Cada vez que se critica al Presidente por sus expresiones desaforadas (cuando, digamos, insinúa que somete sexualmente a sus adversarios), no falta quienes solícitamente acuden a defender “la libertad de expresión del Presidente”, como tituló la Revista Seúl. “La libertad de expresión es al 100%”, explicó Bertie Benegas Lynch cuando algunos osaron cuestionar que el Presidente hablara de meter (metafóricamente, claro) un partido opositor en un ataúd. Por eso no sorprende que ante el video que se viralizó unas horas antes de la elección porteña (un deepfake de Mauricio Macri anunciando la baja de la candidatura de Silvia Lospennato y llamando a votar por Manuel Adorni), ministros del gobierno hayan aclarado que “es parte de la libertad de expresión, que es lo más importante que tenemos que preservar”. Libertad, libertad, libertad.

El Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires no creyó lo mismo. A las tres menos cuarto de la madrugada, el Tribunal desmintió oficialmente que Lospennato se hubiese bajado, observó que “inducir con engaños a votar en determinada forma” es un delito penado en el Código Electoral y ordenó a la red social X/Twitter dar de baja los posteos que habían difundido el deepfake. A pesar de esta decisión, de todos modos, el video sigue allí.

La resolución del Tribunal Electoral puede parecer de sentido común. La libertad de expresión no es un valor absoluto (el propio Presidente reconoce esto, por ejemplo, cuando denuncia penalmente a periodistas que lo critican) y la proliferación de información falsa en las redes puede generar una sensación de urgencia incluso en autoridades bienintencionadas. Preservar la pureza del comicio es esencial, y un video que anuncia falsamente la baja de una candidatura horas antes de la elección no parece tener ningún valor que proteger; ordenar su desaparición parece de lo más razonable. Ojalá fuera todo tan simple. 

Para empezar, la propia legitimidad de los jueces para tomar este tipo de decisiones es frágil. Hagamos un experimento mental: ¿habría reaccionado con la misma audacia y premura la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires si el partido afectado no hubiera sido el que gobierna el distrito hace 18 años? Medidas tan drásticas como la baja de un video de las redes sociales exigen que quienes toman este tipo de decisiones sean insospechados de favoritismos políticos, y es difícil mantenerse en ese estado de gracia después de tomar decisiones como esa. 

Un ejemplo ilustrará la cuestión: Alexandre de Morães, juez del Supremo Tribunal Federal brasilero, era una figura respetada por la derecha de su país (había sido, incluso, Ministro de Justicia de Michel Temer), hasta que comenzó una cruzada contra las fake news filo-bolsonaristas en las redes sociales. Hoy es una figura divisiva, celebrado por algunos como el custodio de la democracia pero acusado de dictador por figuras de la talla de Jair Bolsonaro o Elon Musk. En unos días se estrena el documental Fake Judge: La historia de una nación en las manos de un psicópata, promocionado entusiastamente por Eduardo Bolsonaro en sus redes. Imaginemos cómo serían recibidos en el debate público argentino los jueces que osen tomar medidas de este tipo contra las fake news de los partidarios del gobierno. Ubicados prontamente en la vereda de los opositores (¿mandriles?), probablemente su legitimidad para tomar no sólo ésta sino cualquier otra decisión comience a peligrar. Un camino delicado.

Además, el Tribunal Electoral no termina de explicar de dónde saca la facultad de ordenar la baja de determinadas publicaciones de Internet. Los jueces no pueden simplemente remediar situaciones que nos parezcan mal, sino que deben basar su autoridad en normas precisas. Así, el Tribunal invoca su rol de “fiscalizar el desarrollo de los comicios”, pero está claro que entender esa facultad de ese modo expansivo lo eximiría de cualquier límite. ¿Qué más podría hacer el Tribunal Electoral para “fiscalizar” la elección? Por ejemplo, ¿podría ordenar la baja de cualquier publicación que viole la veda electoral, como las hay a montones? En ese caso, ¿cómo hacer para asegurarse de que lo hará de modo ecuánime, y no únicamente las que favorezcan a determinado partido? Por supuesto, no son preguntas nuevas, pero sin una ley que regule específicamente esta cuestión, no encontrarán respuestas.

Finalmente, ¿qué es lo que hace diferente a un deepfake de otras formas de manipulación de la opinión pública (digamos, para evocar un clásico del repertorio antikirchnerista, “menos pobres que en Alemania”)? El propio presidente Milei explicó que el video era un chiste que Macri no entendió. Una interpretación aventurada, pero posible, y por eso mismo el tipo de razonamientos que el derecho occidental se ha acostumbrado a no hacer y simplemente permitir cualquier tipo de discurso político, incluso el engañoso, y dejar que sea el “libre mercado de ideas” el que lo refute. 

Los deepfakes, sin embargo, someten a la discusión democrática a un desafío sin precedentes: si hasta ahora siempre podíamos desconfiar de lo que nos decían, al menos sí podíamos confiar en quién era el que decía lo que decía. Como ocurre con la emisión monetaria, la proliferación de videos falsos baja también el valor de los verdaderos. Los expertos han llamado a este fenómeno “el dividendo del mentiroso”: quien se avergüence de algo que dijo o hizo puede simplemente atribuírselo a la inteligencia artificial y sus partidarios no tendrán dificultad en creerlo. Apenas exagerando, se crean realidades diferentes: en una, el deepfake es realidad; en la otra, la realidad es fake. Es difícil creer que nuestra doctrina actual de la libertad de expresión pueda capturar esta complejidad. El intento del Tribunal Electoral fracasó desapercibidamente, pero probablemente no sea el último. En este tiempo convulsionado, la lucha por clasificar la información se transformará, probablemente, en la última de las versiones de la grieta.

La Cámara de Diputados acaba de aprobar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 179/2025, por el cual, a su vez, se aprueba el acuerdo “a celebrarse” con el Fondo Monetario Internacional. ¿Habrá caricatura más acabada del ser nacional que la celebración eufórica de la aprobación de la aprobación de algo que todavía no existe? Acaso sí: como nunca en nuestra ya larga historia de abusos de los DNU, esta discusión ha mostrado cómo lo que estaba prohibido se permite, lo que era excepcional se vuelve la regla, y lo que era la regla pasa al olvido. Legitimado por los gobiernos anteriores que tampoco escatimaron en su uso, y a un ritmo de uno por semana, el DNU se ha vuelto la herramienta legislativa por defecto. 

El gobierno de Javier Milei ha inaugurado una nueva retórica institucional –una peor–. Si antes el uso del DNU se disimulaba (Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, se ufanó en algún momento de ser la presidenta que menos DNU dictó), hoy se exhibe con orgullo. Si antes los gobiernos buscaban excusarse en una situación de necesidad y urgencia impostergable, hoy el poder explica sin complejos que se dictan DNUs porque así se da una “imagen de cambio de régimen”, porque sancionar leyes tarda mucho o –peor– porque se anticipa que el Congreso no va a aprobar lo que se le solicita. Como con los jueces en comisión: el problema ya no es que el Congreso no pueda sesionar, sino que, pudiendo hacerlo, no hace lo que al Gobierno le gustaría.

Esta retórica se repite en cada resquicio argumental. Por ejemplo: la Constitución es clara en que no pueden dictarse DNUs en materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos. Este límite –que, con pocas excepciones, es el único que se ha respetado– ha pasado a cumplir la función paradojal de legitimar cualquier DNU en cualquier otra materia. Como arengó Federico Sturzenegger al justificar el gigantesco DNU 70: “¿Se abordan temas tributarios, penales, electorales o de partidos políticos? No. Listo. Cerrado el tema”. Basta con observar el último año parlamentario: prácticamente todos los proyectos de ley enviados por el Presidente al Congreso tienen que ver con alguna de estas áreas; justamente, las que no habría podido sortear por DNU. Lo que pensaba ser un límite, terminó siendo interpretado como una habilitación para legitimar todo lo demás.

La retórica de las materias prohibidas, además, le ha servido al Gobierno para justificar DNUs en áreas que no son estrictamente “legislativas”: la Constitución es clara en que los DNU son “disposiciones de carácter legislativo”, esto es, normas que regulan la conducta y los derechos de los habitantes de modo general. El Congreso tiene competencias que no son de “carácter legislativo” y, por lo tanto, no pueden ser reemplazadas por DNU: declarar la intervención federal o el estado de sitio, aprobar el presupuesto y la cuenta de inversión, declarar la necesidad de reforma constitucional, etc. Arreglar la deuda externa es, precisamente, una de estas competencias. Con este antecedente, sólo queda ver en qué otras materias reservadas al Congreso descubrirá el Presidente que puede irrumpir. Siempre, eso sí, amparado en que no invade las materias prohibidas por la Constitución.

Llegamos así a la última innovación retórica. La cuenta oficial de X/Twitter de la Cámara de Diputados explicó que alcanza con la mayoría simple de una Cámara para “aprobar” y “blindar” el DNU. Desde ya, ésta es una desfiguración cínica del régimen legal. Desde lo puramente descriptivo, es cierto que la Ley 26.122, aprobada durante el gobierno de Néstor Kirchner, exige el rechazo de ambas cámaras para que un DNU quede formalmente rechazado. Así, si una cámara aprueba el decreto ya no podrá ser rechazado por las dos. Lo realmente increíble es que, durante muchos años, fue una crítica casi unánime a esta ley que, mediante un truquito de redacción, terminara por generar el efecto de que alcanzara con una sola Cámara para “blindar” al DNU. Este “blindaje” era denunciado precisamente como un efecto colateral, algo que debió ser redactado de costado para evitar que se lo descubriera y denunciara públicamente. Al apropiarse y legitimar lo que había sido en realidad una trampilla del gobierno de entonces, el Gobierno desciende un escalón más en nuestra institucionalidad. Si antes había que, por lo menos, profesar hipócritamente respeto por las instituciones, hoy burlarlas parece un mérito. 

Se le atribuye a La Rochefoucauld decir que la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Si esto es así –es decir, si la hipocresía, al menos, nos obliga a reconocer en nuestras palabras la santidad de nuestras instituciones y nos vuelve vulnerables a la crítica por no respetar nuestros propios valores–, la desaparición de la hipocresía tal vez no augure una época de honestidad brutal como promete el Presidente. Tal vez anuncie, precisamente, la liberación del vicio.

SG/DTC

El último viernes de diciembre, el cordobés Juan Carlos Maqueda se retiró de la Corte Suprema al ritmo de la Mona Jiménez. La pintoresca escena ocultaba lo que había quedado firmado ese día dentro del Palacio de Justicia, una de las sentencias más importantes del siglo. Si logra su cometido, el fallo “Levinas” habrá modificado la estructura del Estado argentino más que casi cualquier otro. Nada en la causa hacía sospechar este destino: la viuda del artista plástico León Ferrari le reclamaba al periodista Gabriel Levinas que rinda cuentas por algunas obras que administró. Un caso del montón. Hasta que un abogado quiso ser creativo.

La cosa es así. La causa había tramitado en la Justicia Civil de la Capital. Ese fuero compone, junto al comercial, el penal y el laboral, lo que se conoce como la Justicia Nacional. Antes de 1994, la Ciudad de Buenos Aires no era autónoma: sus instituciones dependían del Estado nacional. El intendente, por ejemplo, era designado por el Presidente de la Nación. Sus jueces también. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con casi todo el resto de los organismos de Gobierno local, la Justicia nunca se transfirió a la Ciudad. Por eso, mientras que a los conflictos locales de los salteños los resuelve la justicia salteña y a los de los fueguinos la fueguina, las contiendas entre porteños siguen siendo tratadas, en su mayoría, por jueces de la Nación.

Hoy, todos los poderes acuerdan en que, desde la reforma de la Constitución de 1994, la Justicia Nacional tiene que ser transferida a la Ciudad de Buenos Aires, que pasó a ser, prácticamente, una provincia más. Esta transferencia sigue pendiente. Mientras tanto, la Ciudad creó su propia justicia, con competencias diferentes a las de la nacional (derecho administrativo local, contravenciones, faltas), a las que se le fueron agregando competencias vinculadas con algunos delitos del Código Penal. Por lo tanto, en la Ciudad existe una anomalía: conviven dos “justicias”, la porteña y la nacional, que se reparten las competencias que en las provincias corresponden a una sola.

Volvamos a “Levinas”. La Corte tiene desde hace muchas décadas una regla que consiste en que, para que ella revise una causa, antes tiene que haberse expedido el tribunal superior de la provincia en la que tramita. El abogado de Levinas razonó: si ahora la Ciudad es como una provincia, antes de ir a la Corte debería pasar por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ). El TSJ, naturalmente, estuvo de acuerdo. La Cámara Civil no: ningún tribunal local va a revisar lo que yo, un tribunal de la Nación, hago. A mí me revisa la Corte o nadie.

La Corte decidió lo que se preveía (de hecho, la propia Corte, en un giro más bien inusual, concede que su decisión era “esperable”): quienes deseen apelar una sentencia de la llamada Justicia Nacional deberán antes presentar un recurso ante el TSJ. 

Esta Ciudad parece un desierto

¿Por qué dedicarle tiempo a una decisión en apariencia tan anodina? Detrás de las formalidades, el fallo “Levinas” podría tener consecuencias fundamentales. A veces dada por sentada, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es una de las reformas constitucionales más importantes de 1994. De signo político generalmente opositor al Gobierno nacional, la política local ha engendrado desde entonces tres presidentes. Su cercanía a los medios de comunicación y sus recursos propios, envidiados por los 23 gobernadores (la Ciudad casi no depende del Gobierno nacional para sus gastos) la vuelven una vidriera formidable para ser exhibida en el resto del país, a punto tal que produjo al único partido distrital que dio el gran salto a la política nacional. Lo único que le falta a este ente para completar su poderío es tener, completa, su propia Justicia.

Todavía, la Justicia Nacional está regida por leyes nacionales, y sus miembros son elegidos igual que los jueces federales (lo que les da un estatus y poder de negociación que no tendrían de ser enviados a lo que era hasta hace poco un municipio). El Consejo de la Magistratura (nacional) realiza un concurso del cual salen tres nombres, el Presidente (de la Nación) escoge uno y el Senado (nacional) le presta su acuerdo. La situación es paradójica: legisladores, jueces, ministros y presidentes nacionales deben dedicarle tiempo a los conflictos judicializados de los porteños. Lo hacen con gusto, claro: la historia no recuerda muchos casos de políticos que devuelvan la posibilidad de manejar recursos y hacer favores. Si las cosas salen mal, los porteños les reclamarán a sus autoridades locales, que no pueden hacer nada al respecto. Los votantes jujeños o correntinos, entre tanto, no castigarán a su diputado o senador por cuánto duren los divorcios en la lejana Buenos Aires. 

