“Mauricio, perdimos”. Pasaron 25 años y esas palabras aún retumban en la cabeza de Mauricio Macri. En 1998, fue el primer intento serio de Macri para privatizar los clubes de fútbol. En este memorable diciembre de 2023, el presidente Javier Milei cumple aquel deseo de su hoy socio político a través de un decreto.

El polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial de la Nación en los primeros minutos del jueves pasado incluye una modificación sustancial en la Ley del Deporte e implementó la opción de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) como forma de “organización deportiva”.

Esta modificación abarca al deporte en general y golpea de manera particular al fútbol. Históricamente, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha rechazado de manera sistemática y casi unánime que los clubes dejen de ser asociaciones civiles sin fines de lucro. Los motivos son varios, pero principalmente se basan en dos conceptos: el primero es que las decisiones del club son tomadas por los representantes de los socios, elegidos de manera democrática; el segundo, que el dinero que ingresa y egresa del club sea patrimonio exclusivo del club. Con las SAD, ambos conceptos están en peligro de extinción.

Los intentos fallidos de Macri

Conocida es la historia de aquella reunión de la AFA a la que Macri llegaba con el aval de Julio Grondona para que su proyecto de privatización fuera aprobado. Macri se sentía ganador. El resultado: 38-0 en contra de la propuesta. Don Julio se levantó de la silla y le dijo con tono de lamento: “Mauricio, perdimos”.

Tras la muerte de Grondona y con la llegada a la presidencia de Macri, el escenario de 2016 habilitó un nuevo intento. En aquellos días, Claudio “Chiqui” Tapia, Nicolás Russo y Marcelo Tinelli eran los hombres fuertes en AFA. Todos estaban en contra.

La función social de los clubes es en Argentina indispensable. Es innumerable la cantidad de chicos y chicas que salen de las calles y pasan horas en los clubes, donde dedican su energía y enfoque a actividades tan saludables como deficitarias económicamente. Por eso, se entiende que el club deber ser de y para los socios, a contramano del interés del lucro de una o un puñado de personas.

Capitalismo y nada más

En el artículo 334 del polémico Mega DNU se modifica la Ley del Deporte y estableció que “se consideran asociaciones civiles deportivas integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física, a las personas jurídicas previstas en el artículo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación, que tienen como objeto la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación del deporte y la actividad física; y a las personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas reguladas en la Sección V de la Ley N.º 19.550 y sus modificatorias, que tienen como objeto social la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación del deporte y la actividad física”.

El arribo de las SAD es total. Hasta pueden ser beneficiarias de subsidios estatales o reducciones de cargas impositivas al igual que los clubes, ya que quedan integradas al Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física.

“Es opcional. Si vos querés seguir teniendo el club como ahora, podés tenerlo como ahora. Pero vos tenés el club A y al club B: al A históricamente le iba bárbaro y el B con menos recursos decide entrar en un formato capitalista, le inyectan dinero y el B ahora gana siempre y el A, digamos, con la lógica del pobrismo, le va a empezar a ir mal, ¿y qué va a querer la gente? Que seamos capitalistas”, analizó el presidente Milei en declaraciones radiales vertidas en el programa de Jonatan Viale.

La AFA, en jaque

Al igual que Grondona y que el 99% de los dirigentes del fútbol, Chiqui Tapia no tiene ningún interés en el desembarco de las SAD. Sin embargo, el DNU pasa por encima del estatuto de la AFA y los clubes cuentan ahora con el plazo de un año para adecuar sus estatutos a la nueva ley.

Para modificar los estatutos de los clubes, la asamblea de socios debe votar a favor del cambio, con al menos dos tercios de votos afirmativos. Es muy difícil que esto ocurra. La sanción para el club puede ser la desafiliación de la AFA. Y para la propia AFA, la pérdida de la entidad jurídica que la coloca como representante oficial hacia adentro del país y hacia afuera. Es decir, puede quedar hasta desafiliada de la FIFA.

Difícil pensar que esto pudiera pasar, ya que la llegada de las SAD sería opcional. Por tanto, los clubes solo tendrían que colocar la letra en el estatuto y, también, en la AFA. Sin embargo, hay algunos que miran con buenos ojos al proyecto y, una vez que entra uno lo pueden seguir varios hasta que finalmente se disemina como un virus. El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, es uno de ellos. Es uno de los fundadores del Grupo Pachuca, en México, donde controla al Juárez FC.

Por ahora, solo quedan interrogantes: ¿Pasará el DNU por los filtros del Congreso y la Corte Suprema? ¿Se adecuarán los clubes a la nueva ley? ¿Será Talleres el primer club argentino en convertirse en una sociedad anónima? ¿Estamos ante el fin de los clubes como los conocemos?

Las empresas en el fútbol

Ejemplos buenos y malos hay en todos los países, bajo todas las formas de administración. Quienes encumbran a las SAD, citan con frecuencia el éxito del Manchester City inglés, caso de éxito a partir de la llegada de inversores extranjeros. Pero la lógica imperante es la del lucro por encima de todo. Espectáculo y marketing, ni más ni menos.

Otro caso exponencial es el del Manchester United, comprado por la familia Glazer. El Man-U perdió todo tipo de influencia en la ciudad. No tiene ninguna otra actividad que no sea el fútbol profesional. El histórico club inglés se resume ahora a una cancha, un plantel y una academia de juveniles. Tal es el desapego que genera el club, que los hinchas más fanáticos fundaron otro, el FC United of Manchester, que juega en divisiones menores del fútbol inglés.

Lavado de dinero y otras yerbas

La cara más turbia de las SAD y del mundo del fútbol en general está ligada al lavado de dinero. Pese al “fair play deportivo” y otras medidas y controles, el dinero en el fútbol fluye como el agua de una catarata. Las inyecciones de capital son esotéricas, las transacciones son innumerables y los valores de los activos (los futbolistas) alcanzan cifras ridículas. ¿De dónde sale tanta plata?

En rigor nadie lo sabe, pero hay ejemplos que dan lugar a la suspicacia. En primera instancia, los grandes capitales de países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos o China, que en los últimos diez años han invertido cifras demenciales, sin que se pueda apreciar bien cuál es la retribución. Otro ejemplo más nítido es el de México, donde clubes con dueños vinculados a cárteles de drogas han tenido un crecimiento exponencial, a partir de inversiones millonarias de capitales que nadie se anima a rastrear.

JR/MF

“Queremos garantizar el equilibrio fiscal”, dijo el lunes último la ministra de Economía, Silvina Batakis, en su primera conferencia de prensa desde su llegada al Palacio de Hacienda. “Creemos en el equilibrio fiscal, a partir de ahora no vamos a gastar más de lo que tenemos”, insistió.

Batakis buscaba así mostrar un programa económico -o al menos un horizonte- comprometido con los objetivos trazados por el FMI: déficit primario del 2,5% para todo el año, lo que supone una poda del gasto público del 8%.

A grandes rasgos, el gasto público se compone de previsión social, jubilaciones, asistencia, planes, subsidios, educación, salud. Esto explica el 65% del gasto, aproximadamente. ¿Hay margen para recortarlo, en un contexto de ingresos y salarios destruidos?

Claudio Caprarulo es director de la consultora Analytica y analizó por dónde podría meter la tijera el Gobierno: “Estamos atravesando una crisis financiera que genera costos. La pregunta es cómo el Gobierno los reparte de manera más progresiva. A su vez, el ajuste fiscal es la opción menos costosa respecto a entrar en nuevo default de deuda en pesos como el del 2019”.

El ajuste fiscal es la opción menos costosa respecto a entrar en nuevo default de deuda en pesos como el del 2019

Claudio Caprarulo — Economista. Analytica

Analytica elaboró un estudio con distintos escenarios de recorte de partidas presupuestarias, “donde las más golpeadas son las que denominamos flexibles, dado que el Gobierno puede frenarlas rápidamente y, políticamente, son las que suelen traer menor conflictividad”. Entre ellas, figura la obra pública, “que suele ser la variable de ajuste en todos los gobiernos, como en 2018 cuando se firmó el acuerdo stand by”, recordó Caprarulo y advirtió: “El problema es que eso no nos permite ser una economía más productiva y evitar nuevas crisis; necesitamos más y mejor infraestructura”.

En segundo lugar, están las partidas que tienen una flexibilidad media como los subsidios y los programas sociales. “Por su peso en el gasto público, son claves, y lo más progresivo es ajustar sobre los subsidios económicos; principalmente, a la energía”, propuso en diálogo con elDiarioAR.

Mara Pedrazzoli, economista del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, entiende que es una señal para cumplir con el acuerdo con el FMI y para los mercados, pero que no dará respuestas a la problemática económica argentina.

“Con estas medidas, se espera una desaceleración de la actividad económica, que implica una caída en la recaudación y de ahí nace la pregunta de qué hacer con el gasto. La idea de que el problema es el crecimiento económico se quedó corta. De cualquier forma, cuando se miran los números grandes del gasto público, no sé cuánto se puede tomar de ahí”, analizó.

El 65% del gasto público es lo que se conoce como gasto social. “Pienso en principio que habría que agrandarlo”, afirmó la economista y evaluó: “Las medidas tomadas por Batakis fueron un poco finas, lo cual de alguna manera significa que lo grande es difícil de tocar. Una alternativa puede ser tocar el sistema judicial, las famosas jubilaciones de privilegio”.

No sé si se puede hacer una megapolítica recaudatoria. La suba de impuestos, en general, rebota en el Congreso. Pero creo que se tiene que apuntar para esos lados, ver cómo recaudar más

Mara Pedrazzoli — Economista. Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación

En el mismo sentido, Pedrazzoli planteó: “El revalúo inmobiliario es difícil, pero va por ahí la cuestión. Se trata de cómo recaudar más, no de cómo gastar menos. La gestión de AFIP no es mala, pero siempre se moverá más lento que los grandes jugadores del sistema financiero. No sé si se puede hacer una megapolítica recaudatoria por ese lado. La suba de impuestos, en general, rebota en el Congreso. Pero creo que se tiene que apuntar para esos lados, ver cómo recaudar más”.

Orlando Ferreres es el director de la Consultora que lleva su nombre: OF y Asociados. Hace más de 30 años, Ferreres fue viceministro de Economía, durante el primer Gobierno de Carlos Ménem. Fue uno de los ideólogos de la Convertibilidad. En aquel entonces, la inflación era casi indescriptible, con porcentajes que superaban los 700% mensuales. Salir de aquello, recuerda Ferreres, requirió también de una fuerte reducción del gasto público.

Hay que hacer varias cosas para poder decir que se está reduciendo el gasto público; entre ellas, aumentar las tarifas, que se viene pateando y no se aumenta lo necesario

Orlando Ferreres — Economista. Ex viceministro de Economía

“Participé en la reducción del gasto que se hizo en el 89, con el Gobierno de Menem. Redujimos el gasto de las provincias y a nivel nacional; aumentamos mucho las tarifas, se dejaron las empresas del Estado en orden. Llevó un tiempo, pero se logró”, apuntó Ferreres en diálogo con elDiarioAR.

“Hay que hacer varias cosas para poder decir que se está reduciendo el gasto público; entre ellas, aumentar las tarifas, que se viene pateando y no se aumenta lo necesario”, consideró. Y agregó: “Está bien la señal y es una buena idea. También se pueden reducir algunos impuestos; por ejemplo, el IVA”.

Sobre el IVA, recordó también cómo se llegó al 21% actual. “En aquella época, era del 13,6%, un cálculo hecho para poder gastar lo que hacía falta. Después, se aumentó a 16 al 18 y de allí al 21%, con el fin de equilibrar las cuentas, pero con un aumento demasiado grande. Ya es tiempo de volverlo a valores razonables”, concluyó.

JR

Las estaciones de servicio reclaman que los porcentajes de rentabilidad están por el suelo y que de esa forma peligra la mitad de las estaciones que hay en el país, ya que -dicen- el negocio dejó de ser rentable. A este escenario, se suman las medidas macroeconómicas anunciadas por la Ministra de Economía, que tendrían coletazos en la actividad.

La estación de servicio es el eslabón final de la cadena del combustible y el único con contacto directo con el consumidor. Entre otras cosas, es la que recibe las malas caras de los conductores ante cada aumento de precios, pero no la que percibe las grandes ganancias de ese valor.

Según alertan los estacioneros, por cada 100 pesos que paga el consumidor, a la estación le quedan $ 10. Y a esos $ 10, se deben descontar los costos de la propia estación de expendio.

Alrededor del 60% del precio final de combustibles va para los primeros eslabones de la cadena: la petrolera que extrae el crudo, la refinería que lo procesa y el mayorista que lo reparte.

Otro 30% se va en impuestos: IVA de venta, Impuesto sobre Combustibles Líquidos (ICL) e Impuesto al Dióxido de Carbono (ID).

Desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) -la principal cámara de estacioneros del país-, indicaron a elDiarioAR: “Lo más importante es advertir que de la rentabilidad bruta, luego de descontar los costos de la estación de servicio, solo queda un porcentaje magro”.

“Después de tener congelados los precios por tanto tiempo (el año pasado estuvimos de 8 a 9 meses sin aumentos) y con subas muy bajas durante este año que no llega a cubrir la realidad inflacionaria que atravesamos, se hace muy dificultoso mantener la actividad”, describieron y alertaron: “Sobre todo, para las estaciones que venden menos de 300 mil litros, que son alrededor del 50% de las estaciones del país”.

En este marco, la ministra de Economía, Silvina Batakis, lanzó una serie de medidas que podrían tener coletazos en el sector, vía impuestos. “Si se avanza en la revaluación fiscal, es esperable que se genere un aumento de la carga tributaria en las estaciones de servicio, en función de los nuevos valores de los inmuebles, ya que se trata de superficies amplias donde se establecen este tipo de comercios”, advirtió el economista Cristian Bergmann al portal Surtidores.

En el mismo sentido y al igual que ocurre en otros rubros, la suba de tasas impactaría de lleno en las inversiones y el financiamiento. “Esta situación podría repercutir negativamente en los planes de inversión que los operadores tienen comprometidos con sus respectivas banderas, relacionados con la renovación de imagen de la estación y readaptación de sus infraestructuras”, completó Bergmann.

Ante la consulta de este medio, desde la Secretaría de Energía no se expresaron al respecto de la problemática.

CC

Con buen acatamiento, pero con menos fuerza que en otros tiempos, las entidades agropecuarias nucleadas en la Mesa de Enlace llevaron a cabo un lock out con jornada de protesta. Se trató de un cese de comercialización de granos y hacienda, a través del cual reclamaron la normalización del abastecimiento de gasoil y que “la política recupere la estabilidad macroeconómica”. 

Los integrantes de la Mesa de Enlace son la Sociedad Rural, las Confederaciones Rurales (CRA), la Federación Agraria y Coninagro. Si bien la medida fue convocada por las cuatro partes, en la Federación Agraria se ven los hilos de la interna. Desde Coninagro hubo también un amague de marcha atrás, tras la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía. Además, el Consejo Agroindustrial Argentino no fue parte de la protesta.

El acto central fue en Gualeguaychú, donde los principales referentes de las entidades convocantes leyeron un comunicado. En el mismo, reclamaron al Gobierno “un cambio de rumbo”, que incluye “decirle basta a la voracidad fiscal” y “el intervencionismo estatal, arbitrario y discrecional, que hace pagar a los productores toda esta tragedia, dejando en funcionarios para definir a quiénes, cuánto y cómo distribuir la plata que sacan”.

“Exigimos reglas de juego claras, previsibilidad para poder seguir siendo uno de los sectores más dinámicos de la República y que con nuestro esfuerzo podemos salir todos juntos de la crisis en que se encuentra nuestra querida Argentina”, concluyó el escrito.

Durante la asamblea anterior a la lectura del documento, el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, expresó: “Esto permite renovar las esperanzas. Estamos llegando realmente a la conclusión de que el problema es mucho más que económico; es político y moral. Lo que realmente quieren es que nos dividamos y la necesidad que tenemos es estar cada vez más unidos”.

“Con este documento pensamos que les decimos a todos que el sector es la solución, pero no tenemos todas las herramientas para solucionar los problemas. Las herramientas las tienen los políticos. Todos avizoramos un Gobierno que trabaja para sus propios intereses, más preocupado por las lapiceras y por perseguir jueces, que buscar las medidas necesarias para llevarle bienestar a la gente”, completó.

La reacción del Gobierno y el apoyo de JxC

El jefe de Gabinete Juan Manzur, fiel a su estilo madrugador, fue el primero de los funcionarios en expresarse durante la jornada. “No estamos de acuerdo con esta protesta. No conduce a nada. Nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo y acercar posiciones. Se sabe que tuvimos serias dificultades vinculadas a la provisión de gasoil, pero trabajamos para solucionarlas”.

Manzur aseguró que la idea del Gobierno “es seguir trabajando y el diálogo siempre está abierto porque el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, está en una interacción permanente”. En el mismo sentido, se expresó más tarde la vocera presidencial Gabriela Cerruti.

El propio Domínguez había dicho el martes que “este es un momento de cooperación” y que “la confrontación paraliza”, en relación a la protesta convocada para mañana por la Mesa de Enlace.

Por su parte, dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos la senadora Carolina Losada, los diputados Diego Santilli y Rogelio Frigerio y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, expresaron su adhesión a la medida de la dirigencia rural y se hicieron presentes en Gualeguaychú.

En los puntos de concentración, se distribuyeron panfletos con un documento confeccionado por las entidades, que pide a la política recuperar “la estabilidad macroeconómica” y plantea la necesidad de que se normalice el abastecimiento de gasoil y la compra de fertilizantes, entre otras cuestiones. 

La jornada se llevó a cabo en diferentes puntos del país, que incluyeron Chaco, Mendoza, Santa Fe, Formosa, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa, con buen acatamiento.

Una de las postales del día fue la del Mercado Agroganadero de Cañuelas, que suele estar repleto de animales, amaneció este miércoles prácticamente vacío. Entraron apenas unas 200 cabezas, transportadas en 8 camiones. 

A través de fotos y videos, productores de distintas organizaciones locales mostraron sus adhesiones, que fueron replicadas en las redes sociales de las entidades convocantes. 

En esas imágenes se repiten los camiones y camionetas al costado del camino, así como las banderas argentinas. La imagen más impactante fue tal vez la de la caravana de autos rumbo al acto central de Gualeguaychú.

Miradas llamativas

La protesta no fue hegemónica entre los grandes jugadores del sector agrario y quizás allí perdió fuerza. Hubo miradas que le bajaron el precio a la medida y otras directamente críticas. Desde la cuenta oficial de Twitter de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), se encargaron de remarcar que “mejora el acceso al gasoil para el transporte de cargas”. 

“Aunque en 23 distritos se siguen registrando dificultades de distinta magnitud, en el mapa actual sólo dos provincias aparecen en rojo (Entre Ríos y Buenos Aires), 8 en naranja, 13 en amarillo y una en verde (T. del Fuego)”, reportaron con una imagen adjunta de un mapa político de Argentina, que a su vez detallaba los niveles de abastecimiento de gasoil en cada provincia. 

Si bien solo Tierra del Fuego figura “sin problema de abastecimiento”, Santa Cruz, Chubut, La Pampa, San Luis, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes, CABA tienen apenas “leves demoras”. En tanto, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Formosa y Misiones sufren “demoras y sobrecostos”. Finalmente, Buenos Aires y Entre Ríos tienen “nulo o muy bajo suministro”. 

Cabe recordar que hace menos de un mes distintas cámaras de transporte realizaron un fuerte paro en muchos puntos del país, debido a los precios y el desabastecimiento de gasoil. 

Otra mirada que llamó la atención fue la de Antonio Aracre, CEO de Syngenta, una de las principales proveedoras de insumos agrícolas. “La realidad es que el país está atravesando una situación complicada y, en forma relativa, no podemos decir que el campo sea el sector que la esté pasando peor”, afirmó Aracre en diálogo con FM Urbana Play.  El empresario cuestionó también la críticas de la Mesa de Enlace a la ministra de Economía, Silvina Batakis, respecto al revalúo inmobiliario. “Por más que a todos nos resulte antipático pagar impuestos, la verdad es que, en algunos casos, es bastante ridículo el valor sobre el cual se tributa. No me parece tan mal actualizar ese valor”, afirmó. 

De todas formas, Aracre ve también que hubo distintos factores que generaron un caldo de cultivo que derivó en el lock out. “Cuando se ve el punto de vista del productor, con la carga impositiva, (sobre todo, de algunos cultivos), el desdoblamiento cambiario que sienten que los perjudica, la falta de gasoil y el paro de transporte; todo eso ha generado un caldo de cultivo como para que el productor quiera expresar su disconformidad”, opinó. 

Otra voz disidente dentro de los grandes jugadores del campo se había escuchado el martes. Eduardo Buzzi, expresidente de la Federación Agraria que supo formar parte de la Mesa de Enlace, apuntó en diálogo con FM La Patriada: “No está claro qué piden. Es una protesta que tiene más que ver con la oposición política que con los reclamos que el campo le pide al Gobierno para mejorar sus condiciones”. 

En el mismo sentido, se expresó el actual director de la Federación, Pedro Peretti. “Es difícil encontrar otro momento de bonanza como este; el paro es estrictamente político, es un paro desestabilizante, es absolutamente golpista, no tiene ninguna explicación este paro, ni los anteriores”, afirmó Peretti. 

Aseguró que también en protestas anteriores “se les buscaba un pretexto gremial, pero eran paros políticos porque estaban diseñados de acuerdo a la estrategia electoral de Cambiemos, que es donde juega la Mesa de Enlace”.

La Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Darío Martínez, anuncia cada mes un nuevo récord de producción en Vaca Muerta. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó en el acto por los 100 años de YPF que en su segundo mandato había “cumplido con el deber de devolverles YPF y Vaca Muerta a los argentinos”, allá por 2012, cuando el Estado expropió la mayoría accionaria a Repsol, recuperó el control de la compañía y comenzó a apostar fuerte en la cuenca neuquina. El presidente Alberto Fernández, en ese mismo acto, remarcó que “en Europa, me piden el gas de Vaca Muerta” y manifestó el deseo de convertirse en un país exportador de gas y de petróleo, en el marco de la crisis energética global provocada por la guerra entre Rusia y la OTAN.

El entusiasmo es grande y lo es también el desafío. ¿Cuáles son las posibilidades concretas de que Argentina pueda exportar gas en el mediano plazo, si no logra hoy cubrir la demanda interna? ¿Por qué no se exporta todo el petróleo posible, si las condiciones parecen estar dadas?

Juan José Carbajales es abogado y politólogo. Dirige el Posgrado en Energía y Sostenibilidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Entre 2019 y 2020, fue subsecretario de Hidrocarburos de la Nación. En diálogo con elDiarioAR, resumió: “Hay que discriminar petróleo de gas. Son dos situaciones muy distintas. En petróleo, la producción está aumentando, principalmente de la mano de YPF. El destino es doble: mercado interno y exportación. Mercado interno, para las refinerías, y exportación porque luego de la pandemia se pudo empezar a exportar el medanito que se produce acá”.

En petróleo, la producción está aumentando, principalmente de la mano de YPF. El destino es doble: mercado interno y exportación

Juan José Carbajales — Ex subsecretario de Hidrocarburos

Petróleo

Vaca Muerta produce un tipo de petróleo llamado “medanito”, que es más liviano y bajo en azufre. “Al principio, se exportaba con mucho descuento. Después, cuando ya se comprobó la calidad, cada vez menos. Es buena la noticia de encontrar mercado para este petróleo”, apuntó Carbajales.

Si bien el impulso comenzó en 2012, la producción de petróleo en Vaca Muerta fue marginal hasta 2018. A partir de 2019, empezó a crecer. “Los primeros pozos exploratorios los hace YPF. Se hicieron inversiones muy fuertes que no se recuperaron nunca más. Se empezó haciendo con los conocimientos y equipos disponibles y no dio grandes resultados. Después, hubo una reconversión, se empezó a explorar con pozos horizontales y ahí explotó la producción. Entran jugadores de primer nivel y la producción no dejó de crecer en ningún momento”, señaló el especialista.

En 2019, se produjeron 100 mil barriles de crudo por día, que significó un 20% de la producción nacional total, que fue de 509 mil barriles diarios, según datos públicos de la Secretaría de Energía.

En 2020, la producción en Vaca Muerta aumentó un 20%, llegó a 120 mil barriles diarios y ocupó un 25% de la producción total, que descendió a 478 mil barriles diarios.

En 2021, la producción en Vaca Muerta dio un salto del 40%, alcanzó los 168 mil barriles diarios y ocupó un 33% de la producción total de crudo, que creció a 514 mil barriles diarios.

En este 2022, la producción en Vaca Muerta marcha a paso de vencedores, con un ritmo de 226 mil barriles diarios, un 35% más que al año anterior y ya ocupa el 40% de la producción total de crudo argentino, que se ubica en 563 mil barriles por día.

En 2022 la producción en Vaca Muerta marcha a paso de vencedores, con un ritmo de 226 mil barriles diarios, un 35% más que al año anterior y ya ocupa el 40% de la producción total de crudo argentino, que se ubica en 563 mil barriles por día

El ritmo actual de producción total nacional es el más alto desde 2010, cuando se produjeron 590 mil barriles por día. El primer problema que se advierte es el descenso de la producción convencional, que cayó (año a año) de 490 mil barriles diarios en 2018, a los actuales 337 mil barriles por día. Es decir, las petroleras se vuelcan a producir petróleo en Vaca Muerta, pero dejan de lado la producción convencional.

