Hace poco más de una semana, justo el sábado pasado, a los 54 años, Federico Delgado —“el fiscal Delgado” para los argentinos, “el profesor Delgado” para sus alumnos, “el autor Federico Delgado” para sus lectores, “papá” para Tomás, Juan y Justo, “marido” de Yvonne, “Fede” entre amigos y colegas—, mi compañero de vida, libros, textos, notas, programas, del programa de radio “Cata de Noticias” y de proyectos de todo tipo, mi confidente, mi amigo del alma se nos fue.

Una parte de mí se fue con él, y al mismo tiempo, se quedó una de él conmigo.
Por eso hoy no me sale hablar como periodista, sino más bien desde el lugar de la amistad. Pero honestamente, estoy tan triste que las palabras casi no salen.
La noche anterior a su partida, la del viernes, me dormí mientras nos escribíamos mensajes. Le mandé una foto nuestra en nuestro rinconcito de charlas de los últimos años: el pastito de la plaza justo frente a la TV pública, siempre con el sol dándonos en la cara. Le dije que cuando todo esto terminara íbamos a retomar nuestras charlas al sol sobre cómo el mundo “se va al carajo”. Su respuesta llegó la mañana siguiente, unas horas antes de que muriera, y decía: “No te olvides de hacerlo, Castor”. Después me escribió “ya me duermo”. Unas horas más tarde se durmió y ya no se despertó.

El martes, sus seres más queridos nos despedimos en el Varela Varelita, su lugar en el mundo, el bar que hubiera elegido para tomar un último café. Ahí estaban Yvonne, la leona de su mujer; sus maravillosos hijos, Tomás, Justo y Juan; su hermano Gabriel, su cuñada y los sobrinos; Jorgito y Marchu, sus pollos de la Fiscalía 6; sus amigos Pablo Slominisqui y Diego Peisajovich, y un montón más de gente querida de diferentes círculos, como el guionista y director Carlos La Casa, sus profesores de natación, Chacho Álvarez y Mario Pontaquarto; su abogado, Emiliano Villar; periodistas, profesores, fiscales y jueces.

La foto de ese día en Varela Varelita y los mensajes de despedida en los diarios y en las redes dicen mucho de cómo era Fede: una persona que vivió mil vidas en una y que dejó huellas imborrables en todas. Como fiscal federal, Fede intervino en las causas por crímenes de lesa humanidad sobre el robo de bebés durante la dictadura y los cometidos en los centros de detención clandestina del Primer Cuerpo de Ejército, en las que sus responsables fueron juzgados y sentenciados. Fue el fiscal de muchas de las causas judiciales más pesadas y conocidas en las que estuvieron involucrados instituciones y hombres poderosos como Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López y Daniel Angelici, también los escándalos por el pago de sobornos en el Senado en el gobierno de Fernando De la Rúa y el Megacanje de Domingo Cavallo, las tragedias de Once y de la fiesta electrónica Time Warp, el secuestro del padre de Carlos Tévez, las coimas de Odebrecht y también las causas que involucran a Cristina y Néstor Kirchner por conflicto de intereses entre sus negocios privados y la función pública, y a Mauricio Macri por presunto lavado de dinero. 

Con su trabajo honró su cargo y la democracia argentina. Incluso cuando su compromiso le costara las cosas más valiosas. En sus tres libros “Republica de la Impunidad”, “Injusticia” y “La cara injusta de la justicia” quedaron escritas muchas de sus verdades. Entre ellas, la forma en que la familia judicial maneja la vida de los tribunales con sus propias normas y castiga a los que no quieren ser parte, como le pasó a él.

Por seguir el camino de la ley y la autonomía que juró honrar cuando lo designaron como fiscal, Federico sufrió jefes que no sólo no apoyaron el trabajo hecho con mucho esfuerzo, sino que lo castigaron, superiores que trataron de torcer su voluntad, sumarios administrativos que presentaron en su contra y causas penales infundadas que progresaron a pesar de lo que dice la ley.