La cuestión, desde ya, tiene implicancias complejas. Se dice que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. También litiga en Buenos Aires. Las empresas más importantes del país tienen su domicilio en la Capital y muchos contratos importantes poseen cláusulas que mandan a resolver sus conflictos allí. Así, en definitiva, lo que ocurre en la Justicia de la Ciudad tiene consecuencias económicas y políticas que la exceden en mucho.

La causa del Correo, de la que tanto se ha hablado, es una de ellas: si no es casualidad que haya terminado en la Justicia de Buenos Aires no es porque haya habido algún plan malévolo sino, simplemente, porque casi todo termina en Buenos Aires. A largo plazo, lo más importante tal vez sea el control que, a partir de ahora, el TSJ (cuyos miembros fueron, en su mayoría, nombrados por el PRO) podría tener sobre la crucial Justicia del Trabajo (de influencia mayoritariamente peronista y desde siempre en la mira de los reformadores laborales). Si bien no necesariamente fue su intención, tal vez la Corte le haya dado un espaldarazo importante a las reformas laborales impulsadas por el Gobierno: uno podría conjeturar, por ejemplo, que el TSJ porteño no habría suspendido el capítulo laboral del mega DNU 70/23, como sí lo hizo la Cámara Laboral nacional.

Aquello que ando buscando

Sobre esta transferencia de poder a la Ciudad, de todos modos, hay cierto consenso. El artículo 129 de la Constitución da a la Ciudad de Buenos Aires “facultades propias de jurisdicción” lo que, en general, se ha interpretado como ordenando su equiparación a las provincias. Originalmente, se consideró que estas facultades de jurisdicción eran simplemente una consecuencia de que la Ciudad pasara a tener un derecho propio: si ahora había una Legislatura local, debería haber también una justicia para aplicar sus leyes, mientras que las leyes nacionales seguirían siendo aplicadas por tribunales nacionales. Sin embargo, cuándo no, con el tiempo los porteños ganaron la batalla interpretativa. Fernando De la Rúa, que venía de ser el primer jefe de Gobierno porteño, firmó un convenio de transferencia de algunas competencias penales a la Ciudad y se fue imponiendo la idea de que la Justicia porteña debía ser equiparable a la de las provincias. La actual composición de la Corte Suprema convalidó esta interpretación en 2019. Tantas cosas cambian que esto podría cambiar también, pero por ahora parecería que es un mandato inexorable que la Justicia Nacional sea transferida a la Ciudad de Buenos Aires.

La contundencia del mandato constitucional, sin embargo, no se alinea con las motivaciones políticas. ¿Por qué un presidente votado por todo el país y legisladores votados por las provincias dedicarían esfuerzos a una política compleja y difícil de explicar que, en todo caso, beneficiará a un jefe de Gobierno que seguramente está, como todos, pergeñando una campaña presidencial? Incluso los presidentes porteños han refrenado sus impulsos frente a la presión de las asociaciones de magistrados: Macri firmó algunos convenios de transferencia pero luego no buscó su aprobación en el Congreso; Fernández, quien con gen peronista propuso transferir la Justicia Penal pero no la Laboral, retrocedió rápidamente; Milei incluyó una transferencia total en la Ley de Bases original y la retiró en silencio frente al lobby judicial. Los incentivos están prolijamente alineados del lado de la inacción.

La situación actual es casi la peor imaginable. Se podía convivir con una Justicia local solo para asuntos locales que dejara a la Justicia Nacional los asuntos en los que venía interviniendo, y se podría vivir con el traspaso finalizado, con la Justicia Nacional íntegramente transferida a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que es invivible es el escenario actual: un traspaso realizado a medias, en el que nadie sabe bien quién decide qué cosa y en el que nadie tiene incentivos para planificar a largo plazo en una estructura que algún día será de otro.

La Corte Suprema, viendo este escenario, decidió que era su turno de intervenir. Admitió que realizar el traspaso está “absolutamente” fuera de sus “posibilidades materiales”, pero no se rindió. Lo que sí puede hacer, parece haber pensado, es establecer sus propias facultades: se negará a recibir recursos que antes no hayan pasado por el TSJ de la Ciudad. Con lo que parece un tecnicismo, transfiere buena parte del poder que la política no transfiere. Los jueces nacionales seguirán siendo nacionales, nombrados por el Presidente y con sueldos del Tesoro Nacional, pero deberán subordinarse, en definitiva, a jueces porteños. Para las asociaciones de magistrados, esto supuso un traspaso “de hecho”. Sin ir tan lejos, lo cierto es que la Corte empoderó a un organismo local como superior jerárquico de organismos nacionales, lo que no tiene precedentes.

Los jueces nacionales seguirán siendo nacionales, nombrados por el Presidente y con sueldos del Tesoro Nacional, pero deberán subordinarse, en definitiva, a jueces porteños. Para las asociaciones de magistrados, esto supuso un traspaso “de hecho”. Sin ir tan lejos, lo cierto es que la Corte empoderó a un organismo local como superior jerárquico de organismos nacionales, lo que no tiene precedentes

Tal vez la Corte haya pensado que este golpe, material y simbólico, vencería la resistencia que la Justicia Nacional ha venido oponiendo al traspaso. Por ahora, parece haber pasado lo contrario. 

Arrancarte de mi vida no puedo

Como nota el juez Rosenkrantz expuso en su disidencia que no es función de la Corte elaborar políticas públicas. Que tengamos hambre no significa que tengamos pan, decía Bentham: que la política no esté resolviendo lo que se espera de ella podrá llenarnos de impotencia, pero no necesariamente significa que la Corte tenga que arremangarse para resolverlo. 

Se podría debatir si lo que hizo la Corte fue implementar la Constitución o diseñar una política pública: Lorenzetti, Maqueda y Rosatti dirían que hizo lo primero; Rosenkrantz, quien consideró lo decidido “una grave distorsión en la separación de poderes”, lo segundo. Lo que es insoslayable es que, al carecer de los instrumentos institucionales adecuados, los intentos de la Corte de promover cambios políticos entran en una zona de turbulencias para la que no necesariamente tienen el timón.

Los problemas prácticos son importantes. Por ejemplo, la Justicia Nacional tiene un sistema informático distinto al de la Ciudad: ¿cómo harán los jueces del TSJ para ver los expedientes nacionales sobre los que tendrán que resolver? El TSJ fue creado para entender sobre materias específicas, ni civiles ni comerciales ni laborales: ¿tiene personal y capacidades suficientes para encarar este desafío inmediatamente? El sistema nacional, en lo penal, a veces tiene hasta cuatro instancias, por lo que el TSJ sería una quinta, ¿no podría haberse pensado cómo reducir el camino de una causa, que suele durar lustros o décadas, en vez de alargarlo? Los tribunales superiores, a veces, disponen medidas con respecto a los inferiores, como, por ejemplo, enviar los antecedentes al Consejo de la Magistratura para investigar a un juez que intervino de modo defectuoso en una etapa anterior del procedimiento, ¿a qué Consejo deberá enviarlos el TSJ en este caso? 

Estos problemas son precisamente el tipo de dificultad que se habría estudiado si la solución hubiera sido política: posiblemente, tras firmar el traspaso, se habrían creado las instituciones que permitirían sortearlos y, recién ahí, se habría concretado. El fallo de la Corte, dictado antes de la feria judicial de enero, da un mes a los involucrados para resolver todo esto —un mes en el que, suponemos, todos los pasajes a Búzios ya estaban comprados—. 

Un mes es poco tiempo para hacer todo esto bien, pero, tal vez, si se sumaran esfuerzos, algunas cosas podrían solucionarse, si no bien, al menos rápido. Aquí llegamos al último escollo, tal vez el más importante en el corto plazo: el fallo de la Corte parece haber exacerbado aún más la resistencia al traspaso de los jueces nacionales y sus empleados:no tardaron ni un día hábil en emitir un comunicado unánime anunciando, prácticamente, la desobediencia civil. Sin importar quién tiene razón, esta resistencia pone a la Corte en una encrucijada: se puede llevar el caballo al río, pero no obligarlo a tomar agua. ¿Cómo harán los jueces de la Corte, sin mayorías y en el medio de un vendaval político, para doblegar a los díscolos, de cuya colaboración voluntariosa necesita? 

Díganme, sólo quiero saber

El Año Nuevo nos coloca de nuevo en el punto de partida: la política tiene la pelota. La Legislatura porteña y el Congreso nacional tienen la oportunidad de responder al fallo de la Corte mostrando que pueden reaccionar rápidamente a una situación desafiante, estableciendo reglas y creando estructuras que ordenen un traspaso que de otro modo se promete caótico. Es más: en la antesala de las elecciones porteñas, las fuerzas políticas de la Ciudad podrían mostrarle a la ciudadanía que pueden dar respuesta a un problema acuciante. Podrían, además, recuperar algo de la potencia de la que la política últimamente carece: podrían mostrarnos cómo, contra lo que siempre sostuvieron los opositores al traspaso, cuando se hagan cargo definitivamente de la Justicia en la Ciudad, tendremos juicios más rápidos, contratos más previsibles, encarcelamientos y excarcelaciones menos arbitrarios.

Si esto ocurre, el fallo “Levinas” habrá sido el empujón final para resolver una situación que ha venido impidiendo la modernización de la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires. La Corte habrá demostrado que conserva la capacidad de movilizar a los actores políticos cuando éstos no tienen incentivos para hacerlo y el sistema institucional conserva sus correas de transmisión para hacer que las cosas pasen. Si éste es el escenario, además, las objeciones de los jueces nacionales quedarán descoloridas: superados los reparos atendibles al fallo de la Corte, quedará una resistencia al traspaso que, a esta altura, necesitará de mejores argumentos si se quiere ganar algún apoyo en la ciudadanía.

También puede pasar lo contrario. En un momento de tensión entre el Gobierno nacional y el porteño, es posible que La Libertad Avanza no quiera avanzar con un traspaso, que sería una victoria política para la gestión de Jorge Macri. Otros actores, como el peronismo, podrían tomar el traspaso de rehén en la negociación por la designación de jueces, supremos y federales. En este contexto, los intentos de los jueces nacionales de retrotraer no solo el fallo “Levinas” sino la idea misma del traspaso, podrían tomar nuevos ímpetus. Esta combinación podría terminar con una situación de estancamiento y tensión institucional incluso peor que la actual.

Si sucede esto último, habremos al menos aprendido algo más sobre la necesidad de dejar de esperar de los jueces que resuelvan desde un fallo los problemas que nuestros representantes no quieren o no pueden resolver.

SG/MA/JJD

Y un día, ocurrió lo impensable: la pasión por las formas invadió al gobierno. Decepcionante. ¿Dónde está el Milei que conocimos? El que firmaba un DNU por semana y amenazaba con nombrar jueces por decreto, el que se burlaba (la semana pasada nomás) de los “obsesionados con las formas y la tolerancia” y que nos advertía que “someternos a la exigencia de las formas es levantar una bandera blanca frente a un enemigo inclemente”.

Las formas eran un engaño de quienes no quieren que nada cambie, jerga de abogados que defienden privilegios y de periodistas más preocupados por las palabras con las que trabajan que por la realidad que les es indiferente. A lo sumo -podían conceder en un buen día- el discurso de las formas podría convencer a algún idiota útil que, de a poco, iluminado por el éxito de un gobierno desformalizado, se iría desencantando de ellas.

Ya no. Tras la sesión de ayer, súbitamente, las formas se volvían grandiosas. Con Milei sobre el Atlántico, la presidenta del Senado era ya presidenta de la Nación, y como titular del Ejecutivo no podía estar al frente de la sesión que expulsó al senador (m.c.) Edgardo Kueider. “La Argentina tiene un sistema de frenos y contrapesos”, explicó el Presidente con la solemnidad de un columnista de La Nación, “[lo que hizo Victoria Villarruel] violenta la división de poderes”.

Cuándo no, esto era en realidad una trampa tendida por los mismos de siempre: ahora, gracias a esta irregularidad, la sesión que expulsaba a un corrupto sería nula. No era algo que el gobierno deseara, por supuesto (aunque haya sido el Ejecutivo el que difundió el dato y aunque haya sido el Ejecutivo el que demoró la firma del traspaso de mando); pero sí algo que pasaría indefectiblemente. De hecho, Kueider presentó un amparo a las diez de la mañana del día siguiente, se ve que la violación a la institucionalidad dejó a sus abogados sin dormir.

 Nada de esto tiene por qué suceder, desde ya. Es muy aventurado decir que la sesión sea vulnerable judicialmente (al menos sin una mano amiga en tribunales). El derecho es claro: no puede pedirse una nulidad por la nulidad misma. En su amparo, Kueider debió haber explicado de qué modo la presidencia de Villarruel podría haber alterado el abrumador resultado de la votación. No lo hizo, y resulta francamente difícil imaginar cómo podría haberlo hecho. Incluso si lo hiciera, nada impediría que el Senado se reúna de nuevo y ratifique su expulsión.

Es más: si nos vamos a poner rigurosos con las formas, Milei ni siquiera podía salir del país. Según la Constitución, el Presidente puede ausentarse del territorio nacional con “permiso del Congreso” (que no obtuvo durante este año, sino que se dio un permiso a sí mismo, seguramente inválido, a través de un decreto). Si no, durante el receso, puede salir “por razones justificadas de servicio público” (dudo que recibir el “Premio Milton Friedman” o conceder una entrevista al diario derechista “Libero” cuente como “servicio público”, pero qué visión puede tener una rata de un gigante). Formas que no.

Tranquilos: esta columna no es una defensa de las formas, ni aburriré a nadie argumentando que son los procedimientos los que nos diferencian de la impulsividad animal (asumiré que eso se da por dicho con mi firma como abogado). Traigo precisamente la advertencia contraria: cuando se abusa de las formalidades para obtener una ventaja de corto plazo no se realiza el derecho, sino que se lo pervierte.

Lo que están agitando Kueider y Milei no es respeto por la institucionalidad; y si la Justicia lo concede no será la aplicación del derecho, sino su perversión. En el juego enloquecedor que el gobierno nos propone, la restitución de Kueider en su banca sería una especie de triunfo de la casta, dispuesta a privilegiar a las formas (sus formas) sobre el fondo y en contra de los reclamos de los argentinos de bien. La jugada no está exenta de cierto ingenio: el gobierno azuza una aplicación absurda de las formas para poder luego, él mismo, explicar con hastío que las formas son el camino a la perdición.

 Sin embargo, la propaganda tiene un límite. En algún momento la realidad se filtra. Si el gobierno insiste en pervertir las formas -el lenguaje de los abogados, de los políticos, de los que enarbolan abstracciones para que lo concreto no cambie jamás- en su beneficio, si usufructúa argumentos leguleyos que no pueden mantenerse mirando a alguien a los ojos, si retuercen la legalidad y defienden corruptos para obtener una ventaja política de corto plazo, cada vez le será más difícil decir que ellos son diferentes. Como cada vez es menos disimulable, la casta les da la bienvenida. 