“Argentina no importa crudo. Para el consumo de combustible, ese crudo que se destila en las refinerías no es suficiente. Por eso, todos los años se importa un poco de gasoil para esta época; básicamente, para la cosecha gruesa del campo. Cómo autoabastecer de gasoil es la primera cuestión. Es un problema porque hay que hacer inversiones costosas en refinería, que llevan mucho tiempo de repago y que hoy encima está condicionado por la transición energética”, describió Carbajales.

La mirada es parcialmente compartida por el vocero de una de las empresas petroleras que opera en Vaca Muerta, quien aseguró a este medio: “El recurso es de calidad internacional. Ya está probada la productividad y la capacidad de la industria para desarrollar el recurso. Es comercial, tiene capacidad de ser exportado. El interrogante es cómo hacer para incrementar volúmenes en toda la potencialidad. Son desafíos estructurales de país y de infraestructura de corto plazo, que imposibilitan un mayor crecimiento de la producción”.

“En el crudo, el cuello de botella es por la evacuación. Se puede resolver relativamente rápido con las inversiones necesarias. Se necesitan oleoductos con mayor capacidad; es un problema de fierros, básicamente. Los ductos no tienen la capacidad de absorber mayor producción. Se necesitan más caños y más grandes”, continuó el vocero.

Más allá de la cuestión de infraestructura, las empresas piden también mayor estabilidad fiscal, previsibilidad y reducir “en el tiempo” los derechos de exportación (retenciones) “que restan competitividad”. La combinación de infraestructura y competitividad “será clave para que se siga incrementando la producción, para cumplir con el mercado doméstico y dar el salto para tener capacidad de exportación”, completó la fuente.

Los grandes jugadores del mercado

YPF aporta actualmente el 47% del petróleo que se produce en Argentina. Le sigue Pan American Energy (PAE), con el 20%. En Vaca Muerta, YPF aumenta aún más su peso propio y extrae el 59% del crudo producido en Vaca Muerta.

Entre Shell y Vista Oil, aportan el 24% del total de crudo producido en la cuenca neuquina, en partes casi iguales. Les sigue PAE, con el 7%. Así, cuatro empresas concentran el 90% de la producción total de petróleo en Vaca Muerta. El 10% restante, se lo reparten entre 10 empresas. De estas, la más importante es Tecpetrol, con el 2,5%.

YPF aporta el 39% del gas que se produce en Vaca Muerta. Lo sigue de cerca Tecpetrol, que aporta el 22% desde Fortín de Piedra. Pampa Energía ocupa el tercer lugar, con el 10%. En tres empresas, se reparte el 70% de la producción total de gas en Vaca Muerta.

No falta gas, sino transporte y almacenamiento

En el gas, la cuestión es diferente. La producción en Vaca Muerta representa más del 50% del total del país. Se repite el esquema de la caída en la producción convencional, que se compensa con mayor producción en Vaca Muerta. Si bien se podría producir más, el cuello de botella está en el transporte y el almacenamiento.

Carbajales explicó: “Había una caída fuerte desde mediados de 2019, que se logra revertir gracias al plan GasAR. El gasoducto Néstor Kirchner es clave para seguir ampliando la oferta interna. Quedó claro en los últimos años que los recursos son transformables en reservas económicamente rentables y técnicamente explotables, además de sustentables”.

“Se necesitaba estímulo. Esto llegó en 2013, con el Plan Gas1. Se empezó a producir a partir de estos incentivos, pero también hubo una curva de aprendizaje. En 2017, hubo otro programa de estímulo que fue bien aprovechado por Tecpetrol, en Fortín de Piedra, y ocurre un incremento drástico en la producción. Después, los congelamientos de precios complejizaron el asunto y empezó a caer de manera fuerte la producción hasta que asume el nuevo gobierno y vuelve a incentivar con el Plan GasAR”, resumió Carbajales.

La producción de gas en Vaca Muerta fue nula o marginal hasta 2018. En 2019, explotó: se produjeron 55 millones de metros cúbicos (M/m3) diarios, que significaron el 41% de la producción total de gas.

En 2020, en Vaca Muerta se produjeron 50 M/m3 diarios, que constituyeron el 41% del total del gas producido en el país (135 M/m3 diarios) y el 94% del gas no convencional. En 2021, se produjeron 56 M/m3 diarios, que significaron el 45% de la producción total del país (123 M/m3 diarios).

En los primeros cuatro meses de este año, la producción marchó a un ritmo de 65 M/m3, que significan el 50,5% de la producción total (127 M/m3 diarios) y el 95% del gas no convencional.

Se necesita más gas para seguir abasteciendo la demanda interna. Se puede industrializar y hacer fertilizantes que el mundo demanda y Argentina importa. Sirve también para reemplazo de combustibles contaminantes en el sistema de transporte local y para exportar a países vecinos como se hace con Chile en los meses de verano o el objetivo que hay de exportar a Brasil. Sin embargo, los gasoductos están colmados y la capacidad de almacenamiento es prácticamente nula.

El ingeniero Andrés Repar fue vicepresidente de Enargas y hoy es parte del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO). Su mirada no es tan optimista. “Para hacer eso, hay que multiplicar por diez la infraestructura que hay hoy en día. Además, si se multiplican los pozos de fracking hay que ver si aguanta la estructura geológica. Nadie hizo un estudio de impacto ambiental”.

“El Gasoducto NK va a transportar 40 millones de m3 de gas por día. La primera etapa va a ser para 11 millones, la segunda el doble y después el resto. Hoy, tenés una capacidad de transporte de 80 millones de m3 por día. Esto no resuelve el pico del invierno, que es de 160 millones de m3 por día”, calculó Repar.

Para Repar, la respuesta está en ampliar la capacidad de almacenar. “Se puede pensar en un almacenamiento criogénico, que se hace mucho en Estados Unidos. Tenemos uno, en General Rodríguez, pero es muy chico: son 15 M de m3 y necesitamos 200 M de m3, mínimo. Tendría que ser en depósitos grandes, en la zona portuaria, y cerca de los lugares de consumo”, planteó.

Con respecto a la exportación, amplió: “Necesitás garantizar una provisión anual. No hay una evaluación cierta para el futuro. No se puede hablar de exportar a Europa, de ninguna manera. Los gasoductos europeos son de 300 M/m3. No se sustituye fácilmente”.

Finalmente, sobre la idea de la planta de licuefacción de YPF, afirmó: “Llevaría muchos años y es meterse ‘en camisa de once varas’. Hay que hacer grandes obras de infraestructura y es un riesgo ambiental muy grande. Es una locura”.

El citado vocero empresarial, evaluó: “No hay un mercado internacional. En una segunda etapa, se puede pensar en la regionalización del gas argentino hacia Brasil o Uruguay y reducir la injerencia de la importación. Es clave realización de gasoductos porque no hay capacidad de almacenaje”.

Comercialmente, “se necesitan tres elementos: competitividad, infraestructura y reglas de juego claras. Por ejemplo, respetar los precios de referencia internacional”.

Finalmente, Carbajales lo ve con más optimismo: “En el largo plazo, sería efectivamente llegar al objetivo de una planta de licuefacción, que viene pregonando el Presidente, con lo cual se podría abastecer a Europa de gas. El gasoducto NK está pensado en etapas. Las primeras son para remplazar importaciones en el mercado interno. Para llegar a un perfil exportador hay que ampliar mucho la capacidad de transporte. Tal vez, se podría hacer un gasoducto pensado específicamente para la exportación y una planta de licuefacción con una terminal portuaria”.

Con respecto al almacenamiento, opinó: “El problema es el transporte en invierno porque el poco almacenamiento que tenemos está en la zona de producción. Lo ideal sería almacenar cerca de la zona de consumo. Podés almacenar en verano, pero cuando querés consumir en invierno no lo podés transportar”.

“Son inversiones de 4 ó 5 mil millones de dólares, que tardan no menos de 4 o 5 años. Tal vez, pensar en una situación intermedia sea razonable: exportar e importar al mismo tiempo. Exportar en verano para obtener los dólares que permitan importar en invierno”, aseguró el portavoz.

CC

En medio de la fuerte interna del Frente de Todos, se celebrarán esta semana las audiencias públicas que determinarán los nuevos aumentos en las tarifas de gas y de luz, a partir de la quita de subsidios a la generación de electricidad y a la producción de gas. Además, se evaluará en otra audiencia la segmentación de tarifas.

En la audiencia del martes 10 se tratará el precio de la producción de gas; en la del miércoles 11, de la generación de electricidad, y en la del jueves 12, la segmentación de tarifas. Las propuestas del Gobierno Nacional ya son públicas.

De aprobarse esos esquemas, en materia de luz, para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) habrá una suba del 6% para los usuarios de la tarifa social, y del 17% en promedio para la gran mayoría de los usuarios residenciales. En el caso del gas, las subas serán del 21% para la mayoría y serán nulas para los usuarios de tarifa social. En el caso del 10% más rico de la sociedad, que se quedaría sin subsidios, los aumentos podrían ser del 250%.

La audiencia del 12 tratará justamente la segmentación de tarifas. El Gobierno entiende que el esquema actual otorga los mayores subsidios a quienes más consumen, que históricamente son aquellos de mayor poder adquisitivo. Hay consenso para aplicar una reforma progresiva, aunque muchos ponen en duda que la metodología elegida sea la correcta, ya que utiliza criterios geográficos, en lugar de evaluar consumo.

La propuesta del Gobierno se basa en que los usuarios de tarifa social reciban aumento del 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior; que la mayor parte de los usuarios tengan subas del 80% del CVS, y que el 10% más rico de la sociedad se quede sin subsidio alguno.

José Álvarez, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, que nuclea a más de 200 cooperativas del sector, opinó en diálogo con elDiarioAR: “No cabe duda alguna que balancear los números entre los costos reales de generación a partir de los efectos geopolíticos de una guerra, una pandemia, una inflación elevada, un acuerdo con el FMI por una deuda casi impagable, una disputa política con la oposición, una interna del oficialismo y la capacidad de pago de los consumidores de un servicio público, imprescindible y considerado derecho humano es más que difícil. Casi una empresa imposible, pero hay que lograrlo”.

En tal sentido, “la segmentación tarifaria debería ajustar tarifas y quitas de subsidios a quienes pueden pagar la energía, cubriendo la lógica necesidad de las tarifas sociales a los sectores con dificultades”.

El primer round de la interna: Basualdo vs Rigo y Morra

La interna del Frente de Todos se trasluce en la cuestión energética. Fue en 2021 el primer fusible que saltó de manera pública, cuando el ministro de Economía Martín Guzmán le pidió la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo, uno de los principales alfiles del sector energético de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Finalmente, Basualdo se sostuvo en el cargo.

Hoy, con la interna prendida fuego, discutir la cuestión de las tarifas puede ser explosivo. En las últimas semanas, se filtraron cartas internas que exponen esta situación. La primera estaba firmada por el propio Basualdo, quien criticó que con la quita de subsidios “sólo alcanzaría a recaudarse un monto máximo de 163.463 millones de pesos, valor que implicaría una reducción de subsidios de apenas un 13% para este año”.

La respuesta llegó por parte del secretario de Hacienda Raúl Rigo, hombre de Guzmán, quien aseguró que ese ahorro sería valioso y lo comparó con otras erogaciones del Estado. Planteó que duplicaría la Tarjeta Alimentar, quintuplicaría el programa Potenciar Trabajo o alcanzaría para seis meses de la Asignación Universal por Hijo, entre otras.

Basualdo también advirtió que “los incrementos propuestos, tanto para el segmento comercial como el industrial, atentan contra el proceso de crecimiento económico que se viene verificando, y sería un canal más de aceleración de la inflación como consecuencia de la variación de sus costos”.

Ese guante lo recogió el secretario de Política Económica Fernando Morra, quien minimizó la preocupación de Basualdo: “El país recuperó en un año todo lo perdido en la pandemia. Este proceso se espera que continúe en lo que va de 2022, con la estimación de un piso de crecimiento de alrededor de un 4%”.

Deudas y subsidios

Según el último informe de la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal, durante marzo los subsidios energéticos costaron $ 305 mil millones -una suba interanual del 190,5%- y se dirigieron “principalmente a la empresa CAMMESA”, a la cual se destinaron $ 265 mil millones; es decir, el 87% del total.