Sufrió mucho durante el macrismo causas armadas en su contra. Una, por ejemplo, fue por una denuncia en su contra que hizo el entonces juez Claudio Bonadio tras una presentación del jefe de la AFI durante el macrismo Gustavo Arribas. Y otra que tuvo el juez Marcelo Martinez de Giorgi tras una denuncia de Jorge “Corcho” Rodríguez. 

En su libro Injusticia, hay un fragmento que encapsula parte de su historia y de la historia reciente del estado de terapia intensiva en el que está el Poder Judicial argentino y la soledad con la que trabajan funcionarios judiciales como él: “Salvo la voluntad personal de no ceder ante las presiones, no hay mecanismos institucionales para enfrentar esos problemas, porque la cuestión no son las personas, sino que exista una estructura pensada para que la justicia no haga justicia. En los casos que involucraron a grandes empresarios, funcionarios y jefes de gobierno, el sistema judicial se puso en marcha para aplicar la ley de tal modo que no se cumplió el mandato de hacer justicia que juramos respetar en la Constitución Nacional. Como fiscal fui y soy testigo del fracaso de la ley como medio para conseguir soluciones justas, porque nuestra justicia muchas veces trabaja para darles impunidad a los poderosos”.

Fede no fue solo un gran fiscal, un gran escritor, gran profesor, un gran mentor, un gran divulgador, un gran jefe, un gran compañero, un gran padre, un gran alumno, un gran tío, un gran marido, un gran hermano, un gran amigo, una gran persona. Fue un guardián de la democracia. A 40 años del retorno de la democracia, Federico la defendió y honró hasta su último aliento.

Por eso Federico no solo vive en el corazón de los que tuvimos el lujo de compartir la vida con él sino también en nuestra historia. 

Espero que honremos en vida el ejemplo que nos dio.

Fede, espero que te llegue todo el amor que te mandamos, que te mando, donde quiera que estés. Te voy a extrañar como a nadie.

Abrazo al cielo🖤

Esta despedida fue leída en Cata de Noticias, el programa que la autora conduce en Radio con Vos los sábado de 17 a 18.

Hace mucho que no hablo de judiciales porque la agenda socioeconómica argentina es urgente. Más de un millón de chicos se saltean una comida y 4 de cada 10 argentinos son pobres. Si eso no es lo urgente, nos falla la brújula. Además de forma desigual, todos sufrimos el aumento de precios y de la inseguridad. Hoy por ejemplo, en el noti de A24 entrevistamos a Teresa de Berazategui, trabajando como empleada doméstica logró ahorrar y armar su local de ropa: este fin de semana le robaron todo, la dejaron sin nada. En este contexto me pone triste que la vicepresidenta nos arrastre a todos a un debate público sobre sus causas judiciales.

Pero hoy voy a hacer un espacio en “Cata de Noticias ”para pensar sobre lo que está pasando en Comodoro Py con el juicio a Cristina Kirchner, entre otros 12 imputados, por “Vialidad” porque es histórico al tratarse de una vicepresidenta en ejercicio. 

En un libro que publicamos con el fiscal Federico Delgado en 2016 con la editorial Planeta llamado “La cara injusta de la justicia” contamos con teoría y ejemplos cómo el Poder Judicial suele acariciar a los poderosos y aplastar a los débiles. En este caso, los alegatos del fiscal Luciani son un pedido fuerte mientras gobierna el Frente de Todos. Rompe con esa teoría.

En “Cata de noticias” mi espacio radial en el que intento alejarme del ruido que todo esto genera vale hacer algunas aclaraciones . Respiremos y pensemos por fuera de la grieta unos minutos.

*Los alegatos del fiscal Luciani son un pedido no vinculante, pero son la expresión del fiscal que representa a la sociedad. 