DM/SG

¿Qué pondrías vos en tu “Ley de Bases y Puntos de Partida”, la que se propone emular a tu prócer favorito para refundar la Nación? El Presidente puso varias cosas en la suya: privatizaciones, un régimen de inversiones, una reforma laboral. Puso otra de la que se habla bastante menos: una reforma integral a la Ley de Procedimientos Administrativos. Si la reforma a la LPA es una de las Bases de Milei, acaso debamos hacer el esfuerzo de entender por qué le importa tanto. ¿Qué oculta esta reforma de 28 artículos que se escabulle como polizonte entre el RIGI y el blanqueo?

¿Improvisación?

Durante más de un siglo, la vía ferroviaria entre Moscú y San Petersburgo fue una línea recta con una curiosa pancita por la mitad. La leyenda cuenta que, cansado de las tribulaciones de los ingenieros, el zar Nicolás I se impacientó, tomó una regla con la mano y unió las dos ciudades con una línea, sin notar que la pluma había rodeado el dedo con el que sostenía la regla. Los ingenieros que se llevaron el mapa temieron tanto corregirlo que respetaron esa desviación sin sentido.

La historia tristemente es apócrifa (la pancita en realidad rodeaba una colina que el tren no podía subir) pero refleja lo que ocurre cuando nadie se atreve a corregir al Presidente incluso ante errores obvios. El proyecto está repleto de yerros exasperantemente fáciles de salvar: enumeraciones incompletas, contradicciones evitables, días hábiles que deberían ser corridos. Doy aquí un solo ejemplo para no aburrir: el proyecto dispone que las acordadas de los tribunales judiciales entran en vigencia recién con su publicación en el Boletín Oficial (que, recordemos, depende del Poder Ejecutivo). Así, en el caso de un conflicto entre poderes, el Presidente podría fácilmente bloquear indefinidamente la entrada en vigencia de una norma interna del Poder Judicial, incluso una destinada a proteger su propia independencia. Tan fácil de corregir es esto que se vuelve desesperante que, en el apuro por aprobar la ley como está, no se haga.

¿Corrupción?

Al explorar más la reforma, uno empieza a dudar si lo que encuentra son simples errores. Por ejemplo, la reforma permite que los decretos y resoluciones generales se apliquen a los individuos antes de su publicación, si éstos lo solicitan. En la práctica, esto implica que un funcionario puede dictar normas que permanezcan secretas, salvo para unos privilegiados que se las hayan ingeniado para conocerlas. Esta cláusula no tardará en ser declarada inconstitucional por violar la publicidad de los actos de gobierno. En el entretanto, quién sabe cuántos afortunados gozarán de la aplicación anticipada de normas que los beneficien con respecto a sus competidores o el resto de la población.

Otro aspecto curioso es que se permite que el Gobierno revoque actos administrativos por razones de “mérito, oportunidad o conveniencia”, indemnizando el lucro cesante y no, como siempre sucedió, meramente el daño emergente. Pongamos un ejemplo simple: el Gobierno le concede la explotación del comedor de un ministerio a un comerciante; luego, decide que ese comedor no le sirve más porque la mayoría de sus empleados lleva comida de su casa. Si eso pasa hoy, debe pagarle al comerciante los daños que le produjo la revocación (las indemnizaciones laborales que debió afrontar, los fletes para trasladar sus cosas, etcétera). Si la reforma se aprueba, deberá pagarle además lo que dejó de ganar por el tiempo restante de concesión. Quién pudiera tener un amigo funcionario dispuesto a revocarle los actos administrativos a uno: la misma ganancia, sin el esfuerzo. 

Vamos a un último ejemplo: el silencio administrativo. Hoy, si uno hace una solicitud al Estado y éste no responde al cabo de un tiempo, puede asumir que la respuesta fue negativa y recurrir a la Justicia. Con la reforma de la Ley Bases, para ciertos tipos de permisos, transcurridos 60 días uno puede asumir que la respuesta fue positiva y obtener, tácitamente, el permiso que buscaba. Seamos malpensados de nuevo: ¿qué será más fácil: “convencer” a un funcionario de que ponga la firma para darme algo que no corresponde o de que mire para otro lado mientras pasan unas semanas? 

¿Ideología?

Finalmente, la reforma a la LPA es arrastrada por innegables impulsos ideológicos (después de todo, la ley trata nada menos que de la relación del individuo con el “maldito Estado”). Sigamos con el ejemplo del silencio administrativo. Si se aprueba la reforma, si le solicito al Estado un permiso para portar armas (incluso armas de guerra) y en 60 días no me responde, puedo considerarme autorizado y solicitar mi inscripción en el registro de legítimos usuarios. Generalmente, los países que han experimentado con el silencio positivo han exceptuado a las cuestiones que involucran la seguridad pública; la ley Bases no lo hace. Uno podría haber pensado que se trataba de una omisión involuntaria, hasta que la semana pasada la ministra de Seguridad anunció que el Estado facilitaría la portación de armas. En el país de las Bases, se presume que los individuos pueden portar armas.

Si se aprueba la reforma, si le solicito al Estado un permiso para portar armas (incluso armas de guerra) y en 60 días no me responde, puedo considerarme autorizado y solicitar mi inscripción en el registro de legítimos usuarios

Así, a través de toda la reforma, se amplían las facultades del individuo (¿o de algunos individuos?) en detrimento de los poderes estatales. Si esto suena bien es porque la narrativa oficial ha logrado mostrar a una persona desprotegida frente a un Estado omnímodo. Muchas veces, sin embargo, el procedimiento administrativo involucra personas jurídicas de gran magnitud y con gran poder sobre las personas a las que se pretendía proteger (digamos, para ser amplios, la Barrick Gold o la CGT). La ficción libertaria que equipara a las personas de carne y hueso con las grandes corporaciones, como si no existieran empresas con mayor patrimonio que el PBI de varios países juntos, encuentra aquí un paño propicio.

En el proyecto, por ejemplo, todos los trámites ante el Estado son gratuitos, ¡con lo que nos molesta pagar por el pasaporte o el DNI! ¿Es igual de agradable si pensamos que estamos financiando —con el IVA de los fideos, como se dice ahora— los trámites de las grandes constructoras frente al Registro de la Propiedad Inmueble o de los grandes laboratorios frente a la ANMAT? Paradójicamente, al mismo tiempo el Gobierno busca prohibir por ley la utilización de la palabra “gratuito” para describir cualquier otra actividad del Estado. En la lógica peculiar de la ley Bases, los trámites de las constructoras y laboratorios son “gratuitos”, mientras que las campañas de vacunación están “solventadas con los tributos de los contribuyentes”.

El Presidente tiene derecho a interpretar que su mandato electoral incluye una reforma profunda en la relación entre el Estado y los individuos, y es legítimo que busque plasmar esa reforma en una ley del Congreso. Lo que es difícil de tragar es que una norma con el peso práctico y ideológico de la LPA se cuele desapercibida mientras discutimos otras cosas, sólo porque pocos se animan a pedirle al zar que corra el dedo.

SG/JJD

El Senado rechazó el DNU 70/2023. No es la primera vez que ocurre, como ha divulgado erróneamente el Presidente, pero tampoco es algo frecuente. De los cientos de decretos de necesidad y urgencia que se han dictado desde la reforma constitucional de 1994, esta es la sexta vez que una de las Cámaras del Congreso rechaza uno (le había ocurrido dos veces a Cristina Fernández y tres a Mauricio Macri). La pésima Ley 26.122, sancionada en 2006, ha promovido una permisividad pasiva frente a ellos: como alcanza con una sola Cámara para mantenerlos en vigencia, en el mejor de los casos el oficialismo de turno los trataba en la Cámara en la que tenía mayoría para aprobarlos y luego se volvía inútil tratarlo en la otra. En consecuencia, no hemos construido una práctica seria de control parlamentario sobre los decretos de necesidad y urgencia, como manda la Constitución.

En unas semanas, probablemente será el turno de la Cámara de Diputados. La cuestión reviste una importancia política fundamental que otros sabrán explicar mejor que yo. Es verdad que sería la primera vez que ambas Cámaras del Congreso rechacen un DNU desde que el procedimiento fue creado; también es verdad que jamás un presidente había elevado la apuesta de este modo en relación con un decreto, dándole dimensiones refundacionales y planteando su aprobación como una cuestión existencial. Políticamente, entonces, se trata de encontrar una salida elegante al atolladero en el que el Presidente ha decidido, con toda voluntad, sumergir al Congreso. No sé cómo se hace ni tengo mucho para decir al respecto.

Sin embargo, sí me interesa hablar sobre la cuestión en términos institucionales. Si bien la Ley 26.122 exige a los legisladores expedirse acerca de la “validez” del decreto según “requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente” (en otras palabras, sobre su constitucionalidad), los senadores oficialistas y filo-oficialistas casi ni lo intentaron: se dedicaron a acusar a los opositores de hipocresía (“ahora son todos constitucionalistas”, era el tono general) o de denunciar genéricamente la gravedad de la situación económica como si ésta volviera innecesaria cualquier justificación. A tal punto fue evidente la renuncia del oficialismo a defender la constitucionalidad del DNU, que un senador opositor se burló de un par libertario: “Tenía miedo de defender esto, como es abogado le van a sacar la matrícula”. 

Ante esta situación, parece ocioso argumentar contra una constitucionalidad que nadie defiende. Dado que un DNU es de toda excepcionalidad, pesa sobre quien lo defiende la carga de argumentar su validez. Sin embargo, nadie en el Senado sostuvo seriamente que había que votar el DNU por ser constitucional; el argumento general fue que había que votarlo a pesar de no serlo. El senador Luis Juez fue el más claro en este sentido: “Por supuesto que este es un manual de buenas intenciones con un montón de agujeros jurídicos horribles [pero] ninguno de los que está acá tiene facultades para discutir la constitucionalidad, para eso está la Corte”. Es importante resaltar, frente a la inminencia de la discusión en la Cámara de Diputados, que este argumento es erróneo y peligroso: necesitamos que el Congreso piense y decida sobre el DNU 70, también, en términos constitucionales.

Siempre el Congreso se encuentra realizando interpretación constitucional. Hay veces que lo hace de modo preventivo: numerosos académicos han estudiado cómo los poderes legislativos en todo el mundo intentan evitar sancionar normas que luego podrían ser declaradas inconstitucionales por sus respectivos poderes judiciales. Si un senador cree que el DNU 70 es contrario a la jurisprudencia de la Corte Suprema (como lo es, según el consenso de los expertos), votar por aprobarlo es un desafío a la Corte. Ocasionalmente, desafiar a la Corte puede ser políticamente necesario para modificar prácticas anquilosadas (así se gestó, por ejemplo, el New Deal estadounidense); lo que no se puede es disfrazar ese desafío de deferencia impotente. Si lo que desea el Congreso es desafiar a la Corte aprobando un DNU que sabe inconstitucional, nos conviene en todo caso que nos lo diga.

Otras veces, y las más interesantes, el Congreso realiza interpretación constitucional porque la Constitución no es un documento que esté reservado a expertos ni a iluminados: es la norma que rige nuestra vida en común, y las disputas políticas son también una disputa por el sentido constitucional. La discusión sobre el matrimonio igualitario fue, también, una disputa sobre el significado constitucional de la igualdad y de la familia; la persistente lucha por el aborto es, también, una discusión sobre los valores constitucionales de la vida y de la libertad. El presidente Milei es tal vez uno de los políticos más conscientes de esto, y por eso le pidió al Congreso, de modo explícito, que sancionara la ley ómnibus para “restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853”. La política y el derecho, en definitiva, comparten la ambición de regir nuestra vida en común. Un argumento político que prescinda del derecho sería tan hueco como uno que ignore que el derecho es, si me perdonan la metáfora, política condensada.

Al enfrentarse al DNU 70, entonces, la Cámara de Diputados estará también moldeando nuestro derecho y nuestra práctica constitucional. Si lo aprueba, se habrá expedido por la constitucionalidad de un decreto que a sola firma reforma o deroga cerca de ochenta leyes permanentes y que, por lo tanto, autorizará a cualquier presidente futuro a sentirse habilitado a hacer lo mismo. Aprobar el DNU a la vista de todo el mundo sin siquiera intentar explicar, mirándonos a los ojos, cómo es que puede ser constitucional un decreto sin necesidad ni urgencia, envía la señal de que los límites institucionales ya no importan y que todo se reduce a la circunstancial relación de fuerzas. La guerra, y casi ya no por otros medios.

Si lo rechaza, por el contrario, estará enviando el mensaje opuesto: en la Argentina rige la división de poderes, y los representantes del pueblo reunidos en el Congreso no toleran ser ignorados. Las normas que rigen nuestra vida en común deben ser aprobadas por quienes nos representan a mayorías y minorías, y prevalecen las decisiones colectivas por sobre los impulsos individuales. Tal vez ésta pueda ser, después de todo, la contribución involuntaria que Milei habrá hecho a la institucionalidad argentina.

SG/JJD

La errática, acaso indescifrable, estrategia política del gobierno viró la semana pasada de la euforia intransigente a las apretadas desnudas. El jueves, el ministro de Economía afirmó que recortará todas las partidas de las provincias si no se aprueba la ley ómnibus. El viernes, en una reunión de gabinete, el presidente de la Nación habría dicho lo mismo a su estilo: “Los voy a fundir a todos” (frase que los likes del Twitter presidencial parecen confirmar). En este contexto de amenazas para nada veladas, el vocero presidencial anunció que el Ejecutivo le propondrá al procurador general de la Nación la creación de una fiscalía especializada en investigar la corrupción de funcionarios públicos, “especialmente en los casos de enriquecimiento político e incrementos patrimoniales no justificados”. El vocero puso especial énfasis en que esta fiscalía investigaría a funcionarios tanto federales como provinciales.

El zorro pierde el pelo pero no las mañas: como ya varios notaron, el proyecto es o bien redundante o bien imposible. Si la fiscalía busca investigar a los funcionarios nacionales, el gobierno busca reinventar la rueda de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que existe desde la década de 1960. Si es cierto, en cambio, que el gobierno busca investigar a funcionarios provinciales y municipales, descubrirá rápidamente que no podrá hacerlo: en nuestra organización federal, los delitos que afectan administraciones provinciales, y no al erario nacional, deben ser investigados por los fiscales y jueces de sus provincias. Éste y otros problemas técnicos, en cualquier caso, pasan a un segundo plano: el momento del anuncio de la creación de la fiscalía y sus potenciales investigados parecen revelar al inviable proyecto gubernamental más como otra amenaza contra mandatarios provinciales no colaborativos que como una preocupación legal. Esta persistente voluntad amedrentadora es lo que aparece a simple vista. Sin embargo, bajo la superficie se revelan tendencias ideológicas más profundas.

