En estos días, desde Amnistía Internacional publicamos nuestro tradicional informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Las conclusiones no son alentadoras. La diferencia, quizás, que profundiza el deterioro, es la naturalidad e indiferencia con que se ha instalado lo que ya puede considerarse una auténtica crisis global de los derechos. En varios países del mundo, hemos visto como se reprimen estudiantes, y más aún si son inmigrantes, se descalifica a las minorías y se amenaza con cercenar sus derechos. Las democracias con rasgos autoritarios que en varios lugares del mundo se fueron afianzando en los últimos años y hoy vemos cómo van haciendo raíces en varios países del mundo. 

En distintas regiones, desde Medio Oriente hasta Europa del Este, somos testigos de conflictos armados devastadores que afectan especialmente a la población civil. La pérdida diaria de vidas inocentes, entre ellas mujeres y niños, se ha convertido en una realidad tan frecuente que ya no despierta la indignación generalizada de otros tiempos, ni moviliza contundentemente a las instituciones internacionales, pese a los llamados urgentes de organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional. Los dirigentes que cargan contra los derechos humanos no son exclusivos de una zona geográfica ni de un continente. De Corea del Sur a la República Democrática del Congo, de Turquía a Bangladesh, hemos presenciado actos de represión a la protesta —con muertos y heridos a manos de las fuerzas de seguridad—, así como la pérdida de libertades fundamentales en un Estado de derecho. Las minorías sexuales también han sido perseguidas, incluso en países como Hungría, en pleno corazón de Europa.

En ese marco cada vez más desalentador, Argentina no ha sido la excepción. Por el contrario, se ha convertido en uno de los emblemas de esta nueva era caracterizada por la mezcla de prácticas autoritarias y codicia empresarial. Porque ese es el reverso tenebroso de los gobiernos que atentan contra los derechos humanos: el impulso a un “dejar hacer” del mercado y sus actores, en un juego donde las grandes mayorías sociales resultan cada vez más relegadas.

En los doce meses de gobierno de Javier Milei, los sectores trabajadores, los jubilados y las personas de menores ingresos han sufrido no solo una pérdida acelerada del poder adquisitivo, sino también un recorte drástico de partidas —medicamentos, subsidios, ayudas escolares— que, hasta hace poco, representaban su último sostén para no caer en la marginalidad. El cierre de organismos claves en áreas como salud y educación, justicia y derechos humanos no hace más que profundizar una deriva que amenaza con tornar el ajuste un drama de carácter estructural.

El marco en el que se lleva a cabo este modelo económico y social profundamente desigual es, precisamente, el mismo que se repite en países y gobiernos de carácter autoritario: una persecución y confrontación violenta frente al disenso, en la que el miedo, las noticias falsas y la desinformación configuran una poderosa estrategia de adoctrinamiento y censura.

Al mismo tiempo, se producen preocupantes ataques a la libertad de expresión y al acceso a la información pública. El ataque y la deslegitimacion a periodistas de parte directa del presidente de la Nacion es de una gravedad institucional nunca antes vista. La rendición de cuentas —obligatoria de quien administra bienes del Estado— se suprime y es reemplazada por la discrecionalidad y la opacidad. 

No podemos dejar de mencionar la represión y el uso excesivo de la fuerza e incluso prácticas intimidatorias, en cualquier manifestación pública. Argentina, es esta vez, uno de los ejemplos tristemente más destacados de nuestro informa Anual y a pesar de esto, grandes sectores de la sociedad civil sigue  dando muestras contundentes del compromiso con la resistencia pacífica y el reclamo activo por la defensa de derechos. 

Desde su llegada a la Presidencia de Argentina, Javier Milei ha estado marcado por una profunda disonancia entre su retórica agresiva y la realidad aplastante que golpea a la mayoría de la población. Si bien la crisis económica y social argentina era preexistente a su llegada, lejos de implementar soluciones efectivas, Milei ha profundizado la polarización social y el deterioro institucional, mientras la pobreza y la desigualdad se agudizan en una Argentina con escasos resortes sociales para seguir resistiendo el ajuste sobre los más vulnerables.

Una de las principales preocupaciones radica en las políticas económicas que buscan reducir el gasto público de manera drástica. Desde Amnistía Internacional hemos señalado que estas medidas pueden afectar gravemente el acceso a servicios esenciales, como salud y educación. Por ejemplo, la eliminación de subsidios a servicios básicos podría dejar a muchas familias sin acceso a la electricidad y el agua potable, cercenando así su derecho a un nivel de vida adecuado.

A la par, el presidente ha construido su relato de relegitimación en torno a un discurso de odio basado en la confrontación constante, la estigmatización de opositores y la desinformación a través de la permanente propalación de “noticias falsas”. Lo que alarma todavía más es que este clima de agresividad latente, solo funcional a su estrategia de poder, ha derivado en hechos concretos de violencia hacia quienes piensan diferente, incluyendo agresiones a periodistas, la criminalización de la protesta social y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Esto se ha traducido en acciones concretas contra periodistas, manifestantes y opositores políticos, en un círculo de retroalimentación entre la construcción de un discurso en las redes sociales y su apalancamiento desde la vocería tradicional. Milei ha hecho uso frecuente, por caso, de su cuenta de Twitter como así también del micrófono en actos institucionales y partidarios para denostar a periodistas bajo los calificativos de “mentirosos”, “chorros”, “corruptos”, “soretes” y “basura”. 

Pero también hizo lo propio con legisladores de diversas extracciones que se oponen a sus proyectos de ley, llegando a calificarlo de “nido de ratas”, y optando por los decretos de necesidad y urgencia y los vetos –herramientas constitucionales en su naturaleza– para intentar avanzar con determinadas medidas sin respetar los procesos institucionales o bloquear iniciativas del Poder Legislativo que buscan garantizar el financiamiento para rubros esenciales como la educación universitaria o las jubilaciones.

En más de una ocasión, la sola mención de un referente de cualquier sector o actividad ha obrado de catalizador para gatillar una campaña de acoso desde las redes por parte de un pelotón de cuentas orgánicas e inorgánicas del espacio libertario, lo que puede derivar en futuros actos de autocensura por parte de sus víctimas. 

La “casta” no era quien se pensaba 

Pese a ganar las elecciones sobre la base de una promesa de cambio y castigo a la “casta” –apuntando, al menos desde lo retórico, contra las elites que administran el statu quo–, el ajuste recayó sistemáticamente sobre las personas más vulnerables. Las políticas de austeridad implementadas por Milei han impactado principalmente en jubilaciones y pensiones, los sectores de menores ingresos y la clase media. Decisiones como la liberación de precios en el aumento de las prepagas y el desfinanciamiento del sistema público de salud, han dejado a millones de personas en una situación de extrema fragilidad.

De hecho, acorde a un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la licuación salarial y de jubilaciones explicó el 38% del ajuste de gasto nacional en el primer semestre del año. Y esta mecánica se tradujo en una pérdida del poder adquisitivo de los adultos mayores, llevando al haber mínimo a estar por debajo de la canasta básica por primera vez desde 2016. En simultáneo, el mega decreto 70/2023 derogó la regulación sobre el aumento de las cuotas de medicina prepaga, lo que provocó un incremento promedio del 40% en enero de 2024 y ajustes al alza sucesivos que vedaron el acceso a la salud privada para miles de personas, especialmente adultos mayores con bajos ingresos, obligados a recurrir a la Justicia para frenar los incrementos.

La prórroga del Presupuesto 2023 para el 2024 sin tener en cuenta la inflación implicó, en paralelo, un desfinanciamiento del sistema público de salud. Sumado a esto, la Dirección de Asistencia Directa para Supuestos Especiales (DADSE), que provee medicamentos a personas sin cobertura médica con enfermedades graves, no funcionó durante varios meses, dejando a pacientes sin acceso a sus tratamientos crónicos de alta complejidad, en algunos casos.

La estigmatización y criminalización de la protesta social que derivó de gran parte de estas acciones, mediante la implementación de un “Protocolo para el mantenimiento del orden público” que restringe el derecho a la protesta y habilita el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, desembocó en numerosos actos de violencia institucional. 

Sin ir más lejos, durante las protestas contra la Ley de Bases, hubo no solo heridos por la represión policial –que incluyó casos de pérdidas de la visión por el impacto de bala de goma, en un modus operandi que ya vimos en otras represiones latinoamericanas–, sino también la detención de manifestantes, que permanecieron privados de su libertad bajo cargos de intimidación pública que finalmente fueron desestimados por la Justicia.

La batalla cultural

Las políticas y declaraciones del primer mandatario y sus funcionarios no se comprenden fuera de un radio de acción dogmático que forma parte de la batalla cultural que el Gobierno está dispuesto a dar como parte sustancial de su gestión diaria. No obstante, las palabras y acciones tienen consecuencias duraderas. El negacionismo del cambio climático y los intentos de debilitar la legislación ambiental no solo ponen en riesgo el futuro del país sino representan un retroceso en materia de derechos humanos.

Del mismo modo, la postura manifiesta contra el derecho al aborto, la educación sexual integral y los derechos de la comunidad LGBTIQ+, basadas en la desinformación y el desprecio por la legislación vigente, atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la diversidad sexual. En ocasiones, se ha referido al aborto como un “asesinato agravado por el vínculo”, desconociendo la legislación vigente y los derechos de las mujeres.

Como muchos otros mandatarios, Milei no convive bien con la crítica. Pero su accionar a la hora de imponer un relato propio ha ido más allá de lo meramente discursivo, incurriendo en restricciones al acceso a la información de tipo normativo y físico. 

A través del Decreto 780/2024, el gobierno ha reglamentado la ley de acceso a la información pública limitando su órbita y excluyendo a todos aquellos datos que se consideren parte de la “esfera privada” de los funcionarios. Del mismo modo, entre otras mordazas disfrazadas de tecnicismos legales, obvió de la difusión la entrega de los documentos que forman parte del proceso de toma de decisiones y donde figuran los fundamentos de la implementación de las políticas públicas. 

A la vez, expulsó durante un tiempo a una periodista de las ruedas de prensa en la Casa de Gobierno y utilizó la Justicia para criminalizar el trabajo periodístico mediante la acción –paradójicamente– del propio ministro de Justicia. Fue este funcionario el que se ocupó de denunciar penalmente a los periodistas por supuesta “instigación a cometer delitos”, luego de que ambos cuestionaran la gestión libertaria por la demora en la entrega de alimentos acopiados en depósitos del Ministerio de Capital Humano.

Las acciones del gobierno de Milei contra la prensa y la protesta social construyen un efecto inhibidor en el imaginario colectivo sobre la libertad de expresión en general. En consecuencia, la población puede sentir temor a expresar sus opiniones o participar en manifestaciones públicas por miedo a represalias por parte del Gobierno y renunciar así a derechos contemplados en la Constitución.

Esto fue acompañado, además, de un giro en el paradigma de la seguridad, con una fuerte impronta punitivista y un nuevo reglamento para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad, establecido a través de la Resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Entre otras cuestiones, el reglamento no establece de manera explícita el concepto del último recurso para proteger la vida de las personas, introduce supuestos que permiten el uso de armas de fuego de manera vaga e imprecisa, y amplía las situaciones que se consideran como “peligro inminente”, habilitando el uso de armas de fuego en un mayor número de casos. 

A todo esto, se añade que se limita la obligación de las fuerzas de seguridad de rendir cuentas por sus acciones, al establecer que no se abrirán sumarios administrativos cuando se considere “verosímilmente” que el uso de la fuerza se ajustó al reglamento. 

Con el fin de que el Ministerio de Seguridad rinda cuentas sobre el modo en que se llevaron a cabo los operativos policiales en las manifestaciones durante 2024, Amnistía Internacional se presentó ante la justicia para obtener información de indiscutible carácter público que fue negada por el ministerio. A contramano, nuestra organización recibió tan solo dos respuestas parciales e incompletas del Ministerio de Seguridad alegando la confidencialidad de los datos, aunque revisten carácter público y resultan fundamentales para evaluar la conducta institucional acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.

Curiosamente, la negativa del Estado a informar va a contramano de lo que el gobierno pregona en la lucha contra la corrupción y por la rendición de cuentas. 