* Ahora los defensores van a hablar sobre el fiscal y es probable que sean duros y cuestionen la confección del proceso 

*Mientras tanto, los que agitan el clima son los dirigentes políticos porque dan por sentado que el juicio ya terminó: de un lado y del otro hablan de una sentencia escrita, de culpabilidad y de inocencia y, en realidad, el juicio ingresó en la fase final, pero aún faltan etapas. Y así, los políticos enloquecen a la gente. Un diputado de Juntos por el Cambio pidió pena de muerte para la Vicepresidenta y un sindicalista K amenazó con acomodarle los dientes al fiscal.

Más allá de los hechos de corrupción en la Obra pública denunciados en la causa de Vialidad, que vale recordar que fueron denunciados por Lilita Carrió en 2008 y que en Comodoro Py hicieron en ese entonces una calesita judicial para demorar y complicar la investigación, es interesante correrse de los gritos hoy y mirar por qué el proceso judicial está envuelto en sospechas de uno y otro lado y por qué eso puede ser un riesgo para la calidad de nuestra democracia. 

De nuevo, no estoy opinando de los hechos de corrupción denunciados, no estoy hablando de culpabilidad o inocencia. De hecho me parece trascendente que la justicia diga si hubo corrupción. Que lo confirme. El problema para la democracia es si no dice nada , si tarda en decirlo o si lo dice y la mitad de la sociedad desconfía de lo que dice la justicia.

Estoy mirando algunos cuestionamientos y sospechas sobre ciertos aspectos del proceso. Por ejemplo, si ponés en “mute” los gritos probablemente veas que la gran mayoría de la política, con silencios o con declaraciones, se blinda frente al delito de asociación ilícita porque temen que un precedente así se repita en el futuro. 

Por ejemplo, el dirigente de “Juntos por el Cambio” Miguel Ángel Pichetto expresó que va a ser difícil cerrar el esquema probatorio de la asociación ilícita y que le parece “un poco mucho que un Gobierno se constituya para delinquir”. 

Mientras tanto, militantes y simpatizantes del Frente de Todos marchan, gritan, piden. El Estado, igual que en materia económica y social, se muestra impotente. Nadie sabe bien qué hacer. 

En este contexto, el desafío para los jueces del TOF 2 es enorme. Ayer en Clarín el presidente del Colegio Público de Abogados Ricardo Gil Lavedra dijo que solo el 14% de los argentinos confía en la justicia. La pregunta es ¿cómo harán los jueces para convencernos de un veredicto y eliminar la sospecha? Si la condenan, ¿convencerán a la mayoría de los argentinos? ¿Y si la absuelven?

Corre el tiempo y nos aproximamos al momento de la sentencia, Cristina encolumna al peronismo en su denuncia de persecución judicial y el presidente Alberto Fernández aparece corrido y cuando habla comete furcios. Mientras tanto, el tercer accionista de la coalición gobernante y actual ministro de Economía Sergio Massa avanza con su plan de ajuste y estabilización en un contexto inflacionario, de pulverización de cualquier tipo de ingresos, de brecha cambiario, de índices de pobreza inmorales y de falta de dólares . 

 ¿Cómo sigue todo esto? Es Argentina así que siempre es mejor cerrar con “una historia en desarrollo”.

Editorial del 29 de agosto de “Cata de Noticias” por Radio con Vos

El asesinato de Lucas González, presuntamente en manos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, conmociona al país. Me voy a ocupar de ello, pero desde otro lugar. Antes, haré algunas precisiones. Dejo a un lado la investigación judicial que está en curso. Aunque la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es protagonista del caso, me voy a referir a las fuerzas de seguridad en general y algunas de las causas de los abusos funcionales de las policías. Voy a identificar algunas de las premisas de estos hechos que se mantienen muy firmes, más allá de los gobiernos de turno.