En una segunda capa de análisis nos encontramos con una estrategia frecuentemente utilizada por el gobierno: acusar de corruptos a quienes simplemente están en desacuerdo. Ya ante el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia de los 366 artículos, el Presidente señaló, en varias ocasiones, que los legisladores que se oponen en realidad hacen tiempo mientras esperan coimas. La creación de la fiscalía especializada en corrupción, con especial competencia sobre funcionarios provinciales, contiene un mensaje similar. Lo que se trasluce es que los gobernadores también son, en la jerga gubernamental, “casta chorra”, lo que será evidente si se los investiga. 

En esto no hay sólo una amenaza; hay también un mensaje al público: los que se interponen entre las ideas de la libertad y su materialización no son más que delincuentes que se mueven por intereses personales. Estas acusaciones —para las que, naturalmente, jamás se presentan pruebas o siquiera indicios concretos— obturan cualquier debate. Con los ladrones no se discute, se los apresa. La disputa ya no es política sino moral; ya no importa qué hacer con el plazo mínimo de los alquileres, el precio de los libros o la protección de los glaciares, sino que todo es tan simple como optar entre buenos y malos. ¿O acaso usted está a favor del robo?

Con los ladrones no se discute, se los apresa. No es política sino moral; no importan el plazo mínimo de los alquileres, el precio de los libros o la protección de los glaciares. Es simple: optar entre buenos y malos. ¿O acaso usted está a favor del robo?

La oposición entre buenos y malos —en la que los políticos en general, naturalmente, ocupan el lugar de los malos— alcanza intensidades cómicas. En ocasiones, el Presidente ha llegado a plantear que está esperando la respuesta de “la política” a sus propuestas. El Presidente, entonces, no es un político, es un outsider que, en un sacrificio altruista, decide meter sus pies en el barro de la política para salvarnos a todos de ella. El resto —legisladores, gobernadores, jueces, hasta académicos o artistas— no son más que parias que viven de lo público. Cualquier reserva que planteen es —a no engañarse— miedo a perder sus privilegios. 

Así llegamos, finalmente, al núcleo de la cuestión. Debajo de las acusaciones de corrupción dirigidas contra determinados grupos de políticos, según la necesidad del día, yace una impugnación más general y más fuerte: la política en sí es corrupta. Como explica Martin Gurri en La rebelión del público, “no se puede condenar a los políticos durante demasiado tiempo sin que se haga necesario cuestionar la legitimidad del sistema que los produce”. Parafraseando al Presidente, cuestionar la legitimidad del sistema político en general es, en todo tiempo y todo lugar, un fenómeno populista. Ninguna sociedad compleja puede organizarse sin lo que llamamos política; nuestro deseo de que sea mejor de lo que es en la decepcionante realidad no puede llevarnos a negar un hecho tan inevitable. La antipolítica, como es obvio, es también política (más precisamente, mala política).

Estas diatribas selectivas contra la política en momentos de crisis desde ya no son nuevas, ni lo son sus consecuencias. En 1915, un joven periodista italiano escribía que estaba “firmemente convencido de que para la salud de Italia hace falta fusilar —sí, fusilar— por la espalda una docena de diputados y encerrar de por vida al menos a un par de ex ministros”. “No sólo eso —decía—: creo, con fe cada vez más profunda, que el Parlamento en Italia es el forúnculo pestífero que envenena la sangre de la Nación. Hay que extirparlo”. Siete años después, cumplió su promesa.

MA/SG/JJD

(Esta nota es continuación de una nota sobre el mismo tema publicada por el mismo autor aquí, antes de la asunción de Javier Milei).

En una escena de Los Simuladores, Mario Santos ve que una oficial de un banco, a la que está por engañar, está leyendo El candor del Padre Brown, un libro de cuentos policiales con ribetes místicos del inglés Gilbert Keith Chesterton. Santos le pregunta a su víctima “¿Cómo se llevan Chesterton y el mundo de las finanzas?”. La empleada apenas se permite sonreir ante el coqueteo y le responde: “Como pueden”.

El experto en finanzas que lideró el proyecto desregulador del Gobierno habría hecho bien, en efecto, en leer a Chesterton. A este autor se le atribuye un principio frecuentemente citado por los tribunales en los Estados Unidos y que en el último tiempo se repite bastante ante las fantasías revollucionarias en Silicon Valley: no quites una cerca si no sabés para qué se puso ahí. Chesterton –ya devenido en conservador católico– se burlaba de los reformistas que sentían que con la fuerza de su intelecto podían avasallar todo para resolver lo que consideraban problemas sociales: son como alguien que va por un camino, ve una cerca, e inmediatamente se entusiasma con quitarla del paso. Chesterton lo reta: la cerca no creció sola en ese lugar. Si alguien se molestó en ponerla ahí fue por algo, y antes de sacarla hay que entender exactamente por qué lo hizo. Volvé a tu casa, entendé perfectamente por qué está esa cerca ahí, y recién ahí, si todavía estás convencido, quitala.

El ímpetu desregulador del Gobierno se parece bastante al viajero de Chesterton, desesperado por quitar la cerca del paso sin prestar atención a que tal vez el camino se llene de bueyes. En las últimas semanas, Javier Milei derogó una enorme cantidad de leyes que llevaban décadas de vigencia por un decreto de necesidad y urgencia, y exigió al Congreso la derogación inmediata de muchas otras. Como si fuera una serie de Netflix, el productor de las reformas ya anunció que se vienen unas 160 más. La ciudadanía, se supone, debería observar, acaso aplaudir.

Pensemos qué diría Chesterton ante tanta cerca destruida. Antes de saber si derogar cada una de las normas, nos advertiría, deberíamos asegurarnos de saber cuál fue su cometido y si efectivamente se cumplió. Tomemos. como ejemplo mínimo, una de los cientos de normas derogadas o modificadas por el DNU 70/2023: la Ley 25.626, que prohibía la importación de neumáticos usados. El Congreso aprobó esta ley por unanimidad en el año 2002, con la finalidad de evitar que el país se volviera un vertedero de gomas inutilizables. En 2007, a pedido del entonces presidente, se flexibilizó la norma precisamente para permitir la importación de neumáticos recauchutados bajo ciertas normas de calidad, modificación que también se realizó de modo casi unánime.

Para aprobar estas leyes, algunos diputados debieron presentar proyectos, debieron reunirse las comisiones de Comercio, de Industria y de Mercosur de la Cámara de Diputados y la Comisión de Comercio del Senado, discutir sus pormenores con especialistas en la materia, recibir las observaciones de los sectores afectados, reunir el consenso de varios bloques legislativos y finalmente la promulgación de dos Presidentes de la Nación. Nada de todo esto, desde ya, garantiza que una política sea efectiva, o siquiera que no termine siendo nociva. Sin embargo -y aunque esta defensa del Congreso sea un tanto anticlimática- este tipo de elaboración colectiva es la mejor manera que la política occidental ha encontrado para aproximarse a la solución correcta a sus problemas.

Vamos ahora al decreto de necesidad y urgencia que apareció en el Boletín Oficial de un día para otro y que deroga de un plumazo esta ley junto con tantas otras . No sabemos quién acercó la idea de derogar la prohibición de importar neumáticos usados. No sabemos quién realizó estudios de mercado o ambientales para saber si volveremos a correr el riesgo ambiental que el Congreso buscó prevenir. Si estos estudios se hicieron, tampoco sabemos si revelan que sus potenciales beneficios superan estos costos. No sabemos si alguien presentó objeciones, ni mucho menos si éstas fueron respondidas. Lo que sí sabemos es que el Gobierno tiene una profunda antipatía ideológica por toda regulación existente. Como el viajero de Chesterton, donde ve una cerca, la quiere sacar de ahí sin hacerse más preguntas: las cercas son malas, obstruyen el camino, consumen recursos.

Si la firma de un decreto anula todas las ventajas de la deliberación pública, el método legislativo que propone el Gobierno para las reformas restantes queda peligrosamente cerca de hacerlo. Sí: el Gobierno envió un proyecto para que otras reformas sean aprobadas por el Congreso, en parte porque cubren materias que están prohibidas para los decretos, como penal, tributaria o electoral. Pero lo hace de un modo paradójico: mientras envía el proyecto al Congreso, intenta reducir al máximo su posibilidad de debatirlo. Así, ha reducido el número de comisiones a los que irá el proyecto, ha propuesto que se vote “a todo o nada” y, por si fuera poco, el Presidente ha dicho que quienes desean discutir el contenido del proyecto son “idiotas útiles” o, peor, que “están buscando coimas”. Es inédito: no es el primer Gobierno en pretender que el Congreso sea su escribanía, pero sí el primero en anunciar que no tolerará otra cosa. Si el proyecto fuera aprobado en en estas condiciones, la ley gozaría de la legalidad que le da el trámite legislativo, pero se perdería de todo lo que éste tiene para darle.

La democracia argentina no debería dejarse llevar por la retórica tremendista del Presidente de la Nación. La crisis económica es evidente; la necesidad de tomar medidas al respecto también. Sin embargo, muchas de las medidas del DNU o de la “ley ómnibus” no tienen nada que ver con la solución a la crisis económica sino –en palabras del propio autor de las reformas– con dar una “imagen de cambio de régimen”. A diferencia del viajero de Chesterton, no sólo desean quitar las cercas, sino contarle a todo el mundo que sacarán todas las cercas que puedan y a cualquier costo. Esperemos que el Congreso, en todo caso, pueda reivindicar su rol y explicarnos que para algo puso la cerca.

SG

En los últimos días, con inusual coordinación, miles de usuarios de redes sociales descubrieron su pasión por la optometría. De modos a veces mecánicos y a veces creativos, miles de libertarios repiten que el problema de los críticos al gobierno es que “no la ven”. El presidente de la Nación también ha adoptado ese latiguillo y no se cansa de señalar la ceguera de sus detractores. (Ya que estamos: en Nochebuena fue más allá y a los defectos visuales de sus opositores les agregó perversiones morales: dijo que no aprobar el DNU en el Congreso era propio de sádicos o corruptos).

No está claro qué es lo que los críticos “no ven”. Ni siquiera está claro que los que sí la ven (a veces adolescentes ensimismados en la épica que les tocó en suerte, otras veces prestigiosos profesores reivindicando viejas disputas) vean lo mismo. Nada indica que detrás de esta diáfana óptica libertaria haya algo más que un mantra burlón para cohesionar a un grupo que (al menos todavía) no tiene mucho para mostrar. No será la primera religión fundada en el acceso privilegiado a la luz, ni la primera que asume que los herejes son, en realidad, ignorantes: las fuerzas del cielo contra los viejos meados.

Tampoco es casualidad que el “no la ven” haya aparecido junto con el DNU 70/2023, que deroga o modifica, a sola firma del Presidente, más de cien leyes y, así, flexibiliza el régimen laboral y de alquileres, permite la conversión de clubes de fútbol a sociedades anónimas y la importación de neumáticos usados, entre tantas otras cosas. Es un eslógan muy útil para respondernos a quienes nos hemos limitado a señalar que, según los parámetros que, desde hace años, ha establecido la Corte Suprema (con muy distintas composiciones), estas reformas no son “necesarias y urgentes”. Lo único que dijimos ver es que el DNU más voluminoso de nuestra historia va en contra de una de nuestras más canónicas doctrinas constitucionales. 

No será la primera religión fundada en el acceso privilegiado a la luz, ni la primera que asume que los herejes son, en realidad, ignorantes: las fuerzas del cielo contra los viejos meados

Pero parece que hay algo, no sabemos qué, que no vemos. ¿Es posible que estos guerreros de Twitter estén viendo algo que nosotros no? Sí. Pero, también, es posible que nosotros estemos viendo algo que ellos no. De hecho, no sólo es posible: la democracia se basa, precisamente, en la certeza de que los ciudadanos vemos cosas diferentes. Por eso, tenemos canales de deliberación para que las decisiones sean tan informadas como sea posible. Si uno ve algo que otro no, la democracia le da la posibilidad de intentar convencer a sus conciudadanos. Si no lo logra, en democracia, debe sufrir el destino de Casandra. Decepcionar a salvadores poco convincentes es el precio para evitar ineptos aspirantes a tiranos. Por eso, además de una posibilidad, el explicarle al otro qué es lo que hay que ver y no está viendo es una obligación. Esto es especialmente así cuando lo que muchos deberíamos ver no es un detalle, sino por qué deberíamos convertirnos, en palabras de Milei, en el primer país “liberal libertario del mundo”. Si van a refundar la patria, al menos, explíquennos por qué. 

Sobre esto, es interesante marcar, una vez más, que los inquisidores del “no la ven” no apuntan sólo contra los que critican el contenido del DNU, sino contra quienes se limitan a decir que el DNU no es la vía para modificar la estructura social, económica y cultural de un país. A diferencia de los encuadramientos de Twitter, el país no se divide entre el 55% y el 45%. El país se divide en múltiples identidades sociales y políticas. Dentro de los límites que encuentra la representación en una sociedad de masas, el lugar donde mejor están representadas esas identidades es en el Congreso.

El país no se divide entre el 55% y el 45% sino en múltiples identidades sociales y políticas. Dentro de los límites que encuentra la representación en una sociedad de masas, el lugar donde mejor están representadas esas identidades es en el Congreso

La representación legislativa es el mejor intento de que esas identidades puedan expresarse. En este sentido, tampoco el 55% es un ancho de espadas. Interpretar el mandato de las mayorías es un arte en sí mismo: las urnas no hablan, las que hablan son las personas. Entre los que votaron al actual gobierno, en primera o segunda vuelta, seguramente habrá muchos que no están satisfechos con la anulación del debate legislativo. Ni siquiera ellos no dejaron de ver el 19 de noviembre. Por todo esto, el llamado a que las leyes se hagan en el Congreso es, fundamentalmente, un llamado al diálogo. Es aceptar que, quizás, nosotros no veamos algo, pero pedir, también, ser escuchados. Tras la deliberación que propone el debate parlamentario, quizás concluyamos que entre dos antagonistas uno era ciego. Pero, quizás, tras debatir nos demos cuenta de que no solo hay dos bandos, sino muchos. Quizás, además, percibamos que todos tenemos cierta miopía, y que es una miopía particular: curable no con rayos láser, sino con una discusión civilizada.

