidades

¿Cómo se traducen las emociones negativas –o las pasiones tristes– en programas políticos?

Creo que las pasiones tristes crean un estilo, pero no un programa político. El estilo es bien conocido: odio del “pueblo” contra todo lo que “no es el pueblo”, es decir, los extranjeros, las élites, los ricos, los medios de comunicación “oficiales”. Estos “enemigos del pueblo” forman parte de un complot en lugar de verdaderos adversarios sociales porque siempre están ocultos. Las pasiones tristes también las encarna un líder, de derechas o de izquierdas, que encarna la “ira del pueblo”.

Pero el estilo populista de las pasiones tristes no conduce necesariamente a un programa político, porque el propio pueblo está dividido y ninguna política puede satisfacer tantas exigencias, a menudo contradictorias. Por otra parte, el mundo no desaparece y, una vez en el poder, hay populismos de izquierda y de derecha, socialistas y procapitalistas, más o menos racistas. Polonia, Italia, Hungría, los EEUU de Trump, la Inglaterra pos-Brexit, el Brasil de Bolsonaro, la Venezuela de Maduro, todos ellos tienen estilos comunes, pero no políticas comunes.   

¿La indignación es un rasgo de esta época?

Me parece que la indignación proviene de que sentirse despreciado es la emoción política elemental de esta época. Cuanto más singulares somos, cuanto más invisibles nos sentimos, cuanto más discriminados y estigmatizados, más nos sentimos despreciados. En cierto modo, todos somos despreciados y podemos despreciar a todo el mundo. Esta emoción se entiende en la medida en que los individuos no se sienten representados por las iglesias, los partidos ni los sindicatos.

Pero la indignación también procede de una revolución en los repertorios de la acción colectiva. En la sociedad de clases, el paso a la palabra pública estaba mediado por partidos, asociaciones, periódicos, sindicatos, activistas. Estas mediaciones “enfriaban” la ira. Hoy en día, las tecnologías de la información y la comunicación e Internet permiten acceder al discurso público sin mediación y sin filtros. La combinación de un progreso democrático con una explosión de indignación puede crear movilizaciones cómo hemos visto con el Tea Party en Estados Unidos, los pentecostales en Brasil y los Chalecos Amarillos en Francia. 

¿Cómo analiza el crecimiento de la extrema derecha en Francia?

El populismo de extrema derecha aumenta en todas partes, incluso en los países que parecen más inmunes a él, como los escandinavos. Estos partidos, como el Rassemblement National en Francia, no tienen un verdadero programa, pero cargan con la ira del pueblo poniéndole nombre a los enemigos, sin preocuparse por la coherencia. Este éxito se basa en gran medida en el imaginario de una sociedad que ha desaparecido y de la que muchos sienten nostalgia. Una sociedad industrial soberana, una sociedad nacional homogénea, una sociedad en la que reinan la familia, la escuela tradicional, una sociedad percibida como ordenada y protectora. Obviamente, esta apelación al pasado es una poderosa nostalgia, una sociedad idealizada que nunca volverá. Cuando el cambio está fuera de control, sólo queda soñar con la grandeza del pasado. 

¿Cree que los partidos laboristas se ven obligados a redefinir su sujeto político?

Es evidente que todos los partidos de izquierda se encuentran en una profunda crisis y luchan por representar desigualdades múltiples y contradictorias, se ven obligados a combinar sus ideales de justicia con las limitaciones económicas y, en muchos casos, defienden sobre todo los valores democráticos frente a las tendencias autoritarias. Aunque celebro las victorias electorales en contra de Trump y Bolsonaro, no estoy seguro de que los partidos laboristas recuperen rápidamente una base popular y clasista.

La paradoja actual es que al tiempo que crecen las desigualdades, se borran las clases sociales. Este mecanismo se debe a la transformación en el trabajo, el retroceso de los "reductos obreros" y la expansión del consumo de masas

Si a esto añadimos que las cuestiones ecológicas impondrán sacrificios, creo que la recomposición de los partidos de izquierda y de los sindicatos llevará mucho tiempo: hemos cambiado de época histórica. 

El trabajador está más precarizado, más autónomo, menos organizado que hace unas décadas atrás ¿Cómo impactan los cambios en el mundo del trabajo en la representación política?

En Francia, el trabajo es el gran olvidado de las luchas sociales, solo nos preocupamos por el empleo y el paro. El conflicto francés sobre la reforma de las pensiones demuestra que no discutimos sobre las condiciones en las que trabajamos, sobre el cansancio, la administración y la precariedad. Además, los trabajadores se sienten abandonados porque sienten que las condiciones de trabajo se han deteriorado, que la autonomía en el trabajo es una artimaña de dominación, mientras que los individuos siguen queriendo un trabajo que los satisfaga. Así que creo que tenemos que volver al trabajo en el sentido de que una vida de éxito es también una vida laboral feliz. Desde este punto de vista, no debemos abandonar los ideales de la antigua sociedad de clases en la que los trabajadores oponían la dignidad del trabajo a la explotación capitalista. 

En el encuentro de Carlos Menem con la reina Isabel II, Walter Kerr se estrenó como intérprete oficial de la Presidencia. Habían pasado 16 años desde la guerra de Malvinas, pero las relaciones entre Argentina y Reino Unido seguían golpeadas. El canciller Guido Di Tella estaba convencido de la importancia de recuperar el vínculo con Inglaterra. La primera visita desde 1960 de un mandatario argentino a Londres debía ser una misión de relojería. Fue así que el Tango 01 despegó desde Buenos Aires con decenas de asesores políticos y diplomáticos para asistir al presidente.

En el momento de aterrizar, la consigna fue clara: nadie debe besar a la reina. Pero Menem no hizo caso al protocolo. En una secuencia rápida en las puertas del palacio de Buckingham, caminó con pasos cortos y apretados hasta tomarle la mano a la reina. “El encargado de protocolo inglés, que estaba en el otro pasillo, me miró al instante. Do you remember? No one kisses the Queen. Me quería matar”, recuerda el excanciller Jorge Faurie, director de Ceremonial de Cancillería en la década de 1990, quien también integró la delegación a Reino Unido.

Fue en esa misión diplomática de 1998 que Kerr, ahora director de Traducciones del Ministerio de relaciones Exteriores y Culto, se convirtió en la voz en el exterior de los presidentes argentinos. “Fue mi primer viaje. Ya tenía bastante experiencia como intérprete, pero ese fue mi debut en aquel mundo”, recuerda Kerr, quien con solo 30 años estuvo a cargo de las reuniones de negocios en Inglaterra. Walter decidió sumarse de la mano de Ana Braun al equipo de Cancillería en 1997, después de haber pasado por el sector privado. “Me siento parte del inventario del Estado argentino”, dice Kerr entre risas a sus 54 años.

El poder de la discreción

Isabel II no fue la única reina que conoció Kerr. “Hasta a Madonna le llamó la atención mi intérprete”, llegó a decir Cristina Fernández de Kirchner, en la apertura del V Encuentro Internacional de Intérpretes de 2010. Hombre alto, de pelo gris y pómulos huesudos, Kerr suele destacar entre la multitud aunque es lo último que desea. La discreción es su principal lema. Por eso elige no dar detalles sobre el encuentro con la reina del pop. “Me felicitó por mi trabajo. No recuerdo las palabras exactas”, dice rápido sobre Madonna, como queriendo esquivar el tema. Kerr solo deja ver lo que decide que sea visto.

“Si alguien me dijera qué tal estuvo la reunión entre tal y tal y le contesto estuvo muy bien, el solo hecho de decir estuvo muy bien es confirmar que la reunión se hizo”, explica con un ejemplo. En su oficina del piso sexto de Cancillería, de aspecto deliberadamente monástico, nada aporta información sobre su mundo íntimo. De las paredes no cuelgan imágenes de su familia, ni postales de otras ciudades. No se ven diplomas, ni adornos, ni libros. Lo único que Kerr deja ver es un calendario de papel con una imagen en blanco y negro de un gato, que posiblemente le recuerden a sus cuatro exóticos persas. No hay hendidura ni descuido que permita entrar a su universo privado.

“En este ámbito no alcanza solamente con el conocimiento de los idiomas. Hay varios intangibles que son súper importantes. Las redes son un tema de este tiempo”, dice el hombre que no tiene Instagram. “El hecho de mostrarse en un lugar y decir: heme aquí, en tal la reunión. Eso es dar información. La discreción siempre es una buena consejera en todos los ámbitos. Para nosotros la confidencialidad es un valor clave”. Y repite tres veces: “clave, clave, clave”.

La discreción para Kerr va desde el tono de voz hasta el modo de vestir. “Los protagonistas son las personas para las cuales uno trabaja. El intérprete es solo un mediador o facilitador de la comunicación”, dice. La diferencia entre traductor e intérprete es que el primero trabaja con el discurso escrito mientras el segundo con el oral. Y el mensaje hablado exige una dosis de exposición, estar frente a las cámaras, a un costado del presidente.

Además de la discreción, entre las gemas de la Cancillería está la disciplina. Los diplomáticos tienen la capacidad técnica para llevar a buen puerto las indicaciones que reciben de la política. Por eso pueden generar algunas complicaciones en el despliegue de la política exterior los embajadores políticos, en especial, aquellos que llegan después de un recorrido parlamentario, en donde sentar posición sobre todos los temas y en todo momento es un valor, no una desventaja. En Cancillería, el que habla de más pierde. El que no lo entiende queda al margen de su lógica. 

Kerr comparte mucho de ese mundo. Cuando terminó el colegio secundario decidió estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires, para después ingresar a la carrera diplomática, pero la rápida salida laboral que tuvo como intérprete, después de terminar la carrera de Traductor Público, lo llevaron por otros caminos. “Mi motivación principal para estudiar abogacía fue justamente que mi idea era hacer la carrera del Servicio Exterior”.

Entre los puntos de contacto que mantiene el mundo de los intérpretes y los diplomáticos está la difícil tarea de ser la voz de otro al que se busca representar. “Un buen diplomático debe traducir para el Gobierno lo que piensa la sociedad donde está representándonos y ante la sociedad que nos representa, saber explicar qué somos los argentinos y qué queremos. En el caso del diplomático, hay que tener capacidad para presentar una realidad. En el caso del intérprete, traducir el discurso”, dice el excanciller Jorge Faurie.

De Escocia a Asunción

Walter recuerda la manera en que su padre, en el bar de un hotel céntrico de Asunción, le pidió en español al encargado del lugar una mesa para cuatro con vista al río. Pero el encargado, distraído, no le prestó atención. Esa tarde su padre, de raíces escocesas pero nacido en Paraguay, desenfundó el guaraní para conseguir lo que quería. “Cuando uno habla la lengua nativa de esa persona, genera una afinidad de nivel muy especial que posibilita grandes cosas”.

Walter trabaja en la traducción al español de la lengua inglesa, francesa y alemana. Puede comunicarse en neerlandés, noruego, sueco, italiano, portugués y entiende algo de ruso pero el árabe es su última aventura. “Para mí el árabe es una lengua fascinante. Estudiar árabe implica por lo menos estudiar dos idiomas, porque cada país tiene su dialecto”.

Existe un elemento que explica la vida de los intérpretes, así como gran parte de los diplomáticos y varios corresponsables extranjeros. Muchos de ellos comparten una crianza en la que han saltado de país en país desde muy chicos, con familias de distintos orígenes y diversas procedencias culturales. El caso de Kerr no es la excepción. “Más allá del inglés, que ya estaba en la familia, crecí en un entorno multicultural. Por ejemplo, una de mis tías estaba casada con un noruego, ahí aprendí el idioma. Mi padre tenía muchos amigos daneses, de ese modo aprendí danés, de oírlo y de estar con sus amigos. También hablaba guaraní porque mi padre había estado en Paraguay muchos años”.

Walter cuenta que vive con una valija siempre hecha “para efectos prácticos”. El modo de vida de un intérprete exige disponibilidad y flexibilidad para dejar de un día para el otro las rutinas y cambiar de país por unos días. “A veces digo, en broma, que esto es algo para gente disfuncional. Ahí me incluyo desde el primer momento”, dice entre risas. Lector de filosofía, amante de la música clásica, el rock inglés y los boleros latinos, Kerr es fanático de la cocina vietnamita, india y japonesa. También se confiesa entusiasta de la astrofísica, lo que parece confirmar su voraz avidez por lo desconocido. “Siempre me fascinó poder descifrar otros códigos. Desde muy pequeño tengo la semilla de la curiosidad”.

–¿Te asombra la inmensidad de lo desconocido?

–Sí, absolutamente, sí.

–Parece como si el mundo te quedara chico.

–Sí, totalmente, me estimula pensar cuál es el sentido de todo. Si es que hay un sentido. Cuando uno piensa en la insignificancia de todo, en la inmensidad, es fascinante preguntarse qué maravillas hay más allá, qué misterios quedan ocultos– dice desde las puertas de un universo íntimo y hermético que cuida con recelo.

AO

Miles de campesinos e indígenas llegaron este jueves a Lima, la capital de Perú, desde distintas regiones del país para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Los manifestantes demandan nuevas elecciones, el cierre del Congreso y una nueva Constitución. En simultáneo, la presidenta de Perú mantuvo una reunión en el palacio de Gobierno con una delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La huelga nacional había sido convocada por las principales centrales sindicales del país para las 16 hora local, cuatro días después de que el Gobierno declarara el estado de emergencia en Lima, Callao, Puno y Cusco.

Las protestas, que comenzaron siendo pacíficas, terminaron en enfrentamientos con la policía después de que las fuerzas de seguridad ordenaran desplegar un operativo de seguridad de más de 11.800 policías en la capital. “El despliegue se da en todos los puntos de Lima, e incluso el Callao, con la intención de garantizar que todos los ciudadanos realicen sus actividades económicas y culturales con total normalidad”, informó el jefe de la Región Policial Lima, Víctor Zanabria. Los efectivos de la policía dispersaron con bombas lacrimógenas a los manifestantes que lanzaban piedras contra los agentes. Los incidentes tuvieron lugar en las principales avenidas del centro de Lima como la avenida Abancay que conduce hasta el Congreso, según informaron medios locales.

Mientras avanzaban las movilizaciones, los bloqueos de rutas continuan en ocho regiones del país. En las primeras horas del día, los cortes interrumpían de manera total 46 rutas y 48 de manera parcial, según ha registrado el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Funcionarios del Ministerio Público y miembros de la Policía controlan la entrada a Lima de manifestantes en vehículos procedentes de distintos puntos del país, sobre todo de regiones sureñas de Puno, Cuzco, Apurímac, Ayacucho y Arequipa.

En un país donde los reclamos de la zona rural, sobre todo del sur del país, parecen quedar desacoplados de la capital, llegar a Lima representa para los manifestantes un modo de hacer oír su rechazo al gobierno de Boluarte. Hasta el momento, al menos 41 manifestantes y un policía han muerto en las manifestaciones, mientras que otras ocho personas han perdido la vida por distintas causas provocadas por los bloqueos y manifestaciones desde que estallaron las protestas el 7 de diciembre pasado.

La marcha campesina

Las organizaciones sociales decidieron llamarle a la movilización: “segunda marcha de los Cuatro Suyos”. Si bien el nombre hace referencia a los cuatro puntos cardinales del Imperio Inca, la referencia histórica es más reciente. Fue a mediados de 2000 que surgió la primera marcha de los Cuatro Suyos, la protesta más grande contra el Gobierno de Alberto Fujimori, después de su cuestionada tercera reelección. En ese momento, el líder de la oposición, Alejandro Toledo, buscó liderar una protesta masiva contra la reelección de Fujimori. Si bien las manifestaciones nacieron como expresiones pacíficas, terminaron en disturbios violentos y choques con la policía.

En este caso, a diferencia del 2000, la manifestaciones no están lideradas por un único actor. Hace 22 años, Toledo representaba la confluencia de distintos sectores de la oposición, con partidos políticos y organizaciones sociales más robustas. “Había una estructura centralizada de la organización. Ahora no existe un liderazgo concreto, lo que hace que las propuestas sobre qué hacer luego de que Boluarte caiga son muy dispersas”, dice Omar Coronel, doctor en Ciencia Política por la Universidad en Notre Dame de Indiana, Estados Unidos.

El escenario sobre lo que podría pasar después de una eventual renuncia de la presidenta es poco claro. Entre las opciones está la posibilidad de que, junto con la presidenta, se renueve la mesa directiva del Congreso, un llamado a elecciones inmediatas y la propuesta de una Asamblea Constituyente, entre otras reformas. “Eso tiene que ver con que no hay un liderazgo claro, que se explica porque no queda casi ningún actor político con legitimidad en el Perú”, explica Coronel. Es por eso que la caída de Boluarte no garantiza que el problema de la crisis política que vive el país desde hace más de cinco años quede resuelto, tal y como opinan algunos expertos.

Lima se activa

La plaza San Martín, en el centro histórico de la ciudad, no ha sido está vez el único punto de encuentro de los manifestantes que exigen un nuevo Gobierno. Las manifestaciones han tenido lugar también en otras zonas como la plaza 2 de Mayo pasando por el adinerado barrio de Miraflores. El cambio responde a que en este paro nacional se han sumado a las organizaciones campesinos e indígenas manifestantes de la capital.

En un primer momento de las protestas, gran parte de Lima le dio la espalda a los manifestantes, pero el último mes el escenario cambió, después del casi medio centenar de manifiestes muertos. “El 12 de enero empezamos a ver a los sectores del anti-fujimorismo urbano sumarse a las protestas. Dejaron de ser solo los sindicatos y las organizaciones vinculadas a la izquierda, sino un amplio sector anti-fujimorista”, dice Coronel, especialista en movimientos sociales.

La distancia entre lo que sucede en los círculos de poder de Lima con los movimientos del interior del país no es un elemento nuevo. La idea de “la toma de Lima”, como la han apodado algunos medios locales e incluso los seguidores más radicalizados de Pedro Castillo, en una especie de reapropiación del concepto, tiene que ver con los fantasmas de los círculos de poder limeños desconectados de lo que sucede fuera de la capital.

“Desde Túpac Amaru, Lima ha tenido siempre el fantasma del 'aluvión de indios que van a tomar la ciudad', un fantasma colonial que permanece en la sociedad limeña. Las élites limeñas que controlan la política institucionalizada reproducen esta idea de homogeneizar al indígena del sur, siempre rebelde, probablemente terrorista, que va a saquear la ciudad. Esa lectura tiene que ver con un racismo enraizado en las élites del país”, dice Coronel.