Una visión sesgada del mundo

El devenir de la gestión libertaria, por supuesto, tuvo su espejo en el plano externo con una política errática que, bajo el pretexto de dar un giro a los posicionamientos geopolíticos, ha quebrado una tradición de Estado de la Argentina y su escuela diplomática. Caracterizada por la improvisación y la generación de conflictos innecesarios, el presidente prioriza sus aspiraciones personales como parte de un movimiento ultra por sobre su responsabilidad como Jefe de Estado de un Estado cuya historia lo precede y continuará cuando haya concluido su mandato.

Bajo estos parámetros, la política exterior del Gobierno se ha caracterizado por la confrontación, la priorización de alianzas ideológicas y la utilización de un lenguaje poco diplomático, lo que ha provocado tensiones con diversos países. Esta situación podría afectar los intereses de Argentina en el ámbito internacional, poniendo en riesgo relaciones comerciales y diplomáticas estratégicas.

En su primer discurso en la ONU, el presidente confirmó lo que ya había adelantado la entonces canciller Diana Mondino: que la Argentina “se disoció” del Pacto del Futuro, un acuerdo global que establece una visión y plan de acción para abordar los desafíos globales actuales y futuros, y que fue adoptado por todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Milei eligió “disociarse” con la excusa de que “las Naciones Unidas continúan promoviendo políticas colectivistas”.

En esta misma línea de posturas regresivas, la Cancillería argentina presentó objeciones a resoluciones sobre democracia, derechos humanos y perspectiva de género, evidenciando un retroceso en su compromiso con estos temas en el ámbito internacional. Asimismo, rechazó tanto la continuidad de la Agenda 2030 y fue el único país que no suscribió la declaración sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres acordada por el resto de los miembros del G20 en una reunión intergubernamental en Brasilia, el 11 de octubre pasado.

Si bien ha buscado fortalecer las relaciones con Estados Unidos e Israel, su decisión de priorizar las relaciones con estos aliados internacionales en detrimento de otros a los que ha calificado de “comunistas” –como China y Brasil– se ha visto reflejada tanto en sus viajes oficiales y declaraciones públicas como en la búsqueda de acuerdos en materia de seguridad y defensa con ambos países. Un ejemplo de ello ha sido la adquisición de los aviones supersónicos de origen estadounidense F-16 así como la petición de realinear a la Argentina con la OTAN y el activo papel a favor de Ucrania en el marco del llamado Grupo Rammstein. 

Las relaciones con China se vieron afectadas por una serie de controversias, incluyendo la crítica a la situación de derechos humanos en ese país, el cuestionamiento a la base espacial china en Neuquén y los acercamientos con Taiwán por parte de miembros del gobierno argentino. Estas acciones han generado malestar en Beijing, poniendo en riesgo la relación bilateral. Sin embargo, ese malestar parece haber enviado un mensaje a ese país puesto que la posición tan estricta de Milei sufrió un giro de 180 grados. Tras su controvertida participación en la asamblea de la ONU, Milei indicó que se sorprendió “muy gratamente” con el país asiático: “Nosotros tuvimos una reunión con el embajador y al otro día nos destrabaron el swap. China es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada, solo piden que no los molesten”, detalló, para luego anticipar su viaje a ese país en enero, para la reunión de la CELAC.

En el mismo sentido. las denuncias de Milei contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien llamó “comunista asesino”, derivaron en la expulsión de diplomáticos argentinos de Bogotá. Si bien la crisis se resolvió a través de negociaciones diplomáticas, el episodio evidenció la falta de tacto en el manejo de las relaciones exteriores. Y un desenlace similar se dio con el retiro de la embajadora de España luego de los cruces de Milei con el presidente del Consejo de Estado del Reino de España que incluyó referencias violentas a su esposa. E incluso con Brasil, Milei ha tachado en más de una ocasión de “corrupto” a su par, Lula da Silva, reafirmando su alianza ideológica con el expresidente Jair Bolsonaro.

Lo precedente son apenas algunas muestras del clima de polarización que ha generado la gestión de Milei. En este punto, es fundamental un seguimiento exhaustivo con el norte fijo en la plena vigencia de los derechos humanos como rumbo innegociable para cualquier administración. El llamado es claro: es imperativo proteger y promover los derechos de todas las personas en Argentina.

Con perseverancia, color y activismo, las conquistas de los movimientos LGBTIQ+ inscribieron un nuevo paradigma que legitima, valora y celebra a las personas. Argentina ha sido un modelo para el mundo por sus leyes de avanzada y el desarrollo de políticas públicas. Estas conquistas han ampliado históricamente los horizontes de la ciudadanía y los derechos humanos.

Sin embargo, hoy nos encontramos ante un contexto en el que muchos líderes esparcen mensajes xenófobos, sexistas y homófobos: “Rechazamos la diversidad de identidades sexuales”, “Mucho sexo gay”, “Si vos tenés 18 años, naciste Juan y querés ser Juana no hay ningún problema mientras no utilices al Estado para eso”, “La ESI busca destruir a la familia” o “Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, es tu elección y listo” (en referencia al matrimonio igualitario). Estas frases son solo una mínima muestra de las agresiones que provienen de los mass media y de las máximas autoridades de un país, lo que profundiza la asimetría de poder entre quienes emiten estas expresiones y quienes las reciben, y funciona como caldo de cultivo habilitante de la violencia física y una suerte de cacería a las disidencias.

Asistimos a una batalla cultural escalofriante donde algunos poderosos levantan una falsa bandera de libertad, mientras atacan libertades ajenas, buscando generar odio, y silenciar a quienes se expresan de forma distinta. Con el efecto no inocente de horadar la democracia. Para tener real magnitud de la gravedad de esta situación es importante recordar que todo esto sucede mientras a nivel global, todavía, en un tercio del mundo (61 países) las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo se consideran delito y en 7 países se sancionan incluso con la pena de muerte. Por otro lado, solo en 2023, se registraron 321 asesinatos de personas trans, el 74% residían en América Latina y el Caribe. El 94% de las víctimas eran mujeres trans.

Argentina es parte de esta crueldad. El caso del lesbicidio de Barracas, es el máximo exponente de esto: en mayo, Andrea, Pamela, Roxana y Sofía fueron atacadas mientras dormían, con una bomba molotov, por ser lesbianas. Sabemos que esto no es un hecho aislado y seguimos consternadas frente a tanta violencia, que lamentablemente para la comunidad LGBTI+ es un hecho cotidiano. Cada día se ven interpeladas a reclamar porque la violencia y la discriminación les arrebata a un ser querido.

Las personas LGBTI+, desde la infancia, suelen enfrentar el rechazo de sus familias y su comunidad, quienes desaprueban su orientación sexual, identidad de género, lo que tiende a conducir a situaciones generalizadas de discriminación, estigmatización, y violencia física, psicológica, sexual, y en casos extremos la muerte. 

En este contexto de tanta hostilidad, desde Amnistía Internacional realizamos el evento “Voces que transforman, Orgullo Vivo” para reconocer a quienes cada día ponen el cuerpo, el corazón y el ingenio para construir un mundo mejor.

Seguiremos trabajando para visibilizar y reconocer la trayectoria de quienes defienden los derechos de las personas LGBTIQ+, porque creemos que es crucial apoyar y respaldar su trabajo en el camino a una sociedad más justa, que celebre la diversidad y que asegure la pluralidad de voces en el debate democrático. Debemos recordar que no hay libertad posible si las personas no podemos ser lo que queremos ser, si no podemos vivir nuestra identidad y nuestro deseo.  

Wahida Amiri vivía tranquila en Afganistán. Hace unos años trabajaba, estudiaba y llevaba una rutina sin mayores sobresaltos pues las mujeres habían conseguido ejercer, y hasta cierto punto, disfrutar de sus derechos. Había alrededor de dos millones de niñas en las escuelas secundarias y miles de alumnas cursaban estudios superiores. Había médicas, profesoras, pilotos, atletas, actrices, políticas, diplomáticas, ministras, viceministras, directoras, gobernadoras provinciales, abogadas, juezas, empresarias, directoras ejecutivas y activistas, como Wahida.

La Constitución era una de las más progresistas de la región del sur de Asia y el país mostraba avances a la hora de informar sobre la aplicación de los tratados de derechos humanos ante la ONU. Distintas instituciones gubernamentales habían logrado abordar los retos a los que se enfrentaban las mujeres.

Sin embargo, un día todo cambió. El regreso de los talibanes a Afganistán el 15 de agosto de 2021 eliminó estos logros, que si bien era limitados también fueron importantes. El colapso llegó y fue destructivo para las personas afganas, pero en particular, para las mujeres. Las restricciones impuestas a su participación en los ámbitos social, político, cultural y educativo, en las escuelas, las universidades y las ONG significan, una vez más, el regreso de la discriminación y la represión.

Además de los derechos de las mujeres, los talibanes siguen violando otros derechos humanos. Las detenciones arbitrarias, la tortura, los castigos públicos y la violencia siguen siendo cometidos sin que exista rendición de cuentas. La situación actual y el silencio del mundo son dolorosos y terribles para todas las personas, pero aún más para las mujeres que no se han rendido y que, a pesar de todas las adversidades, siguen luchando.

Por desgracia, esta situación no ha mejorado a la fecha. La mayoría de las mujeres temen por su futuro desconocido, enfrentan problemas económicos y se encuentran en situaciones psicológicas delicadas. Los programas anunciados para la evacuación de las personas en peligro son muy lentos e insuficientes. Así, la vida de Wahida Amiri cambió para siempre. Ella pudo huir del país, pero muchas siguen sufriendo violencia, discriminación e intimidación a diario. 

Hoy Wahida es una reconocida activista que integra el movimiento espontáneo de mujeres afganas y con su lucha muestran al mundo la verdadera cara de los talibanes. Unidas protestan en las calles, recopilan información, dan entrevistas a medios de comunicación locales e internacionales y escriben en sus redes sociales durante meses. Sin embargo, los talibanes responden con violencia, cárcel y tortura a quienes se manifiestan.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres es importante recordar que siempre la comunidad internacional tiene un rol clave para lograr que países como Afganistán tengan un costo por el ejercicio y aplicación de estas políticas. A través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, se debe presionar al gobierno afgano, por la sistemática violación a los derechos humanos que cometen a diario. Si no se actúa a tiempo, estaremos siendo cómplice de los talibanes en la represión de los derechos de las mujeres y niñas en ese país.

Desde aquel 30 de diciembre de 2020, el anteúltimo día del año, dejó de ser uno más para millones de personas en la Argentina. Por eso, cuando el calendario llegue a esa fecha este viernes estaremos celebrando dos años del momento cuando el Congreso puso a nuestro país entre aquellos donde la decisión de interrumpir de manera voluntaria un embarazo es un derecho reconocido por el Estado. 

Así y todo, seguimos a la expectativa de que este empoderamiento se garantice y cumpla de manera plena e integral en cada punto de la república. Y en ese sentido, la provincia de Tierra del Fuego es un ejemplo de todo lo que se avanzó a lo largo de estos 734 días y lo que aún falta por recorrer hasta una autonomía plena de las personas sobre sus cuerpos. 

La ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, o IVE como se la conoce, reconoce el derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir sobre su cuerpo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. También comprende el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando es producto de una violación, o cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. 

Aunque fija un piso mínimo de derechos a nivel federal, lo que implica que deben ser garantizados en todo el país en condiciones de igualdad y dentro de un plazo máximo de 10 días tanto en el ámbito público como privado, no es lo que acontece en la realidad. A través de una misión en el terreno, pedidos de acceso a la información pública a las autoridades y entrevistas a personas usuarias, referentes y profesionales de servicios de salud sexual y reproductiva, Amnistía Internacional Argentina pudo constatar –con el apoyo de la organización feminista La Hoguera–, los múltiples obstáculos que muestra su implementación en el extremo austral del país. 

Este trabajo forma parte de un monitoreo permanente sobre las políticas implementadas por el Estado Nacional y los provinciales en torno al acceso a abortos de calidad, desde un enfoque de derechos humanos. No obstante, prevalecen profundas trabas producto de la falta de profesionales no objetores de conciencia en grandes ciudades; la sobrecarga y cuellos de botella con demoras que pueden devenir en obstrucción o impedimento y hasta una baja calidad en la atención; el costo visible e invisible de todos estos factores que se traslada hacia las personas que terminan movilizándose a otros puntos del territorio por temor a recibir malos tratos y enfrentar barreras que incluyen desde la desinformación a una incorrecta atención post-aborto. 