MA/SG/JJD

El viernes, el Ministerio de Seguridad publicó un nuevo “protocolo antipiquetes”. El anuncio es más importante desde lo simbólico que desde lo jurídico: el protocolo rige únicamente en la jurisdicción federal y, fundamentalmente, no es una norma con efectos más allá de los agentes del propio Ministerio. Lo que era delito antes del protocolo sigue siéndolo; lo que era un derecho constitucional, también. El protocolo se limita a indicar cómo actuarán las fuerzas de seguridad frente a lo que, burocráticamente, llama “impedimentos al tránsito”. Por cierto, el protocolo en ningún momento aclara que se refiere a la protesta social: impedimentos al tránsito son, también, maratones, actos religiosos y festejos deportivos. Menos mal que se aprobó ahora, y Javier Milei pudo asumir en paz, sin que nadie lo desalojara de la tarima desde la que anunció la llegada de la libertad.

Un pasaje simpático del protocolo ordena a los agentes reportar el daño ambiental causado por quienes impidan el tránsito. En concreto: si alguien quema una rueda, se le hará pagar por los efectos del humo. Ojalá esta súbita preocupación por el ambiente presagie un giro en la postura del Gobierno respecto del cambio climático o la contaminación de los ríos. Por lo pronto, el único humo preocupante es el propio protocolo: en todo lo que no es inconstitucional o superfluo, es sencillamente inviable. Lamentablemente, será el tejido social argentino el que pagará los efectos de este humo.

El protocolo es inconstitucional, como explica mejor que nosotros Roberto Gargarella. El protocolo plantea que todos aquellos que obstruyen la circulación están cometiendo un delito, independientemente de por qué lo hagan, incluso si dejan carriles libres o existen vías alternativas. Pero la cuestión está lejos de ser tan simple: nuestra convivencia social se constituye por derechos en tensión y, a diferencia de lo que sugiere el dicho, no es fácil saber cuándo arranca el derecho de uno y termina el del otro. Tanto quienes circulan como quienes protestan ejercen un derecho constitucional, y los cuerpos ocupan espacio: salvo que sean un puñado, decirle a los que quieren reunirse que deben quedarse en la vereda equivale a prohibírselo. Una norma consciente de esta dificultad intentaría buscar mecanismos para compatibilizar el derecho a circular con el derecho a manifestarse. Al disponer que las vías alternativas o los carriles libres son irrelevantes, el protocolo directamente ignora que hay derechos que conciliar. 

El protocolo es superfluo. Indica que las fuerzas de seguridad deberán cuidar a mujeres y niños, identificar a los autores de delitos, prevenir delitos flagrantes y reportarlos a las autoridades competentes. Esto es así porque la ley lo indica, con o sin protocolo: sólo el Congreso puede crear leyes penales y regular el uso de la fuerza. Además, siendo realistas, las fuerzas policiales no reprimirán ninguna protesta de importancia sin una orden política expresa. El protocolo, así, no es más que una señal para mostrar a lo que el Poder Ejecutivo está dispuesto, y una bastante poco creíble: agarrame que lo mato.

Pero entonces, también, el protocolo es inviable. Es inimaginable que la Policía, por más vitoreada que haya sido en el acto de asunción presidencial, reprima todos los impedimentos al tránsito. ¿Reprimiría la Ministra a la turba que festejará la Cuarta Copa del Mundo? ¿Detendría a los maratonistas, reincidentes obstructores de arterias urbanas? ¿Se incluirá la Ministra a sí misma en los registros de infractores, reconociendo sus protestas contra la cuarentena en el medio de la Avenida 9 de Julio o apoyando a los productores agropecuarios en el lejano 2008?

El protocolo, podría decirse, no busca reprimir estas situaciones. Sin embargo, la sola existencia de estos ejemplos muestra que antes de decidir la represión, la política indagará acerca de las causas del corte y decidirá si fue realizado por argentinos de bien o, por el contrario, por la casta queriendo conservar sus privilegios. De hecho, al crear un registro de infractores, al protocolo se le escapa el inconsciente y ejemplifica con gremios, no con clubes de fútbol. Incluso si confiamos en quienes ejerzan estas decisiones, es evidente que el protocolo no puede cumplir con la generalidad que promete. Como hasta ahora, algunos cortes serán reprimidos, otros tolerados, y aun otros celebrados. Acaso habrá que preguntarse si el Gobierno reprimirá a su propia Plaza del Sí si algún día ésta existe.

El protocolo, de todos modos, no es inocuo. Al anunciar una política de represión de la protesta, el Gobierno le hace saber a las fuerzas policiales que contarán con su respaldo al reprimir manifestaciones y por los eventuales excesos que se cometan en este cometido. Visualizar cómo podría verse esta habilitación no nos exige utilizar nuestra imaginación, sino tan solo nuestra memoria. En la Argentina, la mala imagen de la policía no se debe a que seamos progresistas incurables, sino a una larga historia de arbitrariedades, discriminación y brutalidad que deberíamos intentar revertir más que fomentar. El protocolo, por ejemplo, puede servir como una defensa penal para policías violentos. “La Ministra me dijo que reprimiera, y yo reprimí”. La defensa de “obediencia debida” es improcedente en situaciones de clara ilegalidad, como una orden de torturar a un preso político. Pero, en situaciones moralmente menos claras, es difícil argumentar que un gendarme debe tener claro que un protocolo tiene menor jerarquía normativa que la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Un protocolo que autorizara a disparar por la espalda a alguien que huye no hubiera convertido lo que hizo Chocobar en legal, pero le habría dado argumentos para una defensa penal más sólida.

Es de prever que el protocolo antipiquetes irá a parar a la larga lista de fracasos argentinos. Como ya viene ocurriendo, la política decidirá en cada caso qué postura adopta frente a cada manifestación, evaluando si se trata de una protesta sincera o una maniobra extorsiva. Según el caso, reprimirá, negociará o protegerá. En el medio, esta pantomima de generalidad ratificará que las normas no están hechas para cumplirse sino, a lo sumo, para habilitar el ejercicio del poder cuando conviene. De este protocolo, en definitiva, volveremos peores: igualmente poco dispuestos a dejarnos limitar por la ley, pero, esta vez, más violentos.

En una nota publicada el domingo en Perfil, el posible ministro Federico Sturzenegger aboga por lo que llama una “descontaminación legislativa” que desregule las actividades económicas en el país, a las que juzga como producto de la corrupción y los intereses creados de la burocracia (de la “casta”, se privó de decir). Con varios ejemplos, que van desde los cohetes de Elon Musk a matrimonios arreglados por el Estado, parece argumentar que las regulaciones son malas en sí mismas, que en todo caso probemos desregulando e intervengamos recién cuando pase algo malo que lo amerite. Dada la participación del autor en las propuestas del futuro gobierno, resulta urgente entender la filosofía que las motiva.

Empecemos por reconocer algo: es verdad —como ilustra Sturzenegger con el ejemplo de Musk— que la regulación puede impedir innovaciones. Naturalmente, es difícil probar un hecho negativo: no sabemos con exactitud cuántas ni cuáles innovaciones han quedado truncas por regulaciones insensibles. Sí sabemos, sin embargo, algunas otras cosas. Por ejemplo, sabemos que en ocasiones la regulación promueve la innovación (digamos, forzando a actores privados a encontrar energía limpia a bajo costo). También sabemos que hay ciertas innovaciones que hemos decidido evitar por razones éticas, como la clonación de seres humanos, o que tememos por sus potenciales efectos devastadores. El propio Musk, por ejemplo, ha implorado que el mundo rápidamente regule los vertiginosos avances en inteligencia artificial.

El punto, de todos modos, es más general: no existe vivir primero y regular después, sencillamente porque vivimos en sociedad hace milenios y todas nuestras actividades ya están reguladas de algún modo. Habrá regulaciones más o menos convenientes, pero imaginar que podemos recrear una especie de posición original (de tabula rasa, en neolengua libertaria) en la cual empezar de cero a examinar qué regulaciones funcionan y cuáles no es una especie de fantasía adolescente que ignora la sabiduría del pasado: ahora vengo yo que me las sé todas. Sturzenegger parece proponer que esperemos a que los bancos quiebren antes de regularlos, como si no hubiéramos visto ya a los bancos quebrar varias veces.

El ejemplo estrella de la nota ejemplifica casi pedagógicamente los desaciertos de su concepción. Sturzenegger nos pide que comparemos nuestro sistema actual de matrimonio con una distopía en la que nos podemos casar únicamente con ciertas personas, contratando a intermediarios determinados y en la que las obligaciones de cada cónyuge están determinadas por el Estado. Es curioso, nos azuza: aborreceríamos un sistema como este mientras aceptamos pasivamente regulaciones análogas, como las de los seguros de cosecha. El ejemplo es elocuente por varios motivos.

La comparación es —de nuevo, aprovechemos el léxico libertario— una falacia. Sturzenegger pretende que nos horroricemos con una regulación que no existe y que nadie propone para que entendamos que en realidad deberíamos horrorizarnos con todas ellas. Pero sólo en la nota de Sturzenegger el matrimonio es análogo a los seguros agrícolas. Todas las sociedades y todos los sistemas jurídicos entienden perfectamente que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En cualquier democracia del mundo es constitucional quitarle a una empresa el 10% de su ingreso en forma de impuesto, y en cualquier democracia del mundo es inconstitucional arrancarle el 10% de las páginas de su diario íntimo. Todos entendemos intuitivamente la diferencia entre los valores que le asignamos a una y otra cosa. Argumentar contra lo primero usando de ejemplo lo segundo no apela a nuestro sentido común: busca subvertirlo.

En cualquier democracia del mundo es constitucional quitarle a una empresa el 10% de su ingreso en forma de impuesto, y en cualquier democracia del mundo es inconstitucional arrancarle el 10% de las páginas de su diario íntimo

Incluso si nos montamos sobre la comparación de Sturzenegger, e imaginamos al matrimonio como un contrato análogo al seguro de cosechas, encontraremos razones para regular al segundo que no se aplican al primero. El Estado casi nunca tendrá más o mejor información que los novios acerca de quién es el mejor partido (“conocimiento local”, en palabras de Friedrich von Hayek) y en definitiva el naufragio del matrimonio no perjudicará a nadie más que a los fracasados tortolitos. En cambio, la industria financiera tiene un enorme nivel de opacidad y asimetría de información que podría justificar proteger al consumidor de sus servicios. Además, la caída de una institución financiera acarrea riesgos sistémicos que podrían derivar en una catástrofe económica que a menudo termina con rescates públicos (es decir, con la tuya, contribuyente) avalados por economistas liberales.

El ejemplo, en todo caso, fracasa en un nivel más fundamental: el distópico esquema matrimonial con el que Sturzenegger busca asustarnos es precisamente el que ya tenemos. La ley nos permite casarnos únicamente con ciertas personas (es decir, aquellas que tengan algún tipo de identificación estatal, no sean menores de edad, no hayan sido declaradas incapaces por el Estado, no sean parientes cercanos y no tengan un vínculo conyugal preexistente) y sólo podemos hacerlo a través de una oficina pública como el Registro Civil. Ya casados, también nuestras obligaciones están reguladas por la ley: los cónyuges se deben, dice el Código Civil, asistencia, cooperación y alimentos.

El matrimonio no es, como dice Sturzenegger, un “acto entre privados”, sino que es una institución fundamental de la vida social y la tratamos como tal. A través de la regulación del matrimonio, la sociedad protege a la familia y le da privilegios que no le da a otros vínculos, como los de amistad. Los cónyuges tienen prohibido denunciar penalmente al otro, lo que dificulta el objetivo social de la prevención del delito. Los cónyuges heredan la pensión del otro, incrementando el gasto público. Los cónyuges tienen derecho a la cobertura médica del otro, lo que impacta en los recursos para la salud del resto de la sociedad. Creyendo que está vivando a la libertad, Sturzenegger está en realidad avalando una regulación íntima y rigurosa.

El verdadero enemigo de Sturzenegger, entonces, no puede ser la regulación en sí misma. Está en contra, a lo sumo, de las malas regulaciones, que como él dice son producto de una mezcla de corrupción, intereses creados y propensiones psicológicas impulsivas y poco examinadas. Por dar un ejemplo, parientes cercanos del Procurador del Tesoro y del presidente de la Cámara de Diputados anunciados para el gobierno libertario son titulares de Registros Públicos del Automotor, una caja utilizada desde siempre por la política para retribuir favores a expensas de la tranquilidad y la eficiencia.

Ojalá algún gobierno logre desanudar la maraña regulatoria que aqueja al Estado argentino. Cuando lo intente, sin embargo, no podrá hacerlo a través de consignas absolutas, sino que deberá ir regulación por regulación, haciendo un riguroso examen de costo-beneficio de cada una de ellas y de sus alternativas. Este trabajo, en apariencia gris y desapasionado en una cultura política acostumbrada a gritar que “vamos por todo” aunque ese todo cambie cada diez años, sería lo verdaderamente revolucionario.

SG/JJD

Javier Milei ascendió desde oscuros cenáculos libertarios a la competencia final por la presidencia de la Nación con la determinación de una tragedia griega. Tan inesperados fueron sus éxitos, y tan fugaces sus fracasos, que ni quienes lo apoyan ni quienes lo resistimos hemos podido retratar adecuadamente su estrellato para distinguir en él lo esencial de lo accesorio. Era acaso inexorable que aquí también, entrando en nuestra segunda década de recesión, apareciera un demagogo de derecha. Sin embargo, la Argentina siempre debe exagerar. Si en el mundo hay una ola neoliberal, nosotros privatizamos también la petrolera estatal. Si hay cuarentenas en todos lados, nosotros la estiramos hasta que los bares estén repletos mientras las escuelas siguen cerradas. Si hay que engendrar un populista excéntrico y despeinado, el nuestro no puede ser simplemente un exmilitar malhablado o un empresario engreído, deberá ser un instructor de sexo tántrico que no logra negar en televisión que sigue los consejos que su perro le da desde el Cielo. ¿Era necesario tanto?

El inverosímil elenco de La Libertad Avanza nos regala excentricidades a diario, pero hay una que no debería pasar inadvertida entre terraplanistas y perros clonados. Varios periodistas se han sorprendido con la profusidad de referencias a la pedofilia que han utilizado tanto el propio Milei como sus laderos. En su mundo, el Estado que él mismo busca presidir es un “pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina” y la coparticipación de impuestos es como alguien que no puede dejar de violar a tu hija. Su candidato a alcalde porteño se educó con pornografía y le desea lo mismo a tus hijos. Para el nieto del padre del prócer liberal del espacio, en la educación sexual en las escuelas los “drag queens” le “pasan las partes por la cara” a sus alumnos. 