El Estado triplica el ya altísimo nivel de subsidios a CAMMESA (donde las distribuidoras compran la energía eléctrica que después venden a los usuarios) en buena medida porque las empresas de distribución no pagan la energía que compran y venden. Según un detalle al que tuvo acceso elDiarioAR, las distribuidoras deben en total $354.000 millones a CAMMESA. De ese monto, $147.000 millones corresponden a deudas de Edenor y Edesur. Las empresas del Grupo DESA (Edea, Edes, Eden y Edelap) suman deudas por $ 53.000 millones. En otras palabras, 5 de cada 10 pesos que se le deben a CAMMESA están a nombre de Edenor, Edesur o Grupo DESA.

En cuanto a los destinos del resto de los subsidios de marzo, se encuentran la empresa bajo control del Estado IEARSA ($ 21.283,8 millones), el Plan Gas ($ 5.705 millones), la tarifa social y expansión de redes ($ 4.966 millones) y a la asistencia a empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras de gas licuado de petróleo ($ 3.236 millones), entre los principales.

En marzo, además, unos $ 400 millones fueron para las distribuidoras de gas. En los últimos 12 meses, los subsidios a las distribuidoras de gas sumaron casi $ 20.000 millones.

Para el titular de la Asociación por la Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, el aumento es desmedido: “Estamos de acuerdo con la segmentación. Abonamos al concepto ideológico de la pobreza energética. Pero cuando se analiza lo que quieren hacer, si se suma a los aumentos de marzo y se proyecta la inflación habrá una suba del 60% en luz y gas, y para el grupo pequeño que queda sin subsidios, hasta del 800%”.

Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, planteó: “No debe haber ningún aumento porque se está aumentando sobre la base de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del macrismo. Avalar un aumento sobre esa base es legitimar la política de (Mauricio) Macri y (Juan José) Aranguren”.

El Gobierno tiene hasta fin de año para preparar la nueva RTI, según resoluciones del ENRE y del Enargas, que declararon en 2020 nula la RTI del macrismo.

El rechazo de las organizaciones de defensa al consumidor

El conjunto de las organizaciones de defensa al consumidor firmó una solicitada en la cual se rechaza cualquier tipo de aumento sobre las tarifas energéticas. El texto lleva la firma de la CGT y la CTA y de distintas organizaciones de la sociedad civil. “Expresamos nuestra preocupación y rechazo a la propuesta de quita de subsidios, con el consecuente aumento en las tarifas de los servicios públicos de gas natural por redes y de energía eléctrica que se discutirán en las audiencias públicas a realizarse del 10 al 12 de mayo”, comienza el escrito.

El reclamo de las organizaciones se repite y se basa en los costos de producción, que no son públicos ni claros. “Para determinar el valor de las tarifas es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad. Quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa los costos reales de las empresas implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino”, apuntan.

Es en este contexto, “llega el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde la cuestión de la energía es un capítulo central”, ya que “en el Memorando de Políticas Económicas Financieras el Estado Argentino se compromete a una reducción significativa de subsidios. Pero no se aborda la cuestión de los costos ni de las ganancias extraordinarias del sector. Simplemente se expone la necesidad de recortar subsidios sobre la población, para que asumamos un mayor costo en nuestras tarifas”.

“Exhortamos al Secretario de Energía, al Ministro de Economía y al Presidente de la República a evitar un nuevo aumento tarifario que recaiga sobre la ciudadanía”, finaliza el escrito.

JR/CC

El sector energético se encuentra convulsionado, con los tableros pateados tanto por la política exterior como la interior. Por un lado, la guerra en Europa disparó los precios. Por otra parte, las internas en el Gobierno no permiten definir un rumbo claro. En el medio, las poderosas empresas del sector reclaman mayor rentabilidad.

La próxima parada es la audiencia pública que determinará no solo nuevos aumentos, sino también los lineamientos concretos de la segmentación de tarifas. Las organizaciones de defensa del consumidor ya movieron la primera pieza y pidieron que Martín Guzmán presida la nueva audiencia, mientras los organismos oficiales eligen el silencio.

Si bien estaba estipulada en principio para fines de abril, las organizaciones de defensa al consumidor esperan que la nueva audiencia pública para definir los precios del gas y la segmentación de tarifas se convoque en estas horas, para mediados de mayo, con la intención de que empiece a regir en junio. En este marco, elevaron una nota al Ministerio de Economía, en la que piden básicamente dos cosas: que la audiencia sea presencial, sin cupo; y que sea presidida por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Una de las organizaciones firmantes es la Unión de Usuarios y Consumidores, encabezada por Claudio Boada, quien habló al respecto con elDiarioAR: “El intrincado laberinto de la segmentación fue diseñado por el Ministerio de Economía y en el marco del acuerdo con el FMI. Por tanto, creemos que en lugar de delegar a la Secretaría de Energía, es el propio Guzmán quien debe encabezar la audiencia y dar todas las explicaciones del caso”.

Con respecto a la presencialidad, expresó: “Creemos que mucha gente quiere participar y, si bien la virtualidad ayudó en su momento, también tiene sus limitaciones. Se está planteando una quita de subsidios en base a ubicación geográfica y no se tiene en cuenta ningún otro tipo de cuestión; por ejemplo, si la persona es propietaria o alquila. Es importante que haya mucha participación en la audiencia para que se visibilicen estos cuestionamientos porque lo que salga de ahí va a marcar el rumbo para todo el país”, planteó Boada.

Ante la consulta de este medio, desde la Secretaría de Energía aseguraron no tener novedades sobre el asunto.

La interna energética

La Secretaría de Energía se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía, que no solo busca segmentar las tarifas, sino que tendría la intención de buscar aumentos más importantes, que ayuden a reducir el déficit fiscal que ostenta el esquema energético, agravado por la disparada de precios provocada por el conflicto bélico europeo.

Desde el sector kirchnerista del Gobierno, entienden que no hay lugar para ningún tipo de aumento en las tarifas y, bajo protesta, estarían dispuestos a aceptar subas en el orden del 20% como máximo, ya estipuladas después de las audiencias de enero y febrero. Aunque minoritario en el sector, el kirchnerismo maneja tanto la intervención del ENRE como la dirección del Enargas y la presidencia de YPF, a través de Pablo González.

Un exfuncionario de Energía -del actual gobierno, pero anterior a la gestión de Darío Martínez- advirtió a este medio: “La clave de las audiencias es lo que pase después: cuánto aumento se otorgará y si los entes reguladores luego lo avalarán. En este contexto, hay chances de que no lo avalen”. Este escenario abriría las puertas a una nueva contienda entre las distintas corrientes de la coalición gobernante. Cabe recordar que la primera disputa fuerte se dio justamente en el sector energético, con un aumento impulsado por Guzmán que debió dar marcha atrás, en 2021.

Por qué una nueva audiencia

A partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, celebrado en marzo último, se propone que los incrementos en las tarifas tengan relación con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS, elaborado por el Indec). En 2021, subió un 53,4 por ciento. Para los beneficiarios de tarifa social, la suba sería equivalente al 40% del CVS; es decir, un aumento del 20% en la tarifa, en línea de lo ya aprobado en audiencias públicas de enero y febrero. Para el resto de los residenciales, la suba será equivalente al 80% del CVS; es decir, en torno al 40% en la tarifa. Por último, habrá un 10% de usuarios que no tendrán subsidio alguno. Se trata de los estratos más pudientes de la sociedad, que verán sus tarifas duplicadas.

Como en los dos últimos casos se supera a lo establecido en las audiencias públicas anteriores, la Secretaría de Energía llamará a una nueva audiencia, a celebrarse a fines de abril. Sin embargo, los tiempos se dilatan y todavía no hay llamado. El objetivo es que el nuevo esquema entre en vigencia desde el 1 de junio, por lo cual los márgenes no son muy amplios.

JR/CC

El sector energético vive días movidos. Por un lado, los precios internacionales por las nubes por la guerra en Ucrania se traducen en buenas posibilidades de exportación; por el otro, las importaciones generan pánico y hacen recrudecer las contradicciones del esquema energético argentino. En este marco -en el que incluso algunos advierten sobre posibles peligros de desabastecimiento para el invierno-, se realizó la XIII Argentina Oil & Gas (AOG) Expo, en el predio de La Rural. Fue el primer encuentro presencial desde el inicio de la pandemia y las empresas lo celebraron a lo grande, con un llamativo y exultante optimismo.

A lo largo de las cuatro jornadas que duró la AOG, desfilaron un sinfín de empresarios, CEOs y funcionarios de todos los colores y jerarquías. Se organizaron numerosos paneles con las más variadas temáticas del sector como Jóvenes Oil&Gas, dedicadas a los profesionales que dan sus primeros pasos en la industria, o la Ronda de Negocios Internacional, donde expositores argentinos pudieron mostrar y ofrecer sus productos a compradores extranjeros.

Uno de los eventos más destacados fue la serie de jornadas de “Encuentro con los CEOs”, donde a lo largo de tres días expusieron 18 caras visibles de las grandes empresas del sector. Sergio Affronti, por YPF; Sean Rooney, de Shell; Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy (PAE); Horacio Turri, de Pampa Energía; Javier Rielo, de Total Austral; y Ricardo Markous, de Tecpetrol, entre otros. De los 18, la única presencia femenina fue la de Karina Corradi, de Clúster.

“El problema son las importaciones y estos precios ahora obligan a rever la estrategia original. Lo positivo es que estas situaciones te llevan a reorganizar las prioridades y encontrar un equilibrio. Por eso, tenemos que repuntar Vaca Muerta: las reservas que tenemos alcanzan para cubrir seis veces el consumo de Argentina los próximos 30 años”, planteó Bulgheroni.

“Las posibilidades son excelentes y eso me entusiasma. Está la industria, los recursos y también la demanda. Lo que es complicado para Argentina es ser competitiva a nivel global, pero si se dan las condiciones es posible”, advirtió Rooney.

Por su parte, Rielo expresó: “Tenemos todo para seguir creciendo. Vaca Muerta se complementa perfectamente con todo lo que tenemos por hacer con el offshore, y en eso tenemos un potencial y una historia que nos permite demostrar que se puede producir y realizar sin riesgo. No hay razón para que este desarrollo no se dé en Argentina”.

“Si pensamos que la transición energética va a durar 50 años, sería necesario multiplicar por 10 lo que necesitamos para que los recursos de Vaca Muerta se agoten. Por eso, tenemos que pensar en más transporte para poder industrializar ese gas y exportar”, analizó Turri.

Convocatoria récord

La convocatoria de la AOG fue récord, según apuntaron desde la organización, con más de 20 mil visitantes y 220 empresas. Hubo mucha participación de todo el sector. Proveedores de insumos, maquinaria, bienes, servicios, químicos y una larga lista de etcéteras. Y por supuesto, los grandes stands de las grandes petroleras. También había stands de cámaras industriales y de inversores. Todos con sus correspondientes promotores y promotoras, luciendo los más variados trajecitos y entregando panfletos y regalos. Algunos stands incluso ofrecían como atractivo juegos interactivos, donde uno podía poner a funcionar una planta petrolera de Tecpetrol o bien ubicar las conchas de Shell según su evolución estética histórica. La bebida y la comida no faltaron. Los visitantes podían pasar por los stands a degustar algún vino o refrescarse con una cerveza o gaseosa. Algunas empresas colocaban cercos y tomaban listas; otras, ofrecían pase libre.

Pero no solo de empresas, CEOs y bebida se trató la Expo. Hubo presencia de funcionarios como el secretario de Energía, Darío Martínez; el ministro de Economía, Martín Guzmán, o el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. Martínez no dejó pasar la oportunidad para expresar su mirada sobre el sector: “Fuimos para adelante con el Plan GasAR y obtuvimos resultados. Eso nos puso ante la problemática de no tener más capacidad de transporte y se tomó la decisión de poner en marcha el gasoducto Néstor Kirchner. Y también aumentar la producción, para poder reemplazar importaciones de GNL y de los combustibles líquidos”.

Por su parte, Guzmán no hizo declaraciones públicas, aunque sí se reunió con un grupo de los más importantes empresarios. No trascendió el detalle de esa reunión.

Luego de una presentación oficial, Arcioni se tomó el tiempo de hacer una ronda de prensa con un pequeño grupo de periodistas allí presentes. Ante la consulta de elDiarioAR sobre la posible escasez de gas durante el invierno, el gobernador respondió con una esperanza y una demanda: “Los recursos los tenemos en Chubut. Todavía tenemos espacio para inyectar más gas y evitar así que se compre tanto GNL. Es una lástima tener que ventear gas (liberarlo) y no inyectarlo en un gasoducto. Por eso, necesitamos tanto las inversiones en infraestructura. No se puede entender cómo durante tanto tiempo no hubo inversiones en materia energética”. En el mismo sentido, reclamó: “Chubut genera 12 veces más energía de la que consume. Es decir, Chubut hace un gran aporte al país, pero si hablamos de federalismo no es justo que estemos 23 o 24 en la coparticipación. Por eso, necesitamos que lleguen las inversiones para poder producir más gas, inyectarlo y no depender tanto del GNL”.