AO

Carlos Rafael Lanz Rodríguez, sociólogo venezolano y militante de izquierda, desapareció de su casa, con 74 años, el 8 de agosto de 2020. Tito José Viloria Carrillo, abogado de 61 años, exdirigente sindical, amigo de militancia y vecino de Lanz es uno de los tantos venezolanos que se sumaron a las marchas de denuncia y reclamo por la aparición con vida de Lanz. Pero el 4 de julio pasado, Viloria, junto a otras 15 personas cercanas a Lanz, quedaron detenidas e implicadas en la causa.

La investigación estuvo en manos del fiscal general Tarek William Saab del Ministerio Público. El 18 de septiembre pasado, Saab anunció que Viloria había sido condenado a 16 años y tres meses de prisión por el supuesto asesinato de su amigo. En un contexto de presión social por el esclarecimiento del caso, Saab dijo que “Lanz fue asesinado en presencia de Tito Viloria, un dirigente obrero radical y amigo de Lanz”. Según el Tribunal Cuarto de Caracas, con competencia en delitos asociados al terrorismo, Viloria trasladó a Lanz desde su casa hasta entregárselo a los sicarios, para después presenciar el asesinato del militante socialista. Los familiares de Viloria denuncian que la investigación podría encubrir la responsabilidad de miembros de las Fuerzas Armadas.

Ana Sofía Viloria, hermana de Tito, tiene miedo por lo que pueda a llegar a pasar con su hermano. “Temo por su integridad física, moral y por su vida”. En Buenos Aires, Ana pide una revisión de la condena de Viloria al que define como un “activista hasta el último momento del Partido Socialista Unido de Venezuela”. “Ninguno de los familiares hemos tenido acceso al expediente ni a la sentencia escrita”. La mirada apunta al desempeño del fiscal general, al que Ana define como “muy turbio”.

¿Qué es lo que pasó con su hermano?

La detención de mi hermano fue sorpresiva. Las detenciones empezaron el 4 de julio de 2021. Ninguno de los detenidos estaban previamente vinculados al caso, ni habían sido investigados, ni notificados por la justicia. No había ninguna medida que limitara sus libertades. En ese momento, los familiares no tuvimos acceso a los detenidos, no sabíamos de qué se los acusaba. Tiempo después, nos enteramos que estaban siendo investigados por la desaparición de Lanz.

¿Cómo describe el procedimiento de la justicia?

Hasta el momento en que los presentan ante el juez de control, ellos no tuvieron asesoramiento jurídico. No se cumplió el debido proceso, no se les permitió acceder a un abogado. Estuvieron secuestrados hasta el momento en que los presentaron en la televisión, a través de la rueda de prensa, en la que el fiscal general los expuso a todos como monstruos, en contra a lo que establece la legislación venezolana e internacional, bajo una narrativa truculenta y sin derecho a la defensa.

¿Cómo era la relación de Lanz con las Fuerzas Armadas?

Lanz daba charlas como sociólogo vinculado a la Fuerza Armada Nacional. Por eso, en primer momento, se comienzan a gestar hipótesis que apuntaban al sector militar, no como institución, probablemente alguna individualidad al interior del sector militar. Lanz tenía un chofer asignado por los militares. Tenía personas autorizadas que lo buscaban, lo llevaban, lo traían, más allá de que la Fiscalía General ha intentado disminuir esa mirada crítica hacia las individualidades dentro del sector militar. Pero Saab ha dicho que es falso que hubiese algún militar vinculado al caso, por eso apuntó a gente cercana.

¿Cuál cree que puede haber sido el motivo de la desaparición de Lanz?

Hipótesis. Esto entra en el campo de las hipótesis. En la región de Aragua hay desapariciones forzadas. Hay muchísimos estudios que documentan esta situación. Entonces, no es un pecado pensar que pudiera haber sido una desaparición. Pero el fiscal Tarek William Saab, en una de las primeras rueda de prensa, dice que no hubo ningún hecho de violencia en la vivienda que hiciera pensar que lo sacaron a la fuerza. Es decir, que él salió de manera voluntaria. Esa versión fue bastante criticada porque descarta la posibilidad de la desaparición forzada.

¿Cuál era la relación de su hermano con Lanz?

Ellos estuvieron vinculados siempre desde la militancia, en distintas organizaciones, pero en escenarios comunes de asambleas, encuentros, conferencias, eventos nacionales. Ambos son activistas muy reconocidos en la región de Aragua. Tenían vinculación con sectores militares del estado. Ellos quedaron vinculados al sector militar desde el intento de golpe del 2002, cuando se acercar a defender al Gobierno del intento de golpe, de ahí viene la relación.

Cuando Lanz desaparece, ¿su hermano participa de las protestas en reclamo por la aparición de Lanz?

Sí, gente de todo el país asumió la búsqueda de Carlos Lanz. La presión ante las instancias competentes en este caso corresponden a la Fiscalía General de la República. Existen casos en el país de desapariciones que nunca han sido investigadas. Por ejemplo, la de Alcedo Mora, un trabajador campesino que venía haciendo denuncias de cómo los terratenientes quitaban las tierras, de cómo los agredían, él está desaparecido. Hasta hoy nadie sabe qué pasó con él, a pesar él antes de su desaparición hizo la denuncia, señalando responsables por si algo le pasaba. No queríamos que el caso de Lanz pasara al olvido como tantos otros.

¿Cuántas de esas 16 personas permanecen detenidas?

Quedan 13 detenidos. La mayoría de ellos está cumpliendo la condena en su casa. Mi hermano sigue en un penal, al igual que la esposa y el capataz de la estancia en la que mataron a Lanz.

¿Cómo define el papel del fiscal general Tarek William Saab?

El rol del fiscal Tarek William Saab ha sido muy turbio. No por una cuestión personal, sino que es una persona que no tiene perfil para ser fiscal. Primero, porque salió muy cuestionado como gobernador del estado Anzoátegui. Recordamos que en las últimas elecciones con Hugo Chávez, en la campaña a gobernadores de 2012, en un cierre de campaña de Chávez en Anzoátegui, la gente empezó a gritar en contra el gobernador. Chávez, que escuchaba a la gente, preguntó qué estaban diciendo. Y la gente dijo: “No lo queremos”. Entonces Tarek William Saab fue removido como gobernador y postularon otra persona. Es decir, siendo gobernador, ya tenía cuestionamientos de sus votantes en la región. Después es la Asamblea Nacional Constituyente la que lo designa como fiscal.

¿Es solo una cuestión de incapacidad técnica?

Nuestro planteamiento es que no tiene el perfil. No respeta las credenciales de neutralidad e imparcialidad, de la discreción, de la reserva, utiliza los medios para la exposición pública, criminaliza a los investigados, que pedían por la aparición de Lanz. Es por eso que la gente se asustó muchísimo. Cuando empezamos a analizar el caso Lanz, nos dimos cuenta que hay un mecanismo usual del fiscal general donde vincula todo, casi automáticamente, a “terrorismo”. Los casos de mayor visibilidad pública pasan a ser investigados como “actividades terroristas”. Para esos casos, existen jueces especiales y un procedimientos especial que violan el debido proceso y que evita que los imputados puedan tener acceso a la asesoría jurídica, a conocer debidamente de qué se los acusa, a tener acceso al expediente. Ni ellos, ni los familiares, ni los abogados, porque no les permiten tener abogados particulares.

¿Es siempre el mismo accionar por parte de la fiscalía?

Estamos hablando de modus operandi que se utiliza para actuaciones por fuera de la ley. Saab no está preparado para el puesto, está violando los tratados internacionales que Venezuela suscribe. Si uno revisa la carta de principios éticos del Ministerio Público, también el derecho internacional, uno se da cuenta que estamos en pañales. Hay mucha gente que hoy está pagando por esto, que se encuentra en condición de rehenes.

¿Por qué cree que Saab actúa de esa manera?

A Tito se lo condena sin pruebas de que haya estado en el lugar del asesinato. Nosotros presentamos testigos, solicitamos investigación, aportamos todo lo que consideramos importante pero la Fiscalía no lo toma en cuenta. No llamaron a nadie a tomar declaración. Evidentemente, al fiscal le interesa cerrar el caso como un éxito. Es decir, decir que se investigó. En este caso, dicen que mi hermano admitió el crimen. Pero eso es lo que viene pasando desde Saab está al frente de la fiscalía. Todos los casos vinculados a terrorismo, estamos hablando de más de 100 personas, supuestamente todos se reconocen culpables.

¿Piensa que es impericia?

Yo quisiera pensar que tiene que ver con una persona que no tiene el perfil, que no tiene las credenciales y ni la preparación para ocupar ese cargo. No creo que esta actuación beneficie al Gobierno, porque hay muchas denuncias e investigaciones internacionales.

¿Y qué respuesta han tenido por parte del Gobierno?

Ninguno de los familiares hemos tenido acceso al expediente ni a la sentencia escrita. No tenemos nada escrito. Hemos intentado documentar, ejercer, elaborar un poder proteger los bienes de mi hermano, para proteger su salud, pero no ha sido posible porque la fiscalía no ha permitido. El Gobierno no ha dicho nada sobre el caso. El presidente conoció a Carlos Lanz, conoció a Tito, pero nosotros no hemos recibido opinión del Gobierno.

¿La condena de su hermano puede llegar a ocultar la responsabilidad de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas?

Lo hemos pensado, pero este accionar de la fiscalía no beneficia al Gobierno. No le conviene una actuación que se ponga en entredicho porque después es el Estado el que tienen que rendir cuentas ante instancias internacionales.

Pero Venezuela ya no rinde cuentas ante organismos internacionales...

Sí, exactamente. Pero supongamos que es parte de acuerdo, de ser así sería un acuerdo de corto tiempo, porque esto no puede durar toda la vida. Quienes por alguna razón y de manera accidental, por ineficiencia en la investigación, nos hemos tenido que incorporar a investigar, nos estamos dando cuenta de vivimos una realidad muy lamentable en el país, muy triste, sobre todo porque porque fuimos activistas de primer momento de un proyecto en el que creímos y al que abrazamos, somos defensores de la Constitución de 1999.

¿Y qué siente usted ante esta situación?

Esta situación significa un golpe en la cara. Exige un proceso de revisión, de absoluta discusión sobre lo que pasó, dónde estuvieron los errores. Lo que se estamos viviendo es terrible. El proyecto político está secuestrado, le han sacado al país absolutamente todo lo bueno, desde la riqueza hasta la posibilidad de soñar.

¿Teme por por la vida de su hermano?

Temo por su integridad física, moral y por su vida. En el momento en que una persona es expuesta, con nombre apellido, con sus rostros, en una rueda de prensa sobre el caso, están convirtiendo una persona en delincuente, en el asesino más odiado del país, lo están convirtiendo en un criminal antes de un proceso. Entonces, en este momento hay un daño hecho, que nadie va a reponer.

¿Tiene miedo?

Sí, tenemos miedo. Yo tengo miedo. Para nosotros, los familiares, es una decisión difícil hablar porque tratamos siempre de cuidarnos, pero sobre todo de cuidar a la gente que está detenida. Tenemos miedo que le hagan algún daño, más allá del que ya le han hecho. Pero tenemos que hacerlo porque creemos en la necesidad de defender los derechos humanos, en este caso y en todos los demás.

Luis Fernando Camacho, líder de la oposición al gobierno de Luis Arce, quedó detenido este miércoles en La Paz después de ser trasladado en helicóptero por orden judicial. El gobernador del departamento de Santa Cruz permanece en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Flecc). La Fiscalía General informó que el arresto responde a la causa “golpe de Estado I”, un proceso judicial que investiga la presunta responsabilidad de diversos dirigentes políticos y sociales bolivianos en las masacres de 2019, que siguieron a las renuncias bajo presión de Evo Morales.

“La Policía boliviana dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del señor Luis Fernando Camacho”, publicó en sus redes sociales el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Además de esta causa, Camacho tiene numerosas denuncias en contra. En especial, varias han sido abiertas por los daños materiales y violaciones a los derechos humanos cometidos durante el 'Paro Cívico', que convocó el distrito que gobierna. La huelga general de 36 días le pedía al gobierno de Luis Arce la concretar el Censo para 2023, un año antes del programado desde La Paz.

En respuesta a la detención, la Gobernación de Santa Cruz emitió un comunicado donde describe el operativo policial ordenado por la Justicia como “absolutamente irregular” y sostiene que Camacho “ha sido secuestrado”. “El operativo del secuestro del gobernador se realizó en las calles aledañas a su domicilio cuando él regresaba luego de cumplir actividades de gestión”. Por su parte, la Fiscalía también ofreció sus detalles: la detención de Camacho no es “un secuestro o una persecución política” sino el corolario de una “orden de aprehensión” ya emitida en octubre de este año por un juez en La Paz.

La legalidad de la orden judicial es independiente de los vicios de fondo acumulados por el operativo. “Todo parece indicar que la Policía detuvo a Camacho sin leerle sus derechos, no se identificaron porque iban de civil, no le comunicaron la causa judicial pero sí la orden en virtud de la cual lo estaban deteniendo y lo llevaron en helicóptero hasta La Paz, sin pasar antes, como debían, por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz”, comenta a este medio el periodista argentino Alfredo Grieco y Bavio, responsable de la sección Mundo en elDiarioAR y años antes editor de Internacionales en el diario paceño La Razón.

Hasta la noche del miércoles, el presidente boliviano Luis Arce no se había pronunciado sobre la orden judicial ni sobre el consiguiente operativo policial. Sí lo hizo, en cambio, el expresidente Evo Morales. “Finalmente después de tres años, Luis Fernando Camacho responderá por el golpe de Estado que derivó en robos, persecuciones, detenciones y masacres del gobierno de facto. Confiamos en que esta decisión se sostendrá con la firmeza que demanda el clamor de justicia del pueblo”, dijo el expresidente en sus redes.

Quién es Luis Fernando Camacho

Luis Fernando Camacho lleva marcada en la piel su aversión por Evo Morales. El año previo a su elección como gobernador de Santa Cruz, el “macho Camacho” decidió tatuarse en su brazo derecho una cruz de la carta donde demandaba la renuncia de Evo Morales en 2019 y la fecha de renuncia del mandatario. “Decidí tatuarme, si bien no tenía tatuajes, la cruz con la carta dice ya somos libres y la fecha de renuncia de Evo Morales, quería que de alguna manera que me acompañe”, dijo en 2020 el empresario en una entrevista con No Mentiras.

Empresario en el departamento oriental de Santa Cruz, el más rico y más poblado de Bolivia, Camacho ganó visibilidad en 2019. Desde la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Camacho lideró las protestas que negaban los resultados del cuarto triunfo electoral consecutivo de Evo Morales. “Luis Fernando Camacho es uno de los máximos responsables de la ruptura del orden constitucional en 2019”, dijo en sus redes sociales el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, cercano a Evo Morales.

La detención de Camacho fue ordenada tras agotarse sin respuesta positiva las citaciones que se le hicieron desde los tribunales en dos oportunidades sucesivas para que se presentara y diera testimonio en la causa que busca determinar si es uno de los responsables, y sl io es en qué grado, de hechos delictivos que se cuentan entre las causas y consecuencias del golpe de Estado de 2019. Mismo proceso por el cual sigue arrestada la presidenta interina Jeanine Áñez.

“Más acá de cuanto ocurre y ocurra en Tribunales, hay una consecuencia política mayor e inevitable. Acaban de resucitar a un muerto, porque Camacho era uno de los peores gobernadores de Bolivia. Puede especularse también sobre qué hará la politizada Justicia Boliviana. Si un juzgado al que no convenzan ni los objetivos y mucho menos las formas debe decidir sobre el operativo policial, lo va a soltar. Ahondando la especulación lo hará con más ferocidad y felicidad el magistrado, si su línea política personal es evitista, para perjudicar al Arce”, dice Grieco y Bavio.

Hace menos de dos años, Camacho ganó la gobernación de Santa Cruz con más del 55% de los votos. Si bien su popularidad cayó en estos años, sigue siendo un actor de peso en la política regional del oriente del país. Rómulo Calvo, líder político cruceño aliado al gobernador, anunció en la noche del miércoles que responderán con una lucha “pacífica” por la liberación del gobernador. En declaraciones a los medios, Calvo le exigió a Luis Arce “la inmediata liberación” de Camacho, para “evitar la innecesaria confrontación que su Gobierno pretende instalar” en Santa Cruz.

Toma de aeropuertos e incendios

Los seguidores del gobernador, incluidos varios congresistas, tomaron el miércoles los dos aeropuertos del departamento. El objetivo era evitar el traslado del líder opositor a La Paz. En el aeropuerto internacional de Viru Viru en Santa Cruz los grupos movilizados ingresaron a la pista y subieron a los aviones para verificar que Camacho no estuviera en ningún vuelo, según EFE.

Los vuelos en Viru Viru quedaron suspendidos temporalmente. La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) anunció la interrupción de sus vuelos. “Debido al cierre del aeropuerto de Viru Viru por el ingreso irregular de personas ajenas a la operación, nuestras operaciones aéreas hacia y desde este aeropuerto han sido suspendidas temporalmente de acuerdo a NOTAM (restricción aeroportuaria); a fin de resguardar la seguridad de nuestros usuarios”, informó BoA.

Lo mismo ocurrió en el aeropuerto El Trompillo. La televisión local mostró cómo los manifestantes ingresaron con violencia hasta la pista y obligaron a desalojar a los militares que se encontraban en esa terminal aérea, que actualmente se emplea ante todo para operaciones militares, de instrucción y privadas. En ese mismo momento, grupos radicalizados se dirigieron a las instalaciones de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. En la puerta del edificio se dieron retrasos y quemaron parte de las oficinas. “El escenario ideal para Camacho es que las movilizaciones crezcan, así apelar a un discurso regional”, dice Bejarano.

En una noche de furia, el fuego y la violencia se extendieron en la capital cruceña se extendieron. Tras la aprehensión del gobernador, grupos autoconvocados ocuparon las rotondas y bloquearon el tránsito. Otro grupo numeroso se dirigió hacia el Comando Departamental de Policía. La represión de los uniformados desató la furia de grupos violentos. Antes del fin de la noche se habían incendiado tres inmuebles, dos instituciones públicas y el domicilio del ministro de Obras públicas, Edgar Montaño. 

“Es importante para la democracia boliviana que no se tolere la impunidad contra quienes promueven el fascismo, golpes de Estado y violación de los derechos humanos”, dijo este miércoles el presidente de Senado.

Camacho en la pelea de Evo con Arce

El arresto del principal líder opositor deja en evidencia las internas al interior del Movimiento al Socialismo (MAS). “Es una apuesta grande la que hace Luis Arce. Si le sale bien, podrá convertirse en el líder más importante del país”, dice a elDiario.es la periodista boliviana Susana Bejarano. “Por un lado, Arce podría descabezar a la oposición de la élite cruceña. Por el otro, dentro de la interna del MAS, todos aquellos discursos críticos a Arce, que pierden toda potencia con la aprehensión de Camacho. Todo esto, solo si le sale bien las cosas”.