Son cambios por los que se debe seguir luchando para consagrar un avance sustancial de este derecho que impacte en la vida de cada mujer y persona gestante de la Argentina. 

La experiencia fueguina 

La provincia de Tierra del Fuego se divide en los departamentos de Antártida, Islas del Atlántico Sur, Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Estos últimos tres, ubicados en Isla Grande, son los más poblados. Asimismo, el sistema público de salud provincial está integrado por efectores del primer nivel de atención denominados Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), centros de salud municipales y dos hospitales del segundo nivel de atención ubicados en Ushuaia y Río Grande. 

Previo a la sanción de la Ley 27.610, el Ministerio de Salud provincial había dispuesto la conformación de equipos interdisciplinarios en ambas instituciones regionales de las ciudades más grandes de la provincia así como en el Centro de Atención de Tolhuin. Así y todo, su funcionamiento presenta serios déficits por múltiples factores que exceden, en algunos casos, el profesionalismo y la buena voluntad de los trabajadores y trabajadoras de la salud. 

A octubre de 2022, datos oficiales revelan que se garantizaron 912 interrupciones voluntarias y legales de embarazos en Tierra del Fuego. Solo en los primeros diez meses de 2022, el 60 por ciento de las solicitudes, seis de cada diez, en Ushuaia. El resto de las intervenciones se repartieron este año en un 37%, en Río Grande y solo un 3% de demandas concluyeron en Tolhuin. Estos porcentajes hablan de una excesiva concentración de la práctica en torno a la capital provincial en desmedro de una práctica que debe garantizarse, por razones de salud, en las cercanías del lugar de residencia, tanto para su implementación como para los controles posteriores. 

Esto guarda relación con una problemática previa a la aprobación de la Ley 27.610 y conocida por las autoridades ministeriales desde 2020, según consta en informes internos e interdisciplinarios del sistema de salud a los que pudo acceder Amnistía Internacional Argentina: la ausencia de profesionales en el segundo nivel de atención en Río Grande, la segunda ciudad más habitada de Tierra del Fuego, casi con la misma cantidad de población que la capital provincial. 

Como consecuencia, cuando las consultas exceden la capacidad de acción de los cinco Centros de Atención Primaria de la Salud (números 1, 3, 5 ,6 y 7) dentro de las doce semanas o requiere la internación ambulatoria, se debe derivar a las personas hacia la Ushuaia, a más de 200 km, sin considerar aquellas dificultades que devienen no solo de lo administrativo sino también de situaciones socio familiares desfavorables. 

Ante la subsistencia de estas barreras invisibles, en 2021 se trasladó a 17 pacientes –doce de ellas con edades gestacionales entre 11,5 y 14,6 semanas y cinco entre 15 y 19 semanas– y otros 17 pacientes en los primeros diez meses de 2022 –trece con edades gestacionales entre 9 y 14,6 semanas y cuatro entre 15 y 17 semanas– a fin de cumplir con este derecho. Al menos en un caso que Amnistía Internacional Argentina siguió de cerca, la persona tuvo que viajar directamente a otra provincia. 

Algo similar sucede en el departamento de Tolhuin donde solo existe un centro asistencial primario en el que se brinda atención, asesoramiento y tratamiento farmacológico para acceder al aborto durante el primer trimestre. Por ende, en 2021, se realizaron seis interrupciones voluntarias y legales del embarazo pero se debió derivar a Ushuaia a cinco pacientes de entre 8 y 14 semanas y hasta octubre de 2022 ocurrió lo mismo con otros pacientes, de entre 15 y 16,4 semanas.   

A esta altura, no caben dudas que más allá del voluntarismo de aquellos trabajadores y trabajadoras de la salud que incluso han montado redes de Whatsapp para coordinar estas derivaciones y hasta solventar los traslados, la falta de atención de abortos del segundo trimestre –y en algunos casos del primer trimestre que por cualquier circunstancia requieren internación– tanto en el Hospital Regional de Río Grande como en el Centro de Atención de Tolhuin repercute indebidamente sobre la demanda del Hospital Regional de Ushuaia, con insuficiente espacio físico y de recursos, lo que afecta la calidad de la atención. 

Esta saturación hace que la posibilidad de atención de las personas en el plazo de 10 días que exige la ley se vuelva incierta en la práctica, lo que genera estrés en las y los profesionales de la salud que intentan dar respuesta, así como ansiedad y angustia en quienes desean acceder a la práctica y temen no poder hacerlo. Incluso tiene implicancias en los casos de aquellas personas gestantes que optan por desplazarse por su propia cuenta, cubriendo ellas mismas los costos del traslado, y poniendo en riesgo su vida y su salud. 

Todas las falencias enumeradas vulneran el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes conforme estándares internacionales de derechos humanos que indican que los establecimientos, y servicios de salud deben estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, las niñas y las adolescentes, entre otros. 

Otros obstáculos tácitos 

Más allá de lo perceptible en materia de condiciones físicas y disposición de profesionales, subsisten otras variables que dificultan el cumplimiento de la norma 27.610 en Tierra del Fuego y que, paradójicamente, emergen del mecanismo de implementación de la misma. El ejemplo más claro es el requerimiento por mail de un turno para acceder a un aborto que termina funcionando como virtual cuello de botella ante la acumulación de casos, demorando la respuesta dentro de los diez días que consigna la ley nacional. 

Ni hablar de las dificultades que representa para aquellas personas más vulnerables con menor capacidad de acceso a tecnología, lo que conduce a plantear la necesidad de habilitar mecanismos paralelos como la presentación espontánea en servicios de salud o la modalidad telefónica. Ello exige también la correcta formación del personal administrativo en los centros de salud para oficiar como un eslabón más de contención. Caso contrario, como acontece hoy en algunos casos que acuden en persona, la falta de datos claros oficia como un factor más de expulsión. 

Más grave aún es la existencia de activas campañas de desinformación como correlato de la falta de campañas masivas de difusión sobre la Ley 27.610. En la cartelería del Hospital Regional de Río Grande se ha denunciado la difusión de una línea telefónica “0800” no oficial que ofrece “acompañar embarazos inesperados” pero es atendida por interlocutores que buscan disuadir a las personas de su decisión de abortar. 

Del mismo modo, Amnistía Internacional Argentina pudo constatar que las dilaciones y falta de atención no ocurren únicamente en el acceso al derecho, sino también en la atención post aborto aunque la ley es muy clara en su artículo 10 en este punto. En abril de 2021, esta deficiencia quedó expuesta en Tierra del Fuego de un modo grave cuando una persona que había realizado un tratamiento ambulatorio de interrupción voluntaria del embarazo con misoprostol a partir de la atención recibida en el consultorio interdisciplinario en Río Grande, se presentó a los pocos días por dolor y malestar, fue derivada al Hospital Regional de la ciudad y le negaron allí la atención durante al menos una semana. Solo luego de numerosos reclamos pudo acceder a su derecho.

Todo este entramado de barreras de diverso tenor sostiene el estigma en torno al aborto, con efectos inhibitorios y/o disuasorios que alejan a las personas del sistema sanitario. No solo eso: pone en riesgo la salud y la vida de mujeres y personas gestantes y tiene un impacto discriminatorio sobre las más vulnerables que debe ser corregido con premura.

A dos años de aquel hito, hoy nos posicionamos desde un punto de partida superior, que es el reconocimiento de la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas con capacidad de gestar y el acceso al aborto legal desde un enfoque de derechos humanos. Nuestra apuesta ahora es conseguir la efectiva y plena implementación de la ley de la mano de políticas públicas que garanticen la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y sus recursos en toda la Argentina.

MB

Qatar logró su propósito: durante las próximas semanas, el mundo contemplará maravillado la soberbia de sus monumentales estadios y el paisaje futurista de sus rascacielos elevándose al infinito. Qatar logró su objetivo porque detrás de tanto embelesamiento, lo que no se verá son las vidas y derechos sesgados para consumar el encanto. 

Desde que la FIFA concedió los derechos de organización del Mundial a Qatar hace doce años, nuestra misión ha sido documentar y exponer la situación de los derechos humanos relacionada con este torneo para que el mundo conozca lo que otros pretenden enmascarar. No hemos llamado a un boicot porque creemos que es mucho más útil la exposición y confiamos que el foco de atención puesto en Qatar puede impulsar un cambio real y duradero si el mundo juega en equipo.

No es la primera vez que enfrentamos el sportwashing. Celebramos el orgullo que puede representar para una nación ser los anfitriones de un evento tan masivo como un Mundial pero sostenemos que el compromiso en materia de derecho y las normas internacionales de derechos humanos no pueden quedar en offside. 

Hoy le hablamos a Qatar pero nuestras campañas en torno a grandes eventos deportivos no empiezan allí, ni ahora. Hemos hablado de Juegos Olímpicos y Copas internacionales para exponer los abusos por parte del país anfitrión, los participantes e incluso los patrocinadores del evento. Y esto incluyó desde el Mundial de fútbol en Argentina en 1978 como la represión en China y el encarcelamiento de defensores de los derechos humanos antes de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. 

Tampoco nos hemos callado frente a la represión de la libertad de expresión en torno al Mundial de fútbol de Rusia 2018; la brutalidad policial durante el Mundial de fútbol de Brasil 2014; la violencia policial en Polonia y Ucrania durante la Eurocopa de 2012 y el patrocinio de Dow Chemical durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012 así como los desahucios relacionados con el Mundial de fútbol de Sudáfrica 2010.

Este Mundial incluso nos ha conducido a revisar el papel que la FIFA juega en materia de derechos humanos y cuestionar su seriedad a la hora de hacer del fútbol una fuerza motriz para promoverlos. No hay forma que la FIFA desconociera el oscuro historial de Qatar en materia de explotación de trabajadores migrantes cuando lo designó como sede en 2010. El 90% de su mano de obra es de origen extranjero, mayormente de Asia meridional.

¿A quién le correspondería preparar el país para semejante evento en tiempo récord? Pero más importante aún: ¿a qué costo?

Reformas inconclusas

En Qatar rige un sistema laboral denominado kafala que se ha traducido en abusos de diverso tipo con relación a los trabajadores y trabajadoras migrantes como tasas de contratación ilegales, salarios impagados, lesiones y, en los peores de los casos, hasta la muerte. No hay un número definitivo que dé cuenta de las muertes ocurridas en las obras de infraestructura para hacer real el sueño del primer mundial en un país árabe. En gran medida porque sus autoridades catalogan la muerte de un obrero exhausto por trabajar diez horas expuesto a temperaturas de 39 grados como “causas naturales”.

Desde 2017, Qatar avanzó en una serie de leyes que pretendieron poner fin a la kafala como tal. En 2018 y 2020, se aprobaron dos leyes para eliminar las restricciones que tenían los trabajadores migrantes para salir del país y cambiar de trabajo sin el permiso de sus empleadores. Y el país se ha convertido en parte de varios tratados internacionales que prohíben el trabajo forzoso y otros abusos de los derechos humanos, incluidos los Convenios 29, 105 y 189 de la OIT. Se introdujo un nuevo salario mínimo y se mejoró el acceso a la Justicia. 

Pero desde hace un año para acá, las reformas se paralizaron. Resurgieron las viejas prácticas, tal como expusimos en un informe titulado Unfinished Business: What Qatar must do to fulfill promises on migrant workers’ rights (Asuntos pendientes: Qué debe hacer Qatar para cumplir sus promesas sobre los derechos de los trabajadores migrantes). Varios trabajadores y trabajadoras han advertido que aún enfrentan obstáculos para cambiar de trabajo y hasta la posibilidad de una expulsión del país si el empleador no queda satisfecho. Los abusos persisten. 

Frente a ello, avanzamos con un segundo pedido, para que las lesiones, abusos y muertes no queden impunes. Un programa de reparación exhaustivo y participativo, a modo de fondo de indemnización para las víctimas y sus familias, al que debían comprometerse tanto la FIFA como Qatar para remediar, en parte, los abusos relacionados con la preparación y la celebración del Mundial. El país cuenta con enormes recursos y podría acelerar el progreso de los trabajadores con una mayor inversión en la aplicación de las leyes y, a la par, responsabilizar a las empresas y compensar a los trabajadores. Y la FIFA obtendrá unos 6 mil millones de dólares del Mundial. Recursos no faltan.