Algunos (pocos) periodistas comentan estas declaraciones perplejos: semejante obstinación no es normal. Sin embargo, creo que sería un error pensar que estas declaraciones revelan perversiones individuales casualmente amontonadas en un mismo partido. No es casualidad que los movimientos que se agrupan en las derechas extremas se hayan obsesionado con la pedofilia, el “pánico moral” más efectivo que se conoce. La omnipresencia de la pedofilia en estos discursos hace juego con su denuncia de decadencia moral; y si hay pedófilos del otro lado, es porque éstas realmente son las Fuerzas del Cielo. El diario antisemita “Der Stürmer”, en la Alemania de los años ‘30, alertaba sobre los judíos que seducían a jóvenes y niños arios para satisfacer sus deseos sexuales, igual que los partidos anti-inmigración europeos de hoy denuncian los crímenes pedófilos de Mahoma y de sus fieles.

Sigo. En Hungría, el gobierno ultraconservador de Viktor Orbán aprobó una ley “antipedofilia” que tiene como principal blanco al colectivo LGBT. En Brasil, la campaña de Jair Bolsonaro difundió la fake news de que en las guarderías se repartían -disculpen- “mamaderas con forma de pija” (mamadeiras de piroca). En los Estados Unidos de Donald Trump, una teoría conspirativa fantaseaba con una red de pedofilia compuesta por encumbrados políticos demócratas protegidos por Hillary Clinton.

Descartemos de entrada que esta obsesión de la ultraderecha global con la pedofilia responda a una real preocupación por la integridad sexual de los niños. Por una parte, las estadísticas muestran que la mayoría de los abusos sexuales en la infancia se cometen en la intimidad de la familia. Por otra parte, la fantasía “filosófica” del propio Milei de que algún día los padres puedan vender libremente a sus hijos muestra que el tráfico de niños no es precisamente una de sus mayores preocupaciones.

La fantasía “filosófica” del propio Milei de que algún día los padres puedan vender libremente a sus hijos muestra que el tráfico de niños no es precisamente una de sus mayores preocupaciones

Aquí ocurre otra cosa. No descubro nada si digo que, detrás de sus proclamas libertarias, La Libertad Avanza es una típica fuerza reaccionaria, como sus aliadas en Brasil, España, Chile o los Estados Unidos: liberales en lo económico y profundamente conservadoras en lo social. Su agenda busca una restauración del orden familiar tradicional, sin igualdad real entre los géneros, sin espacio para las disidencias sexuales. Por supuesto, la licencia social para decir estas cosas abiertamente cambia de país en país, y nuestro país ha sido particularmente progresista en estas cuestiones. Algunas de estas políticas, como la legalización del aborto, están lo suficientemente frescas como para combatirlas abiertamente. Otras, como el matrimonio igualitario o la educación sexual, parecen haber ganado un mayor consenso social que, sin embargo, estas coaliciones saben no definitivo. Nada nunca es definitivo. 

Llegue o no al gobierno, La Libertad Avanza se profesionalizará. Cuando eso ocurra, ojalá no haya más referencias a las infrecuentes eyaculaciones del líder ni más fotos sugerentes de cubrecamas mojados. Pero mientras no puedan proponer su agenda conservadora de manera más frontal, es de esperar que sigan utilizando irresponsablemente sus ya clásicas referencias a la pedofilia para desprestigiar a los movimientos progresistas o a sus conquistas. La salud de los niños no es más que un atajo para lo que consideran el verdadero problema: la degeneración moral. Este truco retórico es tan viejo y gastado que su genial parodia en Los Simpsons conserva plena actualidad: ¿¡Alguien quiere pensar en los niños!?

La propuesta de Milei es clara. Su ídolo Murray Rothbard sugirió hace mucho que el libertarianismo económico se aliara con el conservadurismo social para abarcar ampliamente la derecha del espectro político. El proyecto de Milei —lo sepa él o no— busca la restauración de las jerarquías tradicionales, incluidas las sexuales. Tal vez sería deseable que lo hicieran más explícito. Y si ellos no van a hacerlo, sería esperable que algunos periodistas bienpensantes que incluso desde la derecha han defendido las causas de la diversidad puedan explicar mejor cuál es el proyecto que, con sobreactuada neutralidad, avalan.

SG/JJD

Al menos desde 2018, el fantasma de la República de Weimar recorre algunas conversaciones en Buenos Aires. El triunfo de Jair Bolsonaro develó que en el mundo actual existe espacio para los neofascismos y que ese espacio se explica, al menos en parte, por el fracaso de los proyectos pluralistas al momento de transformar las condiciones materiales de vida de las personas a las que dicen representar. No importa que la Argentina esté, contra toda intuición, dentro del mundo, o que tienda a imitar con exageraciones groseras lo que pasa en Brasil: hasta el domingo, nuestra intelligentsia pretendió olvidar que la amenaza neofascista está viva en la Argentina.

No vamos a intentar explicar en estas líneas por qué el proyecto político de Javier Milei se emparenta con experimentos neofascistas. Tal vez su hipotético gobierno se descubra como liberal, pero, hasta ahora, la retórica de La Libertad Avanza ha coqueteado con rasgos propios de los fascismos históricos: un anticomunismo grotesco (pese a la inexistencia actual de una amenaza comunista); una heteronomía radical (los imperativos de su proyecto deben rastrearse en nociones trascendentes, como el derecho natural a la propiedad o las leyes inflexibles del mercado); y una naturalización de las jerarquías, en la que los lazos de competencia priman por sobre los de cooperación y se glorifica la violencia hasta el punto de proponer la aniquilación del adversario (“gusano, te voy a aplastar en una silla de ruedas”).

La pregunta sobre cómo enfrentar exitosamente a los fascismos no encuentra respuesta sencilla. Los proyectos fascistas del siglo XX triunfaron en lo político y fueron derrotados recién en lo militar. El triunfo cultural, si vino, llegó después de los tanques T-34. Seguramente reflexionaremos mucho sobre esto en las próximas semanas, pero es lícito temer que la historia no nos haya legado un aprendizaje genuino sobre cómo derrotar al fascismo.

En estas líneas no está la fórmula para la victoria de la política democrática; lo único que hay es una advertencia que debería ser obvia: las herramientas oxidadas del pluralismo aburguesado son contraproducentes para convencer a quienes, con su voto, denuncian desesperadamente su rotundo fracaso. Jamás convenceremos a quienes quieren barajar y dar de nuevo de que no pueden hacerlo porque el mismo sistema al que quieren reemplazar se los impide, de que el statu quo que vienen a desafiar se ha autocoronado como inamovible. En vano invocaremos para ello una ley o una constitución (“¡entonces cambien la constitución!”) o, peor, mandaremos a los votantes a leer fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como si fueran alumnos confundidos.

Hubo varios ejemplos de esta retórica, pero concentrémonos en uno. Recientemente, Milei insistió en que, frente a la hipotética inacción de un Congreso en el que no tendría mayoría, desempolvaría el mecanismo de la consulta popular. Específicamente, anunció que la cuestión del aborto sería sometida a una consulta popular no vinculante.

La respuesta progresista y bienpensante se envolvió de retórica jurídica, articulando la idea de que los derechos no se plebiscitan. Se trata de una pésima idea. Falsa en lo jurídico y, más importante, errada en lo político.

La Constitución Nacional prevé la consulta popular y su texto no impide la convocatoria para conocer la posición de la ciudadanía en asuntos penales. Si la proposición según la cual “los derechos no se plebiscitan” pretende significar que la Constitución prohíbe la consulta popular en estos casos, entonces, estamos ante una proposición falsa.

En cambio, si “los derechos no se plebiscitan” busca expresar que los derechos están y deben estar sustraídos del debate democrático, entonces la proposición -además de falsa- es inaceptable. Los derechos son regulados por el Congreso a través de las leyes. Así lo prevé la Constitución y así se hizo, por ejemplo, con la interrupción voluntaria del embarazo.

Los derechos y sus alcances, lejos de estar sustraídos del debate democrático, son y deben ser establecidos a partir de dicho debate. Desde una posición genuinamente democrática no puede aceptarse que los derechos sean definidos por élites cuya autoridad está divorciada de la autoridad del pueblo. Como dicen Robert Post y Reva Siegel, los asuntos morales complejos, que dividen sociedades enteras en el mundo, no desaparecen con un truquito metodológico pergeñado en un tribunal o en un seminario.

Separar el derecho de la plebe es un gesto típicamente patricio. No sorprende que quienes lo intentan sean impugnados con el estigma de “la casta”. Lo que sorprende es que no vean la naturaleza antidemocrática de su estrategia retórica. Frente a la amenaza de que una amplia franja de la población pretenda decidir sobre un asunto que les importa, se les dice, por las dudas y anticipadamente, que ya no pueden, que ese asunto ya lo decidimos antes de que ellos llegaran. Hay cosas que quedan así, aunque formen un partido y ganen las elecciones. 

La provocación plebiscitaria debería ser respondida con bastante menos discurso jurídico y bastante más discurso político. Si nos invitan a las elecciones, si nos invitan a una consulta, lejos de pedir por favor que guarden las urnas, deberíamos pedir que las saquen de paseo. Deberíamos entusiasmarnos con que, tras un debate democrático profundo, podremos ratificar voto a voto lo que llamamos derecho. Llegado el caso, tal vez, podamos impugnar al plebiscito por estar diseñado de un modo sesgado o ser llevado a cabo de un modo violento. Pero este boicot será, de nuevo, una estrategia política, y de ningún modo implicará que quienes pretenden decidir asuntos importantes lo hacen por mera ignorancia de la jurisprudencia internacional.

Tal vez deberíamos confiar más en nuestro pueblo, especialmente cuando está movilizado por un ímpetu anti oligárquico. También podríamos pedirle al futuro gobierno, ya que estamos, que sondee la opinión de la ciudadanía sobre la educación pública, el rol del estado o el sistema tributario. Claro, es tentador ampararse detrás de lo ya conseguido en momentos en los que éramos nosotros quienes teníamos acceso a la maquinaria del estado. Pero, entonces, no deberíamos reírnos cuando nos llamen “casta”.

SG/JN/DTC

¿Podemos prohibir el odio? ¿Queremos prohibir el odio? La vocera presidencial aclaró que no está en agenda del gobierno impulsar ningún proyecto de ley al respecto, pero la idea reapareció con fuerza en los últimos días a raíz del atentado sufrido por la vicepresidenta. El año pasado, el actual canciller publicó un artículo en el que caracterizaba a los discursos de odio como aquellos que “estigmatizan a un grupo” (aunque incluyó dentro de la categoría, por algún motivo, a quienes dudaban de algunas marcas de vacunas o a quienes criticaban el tono de un discurso del presidente). La titular del INADI brindó ahora más precisiones: el discurso de odio, dijo, está claramente definido por la “Convención Internacional de Derechos Humanos [una convención que no existe, por cierto] y tiene que ver con aquellos discursos que buscan generar una acción… y siempre es contra alguno de los grupos históricamente vulnerados, los sectores sociales más empobrecidos, las mujeres, las personas que han sido esclavizadas, contra los sectores que representan a aquellos sectores”. En la Argentina, la prohibición del discurso de odio, aclaró, estaría destinada contra quienes quieren “aniquilar al peronismo”.

Como suele ocurrir, siempre hay algo de cierto. Parecería que hay algo mal en desearle la muerte a los opositores o a los gobernantes, agraviar a quienes piensan distinto o insultar a los pobres. También es cierto que la Convención Americana de Derechos Humanos obliga a los países a prohibir “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia”. En la Argentina, una ley de 1988 y redactada por el entonces senador Fernando de la Rúa, prohíbe la incitación “a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”. ¿Qué estamos discutiendo entonces? ¿Qué se busca prevenir que no esté prohibido ya?

Puede ser que lo que se busque combatir sea la desinformación. Las dudas sobre el funcionamiento de las vacunas contra el Covid-19, por decir algo, podrán en algún caso traslucir alguna actitud anticientífica o incluso constituir mentiras lisas y llanas, pero ¿puede decirse que “inciten a la persecución o el odio”? La información falsa, y la facilidad con la que puede propagarse en nuestra época hiperconectada, es un problema serio para el debate político. La existencia de “hechos alternativos” en el discurso público es un problema serio, al que aún no le hemos encontrado una respuesta adecuada. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa: es cierto que muchas veces los discursos de odio están plagados de mentiras, pero no todas las mentiras se dirigen a crear odio.

Probemos otra explicación. Tal vez lo que se busque sea, al igual que la ley ya existente, prevenir la incitación a la persecución o el odio, pero se tenga una noción distinta acerca del curso causal que lleva a ciertas palabras a producir ciertos resultados. Tal vez simplemente usar lenguaje divisivo lleve, en definitiva, a la violencia. El propio presidente denunció que la frase “ellos o nosotros”, escrita por un diputado opositor, incita al odio político. ¿Pero cómo tendremos un debate público sin permitir disyuntivas claras? “Braden o Perón”, fue el eslógan que inauguró la historia electoral del peronismo. El kirchnerismo también estuvo repleto de instancias de “ellos” y “nosotros” (no vale la pena enumerarlas, pero quien quiera puede buscarlas). La división en grupos simplifica, tal vez de más, pero al momento de llamar al voto tal vez sea pedir demasiado que los eslóganes reflejen la complejidad del mundo como si fueran un tratado.

Sigamos esforzándonos. Tal vez haya expresiones tan denigratorias que deban ser directamente prohibidas, por más que su vínculo causal con conductas violentas no puedan ser probadas en cada caso puntual. Por ejemplo, el filósofo David Livingston Smith sugiere que los genocidios comienzan con el discurso que deshumaniza a ciertos grupos (por ejemplo, hablando de ellos como “ratas”, como en el genocidio nazi, o “cucarachas”, como en el genocidio de Ruanda). Un episodio de Black Mirror retrata muy bien el fenómeno: al tratar retóricamente a una persona como un ser subhumano, nos dice Smith, nuestro cerebro elimina ciertos frenos inhibitorios y se permite la crueldad. ¿Tal vez entonces llamar “yegua” a una dirigente política esté, sí, fuera de la legalidad? Quizás; pero entonces deberemos decidir qué hacer con nuestros simpáticos “gorilas” y “gatos”. Parecería, sin embargo, que nos pasa como en Rebelión en la granja, donde todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. 

Un último intento, basta de elucubraciones: debemos detenernos frente a la crudeza de la muerte. No hay resquicio retórico que avale, digamos, desearle la muerte a un rival político. Y sin embargo, tampoco es tan fácil. A veces, incluso la metáfora de la muerte forma parte de nuestro repertorio: hasta en Gran Hermano se hablaba con soltura de la “fulminante”, término dramático que se refería solamente a someter a alguien a una votación para echarlo de un programa de televisión. Escuchamos recurrentemente que tal o cual es un “cadáver político”. Otras veces, la muerte irrumpe con mayor violencia, y sin embargo tal vez sea necesaria: ¿transmitiría el movimiento feminista sus consigas con la misma fortaleza si no pudiera usar eslóganes como “muerte al macho”?