Si las críticas del expresidente Morales apuntan a Arce, porque supuestamente el actual presidente “no ha actuado con suficiente dureza” para esclarecer las masacres de Senkata y Sacaba de 2019, la detención del gobernador de Santa Cruz llegaría para cerrar la distancia. La detención de Camacho se suma a la del expresidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Antonio Pumari, aliado político del gobernador de Santa Cruz, y a la de la expresidenta interina, Jeanine Añez. Esto podría ser leído por las filas de su propio espacio político como una manera de cerrar una deuda abierta hace tres años. “Eso dejaría muy fortalecido a Arce dentro del MAS”, dice Bejarano. 

Jeanine Áñez comparó este miércoles la detención del gobernador de Santa Cruz con su situación y dijo que el operativo policial fue un “secuestro”. Áñez responsabilizó al presidente Luis Arce y al expresidente Evo Morales de preparar “un megaoperativo policial/militar para secuestrar al gobernador Luis Fernando Camacho”. “El escenario ideal para Camacho es que las movilizaciones crezcan, así apelar a un discurso regional”, dice Bejarano.

“Por primera vez en la historia del MAS, una división interna ha enfrentado a una parte del movimiento, cuya cabeza es la más alta del gobierno, el exministro de Economía y actual presidente Luis Arce contra un MAS cismático, escindido de sí mismo tras acusar de traición al oficialismo gobernante por fuera de la administración del actual gobierno, porque su cabeza es el ex presidente Evo Morales”, analiza Grieco y Bavio. “Para el MAS ahora opositor, el MAS gobernante cometió una traición y el Estado Plurinacional está presidido por un traidor”.

La “traición” responde a un supuesto “pacto” entre el Gobierno y Santa Cruz para que el Comité Cívico local levante el paro y llegue a un entendimiento sobre la fecha de celebración del Censo nacional, postergada por la pandemia. “Cuán convincente le resulte al electorado boliviano, aun si la detención de Camacho, coronada por el buen éxito, sigue firme, hasta dónde llegará la resistencia que opondrá la Media Luna oriental ante una decisión que encuentra arbitraria, excesiva, inoportuna, en contra de un líder que sin embargo había dejado de encender entusiasmo, resulta difícil decirlo”, dice el periodista argentino.

Con información de la agencia EFE

AGB

“Los graves hechos ocurridos en Brasilia prueban que los llamados campamentos 'patriotas' se han convertido en incubadoras de terroristas”, denunció Flávio Dino, el nuevo ministro de Justicia de Brasil a partir del próximo domingo. La declaración llega después de que George Washington de Oliveira Sousa, un empresario de 54 años, fuera detenido el pasado sábado por la noche después de intentar explosionar un camión cargado de combustible en una zona cercana al aeropuerto internacional de Brasilia.

La intención del atacante era clara: generar caos. De esa manera, para el detenido, el atentado podría generar la necesidad de una intervención militar, que evitaría así la llegada de Lula al palacio de Planalto, según declaraciones De Oliveira Sousa difundidas este domingo. El ataque logró ser evitado por el escuadrón de explosivos del Batallón de Operaciones Especiales que desactivó los artefactos con una detonación controlada.

El arrestado está siendo investigado por terrorismo. Pero su caso no es aislado, ni opera en soledad. El acusado admitió que el atentado fue planeado por un grupo de seguidores de Jair Bolsonaro que están acampados frente al cuartel general del Ejército en Brasilia. “No permitiremos en Brasilia este tipo de manifestaciones que amenazan vidas, el derecho de las personas a ir y venir o incluso la propiedad”, declaró ante la prensa el jefe de la Policía Civil del Distrito Federal, Robson Cândido.

Qué son los campamentos “patriotas”

Las acampadas empezaron después de que Jair Bolsonaro decidiese no reconocer públicamente la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. Los campamentos son conocidos como “patriotas” por el uso de la bandera brasileña como símbolo de identificación y la apropiación de los símbolos nacionales para representar intereses partidarios. Los manifestantes cuestionan la derrota electoral de Jair Bolsonaro del 30 de octubre, por lo que piden una “intervención federal”, es decir, que los militares impidan el paso de mando y la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Estos grupos se concentran en las puertas de los cuarteles del Ejército de las distintas ciudades del país. Pero en Brasilia, los campamentos pacíficos pasaron a ser violentos. El 12 de diciembre, el día que el Tribunal Superior Electoral reconoció en Brasilia a Lula da Silva como el presidente electo de Brasil, los partidarios de Bolsonaro que se ubican frene al Cuartel General del Ejército en Brasilia, optaron por prender fuego a ómnibus, coches y atacar a la policía.

El explosivo detectado el pasado domingo supuso nuevo paso más en la violencia política. “Esto es algo que nunca ha existido en Brasilia y no permitiremos este tipo de manifestaciones que puedan afectar a las personas y la propiedad pública”, dijo el jefe de la Policía Civil del Distrito Federal. En la última semana, el Gobierno de transición ya pidió la detención de al menos 20 simpatizantes de Bolsonaro que acampaban en cuarteles, según Folha de São Paulo.

El equipo de transición de Lula espera que el domingo se reúnan alrededor de 300.000 personas en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia, para asistir a la juramentación del nuevo presiente. La programación incluye conciertos y, como es usual, el desfile del nuevo mandatario en un coche descapotable. Pero la agenda podría sufrir modificaciones hasta el mismo día del evento, según explicó el futuro ministro de Justicia, que dijo que “todos los procedimientos serán reevaluados, con miras a fortalecer la seguridad”.

Explosivos en Brasilia

Un día después de la detención de George Washington de Oliveira Sousa, miembros de la policía anunciaron que desactivaron una serie de artefactos explosivos encontrados en un pastizal en los alrededores de Brasilia, según informaron este lunes fuentes oficiales a EFE. Los medios locales aseguran que se trata de 40 kilos de explosivos, listos para la toma de posición del líder del PT. Las autoridades también encontraron en la zona varios chalecos antibalas.

El nuevo Gobierno confirmó que propondrá a las Fiscalía General y al Consejo Nacional del Ministerio Público crear grupos especiales “para combatir el terrorismo y el armamento irresponsable”. Por su parte, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó la detención de dos influencers bolsonaristas del canal Hipocritas, Oswaldo Eustáquio y Bismark Fugazza, por incitar a las manifestaciones que piden un golpe militar.

Flávio Dino dijo este lunes que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva debe anticiparse y evitar una “situación de inestabilidad” en el país. “Obviamente vamos a anticiparnos a ciertos actos, porque no puede haber un vacío de poder. Entonces esto no va a pasar, en el sentido de que ya en las primeras horas del día, vamos a tomar medidas para que no ocurra esta situación de inestabilidad”, dijo en una entrevista este lunes con GloboNews.

La responsabilidad de Bolsonaro

“Lo que me motivó a adquirir armas fueron las palabras del presidente Bolsonaro, quien siempre enfatizó la importancia de las armas civiles, diciendo lo siguiente: 'Un pueblo armado nunca será esclavizado'. También mi pasión por las armas que he tenido desde mi juventud”, declaró de Oliveira Sousa una vez detenido.

En la vivienda del sospechoso la Policía encontró dos escopetas, un fusil, dos revólveres, tres pistolas, un millar de municiones, uniformes camuflados y cinco emulsiones explosivas usadas en minería y similares a la que equipaba el artefacto que fue desactivado. Jair Bolsonaro, si bien habilitó la conformación del equipo de transición, nunca reconoció su derrota. De hecho, insistió en la presentación de denuncias infundadas sobre el sistema de votación en Brasil.

Pero el Tribunal Electoral rechazó una denuncia presentada por el partido de Bolsonaro, el Partido Liberal, que buscaban impugnar la segunda vuelta presidencial. “No hay pacto político posible y no habrá amnistía para los terroristas, sus partidarios y financistas”, dijo el futuro ministro de Justicia de Brasil.

La tarde del miércoles 7 de diciembre, el Congreso peruano se disponía a someter a votación la vacancia del presidente por “incapacidad moral permanente”. Pero Pedro Castillo se se adelantó. Esa mañana el presidente se había dirigido al país y anunciado la disolución del Congreso, la convocatoria de elecciones en menos de 9 meses, y el gobierno por decreto hasta entonces. Había leído por una vía de comunicación estatal un texto de redacción 'torpe' y 'desesperada'. Al incumplir pasos y procedimientos requeridos, quedaba viciada la potestad presidencial de disolver el Congreso, contemplada por la Constitución fujimorista de 1993, después de que el Ejecutivo sufriera dos mociones de censura legislativas contra el gobieno que aspiraba formar. Las FFAA no respondieron. Tampoco los congresistas, ni su vicepresidenta primera, ni gran parte de sus ministros. En solo unas horas, el legislativo reaccionó con una nueva moción, en este caso por “rebelión”, que terminó con su mandato. Esa misma tarde, Castillo quedó detenido.

“La desesperación, a causa del acorralamiento de la Justicia que lo investiga por actos de corrupción, y su torpeza llevaron a Castillo cometer un acto de esta naturaleza”, dice Roberto Pereira, abogado por la Pontificia Universidad Católica (PUC) del Perú, especializado en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona.

Pereira tiene experiencia en el tema. Hace dos años, defendió al expresidente Martín Vizcarra en el primer proceso de vacancia instruido en su contra. Un mes después, en octubre de 2020, fue admitida una segunda moción de vacancia en el Congreso unicameral. Sometida a votación, la destitución de Vizcarra fue decidida por 105 votos.

La Justicia dictó prisión preventiva de 18 meses para Pedro Castillo. ¿Por qué cree que la Corte Suprema avaló esa decisión?

En primer lugar, la Justicia peruana confirmó que existen elementos suficientes que podrían acreditar el delito de rebelión. En segundo lugar, la decisión significa que para la Justicia peruana existe un alto riesgo de que Castillo se fugue. Por esa razón, dictó una prisión preventiva de 18 meses, está considerando la etapa de investigación e incluso de juzgamiento. De todos modos, la decisión de la Corte Suprema está pendiente de ser revisada en una segunda instancia. Pero todo indica que será confirmada.

¿El delito de rebelión responde a una violación del Código Penal o de la Constitución?

El delito de rebelión está contenido en el Código Penal basado en los principios de la Constitución. El presidente, que es a su vez el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, si dice 'disuelvo el Congreso, cierro el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial', genera una pretensión de ejecución de esa orden, porque es alguien que tiene a su disposición todo el poder de fuego del Estado. Por lo tanto, esa conducta como tal ya configura el delito de rebelión. No es una simple declaración la de Castillo, como lo ha pretendido plantear su defensa, sino que es un claro acto de alejamiento y rompimiento del orden constitucional.

¿Fue un intento fallido de “autogolpe de Estado” porque las Fuerzas Armadas y la Policía no respondieron al llamado del presidente?

Así es. Si bien el tema está en una etapa de investigación preliminar, todo indica que Castillo tuvo información de que algunos sectores de las Fuerzas Armadas podían acompañar en esta intentona. Lo cual no ocurrió. También en este momento están investigando si después del discurso el presidente llamó a algunos algunos mandos policiales y castrenses para ejecutar esas instrucciones. El tema está todavía siendo investigado.

¿Fue inmediato el rechazo de los distintos poderes del Estado al discurso del presidente?

Sí, luego del discurso hubo un rechazo unánime de todas las instituciones del Estado, con pronunciamientos públicos. La presidenta del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, la Junta de Fiscales Supremos, la Junta Nacional de Justicia, rechazaron el golpe de Estado y, a los pocos minutos, también lo hizo lo propio el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces es claro que cualquier promesa de que el Ejército iba a acompañar, al final no se cumplió y quedó desactivada.

¿Fue un error de cálculo del expresidente?

En primer lugar, creo que es un acto de desesperación, de impotencia ante las abrumadoras evidencias de vinculación del presidente y su entorno familiar con actos de corrupción. En segundo lugar, ha sido un acto de torpeza, que lo ha evidenciado desde el primer día que entró al poder. Todas las declaraciones públicas que ha hecho Castillo son conocidas a nivel mundial por un desatino tremendo. La desesperación, a causa del acorralamiento de la Justicia que lo investiga por actos de corrupción, y su torpeza llevaron a Castillo a cometer un acto de esta naturaleza.

¿Es comparable la decisión de disolver el Congreso de Castillo con la de Alberto Fujimori de 1992?

La única similitud que encuentro es en el contenido del discurso. En el caso de Fujimori, cuando leyó un 5 de abril un discurso similar al de Castillo, ya tenía los tanques en las calles, habían tomado los medios de comunicación. Entonces es evidente que este señor no ha tenido ni la más mínima diligencia de un buen golpista, porque Castillo es una persona bastante limitada en su comprensión y en su valoración de la realidad.

¿En qué se diferencian?

En primer lugar, en el contexto. En el caso de Fujimori el país estaba pasando en una crisis tremenda, con el terrorismo en las puertas de Lima. La crisis económica era espantosa. Entonces, la demanda por un gobernante fuerte, de un gobernante autoritario, era bien recibida en los sectores populares. Por otro lado, la popularidad que tenía Fujimori era altísima. Cuando Fujimori dio el golpe de Estado la población lo apoyó, mucha gente salió a apoyarlo. Y en tercer lugar, Fujimori planificó el golpe. Utilizó a las Fuerzas Armadas, contó con la Policía Nacional, si bien después tuvo que retroceder por la presión internacional. Lo que hizo Castillo no tiene nada que ver con el golpe de Fujimori. Por eso es que el 99% de personas estamos absolutamente sorprendidas por lo que ocurrió. Nos parece una decisión absurda, un salto al vacío, lo que hizo Castillo.

El expresidente recibió el respaldo de algunos gobiernos de izquierda de América Latina. ¿Tiene que ver con el desconocimiento sobre lo que pasa en Perú?

Ha habido izquierdas que han marcado distancia, como la chilena, por ejemplo. Pero creo que hay peligrosa simpatía de estos gobiernos con regímenes de izquierda anti-democráticos. Me da la impresión que no conocen la profundidad, los detalles, de lo que está detrás de de Castillo.

Usted ha tenido la oportunidad de defender a Martín Vizcarra ante la primera petición de vacancia del expresidente. ¿Qué representa esta figura legal para la política peruana?

Esa es una figura legal que está presente en la Constitución, en una Constitución con instituciones del siglo XIX, como la vacancia, que han quedado obsoleta. Es una cláusula que se había usado una sola vez, en el caso de Fujimori en 2000, sin mucha discusión. Lo que ha ocurrido en el Perú es que desde el 2016 el sistema político ha entrado a una crisis generalizada, que desencadenó fenómenos políticos muy profundos. En un contexto así, la política recurre a figuras que están pensadas para escenarios más concretos, más predecibles. Por ejemplo, en el caso de Castillo, ni bien dio el discurso, el Congreso tramitó una moción de vacancia por incapacidad moral de manera justificada. En ese caso, lo que estás haciendo es defender al sistema democrático. Pero creo que la herramienta de la vacancia está herida de muerte, porque ha demostrado que puede ser utilizada para el abuso, como en el caso de Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, y puede ser utilizada para situaciones realmente justificadas, como en el caso de Pedro Castillo.

¿Piensa que es un riesgo?

En un riesgo que traté de advertir en ese momento. En primer lugar, el de no tener una primera una interpretación jurídica adecuada a esta figura. Pero sobre todo por no requerir de responsabilidad política, porque finalmente estos son procesos políticos, no tienen un componente solamente jurídico. La decisión que prima es una decisión política, si el político no tiene la responsabilidad de tomar decisiones que no vayan luego a generar costos mayores, creo que es igual de igual de peligroso.

¿Es posible gobernar en Perú?

Es una gran pregunta. Es muy difícil la gobernabilidad en el Perú porque los actores políticos se han empobrecido. Es decir, los partidos políticos y las organizaciones políticas se han debilitado, no tienen cuadros. Entonces se han convertido en cascarones que comercializan la candidaturas. Eso ha paralizado demasiado la política en el Perú. Si le sumamos que además las reglas que ordenan la política no están diseñadas para esta época, porque quedan antiguas, porque son obsoletas y no responden a esta realidad, tienes un cóctel peligroso.

¿Cuál cree que va a ser la estrategia de la defensa de Pedro Castillo?

Pienso que ellos van a van a tener dos líneas argumentativas. La primera, van a tratar de decir que el procedimiento es nulo porque se destituyó a Castillo a través de un procedimiento que no está previsto. Y la segunda línea dirá que fue solo un discurso, que no hubo ninguna voluntad de quebrar el orden democrático, que esto ha sido simplemente un error del presidente, que ha habido ningún tanque. Pero esa tesis está destinada a fracaso, porque la Corte Suprema ha delimitado cuál es el ámbito relevante del delito de rebelión y por lo tanto, el simple discurso del presidente, en esas condiciones y con ese contenido, ya califica como delito.

Usted ha dicho que el 2016 es donde empieza la crisis. ¿Fue en el momento en que Keiko Fujimori no reconoce la victoria de Pedro Pablo Kuczynski?

Sí, en 2016 empieza la crisis política que tenemos ahora. Cuando Keiko no reconoce el resultado, asume una posición muy agresiva hacia el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski desde el Congreso, que finalmente desembocó en el primero intento de vacancia fallido y luego en una renuncia con una amenaza de vacancia de por medio. Eso hace muy difícil que pueda sostenerse un gobierno en el tiempo. En el Perú no hemos logrado un sistema político responsable, serio, maduro. Las reglas que tenemos no ayudan porque son reglas demasiado rígidas, para una realidad donde la política está marcada por la corrupción. Entonces, ahí se produce el cortocircuito. Esto desencadena lo que ya conocemos, una ingobernabilidad que nos viene afectando desde hace años.

¿Puede este contexto favorecer a Keiko Fujimori como una figura fuerte en medio del caos?

No, no creo. Ella no representa una figura fuerte. De hecho, si ella pretendiese hacer eso, tiene dos problemas. El primero, es que la gente recuerda que esta crisis comienza con ella, con su actitud frente al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, donde tuvo 72 parlamentarios que prácticamente apalearon a ese Gobierno. Y en segundo lugar, Keiko tiene un proceso judicial por lavado de activos y perdió tres veces las elecciones a presidenta, hasta con Pedro Castillo. Pienso que no tiene ninguna posibilidad, por lo menos en el corto plazo.

AGB

Miles de peruanos salieron este lunes a pedir la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte. También demandaron la disolución del Congreso, la liberación de Pedro Castillo y un adelanto de las elecciones. La secuencia parece repetir los pasos que terminaron con el breve gobierno de Manuel Merino, presidente por solo cinco días en 2020, después de que el Congreso destituyera a Martín Vizcarra.