¿Qué tiene de nuevo este hecho aberrante para los argentinos? Lamentablemente poco. Sin embargo, despertó un interés público que no suelen tener estos temas. Los sociólogos deberán explicarnos la singularidad de este hecho. Lo concreto es que el caso “Lucas” muestra algunas prácticas que revelan el déficit democrático de la democracia argentina. Aunque parezca un juego de palabras, se trata de una paradoja inquietante. Pero el hecho tiene causas bastante específicas.

Desde hace mucho tiempo, la dirigencia política justifica cualquier cosa en nombre de la, pongo comillas, seguridad. Una de ellas es la necesidad, vuelvo a poner comillas, “hacer inteligencia” . Permanentemente se interpela a las diferentes policías a que hagan inteligencia para prevenir los delitos. Sobre todo, cuando algún crimen despierta la ira popular.

¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia? Hablamos de actividades que se hacen de manera secreta, mediante el engaño y en los márgenes de la legalidad. Esa necesidad que se naturalizó, generó que las fuerzas de seguridad muy sueltas de cuerpo, sin identificarse, de manera clandestina y autónoma circulen por las calles en búsqueda de información. En esa costumbre se ubica el primer acercamiento de Lucas con la policía porteña.

Más allá de tecnicismos legales, es contra intuitivo en una democracia que el Estado, a través de sus policías, se camufle entre los ciudadanos para pescar información. Por ello las leyes distinguen entre las tareas de prevención que hacen las fuerzas de seguridad con sus autos y sus uniformes, de las tareas de inteligencia que exigen control del sistema judicial. En otras palabras, la policía solo puede hacer ese tipo de trabajos bajo la supervisión de jueces y fiscales. 

Pero esto no es solo culpa de las fuerzas de seguridad. Al reclamo permanente de la dirigencia se suma el problema de la autonomía de las policías. Ello quiere decir que en las calles pueden hacer, de hecho, cuando les plazca. Aquí hay otra cuestión: la ausencia de una clara y firme conducción política. Esa es una responsabilidad de los gobiernos. Especialmente porque con las reglas de la democracia no valen los relativismos. Las prácticas del Estado se tienen que inscribir en la lógica de las leyes. Aquí no existen las ambigüedades. El argentinismo del “Sí, pero bueno…” no vale para la Constitución. Son las autoridades electas las que tienen el timón que guía el trabajo de las agencias policiales.

El caso Lucas también revela los hábitos de los policías para borrar los rastros de sus faltas. No hacen falta mayores detalles. Basta reparar en que Lucas estuvo internado en condición de “sospechoso herido”. ¿Cómo puede ser que estas cosas pasen en el siglo XXI? Pasan, entre otras, por dos razones. En primer lugar, porque en los tribunales hay una tendencia a dar por ciertos los discursos de las fuerzas de seguridad. Ello no es malo en sí mismo porque se trata de la palabra oficial. Pero en la realidad hay un blindaje que incluye cierto rechazo a la corroboración. Eso es fuente de arbitrariedades. En segundo lugar, en plena revolución tecnológica nuestras fuerzas de seguridad permanecen trabajando con actas que documentan sus versiones de los hechos. No se graba, se filma poco y para colmo de males las cámaras de seguridad de las calles no siempre funcionan.

En otras palabras, las fuerzas se mueven sin control o con controles insuficientes. Falta de rendición de cuentas. Sabemos que los salarios ni herramientas de trabajo no son los mejores. No se publica con la nitidez necesaria el proceso de formación y de selección de los funcionarios. Podría seguir enumerando aspectos de este tipo, pero no tiene mayor sentido. Puedo concluir que la combinación de inoperancia, opacidad, escaso control, abuso de poder y cierta desidia trae aparejada la muerte y, en general, el temor de los ciudadanos con las fuerzas de seguridad que, pese a tanto cheque en blanco, no dan en el clavo.