Así y todo, no hubo respuesta ni de Doha ni del secretario general de la FIFA, Gianni Infantino. Mejor dicho sí: hubo un pedido por carta a principios de este mes de noviembre del dirigente italosuizo a los 32 países competidores para que se concentren en la fiesta del fútbol y dejen de lado las “batallas ideológicas o políticas” por los derechos humanos.

Un récord pobre en DD.HH.

Las leyes qataríes no solo vulneran los derechos de los y las trabajadoras migrantes. También las personas LGBTIQ+ se ven discriminadas diariamente en aquel país al punto que las relaciones entre personas del mismo sexo están tipificadas como delito, con penas de hasta siete años de prisión en el artículo 285 del Código Penal que refiere a los actos de “sodomía”.

Se han documentado casos en los que funcionarios del Departamento de Seguridad Preventiva de Qatar detuvieron este año a personas LGBTIQ+ en lugares públicos sobre la base de su expresión de género. Es común que les registren sus teléfonos. A las mujeres transgénero detenidas incluso las obligan a asistir a “sesiones de terapia de conversión” como requisito para su liberación. 

Esta ilegalización de la homosexualidad en Qatar ha llevado a muchos jugadores a preocuparse por el trato a las personas LGBTQ+ que desean hinchar por su selección en Qatar. Y lo llamativo es que mientras la organización de la Copa ha buscado reafirmar que “todo el mundo es bienvenido”, el CEO del Mundial, Nasser al Khater, reivindicó las leyes de su país y demandó a los visitantes que “respeten nuestra cultura”.

Asimismo, la Ley de Familia de Qatar habilita la discriminación y el trato no igualitario hacia las mujeres en muchos ámbitos, incluyendo el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos e hijas y la herencia. Deben tener el permiso de un tutor masculino para estudiar en el extranjero, viajar o trabajar en el gobierno. Del mismo modo, requieren autorización para casarse tras lo cual el deber de obedecimiento se traslada hacia su marido. Pueden perder su apoyo financiero si se niegan, por ejemplo, a tener relaciones sexuales con su esposo, sin una razón “legítima”. 

Del mismo modo, solo los hombres tienen derecho al divorcio de forma unilateral, mientras que las mujeres deben solicitarlo ante los tribunales y solo por motivos limitados. En materia de herencia, las hermanas reciben la mitad que reciben sus hermanos, con el impacto que esto implica para las mujeres. 

La razón por la que Qatar no tiene organizaciones independientes de derechos de las mujeres es que la norma que rige el funcionamiento de las asociaciones en ese país las excluye de los “asuntos políticos” bajo amenaza de disolverlas. Incluso quienes se manifiesten a través de internet pueden ser denunciados y condenados. Subsisten leyes que imponen restricciones arbitrarias sobre la libertad de expresión, como la Ley de imprenta y publicación, de 1979, y la Ley contra delitos cometidos a través de tecnologías de la información, de 2014. Y el Índice de Libertad de Prensa 2021 de Reporteros sin Fronteras ubica a Qatar en el puesto 128 entre 180 países

Así y todo, las qataríes crearon una cuenta de Twitter llamada @QatarFem luego de 2019 para difundir mensajes sobre cómo viven las mujeres en el país del Mundial. La cuenta fue cerrada a las 24 horas y una de sus responsables, citada a declarar. Sin embargo, el mensaje trascendió las fronteras y motivó a que más mujeres hagan oír sus voces en las redes sociales, pese al acoso en línea por parte de individuos o a la intimidación de las autoridades gubernamentales.

La historia de Qatar no se agota con el Mundial. De movida, también serán sede de los Juegos Asiáticos en 2030 y quiere competir por los Juegos Olímpicos de 2036. En consecuencia, toda presión que la comunidad internacional ejerza para poner fin a los abusos aún vigentes no caerá en saco roto cuando Infantino entregue la copa al ganador el 18 de diciembre. Tampoco será un mensaje al viento para la FIFA que seguirá organizando Mundiales y eligiendo sedes en países como Qatar.  En parte, fue la presión internacional la que ha llevado a la federación internacional de fútbol a establecer su primera política de DD.HH. en 2017 y anunciar una Estrategia de Sostenibilidad de la Copa Mundial de Qatar en 2020 y los criterios en materia de derechos humanos para las candidaturas de la Copa Mundial de 2026.

Todavía podemos ganar este partido.

MB

En una Latinoamérica donde los derechos humanos están en riesgo por el peligroso avance de los discursos negacionistas y abolicionistas, el proceso de reforma constitucional en Chile emergió a lo largo de los últimos dos años como un contrafuego capaz de ofrecer una alternativa superadora para aquel país y toda la región. No obstante, a días del referéndum que consolidaría la legitimidad de la nueva Carta Magna, aquel fuego inicial parece a punto de extinguirse y con él, la esperanza de un proceso abierto y participativo crucial para las minorías, las mujeres, la justicia climática, los pueblos originarios y todas aquellas personas que sueñan con un mundo menos desigual.

Si bien desde Amnistía Internacional no tomamos posición en elecciones de personas para cargos específicos y siempre nos mantuvimos independientes de los partidos políticos, nuestra misión nos moviliza también a no desentendernos de cualquier proceso ciudadano que signifique una ampliación de derechos o, en su defecto, el riesgo de un grave retroceso. No podemos ser neutrales. No lo fuimos ante el referéndum sobre el matrimonio igualitario en Australia, en 2017, ni frente a la consulta por el aborto en Irlanda, en mayo de 2018. Tampoco lo podemos ser ahora en la conclusión de un mecanismo abierto y participativo que supo incorporar en los debates y decisiones de manera igualitaria a mujeres y grupos tradicionalmente discriminados y que se propone posicionar los derechos humanos como centro de un nuevo paradigma respecto al desarrollo económico, social, cultural y ambiental.

En total, fueron 359 días de trabajo durante los cuales 154 convencionales elegidos y elegidas especialmente para cumplir con esta tarea debatieron en comisiones y votaron en el pleno cada uno de los 388 artículos que forman parte de la propuesta de Constitución. Incluso, se aseguró la participación de una representación de las naciones aborígenes en 17 escaños reservados para ellas. La fisonomía final del texto define un nuevo Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Consolida una república solidaria a través de una democracia a la que cataloga como inclusiva y paritaria, basada en valores intrínsecos como la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza.

Estos principios fundamentales se extienden a la totalidad del territorio y de los poderes que conforman el sistema republicano de Chile, estableciendo no solo una concepción vanguardista del vínculo entre Estado y comunidad sino también de las nuevas dinámicas sobre las cuales debe construirse la sociedad de las próximas generaciones. Pocos textos constitucionales reconocen con tanta fuerza los derechos humanos como lo hace la propuesta que la Convención Constitucional entregó a Chile.

Por eso, la nueva Constitución permitiría avanzar en el camino de mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías, así como reconocer la igualdad de oportunidades para las minorías de Chile en tanto se amplían y consolidan un vasto número de derechos frente a la opción vigente, una Carta Magna forjada en los hornos de la dictadura pinochetista bajo la forma de un decreto ley N°3.464, que fue enmendada –aunque nunca en su núcleo duro– por las sucesivas administraciones democráticas. Así y todo, todas las reformas no lograron subsanar abusos y precariedades que moldean a una de las sociedades más desiguales de la región.

De ahí que participar de este proceso de votación significa de por sí la posibilidad de celebrar la democracia y soñar con un Chile más justo, sin obstáculos que permitan avanzar en el ejercicio pleno de derechos, en especial, para las personas tradicionalmente discriminadas. Votar es fijar una posición frente a la injusticia. No podemos permanecer indiferentes cuando hay tanto en juego para las actuales y futuras generaciones.

Más y mejores derechos

El nuevo texto constitucional aborda una serie de derechos fundamentales de índole económica, social, cultural y ambiental relacionados con el acceso adecuado a la salud, a la vivienda, a la educación, a pensiones dignas, al trabajo, al agua, entre otros. Son factores que repercuten directamente en la vida cotidiana de las personas y abren el camino a mayores niveles de igualdad y justicia frente a la ausencia de muchos de estos derechos en la actualidad, sujetos a un Estado pasivo. La consecuencia es la cimentación de un país de privilegios para pocas personas.

La convención estableció que “la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad” y que, por ende, “es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo.”

En este sentido, el reconocimiento de los Mapuche, Aymara, Rapanui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán y Selk'nam como “pueblos y naciones indígenas preexistentes” que conforman el pueblo de Chile actúa como un reconocimiento largamente demorado pero al fin concretado. No es casual que sea la región de la Araucanía, donde radica la mayor parte de la población mapuche chilena, la porción de territorio que exhibe los mayores índices de pobreza. La discriminación y exclusión consecuente son las huellas de un Estado ausente.

La nueva Carta Magna habla, en cambio, de un Estado plurilingüe, que reconoce al castellano su rango de idioma oficial pero también contempla formalmente los idiomas indígenas “en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo y nación indígena”. Lo mismo sucede con los emblemas nacionales que no cancelan los símbolos de las naciones indígenas. Y queda en manos del Estado promover su conocimiento, revitalización, valoración y respeto.

Asimismo, se incorpora el derecho a la vivienda, lo que comprende una responsabilidad del Estado en la distribución del suelo acorde a las necesidades de las personas, sin que entre en contradicción con el derecho a la propiedad, como afirman quienes resisten estos cambios. Abarca también el derecho a la salud física y mental como derecho humano fundamental que no debe estar sujeto a sesgo alguno por nivel de ingresos sino ser garantizado de manera universal.

Del mismo modo, el derecho a la seguridad social se piensa basado en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad frente a un sistema de ahorro individual que reafirma las desigualdades imperantes entre las personas que más tienen y las que menos pueden. Una lógica egoísta que ha marcado el devenir de la pirámide social en Chile pero también en otras partes del mundo donde el Estado cumple un mero rol subsidiario. El sistema de seguridad social en el que se piensa es uno público, financiado a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la Nación.

Una agenda novedosa

Otro punto novedoso en el proceso constituyente es el lugar reservado a la justicia climática como un eje rector del funcionamiento del Estado y su comunidad. La nueva Constitución presenta una mirada inédita en lo que refiere al reconocimiento de una crisis ambiental que debe ser subsanada a través de medidas preventivas y donde el Estado asume un rol imprescindible para asegurar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Se trata de una condición irrenunciable para honrar el derecho a la salud y otros vinculados al bienestar físico y mental como el derecho a la educación y al trabajo y a un desarrollo pleno de todas las personas.

Por último, la nueva Constitución “promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía”. Y compele a los diversos órganos colegiados del Estado a integrarse de forma paritaria en su composición, así como adoptar “medidas para la representación de personas de género diverso a través de los mecanismos que establezca la ley”. Hasta la Justicia debe incorporar la perspectiva de género en sus fallos y su labor cotidiana.

Sin dudas, lo que ocurra el fin de semana no puede escindirse de la historia reciente de Chile y de cómo una masiva explosión de descontento popular inundó las calles en 2019, desafió la represión estatal y desató un tsunami que llevó al poder, dos años después, a una coalición alternativa a las fuerzas tradicionales. Pero las raíces de este proceso se hunden en capas mucho más profundas de la memoria trasandina y en las deudas latentes desde entonces. Gran parte de esas vulneraciones y desigualdades nutrieron la base de las sucesivas manifestaciones que explotaron, con menor fuego que en 2019, en diversos momentos de la historia.

Y nada de todo eso vale interpretarlo tampoco lejos de su contexto, una América latina que ha luchado —y lo sigue haciendo— en pos de agrandar la senda de los derechos humanos para todas las personas que la habitan, contra las resistencias de los sectores conservadores en sus múltiples formas. Por todo ello, de lo que se trata es, una y otra vez, de la misma pelea por cambiar un paradigma respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que determinan nuestras condiciones de vida para volverlas dignas e inclusivas. El proceso constituyente en Chile definitivamente, no es la meta de llegada sino el primer escalón hacia una sociedad mejor.

Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina

En Estados Unidos, se calcula que casi una de cada cuatro mujeres afronta un aborto a lo largo de su vida. Son cerca de una cuarta parte que ya no podrá acceder a este derecho en donde reside y que, en su lugar, deberá correr graves peligros para decidir de forma autónoma sobre su cuerpo a partir del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que pone fin al derecho al aborto legal y seguro en todo el país. No hay palabras para describir lo que sentimos. O más bien, sí, pero son tantas que ninguna llega a expresar de forma íntegra lo que nos pasa frente a lo que ocurre y lo que puede suceder a continuación. Bronca, miedo, defraudación, incertidumbre, tristeza…

El principal argumento de la mayoría de los jueces del tribunal —tres votaron en disidencia— para derogar el derecho al aborto legal y seguro es que no figura como tal, de modo explícito, en la Constitución. Aseveran que tampoco tiene arraigo en la historia y tradición de los Estados Unidos ni pertenece al conjunto de derechos “implícitos en el concepto de libertad ordenada”, como otros basados en la cláusula que consagra la libertad en la vida privada. “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, indicaron los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y la jueza Amy Coney Barrett, en su posición mayoritaria.

Paradójicamente, fue la Corte Suprema de los Estados Unidos —otra Corte, a las claras— la que marcó un camino hace 50 años con su fallo Roe v. Wade, de 1973, al que le siguió Planned Parenthood v. Casey, en 1992, para apuntalar el derecho al aborto legal y seguro en todo el país hasta la semana 24. Así y todo, nunca consiguió consolidarse en una ley de carácter federal que pusiera punto final a las múltiples embestidas judiciales posteriores. Mientras tanto, numerosos gobiernos conservadores impulsaron leyes estatales para delimitar la interrupción voluntaria del embarazo, poniendo plazos imposibles para su acceso. Prohibiciones tácitas en la práctica. Esta decisión de la Corte es, de hecho, la respuesta a un recurso presentado por Mississippi, y habilita a que cada estado decida por su cuenta.

La contraofensiva conservadora ya empezó. A poco de conocerse la sentencia, el fiscal general de Missouri declaró que su estado era el primero en prohibir de forma efectiva el aborto. La fiscal general de Louisiana no demoró en seguirlo. Solo en lo que va del año, Florida, Arizona y Kentucky aprobaron leyes que limitaban el aborto a las 15 semanas. Idaho lo redujo a las primeras seis. Oklahoma y Wyoming firmaron normas que directamente lo prohíben a menos que sea para salvar la vida de la persona embarazada. Ni siquiera contemplan excepciones como los casos de violación e incesto, presentes en otros estados. En 2021, Texas también fue por el veto absoluto; Carolina del Sur, desde el primer latido, y Arkansas, solo contempla los casos en los que peligra la vida de la persona gestante.

Hasta 26 estados cercenarían de forma total o parcial este derecho a partir de ahora, según el Guttmacher Institute, especializado en este tema. Muchas de estas normas se encontraban en estado de latencia, o bloqueadas por la Justicia, a la espera de que Roe v. Wade perdiera su escudo constitucional. Ahora que lo impensado finalmente pasó, lo que asoma es un horizonte de formidable perplejidad respecto a lo que sucederá en cada estado en particular y cómo eso impactará sobre la otra mitad del país donde el aborto seguro y legal seguirá siendo un derecho adquirido, por ahora.

Implicancias

Parece sorprendente frente a lo que acontece, pero todavía somos mayoría los que defendemos este derecho. Siempre lo fuimos. En 1973, el 52% de las personas consultadas en Estados Unidos en una encuesta de Louis Harris & Associates apoyó la primera resolución favorable de la Corte. Y esa postura se mantuvo constante e incluso con mejores niveles de aceptación en las décadas posteriores. En mayo último, tras filtrarse la posible opinión contraria al fallo, NBC News arrojó que el 63% de los y las estadounidenses no querían que se anulara. 

Así y todo, la Corte Suprema falló a contramano de la mayor parte del sentir popular, marcando un hito sombrío en la historia de ese país a partir del cual millones de personas que pueden quedar embarazadas enfrentan ahora un futuro en el que ya no podrán tomar decisiones profundamente personales que afecten sus cuerpos, su futuro y el bienestar de sus familias. Peor aún, la alternativa que se abre y que conocemos bien en Latinoamérica, y la Argentina en particular, es un sendero tan oscuro como peligroso: la práctica de abortos de forma clandestina, sin las condiciones mínimas de salubridad.

Tampoco se puede evitar una lectura profundamente racista y clasista en este fallo porque son esos grupos históricamente vulnerados en los Estados Unidos los que se verán desproporcionadamente afectados con esta decisión. No hace falta revisar mucho tiempo atrás para evidenciar el desigual acceso al sistema sanitario en aquel país que la pandemia expuso con una proporción mayor de víctimas afroamericanas e hispanas. En este sentido, el fallo de la Corte constituirá, de mínima, una violación del derecho a la vida y de la prohibición de la tortura. De máxima, puede representar una sentencia de muerte.

Por todo ello, sería un error pensar que esta decisión se circunscribe solo aquellas personas con capacidad de gestar. Al contrario, un retroceso en el plano de los derechos humanos es un revés de la sociedad en su conjunto. El fallo del máximo tribunal de los Estados Unidos no se puede aislar de un contexto ni de un proceso con décadas ansiando controlar los cuerpos y la voluntad ajena e imponer una cosmovisión fundamentalista sobre las relaciones sociales. Librados ya de cualquier dique legal, lo que puede venir es un tsunami ultraconservador que busque criminalizar el aborto y arrasar también con otros derechos humanos como el acceso al control de la natalidad, el género y la igualdad matrimonial y demás leyes contra la discriminación.

“La única justificación para lo que la mayoría hace hoy es que el derecho a abortar no está 'profundamente arraigado en la historia'”, escribieron las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan y el juez Stephen Breyer en su voto en disidencia. “La mayoría podría escribir una opinión igual de larga, por ejemplo, mostrando que hasta mediados del siglo XII 'no había apoyo en la ley estadounidense para un derecho constitucional a obtener anticonceptivos'”, alertaron. Por lo que, “o bien la mayoría no cree realmente en su propio razonamiento. O si lo hace, todos los derechos que no tienen historia desde mediados del siglo XIX no están garantizados. O bien el fundamento de la opinión de la mayoría es hipocresía u otros derechos constitucionales están amenazados. Es una cosa o la otra”.

Lo que resulta más inquietante, son las implicancias más extendidas en el resto del mundo donde se intenta instalar la misma agenda reaccionaria. La anulación de Roe v. Wade es el símbolo de una gran regresión en todo el mundo y va a contramano de la Marea Verde que inundó la Argentina, México y Colombia y hasta alcanzó costas tan lejanas como la de Irlanda. Esta contraofensiva, sin dudas, funcionará como inspiración para todos aquellos actores que siguen ensayando modos de frenarla, un terrible ejemplo tanto para gobiernos como organizaciones anti-derechos cuya prédica y acción se centra en negar los derechos de las mujeres, las niñas y personas gestantes así como de otros colectivos sociales. 

Frente a tremendo escenario, nuestro país y América Latina quedan a la vanguardia de este debate imprescindible para impulsarlo donde no existe ley todavía o resistir su anulación donde la haya, traccionando la discusión mundial por los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía reproductiva y la justicia social y de género. Nuestra experiencia demuestra que la Marea Verde es imparable, sin importar los obstáculos que se crucen en el camino. Nadie está solo en esta pelea.

¿Hasta dónde pretende avanzar la ofensiva conservadora en los Estados Unidos? La Corte Suprema de Justicia de ese país restringió el acceso al aborto y retrocedió 50 años en la historia de la protección de derechos. Este terremoto político y social alcanza directamente el futuro de millones de personas y las deja en un estado de desprotección total.  

Esta acción afecta la salud sexual y reproductiva de millones, y de algún modo sacude los cimientos de toda una arquitectura de protecciones civiles construida durante los últimos 70 años, transformándola en un jenga oscilante capaz de desatar efectos sociales devastadores en caso de colapsar.  

Luego de conocerse la noticia de que la Corte limitará el acceso al aborto, es clave entender que lo que está en riesgo es la interconexión de gran parte de estos derechos adquiridos sobre la base de batallas legales desde mediados del siglo pasado y el fundamento que se pone en cuestión con esta decisión particular de la Corte Suprema: no es el aborto en sí mismo sino el derecho a la privacidad de las personas para decidir sin condicionamientos del Estado. Tal es el núcleo conceptual de este derecho sexual y reproductivo elemental en los Estados Unidos junto a tantos otros que contribuyen al desarrollo pleno de las personas y que abarcan desde el matrimonio igualitario hasta el acceso a anticonceptivos y el empoderamiento de la comunidad LGBTIQ+.

Con su fallo Roe v Wade de 1973, el máximo tribunal entendió que el poder estatal no podía inmiscuirse en la esfera íntima de las personas. Y en 1992 ratificó a través de una segunda decisión, Planned Parenthood v Casey, que una mujer tiene el derecho constitucional a elegir el aborto. No obstante, el Congreso de los Estados Unidos no logró avanzar en una ley que blindara esta práctica en todo el país, como ocurrió en la Argentina, aun cuando hubo un gobierno afín como el de Barack Obama. Y esto es porque las fracturas sobre el tema corren hacia el interior de los partidos.

Históricamente, fue el ala progresista del alto tribunal, de la mano de jueces y juezas como Earl Warren o Ruth Bader Ginsburg, la que acompañó la evolución cívica y social de Estados Unidos durante los últimos setenta años con fallos trascendentales que pusieron fin a la segregación racial en los estados sureños (Brown v Board of Education), garantizaron el acceso ecuánime a la defensa legal a toda persona acusada de cometer un delito (Gideon v Wainwright), promovieron el derecho al uso de métodos anticonceptivos sin restricciones gubernamentales (Griswold v Connecticut) y hasta avalaron el matrimonio igualitario en todo el país (United States v Windsor y Obergefell v Hodges), fijando una jurisprudencia que desarticulaba en los tribunales cualquier embestida política a nivel estatal.

Lo que se edificó con tiempo y lobby político en torno a esa Revolución Constitucional fue un dique conservador, cada vez más robusto, apuntalado con legislaciones restrictivas de los gobiernos locales y la designación de jueces y juezas afines cuando tocaba la oportunidad. De la mano de los republicanos Ronald Reagan y George H.W. Bush y la contrarrevolución conservadora de los ‘80s —sobre una importante base de votantes evangélicos— y en alianza con la organización conservadora Federalist Society —impulsora del “originalismo” judicial—, la Corte Suprema inició un giro hacia una mayoría conservadora que terminó de consolidarse en 2020 con otro presidente del mismo signo, Donald Trump. Y es la que hoy decidió sobre el presente y futuro de millones.

El propio Samuel Alito, autor del documento que reflejó el pensamiento mayoritario de la Corte sobre el aborto, no fue la primera opción de George W. Bush cuando le tocó nominar un reemplazo para el máximo tribunal en 2005. Pero el lobby judicial conservador le vetó a su candidata original, Harriet Miers. Y hoy el juez “moderado” dentro de la mayoría conservadora de seis sobre nueve magistrados y magistradas que domina al tribunal es el presidente del cuerpo, John Roberts, el mismo que se opuso al matrimonio igualitario hace solo siete años.

Ofensiva política

Nada de lo que sucede puede interpretarse como actos aislados. Por el contrario, hay una arremetida que toma forma en los lugares gestionados por conservadores que se retroalimenta con estas decisiones judiciales. Si solo hablamos del derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, en la actualidad se contabilizan 13 estados —Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming— que cuentan con leyes “gatillo” que estaban a la espera de que la Justicia federal pusiera el cerrojo. Lo que, finalmente, sucedió este viernes.

Un relevamiento del Instituto Guttmacher, de 2021, afirma que el número ascendería a 26 si se añaden aquellos estados que podrían restringir los procedimientos de forma severa, tras la decisión de la Corte. Eso es más de la mitad del país. La consecuencia inmediata podría ser un colapso en los restantes estados además del riesgo al que se someten las personas que deben trasladarse hacia lugares seguros para estas intervenciones médicas.