Los enfrentamientos más violentos tuvieron lugar en el sur del país, en especial en los departamentos de Apurímac y Arequipa. La Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, informó en la noche del lunes que al menos siete personas murieron en las protestas, en poco más de 24 horas. “Es una avalancha de información con sangre e heridos de por medio”, ha dicho Revollar.

La presidenta Boluarte presentó este lunes ante el Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones a abril de 2024. El expresidente Castillo divulgó una carta donde asegura que no renuncia a su puesto de presidente: “Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente, y que no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones”.

Protestas, reclamos y represión

Las rutas peruanas amanecieron el lunes cortadas en al menos 25 puntos del país, según informó la Policía Nacional. Los cortes estuvieron liderados por manifestantes con demandas diversas. Para Adriana Urrutia Pozzi-Escot, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, “es preciso territorializar las demandas” para entenderlas.

El gobierno peruano decretó este lunes el estado de emergencia por 60 días en siete provincias del departamento de Apurímac, centro de las protestas, donde piden la destitución de la presidenta. Las regiones del sur son aquellas donde el expresidente Castillo tiene más apoyo, en especial en los departamentos de Arequipa, donde queda ubicado el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, que terminó siendo tomado por los manifestantes.

“Nuestro aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de la ciudad de Arequipa ha sido invadido por un grupo de manifestantes que han ingresado mediante el cerco perimétrico, destruyendo la infraestructura de seguridad e incendiando la caseta de control, lo que ha puesto en riesgo la seguridad de los pasajeros, nuestro equipo y las operaciones aéreas”, anunció el operador Aeropuertos Andinos del Perú.

La Policía y miembros del Ejército responden a la orden de los ministros de Interior y Defensa para recuperar el orden. El ministro de Defensa, Alberto Otárola, dijo este lunes a RPP que “se va a imponer el orden, el principio de autoridad” en el país. “No vamos a aceptar que se siga afectando los bienes públicos y particulares”, remarcó antes de señalar que las fuerzas de seguridad actuarán “respetando la integridad de las personas y sin el uso de armas letales”.

Para “la escala de violencia es responsabilidad del Gobierno”. Para Adriana Urrutia Pozzi-Escot, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, “las autoridades no han sabido tomar acciones para evitar la escalada de violencia de manera oportuna”. “En el resto del país se han observado acciones de parte de prefectos que han sido hoy removidos de su cargo por el ministro del Interior”.

Este fin de semana, varias personas han quedado heridas y al menos dos jóvenes murieron. El primero, un menor de 15 años, identificado por las iniciales D.A.Q. El segundo, Becam Romario Quispe Garfias, de 18 años, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. La organización internacional Human Rights Watch pidió la fiscalía peruana avanzar con una “investigación minuciosa, imparcial y sin demora de todos los casos”.

El pleno del Congreso deberá reunirse este lunes a las 14 horas de Lima [16 en Buenos Aires] para escuchar las palabras del primer ministro de Perú, Pedro Angulo, y los ministros de Interior y Defensa, para informar “sobre los hechos de violencia”, donde al menos dos manifestantes murieron el fin de semana.

Reforma política y nuevas elecciones

Boluarte presentó ante el Congreso en la tarde del lunes un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024. “Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la república para adelantar las elecciones generales para abril del 2024”, anunció Boluarte. También agregó que será el Ejecutivo quien envíe al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones, para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Legislativo.

Según aclaró Boluarte, la aprobación del adelanto necesita de reformas constitucionales que deben ser aprobadas por el Congreso. “En el lapso de la hora actual hasta la fecha de realización de las Elecciones Generales anticipadas, mi gobierno promoverá, asimismo, la concertación en el Congreso de la República de una ley de Reforma del Sistema Político”.

Pero además, el Gobierno planea presentar ante el Congreso una reforma política que incluya el delito de corrupción como una causal para destituir a un presidente, anunció este lunes el ministro de Defensa, Alberto Otárola. “Vamos a proponer que se agregue una cláusula al artículo 117 de la Constitución que contemple esta posibilidad”, dijo este lunes Otárola en el Canal N.

Hasta el momento, el artículo 117 determina cuatro causales por las que un presidente en funciones puede ser destituido, entre los que se encuentran traición a la patria o impedir el funcionamiento del Congreso, pero no corrupción ni delitos comunes. También podría instaurarse un Congreso con dos cámaras, aplicarse la reforma del sistema de partidos, la ampliación de la representación popular y la regulación del referéndum además de la figura legal de “vacancia por incapacidad moral” para los presidentes.

El presidente del Congreso, José Williams, en la noche del domingo anunció que el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones será tratado este miércoles en la sesión del Consejo Directivo del Congreso. En esa misma declaración, Williams convocó a los ministros de Defensa e Interior para responder ante el pleno del Congreso sobre el accionar de la Policía Nacional en las regiones de Apurímac, Arequipa e Ica, ubicada al sur del país.

Castillo acusado de “rebelión”

El expresidente Pedro Castillo permanece detenido, después de ser destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia. La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó este lunes ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Castillo y tres de sus ministros por delitos de “rebelión” y “conspiración”.

En el documento, al que ha accedido la agencia EFE, la Fiscalía acusa a Castillo de “presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional-rebelión”. Además de haber atentado contra “los poderes del Estado y el orden constitucional-conspiración”. El documento ha sido presentado por la Fiscalía ante el Congreso, después de que el Legislativo aprobara en la madrugada del lunes una resolución que autoriza a levantar la inmunidad que le garantizan los fueros a los expresidentes.

El expresidente Castillo difundió este lunes mediante sus redes sociales una carta escrita a mano donde asegura que es “incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional” que ostenta como presidente y que no renuncia a su cargo. En el comunicado hace referencia sin nombrarla a Boluarte “usurpadora”, que “no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista. Por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones”.

Respaldo regional

Los gobiernos de México, Argentina, Bolivia y Colombia emitieron este lunes una nota conjunta donde expresaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de Pedro Castillo”, al que aún consideran presidente. “Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”, dice el comunicado.

Pedro Castillo “recibe un trato adecuado, conforme a lo regulado en el ordenamiento jurídico, no evidenciándose vulneración a sus derechos como una persona detenida, desde hace cinco días”, aseguró la Defensoría del Pueblo en un comunicado.

Para Carlos Manuel Álvarez, periodista de 33 años, radicado en Estados Unidos, como para gran parte de los profesionales cubanos que decidieron salir del país, cada día es una oportunidad para renovar su relación con Cuba desde el exilio. Siempre comprometidos con la política cubana, de lo que se trata es de poder denunciar desde el exterior lo que sucede allí. “Acabo de terminar un libro. Y me he sacado todo. Es un proceso de luto”, dice el escritor cubano, que el año pasado publicó su segunda novela 'Falsa Guerra', sobre el exilio.

Hace una semana se cumplieron dos años de la protesta del 27-N, cuando decenas de artistas se sentaron frente al Ministerio de Cultura para pedir por la libertad de expresión, en protesta por la detención de integrantes del Movimiento San Isidro. Esa manifestación resultó ser la antesala de las movilizaciones del 11 de julio de 2021, las mayores protestas antigubernamentales en las últimas décadas. Hoy, gran parte de los exponentes de las protestas debieron dejar la isla presionados por el Gobierno.

El caso de Abraham Jiménez Enoa es similar. Para el periodista cubano, de 34 años, columnista del Washington Post, el desafío es reinventarse después de salir de la isla y que “Cuba no me consuma”. “Uno empieza a desarrollar una especie de aversión por todo lo relacionado con Cuba por más que uno siga trabajando con el tema”. Para Abraham, ha sido necesario tomar un descanso, pero no para cortar con la isla sino para darle un nuevo lugar en su vida. “Cuando estás adentro, no te das cuenta, pero estás todo el tiempo batallando y uno sale muy cansado. Ahí viene el hartazgo. Esto no quiere decir que uno no quiera saber más nada de Cuba. Todo lo contrario. Pero sí ubicarla en otro lugar, para que no me consuma, incluso en lo profesional”.

El modo traumático en que gran parte de los cubanos dejan la isla –que incluyen amenazas, salidas de urgencia y respuestas intimidatorias por parte del Gobierno– deja secuelas en la vida que tardan en cerrar. También ayuda a crear un molde histórico del exiliado cubano, al que Abraham llama el “exilio recalcitrante”, que se alimenta de la rivalidad con el Gobierno de Cuba y se necesitan mutuamente para seguir existiendo. “Yo no pretendo desmarcarme de ese modelo, simplemente soy distinto. Decidí asumir mi exilio de otra manera”.

Exilio cubano

La idea del “exiliado cubano” es para muchos un “lugar común que asusta”. “Cuando sales al mundo liberal, te conviertes en el testigo del comunismo. Pasas a ser alguien que está destinado a hablar de sus males, desde un lugar de víctima”, dice Carlos Manuel. El reto para la mayoría es crear una vida en la relación con Cuba y más allá de ella. “No tiene espacio para constituirse en sujeto de todas partes. Ya son líneas de sentido que llevan muchas décadas”.

Los profesionales más jóvenes decidieron irse de Cuba sin siquiera saber que estaban dejando la isla para toda la vida, sin posibilidad de volver. Otros lo hicieron presionados por un ultimátum del Gobierno, obligados a salir de inmediato y con lo puesto, para evitar quedar detenidos. Todos ellos se enfrentan a la difícil tarea de construir una identidad más allá de la política cubana, cuando esta parece atravesarlo todo.

Marta, periodista de 46 años, se “muere por volver” aunque no puede. Para Marta es importante diferenciar la distancia que busca reubicar el lugar de Cuba en la vida de un exiliado del “silencio cómplice”. “Es riesgosa la actitud de hastío. Esa actitud de no me importa me parece un silencio cómplice. En un momento clave no se puede seguir en silencio, ni mirando para otro lado. Tiene que haber un proceso de reparación y de justicia”, dice Marta.

Pero son muchos los jóvenes que buscan construir una posición comprometida y un reclamo por las violaciones a los derechos humanos en la isla pero desde otro lugar. “Eso termina por generar un obsesión con el derrocamiento del Gobierno cubano que sí, todos queremos eso, pero la vida va más allá. Si de algo han pecado algunos los activistas cubanos es de haber intentado impulsar los cambios siempre intentados desde una misma vía, una misma estrategia, porque no conocen otra realidad”, dice Abraham, uno de los últimos periodistas independientes en haber dejado la isla.

Rafael Ramírez es un hombre de peso en el chavismo venezolano. Ministro de Petróleo de 2002 al 2014, presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por más de una década, canciller en 2014 y embajador ante la ONU por Nicolás Maduro hasta el 2017, ha sido una de las persona de máxima confianza del expresidente Hugo Chávez. Ramírez renunció al poder en el momento en que el Tribunal Supremo de Justicia decidió entregarle las atribuciones de la Asamblea Nacional al presidente en 2017, lo que desencadenó una serie de protestas violentas que fueron reprimidas con brutalidad por las fuerzas de seguridad del Estado. Ramírez cuenta que dejó el poder para exiliarse en Roma, donde vive en condición de refugiado político, después de cuestionar la reacción del Gobierno.

El expresidente de Pdvsa, que enfrenta una denuncia por malversación de fondos y manipulación de licitaciones para contratos petroleros en Venezuela, decide hablar por primera vez desde de que la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvo a su hermano. “El gobierno es represivo y usa la justicia como instrumento de persecución”, dice Ramírez y pide a la comunidad internacional que levante la voz para exigirle a Maduro que respete los derechos humanos. Una semana después de la licencia que Estados Unidos le otorgó a Chevron para volver a operar en Venezuela, el ministro de Petróleo de Chávez dice estar convencido de que el acuerdo no mejorará la situación económica. “En los países petroleros, siempre se ha usado el petróleo para obtener apoyo político”.

Estados Unidos habilitó a Chevron a volver a trabajar con Pdvsa. ¿Puede esta decisión mejorar la economía venezolana?

No va a incidir en nada. No creo que vaya a mejorar la situación de Venezuela, porque los términos de esta licencia son contrarios a la Ley Orgánica Hidrocarburos. Primero, porque establece que Chevron operará en Venezuela por su cuenta, desconociendo la figura de las empresas mixtas, que es la única figura que establece la ley en nuestra Constitución para permitir la participación de los privados. El petróleo está reservado al Estado venezolano. En consecuencia, solo pueden participar los privados si están en empresas mixtas con Pdvsa. Lo segundo es que la licencia le prohíbe de manera expresa a Chevron a pagar impuestos y regalías al gobierno de Venezuela. Eso es muy grave porque, siendo el Estado venezolano propietario del petróleo, cada barril que se saca del país tiene que pagar una regalía, es la tasa que corresponde al dueño del petróleo. El último elemento es que Chevron está autorizado a comercializar el petróleo solo con Estados Unidos. Eso va en contra lo que dice la Ley Comercialización, que establece que el petróleo es monopolio del Estado venezolano y lo podemos vender a donde sea.

Si no beneficia a Venezuela, ¿por qué Maduro permitió ese acuerdo?

Porque Maduro está desesperado por obtener legitimidad, por conseguir apoyo político. No es primera vez que pasa en el país. En 1920, el dictador Juan Vicente Gómez, después de recibir el apoyo militar de los americanos, les entregó todo el petróleo. En los países petroleros, siempre se ha usado el petróleo para obtener apoyo político. Eso es lo que está queriendo hacer Maduro.

Este acuerdo llega después de la reapertura del diálogo entre el Gobierno y un sector de la oposición. ¿Piensa que el gobierno de Venezuela consigue hablar con Estados Unidos mediante la oposición?

El lobby de Chevron ha permeado tanto en sectores del Gobierno como en la oposición. Con la mesa de México, lo que se instaló ha sido una mesa de co-gobierno. No es que estos sectores de la oposición, que han aceptado el diálogo, estén llegando a acuerdos. Hay que entender que en Venezuela el petróleo es todo. El 90% de los ingresos del país son ingresos petroleros, tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y si Venezuela no las aprovecha para su propio desarrollo, lo aprovecharán las transnacionales, que es lo que está haciendo ahora Chevron.

¿Este acercamiento de Venezuela con Estados Unidos puede darle aire a Maduro?

Yo no veo que haya un acercamiento con los Estados Unidos. Lo que noto es una decisión del gobierno de Estados Unidos a favor de Chevron. Estas no son relaciones políticas.

Pero previo a la licencia emitida por el Tesoro, Estados Unidos no reconocían a Maduro...

No lo reconoce ahora tampoco. Lo que hace es habilitar a sus empresas a que hagan dinero. Existe una gran cantidad de tenedores de bonos norteamericanos, que están haciendo lobby en Washington, que lo que buscan es cobrar esos bonos. Venezuela no es prioridad para Estados Unidos.

Usted cuestiona la reapertura del diálogo en México. Si no es el diálogo el camino para avanzar en la recuperación democrática, ¿cuál es?

Yo estuve en el Consejo de Seguridad durante dos años. En los conflictos más cruentos siempre he estado de acuerdo con el diálogo político. Pero el diálogo político no puede ser un cheque en blanco al poderoso. Tienes que poner condiciones para el diálogo. En esa mesa están los representantes de las élites políticas pero ahí no hay pueblo. Debería haber trabajadores, un representante de la Iglesia, defensores de los derechos humanos. Es un diálogo nacional, no un diálogo entre élites, porque de esa manera es un diálogo secreto. En México se podrán poner de acuerdo entre las élites, pero eso no va a resolver los problemas del país.

Usted ha estado al frente de Pdvsa por 10 años. ¿De qué manera explica que la producción de petróleo en Venezuela hoy no supere los 700.000 barriles diarios cuando en 1998 producían por encima de los 3.5 millones?

Yo estuve diez años presidente de Pdvsa. En enero del 2003 producíamos solo 25.000 barriles. Imagínate, un desastre. Nosotros levantamos la producción, estabilizamos la industria petrolera durante 12 años. Siempre con una producción de tres millones diarios, que es lo que estaba en el marco de nuestra nuestra cuota de la OPEP. Lo que pasó a partir del 2014, es que Maduro intervino Pdvsa, para hacerse con los fondos que había en la empresa, para propósitos distintos a la producción de petróleo. Una empresa que manejaba anualmente 40.000 millones de dólares de presupuesto es un gran negocio para el Estado. En 2013 entregamos al Estado 120.000 millones de dólares. Eso es lo que sostenía el país. Esta gente entró, tomó control de la vicepresidencia de Finanzas de la empresa, con un señor llamado Erick Malpica, que es sobrino de Maduro y usaron los fondos de la empresa para otras cosas. Lo he denunciado y por eso me han perseguido.

Imaginemos que en las próximas elecciones gana la oposición. ¿Qué puede llegar a encontrar en Pdvsa?

Encontrarán una empresa desmantelada, de la que se han ido 30.000 de nuestros mejores muchachos, una empresa que ha sido vendida en pedazos a los privados. Lo primero que habría que hacer es establecer todo el marco legal de nuestra industria petrolera. Hay una cantidad de contratos que se han dado que son ilegales. Todo eso hay que eliminarlo y hacer nuevos marcos legales con los privados. Lo segundo es recuperar nuestros mejores trabajadores y el conocimiento petrolero que está en el país o que está afuera, hacerle un llamado a que se incorporen. Y lo tercero es hacer una estrategia para recuperar la producción en las mejores áreas, en las que generan más productividad.

¿Y en el manejo de las cuentas?

Durante toda mi gestión siempre emitiendo los estados financieros auditados. Así que si tú quieres revisar qué pasó en la industria durante los diez años que estuvo al frente, lo puedes ver. Pero Maduro, inmediatamente tomó el control de la empresa en 2016, no emitió ningún otro estados financieros auditado. Entonces habrá que auditar nuevamente todo, con el objetivo de saber qué pasó.

El gobierno de Venezuela lo acusa de haberse quedado con 4.850 millones de dólares de Pdvsa. ¿Cuál es su respuesta?

En Venezuela ha sucedido el 'lawfare' [persecución judicial] mucho más que en Argentina. Es decir, han utilizado a la justicia para la persecución política como han hecho con Cristina, con Rafael Correa, con Lula. Esta gente quería sacarme de la conciencia del pueblo, quería hacerme daño y de lo único que se les ocurrió acusarme es de corrupción. Pero ellos no han demostrado nada, no tienen ni una prueba de lo que denuncian. Yo estoy exiliado en Italia, donde tengo estatus de refugiado político.

¿Han investigado a sus familiares?