Finalmente, y a riesgo de ser desagradable, a veces incluso jugar con la muerte de los dirigentes puede ser un acto de resistencia, o de resignación. El recientemente fallecido Tomás Várnagy compiló un libro con chistes populares de los países del bloque socialista, mostrando cómo se utilizaban como modo de mostrar complicidad en la resistencia contra la opresión. En uno de ellos, una anciana va todos los días al kiosko de diarios, mira la portada de uno de ellos y se va. Intrigado, el encargado le pregunta por qué. “Estoy buscando un obituario”. El encargado se ríe: “con razón no lo encuentra, los obituarios están en la última página”. Sin inmutarse, la anciana responde “el que estoy buscando yo va a estar en la primera”. 

Este chiste, naturalmente, estaba prohibido.

SG

Son casi las diez de la noche del domingo del primer fin de semana tranquilo en meses, que parecen décadas, cuando empieza a circular un twit de Cristina Fernández de Kirchner: “he instruido a mi abogado para que recuse a los jugadores de fútbol”. Los jugadores de fútbol son Diego Luciani y Rodrigo Giménez Uriburu, el fiscal y uno de los tres jueces que intervienen en la causa en la que la vicepresidenta está más cerca de una condena que, dijo, ya está escrita. De acuerdo con información que se conoció el fin de semana, ambos jugarían en un mismo equipo de fútbol, junto con otros judiciales y personajes de la política.

El daño de esta foto es difícil de calcular. La legitimidad del Poder Judicial, que ya repta en el fondo de las encuestas de opinión pública, sufre un nuevo golpe. Si la vicepresidenta fuera condenada, ya no importarán las pruebas ni las leyes: para una buena parte de la población, habrá sido condenada por dos amigotes que se pusieron de acuerdo en un entretiempo. Y todo esto pasa independientemente de quién tiene razón.

Los políticos de todos los partidos saben que esta situación es insostenible. Y a grandes problemas, grandes soluciones. Se barajan  reformas faraónicas: cambiar el sistema procesal, fusionar fueros y crear más juzgados, cambiar los mecanismos de selección y remoción de jueces y fiscales, ¡ampliar la Corte Suprema a veinticinco miembros! Algunas de estas ideas tienen más sentido que otras, pero todas comparten destino. Una tras otra, naufragan por falta de los consensos políticos necesarios para los grandes cambios.

Quizás, la llave esté en cambiar de enfoque y en reparar en que con poco se puede hacer mucho, en que ciertas cosas aparentemente menores pueden tener efectos muy profundos. Y ya que hablamos de llaves, hablemos de edificios. Porque una explicación muy plausible de por qué se tejen vínculos entre los diferentes actores de los procesos judiciales es, simplemente, porque pasan casi todos los días de su vida en el mismo lugar. El edificio de la avenida Comodoro Py 2002 concentra a todos los juzgados y todas las fiscalías federales de la Ciudad de Buenos Aires, de todas las instancias. La fraternidad deportiva de Luciani y Giménez Uriburu no debería sorprender: fiscales, jueces, defensores oficiales y abogados particulares recorren los mismos pasillos día tras día, pasan por el mismo y único café del edificio, compran en el mismo quiosco. 

Podemos enojarnos con Luciani y Giménez Uriburu, recusarlos si es que se prueba que eran amigos, destituirlos si es que se prueba que cometieron un delito, pero en este contexto lo raro no sería que sean amigos, sino que no lo fueran. Muchos de los jueces y fiscales federales hicieron toda su carrera en ese edificio: desde que entraron como administrativos hasta llegar a ser funcionarios. Son décadas de cruzarse, compartir comidas, gente en común, celebraciones de fin de año. La mayoría de nuestros amigos son las personas que nos cruzamos en los ámbitos que habituamos: compañeros de trabajo, de facultad, de colegio. De hecho, hasta la aparición de las apps de citas, los lugares de trabajo eran el principal lugar en el que se formaban parejas (y tampoco es infrecuente que los que trajinan Py se casen entre ellos).

Cuando haya bajado la espuma de este caso (sin dudas importantísimo) tendremos que pensar qué vamos a hacer para separar, en los hechos, a los jueces de los fiscales. El profesor Martín Böhmer insiste hace años, con razón, en que un buen comienzo sería regular su participación en actividades académicas (prohibiéndoles dar clases, o, si esto es demasiado, al menos impidiendo, por ejemplo, que un fiscal sea titular de cátedra de un adjunto que es juez y ante el que en algún momento tendrá que alegar). 

Aquí proponemos, para arrancar, algo más simple: ¿y si nos deshacemos de Comodoro Py? No el concepto “Comodoro Py”, no la famosa corporación judicial: el edificio. Usémoslo para otra cosa (digamos, el hospital de niños que se iba a hacer en el Sheraton que está a unas cuadras). Y que los jueces vayan a su edificio, los camaristas a otro, los fiscales a otro, los defensores a otro. Que tengan culturas de oficina diferentes, chusmeen sobre cosas distintas, no se lleven un tupper para almorzar juntos. 

Hace algunos años, la concentración de la justicia federal en Comodoro Py podía llegar a justificarse en facilitar que los abogados particulares puedan ir a ver todos sus casos en un solo viaje y en agilizar la interacción formal entre las distintas partes e instancias de un proceso. Hoy el expediente es electrónico; la enorme mayoría de las presentaciones se puede realizar desde una computadora con internet. Si abogados que cobran cientos de dólares la hora siguen yendo a Comodoro Py no es para llevar un escrito, sino para cruzarse con jueces y fiscales con los que hacer buenas migas que luego serán su principal activo.

Esta propuesta ni siquiera implicaría un gran costo: la cantidad de recursos podría no variar, sino simplemente habría que reubicar a los funcionarios en los distintos edificios que ya existen. Una incomodidad tal vez, y tal vez una que importune temporariamente a quienes ya han construido su vida alrededor del mítico edificio. Pero en el largo plazo nos beneficia a todos. A nosotros, porque tendremos una Justicia así sea un poquito más imparcial. Y a jueces y fiscales porque les permitirá ir a jugar al fútbol tranquilos con sus compañeros de trabajo.

MA/SG

Pasan los minutos, el gol no llega y hace rato que River está sin ideas. Todo parece perdido cuando Barco se va por la derecha, engancha, tira el centro y Suárez mete el cabezazo salvador. La serie está uno a uno y el Monumental se viene abajo. Pero la euforia entra en un impasse: el árbitro frena el saque del medio y va a ver el VAR; son casi diez minutos de zozobra, nadie sabe qué mira el juez. No pareció offside y no hubo ninguna falta previa. Sin embargo, Tobar anula el gol. La agonía del partido está atravesada por un sentimiento de injusticia. En la salida de la cancha la gente mira fotos y videos. Las imágenes son increíblemente confusas: desde un ángulo parece mano, desde otro no. La discusión sigue en los medios y es el tema de los próximos días. Algunos no vemos la mano, otros sí.

Es casi una obviedad que cada uno interpreta los hechos del mundo de acuerdo con su conveniencia o, más precisamente, su identidad. En un fenómeno que los psicólogos llaman “razonamiento motivado”, nos inclinaremos a aquella interpretación de los hechos que mejor se ajuste a nuestras creencias y sentimientos previos. Pero hace falta irse a la psicología experimental moderna: nuestra propia sabiduría criolla nos da varios ejemplos de esta tendencia, como cuando nos recuerda que “el ojo del amo engorda el ganado”.

Uno de los experimentos más conocidos sobre este fenómeno involucra, precisamente, un evento deportivo. En 1951, se enfrentaron, como tantas veces, los equipos de fútbol americano de las universidades rivales Princeton y Dartmouth. Era un partido particularmente importante: era el último de la temporada, y Princeton deseaba mantener su invicto y la reputación de su mejor jugador, que acababa de aparecer en la tapa de la revista Time. El encuentro estuvo tan cargado de emoción como de faltas: uno de los jugadores de Princeton (el que había salido en la revista Time) tuvo que retirarse con la nariz rota, uno de los de Dartmouth, con una pierna rota. Princeton fue sancionado 25 veces, Dartmouth, 70. Finalmente, Princeton ganó.

Un equipo de psicólogos, sin embargo, observó algo curioso: las versiones de los diarios de ambas universidades diferían. Para el periódico estudiantil de Princeton, Dartmouth comenzó a jugar sucio, desesperado por estar perdiendo. Para el de Dartmouth, los jugadores de Princeton comenzaron a jugar sucio en venganza por lo que le pasó a su jugador estrella. Estos psicólogos, entonces, aprovecharon la oportunidad para hacer un experimento. Reclutaron a estudiantes de ambas universidades y les mostraron los mismos fragmentos del partido, preguntándoles luego qué faltas veían (no sólo qué opinaban, o qué querían: les pedían que contaran las faltas que veían). El resultado, a esta altura, es previsible: los de Princeton veían las faltas de Dartmouth, los de Dartmouth veían las de Princeton. Sencillamente, vivían en mundos diferentes.

Hace unos años, otro equipo de investigadores replicó este estudio en un contexto más cercano al nuestro. Tomaron el video de una protesta y se la mostraron a grupos conservadores y progresistas en los Estados Unidos. A algunos, les decían que se trataba de una protesta de grupos pro-vida contra una clínica que practicaba abortos; a otros, les decían que se trataba de una protesta de grupos progresistas contra un centro de reclutamiento del ejército por su política contra los grupos LGBT.

Nuevamente, ocurrió lo que uno esperaría. Los progresistas percibían que la protesta progresista había sido pacífica y legítima, que nadie había sido amenazado ni violentado, que no había habido disturbios ni daños a la propiedad. Por supuesto, cuando veían la protesta conservadora, inmediatamente la percibían como violenta, amenazadora y destructiva. Exactamente lo inverso ocurría con los espectadores conservadores. Y no se trata solo de opiniones. Por ejemplo, una de las preguntas era si uno de los participantes de la protesta había escupido a un transeúnte, lo que no se veía muy claro en el video. Obviamente, el enemigo escupía, el enemigo solo estaba gritando. De nuevo: todos estaban viendo exactamente el mismo video.

Los hinchas de Dartmouth nunca se pondrán de acuerdo con los de Princeton, los conservadores seguirán viendo algo distinto que los progresistas y nunca consensuaremos si fue o no mano. Los hinchas de River recordaremos que nos anularon un gol válido; los velezanos sostendrán que la tecnología los salvó de árbitros que siempre favorecen a los equipos grandes. Pero el sentimiento de injusticia que atraviesa Núñez tiene un motivo adicional. En el último minuto del partido, un defensor de Vélez pareció pegarle un codazo a un delantero de River. El banco millonario y la cancha entera le pidieron a Tobar que también ahí fuese al VAR, pero no fue. Nadie entendía por qué el árbitro revisó la primera jugada, ni por qué no revisó la segunda. A la percepción de que se tomó una decisión objetivamente equivocada se sumó la sensación de que el proceso de decisión fue arbitrario. 

En la medida que nuestras identidades condicionen nuestras perspectivas seguiremos habitando nuestros propios mundos. Sin embargo, las decisiones deben tomarse y deben ser las mismas para todos: la mano se cobra o no se cobra, el acusado cometió o no cometió el homicidio. El derecho deberá darnos una respuesta: no podrá hacer que todos veamos lo mismo, pero sí puede ayudar a que percibamos que la decisión a la que se llegue se tomó de la forma lo más neutral y justa posible. Esto excede el fútbol. Sin ir más lejos, en un presente en el que algunos ven procesos judiciales donde otros ven persecuciones políticas y en el que algunos ven mártires en quienes otros ven delincuentes, que las respuestas jurídicas tengan lugar en procesos transparentes puede ser un primer paso para que nuestros razonamientos motivados encuentren hechos en los que anclarse para, al menos por un ratito, al menos estar hablando de lo mismo. Aunque veamos todo distinto, podemos estar de acuerdo en una cosa: no querer que nuestro futuro lo decida Tobar.

MA/SG

Éramos pocos y parió la abuela: como si faltaran temas de los que ocuparse, esta semana comenzó a debatirse en el Congreso la ampliación de la Corte Suprema. En el undécimo aniversario de la recesión argentina, tal vez pueda parecer una discusión sin sentido. Sin embargo, no deberíamos apresurarnos en ridiculizarla. Según una reciente encuesta de la Universidad de San Andrés, el Poder Judicial argentino se encuentra en el subsuelo de la legitimidad social. Más despacio: los jueces argentinos (es decir, aquellos encargados de solucionar nuestras disputas de modo pacífico y consistente) son los actores de la vida pública con la peor imagen pública del país, por debajo de periodistas, políticos y sindicalistas. La Corte, sin ir más lejos, pasó en tres años de ser duramente acusada de peronista por el macrismo a ser duramente acusada de macrista por el peronismo. Ok: tenemos un problema serio del que ocuparnos. Pero, ¿ampliar la Corte apunta a resolverlo? Veamos, entonces, qué problemas y qué soluciones identifican quienes proponen la ampliación.

Una primera y constante obsesión es la de los miles de causas que debe resolver la Corte anualmente, ya que revisa sentencias de todos los tribunales del país. Con ese flujo de trabajo, se nos dice, nuestra Corte no tiene más remedio que tomarse largos años para decidir y, por si fuera poco, no puede concentrarse en el centenar de casos que son realmente importantes. Ampliar la Corte, continúan, permitiría dividirla en “salas” especializadas que puedan repartirse el trabajo.

Es interesante detenerse en lo que este argumento deja de lado. Primero, como alerta uno de los proyectos en danza, más de la mitad de las 28 mil causas por año que llegan a la Corte son recursos en causas previsionales. Son causas en las cuales la justicia le reconoce a un jubilado lo que le correspondía y el Estado no le pagó. La ANSeS apela estos fallos para postergar su pago hasta llegar a la Corte, que los resuelve de a cientos. Pensemos en explicarle esto a un marciano: ¿cómo resolvemos el problema de la población pasiva en la Argentina? ¡Muy simple! Tenemos una oficina (el Congreso) que fija un monto para los jubilados, otra (la ANSeS) que les paga cualquier otro monto, y un montón de otras oficinas (los jueces de todo el país) ante la cual reclamar cuando la segunda oficina no obedece a la primera. El marciano lo pensaría un rato y nos diría que si la ANSeS dejara de apelar los juicios contra los jubilados, se despejaría la mitad del trabajo de la Corte (o propondría tal vez que el Estado pague lo que corresponde desde el principio, pero claro, es marciano, no tarado).