Pese al optimismo propio de un gran evento que no se pudo hacer durante dos años, el escenario es complejo y todos lo saben. “Se puede ser optimista en tanto se realicen las inversiones necesarias y se marque un rumbo. La pregunta que debe responder el Gobierno es si queremos ser un país petrolero o no. El gas es más difícil, pero con el petróleo se puede. Tiene que estar la decisión de hacerlo”, apuntó en confidencia uno de los empresarios presentes.

Por estos días, el precio internacional del crudo oscila los US$ 120, mientras que el precio local no llega a US$ 60. La decisión de ser “un país petrolero” incluye establecer el precio del crudo en lo que se conoce como export parity; es decir, precio local igual a precio internacional. En el escenario actual, el 15% de la producción se exporta (precio internacional) y el resto queda para abastecer el mercado local (precio local) y ahí radica el mayor enojo de las empresas. Cabe remarcar que de aplicarse un sistema export parity, se verían afectados una serie de precios locales como los combustibles que, a su vez, son un gran impulsor de otros precios. Además, las retenciones nacionales (8%) y regalías provinciales (12%) que cobra el Estado son a precio internacional. Con todo, para el Gobierno sería muy difícil ir hacia ese esquema pretendido. Otro riesgo que se corre es el de fomentar demasiado la producción de crudo y dejar de lado la del gas, que es la más importante para el consumo interno.

JR/RJ

“Se acerca el invierno”, fue la frase popularizada en la serie Game of Thrones, que alertaba sobre los peligros que traería la época invernal. En Argentina, la preocupación por lo que pueda ocurrir en la estación más fría está atada a la provisión de gas, que puede derivar en siderales erogaciones del Estado o incluso en el desabastecimiento. Todo esto, en un sector que arrastra problemas de infraestructura de hace muchos años y que hoy están a flor de piel por los vaivenes internacionales provocados por la guerra entre Rusia y Ucrania.

El impacto de estos vaivenes y su correlato en la disparada de los precios del gas puede ser muy grande en los esquemas económicos del Ministerio de Economía. El jueves último ya se vieron los primeros roces entre la cartera que conduce Martín Guzmán y la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez y bajo la órbita de Economía. Una carta de Martínez a Guzmán que publicó el sitio Infobae alertaba en duros términos sobre la insuficiencia del dinero que Economía bajó a Energía para sostener el esquema energético durante marzo. Fueron 66 mil millones de pesos, contra 309 mil millones que esperaba Energía.

Con el correr de las horas, las tensiones bajaron y Energía emitió un comunicado en el cual dio el problema por resuelto. El viernes, el propio Martínez salió a hablar del tema en distintas radios. “No hubo ninguna carta”, aseguró, al tiempo que negó también críticas al presidente Alberto Fernández. Aclaró que se trató de “una nota administrativa” sobre la necesidad de contar con mayores recursos, lo cual es “habitual” y “parte del trabajo”.

Ya sea en formato carta o nota administrativa, quedó reflejada la crisis del sector. Tal como publicó elDiarioAR la semana pasada, la factura energética podría dispararse hasta los US$ 12.000 millones, un 130% más que el año pasado. El número está basado en un estudio de la consultora especializada G&G Energy. En 2021, la factura de GNL importado fue de US$ 1.178 millones. La misma se podría multiplicar por 5 o hasta por 7 durante este año, de mantenerse la tendencia en los precios internacionales. Así las cosas, solo en GNL se podría gastar el equivalente al total de las importaciones energéticas de 2021.

Juan José Carbajales es director del Posgrado en “derecho de los hidrocarburos y sostenibilidad” (UBA) y fue Subsecretario de Hidrocarburos de la Nación entre 2019 y 2020. Ante la consulta de este medio, opinó que el primer error fue no aprovechar el contexto favorable de 2020 para asegurar compras en plazos mayores a un año. “La campaña de compra de GNL se suele decidir en el último trimestre de cada año, luego de que la Secretaría de Energía consulta a organismos y empresas públicas (IEASA, Cammesa, YPF), a los transportistas (TGN y TGS) y al ente regulador. El año pasado ocurrió algo inesperado: la disparada de precios internacionales producto de la suba de demanda pospandemia y de las disputas comerciales entre las potencias. A eso, se sumaba que no se había aprovechado el contexto de bajos precios durante la pandemia, para hacer compras con una extensión mayor a un año de provisión. Por lo tanto, se decidió esperar”.

“En el verano se testeó el mercado con un buque. Pero luego sobrevino el segundo acontecimiento no previsto: la guerra Rusia-Ucrania. Es allí donde todas las previsiones se alteraron puesto que queda pendiente la adquisición de todos los buques metaneros, tanto para la terminal de Escobar como de Bahía Blanca, y los precios futuros se multiplicaron por tres o cuatro, dependiendo de la semana”, detalló y agregó: “Esta situación supone una tensión sobre las cuentas fiscales por mayor requerimiento de divisas y sobre la generación eléctrica, puesto que más del 60% de la electricidad se produce con gas natural”.

Finalmente, Carbajales planteó: “El esfuerzo del Gobierno, las provincias y la industria, con YPF a la cabeza, por incrementar los volúmenes de gas local –producto del marco brindado por el Plan Gas.Ar 2020-2024– dio un significativo resultado, no obstante toparse con restricciones de transporte desde la cuenca neuquina (Vaca Muerta) hacia los centros de consumo en Buenos Aires y la zona centro. El panorama general luce ciertamente crítico y la pericia del Gobierno será crucial para capear la coyuntura”.

El Instituto de Energía Scalabrini Ortíz emitió un comunicado en el cual solicitó al Gobierno la declaración de la emergencia energética. Uno de los miembros del IESO, Marcos Rebasa, explicó a elDiarioAR: “Queremos ayudar al Gobierno en momentos donde hay grietas por todos lados. La declaración de emergencia facilitaría la adopción de medidas de urgencia y daría una gran difusión de la situación: o no hay gas suficiente o hay gas pero a un costo que no sabemos a dónde puede terminar”.

Para Rebasa, “no se previó con tiempo la construcción de los gasoductos, prepararse para el almacenamiento de gas; hubo años para hacer eso y no se hizo nada”. Sin embargo, “lo importante ahora es pedir a las empresas maximizar la producción de gas, por las vías que sean, para disminuir el costo del Tesoro en la compra de gas, que rompe con todas las previsiones”.

“Hay medidas paliativas que pueden ayudar: por ejemplo, que las empresas se dediquen a sacar gas. Es un verso que se aumentó la producción; solo un poco, en algunos lugares. No tienen que aumentar los de Vaca Muerta, sino los del Sur. Lo poco que se pueda ahorrar, es bueno”, remarcó.

Una fuente de una importante empresa del sector afirmó que no es posible aumentar demasiado la producción y aseguró que “dependemos de la cuestión internacional”. “Hay un problema de infraestructura, de evacuación. Por más que perfores más, hoy no hay capacidad de inyectar en la red un mayor volumen de gas”, consideró.

El esquema argentino es complejo. Hay sobreproducción en verano, pero no hay capacidad para almacenarla, por lo cual se exporta a Chile. En invierno, la producción no alcanza y se suple con importación. Además de los precios elevados, el conflicto bélico internacional puso a Estados Unidos a comprar gas a gran escala, con el fin de paliar la falta de gas ruso en Europa, lo cual complejiza más la capacidad de compra argentina.

“Dependemos de la cuestión internacional. Se puede renegociar con Bolivia o importar energía de Brasil, que generan las hidroeléctricas, pero hay un problema grande y no se soluciona con eso. Tampoco va a alcanzar el volumen doméstico que puedas incrementar”, advirtió la fuente.

Gabriel Matarazzo, tesorero de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), opinó en diálogo con ElDiarioAR: “Es muy necesaria la compra de estos famosos barcos de GNL. A la Argentina le sobra el gas, pero está debajo de la tierra. No tenemos la infraestructura para almacenarlo y es imposible producir el gas que necesitamos para el invierno. Con las tarifas pisadas, las empresas tampoco están muy motivadas para producir gas. De esta forma, todo el potencial de gas que tenemos queda suspendido”.

“Hoy te encontrás con dos problemas: el precio y conseguirlo. Tendrá el Estado que comprar hoy para tenerlo en pleno invierno. Si el Estado no compra, habrá desabastecimiento energético. El primer problema va a estar en la industria, seguramente, ya que se privilegiaría la demanda residencial”, alertó.

Matarazzo concluyó: “Hoy, toma otra dimensión por el tema de la guerra, pero son problemas que vienen de arrastre. Venimos hace rato reclamando las inversiones. Concretar el gasoducto es fundamental”.

JR

Durante 2021, se importaron 5.500 millones de dólares en materia energética (sin tener en cuenta al sector siderúrgico). Para este año, la cifra podría multiplicarse y superar los US$ 12.000 millones, hasta un 130% más, según un informe de la consultora energética G&G Energy al que tuvo acceso elDiarioAR

De esos US$ 5.500 millones importados el año pasado, US$ 2 mil millones corresponden al gas oil (37%); US$ 1,2 mil millones, al GNL (21,5%) y casi US$1.000 millones al gas de Bolivia (17,6%). Es decir, el 76% de las importaciones energéticas se resumen en tres ítems. Cabe mencionar que en 2021 el 40% del gas oil importado fue para la generación de energía eléctrica.

“El incremento de importaciones tendrá impacto en la balanza comercial total del país, con una variación neta que podría superar el 60% del saldo total de 2021. La incidencia de precios es determinante, aunque también lo son las cantidades a importar de cada producto”, apunta el informe.

Entre 2011 y 2014, años de Cristina Kirchner en la Presidencia, se importaron en materia energética más de US$ 9.000 millones por año (con un pico que superó los US$ 12.000 millones en 2013), con ventas promedio que rondaron los US$ 6.000 millones. En los años siguientes, con Mauricio Macri en el poder, aunque con tendencia revertida, la balanza comercial energética continuó desbalanceada hasta 2019.

En los últimos tres años, y ya ingresando en el gobierno de Alberto Fernández, hubo un superávit que inexorablemente se romperá en este 2022, producto de varios factores: principalmente, los coletazos que la guerra en Europa dio a los precios internacionales de gas y de crudo.

Extensión de la sequía en el primer semestre de 2022, con el menor registro de los últimos 30 años en aporte hidroeléctrico; mayor demanda interna de gas y electricidad; mayor demanda de combustibles, rubro en el cual resalta el alza del 18% en el precio del gas oil; posibles importaciones de electricidad en invierno, figuran entre los principales motivos contemplados por el documento de G&G.

Sin embargo, la principal razón es la excepcional variación de precios. En el caso del GNL (Gas Natural Licuado), el año pasado se pagó en promedio US$ 8,4 por millón de BTU (unidad de medida). En este año, ya se importó un barco holandés a US$ 27 por MBTU. En la última semana, el precio internacional se disparó y cruzó la barrera de los US$ 60 por MBTU.

En 2021, la factura de GNL importado fue de US$ 1.178 millones. La misma se podría multiplicar por 5 o hasta por 7 durante este año, de mantenerse la tendencia en los precios internacionales. Así las cosas, solo en GNL se podría gastar el equivalente al total de las importaciones energéticas de 2021.

En el total de las importaciones energéticas, siempre según el citado informe, el alza de precios llegaría al 130% promedio, con lo cual el monto total pasaría de USD 5.492 millones a USD 12.830 millones. En el caso del gas oil, el país ya importó 18 barcos por un total cercano a los US$ 550 millones, lo cual es la cuarta parte del valor total importado el año pasado (US$ 2.057 millones). Se estima para este año ese total pase a US$ 3.300 millones.

La oportunidad del crudo

Una fuente de una de las principales empresas petroleras del país dio a elDiarioAR su punto de vista sobre la posible ventana de oportunidades que abre la disparada de precios internacionales: “No trae aparejado ningún beneficio de corto plazo. La capacidad de suplir gas está limitada por cuestiones de infraestructura (y vamos a estar pagando las consecuencias del incremento significativo del incremento del GNL). Lejos de ser algo beneficioso, es perjudicial”.

“Sí hay una consecuencia positiva por el lado del crudo. Hay una apetencia para querer exportar, pero las integradas (compañías que participan en distintas partes de la cadena) y refinadoras te demandan crudo. Los grandes jugadores del mercado te cruzan la producción de exportación para abastecer al mercado doméstico. Hoy, entre el precio doméstico y el internacional hay una brecha del 100%. El barril crudo local está en US$ 57 y el internacional oscila los US$ 115, US$ 120 y llegó hasta US$ 130”, planteó la fuente.