Sí, también persiguen a mi esposa. El pasado 13 de septiembre, la Dirección de Contrainteligencia Militar se llevó preso a mi hermano Fidel Ramírez, un médico que lo único que hizo ha sido ayudar al presidente Cávez en el diagnóstico del cáncer. El gobierno es represivo y usa la justicia como instrumento de persecución. Esto es importante que se sepa en Argentina, porque ahora el presidente Alberto Fernández es copartícipe de lo que pasa en Venezuela porque él, junto con Gustavo Petro, promovió el diálogo. Pero un tema crucial que debe impulsar la Argentina, habiendo sufrido los terribles episodios de violación a los derechos humanos en la dictadura, es exigir que Venezuela respete los derechos humanos.

Usted menciona el 'lawfare', una expresión que en América Latina la usan los sectores de izquierda. ¿Dónde queda ubicada Venezuela?

El gobierno de Nicolás Maduro no es un gobierno de izquierda, ni un gobierno chavista. Yo he visto cómo la izquierda en Argentina está dándole la solidaridad automática a Maduro. Pero Maduro no tiene nada que ver ni con Chávez ni con la Revolución Bolivariana. Maduro se convirtió en un dictador, que ha acabado con todas las conquistas sociales que alcanzamos en el período con Chávez. La Alta Comisionada de los Derechos Humanos ha registrado en más de 460 entrevistas la violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela. No se puede apoyar a un gobierno con esas características.

¿Qué papel ocupa el fiscal general Tarek William Saab?

El fiscal general está señalado en todos sus informes como corresponsable y cómplice en los crímenes de lesa humanidad. Por eso Alberto Fernández no puede decir que son acciones motivadas políticamente, son crímenes de lesa humanidad los que están investigados.

La justicia de Venezuela hizo un pedido extradición en su contra. Italia lo rechazó. ¿Puede cambiar su situación?

Estoy seguro en Italia. Lo único que hemos detectado es que aquí el gobierno de Maduro ha enviado grupos de captura. Aquí tengo seguimientos por los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Pero bueno, estamos tomando todas las previsiones para cuidarnos.

¿Usted fue desplazado por Maduro en 2017?

No, yo no fui desplazado. Yo renuncié en diciembre del 2017 a mi puesto como embajador ante las Naciones Unidas, porque no estuve de acuerdo con la terrible represión con la que el gobierno respondió a las manifestaciones en las calles del país. Ese mismo año, murieron más de 130 muchachos. Diga lo que se digan, que eran manifestantes violentos, el Estado que tiene el monopolio del uso de la fuerza, tiene a las Fuerzas Armadas, no puede matar a 130 personas en la calle. Eso nunca había pasado en el país y por supuesto nunca hubiese pasado con Chávez. Entonces decidí, sabiendo que me iba a venir encima toda la persecución encima, decidí renunciar y no volver a mi país.

¿Qué cree que debería pasar en Venezuela?

Nicolás Maduro, sin duda, tiene que salir del gobierno. Un gobierno que ha sido el peor de nuestra historia. Se han desmoronado todas las conquistas sociales del país, no solo las de Chávez, sino las anteriores. Venezuela siempre ha sido un país democrático y avanzado socialmente.

“Salir”, ¿de qué manera?

Salir por la Constitución. Nosotros queremos que se cumpla la Constitución: las elecciones, el referéndum revocatorio. La Constitución que promovió el presidente Chávez tiene los mecanismos para que los pueblos puedan quitarse de encima al gobierno. Pero la presión internacional tiene que crecer, para que Maduro permita las elecciones libres, para que deje la persecución política. No puede haber elecciones solo con la gente que quiera Maduro o Diosdado. Después el pueblo venezolano se encargará de defender esos resultados en la calle.

¿El chavismo que usted describe dependía de una sola persona como Hugo Chávez?

Lamentablemente, sí. Dadas las características de nuestro movimiento político, dependía de Chávez. Definitivamente dependía de Chávez, porque el movimiento bolivariano no era un movimiento que tenía una definición ideológica fuerte, sino que se fue construyendo con él. Y claro, dependía de un equipo cercano a Chávez.

¿Por qué cree que Maduro no quiere dejar el poder? ¿Tiene miedo a lo que pueda llegar a pasar después?

Ellos saben que han cometido tantos crímenes que tendrán que rendir cuenta ante la justicia. Me imagino que ellos quieren lograr una transición como la de Chile, donde se respete su seguridad y su integridad. Pero lo veo muy difícil. Ellos van a tener que irse a otro país, a Cuba o Corea del Norte. No sé. Pero han hecho mucho daño. Es muy triste ver cómo esta gente ha convertido un sueño hermoso, como el chavismo, en una pesadilla.

¿Y qué responsabilidad tienen ustedes, como un sector diferente dentro del chavismo, en no haber podido evitar esta situación?

No se pudo. Traté de hacerlo. Fui al congreso del partido en el 2014 para decir que estamos ante una situación compleja, que había que tomar un conjunto de medidas, pero no había discusión. Después mi intervención en este Congreso, fui destituido de Pdvsa y enviado a Cancillería. Fui sacado del país. Todo el que intentaba llevar una discusión, lo iban metiendo preso. No hubo manera. No nos dimos cuenta, no pudimos reaccionar a que se estaba generando un grupo que asaltó el poder muy rápido.

En las últimas elecciones presidenciales de Perú, Marco Sifuentes, de 43 años, periodista y director de La Encerrona, uno de los 10 podcast de actualidad más escuchados del país, entrevistó a 17 de los 18 candidatos a presidente. Pero uno le llamó la atención por la poca capacidad y falta de carisma: Pedro Castillo. “Era el peor de todos, el menos preparado”, dice el autor de Perú Bizarro, libro publicado a mediados de este año, que revisa el enredo de la política peruana de las últimas décadas.

Castillo debía enfrentar este miércoles un nuevo intento de la oposición en el Congreso por destituirlo del cargo. El argumento legal es la “permanente incapacidad moral”, basada en las sospechas de corrupción que rodean al presidente, si bien solo han transcurrido 16 meses desde que llegó al poder. “A horas de debatirse una nueva moción de vacancia [equivalente a una moción de censura] en mi contra, me presento para ratificar una vez más que no soy corrupto ni mancharía jamás el buen apellido de mis honestos padres”, dijo Castillo este martes. Pero después anunció que disolvería el Parlamento, que finalmente votó por destituirlo. Horas antes de que esto sucediera, Sifuentes respondió sobre la situación de Perú y los antecedentes de la decisión del Legislativo era la tercera moción de vacancia contra el presidente.

Pedro Castillo enfrenta este miércoles su tercer pedido de destitución en el Congreso. ¿Qué cree que puede llegar a pasar?

Hasta la semana pasada, pensaba que la oposición no tenían los votos. En especial, si tenemos en cuenta que este es su tercer intento de pedido vacancia presidencial y que en los dos anteriores la oposición fracasó. En el primero, de manera rotunda. En el segundo, quedó a medio camino. Y en este tercer intento, el pedido de vacancia llegó al Congreso incluso con menos respaldo que la vez anterior. Por eso, todo indicaba que tendríamos una nueva derrota del Congreso. Pero en estos últimos días han tenido lugar una serie de movimientos que creo que ponen el resultado en duda.

¿Cuáles son esos movimientos?

Hay varios elementos, pero dos se destacan sobre el resto. En primer lugar, cada vez son más las denuncias de corrupción en contra del presidente, incluso las que llegan desde el mismo entorno de Castillo. Este fin de semana, una empresaria ha denunciado que alguien del entorno presidencial le había pedido más de un millón de dólares en sobornos. En segundo lugar, Castillo ha cometido el error de forzar el voto de confianza, un un mecanismo por el cual el gobierno le pide confianza al Congreso pero, si el Congreso se la niega dos veces, el Ejecutivo está habilitado a disolver el Congreso, algo que pasó con Martín Vizcarra [presidente de 2018 a 2020].

¿Le parece que la dinámica política en Perú se ha vuelto repetitiva?

Llevamos varios años en crisis. Esta es la séptima moción de vacancia presidencial en cinco años. En el medio hemos tenido cinco presidentes en cinco años y también una disolución del Congreso. La cuestión de la confianza ya se había usado antes para disolver el Congreso. Mientras tanto, el Congreso cambió la ley para protegerse, para complicar la disolución del Legislativo. Sin embargo, el Gobierno ha hecho caso omiso a esa ley, está haciendo como si esa ley no valiera, dice que ya disparó una de las dos balas de plata, mientras que el Congreso dice que no han disparado ninguna. Es evidente que Gobierno lo que busca es disolver el Congreso.

¿El Gobierno pide el voto de confianza después de la renuncia del último primer ministro?

Sí, efectivamente. Por eso renunció el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que ha sido el principal consejero jurídico de Castillo en estos meses. El presidente presenta la cuestión de confianza en el Congreso, que no se la admiten bajo el argumento de que no sigue el procedimiento regular. Pero Castillo, en lugar de considerar que no ha sido admitida, dice que ha sido negada. Entonces, al haber sido negada, se considera esta bala de plata ya disparada. Ahí está la sutileza del derecho. Esa ha sido la jugarreta legal que encontró Castillo.

Parece como si todos los políticos en Perú, desde los distintos sectores del Gobierno y en la oposición, estuvieran jugando a forzar al extremo la interpretación de las leyes para hacer política...

Sí, creo que lo has descrito muy bien, porque técnicamente no están saliendo de la ley. Si bien el Ejecutivo ha cruzado la línea. Pero hasta ese momento, todos habían jugado muy duro al borde de la tarjeta amarilla, a tal punto que están respetando la Constitución actual. En su afán de protegerse a sí mismo, la oposición también ha tirado al tacho la Constitución varias veces. Es la séptima moción de vacancia presidencial desde el año 2018. Esto no es normal, no lo es, sino que es absolutamente desestabilizador. Pero por otro lado, tienes al Gobierno que acaba de nombrar a su ministro número 81 en menos de un año y medio. Hay una estadística que dice que Pedro Castillo cambia de ministros cada seis días.

¿Esta última moción de vacancia está vinculada a las sospechas de corrupción del presidente?

Sí, efectivamente. Castillo enfrenta decenas de pequeños actos de corruptela, que rodean a sus entornos familiares, a su ciudad natal de Chota, donde opera la llamada “mafia chotana”. Si bien la moción de vacancia está planteada en torno a estas denuncias, la realidad es que lo único que importa aquí son los votos. Es decir, honestamente, no creo que ninguno de los congresistas evalúe las evidencias de corrupción.

¿Todo el arco opositor está a favor de avanzar con la destitución de Castillo?

Eso es parte del drama de la política peruana. Hay una oposición de la derecha más dura, que se autodenomina “bloque democrático”, que está a favor de la vacancia. Luego tienes el sector del Gobierno, con sus cinco diferentes ramificaciones, que están en contra. Y en el medio, tienes a agrupaciones que algunos llaman de centro pero que en realidad no tienen ningún tipo ideología, que son partidos que se constituyen como franquicias y responden a líderes locales o a millonarios, que son las que pueden definir una votación. Tal es el caso de Acción Popular, que nunca se sabe realmente que va a pasar con él, por dónde va a votar, ni qué piensan sus integrantes.

¿Es posible un autogolpe de Estado, al estilo Alberto Fujimori en 1992, en donde el Ejecutivo disuelva el Congreso?

Yo creo que no hay nada imposible en el Perú. Todo lo que creía imposible en el Perú del siglo XXI, en la era post-Fujimori, pues ha sido expulsado por la ventana. Entonces, puede ser posible. Que sea exitoso es otra cosa. Pero da la impresión de que Castillo está dispuesto.

El ministro de Defensa de Perú, Daniel Barragán, presentó este sábado su renuncia a una semana de haber sido ratificado en el puesto. ¿Qué muestra esta decisión?

La renuncia del ministro responde a que el presidente le habría pedido a Barragán tantear los ánimos de las Fuerzas Armadas respecto de un cierre del Congreso para saber qué harían ellos, según fuentes a las que accedió La Encerrona. Pero parece que las Fuerzas Armadas no están de acuerdo en ser utilizadas políticamente. El ministro ha renunciado por eso. La situación se ha puesto bien grave.

¿Este clima se percibe a nivel social como una parálisis de la política?

Sí, eso está clarísimo. Por ejemplo, ahora mismo el Perú está viviendo su peor sequía en los últimos 50 años pero no hay absolutamente ninguna medida para responder a eso. En Perú vivimos una normalización del caos. Estamos siendo testigos de una degradación paulatina y constante, pero en algún momento va a tener que rebalsar el vaso. ¿Cuándo será?. Nadie lo sabe.

¿Cuál es el mecanismo para destrabar este bloqueo político?

La única salida es que se vayan todos, algo que lamentablemente ya pasó en el Perú. Ya tuvimos un momento así, cuando Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso. En un mundo perfecto, la salida sería hacer unas reforma política, con candados suficientes al sistema, para que no volvamos a entrar en esta espiral en la que estamos metidos desde el año 2016, cuando Keiko Fujimori se negó por primera vez a aceptar un resultado electoral.

¿Para cambiar las normas de la política se necesita una reforma constitucional?

No necesariamente. Hoy la figura en el Perú es la de “vacancia por incapacidad moral”, que es un vestigio de cuando la palabra moral era sinónimo de mental. Hoy esa palabra está en la Constitución pero se ha venido usando no como una evaluación de la moralidad del presidente. El Tribunal Constitucional podría haberlo acotado, pero nadie lo ha hecho, por eso estamos en este lío.

¿Por qué Perú no tiene un estallido social en reacción a esta parálisis de la política?

Yo creo que Perú tuvo su estallido social. El problema es que ha sido en noviembre del 2020, con las protestas contra Manuel Merino [presidente del 10 al 15 de noviembre de 2020]. Pero después todo siguió igual, incluso peor, lo que generó mucho desgano. Por otro lado, cuando la derecha perdió las elecciones en 2016, Keiko Fujimori adoptó un discurso totalmente 'trumpista', una copia descarada de Donald Trump, reclamando fraude. Eso generó que las movilizaciones, en el último año y medio, normalmente están asociadas a ese sector. Por otro lado, muy poca gente está dispuesta a marchar contra el Congreso, porque no quieren que se interprete como un respaldo a Pedro Castillo, que en general ha decepcionado a buena parte de sus votantes. Tanto el Congreso como Castillo tienen su dedo en su respectivo botón nuclear. El Congreso en la moción de la vacancia y Pedro Castillo en la posibilidad de disolver el Congreso. Los dos claramente han puesto su dedo encima.

¿Es Keiko Fujimori la única persona capaz destrabar el bloqueo político?

No lo creo. La verdad es que Keiko tiene demasiados anticuerpos. El anti-fujimorismo es el partido más sólido del Perú. Keiko Fujimori ha perdido tres elecciones, una después de otra, y ha perdido con Pedro Castillo, un muy mal candidato. Mira, yo entrevisté a 17 de los 18 candidatos y claramente Pedro Castillo era el peor de todos, el menos preparado, el que tenía incluso menos carisma. Y aun así ganó, a pesar de sus múltiples errores.

¿Puede el informe de la OEA, presentado en la última semana, incidir en la dinámica política del país?

No creo que la OEA sea un elemento central para la resolución de la crisis que vive Perú. Irónicamente, el informe de la OEA se ha visto favorable al Gobierno. Digo irónicamente porque en el resto de América Latina la OEA se ve casi como un instrumento de la derecha. Pero en el Perú, desde que la OEA avaló las elecciones del año pasado, la derecha lo ve como un instrumento del Gobierno, de hecho ha sido el Gobierno quien invocó la Carta Democrática e hizo que la OEA enviara una misión. Había la expectativa de que no sea así, pero el informe ignoró por completo todas las denuncias de corrupción y se centró en los juegos de poder, en la pelea institucional. Entonces, perdió su capacidad de armar una mesa de diálogo, en la que todos los sectores de la oposición se vean representados.

¿Cómo se imaginas Perú en un año?

Uff [risas]. No puedo decirte ni siquiera qué va a pasar este miércoles. Menos qué va a pasar dentro de un año. Desde hace unos algunos años no hay nada predecible en la política peruana. Estamos en arenas movedizas hace ya varios años. Lo que pudo haber sido una primavera democrática, desde el 2000 hasta el 2016, se acabó.

Cuando Hugo Chávez ganó las elecciones, en diciembre de 1998, Venezuela producía 3.200 millones de barriles de petróleo. Más de dos décadas después, la producción no supera los 717.000 barriles diarios, según el último informe mensual Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Existen múltiples factores que llevaron a la destrucción de la industria petrolera venezolana. “La ineficiencia del Gobierno, que llevó a la pérdida de capital humano, los siete años de recesión y la hiperinflación hicieron que el país se quedara sin recursos para hacer las inversiones que le garantizaran tener una alta producción”, dice el economista José Manuel Puente, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración de Caracas.

Pero Venezuela sigue siendo el país con la mayores reservas petroleras del mundo. Y Chevron es una de las principales empresas petroleras privadas que opera en el país, la única de Estados Unidos. Después de tres años de relaciones suspendidas, que mantuvieron solo extracciones mínimas, el ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, anunció este martes la firma de contratos con Chevron. El acuerdo es posible gracias a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó el sábado pasado a Chevron volver a operar en Venezuela. La decisión llegó después reactivarse la mesa de diálogo, bloqueadas hace más de un año, entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, nucleada en la Plataforma Unitaria Democrática, que derivó en la firma del Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano.

Para Venezuela, la vuelta al diálogo significa recuperar 3.000 millones de dólares bloqueados en el sistema financiero internacional. “El convenio expresa el avance del derecho del pueblo al disfrute de sus activos y recursos, ilegal e injustamente bloqueados, colocando las necesidades sociales en el centro de atención de la Mesa de Diálogo Nacional”, comunicó el gobierno de Venezuela. De los 3.000 millones de dólares liberados, las partes acordaron que los recursos rescatados irán a reforzar el sistema de salud, a reforzar del servicio de energía eléctrica y a mejorar la infraestructura escolar.

Para Estados Unidos, el acuerdo ha sido la puerta de entrada para destrabar la explotación del petróleo venezolano. La respuesta de Washington, desde una posición más pragmática que ideológica, resultó inmediata. Ese mismo día, el Departamento del Tesoro habilitó a la petrolera Chevron a retomar las “operaciones limitadas” de extracción suspendidas hace tres años. Pero el Tesoro explicó que la autorización que emitió para Chevron le impide a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que reciba ganancias por las ventas.

Permisos y restricciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, no tardó en responder. Como si hubiera tenido los documentos preparados de antemano, la misma tarde en que representantes del gobierno venezolano se reunieron con miembros de la oposición en México, emitió la Licencia General de Venezuela 41 que autoriza a Chevron a “reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela”. Habilitación que Chevron confirmó a este medio haber recibido.