La opinión de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia gira en torno al caso Dobbs v Jackson Women's Health Organization por el cual se cuestionó en los tribunales los alcances de una ley de Mississippi que fijó la prohibición del aborto luego de las 15 semanas. Pero además los defensores de esta limitación le solicitaron a la Corte Suprema que se expida sobre la cuestión de fondo respecto a si la interrupción voluntaria del embarazo es o no un derecho constitucional en los Estados Unidos. Todas las señales previas del máximo tribunal bajo esta mayoría conservadora eran elocuentes y allanaron ese camino. Por caso, sus jueces y juezas ya habían eludido una definición sobre una ley semejante en Texas que fijaba el límite en un plazo aún menor de seis semanas. 

Desde entonces, el intento de aprobar normas de este tipo en diversos estados del país donde gobiernan los conservadores se multiplicó. La última de ellas tuvo lugar el jueves 19 de mayo cuando la Cámara Baja de Oklahoma ratificó su propia ley delimitando, por 76 votos a favor y solo 16 en contra, cualquier interrupción voluntaria y legal del embarazo, salvo que peligre la vida de la persona gestante o sea consecuencia de una violación o incesto. Además, habilita la posibilidad de accionar civilmente contra todo aquel que asista en esta práctica a una persona de Oklahoma, aún si se tratara de personas fuera del estado, y ofrece “recompensas” de hasta 10 mil dólares por denunciar estos procedimientos. La ley ya fue promulgada por el gobernador republicano.

Como suele suceder, todas estas trabas descargan su mayor fuerza prohibitiva sobre las poblaciones más vulnerables. En el caso de Estados Unidos, las comunidades hispanas y negras que ya en las condiciones actuales enfrentan serios obstáculos para acceder a este derecho. Pero lo mismo ocurre para adolescentes, personas de bajos ingresos e inmigrantes sin estatus regular en general —que, a menudo, coinciden con los grupos previos—. El fallo que ahora revoca este derecho sexual y reproductivo solo viene a empeorar todavía más su calidad de vida. No solo eso: el golpe también afecta la integridad mental, física y hasta socio-económica de la comunidad LGBTIQ+ en su conjunto, si la avanzada prosigue, como es de esperar. Según el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, se estima que la mitad de los hombres transgénero ya retrasan o evitan hoy su atención preventiva por temor a la discriminación. 

Nada garantiza que el revisionismo judicial se detenga con Roe v Wade. En primer lugar, porque los mismos sectores conservadores que buscan poner fin a este derecho que se conquista en otras partes del mundo, como la Argentina, son quienes promueven la anulación de otros fallos del mismo tenor. Y en segundo lugar porque ya han puesto la mira de forma explícita en algunos de ellos y lo dejan trascender, como el histórico Griswold v Connecticut de acceso a los anticonceptivos. Nada nos permite pensar que esta ofensiva conservadora vaya a detenerse antes de demoler la última pieza de una torre de derechos que demoró décadas de lucha y dolor poner en pie. 

 CC

¿Hasta dónde pretende avanzar la ofensiva conservadora en los Estados Unidos? La Corte Suprema de Justicia de ese país restringió el acceso al aborto y retrocedió 50 años en la historia de la protección de derechos. Este terremoto político y social alcanza directamente el futuro de millones de personas y las deja en un estado de desprotección total.  

Esta acción afecta la salud sexual y reproductiva de millones, y de algún modo sacude los cimientos de toda una arquitectura de protecciones civiles construida durante los últimos 70 años, transformándola en un jenga oscilante capaz de desatar efectos sociales devastadores en caso de colapsar.  

Esta acción afecta la salud sexual y reproductiva de millones, y de algún modo sacude los cimientos de toda una arquitectura de protecciones civiles construida durante los últimos 70 años

Hoy, luego de conocerse la noticia de que la Corte limitará el acceso al aborto, es clave entender que lo que está en riesgo es la interconexión de gran parte de estos derechos adquiridos sobre la base de batallas legales desde mediados del siglo pasado y el fundamento que se pone en cuestión con esta decisión particular de la Corte Suprema: no es el aborto en sí mismo sino el derecho a la privacidad de las personas para decidir sin condicionamientos del Estado. Tal es el núcleo conceptual de este derecho sexual y reproductivo elemental en los Estados Unidos junto a tantos otros que contribuyen al desarrollo pleno de las personas y que abarcan desde el matrimonio igualitario hasta el acceso a anticonceptivos y el empoderamiento de la comunidad LGBTIQ+.

Con su fallo Roe v Wade de 1973, el máximo tribunal entendió que el poder estatal no podía inmiscuirse en la esfera íntima de las personas. Y en 1992 ratificó a través de una segunda decisión, Planned Parenthood v Casey, que una mujer tiene el derecho constitucional a elegir el aborto. No obstante, el Congreso de los Estados Unidos no logró avanzar en una ley que blindara esta práctica en todo el país, como ocurrió en la Argentina, aun cuando hubo un gobierno afín como el de Barack Obama. Y esto es porque las fracturas sobre el tema corren hacia el interior de los partidos.

Históricamente, fue el ala progresista del alto tribunal, de la mano de jueces y juezas como Earl Warren o Ruth Bader Ginsburg, la que acompañó la evolución cívica y social de Estados Unidos durante los últimos setenta años con fallos trascendentales que pusieron fin a la segregación racial en los estados sureños (Brown v Board of Education), garantizaron el acceso ecuánime a la defensa legal a toda persona acusada de cometer un delito (Gideon v Wainwright), promovieron el derecho al uso de métodos anticonceptivos sin restricciones gubernamentales (Griswold v Connecticut) y hasta avalaron el matrimonio igualitario en todo el país (United States v Windsor y Obergefell v Hodges), fijando una jurisprudencia que desarticulaba en los tribunales cualquier embestida política a nivel estatal.

Lo que se edificó con tiempo y lobby político en torno a esa Revolución Constitucional fue un dique conservador, cada vez más robusto, apuntalado con legislaciones restrictivas de los gobiernos locales y la designación de jueces y juezas afines cuando tocaba la oportunidad. De la mano de los republicanos Ronald Reagan y George H.W. Bush y la contrarrevolución conservadora de los ‘80s —sobre una importante base de votantes evangélicos— y en alianza con la organización conservadora Federalist Society —impulsora del “originalismo” judicial—, la Corte Suprema inició un giro hacia una mayoría conservadora que terminó de consolidarse en 2020 con otro presidente del mismo signo, Donald Trump. Y es la que hoy decidió sobre el presente y futuro de millones.

El propio Alito, autor del documento que reflejó el pensamiento mayoritario de la Corte sobre el aborto, no fue la primera opción de George W. Bush cuando le tocó nominar un reemplazo para el máximo tribunal en 2005. Pero el lobby judicial conservador le vetó a su candidata original, Harriet Miers. Y hoy el juez “moderado” dentro de la mayoría conservadora de seis sobre nueve magistrados y magistradas que domina al tribunal es el presidente del cuerpo, John Roberts, el mismo que se opuso al matrimonio igualitario hace solo siete años.

Ofensiva política

Nada de lo que sucede puede interpretarse como actos aislados. Por el contrario, hay una arremetida que toma forma en los lugares gestionados por conservadores que se retroalimenta con estas decisiones judiciales. Si solo hablamos del derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, en la actualidad se contabilizan 13 estados —Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming— que cuentan con leyes “gatillo” que estaban a la espera de que la Justicia federal pusiera el cerrojo. Lo que, finalmente, sucedió hoy.

Un relevamiento del Instituto Guttmacher, de 2021, afirma que el número ascendería a 26 si se añaden aquellos estados que podrían restringir los procedimientos de forma severa, tras la decisión de la Corte. Eso es más de la mitad del país. La consecuencia inmediata podría ser un colapso en los restantes estados además del riesgo al que se someten las personas que deben trasladarse hacia lugares seguros para estas intervenciones médicas.

La opinión de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia gira en torno al caso Dobbs v Jackson Women's Health Organization por el cual se cuestionó en los tribunales los alcances de una ley de Mississippi que fijó la prohibición del aborto luego de las 15 semanas. Pero además los defensores de esta limitación le solicitaron a la Corte Suprema que se expida sobre la cuestión de fondo respecto a si la interrupción voluntaria del embarazo es o no un derecho constitucional en los Estados Unidos. Todas las señales previas del máximo tribunal bajo esta mayoría conservadora eran elocuentes y allanaron ese camino. Por caso, sus jueces y juezas ya habían eludido una definición sobre una ley semejante en Texas que fijaba el límite en un plazo aún menor de seis semanas. 

Desde entonces, el intento de aprobar normas de este tipo en diversos estados del país donde gobiernan los conservadores se multiplicó. La última de ellas tuvo lugar el jueves 19 de mayo cuando la Cámara Baja de Oklahoma ratificó su propia ley delimitando, por 76 votos a favor y solo 16 en contra, cualquier interrupción voluntaria y legal del embarazo, salvo que peligre la vida de la persona gestante o sea consecuencia de una violación o incesto. Además, habilita la posibilidad de accionar civilmente contra todo aquel que asista en esta práctica a una persona de Oklahoma, aún si se tratara de personas fuera del estado, y ofrece “recompensas” de hasta 10 mil dólares por denunciar estos procedimientos. La ley ya fue promulgada por el gobernador republicano.

Como suele suceder, todas estas trabas descargan su mayor fuerza prohibitiva sobre las poblaciones más vulnerables. En el caso de Estados Unidos, las comunidades hispanas y negras que ya en las condiciones actuales enfrentan serios obstáculos para acceder a este derecho. Pero lo mismo ocurre para adolescentes, personas de bajos ingresos e inmigrantes sin estatus regular en general —que, a menudo, coinciden con los grupos previos—. El fallo que ahora revoca este derecho sexual y reproductivo solo viene a empeorar todavía más su calidad de vida. No solo eso: el golpe también afecta la integridad mental, física y hasta socio-económica de la comunidad LGBTIQ+ en su conjunto, si la avanzada prosigue, como es de esperar. Según el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, se estima que la mitad de los hombres transgénero ya retrasan o evitan hoy su atención preventiva por temor a la discriminación. 

Nada garantiza que el revisionismo judicial se detenga con Roe v Wade. En primer lugar, porque los mismos sectores conservadores que buscan poner fin a este derecho que se conquista en otras partes del mundo, como la Argentina, son quienes promueven la anulación de otros fallos del mismo tenor. Y en segundo lugar porque ya han puesto la mira de forma explícita en algunos de ellos y lo dejan trascender, como el histórico Griswold v Connecticut de acceso a los anticonceptivos. Nada nos permite pensar que esta ofensiva conservadora vaya a detenerse antes de demoler la última pieza de una torre de derechos que demoró décadas de lucha y dolor poner en pie. 

La autora es Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

MB

¿Hasta dónde pretende avanzar la ofensiva conservadora en los Estados Unidos? La Corte Suprema de Justicia tiene en la mira un fallo que puede poner fin a la protección legal para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en todo el país. Si bien la decisión final podría conocerse en junio, lo que ya trascendió a través de una insólita pero crucial filtración a comienzos de mayo es que habría voluntad y argumentos para avanzar en esa dirección. Lo angustiante es que esta acción no solo podría afectar la salud sexual y reproductiva de millones, sino que también sacudiría los cimientos de toda una arquitectura de protecciones civiles construida durante los últimos 70 años, transformándola en un jenga oscilante capaz de desatar efectos sociales devastadores en caso de colapsar.  

La llave para entender lo que está en riesgo es la interconexión de gran parte de estos derechos adquiridos sobre la base de batallas legales desde mediados del siglo pasado y el fundamento que se pone en cuestión con esta decisión particular de la Corte Suprema: no es el aborto en sí mismo sino el derecho a la privacidad de las personas para decidir sin condicionamientos del Estado. Tal es el núcleo conceptual de este derecho sexual y reproductivo elemental en los Estados Unidos junto a tantos otros que contribuyen al desarrollo pleno de las personas y que abarcan desde el matrimonio igualitario hasta el acceso a anticonceptivos y el empoderamiento de la comunidad LGBTIQ+.