Por estos días, se exporta, en promedio, el 15% de la producción convencional de petróleo. Se producen unos 350.000 barriles diarios, con exportaciones en el orden de 50.000 barriles diarios. Con estos números, en 30 días se exportan 1,5 millones de barriles. A US$ 115 el barril, son US$ 172,5 millones. De ese total, hay un 12% de regalías para la provincia de donde se extrae el crudo y un 8% de retenciones. Son US$ 34,5 millones que quedan en el país.

La disparada de los no convencionales

La Secretaría de Energía celebró en los últimos días que la producción de petróleo llegó en enero a 570.000 barriles diarios, marca que no se alcanzaba desde diciembre 2011. Entre los principales motivos, el alza se debió a una fuerte producción de crudo no convencional, que alcanzó los 220.000 barriles diarios.

Para tener una idea, el crudo no convencional apareció en escena en 2016, cuando se produjeron apenas 100 barriles diarios. En los años siguientes, apenas superó los 300 barriles diarios. A partir de 2019, comenzó a crecer en serio, con 98 mil barriles diarios. En 2020, ya fueron 120.000 barriles diarios y en 2021, 168.000.

Los peligros de la apuesta por el crudo

El vuelco de las petroleras a la producción de petróleo puede significar un problema para la ya insuficiente producción local de gas. El integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz y del Grupo Bolívar, Andrés Repar, advirtió: “La inmensa mayoría de las productoras se han volcado al crudo y abandonaron las perforaciones en zonas gasíferas. La situación amerita la asunción de cierta responsabilidad respecto de las necesidades del país”.

“Una vía posible es condicionar porcentajes de perforación obligatorias en las zonas gasíferas hasta obtener el autoabastecimiento de gas. Es posible también pensar en retenciones adicionales a la exportación hasta que la ecuación energética sea más digerible para el país”, analizó Repar y concluyó: “Dado que el Estado asume costos enormes de importación de gas, sería una política energética clave obtener precios competitivos del gas nacional en 2022”.

Con todo, en el caso del gas no se puede apostar a la producción en época estival porque no hay cómo almacenarlo ni dónde evacuarlo; problemas que son históricos. En el caso del petróleo, para la citada fuente petrolera, “un porcentaje deseable de exportación sería el 50%, de piso, para poder compensar la pérdida que se genera vender en el mercado doméstico”. Sin embargo, hay también cuestiones internas entre las empresas que complican el panorama exportador. “Si las productoras integradas quieren exportar, lo cual es lógico porque te lo pagan el doble, el riesgo es que las integradas le compren menos a su proveedor primario y aprieten a las no integradas a que les vendan a precio local, para luego vender a afuera, al doble de precio, lo cual destruiría el mercado”, dijo.

JR

La falta de dólares es un problema histórico y central en la economía argentina, que por estos días se expone a flor de piel. Con las reservas por el piso y el acuerdo con el FMI aún sin sellar, el Gobierno busca la forma de no quedar en números rojos. Las exportaciones del agro, el acuerdo con el FMI y el swap con China, son las apuestas para sostener las reservas y que no se vea afectada la producción, tras las recientes críticas empresarias por la trabas impuestas a algunas importaciones.  

La Capacidad Económica Financiera (CEF) es un número otorgado por un algoritmo que se utiliza para medir la capacidad que tiene una empresa para comprar en el exterior. En concreto, la CEF le dice a la empresa la cantidad de pesos que puede gastar en importaciones.

Para el Gobierno, el problema es que esos pesos se convierten en dólares y esos dólares se van al exterior, de donde vienen las importaciones. A partir de enero último, la AFIP ajustó las tuercas del algoritmo y muchas empresas vieron caer su capacidad de compra en el exterior. Con los nuevos controles para contener la salida de dólares, las cámaras empresarias presentaron sus reclamos para que flexibilice estas trabas.

“Entre las empresas afectadas se presentan casos de exportadoras que reportan saldos comerciales positivos, pero que de todos modos están viendo imposibilitado el acceso a los insumos necesarios para la elaboración de sus bienes exportables. Las demoras que se pueden suscitar a raíz de esta nueva situación generan un factor de imprevisibilidad en la producción y podrían obstaculizar la normal operatoria del sector y el abastecimiento”, dijo la Unión Industrial Argentina en un documento.

También hubo quejas de la Cámara Argentina de Comercio. “Solicitamos una mayor trazabilidad y mecanismos más flexibles para la conformación del CEF, con el fin de que estén acordes con las necesidades de las empresas. Esto evitaría obstaculizar aún más las importaciones, en especial de insumos y materias primas esenciales para la actividad productiva, imprescindibles para sostener la recuperación que en los últimos meses registra la economía nacional, tras el severo impacto que significó la recesión iniciada en 2018 y la pandemia aún en curso”, dijo la entidad.

Los reclamos escalaron y llegaron a oídos del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que en la última semana reconoció que los cambios generaron problemas “puntuales” que se resolverían “en los próximos días”. Se produjeron algunas modificaciones administrativas por parte de la AFIP en estos días que pueden haber provocado, en algunos sectores en particular, un problema puntual, pero se va a resolver rápidamente en los próximos días. La AFIP está tomando medidas para fortalecer su fiscalización y evitar la evasión. No va a afectar en absoluto. Los insumos van a estar a disposición“, dijo Kulfas en una entrevista con el diario La Nación.

Según pudo averiguar este medio, en AFIP no quedaron del todo conformes con las declaraciones de Kulfas, aunque tampoco las desmintieron.

En el mismo sentido, fuentes del equipo económico confiaron a elDiarioAR que en “la primera semana de febrero, aumentó el ritmo de importaciones de bienes con respecto a las semanas previas”, lo cual echa por tierra cualquier acusación de achique de importaciones.

“El promedio (de importaciones) de los últimos cinco días hábiles de enero fue de US$ 240 millones diarios”, mientras que el “promedio de los primeros cinco días hábiles de febrero fue de US$ 270 millones diarios”; es decir, hubo un incremento del 13%.

Las mismas fuentes apuntaron también que comparado con los primeros cinco días hábiles de febrero del año pasado, la suba es del 54%, ya que en ese período se importaron en promedio US$175 millones diarios.

En la comparación enero 2021-2022, las importaciones pasaron de US$ 3.844 millones a US$ 5.272 millones; es decir, una suba interanual del 37%.

El comercio exterior fue el puntal para la generación de dólares durante el año 2021. El superávit externo fue uno de los más elevados en los últimos años.

Un reciente informe de la Universidad de Avellaneda destacó que “a pesar de la recuperación económica, que siempre insume muchos dólares para importaciones, en 2021 se registró un superávit comercial superior cercano a los US$ 15 mil millones, a valores corrientes”.

Esto se debió principalmente a que en 2021, las exportaciones alcanzaron los US$ 77.934 millones, el mayor valor en 8 años.

Las reservas y el acuerdo con el Fondo

Todos los recelos acentuados con respecto a los dólares tienen su anclaje en la escasez de reservas, la necesidad del Gobierno de ampliarlas y el bendito acuerdo con el FMI.

Las reservas brutas del Banco Central se ubican en US$ 37.200 millones. Distintos cálculos privados estiman la cifra neta de reservas entre USD 1.500 y USD 2 mil millones. Entre los principales descuentos que se le hacen a las reservas brutas para obtener las netas, se encuentran los USD 18.700 millones del swap con China.

Ese dinero es, en principio, tácito. Están los yuanes en poder argentino, pero no se tocan. Para tocarlos, hay que pagar. Es una suerte de préstamo pasivo, que sirve para mostrar como patrimonio, pero si se quiere usar se activa como préstamo regular y se tiene que pagar una tasa de interés por el monto utilizado.

Ese dinero fue otorgado en yuanes al país, a partir de un acuerdo nacido en 2011 por una cifra menor y que se renovó y amplió en 2014, 2018 y 2020. En su reciente viaje a las tierras de Mao Zedong, Alberto Fernández avanzó en la negociación para una ampliación del swap, en otros US$ 3 mil millones, según anunció la vocera Gabriela Cerruti, en la última conferencia de prensa brindada el jueves desde Casa Rosada.

De todas maneras, desde el Banco Central tomaron con prudencia el anuncio de Cerruti, interpretando que se trata “en un acuerdo político mientras se siguen negociando los detalles técnicos” en cuanto al monto y los tiempos del ingreso de los yuanes a las reservas de la entidad monetaria.

Una fuente importante de ingreso de divisas son las exportaciones del agro. Producto de una cosecha récord de maíz, se espera ingresen durante el primer trimestre unos USD 4 mil millones. Sin embargo, el panorama amplio es más complicado, producto de las sequías. Según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) la merma puede variar entre USD 2.726 millones y USD 3.830 millones.

En materia energética, la situación es por demás compleja. Por un lado, si bien la producción de gas subió un 5% a partir del Plan GasAR, la suba no estuvo cerca del 20% prometido por las empresas en su momento y tampoco llegó a cubrir la demanda interna.

En un raro juego de compra-venta, Argentina importa gas porque no llega a cubrir la demanda interna con producción propia. En paralelo, Argentina exporta gas. Entre lo que se vende y lo que se compra, la balanza comercial del sector fue deficitaria en USD 1.600 millones, según la consultora Ecolatina. El número negativo podría empeorar este año en USD 1.100 millones adicionales.

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, apuntó en una reciente entrevista con El Cronista que las fichas están puestas en el acuerdo con el FMI. En principio, el acuerdo debería llevar “a tener niveles de importaciones más normales, a recuperar el crédito comercial y a conseguir un mayor financiamiento neto de organismos multilaterales”, planteó.

Con este conjunto, “esperamos para 2022 un mejor resultado de la balanza cambiaria (entre USD 80 y 82 mil millones). Y en lo que respecta a reservas, estamos esperando que el FMI haga un desembolso al inicio del programa, que sería mayor que el vencimiento de marzo. Eso tendrá impacto sobre las reservas”.

También Kulfas habló en el mismo sentido: “Ya lo hemos hablado con el Banco Central en la planificación anual y tenemos la tranquilidad de tener un panorama que nos va a dar un saldo comercial importante. Y, además con el acuerdo con el FMI, con el mejor escenario que tenemos para adelante, lo bueno es que una parte considerable de ese superávit comercial llegará al Banco Central con mayores reservas”.

JR

El Gobierno  logró en la última semana un ansiado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La noticia generó optimismo en la oposición, en sectores de la coalición oficialista, en empresarios y hasta en la CGT. Pero no fue gratuito. Le costó la renuncia del ahora ex Jefe de Bloque de Diputados, Máximo Kirchner, y una dura interna con el sector que conduce la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué implica, en concreto, este acuerdo? ¿Es cumplible?

El programa acordado implica un duro ajuste del déficit fiscal, de unos 4 mil millones de dólares, solo para este año. También incluye medidas reducir la inflación. Las principales son la suba de tasas de referencia a números reales positivos (es decir, por encima de la inflación) y una fuerte baja en la emisión monetaria (de 3,7% del PBI deberá bajar a 1%) o dicho de otra manera darle descanso a “la maquinita” de imprimir billetes.

El acuerdo no significa una restructuración de la deuda, sino que el organismo facilitará nuevos créditos para el pago de los vencimientos que el país no llegue a cubrir, siempre y cuando el Gobierno cumpla con lo acordado. Esto será chequeado trimestralmente por misiones del FMI, que bajarán o subirán el pulgar. En la mirada más pesimista, Argentina queda a tiro de default una vez cada tres meses.

En contrapartida, el Gobierno entiende como resultado positivo el hecho de que no tendrá que realizar una reforma laboral ni previsional. En el ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán, confían en que el crecimiento económico que se viene gestando termine de explotar y cubra los huecos, ayudado por una suba en la recaudación impositiva.

Sin resto para políticas sociales

Pato Laterra es becario CONICET con base en el CIEPP y profesor en Economía y Género de la UNLP, la UBA y la UNSAM. En diálogo con ElDiarioAR, analizó: “El acuerdo es extorsivo por parte del Fondo. El equilibrio fiscal propuesto para cumplir con los pagos impactará en dos cuestiones: habrá menos espacio fiscal para realizar políticas que contengan el aumento de la pobreza, la retracción de los salarios y, entre otras, todo el espacio que aún queda para realizar políticas sensibles a desandar las desigualdades en las personas LGBTI y mujeres”, ejemplificó.

“A menor posibilidad de espacio fiscal, se coerce la posibilidad de financiar políticas públicas integrales”, resumió. “Por otra parte, el control asiduo propuesto por parte del FMI implicaría una traba al desarrollo de la planificación presupuestaria. Si el FMI controla de forma trimestral, es más probable que las políticas que se planifiquen puedan verse frenadas durante el año, para cumplir con el equilibrio fiscal atado a los pagos”, concluyó.