Pero el acuerdo autoriza solo las “transacciones normalmente incidentales y necesarias” para actividades relacionadas por parte de Chevron. No a todas. La autorización de “ciertas transacciones” significa que la petrolera estadounidense podrá volver a producir petróleo, a extraer el crudo, a exportar a los Estados Unidos, a comprar e importar a Venezuela bienes o insumos relacionados con las actividades como diluyentes y condensados pero Venezuela no recibirá ningún ingreso de dólares por la venta de crudo, según el comunicado del Tesoro.

Pdvsa mantiene una deuda con Chevron de más de 2.000 millones de dólares. “Chevron no va a pagar hasta no recuperar lo que el gobierno venezolano le debe. Por eso, el acuerdo podría ser un muy mal negocio para Venezuela porque simplemente no podría tener acceso al efectivo. Primero tendrá que pagar sus deudas”, dice Puente. Evidentemente, este acuerdo puede activar una pequeña parte de la producción, que se calcula entre 100.000 y 150.000 barriles diarios, pero el interrogante es si podrá Caracas recibir efectivo por la venta de ese petróleo.

Además, la lista de condiciones impuesta por Estados Unidos continúa. La licencia no autoriza ninguna transacción que involucre a una entidad ubicada en Venezuela que sea propiedad o que esté controlada por una entidad ubicada en Rusia. Los ciudadanos estadounidenses, donde sea que se encuentren, tienen prohibido tratar con bienes de origen iraní, incluidos los diluyentes, tan necesarios para la producción del petróleo venezolano. Por último, esta licencia no levanta las otras sanciones impuestas por los Estados Unidos que siguen vigentes. “Estados Unidos hará cumplir enérgicamente estas sanciones y seguirá responsabilizando a cualquier actor que participe en actos de corrupción, viole las leyes estadounidenses o abuse de los derechos humanos en Venezuela”, según el Tesoro.

Por qué ahora

Las exportaciones de crudo venezolano se detuvieron en 2019 cuando Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, intensificó las sanciones contra Caracas. En primer lugar, lo que cambió ha sido el color político que domina en Washington. Las administraciones demócratas se han caracterizado históricamente por tener posiciones más dialoguistas con países como Cuba o Venezuela.

En segundo lugar, lo que cambió ha sido el mundo. Si bien, Estados Unidos quieren dejar en claro que la decisión no se toma en respuesta a los precios energéticos debido al contexto geopolítico internacional sino en apoyo a la democracia en ese país, el argumento resulta débil. En marzo, inmediatamente después del comienzo de la guerra en Ucrania, una delegación de funcionarios de la Casa Blanca visitó por primera vez en mucho tiempo y manera sorpresiva a Nicolás Maduro para hablar de los precios de los combustibles que empezaban a generar una escalada inflacionaria.

De cualquier modo, Estados Unidos argumenta que los acuerdos responden a que Venezuela ha dado pasos importantes para recuperar la democracia en el país y no al impacto económico negativo de la guerra. “Los anuncios de la Plataforma Unitaria y el régimen de Maduro son pasos importantes en la dirección correcta para restaurar la democracia en el país”, dice el Tesoro. “Estados Unidos saluda y apoya la reapertura de las negociaciones como parte de nuestra política de larga data de apoyar la restauración pacífica de la democracia, elecciones libres y justas y el respeto a los derechos y libertades de los venezolanos”.

Tercero, ha cambiado la correlación de fuerza entre las distintas expresiones de la oposición venezolana, dividida en dos bloques. Uno más renuente a negociar con Maduro, representando por Juan Guaidó y Freddy Guevara de Voluntad Popular, y otro más dialoguista, como el que representa Gerardo Blyde, que buscan destrabar la situación mediante acuerdos. “La oposición es la cara visible que pone Estados Unidos para poder negociar con Maduro. Maduro no negocia de frente y de manera pública con Estados Unidos, si bien han tenido algunas reuniones privadas”, dice el economista Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera de Caracas.

Por último, si bien la explotación de petróleo ha caído, no se detuvo y encontró canales ilegales de circulación. Por eso, la licencia dice que pretende cambiar “las ventas de petróleo de canales ilícitos y no transparentes a canales transparentes y legítimos”. La petrolera estadounidense Chevron consideró este sábado que la licencia recibida por parte de Estados Unidos para operar en Venezuela añade transparencia al sector petrolero de ese país.

Impacto en la economía global

Dentro de Venezuela, la habilitación no solo no permitirá acceder al dinero que necesita el gobierno para destrabar la delicada situación económica que vive el país, sino que tampoco se traducirá en grandes inversiones. “Chevron no tiene interés en invertir entre 10.000 y 20.000 millones de dólares en Venezuela. Para recuperar la capacidad de producción perdida se requiere tiempo y dinero, y eso parece que no está planteado bajo ningún escenario”, dice Puente.

En la economía estadounidense, el efecto es limitado. “La cantidad de barriles es demasiado pequeña, no creo que vaya a impactar en el gigantesco mercado estadounidense, si bien es un paso”, dice Sutherland. Venezuela ha sido, en los años previos a la llegada de Chávez, el mejor socio comercial que tuvo Estados Unidos como gran proveedor de petróleo. En este momento, Estados Unidos se mueve con gran pragmatismo para atender un problema global en un mundo en guerra.

Tampoco es evidente que el acuerdo entre Chevron y Caracas pueda llegar contener la subida inflacionaria en Estados Unidos. “Los precios de los combustibles han estado bajando por otras dinámicas. Venezuela podría contribuir, pero marginalmente porque ya no es un jugador importante en el mercado petrolero mundial”, dice Puente.

En el plano global, la incidencia también es acotada. “Frente a los 10 millones de barriles que produce Rusia o Arabia Saudí, un país que produce 700.000 barriles termina siendo marginal dentro del mercado global de combustibles de gasolina”, dice Puente. “El acuerdo de Chevron con Venezuela va a generar un efecto, pero yo diría que es marginal. Lamentablemente para Venezuela, para Estados Unidos y para el mundo”.

“A mí me absolvió la historia. Y a ustedes, seguramente los va a condenar la historia”, dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a los jueces que la investigaban por supuestos hechos de corrupción en 2019. La escena pareció repetirse en septiembre, cuando la fiscalía pidió 12 años de prisión por considerarla parte de una trama de “corrupción sistemática” en torno a la obra pública, lo que desencadenó el repudio de la vicepresidenta, que definió al proceso de investigación como un “pelotón de fusilamiento mediático-judicial”.

De los 1.592 discursos emitidos por Cristina Fernández de Kirchner durante sus dos mandatos presidenciales, en el 51% hizo mención al pasado. Camila Perochena, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencia Política e investigadora en la Universidad Torcuato Di Tella, hizo un repaso por cada uno de ellos para explorar el uso político del pasado en la vicepresidenta argentina. La autora de Cristina y la historia. El kirchnerismo y sus batallas por el pasado llega a la conclusión que el uso de la historia le ha servido a Fernández de Kirchner “para construir una identidad política intensa y cohesionada, que supo sobrevivir al final de su gobierno”.

¿Por qué cree que Cristina Fernández ha recurrido al pasado en más de la mitad de sus discursos políticos?  

Cristina encontró en la historia una gran potencia política, en tres sentidos. En primer lugar, el recurso de la historia le sirve para legitimar las acciones políticas del presente. Segundo, la historia le sirve para encontrar el lugar que ella quiere que su gobierno ocupe en la memoria futura de los argentinos. Esta es una preocupación por saber qué lugar va a tener el kirchnerismo en los 200 años de historia argentina. Hay una búsqueda por controlar la narrativa de la memoria colectiva. Tercero, que eso es en lo que más hincapié hago dentro del libro, la historia le sirvió a la vicepresidenta para construir una identidad política intensa y cohesionada, que supo sobrevivir al final de su gobierno.

¿Siempre en el plano discursivo?

No, también escenificó la historia. No solo lo hizo discursivamente, sino que movilizó argumentos del pasado y los materializó en museos, espectáculos, nuevos días festivos, monumentos. Entonces, junto con el discurso de la historia, vino toda una escenificación que también tiene una productividad política.

Cristina Fernández ha dicho que “eligió a la historia” en lugar de los tribunales de Justicia para que la “declaren absuelta”. ¿Qué nos dice esa declaración del uso político de la historia? 

Para la vicepresidenta hay dos fuentes de legitimidad posible: una es la historia, la otra es el poder. Es decir, la legitimidad viene por lo que hiciste en el pasado o por los votos. Entonces, desde su perspectiva, el Poder Judicial no la puede juzgar porque no tiene ninguna de esas dos legitimidades. No tiene la legitimidad popular, porque no es electo por el pueblo, y tampoco tienen legitimidad histórica.

La “historia me absolverá” es la frase que dijo Fidel Castro en 1953 en el alegato por el asalto al Cuartel Moncada. ¿Por qué Fernández en lugar de usar el futuro usa el pasado?

Hay una operación interesante en el uso de los tiempos verbales. El uso del futuro en Fidel es porque todavía la revolución no se había producido, la revolución está en el porvenir. La idea en la “historia me absolvió” de Cristina Kirchner demuestra que esa absolución para ella ya se dio. O bien por su gobierno o porque las elecciones, que habían tenido lugar hacía muy poco tiempo, había había triunfado la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Pero cualquiera sea las opciones, lo que busca Cristina es reforzar su legitimidad, frente a lo que ella considera que es un poder ilegítimo como el judicial.

¿El pedido de 12 años de prisión y las vigilias en las casas de la casa de la vicepresidenta reactivaron la identidad kirchnerista?

Sin duda. Pienso que un kirchnerismo sin rituales es un kirchnerismo al que le falta una pata en su construcción identitaria. Y en estos últimos meses, el kirchnerismo reactivó ese músculo que se había debilitado en los últimos años, que es esencial en la lógica de construcción política kirchnerista. Los rituales reactivan un músculo, que es el músculo de la movilización popular, muy importante en la identidad kirchnerista.

¿De qué se trata la lógica de construcción política kirchnerista?

Cristina construye desde una identidad política agonista, que marca una clara polarización entre un “ellos” y un “nosotros”. En ese sentido, la historia tiene un lugar central. La vicepresidenta lo que ha hecho es rastrear los antagonismos en el pasado. El kirchnerismo se identifica a sí mismo con la Revolución de Mayo, el peronismo, los años 70. Pero también busca identificar a sus adversarios, al “ellos” en otros momentos de la historia, con los que busca establecer una ruptura: la caída de Rosas, la época de las presidencias liberales, el centenario, los golpes militares y la década neoliberal.

¿Puede el kirchnerismo construir identidad sin confrontar?

El kirchnerismo no encuentra otra manera de construir identidades que no sea mediante esa lógica agonista de la exclusión, que funciona políticamente para generar identidades intensas, que hace muy difícil garantizar gobernabilidad. La lógica agonista funciona para construir identidades, que en algún momento la han ayudado para gobernar pero que hoy encuentran sus límites. El kirchnerismo está en una encerrona si lo que quiere es destrabar algunos de los principales problemas argentinos, como la crisis económica o las dificultades políticas de diálogo entre gobierno y oposición.

El mecanismo de construcción política, basado en rituales y emociones, ¿se mantiene en el presente?

Marcaría una diferencia entre los rituales políticos de este Gobierno y lo que vimos las últimas semanas. Durante la gestión de Cristina, los rituales estuvieron cuidadosamente pensados y preparados desde el aparato estatal. Es decir, había una estructura, un equipo de gente que pensaba cómo diseñar esos actos. Creían en la importancia de transmitir un relato épico, ético y estético en cada uno de los actos. Todo estaba pensado cuidadosamente desde el gobierno. Por ejemplo, pensaban que Cristina hablara al atardecer, así en el fondo se veía la puesta del sol sobre el río. Este diseño, cuidadoso y deliberado, no está ahora. Yo diría que en los rituales que estamos viendo ahora, en las vigilias, son desde abajo, ya no está el Estado aunque el kirchnerismo esté en el gobierno. Es una organización de los rituales menos controlada y queda en evidencia en el intento de atentado contra la vicepresidenta.

Cuando la vicepresidenta habla de “su gobierno” no hace referencia al actual sino al pasado. ¿Piensa que estos últimos años han ido en contra de la idea de “líder refundacional” que quiso construir Cristina Fernández?

Totalmente. Este Gobierno, desde la narrativa histórica del kirchnerismo, funciona como una especie de paréntesis en su visión teleológica de la historia. Cuando era presidenta, Cristina Fernández de Kirchner presentaba al kirchnerismo como un punto de llegada en un proceso que se había abierto hace 200 años. El kirchnerismo se presentaba a sí mismo como un gobierno que venía a cumplir las promesas inconclusas de la Revolución de Mayo. Pero ella es también parte de este gobierno, no puede presentar este momento como una interrupción de su visión teleológica, pero tampoco como una continuidad del proceso. Entonces aparece la idea de paréntesis o congelamiento, que es la única que puede encarar con esta narrativa.

¿Qué significa para la vicepresidenta la idea de “revolución”?

Es la idea de que la sociedad puede ser transformada por la voluntad de quien gobierna. Está ahí dentro la idea de “voluntarismo revolucionario”, es decir que hay dirigentes, líderes, gobiernos que pueden marcar el camino o moldear la sociedad, la economía. Esos líderes se ven a sí mismos como revolucionarios. Entonces, cuando digo que la idea de revolución está en la base de la concepción política kirchnerismo, me refiero a esa idea de poder moldear una sociedad y transformarla, desde su perspectiva, creyendo que esas posibilidades no tienen límites.

Sin embargo, el actual gobierno se ubica muy lejos de la idea esa idea de revolución que solía estar en el centro del discurso kirchnerista…

Coincido con ese diagnóstico. Yo creo que este gobierno está lejos de poder construir una narrativa como la que construyó Cristina Fernández de Kirchner. En primer lugar, por el carácter ambiguo de la identidad de este gobierno. Este gobierno es una coalición de grupos heterogéneos, donde el presidente se negó deliberadamente a construir algo así como el “albertismo”, eso ha hecho que no cuente con una narrativa propia, ni con diagnóstico muy claro del presente. Por momentos, Alberto Fernández recupera algunas formas de pensar el pasado que tenía el kirchnerismo, como la idea de enemigo oculto, pero lo hace de una manera menos convencida y, por lo tanto, menos creíble que hace que la idea de revolución pierda fuerza.

Teniendo en cuenta el intento de asesinato a la vicepresidenta y la repentina muerte del expresidente Néstor Kirchner hace unos años. ¿Qué lugar ocupa la muerte en la construcción de la propia memoria kirchnerista?

Para pensar este tema, a mí me sirvió mucho leer a una historiadora que se llama Sandra Gayol, que estudió la muerte de Eva Perón. Sandra muestra cómo la muerte de Eva permite entender al peronismo como una comunidad emocional, explica que hay acontecimientos que movilizan emociones. Si uno mira la manera en la que se está presentando el atentado contra la vicepresidenta, el lenguaje que se utiliza busca movilizar básicamente emociones. La idea del “discurso de odio” es un lenguaje que apunta a generar esa comunidad emocional, donde el odio parece siempre venir de los otros y nunca de los propios.

¿Piensa que es complicado para la vicepresidenta construir una idea de futuro para las elecciones de 2024 en medio de un presente tan complicado?

En momentos de crisis e incertidumbre, también indentitarias, es difícil construir imágenes del futuro. No sé cómo se hace para diseñar una narrativa en este contexto, pero sí creo que el que logre hacerlo podrá tener alguna chance, aquel que logre romper el empate en el que vivimos, que apela a la idea de que con el “otro” no se puede construir, sea desde el gobierno o la oposición.

Tarcísio Gomes de Freitas, exministro de Infraestructura de Jair Bolsonaro, ha sido elegido gobernador del estado de São Paulo. El candidato de Republicanos consiguió derrotar al exalcalde de la ciudad de São Paulo, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT). La victoria de Tarcísio de Freitas marca un punto final a casi 30 años de gobierno del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), histórico espacio de centro-derecha que gobernó Brasil de 1995 a 2002 con Fernando Henrique Cardoso.

El candidato de Bolsonaro consiguió en esta segunda vuelta imponerse con el 55,27%, más de 13.476.000 votos, sobre el candidato del PT que consiguió el 44,73%, más de 10.906.360 de los votos. La diferencia amplia de más 10%, que representan unos 2.571.000 votos, en el distrito de mayor peso electoral del país, habilitan al nuevo gobernador a avanzar con firmeza en su plan de gobierno.

Tarcísio de Freitas, de 47 años, pasó por la Academia Militar de Agulhas Negras, llegando a ser oficial del Ejército. En 2002, se recibió de Ingeniero Civil. En 2008, Tarcísio de Freitas abandonó la carrera militar. En el gobierno de Dilma Rousseff, asumió como director del Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte. En los años de Michel Temer, se desempeñó como secretario del Programa de Sociedades de Inversión. En 2019, con la llegada de Jair Bolsonaro al poder, fue nombrado ministro de Infraestructura, cargo que ocupó hasta comienzos de este año.

“Quiero agradecer a Fernando Haddad que hizo una campaña extraordinaria”, dijo con un abrazo Lula al candidato del PT en São Paulo, en su primer discurso como presidente electo. Haddad, candidato a presidente de Brasil por el PT en 2018, el más moderado de los petistas, agradeció en las redes sociales. “Este es el comienzo de un tiempo mejor, estoy seguro”, escribió en sus redes sociales.

“Creo en la democracia, la democracia es el reconocimiento del resultado. Pensando en la gente de São Paulo, tenemos que desearle suerte e incluso contribuir con la oposición”, dijo Haddad en la noche del domingo.

El estado de São Paulo no es un terreno sencillo para el PT. São Paulo es el distrito más grande del país, que concentra el 22% de todos los votantes de Brasil, y ha sido históricamente un bastión de la centro-derecha brasileña, un estado fuerte para vicepresidente electo, Geralado Alckmin.

Geralado Alckmin fue vicegobernador de São Paulo entre 2001 y 2006 y gobernador entre 2011 a 2018. Dos veces candidato a presidente, en 2006 y 2018, la primera en un enfrentamiento directo con Lula. Pero su apoyo al PT no alcanzó. A comienzos de 2022, a causa de la división interna del PSDB ante el respaldo de la candidatura de Lula, Alckmin dejó el partido para afiliarse al Partido Socialista Brasileño, aliado a Lula.

La victoria de Tarcísio de Freitas implica un gran alimento para el bolsonarismo, que además de haber conseguido una mayoría en el Congreso, gobernará el estado más rico y poblado del país. El vicegobernador electo, Felicio Ramuth, es exalcalde de São José dos Campos.