Es que la seguridad no es cualquier cosa. Se trata de una obligación indelegable del Estado. Precisamente, como se trata de una obligación del Estado, está sujeta a reglas. Reglas que rigen pero que no siempre se cumplen del todo en nuestro país, en casi todos los campos. Cuando las fuerzas de seguridad no lo hacen, coquetean con la muerte, con la corrupción, con el espionaje ilegal y con todas esas patologías que son secretos a voces en los despachos oficiales y que corresponde a los funcionarios convertirlos en denuncias que ellos mismos deben investigar o impulsar las investigaciones.

Lucas en Barracas, Alejandro en San Clemente del Tuyú. Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires. Magalí en San Luis. Blas en Córdoba. Espinoza en Tucumán. Cambian los nombres o los apellidos, cambian las fuerzas de seguridad, pero las prácticas y las sospechas se mantienen porque el rol de las fuerzas de seguridad es una deuda de la democracia.

CDE

“Para mí lo peor sería sentir que estoy de acuerdo con las cosas que ya dije o escribí. Eso me pondría realmente incómoda. Porque querría decir que he dejado de pensar”. Susan Sontag

El conflicto con los mapuches, los debates acerca del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 sobre el “Pacto con Irán”, los problemas del Poder Ejecutivo para controlar los precios, la imputación a Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de las víctimas del “Ara San Juan”, la tensión social por los cortes de calles cotidianos, son algunos de los temas que integran la agenda pública en los últimos días. Todos tienen sus especificidades pero también un punto común: están atravesados por la crisis de la ley y del sistema judicial.

Las decisiones de los jueces conviven con la sospecha permanente. A veces, de manera fundada. En otras, simplemente porque la resolución judicial cae mal en alguno de los lados de la grieta.

La tensión con los mapuches, los cortes de calle y los controles de precios exhiben con nitidez los problemas del Estado para aplicar la ley y las resistencias de los sectores sociales que ponen en tela de juicio esa posibilidad. Da la sensación que nuestra vida pública está estructurada en torno a derechos, pero no de obligaciones. Es un problema complejo y con múltiples aspectos. Pero me interesa reflexionar sobre el comportamiento de las élites dirigenciales; es decir, las políticas, empresariales, sindicales. 

Las élites banalizan hechos que inciden en el nivel de vida de los ciudadanos. A punto tal que pudimos leer y escuchar estas semanas descalificaciones porque algunos funcionarios deslizaron la posibilidad de aplicar la ley de abastecimiento (más allá de la discusión de la eficacia de una medida así) o de juzgar los actos de violencia en la Patagonia; tema que será tratado esta tarde por el Colegio de Abogados de CABA. Y aplicar la ley es una de las razones de la existencia del Estado. El Estado produce y aplica las leyes. Si lo hace bien o mal, es otra cuestión. Pero el propio Estado crea los medios para corregir decisiones.

También hubo comentarios sobre las decisiones del TOF 8 sobre el “Pacto con Irán” que involucra a Cristina Fernández de Kirchner y del juez a cargo del Juzgado Federal de Dolores sobre el “Ara San Juan” que involucra a Mauricio Macri que no tenían relación con las resoluciones de los magistrados. Sin ingresar en ese debate, es importante resaltar que esas reacciones individuales, en su conjunto, son formas de lastimar la democracia desde adentro. La dirigencia pretende llevar agua para su molino, pero ese uso instrumental de las reglas de juego erosiona a las propias reglas de juego. 

A los problemas de eficacia del Estado para aplicar la ley se suman las intervenciones públicas de los dirigentes que simplifican cuestiones muy complejas de acuerdo a sus intereses personales o de grupo. La escena pública se parece cada vez más a un campo de batalla en el que las palabras funcionan como armas para descalificar lo que se percibe como una amenaza para posiciones particulares. Mientras tanto, los ciudadanos quedamos rehenes de esas escenas de pugilato verbal.