Sobre la suba en la recaudación a la que apuesta el Gobierno, Laterre apuntó: “Si bien es importante que se avance en los impuestos progresivos como el impuesto a la herencia, sabemos que son instrumentos fiscales de muy difícil recaudación y nos preguntamos si logran cubrir los pagos de fondo”.

En el mismo sentido, amplió: “Nuestro sistema fiscal está atrasado, su base son los impuestos regresivos. Si miramos a cualquier país del Norte global, su base fiscal está en los impuestos progresivos, a la renta, a los Bienes Personales. De mínima, se debería reducir el IVA a los bienes de mayor necesidad y atender a brindar una mayor demanda de alimentos, en línea con el proyecto de tierras presentado por la UTT”.

El economista Orlando Ferreres, fundador de la consultora OF y Asociados, lo ve con optimismo: “El acuerdo con el Fondo va a implicar algunos ajustes fiscales, aunque no demasiados. Se bajará el déficit fiscal tanto por aumento de los precios de los servicios públicos (electricidad y gas, principalmente) como del precio de los combustibles y otros productos y servicios que tienen injerencia del Estado”.

“Como no está prevista una gran reducción del déficit, sino gradual, la forma en la que se logró el acuerdo es bastante sana para el país y permite seguir creciendo. Sí podría ser que se le deje gran parte del ajuste para el próximo gobierno”, sostiene Ferreres.

La “maquinita” de imprimir

Gabriel Solano es uno de los principales analistas económicos del Frente de Izquierda y analizó en diálogo con este medio: “El Gobierno aceptó los cuatro condicionamientos que buscaba imponer el Fondo: reducción del déficit, suba de tasas, acumulación de reservas y reducción de la asistencia del Banco Central al Tesoro”.

El último punto es central para economistas de distintos espacios. La famosa “maquinita” de imprimir billetes es en realidad la forma que encontró el Estado de financiarse; al menos, en las últimas dos décadas. El Banco Central imprime y asiste al Tesoro para tapar los huecos. Este esquema ha sido duramente criticado por los sectores más ortodoxos o conservadores. A partir del acuerdo con el Fondo, ya no se podrá hacer de esa forma.

“Si esto ocurre, ¿cómo se va a financiar el Gobierno? El déficit se financia con esa asistencia, pero no se puede imprimir. (Martín) Guzmán dice que va a lograr ese financiamiento con crecimiento, pero ese crecimiento estará pisado también por la suba de tasas, que incrementa los costos del financiamiento. Otro problema es la deuda privada, en pesos, que es también impagable”, alertó Solano.

Sobre este último punto, un documento de la calificadora de riesgo Moody’s (una de las tres más importantes del mundo) publicado en las últimas horas da cuenta de que “aunque se llegue a un acuerdo con el FMI, el sector privado de la deuda argentina deberá de todas formas ir hacia una reestructuración”.

Con todo, Solano advirtió que “de la única forma que se pueda lograr ese financiamiento, es con una inflación grande que vaya licuando la deuda en pesos y el déficit”. Entonces, “hay que prever que la inflación se va a acelerar y en ese sentido va el aumento de combustibles, de tarifas, etc.”.

Finalmente, para Solano se trata de “un acuerdo ajustador, a partir del cual se pierde soberanía y es inconsistente”, ya que “como nadie da dos mangos por este acuerdo, el FMI establece un régimen trimestral de verificación y eso es gravísimo”.

Mara Pedrazzoli, economista miembro de la agrupación feminista Paridad en la Macro, analizó: “Lo más preocupante es que hay un excesivo optimismo con respecto al sector privado. Las metas son cumplibles, si la economía crece y eso no está garantizado. No venimos de un ciclo de crecimiento. Para este año, muchos esperábamos una mayor presencia del Estado en el impulso de este crecimiento, para salir de la crisis y arrancar con más espalda. Pero con el acuerdo quedará un poco flaca la ayuda del sector público y está toda la confianza depositada en el sector privado. Esa es la principal intriga”.

Otro de los puntos a tener en cuenta para Pedrazzoli es la parte monetaria: “Prestaría atención a las tasas de interés reales positivas. El incremento no es favorable porque desalienta al consumo y a la inversión. Además, el acuerdo obligaría a un financiamiento vía emisión de deuda, lo cual también es más costoso de sostener como mecanismo de fondeo para el Tesoro”.

La especialista dejó una mirada sobre aumentos de tarifas energéticas. “¿Está realmente capacitado el Estado para hacer una segmentación? No parece tan complejo hacerlo, pero ya hace bastante tiempo que se está trabajando en esto y no pasa nada”.

“Es muy brusca la reducción al nivel de asistencia y no es cumplible. Hay que ver cómo se articula eso y cómo hace el Gobierno para sostener ese equilibrio”, finalizó.

Al Fondo, lo corren por derecha

No solo el Gobierno recibe críticas por el acuerdo. Kristalina Georgieva, también. Los bonistas estadounidenses no quedaron conformes y la directora del Fondo fue criticada por no alentar “cambios estructurales”.

En conferencia de prensa virtual, Georgieva dijo que “no había alternativa a un acuerdo” y que el objetivo principal es “sacar a Argentina de este camino muy peligroso de alta inflación”. Lo “importante” es que “el plan se base en suposiciones realistas que no solo dependen del escenario esperado, sino que también contemplan los riesgos”, según recogió la agencia Bloomberg.

Georgieva se quejó también de que la “oposición (al acuerdo) de la parte más radical de izquierda de la coalición peronista gobernante del país” condiciona el avance de las negociaciones, en relación con la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de bloque de diputados del oficialismo.

Si bien hay un fuerte consenso en que un acuerdo es necesario como alternativa a un default, las críticas llegan de un lado y de otro. En estos términos, el ajuste parece difícil de eludir y las visitas periódicas con el Fondo equivalen a nadar con un tiburón al lado. El Gobierno enfrenta un momento delicado y las decisiones que se tomen en estos días podrán marcar un antes y un después, a favor o en contra.

JR

El Gobierno busca reducir los subsidios a la energía, con el fin de reducir el déficit fiscal. Se trata de una de las exigencias centrales del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del acuerdo de reestructuración de la deuda anunciado el viernes.

En ese escenario, las empresas del sector energético afirman que el congelamiento hace inviable al negocio y piden fuertes subas. El gobierno estaría dispuesto a conceder porcentajes menores. En una reedición de la “sintonía fina” reclamada por Cristina Fernández de Kirchner en su presidencia, sobrevuela la “segmentación de tarifas”, que recibe críticas diversas. El ENRE elevó una propuesta de segmentación a Economía, pero aún no obtuvo respuesta. La dura crítica de las asociaciones de usuarios a posibles aumentos elevados en las tarifas.

En marzo de 2019, el gobierno de Mauricio Macri decidió congelar las tarifas en clave electoral, luego de haber otorgado subas en torno al 3 mil por ciento, en una cuestionada Revisión Tarifaria Integral (RTI) diseñada por el entonces ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren. Con el Frente de Todos en el poder, las tarifas continuaron congeladas vía Decreto 1020, que establece una nueva RTI, que aún no ha finalizado. El año pasado, en tanto, el Gobierno otorgó a las distribuidoras aumentos en el orden del 25%, que no llegaron al 10% en la tarifa que pagan los usuarios. Todo, en medio de una fuerte interna entre el kirchnerismo y el ministerio de Economía, que incluyó despidos desautorizados y amenazas de renuncia por parte de altos funcionarios. A fines de abril de 2021 trascendió que Martín Guzmán había pedido la renuncia del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quien luego de horas de tensión logró retener el puesto, a partir de la resistencia del ala cristinista de la coalición gobernante.

En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández anunció el acuerdo de reestructuración de deuda con el FMI, tras una dura negociación. “Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”, apuntaron desde el FMI.

Al respecto, Martín Guzmán dio en conferencia de prensa una explicación que no encaja con lo expresado por el Fondo. Al ser consultado sobre los subsidios a la energía, el ministro respondió tajante: “No. Se sigue con lo anunciado”.

La segmentación de tarifas

La “sintonía fina” fue una promesa realizada por la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011, cuando inició su segundo mandato presidencial. Se trataba de otorgar subsidios solo a aquel que lo necesitara y quitárselos a quien no. En concreto, en aquel entonces se realizó una quita completa de subsidios a usuarios de Barrio Parque, Puerto Madero y countries. Además, hubo un retiro voluntario de subsidios, vía declaración jurada de cada usuario.

“En su momento, se hizo una primera experiencia que resultó bien, pero empezaron a meter cacerolazos por todos lados y, si bien no era gente que fuera a votar al kirchnerismo, sí generaron ruido en los medios y se dio de baja el intento”, recordó José Álvarez, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), que nuclea a 260 cooperativas del sector en 14 provincias.

La segmentación de tarifas que logró consenso interno en el FdT es una secuela de aquella sintonía fina. Las distribuidoras ya comenzaron a “limpiar” el padrón de usuarios, con el fin de identificar a quienes necesitan los subsidios y a quienes no con el objetivo de reducir el alto costo fiscal que generan estos subsidios.

“En energía eléctrica, la segmentación de hoy tiene dos etapas: una de compra a las generadoras, que puede aumentar un 20-25 por ciento y con eso se quita subsidio y lo empieza a pagar un sector que tiene capacidad de pago. Después, falta el aumento del transporte y distribución, que es una cuestión provincial. Cada empresa lo pelea en cada provincia; excepto Edenor y Edesur, que pelean con Nación”, resumió Álvarez.

Marcos Rebasa, especialista en materia energética, advirtió: “Nunca podrá haber una segmentación perfecta. El portero de Recoleta pagará lo mismo que el millonario de Recoleta. Siempre habrá críticas y planteos de por qué el corte será en tal o cual lugar. Y jurídicamente será apelado como un ataque a los principios de equidad. Dudo que haya una segmentación tarifaria”.

“Las tarifas hay que ajustarlas un poco, en una medida adecuada. Una vez hecha la segmentación, hay sectores que no tendrían por qué no pagar la tarifa plena. ¿La clase media puede pagar? ¿Cuál es, en concreto, la clase media? ¿Qué sectores entran?”, se preguntó Rebasa.

Osvaldo Bassano, titular de la Asociación por la Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), fue más duro: “Antes de hablar de segmentación, debemos hablar de la estafa de las tarifas que estamos pagando los usuarios y usuarias. Los costos están muy por debajo de lo que pagamos y es una vergüenza que se siga adelante con este esquema”.

Andrés Repar, integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) y del Grupo Bolívar, es más optimista: “Es fundamental la segmentación. Si va a aparecer el incremento tarifario que parece, los que tienen mayores posibilidades deberían pagar más. Hay que limpiar bien el padrón, pero parece absolutamente razonable”.

Ante la consulta de ElDiarioAR, fuentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), apuntaron: “A fines de diciembre, el ENRE elevó una propuesta integral de segmentación tarifaria para el AMBA. Al momento, no hemos recibido comunicación alguna desde el Ministerio de Economía y tampoco de la Secretaría de Energía para trabajar sobre la propuesta”. Ante el pedido del detalle de la propuesta, las fuentes consideraron prudente mantener la reserva hasta obtener una respuesta de la cartera que dirige Martín Guzmán.

El costo de la energía

Las empresas de distribución y transporte suelen pedir aumentos con el argumento que deben pagar la energía a las productoras de gas y generadoras de electricidad. En el caso de la electricidad, la generación se paga en el mercado mayorista. Las generadoras advierten a su vez que el costo está atado al valor del gas, principal insumo para generar electricidad. Así las cosas, el valor de la producción de gas es la clave.

Las empresas petroleras, con YPF a la cabeza, son las encargadas de producir gas. “Mientras nos peleamos por cuánto hay que aumentar o no las tarifas, no miramos los costos. La electricidad vale lo que dice Cammesa y el gas lo que dicen los petroleros. ¿Cuánto cuesta la producción de gas? En valores de Millón de BTU (unidad de medida) no cuesta los 4 dólares promedio que están consignados hoy. Los costos reales no llegan a USD 2 por MBTU”, alertó Rebasa.

“Si bien la generación de electricidad está atada al gas, tampoco cuesta lo que se paga. El costo está en 65 y 70 dólares el megavatio, pero no USD 80”, completó el especialista.

En el mismo sentido, se expresó Repar: “Además de que es caro, el Plan Gas no funcionó. Estamos importando más que el año pasado, ya que la producción local está casi igual y aumentó un poco la demanda”.

En el caso del GNL, se estableció un precio de USD 23 por MBTU (aumento del 227%), por las fluctuaciones del precio internacional, condicionado por el conflicto en Ucrania. “Pero se estableció para todo el año, cuando es algo muy eventual y particular. En general, ese precio está en el orden de USD 8 por MBTU. Si se suman los gastos de importación, amarre y evaporación, estamos hablando de unos USD 4 mil millones. ¿Quién va a pagar eso?”, consignó Repar.