Jair Bolsonaro perdió la elección a nivel nacional, pero ganó la segunda vuelta en el estado de São Paulo, con el 55,24%, más de 14.215.000 de votos, ante el 44,76% del candidato a presidente del PT. Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones nacionales pero la mayoría de los gobernadores quedaron en manos de candidatos apoyados por el actual presidente Jair Bolsonaro, que gobernarán 13 de los 27 estados de Brasil.

Dentro del Partido Liberal, espacio político que presenta la candidatura de Jair Bolsonaro, proyectan una derrota ante el candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Inácio Lula da Silva, por un millón de votos, según las encuestas internas del partido.

Con más del 97% de los votos escrutados, Lula obtiene el 50,73% con más de 58.473.000 de votos, y adelanta por un punto a Bolsonaro, que consigue el 49,27%, con más de 56.800.000 de votos.

Una diferencia ajustada, de poco más de 1.673.000 votos, teniendo en cuenta que más de 156.000.000 personas estaban habilitadas para votar este domingo.

Noticia en desarrollo.

“Poner en duda la credibilidad del resultado es una estrategia de Bolsonaro para permanecer en el tiempo, aun después de una eventual derrota”, dice el especialista en Derechos Humanos, Paulo Abrão, secretario de Justicia de Brasil en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff y secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta 2020. Por el contrario, si Bolsonaro gana la segunda vuelta, “la tradición demócrata de Lula, y de todo el campo político que está en su alrededor, sabrá reconocer el resultado y enviará un mensaje de estabilidad”, dice Abrão.

¿Cree que Bolsonaro puede llegar a desconocer el resultado?

Existe riesgo de que Bolsonaro no reconozca los resultados. Hay altas probabilidad de que pueda pasar. Si no pasa, sería absolutamente sorprendente. La posición que Bolsonaro ha adoptado, por medio de las denuncias que cuestionan la legitimidad y transparencia del proceso electoral, puede ser un indicio de que Bolsonaro está implementando en Brasil el “plan Trump”. En primer lugar, una campaña de intento de desprestigio del sistema electoral y del sistema de votación, seguido de una campaña de desinformación y noticias falsas para agitar a que los grupos extremistas estén armados y dispuestos a atentar en contra las propias instituciones.

¿Con qué objetivo Bolsonaro busca instalar la idea del fraude?

El objetivo final es, por un lado, intentar promover algún tipo de disturbio social que le permita permanecer en el poder y, como segunda estrategia, tener el recurso retórico sobre una supuesta falta de transparencia para alimentar su base electoral, proyectándose a las elecciones locales en dos años y a las elecciones nacionales en cuatro años. Poner en duda la credibilidad del resultado es una estrategia de Bolsonaro para permanecer en el tiempo, aun después de una eventual derrota

En el caso de que Lula gane el domingo, ¿cuál será el principal desafío como presidente?

Lula podría llegar a gobernar en un país donde la agenda de derechos humanos viene de vivir el mayor retroceso de su historia. Un país donde la agenda ambiental, el desmantelamiento de la Amazonía y la desprotección de las tierras indígenas atraviesan una situación crítica y tendrá que enfrentarse a los grupos ilegales que están instalados en estas regiones. Lula tendrá también un Legislativo conservador, en el cual tendrá que mostrar toda su habilidad para construir una base de sustentación gubernamental muy amplia. Eso significa que este tercer mandato de Lula no será un gobierno del PT y si no un gobierno de un frente demasiado amplio. No será una tarea muy fácil, pero entiendo que las dos palabras claves para comprender un eventual nuevo gobierno Lula son: reconstrucción y diálogo. Reconstrucción de una institucionalidad pertinente y diálogo posibilitar la reconstrucción que incorporo a amplios sectores sociales, para que nunca más la democracia brasileña esté bajo bajo riesgo.

¿Qué escenario se abre para Brasil en el caso de que Bolsonaro sea reelecto?

Si Bolsonaro gana el domingo, tiene que saber que la tradición de demócrata de Lula, y de todo el campo político que está en su alrededor, sabrá reconocer el resultado y enviará un mensaje de estabilidad. Pero al mismo tiempo llamará a la comunidad internacional y a la propia sociedad civil brasileña, a mantenerse movilizada, en posición de resistencia, en contra de los retrocesos para evitar que Brasil pueda alinearse a los gobiernos de la extrema derecha global.

¿Qué lugar ocupa en este momento Brasil en el mundo?

Brasil ha estado ausente del escenario internacional en los últimos cuatro años. La imagen del país nunca ha estado tan despreciada como ahora y eso es debido a los discursos de Bolsonaro en cuanto a las propias posiciones que el país ha tenido en el ámbito internacional. Entonces, creo que de ser reelecto Bolsonaro, tendríamos que avanzar con una combinación de solidaridad internacional y articulación interna entre la política y la sociedad civil para evitar que Bolsonaro pueda implementar una agenda autocrática completa. Nosotros, como sociedad civil, vamos a tener mucho trabajo para que, en el caso que renueve Bolsonaro, los siguientes cuatro años no signifiquen aún más retrocesos para nuestro país.

Movimientos regionales en el BID y la OEA

Paulo Abrão, exsecretario de la CIDH hasta 2020, conoce bien a Luis Almagro. Fue el secretario general de la OEA quien decidió terminar con su continuidad al frente del organismo, bajo el argumentado de que no podía renovar el contrato de una persona con supuestas denuncias de abuso laboral. En ese momento, la comisión de derechos humanos desmintió las acusaciones de Almagro y denunció un “grave embate” contra la autonomía e independencia de la institución por parte del secretario general de la OEA.

En este momento, Luis Almagro está siendo investigado por haber mantenido una relación personal con una mujer de su equipo de trabajo. En un juego de espejos con los motivos que llevaron a la expulsión de Mauricio Claver-Carone del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Almagro podría ser destituido de su cargo.

Hace una semana, el Tribunal Administrativo de la OEA reconoció el derecho de Luis Almagro a no renovarle su contrato. ¿Cómo está su relación con el organismo?

Lo que plantee antes de irme era la ilegalidad de la decisión del secretario general de terminar mi contrato por las razones que él decidió hacer públicas en sus comunicados de prensa. El tribunal lo que determinó la semana pasada es que mi contrato terminó porque así lo indicaba la fecha y no por otro motivo. Eso significa que la sentencia reconoce el argumento de que mi salida fue por un simple vencimiento del plazo, como defendí. Entonces, contrariamente a lo que podía parecer en un principio, la determinación del Tribunal es a mi favor. Para mí es una victoria significativa.

Entonces, ¿por qué cree que Almagro basó su argumento en las denuncias del maltrato laboral?

A mí no me cabe especular las razones. Simplemente mantengo mi espíritu tranquilo de haber podido cumplir con mis tareas, con la conciencia tranquila de haber promovido una gestión equitativa, que ha mirado a todos los Estados con los mismos estándares, que ha buscado equilibrar la la posición institucional de la CIDH sobre los distintos derechos, con equilibrio regional. Creo que valió la pena. Estos cuatro años significaron un fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿En qué estado están esas denuncias?

Hasta hoy, no tengo conocimiento de ninguna denuncia formal en mi contra. Tampoco he sido notificado de ninguna conclusión respecto a ninguna investigación.

¿Cuándo fue la última vez que hablaron con Luis Almagro?

Durante la pandemia hablamos varias veces. No sé si fue en enero de 2020.

¿Almagro le expreso de manera directa, en algún momento, la voluntad de no darle el respaldo para un nuevo mandato?

No, nunca habló ni conmigo ni ningún otro representante de la Comisión sobre la posibilidad de hacerlo.

¿Piensa que la resolución de la CIDH, denunciando “masacres” de civiles por parte del gobierno de Jeanine Áñez, puede tener que ver con esa decisión?

La Comisión denunció graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia durante el gobierno de Añez que derivaron en masacres contra a su gente. El propio gobierno de facto, en su momento, intentó descalificar la labor de la Comisión Interamericana, adoptando una posición negacionistas de esos hechos. Bolivia alegó que las masacres no habrían pasado, que los hallazgos de la Comisión no confirmaban los hechos, que era un informe sesgado. Por lo tanto, empezó una campaña de intento de descalificación del trabajo técnico de la Comisión Interamericana. Todo eso en vísperas de la reelección del secretario general de la OEA, claro.

¿Cómo analiza la investigación en contra Luis Almagro por haber violado un reglamento interno?

Prefiero no comentar ese tema porque no me no me corresponde.

El motivo de la denuncia es similar al que enfrento Mauricio Claver-Carone, que terminó con su cargo en el BID. ¿Qué piensa sobre el tema?

Existe dentro de las Américas la expectativa de que las dos principales organizaciones del sistema interamericano tengan estándares de funcionamiento rigurosos y mecanismos de investigación independiente. De manera que, desde el punto de vista de un observador externo, la expectativa ahora con la OEA es saber si va a seguir los mismos altos estándares que demostró implementar el BID.

¿Por qué cree que pasa ahora? ¿Incide el cambio de posición de la administración de Biden?

Bueno, es difícil opinar sobre aspectos que que muchas veces tienen origen en intereses que no están al alcance del conocimiento público. Yo no creo que el interés político pueda terminar por afectar a las más altas autoridades de estos organismos. Si violaron o no sus normas internas es una cuestión objetiva. Me parece que el tema de fondo tiene más que ver con una crisis de credibilidad que que estos organismos regionales viven hoy como consecuencia de la promoción de una agenda que ha desprestigiado los espacios multilaterales como lugar de construcción de consensos. Yo creo que aquí hay una una politización, que quizás parte de la concepción del propio sistema interamericano, pero que al mismo tiempo el problema lo tiene que procesar la OEA.

¿Cuál es el rol que la OEA puede cumplir para promover esa integración regional?

La OEA es hoy un espacio fracturado. La tarea importante para el próximo ciclo, incluso a partir de estos cambios gubernamentales de región, pasará por decidir cómo reconstruir ese lugar, cómo reconstruir ese espacio de manera que no pueda haber una instrumentalización coyuntural del organismo para intereses de ciertas agendas políticas.

Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 años, pasó por seis candidaturas a presidente de Brasil en lo que va de su vida. Después de más de seis décadas dedicadas a la política, el líder del Partido de los Trabajadores consiguió edificar para esta elección un amplísimo arco electoral, integrado por partidos que van desde el centro-derecha tradicional hasta las más pequeñas agrupaciones de izquierda, para así conseguir derrotar a Jair Bolsonaro.

Más de diez partidos, pero también muchos líderes políticos se sumaron de manera personal a la lista 13. Antiguos rivales como Geraldo Alckmin, en la candidatura a vicepresidente, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña, Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño, y Ciro Gomes, del Partido Democrático Trabalhista, respaldaron de manera pública la candidatura del expresidente.

También acercó su propuesta a un grupo de empresarios y religiosos, en especial, a las iglesias evangélicas mediante una gran cantidad de actos y una carta pública en la que debió aclarar que de ganar no cerraría las iglesias, ni legalizaría el aborto de manera inmediata, sino que el tema sería tratado en el Congreso.

La campaña del expresidente de Brasil llegó a estirar su identidad al límite. El tradicional rojo dejó de ser el color elegido para pasar al blanco, pero además Lula aprendió a jugar con las reglas propuestas por su oponente. La campaña del PT consiguió con éxito amplificar debates absurdos en contra de Bolsonaro como el supuesto consumo de carne humana por parte del militar retirado o la asistencia a las misas masónicas.

El fundador del PT, candidato a la presidencia en 1989, 1994 y 1998, resultó electo por primera vez en 2002. En 2006, compitió en un segundo turno con el exgobernador del estado de São Paulo, Gerlado Alckmin, que ahora llevó como candidato a vicepresidente. En 2010, Lula terminó la presidencia con un 87% de imagen positiva. Ese mismo año, apadrinó la candidatura de Dilma Rousseff.

La anulación de las condenas

Después de pasar 580 días detenido en Curitiba, Lula decidió ir por la presidencia. El Tribunal Supremo Federal ordenó en marzo de 2021 anular las condenas en su contra en la causa Lava Jato, por considerar a la Justicia Federal de Paraná era incompetente para juzgarlo y debía pasar la causa a Brasilia.

Sergio Moro, juez a cargo del proceso, acompañante cercano de Bolsonaro en esta elección, determinó en 2017 una condena de nueve años y seis meses de prisión contra el expresidente por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. La sentencia se amplió en enero de 2018 a 12 años. Ese mismo año, Moro dejó el poder Judicial para pasar a ser el ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Si bien Moro coqueteó con la idea de postularse para presidente, en esta elección compitió y ganó una banca en el Senado por el estado de Paraná.

Ya con Jair Bolsonaro como presidente, el juez de la Corte Suprema, Edson Fachin, determinó que Moro había actuado con “parcialidad” en la conducción del proceso y ordenó la liberación del expresidente. Lula recuperó así los derechos políticos que le permitieron presentarse como candidato en estas elecciones. En abril de este año, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas respaldó está decisión. La ONU determinó que el proceso judicial violó su “derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a la privacidad y sus derechos políticos”.

Del Nordeste al Sudeste

Luiz Inácio Lula da Silva nació en 1945, en la ciudad de Garanhuns, en estado de Pernambuco, en una de las regiones más pobres de Brasil, donde se crió con sus padres y seis hermanos. Aristides Inácio da Silva, su padre, abandonó la familia por otra paralela que había formado cuando eran muy pequeños. Por ese motivo, desde muy temprana edad, él y sus hermanos empezaron a trabajar en la periferia de São Paulo. Un tiempo después, Lula ingresó a la metalúrgica en São Bernardo do Campo, donde se sumaría a las organizaciones sindicales donde haría carrera.

Desde 1970 empezó su recorrido en el mundo sindical. Desde ese momento, empezó a ganar protagonismo en el ámbito público. En 1986, fue elegido diputado e integró la Asamblea Constituyente que recuperó las elecciones libres. Ese año, el Partido de los Trabajadores consiguió 16 diputados en el Congreso. En 1989, Lula presenta su primera candidatura a presidente, que pierde ante Fernando Collor de Mello. Recién el 27 de octubre de 2002, Lula consigue ganar la presidencia, después de tres intentos previos.

Por su origen y por sus ocho años de Gobierno, el líder del PT consiguió ser apodado por sus bases electorales como “el padre de los pobres”.

Si algo muestra el recorrido político del expresidente es la constancia y la capacidad de haberse podido convertir en uno de los actores centrales de la política. “Lula se mantiene como personaje de la política brasileña hace 40 años”, dice el periodista Rodrigo Vizeu, en el podcast documental Presidente de la semana. Lula nunca perdió, después de haber llegado a ser presidente, una elección en la que él se presentó como candidato.

La pelea por el Planalto

En agosto de 2022, Lula oficializó su sexta candidatura. “Los dos gobiernos de Lula fueron el combate contra la miseria, la reducción de la pobreza y la disminución de la desigualdad”, dicen las historiadoras Lilia Schwarcz y Heloisa Strarling en Brasil, una biografía. Sin embargo, las acusaciones de corrupción del llamado mensalão y la monumental causa de corrupción de Lava Jato que, si bien golpeó a los principales dirigentes políticos de distintos partidos, llegó como un broche de plomo para cerrar lo años del PT.

Su figura es central en la historia de la política brasileña. “Para algunos, Lula es la estrella del héroe popular. Para otros, un populista. Esa ambigüedad tan común en nuestra historia política. Pero lo que cuesta encontrar es alguien que sea indiferente a Lula”, dice Vizeu.

AO

El presidente Jair Bolsonaro, de 67 años, siempre ha sido un caso excepcional en la política de Brasil. Hace cuatro años, cuando llegó al Planalto, lo hizo sin ninguna experiencia previa en el Ejecutivo. No había sido ni gobernador, ni alcalde, ni ministro. Tampoco presidente de ningún partido. Era un político marginal, identificado con el “bajo clero”, un sector de representantes en el Congreso que integran partidos muy pequeños que responden a intereses locales o incluso personales. Bolsonaro tenía como única experiencia sus años en el Congreso.

Si bien el presidente consiguió instalarse como outsider de la política, en el momento de presentar su primera candidatura estaba cumpliendo su séptimo mandato como diputado federal. En sus casi 30 años en la Cámara de Diputados, Bolsonaro se dedicó a adoptar un discurso agresivo, violento y misógino, que no le impedía apoyar parte de las propuestas presentadas por el PT en el momento en que Lula estaba en el gobierno. “Todos tus discursos en el Congreso Nacional, cuando eras diputado y yo era presidente, eran hablando bien de mí”, espadeó el expresidente Lula a Bolsonaro, en el primer debate presidencial para la segunda vuelta.

La llegada de un capitán retirado del Ejército al poder habilitó el primer mandato en democracia de un militar. El anterior oficial en asumir el cargo de presidente fue João Figueiredo, del 1979 a 1985, en pleno régimen autoritario, cuando los brasileños no elegían presidente sino el Congreso y con un bipartidismo diseñado por los militares. Impulsado por esa tradición, Bolsonaro se convirtió en el presidente que desestima los partidos y alimenta la despolitización. De hecho, llegó a ser definido como el “presidente sin partido”, una manera de debilitar la democracia. En 2018 se unió al Partido Social Liberal para postularse como presidente, pero lo abandonó en 2019. Dos años después, ante la necesidad de un sello político, se sumó a las filas del Partido Liberal, con el que se presenta a esta elección.

“Bolsonaro era visto en 2018 como un nombre nuevo en las elecciones. Ahora, quienes apoyan a Bolsonaro son expolíticos en Brasil. El presidente les han entregado fondos públicos del llamado presupuesto secreto, un método de transferencia de fondos públicos sin transparencia”, dice a elDiario.es Juliana Dal Piva, autora de El negocio de Jair: la historia prohibida del clan Bolsonaro . “Ante una eventual derrota de Bolsonaro, también pierden estos políticos y los sectores ellos representan. Es un gran juego de poder”, dice Dal Piva, también presentadora del podcast La vida secreta de Jair.

Estructura familiar

Jair Bolsonaro nació en 1955 en Glicério, ciudad del este del estado de São Paulo, pero los primeros años los vivió en Eldorado, una ciudad pobre en el sur del estado de Mato Grosso do Sul. Hijo de una familia de clase media sin formación universitaria, Jair estuvo distanciado de su padre, Percy Geraldo Bolsonaro, hasta los 28 años, según cuentan sus biografías.

En medio de la dictadura militar, Bolsonaro decidió entrar en el Ejército para hacer carrera. En la escuela militar en Río de Janeiro, el actual presidente de Brasil se especializó en paracaidismo. En ese momento, conoció a su primera mujer, Rogéria Nantes Braga, con quien tuvo a sus tres primeros hijos, que están hoy en política: Flávio, senador por Río de Janeiro; Carlos, concejal de Río de Janeiro y encargado de la estrategia de comunicación de campaña de su padre; y Eduardo, el diputado más votado de la historia de Brasil en 2018 y responsable de los vínculos internacionales del presidente.