La campaña electoral es parte de todo ello. El termómetro de los partidos y coaliciones políticas que compiten por el voto no mide el malestar social. Las intervenciones en general, porque hay excepciones, se limitan a editar hechos para interpretarlos y luego difundirlos de acuerdo con sus intereses. El resultado de todo ello es una profundización entre la relación de las élites y los gobernados que se transforma en desconfianza, resentimiento y en la sensación de que la ley y la justicia se revelan impotentes para mejorar la vida de los ciudadanos. Es una dinámica riesgosa en momentos de crisis.

Aún con todos los problemas que pueda tener, es vital proteger el régimen democrático. Eso no significa no criticar lo que está mal o no identificar a los malos funcionarios. Al contrario, el deber de las élites y también de los ciudadanos es intervenir con firmeza y con el respaldo de la ley…con la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad.

En estos momentos de crisis, se hace indispensable una intervención fuerte del sistema judicial como promotora del diálogo. El diálogo no suprime el conflicto que es inherente a la vida en sociedad, pero la justicia tiene herramientas importantes para promover canales capaces de institucionalizar un diálogo responsable, persistente y sostenido en el tiempo sobre el destino en común.

Esta perspectiva integra el análisis que hace Roberto Gargarella en “El Poder Judicial como Promotor de la Deliberación Democrática”. La discusión pública tiene que darse sobre la Constitución que es el pacto común. Pero ello, exige algunos compromisos públicos como, por ejemplo, respetar la ley y no editar las decisiones judiciales de acuerdo a intereses particulares.

Esta tarea es colectiva, aunque probablemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Procuración General de la Nación, como cabezas del aparato judicial, deberían dar el primer paso. Aún lo esperamos.

CDE

El viernes 1 de octubre asumió Horacio Rosatti la presidencia de la Corte Suprema con Carlos Rosenkrantz como vice hasta el 30 de septiembre de 2024. Tal como lo habían acordado, la misma semana en la que asumió un nuevo gabinete nacional tras la derrota en las PASO del Frente de Todos los supremos eligieron a su nuevo presidente. No todos votaron; sólo lo hicieron Juan Carlos Maqueda, Rosenktantz y Rosatti, que se votó a sí mismo. La forma en que se desarrolló la elección llena de incertidumbre el futuro. Más allá de las razones que tuvieron los jueces que no votaron, esa decisión de Rosatti revela que los motivos individuales estuvieron por encima del deber público de elegir las autoridades del tribunal. Los desafíos de esta nueva Corte son muchos. Pero el principal es reconciliar a la ciudadanía con la justicia.

Según la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública realizada en agosto de este año por la Universidad de San Andrés, el grado de insatisfacción de los argentinos con el desempeño de la Corte Suprema es del 83%. Aunque aún no se conocen las líneas que trazará Rosatti para la gestión del sistema de justicia, la forma y el momento en los que fue elegido permiten pensar que hay patrones que no cambian: cada vez que hay elecciones, pasan cosas en la justicia.

Esto no debería suceder porque la Constitución no prevé que un resultado electoral tenga efectos en el campo de la justicia. A pesar de que no debería ser parte de la agenda, se imponen preguntas sobre qué va a pasar en el máximo tribunal del país con causas que involucran a los protagonistas de estas elecciones: el caso por los fondos de coparticipación que enfrenta al Gobierno con Horacio Rodríguez Larreta, la discusión sobre la conformación del Consejo de la Magistratura y las causas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por ejemplo, dos días después de las PASO, el 14 de septiembre, la Cámara Federal le ordenó al juez Sebastian Casanello que defina la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “La Ruta del dinero”. Gran parte de los hechos investigados estuvieron en manos del juez Julian Ercolini desde 2008 por una denuncia que realizó la entonces diputada Elisa Carrió.