La propuesta del Estado

De cara a la audiencia pública del lunes próximo de este mes, la Secretaría de Energía publicó una serie de informes con los valores estimados de la energía para 2022. Sobre la producción de gas, se apuntó que de USD 3,94 por MBTU promedio de 2021 se pasará a pagar USD 4,84 por MBTU. Una suba del 23%. “Si el Estado Nacional asume a su cargo el 70,9% del costo del abastecimiento de la demanda prioritaria de gas (30% de la demanda total), esto significaría una erogación de $ 216.365 millones (sobre un total de $ 305.179 millones), con necesidad de refuerzo presupuestario del orden de los $ 81.000 millones”, detalla el informe.

El horizonte del Gobierno es la reducción de subsidios a un esquema de 44,4% a cargo del Estado y de 55,6% a cargo del consumidor. Así las cosas, el Estado se haría cargo de $ 135.499 millones y los usuarios de $ 169.680 millones.

En dólares al tipo de cambio oficial, el costo total de la demanda prioritaria es de USD 2.500 millones, de los cuales el Estado absorbe USD 1.750 y busca reducir ese costo a USD 1.110. En total, durante 2021, el Estado destinó USD 11 mil millones a los subsidios energéticos; el doble de lo presupuestado inicialmente. De esto, buena parte fue para financiar las deudas de las distribuidoras eléctricas con Cammesa, que oscilan en USD 2.500 millones.

Con los nuevos valores y con la quita de subsidios consignada en el citado informe oficial, los usuarios pasarían a pagar un aumento del 91% en la producción de gas, que en la tarifa final se traducirían en una suba del 40%.

Pedro Bussetti, de la ONG Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), opinó: “Expresamos nuestra preocupación ante un posible y relevante aumento de las tarifas de gas natural que agravaría las actuales condiciones de vida en que se encuentran millones de hogares argentinos”.

A esto, habrá que sumar la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), para transportistas y distribuidoras. En la audiencia pública que tuvo lugar este mes, estas empresas pidieron subas entre 70 y 80%, que en la tarifa final reflejarían aumentos del 40%. Sin embargo, el Gobierno dejó trascender que las mismas no serán superiores al 20%.

Así las cosas, entre el 40% de suba por la producción y el 20% del VAD, los aumentos en las tarifas de gas no estarían por debajo del 60%, sin tener en cuenta los impuestos, que son porcentajes de los demás valores.

“Todas las asociaciones de defensa al consumidor entendemos que las empresas están maximizando la estafa al consumidor y al Estado. No hay asociación que no considere esta audiencia una vergüenza. Las proyecciones son pura y exclusivamente para las ganancias de las empresas. ¿Cuándo vamos a estudiar si la estructura de costos que acusan las empresas es la que corresponde? Es un agravio a los derechos constitucionales de las personas”, concluyó Bassano.

El Gobierno está en una encrucijada. Cumplir con la exigencia del FMI de reducir sensiblemente los subsidios a la energía implicaría trasladar ese costo a las y los usuarios. La segmentación de tarifas aparece como una solución, aunque su implementación será controversial, si no logra hacerlo con “sintonía fina”. En el medio, los bolsillos ya golpeados por una ciudadanía que no logra recuperar poder adquisitivo. Otra opción posible es indagar sobre los costos reales de la energía, para lo cual debería abrir un nuevo frente de batalla con rivales poderosos.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es opcional. Los vencimientos siderales de una deuda demencial apremian y no dejan margen para pensar en cualquier otro escenario sin que incluya un default, un atraso en los pagos con serias consecuencias o un ajuste interno sin precedentes.

En los primeros tres meses del año, Argentina tiene que pagar 5.542 millones de dólares, de los cuales US$ 3.199 millones corresponden a vencimientos de marzo, el mes que posiblemente marque el rumbo de los próximos dos años (al menos).

El número a pagar en marzo pudo haber sido mayor, pero se logró patear para mayo el último vencimiento con el Club de París, de US$ 1.977 millones.

Del total a pagar en marzo, US$ 2.873 millones (es decir, el 90%) corresponden al FMI. El resto se divide en títulos públicos y letras (US$ 13 M), BID (Banco Interamericano de Desarrollo, US$ 181 M), BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, USD$ 79 M) y otros (US$ 52 M).

Si se suman los vencimientos de enero y febrero, al FMI hay que pagarle casi US$ 4.000 millones en el primer trimestre. Pero el año no termina en marzo, sino que empieza. En los meses restantes, hay 5 cuotas con el FMI por encima de los US$ 2.000 millones.

En total, en todo 2022, al Fondo habría que devolverle US$ 19.142 millones, que explican el 75% del total de vencimientos a afrontar en el año con los distintos organismos internacionales. En 2023, el esquema se repite con montos casi idénticos.

Para graficar la dimensión del monto adeudado, vale tener en cuenta que según el Banco Mundial, el PBI (Producto Bruto Interno) de Argentina es de US$ 450 mil millones. De modo tal que al FMI habría que darle este año el 4 por ciento del PBI. Más del doble de lo destinado a educación y más del 50% de lo destinado a salud pública, por ejemplo.

“Lo cierto es que van a ser dos años por delante con pocas alegrías. Puede no implosionar si finalmente un acuerdo con el FMI extiende los vencimientos (obviamente no es inocuo cómo lo hace y si hay algunos dólares frescos detrás), pero el crecimiento de la economía va a ser exiguo”, apunta un reciente informe de la consultora Eco Go, dirigida por Marina Dal Poggetto.

Reservas y sequía

Las estimaciones privadas son heterogéneas en cuanto al cálculo de reservas netas. Para Eco Go, se ubican en US$ 1.600 M; para Analytica, en USD 1.500 M; para la Fundación FADA, en USD 2.400 M. Pero todas coinciden en que más allá del número preciso, son escasas; sobre todo, luego de una semana en la cual el Banco Central volvió a vender muchos dólares y perforó el piso de US$ 39.000 millones de reservas totales.

A grandes rasgos, de esos casi US$ 39 mil millones, US$ 20.000 millones son en el swap con China; US$ 12.000 millones son depósitos en dólares de ahorristas; US$ 3.000 millones son de deuda con el BIS (Banco de Pagos Internacionales) y US$ 705 millones son Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI. No queda mucho más.

No se avista en el horizonte una posibilidad de inyección fuerte de divisas que oficie de vacuna; sobre todo, en una época del año en la cual suele ser escaso el ingreso de dólares por la poca liquidación de divisas del agro. Al mismo tiempo, la sequía que sufre la cosecha actual tampoco colabora. Con las producciones de soja y de maíz como principales afectadas, el impacto sería similar al de 2018.

David Miazo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), apuntó al respecto: “Por un lado, hay una cosecha récord de trigo, que tendrá exportaciones aproximadas de US$ 4.000 millones (US$ 1.500 millones más que el año pasado), que entrarían en el primer trimestre”.

“Donde sí afecta la sequía es en ingresos de dólares de marzo en adelante, con lo más fuerte en mayo-junio. Las primeras estimaciones hablan de 8 millones de toneladas menos de maíz y 9 millones de toneladas menos de soja. Serían unos US$ 5.000 millones menos que ingresarían al país, en un año donde los dólares escasean. Como aliciente, puede haber un repunte de precios internacionales que amortigüen un poco esta caída”, analizó.

Con y sin acuerdo

Gabriel Rubinstein, director de GRA Consultora, apuntó que junto a su equipo trabajan sobre dos escenarios principales: uno con acuerdo previo a marzo y otro con acuerdo dilatado a septiembre, “que son los dos más probables”.

El primero es el más benévolo. “En ese caso, los préstamos del BID, del Banco Mundial y otros superarían los vencimientos y eso interesa al país, ya sea para acumular reservas o para gastar internamente y que haya más actividad económica”.

El otro escenario es calamitoso. “Sin acuerdo con el FMI, no solo habría problemas con las empresas privadas, sino que también el Banco Mundial no desembolsaría nada, al igual que el BID y la CAF. Sin acuerdo o con acuerdo atrasado, se complicaría mucho la situación”, sostuvo el especialista.

Con todo, “no tiene sentido dilatar el acuerdo”. “Todo lo demás es una discusión fiscal interna: quién paga los platos rotos; si es más impuesto, menos gasto o impuesto inflacionario”, resumió.

En concreto, “estamos esperando que haya acuerdo con el Fondo, que el PBI crezca en el orden del 2% (que podría ser más, pero la sequía afecta), el déficit sería del 3% y esperamos que las brechas cambiarias terminen en el orden del 80%”.

Esto último, significa que “el FMI podría exigir que haya una devaluación para comprar más reservas porque lo que estamos estimando es que no habrá acumulación de reservas durante el año”.

En el caso de entrar en mora con el FMI, “todo será peor”. En ese escenario, “el PBI crecería el 1%, el déficit sería mayor a 3%, habría mayor emisión monetaria, lo cual implicaría una brecha del 100-120 % y una inflación no menor del 60%”, finalizó Rubinstein.

Nicolás Pertierra, economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), opinó: “En cuanto al nivel de reservas, estará más comprometido este año porque la principal fuente de ingresos de divisas está en la balanza comercial, que va a ser más ajustada por la sequía. También el turismo es una fuente que demandará más divisas porque las importaciones también van a pesar en ese frente”.

El economista apuntó que el escenario de las reservas para este año será complicado también “porque no se ven fuentes de inversiones muy grandes que vayan a entrar este año. Las inversiones extranjeras no vienen siendo fuertes, ni en Argentina ni en América Latina”.

Todo esto, suponiendo que hay acuerdo con el FMI. Sin acuerdo, “con el poco margen que ya tenés, eso haría completamente imposible la ecuación; no hay manera de cumplir esos pagos”.

Siempre con el acuerdo en mente, concluyó: “Puede haber algún ingreso por el lado del FMI, que compensaría los pagos hechos desde septiembre del año pasado para acá, que rondan los US$ 4.500 millones. Pero los otros organismos no van a hacer un aporte muy significativo. Históricamente, lo que prestan suele ser más o menos lo mismo que lo adeudado, que son unos US$ 2.000 millones por año. Esos nuevos ingresos irían a compensar los vencimientos que hay con esos mismos organismos. No van a aportar divisas en el neto”.

Facilidades Extendidas

El Gobierno busca un Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo, que implicaría un programa de 10 años, con cuatro años de gracia y pagos iguales semestrales a lo largo de los seis años siguientes. Para fin de año, el acuerdo parecía cercano; sobre todo, luego de un informe técnico del propio FMI que puso de relieve las irregularidades en torno al otorgamiento del préstamo al Gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, en los últimos días todo dio marcha atrás, a partir de la caída del Presupuesto 2022, que expuso las debilidades internas del Gobierno. La última mala noticia llegó después del viaje de Santiago Cafiero a Washington, donde no obtuvo las respuestas esperadas.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, contó en una entrevista con AFP cuáles son los requisitos del Fondo que entorpecen la negociación. “Lo que el FMI ha planteado es que debe haber una consolidación fiscal más rápida. Pero hay dos problemas: el primero es que la forma de cómo ellos lo plantean detendría la recuperación económica en el corto plazo. El segundo es que el punto en el cual se enfocaría la más rápida consolidación fiscal sería en una expansión menor de la inversión en infraestructura pública”, explicó Guzmán.

“Para nosotros, eso es crítico porque esa inversión es la que más necesita Argentina, desde el punto de vista productivo. Es ahí donde está la tensión”, contó.

La esperanza del “ultra vires”

Además de la confesión de parte del FMI, un paper comenzó a circular hace diez días con una carta que puede ser ganadora: el concepto de “ultra vires”.

“Introducimos la hipótesis de que el acuerdo stand by (del Fondo con el Gobierno de Macri) violó los propósitos centrales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por lo tanto, constituye un acto ultra vires”, sostienen los autores, Karina Patricio Ferreira Lima (doctorada en Leyes en Durham, docente en la universidad británica de Leeds y especialista en reestructuraciones de deudas soberanas) y Chris Marsh (economista, consultor y exfuncionario del FMI). Por ello, consideran que se pueden “discutir las posibles implicaciones legales sobre su validez”.

En concreto, para los autores, “se violaron esas reglas sustantivas en el stand by de una manera que es demasiado manifiesta para estar abierta a una duda razonable”. En particular, “el programa se caracterizó por supuestos atroces e inconsistencias contables que significaron que los objetivos eran imposibles de alcanzar”.

Esta carta habilitaría a considerar el acuerdo como nulo y obligaría al FMI a barajar y dar de nuevo en la negociación.

JR/WC