El fundamento que se pone en cuestión con esta decisión particular de la Corte Suprema: no es el aborto en sí mismo sino el derecho a la privacidad de las personas para decidir sin condicionamientos del Estado

Con su fallo Roe v Wade de 1973, el máximo tribunal entendió que el poder estatal no podía inmiscuirse en la esfera íntima de las personas. Y en 1992 lo ratificó a través de una segunda decisión, Planned Parenthood v Casey, la Corte ratificó el principio básico del caso Roe, que una mujer tiene el derecho constitucional a elegir el aborto. Sin embargo, se ratificaron algunas restricciones, incluyendo requisitos que pueden generar demoras en el acceso a la práctica. No obstante, ese tribunal jamás se expidió sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo per se como tampoco el Congreso de los Estados Unidos avanzó en una ley que blindara esta práctica en todo el país, como ocurrió en la Argentina, aun cuando hubo un gobierno afín como el de Barack Obama. Y esto es porque las fracturas sobre el tema corren hacia el interior de los partidos.

Si bien el documento que publicó el sitio POLÍTICO no es una postura definitiva y hasta los votos pueden variar, su autenticidad fue reconocida por el propio tribunal. Eso solo basta para encender una alerta a partir de los enunciados vertidos por el juez Samuel Alito en su opinión sobre el tema porque encarnan el reflejo jurídico de una avanzada reaccionaria que cada día gana más visibilidad en la sociedad del Norte y de todas partes del mundo. Y hasta ahora, en los Estados Unidos, la Justicia se erigía como la última barrera para frenar este tipo de embestidas tan discriminatorias como arcaicas por parte ciertas autoridades electas. 

En efecto, uno de los argumentos sobre el que el magistrado sustenta su decisión de anular ambos fallos y transferir la responsabilidad “a los representantes elegidos por el pueblo” es que la naturaleza del debate no es de orden sanitario sino una cuestión de principios. “La conclusión ineludible es que el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la nación”, asevera y remarca que no existe derecho semejante en la Constitución. Un planteo que dista de ser nuevo. Al contrario, nutre el pensamiento y acción de un movimiento legal conservador en los Estados Unidos que centra su doctrina en el carácter original de la Constitución y una interpretación cerrada de su letra, escrita por hombres blancos del siglo XVIII. 

En contrapartida, fue el ala progresista en ese mismo tribunal, de la mano de jueces y juezas como Earl Warren o Ruth Bader Ginsburg, la que acompañó la evolución cívica y social de Estados Unidos durante los último setenta años con fallos trascendentales que pusieron fin a la segregación racial en los estados sureños (Brown v Board of Education), garantizaron el acceso ecuánime a la defensa legal a toda persona acusada de cometer un delito (Gideon v Wainwright), promovieron el derecho al uso de métodos anticonceptivos sin restricciones gubernamentales (Griswold v Connecticut) y hasta avalaron el matrimonio igualitario en todo el país (United States v Windsor y Obergefell v Hodges), fijando una jurisprudencia que desarticulaba en los tribunales cualquier embestida política a nivel estatal.

Lo que se edificó con tiempo y lobby político en torno a esa Revolución Constitucional fue un dique conservador, cada vez más robusto, apuntalado con legislaciones restrictivas de los gobiernos locales y la designación de jueces y juezas afines cuando tocaba la oportunidad. De la mano de los republicanos Ronald Reagan y George H.W. Bush y la contrarrevolución conservadora de los ‘80s —sobre una importante base de votantes evangélicos— y en alianza con la organización conservadora Federalist Society —impulsora del “originalismo” judicial—, la Corte Suprema inició un giro hacia una mayoría conservadora que terminó de consolidarse en 2020 con otro presidente del mismo signo, Donald Trump. Y es la que hoy debe decidir sobre el presente y futuro de millones.

Lo que se edificó con tiempo y lobby político en torno a esa Revolución Constitucional fue un dique conservador, cada vez más robusto, apuntalado con legislaciones restrictivas de los gobiernos locales

El propio Alito, autor del documento que podría reflejar el pensamiento mayoritario de la Corte sobre el aborto, no fue la primera opción de George W. Bush cuando le tocó nominar un reemplazo para el máximo tribunal en 2005. Pero el lobby judicial conservador le vetó a su candidata original, Harriet Miers. Y hoy el juez “moderado” dentro de la mayoría conservadora de seis sobre nueve magistrados y magistradas que domina al tribunal es el presidente del cuerpo, John Roberts, el mismo que se opuso al matrimonio igualitario hace solo siete años.

Ofensiva política

Nada de lo que sucede puede interpretarse como actos aislados. Por el contrario, hay una arremetida que toma forma en los lugares gestionados por conservadores que se retroalimenta con estas decisiones judiciales. Si solo hablamos del derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, en la actualidad se contabilizan 13 estados —Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming— con leyes “gatillo” a la espera de que la Justicia federal ponga un cerrojo. Un relevamiento del Instituto Guttmacher, de 2021, afirma que el número ascendería a 26 si se añaden aquellos estados que podrían restringir los procedimientos de forma severa en un futuro. Eso es más de la mitad del país. La consecuencia inmediata podría ser un colapso en los restantes estados además del riesgo al que se someten las personas que deben trasladarse hacia lugares seguros para estas intervenciones médicas.

La opinión de esta presunta mayoría de la Corte Suprema de Justicia gira en torno al caso Dobbs v Jackson Women's Health Organization por el cual se cuestionó en los tribunales los alcances de una ley de Mississippi que fijó la prohibición del aborto luego de las 15 semanas. Pero además los defensores de esta limitación le solicitaron a la Corte Suprema que se expida sobre la cuestión de fondo respecto a si la interrupción voluntaria del embarazo es o no un derecho constitucional en los Estados Unidos. Todas las señales previas del máximo tribunal bajo esta mayoría conservadora eran elocuentes y allanaron ese camino. Por caso, sus jueces y juezas ya habían eludido una definición sobre una ley semejante en Texas que fijaba el límite en un plazo aún menor de seis semanas. 

Desde entonces, el intento de aprobar normas de este tipo en diversos estados del país donde gobiernan los conservadores se multiplicó. La última de ellas tuvo lugar el jueves 19 de mayo cuando la Cámara Baja de Oklahoma ratificó su propia ley delimitando, por 76 votos a favor y solo 16 en contra, cualquier interrupción voluntaria y legal del embarazo, salvo que peligre la vida de la persona gestante o sea consecuencia de una violación o incesto. Además, habilita la posibilidad de accionar civilmente contra todo aquel que asista en esta práctica a una persona de Oklahoma, aún si se tratara de personas fuera del estado, y ofrece “recompensas” de hasta 10 mil dólares por denunciar estos procedimientos. La ley yafue promulgada por el gobernador republicano.

Como suele suceder, todas estas trabas descargan su mayor fuerza prohibitiva sobre las poblaciones más vulnerables. En el caso de Estados Unidos, las comunidades hispanas y negras que ya en las condiciones actuales enfrentan serios obstáculos para acceder a este derecho. Pero lo mismo ocurre para adolescentes, personas de bajos ingresos e inmigrantes sin estatus regular en general —que, a menudo, coinciden con los grupos previos—. Un fallo que revoque este derecho sexual y reproductivo solo podría empeorar todavía más su calidad de vida. No solo eso: el golpe también afectaría la integridad mental, física y hasta socio-económica de la comunidad LGBTIQ+ en su conjunto si la avanzada prosigue como es de esperar. Según el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, se estima que la mitad de los hombres transgénero ya retrasan o evitan hoy su atención preventiva por temor a la discriminación. 

Como suele suceder, todas estas trabas descargan su mayor fuerza prohibitiva sobre las poblaciones más vulnerables. En el caso de Estados Unidos, las comunidades hispanas y negras

Aunque el juez Alito circunscriba su decisión a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, como lo sugiere en su texto, dejando al margen el resto de los derechos, nada garantiza que el revisionismo judicial se detenga con Roe v Wade. En primer lugar, porque los mismos sectores conservadores que buscan poner fin a este derecho que se conquista en otras partes del mundo, como la Argentina, son quienes promueven la anulación de otros fallos del mismo tenor. Y en segundo lugar porque ya han puesto la mira de forma explícita en algunos de ellos y lo dejan trascender, como el histórico Griswold v Connecticut de acceso a los anticonceptivos. Nada nos permite pensar que esta ofensiva conservadora vaya a detenerse antes de demoler la última pieza de una torre de derechos que demoró décadas de lucha y dolor poner en pie. 

MB

No fue sencillo. Nuestro camino para dejar atrás el terrible año del estallido de la pandemia rumbo a la nueva normalidad se vio signado por complejos desafíos, para la Argentina y el mundo, sumidos en una profunda crisis económica y social. Así y todo, entre tanto dolor, se pudieron consolidar importantes conquistas en estos años, la sanción de la ley para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el documento no binario, la ley de etiquetado frontal y el cupo laboral trans. Otras batallas aún nos cuestan, aunque las seguimos dando: la igualdad de género y respeto a las diversidades, la inclusión de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos sobre sus territorios, el fin de la violencia institucional y la correcta ponderación de la justicia climática como eje imprescindible para pensar un futuro sustentable que apuntale el desarrollo armónico de nuestra sociedad. 

En retrospectiva, no es novedad a esta altura que la pandemia de COVID-19 actuó como un acelerador de las desigualdades existentes, una deuda que arrastra Latinoamérica desde hace ya décadas. La violencia contra las mujeres y las niñas, y la falta de medidas efectivas para abordarla representaron entonces y durante el último año un motivo de grave preocupación. Sin ir más lejos, la implementación del derecho a un aborto seguro, legal y gratuito dentro de las primeras 14 semanas, abrió un nuevo capítulo en la disputa contra quienes se oponen. Apenas mudó el escenario del Congreso a los tribunales, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

En diciembre de 2021 se habían iniciado unas 37 acciones judiciales contra la ley. De ese total, 32 persiguieron la declaración de inconstitucionalidad de la ley con efectos colectivos. Las restantes apuntaron hacia la responsabilidad penal y civil del presidente de la Nación y legisladores nacionales y provinciales y hasta ha avanzado una causa penal contra una médica residente de Tartagal, Miranda Ruiz, por brindar atención a una paciente adulta por petición suya y acorde a lo estipulado en la propia ley. Como consecuencia, la profesional de la salud fue privada de la libertad y todavía se encuentra sometida a medidas de coerción sustitutivas a la prisión en la provincia de Salta. 

Desde Amnistía Internacional nos involucramos en este caso, así como en diversos litigios para garantizar la continuidad de esta conquista legal que encarna un imperativo de justicia social, reproductiva, y de derechos humanos. Estamos bien: el Poder Judicial ha rechazado sistemáticamente las acciones contra la norma en etapas muy tempranas de los procesos judiciales por considerarlas inadmisibles, reconociendo su legitimidad democrática y la jerarquía de los derechos de las mujeres y personas gestantes que contempla.

Así y todo, persisten otras trabas, producto de la ausencia de políticas públicas para garantizar la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, capacitar a profesionales de la salud, asegurar el acceso al misoprostol, promover la comercialización de la mifepristona, fortalecer el acceso a atención post evento obstétrico, robustecer el ejercicio de la educación sexual integral y afianzar el acceso a la información para el empoderamiento legal de las mujeres y personas gestantes, entre otras cuestiones. Ni el Estado nacional ni provincial impulsaron campañas de difusión sobre cómo y dónde ejercer el derecho al aborto. Apenas algunas provincias llevaron a cabo acciones aisladas en Entre Ríos, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires. 

No es suficiente. Sin información completa, su implementación se pone en riesgo porque no se puede ejercer de forma plena un derecho que se desconoce. Este dato surge de los pedidos de acceso a la información pública que realizamos desde Amnistía Internacional y de entrevistas a profesionales de la salud, activistas, abogadas y organizaciones de la sociedad civil a lo largo de los pasados doce meses. También recopilamos los testimonios de mujeres y personas con capacidad de gestar que enfrentaron graves barreras en el acceso al aborto legal en distintas jurisdicciones del país. Seguiremos monitoreando para relevar las dificultades en el territorio y advirtiendo sobre estas falencias.