“Los hijos mayores de Bolsonaro entraron en política, puestos por Bolsonaro, para ayudar a su padre a construir su poder y también su riqueza financiera”, dice Juliana Dal Piva. Antes de convertirse en político, Bolsonaro solo tenía un auto; 20 años después, Bolsonaro posee 14 propiedades. “Los hijos siguieron el mismo camino que su padre a lo largo de los años. Hoy están siendo señalados como los líderes de organizaciones criminales dentro de las oficinas parlamentarias del clan Bolsonaro”.

Michelle Bolsonaro, tercera esposa de Jair Bolsonaro, cumplió un papel central en esta campaña. El objetivo de la primera dama, fiel evangélica en la Iglesia Baptista Actitud, en las afueras de Río de Janeiro, se centró en suavizar la imagen del presidente y acercar el electorado de las mujeres evangélicas que desconfían del presidente.

La indisciplina como método

En sus tiempos en la escuela militar, un coronel superior llegó a definir a Bolsonaro como alguien que “tenía permanentemente la intención de liderar a los oficiales subalternos”, según cuenta el periodista Rodrigo Vizeu, en el episodio dedicado a Bolsonaro de su serie documental Presidente da semana.

En 1986, Bolsonaro ganó protagonismo cuando publicó un artículo donde pidió un aumento salarial para los militares, lo que lo llevó a pasar 15 días en prisión. “Corro el riesgo de ver mi carrera como militar devoto seriamente amenazada, pero la imposición de la crisis y la falta de perspectiva que enfrentamos es mayor”, escribió en una nota de opinión, publicada en Veja, con el título El salario está bajo.

Después de la tensión desatada en el Ejército, Bolsonaro decidió dejar las Fuerzas Armadas y entrar en política. Fue la rebelión interna la que le permitió ganar visibilidad. Bolsonaro salió del Ejército en 1988, año de la nueva Constitución, cuando Brasil empezaba el proceso de democratización a partir de la elección de presidentes civiles elegidos por el voto popular directo.

Ese año fue elegido concejal de Río de Janeiro, por el Partido Demócrata Cristiano, donde consiguió su primer cargo electoral. En 1989, respaldó la candidatura a la presidencia del primer presidente en enfrentar en proceso de juicio político en el Congreso, Fernando Collor de Mello. Dos años más tarde, Bolsonaro acompañó el proceso de impeachment abierto contra Collor y resultó electo diputado federal por el estado de Río de Janeiro.

Bolsonaro ha hecho de la indisciplina su estilo en la política. “En el espíritu del Bolsonaro que se convirtió en presidente estaba en el Bolsonaro capitán”, dice Carol Pires en el documental sonoro de Jair Bolsonaro, Retrato Narrado. En el presidente siempre estuvo presente la “voluntad de ser parte de una orden, incluida el impulso de subvertir esa misma orden”, dice Pires.

En estas elecciones, Bolsonaro cuestionó de manera constante el sistema electoral. El presidente busca replicar la estrategia narrativa del “fraude electoral”, siguiendo los pasos de su aliado político, el expresidente Donald Trump. En un primer momento, mediante críticas infundadas a las urnas electrónicas, en vigencia desde 1996, las mismas que le permitieron ganar la elección en 2018 y conseguir una mayoría en el Congreso en la primera vuelta del 2 de octubre pasado.

En un segundo momento, mediante las denuncias por supuestas faltas de garantías en la difusión equitativa de la publicidad oficial en las radios de la región Norte y Nordeste, donde el expresidente Lula tiene más apoyo. La denuncia, después de haber sido evaluada con las pruebas presentadas por el partido, fue desestimada por el Tribunal Superior Electoral, por tratarse de la transición en streaming, donde las reglas de promoción oficial no rigen.

La estrategia para ganar

El discurso radicalizado, la poca visibilidad pública y la ausencia de estructura de partido hacían de Bolsonaro un candidato improbable de llegar a la presidencia. Pero la monumental causa de corrupción de Lava Jato alteró la lógica de la política en Brasil y permitió que un marginal del poder como Bolsonaro pudiera llegar a la presidencia. Por primera vez en 20 años, el Partido de los Trabajadores perdió una elección presidencial.

“Nos estamos embarcando en una situación autoritaria”, decía el historiador Boris Fausto a Rodrigo Vizeu en 2018. “Mi temor es que se naturalice esta situación, que se torne normal”. Después de cuatro años, Bolsonaro insiste en poner en duda la legitimidad del proceso electoral, en base a una campaña alimentada por la desinformación.

En estos cuatro años, Bolsonaro fue el responsable de una política sanitaria que dejo más 688.000 muertes, según los últimos datos recolectados por el consorcio de medios, encargados del registro paralelo que contrasta los datos oficiales que presenta el Gobierno. Esta iniciativa surgió en respuesta a las amenazas de Bolsonaro de “retener datos, retrasar boletines sobre la enfermedad e interrumpir la divulgación de los totales de casos y muertes”, dice Folha.

En medio de una delicada crisis económica que golpea a los principales países del mundo, la gestión económica de Bolsonaro, sobre todo en los últimos meses, ha sabido contener la inflación con políticas de intervención, contrarias a la escuela ortodoxa de su ministro de Economía, Paulo Guedes.

La principal ha sido la reducción en el precio de los combustibles, a través de la regulación de precios desde Petrobras. La decisión electoralista sobre la petrolera estatal, le costó la renuncia de tres presidentes de la compañía pública, esa que el presidente dice que intentará privatizar. “Di luz verde para discutir la privatización de Petrobras el próximo año”, dijo Bolsonaro en agosto en una entrevista en Jovem Pan.

AO

Los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil patearon el hormiguero de la política. Los ganadores, perdedores, gobernadores, diputados, senadores y hasta algunos expresidentes salieron disparados a ubicarse detrás de Jair Bolsonaro o Luiz Inácio Lula da Silva, para la segunda vuelta del 30 de octubre. Pero los respaldos no son lineales, ni sus bases electorales obedecen de manera directa al trazado de sus dirigentes.

En el caso de Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), la candidata se ubicó detrás de Lula pero no así su partido. En una muestra de que la ambigüedad además de imprecisión puede ser estrategia. En el caso de Fernando Henrique Carodoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el expresidente decidió respaldar a Lula. No así el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, del mismo espacio político, que peleará el 30 de octubre contra el candidato de Bolsonaro por la reelección. “Ni Lula ni Bolsonaro”, plantó bandera Leite.

El nuevo tramo de campaña exige armar nuevas estrategias, ahora con un solo rival. “Los segundos turnos son campañas de contraste fuerte, más negativas que propositivas. Quedan sólo dos candidatos y es como un duelo del Lejano Oeste”, dice desde São Paulo Guillermo Raffo, consultor político en las campañas de Paulo Pimentel del PT en 2010, Aécio Neves del PSDB en 2014 y Henrique Meirelles del MDB en 2018. “El gran desafío es sacarle votos a tu rival, ya que no queda nadie más. Esa es la forma más rápida de acortar la distancia”.  

Moderar para ampliar

La estrategia para el segundo tramo de campaña, tanto para el candidato del PT como para Bolsonaro, será conseguir un desplazamiento hacia el centro. En el caso de Lula, este movimiento no implica una variación sino poner énfasis en la estrategia que viene desplegando el partido. “Lula necesita convencer que va a mantener las políticas fiscales y económicas”, dice Paulo Abrão, director de la organización Washington Brazil Office. En definitiva, demostrar que es un actor confiable para el mercado.

Pero también, deberá lograr presentarse como el candidato que mira los problemas del presente con perspectiva de futuro. Si algo ha sido cuestionando en la primera etapa de la campaña del PT es la mirada demasiado nostálgica de los logros del pasado. Este tiempo exige mirar los problemas estructurales de Brasil como la desigualdad social pero también incorporar otros más novedosos como el reclamo ambiental.

En el caso de Bolsonaro, moderar implica hacer una campaña desde cero. Si en las semanas previas a las elecciones, el candidato del Partido Liberal (PL) apostó a asegurar sus bases electorales mediante un discurso radicalizado, en los próximos días intentará matizar las consignas y suavizar el tono. “Bolsonaro necesita convencer que no es extremista, que puede ser un conservador moderado y democrático”, dice el director Washington Brazil Office.

La pregunta es si podrá hacerlo. “Cuando intenta moderar su discurso, no convence ni propios ni ajenos”, dice Raffo. Después del reconocimiento apacible de los resultados, el presidente de Brasil intentará presentarse como presidente más que como candidato. Esto explica porque la estrategia de comunicación de campaña queda tironeada entre el equipo de Presidencia y el partido, lo que termina por empantanar aún más la relación con la prensa.

Bolsonaro busca superar el candidato-mito de 2018, el gigante de piedra que terminará con todo lo anterior, para ser el presidente sin traje pero con cobraba, de media sonrisa pero mensaje intimidante, que muestra en el nuevo material de campaña. Sin embargo, la paciencia y la moderación no es su principal atributo. El desenfreno con el que se mostró el viernes, por el vacío meditado de definiciones por parte del PT, confirman que la tarea para Bolsonaro no será sencilla.

De todos modos, el candidato del PL tiene un punto a su favor. Bolsonaro parte del cimiento que ha dejado la victoria de su partido y los aliados en el Congreso en el primer turno. “Si queremos un gobierno de paz y armonía, no podemos tener un presidente de un lado y un Congreso del otro”, advierte el video de campaña. El presidente buscará convencer a la mayor cantidad de electores posible diciendo que ahora tiene las condiciones para gobernar.

Los respaldos políticos

En este punto Lula, un candidato que confía en los partidos políticos, ha decidido armar un arco de más de diez siglas que lo acompañen en el camino a la presidencia, entre las que están el PCdoB, el Partido Verde, Rede, entre otros. En cambio, Bolsonaro, el presidente sin partido, el diputado que desprecia las estructuras políticas, apuesta a cerrar nombre por nombre a los candidatos, consiguiendo apoyo de gobernadores, alcaldes y diputados de alta exposición pública.

Pero los respaldos no son lineales. Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), se ubicó detrás de Lula pero no así su partido. En una ambigüedad estratégica, propia de este espacio político, Baleia Rossi, presidente del MDB, dio libertad de acción para hacer campaña por quien cada a uno quiera. De este modo, Ibaneis Rocha, reelecto gobernador de Brasilia, también del MDB, no dudo en acompañar a Jair Bolsonaro.

Por su parte, Ciro Gomes anunció que seguirá la decisión del Partido Democrático Trabalhista (PDT) de respaldar a Lula. Pero la rivalidad vanidosa que Ciro ha querido construir con el candidato del PT le impidió ni siquiera nombrar al expresidente.

Tampoco son reposicionamientos sencillos para los dirigentes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). El expresidente Fernando Henrique Carodoso expresó su apoyo a Lula, al igual que el dos veces candidato a presidente por este partido, exministro de Michel Temer y exgobernador de São Paulo, José Serra, que no encuentra ninguna contradicción en acompañar en su estado al exministro de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, para gobernador.

La pelea por el Nordeste y Mina Gerais

Bolsonaro buscarán acortar la distancia en aquellos distritos en los que la diferencia ha sido muy marcada. En la región del Nordeste, lugar de origen de Luiz Inácio Lula da Silva, el PT consiguió casi el 70% de los votos. En Salvador, capital del estado de Bahía, Lula con 67% logró una distancia de 24 puntos sobre Bolsonaro, resultado similar al de Pernambuco y hasta en Ceará, bastión del candidato del PDT, Ciro Gomes.

Por eso Bolsonaro apunta a aumentar los votos en esta región. “Lula ganó en nueve de los diez estados con mayor tasa de analfabetismo. ¿Saben cuáles son estos estados? Son de nuestro Nordeste”, dijo Bolsonaro en sus redes sociales. Eso le dio pie a Lula para definir a Bolsonaro de “monstruo negacionista”. “No caigan en narrativas que pretenden enfrentarnos a nuestros hermanos del Noreste. La izquierda divide para conquistar”, respondió Bolsonaro.

En el caso de PT, Mina Gerais y la ciudad de São Paulo se han convertido en distritos cruciales. “El desafío de Lula es ganar votos en la región Sudeste y Sur, las más desarrolladas del país”, dice Paulo Abrão. En Minas, tercer distrito en volumen electoral, Lula consiguió imponerse con el 48% ante Bolsonaro con el 43%. Sin embargo, Romeu Zema Neto, actual gobernador por el Partido Nuevo (Novo), consiguió su reelección con 56% de los votos. Zema confirmó el martes que apoyará al Jair Bolsonaro en la segunda vuelta.

La identidad religiosa

Dos días después del primer turno, la campaña del PT ha salido a decir que Luiz Inácio Lula da Silva “no tiene un pacto ni jamás conversó con el diablo”. El absurdo responde a los ataques de la campaña de Jair Bolsonaro que buscan asociar a los aliados del presidente intentan con Satanás, en un intento de disuadir a los votantes evangélicos del PT.

“Lo que está consiguiendo hacer el presidente es capturar buena parte del voto evangélico mediante un proceso retórico de demonización del PT”, dijo Esther Solano a elDiario.es en esta entrevista previa a la elección. Bolsonaro apuntará a acercarse a los fieles católicos, mientras Lula a las iglesias evangélicas. Objetivo que, de todo modos, no es nuevo.

De todo modos, Bolsonaro ha perdido en esta elección una parte significativa de los votos evangélicos, según analiza Pablo Semán, sociólogo especializado en religión. Entre los votantes evangélicos, Bolsonaro consiguió en 2018 64% contra el 51% de este domingo. Mientras que, en el caso de Lula, el respaldo para el PT pasó del 24% en el segundo turno de 2018 al 38% del primer turno en 2022. Lo que confirma que el voto evangélico no es botín de ningún candidato.

Al fin de cuentas, la pregunta es quién tendrá una nueva oportunidad. ¿Lula merece volver o Bolsonaro merece seguir?. “Y ahí están casi empatados, con una leve ventaja para Lula”, dice Raffo.

AO

Luis Inácio Lula da Silva irá a segunda vuelta con Jair Bolsonaro. La elección será el 30 de octubre, último domingo del mes. El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) superó al presidente de Brasil con el 48,43% de votos. Bolsonaro, por le Partido Liberal (PL), quedó en segundo lugar con el 43,20%, según el Tribunal Superior Electoral. La distancia de cinco puntos sorprendió en el centro de campaña del PT, donde esperaban mejores resultados e incluso especulaban con la posibilidad de ganar en primera vuelta.

Lula da Silva, seis veces candidato a presidente, nunca antes ganó en el primer turno. Ni en elecciones de 2002, ni en 2006. Pero el nivel de polarización de la primera parte de la campaña plantea unas semanas intensas hasta el domingo de las elecciones. “Todas las elecciones a las que me he presentado han sido en segunda vuelta, todas ellas. La segunda vuelta es la oportunidad para madurar las propuestas y para conversar con la sociedad”, dijo el candidato del PT desde el hotel de campaña en São Paulo.

Bolsonaro, que no contó con un centro de campaña para esperar los resultado y recibir a la prensa, hizo referencia a que no todo cambio es para mejor. “Entiendo que hay un deseo de cambio por parte de la población, pero hay ciertos cambios que pueden venir a peor”, dijo el presidente de Brasil en las puertas del Palacio de la Alvorada en Brasilia.

Tanto Bolsonaro como el Lula apuntarán a conquistar los votos de la tercera candidata más votada, Simone Tebet, con el 4,26% de los votos. Tebet se ha presentando por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), identificado con el llamado centrão, un bloque de partidos conservadores con el cual los distintos gobiernos necesitan pactar en el Congreso para garantizar la gobernabilidad. Si bien el MDB tenía pocas opciones de entrar a segunda vuelta, la candidatura de Tebet ha sido la llave de este espacio político para evitar tomar posición por alguno de los dos favoritos. De ese modo, el MDB queda liberado para hacer y deshacer alianzas en el Congreso.

Los resultado del domingo resultaron buenos para los aliados de Bolsonaro en el Congreso. El PL ganó al menos 23 diputados, lo que suman 99, la mayor bancada en el Congreso. En la cámara alta brasileña han entrado figuras como el astronauta Marco Pontes, con un resultado arrollador del 49%, por São Paulo. Por el estado de Paraná, el exjuez Sergio Moro, quien condenó al expresidente Lula a prisión y luego fue ministro de Justicia con Bolsonaro, ha entrado en el Senado con el 33,51% de los votos.

La profunda crisis en el centro-derecha brasileño ha dejado expuesta la fractura que vive el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del expresidente Fernando Henrique Cardoso. La apuesta de llevar a Geraldo Alckmin, presidente del PSDB hasta 2019 e histórico rival político de Lula, como vicepresidente en la fórmula del PT estaba orientada a ampliar las bases de apoyos electorales. Pero los resultados no han sido los esperados.

Bolsonaro consiguió una ventaja en varias regiones claves del país. Tal como proyectaban las encuestas, el presidente alcanzó buenos números en Sudeste, región que concentra más del 42% de electores habilitados para votar, integrado por los estados de São Paulo, Mina Gerais, Río de Janeiro y Espíritu Santo.

En São Paulo, principal estado de esta región y distrito de mayor peso electoral de Brasil con el 22%, el presidente de Brasil consiguió el 47,71% frente el 40,89% de Lula. De todos modos, el Partido de los Trabajadores apunta a ganar la gobernación en segunda vuelta, con el candidato Fernando Haddad, que obtuvo el 35,70% frente al aliado de Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas con el 42,32%. De ganar Haddad en este estado, sería a una victoria histórica para el PT en un distrito donde el PSDB ha gobernado en los últimos 30 años.

En Minas Gerais, segundo estado en población del país con el 10,4%, Lula consiguió una ventaja sobre Bolsonaro con el 48,22%. Bolsonaro quedó en un cercano lugar con el 43,66%. Mientras que en Río de Janeiro, un distrito controlado por Bolsonaro, el presidente consiguió el 51% ante el 40,69% de Lula. En las región del Nordeste, considerada bastión del Partido de los Trabajadores, que concentra al 27% del electorado, Lula consiguió mejores resultados. En el estado de Bahía, el más poblado de la región, el PT obtuvo el 69,9% de los votos. En Pernambuco, lugar de origen de Lula, el expresidente consiguió el 65,15% frente al 30% de Bolsonaro.

Más de 156 millones de brasileños estaban llamados a votar en la principal economía de América Latina. Tras una campaña tensa y de lo más violenta, Jair Bolsonaro busca la reelección y Luiz Inácio Lula Da Silva apuntará a llegar a su tercera presidencia.