En el resto de las causas en las que está involucrada la vicepresidenta, elevadas a juicio oral, pasa algo similar: la justicia no dice si es culpable o inocente pero los pocos movimientos que hay se dan al compás de los vientos del poder político. En la causa conocida como “El pacto con Irán” el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) debe definir si inicia el juicio. En Los Sauces y Hotesur el Tribunal Oral 5 espera pericias. Y en la causa de los Cuadernos la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un recurso ante Casación para objetar la decisión de la Cámara Federal que rechazó analizar la apelación de la UIF contra el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca y otros directivos.

En 2019, antes del arranque del primer juicio a Cristina Kirchner, conocido como “Vialidad”, en el que está acusada de direccionar las obras públicas santacruceñas en favor de Lázaro Báez, su defensa planteó varios recursos en la Corte Suprema en los que cuestionan distintos aspectos del proceso. Fernández de Kirchner denuncia que no la dejaron defenderse y presentar pruebas. Sostiene que tiene una múltiple imputación por asociación ilícita y que eso no es posible. Cuestiona la ausencia de una prueba fundamental que es la auditoría completa de toda la obra pública vial, que hay 49 de las 51 obras analizadas que ya fueron juzgadas y en la que los imputados fueron sobreseídos y que de las 51 obras analizadas en el juicio el TOF 2 sólo ordenó peritar cinco, entre otros. Pasaron más de dos años y el máximo tribunal, que no tiene plazos, aún no se pronunció sobre el tema. Mientras tanto, el juicio avanza a paso lento. Falta que declaren unos 70 testigos, entre ellos el presidente Alberto Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el flamante ministro de Seguridad Aníbal Fernández.

El nuevo presidente de la Corte Suprema tiene una gran oportunidad de mejorar el funcionamiento del máximo tribunal, de reconciliar a la justicia con la ley y con la sociedad. Para esto deberá cambiar la costumbre que gira en el círculo vicioso de mirar resultados electorales, las encuestas, los humores políticos y a partir de ello tomar decisiones.

Especialmente porque es verdad que el sistema judicial necesita muchas reformas legales. En esa necesidad, las élites políticas están de acuerdo, aunque hay muchas recetas dando vueltas. Pero, además, la justicia necesita una transformación moral. Y ese liderazgo tiene que estar en todas las instancias judiciales, pero necesariamente debe partir de la Corte que es el máximo tribunal.

En la Justicia los buenos funcionarios son mayoría. Mientras que la minoría siga utilizando recursos para conseguir fines que no tienen que ver con el mandato constitucional, las encuestas de opinión crítica sobre la Justicia se van a mantener. El desafío moral de un cambio sustancial es decisivo. La forma en que se eligió al nuevo presidente es un nuevo paso atrás.

CDE

El viernes 20 la Corte Suprema de Justicia anunció el reinicio de las actividades presenciales a partir del 1 de septiembre.Durante este tiempo los tribunales trabajaron, pero lo hicieron a velocidades diferentes. El fuero penal fue el que más se movió porque dirime cuestiones que tienen que ver con la libertad de las personas y con los delitos del poder. En el contencioso administrativo, que es donde normalmente recurren las empresas y los políticos para litigar contra el gobierno, la actividad también fue importante. Sin embargo, en otras áreas la lentitud crónica del poder judicial se combinó con el parate y los derechos de los ciudadanos se encogieron. Me refiero a los despedidos que no cobraron sus indemnizaciones, a los jubilados que vieron sus juicios paralizados, a las cuestiones de familia que siguen esperando, a los pequeños comerciantes que no pudieron cobrar sus deudas, a las víctimas de la inseguridad y de la violencia institucional que esperan justicia.

El Estado, por ejemplo, no dijo aún qué pasó con Facundo Astudillo Castro. Ya transcurrió más de un año de la aparición de su cuerpo sin vida. Facundo tenía 22 años y fue visto por última vez el 30 de abril cuando la policía lo detuvo en la ciudad de Mayor Buratovich en la provincia de Buenos Aires por circular durante la cuarentena dictaminada por el Gobierno a causa del COVID-19. También falta la explicación estatal de qué pasó con Magalí Morales, la mujer que fue detenida en San Luis en abril de 2020 por no llevar el DNI en plena cuarentena y que apareció ahorcada en su celda. Lo mismo sucede con los asesinatos de Luis Espinoza en Tucumán y el de Blas Correas en Córdoba a manos de la policía.