Del mismo modo, es inexplicable que a 16 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) persista una brecha significativa entre el marco normativo y su implementación real. Solo el 4% de los estudiantes de nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos básicos, prioritarios y obligatorios de la ESI. Y siete de cada diez docentes sostienen que necesitan más capacitación en materia de violencia de género, abuso sexual infantil y diversidad sexual, identidad y expresión de género. Es impensable proyectar una sociedad más equitativa si carecemos de esta herramienta central para que niños, niñas y jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre su cuerpo, sexualidad y salud, aprender a construir relaciones equitativas, comprender la importancia del respeto de la diversidad y prevenir situaciones de abuso sexual, entre otras cuestiones.

La pandemia también exacerbó las desigualdades de género existentes en lo que respecta a la vida política, económica y social de las mujeres

La pandemia también exacerbó las desigualdades de género existentes en lo que respecta a la vida política, económica y social de las mujeres. El entramado persistente en diversas esferas de la vida cotidiana reproduce y perpetúa mandatos y estereotipos de género que excluyen a las mujeres y personas LGBTI+ del acceso igualitario a derechos y oportunidades. Si hablamos de femicidios, en 2021 el número ascendió a 289 víctimas mortales confirmadas, que incluyeron 24 femicidios vinculados, nueve personas Trans y 15 suicidios, según datos del Observatorio de Femicidios de la oficina del Defensor del Pueblo de la Nación.  Es el equivalente a un homicidio intencional ocurrido cada 30 horas en Argentina durante el último año.

El 65% de los femicidios fue cometido en la vivienda de las víctimas, el domicilio compartido o en un entorno familiar. Un dato todavía más alarmante: el 15,2% de las víctimas había denunciado previamente a su atacante, lo que pone en evidencia la falta de respuestas efectivas y eficientes por parte del Estado. A esta altura, la violencia de género en nuestro país constituye una crisis endémica que ningún gobierno ha podido resolver. Y tanto las políticas públicas para abordar la violencia de género como la ausencia de una perspectiva entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a la hora de responder o aplicarlas adecuadamente, no parecen estar funcionando. 

Sin dudas, la histórica exclusión de las mujeres de los espacios de decisión en los tres poderes del Estado tampoco ayuda a consolidar una perspectiva de género que atienda a esta acuciante emergencia social.  En el ámbito legislativo, pese a los avances de leyes de paridad a nivel nacional y, particularmente, en algunas jurisdicciones, su aplicación efectiva ha sido objeto de disputa judicial. En el Ejecutivo, en la actualidad, hay solo dos mujeres en cargos ministeriales, lo que equivale al 10% de la administración. Y el Mapa de Género en la Justicia Argentina exhibe que apenas el 31% de las mujeres ocupan cargos de juezas y camaristas en los tribunales federales, mostrando una base mayoritaria de mujeres y una cúpula en la que predominan los varones. En la mismísima Corte Suprema, integrada solo por varones desde la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco, se perpetúa esta situación de absoluta gravedad institucional. 

No son las únicas situaciones urgentes que atender, por supuesto. En Argentina, siguen proliferando los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en diferentes jurisdicciones del país y la impunidad en las investigaciones de desapariciones forzadas. Eso se combina con múltiples situaciones de tratos degradantes, amenazas y hasta asesinatos cometidos por parte de miembros de diferentes fuerzas de seguridad que hemos relevado desde Amnistía Internacional en todo el país. Casos como los de Lucas González, de 17 años, baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio de Barracas, el 18 de noviembre último, hoy en la órbita judicial. O Mauro Coronel, un joven de 22 años y padre de cuatro hijos que murió tras haber sido detenido violentamente por la policía de Santiago del Estero el 30 de abril de 2020. Al término de 2021, no había aún ninguna imputación ni línea de investigación abierta para determinar la responsabilidad de las autoridades involucradas. 

En Argentina, siguen proliferando los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en diferentes jurisdicciones del país y la impunidad en las investigaciones de desapariciones forzadas

La lista es extensa, demasiado: Blas Correa, Facundo Astudillo Castro, Santiago Maldonado. También lo es la ausencia de respuestas. Todos los casos registrados a lo largo de 2021 y los años anteriores ilustran un mismo patrón de prácticas abusivas, fuertemente arraigadas y extendidas por parte de las fuerzas de seguridad de todo el país. Pese a ello, un proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional por parte de funcionarios policiales en los Servicios de Seguridad y Penitenciarios sigue pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación. Otra deuda de las instituciones con nuestra sociedad. Y seguimos sumando.

La autora es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina

Luciano Olivera, 16 años. Lucas González, 17. Alejandro Martínez, 35. Fabián Agustín Méndez, 14. Joaquín González, 18. Ángel Ariztimuño, 37. Tomás Ramos, 22. Guido Segura, 33.  La mayor parte de ellos terminaron muertos, víctimas de la violencia institucional, y solo durante el último mes. 

Por donde se lo mire, el número es tan abrumador como angustiante. Mucho más si lo proyectamos en el tiempo y añadimos las historias que no tienen rostros, las que se pierden entre el olvido y la impunidad. ¿Qué es lo que festejamos hoy cuando hablamos de derechos humanos en la Argentina? Por supuesto que las grandes victorias de estos tiempos y del pasado nos enorgullecen, pero mucho más nos preocupan estas derrotas interminables.

El viernes 10 de diciembre, día en el que nuestro país conmemora el Día de la Democracia en simultáneo con la jornada internacional por los Derechos Humanos, el gobierno realizó un acto político con toda su liturgia. La democracia se debe vivir y celebrar con plenitud aunque jamás darse por completa pues es también una construcción cotidiana con acciones y, sobre todo, respuestas. 

¿Qué se le dice a una madre o un padre que ha perdido aquello que más ama en manos del Estado por un accionar abusivo bajo toda regla? ¿Cómo se explican que estos episodios se repitan y acumulen en el tiempo, la mayor parte del tiempo sin rendición de cuentas, hasta volverse sistemáticos? No son casos aislados: la violencia institucional es un problema estructural en nuestro país. Y no hay un solo gobierno que haya podido resolverlo. 

En su discurso en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, durante la entrega de los premios Azucena Villaflor 2021, el presidente Alberto Fernández no hizo mención alguna a estos hechos. En cambio, se explayó sobre una democracia “asediada por posiciones extremas, intolerantes, xenófobas y homofóbicas” que, sin dudas, lesionan el espíritu de convivencia y tolerancia, acordamos. Recordó también, aquellos crímenes aberrantes de la dictadura que, desde la presidencia de Néstor Kirchner, se ha buscado enjuiciar y castigar. Y como esa conducta le abrió las puertas a la Argentina a presidir el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Estamos de acuerdo que esta presidencia es el resultado, entre otras cuestiones, de la historia de nuestro país en materia de derechos humanos, de tener leyes como, la ley migratoria (2003), la educación sexual integral (2006), el reconocimiento territorial a los pueblos originarios (2006), el matrimonio igualitario (2010), la identidad de género (2012) y el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito (2020), normativa que con sus avances y demoras, forman parte de un camino sin retorno para nuestra sociedad. Incluso se pueden rastrear antecedentes que se remontan hasta la ley de salud reproductiva (2002) y el divorcio vincular (1987) si vamos más allá en el tiempo. 

Todo ello preconfigura la identidad de un estado amplio en su concepción de los derechos humanos. Pero, a la vez, a lo largo de todo este tiempo, la violencia institucional persistió como mal endémico, resabio de nuestra historia más oscura. Si pretendemos guiar a otros con este nuevo rol  es preciso hacerlo con el ejemplo. Uno que no se condice con los muertos en las calles de nuestras ciudades por abusos institucionales ni con las torturas y vejaciones que se cometen en la soledad de los calabozos. 

Mientras ello no cambie, en la Argentina no tenemos nada que celebrar. Porque la regla con la que debemos medirnos no es con lo que hicimos y conquistamos sino con lo que no estamos haciendo. Esta deuda no recae de forma exclusiva sobre los hombros del gobierno nacional porque las responsabilidades institucionales por la violencia y arbitrariedad cotidiana en el accionar de las fuerzas policiales en Argentina corta transversalmente a toda la dirigencia política y la respuesta debe ser equivalente, tanto en las Provincias como en la Ciudad de Buenos Aires. Acá no hay grieta que valga.

Frente a los reiterados casos de violencia en el accionar de las fuerzas de seguridad contra la población principalmente joven y en situación de vulnerabilidad social, vale recordar a nuestros gobernantes que el cumplimiento de la labor de control y seguridad, por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, no puede considerarse como un cheque en blanco. Por el contrario, las facultades delegadas exigen, por parte del Estado, un control riguroso y exhaustivo de su desempeño. 

Lo hemos dicho infinitas veces, el uso arbitrario o abusivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe castigarse como delito, a la vez que el control y la rendición de cuentas es un requisito indispensable para evaluar la conducta de las fuerzas de seguridad y desalentar la institucionalización de los abusos y la impunidad. Todo esto demanda un compromiso absoluto e incondicional de nuestras autoridades con los derechos humanos porque no son propiedad de ningún gobierno sino de la gente. 

La autora es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina

MB

El Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro es una excelente oportunidad para celebrar las conquistas del movimiento de mujeres y diversidades en la consagración de sus derechos sexuales y reproductivos. 

Argentina cuenta hoy con una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de vanguardia, que reconoce la autonomía reproductiva de las mujeres y el acceso al aborto legal desde un enfoque de derechos humanos. 

Hemos dado un paso significativo, aunque aún se enfrentan grandes desafíos. Lograr la efectiva implementación de la ley exige que se desarrollen políticas públicas para garantizar la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, capacitar a los profesionales de la salud, fortalecer el acceso a la educación sexual integral, garantizar el acceso a la información para el empoderamiento legal de la ciudadanía, garantizar el acceso a la mifepristona, entre otras cuestiones.  

Pero pese a los retos que aún se enfrentan, hoy nuestro punto de partida es el reconocimiento de nuestro derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos y a elegir sobre nuestro proyecto de vida. Todo esto sucede mientras, en otras partes del mundo sectores conservadores intentan avanzar sobre los derechos humanos de las mujeres.  

Mientras que en la segunda mitad del siglo XX el norte global estuvo a la vanguardia en la reforma de la legislación sobre el aborto, encontrando entre sus grandes exponentes a Estados Unidos -con el histórico precedente de Roe vs Wade- actualmente son los movimientos transfeministas de Latinoamérica quienes están avanzando en las discusiones que ponen en el centro de la escena a la autonomía reproductiva y la justicia de género. 

Al tiempo que el Estado de Texas aprobó una norma regresiva que prácticamente prohíbe el derecho al aborto, y la Corte Suprema de Estados Unidos está pronta a tratar un caso del estado de Mississippi que desafía el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, México sigue dando pasos a favor de los derechos de las mujeres. Recientemente el Estado de Veracruz aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación y se convirtió en la cuarta entidad, de 32 Estados, en reconocer este derecho junto a Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019) y, e Hidalgo (2021). Esto se ha robustecido por la histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de México, que en las últimas semanas declaró la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto de manera absoluta. 

Como directora de Amnistía Internacional mantengo con frecuencia diálogos y conversaciones con movimientos feministas de los más variados países y todos están ávidos de conocer y aprender sobre nuestra experiencia y recorrido para lograr la legalización del aborto. 

La ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo recoge las experiencias de otros países e incorpora las lecciones aprendidas, por eso se ha vuelto una normativa de referencia para la región y el mundo. 

Argentina y el sur global traccionan hoy en la discusión mundial por los derechos sexuales y reproductivos, marcando una suerte de faro hacia donde buscan encaminarse muchos de los movimientos transfeministas del mundo.  

Sabemos que en el camino encontraremos embestidas de los sectores conservadores, pero esto no nos asusta ni nos debilita. Tenemos sobrada evidencia que los obstáculos en el camino al reconocimiento de la autonomía reproductiva, solo nos fortalecen.  

En agosto de 2018 Amnistía Internacional publicó una contratapa en el New York Times, en donde con la imagen de una percha se le pedía al Senado argentino que vote a favor del proyecto de ley para la legalización del aborto. Aquella contratapa finalizaba con la frase “The world is watching”. Tres años después, el mundo nos sigue mirando. Pero esta vez para aprender de nuestra experiencia y recorrido en la conquista de un derecho que, sin dudas, nos convirtió en un país un poco más justo.  

MB