Bajo esas condiciones y en medio de una campaña electoral, la justicia se apresta a reabrir sus puertas. Pero hasta ahora ¿qué ofreció a los ciudadanos el poder del Estado al que el Presidente Alberto Fernández dedicó una parte importante de sus intervenciones institucionales frente al Congreso? Por ahora nada nuevo. La cámara de Diputados no discutió la reforma judicial después de la intervención del Senado, el cargo de Procurador General sigue ocupado interinamente por Eduardo Casal, el Consejo de la Magistratura no logró dinamizar las designaciones de nuevos jueces, tampoco enjuició a los que cargan con viejas denuncias en sus mochilas y no diseñó mecanismos de rendición de cuentas que permitan un poco de luz pública en los brumosos pasillos de los tribunales.

Mientras tanto, en los tribunales la oferta es básicamente la de las últimas décadas. La dirigencia política lleva sus problemas a la justicia y los magistrados los reciben sin prejuicios. Podemos leer los últimos movimientos de los tribunales en esa clave. El “Frente de Todos” alimenta con mucho entusiasmo el affaire de las armas y municiones que llegaron a Bolivia desde nuestro país en medio de un golpe de Estado. También denunciaron el cumpleaños de Elisa Carrió en diciembre del 2020. Desde la otra vereda, “Juntos por el Cambio” primero apostó a judicializar el plan de vacunación; sobre todo en relación a todo lo que rodeó el frustrado contrato con Pfizer. Actualmente se concentró en la fiesta que se desarrolló en la quinta presidencial de Olivos en julio de 2020 para celebrar el cumpleaños de Fabiola Yañez.

Dejo a un costado el debate sobre si los protagonistas de los hechos cometieron un delito. Me interesa otro aspecto. Lo defino como “la maquinaria política y judicial en tiempo de elecciones”.

Es casi un clásico de las campañas: realizar denuncias para ganar visibilidad y usar la justicia como una herramienta para hacer política. Probablemente el significado jurídico de los hechos que se denuncian no sea una prioridad para nadie. Un indicador de ello lo proporcionan ambas veredas.Por el lado del “Frente de Todos” hay un interés muy especial por conseguir pruebas de la justicia de Bolivia e instalar que el macrismo participó del golpe de Estado. “Juntos por el Cambio” coloca en la agenda pública el cumpleaños en Olivos de una manera llamativa, porque la causa está en manos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Ramiro González. Ambos son parte del elenco de Comodoro Py, aunque los hechos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires y de acuerdo con el procedimiento judicial la investigación debería estar radicada en los tribunales de San Isidro.

Según los politólogos German Feierherd, Guadalupe Muñoz y González Ocantos, en su paper aún no publicado “Witch Hunts? Electoral Cycles and the Judicialization of Corruption in Argentina” (¿Las brujas cazan?, ciclos electorales y la judicialización de la corrupción en la Argentina?), judicializar la política con denuncias de corrupción en tiempos de campaña puede lograr el efecto de empañar la reputación del opositor, pero también puede ser contraproducente para quien las realizan, especialmente si las denuncias son tan frecuentes. Los autores destacan que las mismas tienden a perder credibilidad y los votantes las ven como ‘oportunistas’.

Probablemente lo que estamos viendo es algo más que la judicialización de la política y la politización de la justicia. Quizá el tiempo fraguó una maquinaria político judicial que aparece con mucha intensidad en los momentos electorales. Y si ello hipotéticamente es así, cuando los ciudadanos votamos, elegimos algo más que representantes. A lo mejor sin saberlo del todo, se plebiscita una forma de ejercer el poder.

CDE