Más de la mitad de las 28 mil causas por año que llegan a la Corte son recursos en causas previsionales. Son causas en las cuales la justicia le reconoce a un jubilado lo que le correspondía y el Estado no le pagó

Es verdad, nos dirán, pero todavía nos quedan unas 13 mil causas, suficientes para distraer a los cortesanos de las cosas relevantes y para privar a la gente de una respuesta de calidad. Lo primero no parece verificarse en la realidad. Como dijo un ex juez de la Corte al exponer en el Senado, las causas que tratan sobre temas mundanos son proyectadas por la burocracia de la Corte y firmadas por los jueces sin leerlas, con la sola pregunta “¿hoy estamos sacando algo importante?”. En cuanto a lo segundo, se critica que la enorme mayoría de las causas son rechazadas en dos líneas, en las que la Corte dice “esto no es tema nuestro”, sin más fundamentación. Pero tampoco está claro que haya aquí un problema genuino: antes de la intervención de la Corte hubo dos o tres instancias previas, en las que las partes recibieron una explicación de por qué ganaron o perdieron. No existe, contra lo que parecen creer algunos, un derecho a que a nuestra causa la resuelva la Corte Suprema.

Otras voces eligieron no alzarse contra el flujo de causas, sino contra la estructura que debería tener la Corte para cumplir mejor su rol: no es lo suficientemente representativa, o no es lo suficientemente federal. Estos argumentos también causan alguna perplejidad. 

¿Qué significa que no sea lo suficientemente federal? Aparentemente, a pesar de que los jueces de la Corte son aprobados por dos tercios del muy federal Senado, debería haber en ella menos porteños y más provincianos (como quienes escriben esta nota). Sin embargo, este argumento es contradictorio con el de la cantidad de causas. Hoy, el noventa y tantos por ciento de las causas que llegan desde los tribunales provinciales son rechazadas sin más trámite. Es decir: la Corte permite que sean las provincias las que, a través de sus respectivos jueces, decidan sus cuestiones internas. Preparar a la Corte para resolver más causas es, entonces, armarla para revisar más sentencias provinciales. En nombre del federalismo, lo que se propicia es una constante intervención en los poderes judiciales desde el Estado federal y en Buenos Aires (eso sí, mientras escuchamos al Chaqueño Palavecino).

¿Qué significa que no sea lo suficientemente representativa? “¡La Argentina tiene 45 millones de habitantes!”, nos dicen, “¡un país tan rico, vasto y diverso no puede ser representado por sólo cinco jueces!” Entonces, nos proponen nueve. Es decir, en vez de un juez cada 9 millones de habitantes, uno cada 5 millones. Ahora sí quedaría representada la magnífica diversidad de la Argentina. Una vez, hablando de la Conmebol, Daniel Osvaldo se quejó amargamente: “cinco gordos de traje en un escritorio se robaron la ilusión de mi sobrino”. No sabemos si se hubiera contentado con nueve. Nosotros no: ya tenemos una institución pública en la Argentina que representa, con imperfecciones pero con ahínco, la diversidad de nuestro país. Se llama Congreso Nacional.

Y aquí deseábamos llegar. Los sucesivos oficialismos han criticado, una y otra vez, el rol de la Justicia en el diseño de políticas públicas. Y puede que tengan razón: ya hemos hablado en esta columna sobre la excesiva judicialización de los temas públicos. El problema no es que la Corte no sea representativa, sino que asuma un rol que debería ser de los representantes. El problema no es que no sea federal, sino que asuma un rol que debería ser de las provincias. Si el diagnóstico es que la Corte tiene mucho poder, la solución pasaría por devolver el poder a los lugares de los que no debería haber salido: mejorar nuestros procesos legislativos, mejorar los poderes judiciales provinciales. 

Pero la tentación es más fuerte: ¿ya que tiene tanto poder, qué pasaría si lo usara para hacer el bien? Resolvemos los temas rápido y con la última palabra. Y detrás de las propuestas parece subyacer esta idea: con mayoría de gobernaciones peronistas y la mitad de ambas Cámaras, una Corte federal y representativa le convendría al oficialismo.

Spoiler alert: no le convendría al oficialismo ni a nadie. Este plan, aun ejecutado con buenas intenciones, adolece de dos errores fatales. El primero, es que el poder de la Corte depende de su legitimidad pública. Si la ciudadanía percibe que el tribunal es una dependencia partidaria, habrá dejado de ser un tribunal. Gran parte de la mala imagen actual de la Corte tiene que ver justamente con la percepción de que hace política. Si el objetivo no es evitar esto, sino hacer otra política, será robarse el caballo ganador… cortándolo en pedacitos. 

Si con esto no convencemos a los escépticos, tenemos otro. Los jueces, una vez nombrados, ya no son del gobierno, sino del derecho (o de lo que ellos dicen que es el derecho). Nada nos garantiza que en tres o siete o diez años seguirán pensando igual, o que nosotros lo seguiremos haciendo. La historia de los Estados Unidos está llena de presidentes que declararon que sus elegidos para la Corte Suprema fueron los peores errores de sus gobiernos. La argentina también. Tal vez podamos, por una vez, aprender de la experiencia.

MA/SG

Los episodios IV, V y VI de La guerra de las galaxias nos muestran a un Darth Vader temible e impiadoso. Los episodios I, II y III, estrenados décadas después, nos muestran cómo un inocente e idealista Anakin Skywalker degeneró en semejante villano. En esta nota nos proponemos algo similar. Los diarios de estos días nos muestran una batalla descarnada por el control del Consejo de la Magistratura que involucra a todos los poderes del Estado. No nos muestra, en cambio, cómo un intento de profesionalizar y despolitizar al Poder Judicial nos trajo a semejante bochorno. 

Empecemos por los noventa. En el primer lustro de su mandato, Carlos Menem había convertido al Poder Judicial en uno de sus feudos. En ese entonces, los jueces se nombraban a dedo presidencial, validado por una mayoría simple del Senado que el menemismo alcanzaba fácilmente. Así, la ampliación de la Corte y la duplicación del número de jueces federales de instrucción porteños le permitieron al gobierno tener una mayoría automática en asuntos constitucionales e impunidad garantizada en causas penales. La presidencia de la Corte en manos de un ex comisario socio del hermano del presidente y los jueces de la servilleta en Comodoro Py son algunas de las marcas de la época.

En este contexto, uno de los temas que el radicalismo puso sobre la mesa en el Pacto de Olivos y que fue incorporado por la reforma constitucional de 1994 fue la creación del Consejo de la Magistratura, un organismo encargado de otorgar transparencia y de instaurar el mérito como un factor en el nombramiento y la sanción de los jueces. Previsiblemente, cómodo con los nombramientos sin control, el menemismo trabó la aprobación de la ley que definía la integración del Consejo. 

Pero esto tenía un problema: la cláusula transitoria 13ª de la Constitución establecía que un año después de la reforma todos los jueces deberían ser nombrados a través del Consejo. Frente a esto, Menem amenazó con que, si el radicalismo no aprobaba el proyecto que él quería, con clara mayoría oficialista, comenzaría a nombrar jueces por decreto (el famoso mecanismo que luego intentó, frustradamente, Mauricio Macri). La situación recién se destrabó tras la derrota del justicialismo en las elecciones legislativas de 1997: con la certeza de que ya no sería presidente en 1999, la idea de legar a su sucesor una justicia independiente ya no desagradó al riojano.

La ley de 1997, que creó un Consejo de 20 miembros encabezado por el presidente de la Corte Suprema, gozó de cierto consenso mientras ninguna fuerza política tuvo un predominio claro. Recién luego de las elecciones legislativas de 2005, en las que el kirchnerismo selló la hegemonía política que marcaría la siguiente década, comenzó el primer intento de modificación del organismo. La entonces senadora Cristina Kirchner impulsó la ley que estuvo vigente hasta la semana pasada. Con el pretexto de agilizar a un organismo torpe y “elefantiásico”, redujo de 20 a 13 la cantidad de miembros del Consejo, de los cuales 7 serían políticos y 5 serían oficialistas. Dado que las decisiones importantes del Consejo se toman por dos tercios de los votos, y 5 es más que un tercio de 13, el oficialismo (cualquier oficialismo) gozaría de un poder de bloqueo sobre cualquier nombramiento o acusación incómodo. 

Luego de las elecciones legislativas de 2009 (alica-alicate, Pino Solanas, el Lole senador), la (también hoy) oposición conformó el llamado “Grupo A” en la Cámara de Diputados y dio media sanción a una reforma a la ley del Consejo. Esta media sanción, obtenida tras una ardua negociación que abarcó desde el Pro hasta Proyecto Sur, volvía a una integración de 19 miembros y reincorporaba a un miembro de la Corte Suprema, aunque no necesariamente en la presidencia. No pudo ser: el Senado se quedó sin quórum al momento de votarla. En ocasiones, la oposición en el Senado había tenido mayoría (por ejemplo, para normalizar el INDEC, o para aprobar el 82% móvil). Pero las malas lenguas dicen que, en ese momento, ni a radicales ni a peronistas les convenía un Consejo de la Magistratura independiente.

Así llegamos a 2013, tras el rutilante 54% de 2011. En la época que para decir que algo era bueno había que “democratizarlo”, se avanzó con un paquete de leyes llamado “democratización de la Justicia”. Su punto central: los miembros del Consejo serían electos por elección popular, conjuntamente con las elecciones presidenciales. Mucho se ha escrito sobre esto, pero permítannos una observación puntual: las normas electorales de la reforma exigían a las listas de candidatos al Consejo tener la misma denominación en al menos 18 de los 24 distritos para poder adherir su boleta a la boleta presidencial y beneficiarse del arrastre. No casualmente, sólo una alianza cumplía con tal condición en la época: el Frente para la Victoria. Esta reforma fue inmediatamente declarada inconstitucional por la Corte Suprema y jamás entró en vigencia.

Seguimos avanzando. En Noviembre de 2015, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal fue más atrás en el tiempo y declaró inconstitucional la ley de 2006 (este fue el fallo que la Corte confirmó en diciembre del año pasado). El gobierno de Macri podría haber simplemente consentido el fallo y adelantado la historia seis años (después de todo, todos los partidos de Cambiemos habían afirmado que la ley de 2006 era inconstitucional). 

Eligió no hacerlo. Nada nuevo: lo que es inconstitucional en la oposición es conveniente cuando se está en el poder. De hecho, en 2016 el oficialismo aprovechó una ambigüedad de la ley para reemplazar a un miembro del Consejo por el kirchnerismo por uno del Pro. Poco tiempo después, el gobierno también se aprovecharía de un conveniente fallo que exigía a los miembros del Consejo tener título de abogado (requisito que no estaba en la ley) para dejar al Consejo sin un miembro durante unas horas y así destituir a un juez poco amigable (y muy cuestionable). En 2018, los bloques del peronismo opositor hicieron algo similar, y se burlaron del oficialismo por haber “caído en su propia trampa”, como si el respeto a las instituciones fuera un juego infantil.

Después de todo este derrotero, llegamos al fallo de 2021, en el que después de una causa judicial de quince años sin ninguna complejidad que justificara semejante retraso la Corte Suprema declara inconstitucional la ley de 2006 y ordena volver a la de 1997, en la que es la propia Corte la que preside el organismo. En esta encrucijada, el Gobierno se resiste desde la presidencia de las cámaras y desde sospechosas medidas cautelares desde Paraná. El oficialismo se rasga las vestiduras y denuncia un golpe institucional. La oposición, en cambio, se rasga las vestiduras y denuncia un golpe institucional. 

Esto no es una película, acá no hay buenos ni malos: cada uno está defendiendo la ley con la que siente que hoy tiene mayoría. La épica de las instituciones es una muy peculiar: toda su gracia es restringir nuestras conductas y no hacerlas depender de quién tiene la mayoría en un momento determinado. Tal vez la comedia de enredoss de las últimas semanas nos lo enseñe para siempre. Después de todo, la primera película de La guerra de las galaxias anuncia Una nueva esperanza (pero también, ay, es una película de ciencia ficción).

MA/SG

Si todo sale como se prevé, mientras esta nota se publica el Senado se alista para debatir una enésima reforma a la ley del Consejo de la Magistratura. Como las anteriores (1997, 2006, 2013), la discusión política no escatima en acusaciones cruzadas: ustedes quieren capturar la Justicia, ustedes apoyan a la golpista corporación judicial. A diferencia de las reformas anteriores, esta vez hay un límite temporal: el diciembre, la Corte Suprema decidió que si el Congreso no reforma la ley antes del 15 de abril se volverá a la integración original de 1997 o se paralizará el organismo. El motivo del fallo es que la Corte consideró que la integración actual del Consejo, vigente desde 2006, es excesivamente política. 

Si usted es una persona razonable, probablemente no haya entendido nada, o no entienda por qué algo de todo esto debería importarle. Una rápida búsqueda de tendencias en Google sugiere que la cuestión del Consejo va en camino de aburrir a las pocas personas que todavía le prestábamos atención. Alguien podría pensar que es más pasto para la ola antipolítica: en medio de una pandemia, una guerra, inflación que ya se mide mensualmente y la pobreza que se vuelve noticia por haber descendido del 40%, la casta política se pone a discutir sobre rosca judicial. Haría mal. Se está discutiendo algo de extrema relevancia. El Consejo de la Magistratura es, tal vez, la institución de la república con mayor distancia entre su importancia real y su conocimiento público.

El Consejo fue creado por la reforma constitucional de 1994, arrancado por la oposición al menemismo para contrarrestar las manipulaciones sobre el Poder Judicial de su primer mandato (que incluyeron la ampliación de la Corte y de Comodoro Py, para nombrar jueces afines y famosamente poco aptos para sus cargos). Así, la nueva constitución instituyó un Consejo de la Magistratura que tendría como funciones realizar concursos públicos de oposición y antecedentes para los aspirantes a jueces (antes nombrados por dedo presidencial), ejercer la facultad disciplinaria sobre ellos (antes a cargo de la Corte) y, si su inconducta era mayor, formular una acusación para que un novel Jurado de Enjuiciamiento los destituya (en lugar del tradicional juicio político ante el Senado, que rara vez ocurría).

Era un mueble para armar, y para colmo sin manual de instrucciones: la reforma aclaró que el Consejo se integraría con “equilibrio” entre representantes de los órganos políticos electos, los abogados, los jueces y personas del ámbito académico, pero no indicó su composición exacta ni su modo de elección. Lo típico: todos podemos estar de acuerdo en que alguien tendría que hacer las cosas mejor, más difícil es acordar quién es ese alguien. Previsiblemente, ocurrió lo que ocurre en estas circunstancias. En cada oportunidad que un presidente conseguía una mayoría, se aprestó a reformar el Consejo. Lo hicieron Menem, Kirchner y Fernández de Kirchner, lo intentó Macri y ahora lo intenta Fernández (que había anunciado su reforma aun antes del fallo que ahora lo obliga).

¿Qué se juega aquí realmente? Alrededor del mundo, la ciencia política nos enseña que los consejos de la magistratura deben negociar permanentemente dos valores importantes y en tensión: la independencia de los jueces pero también su responsabilidad ante la ciudadanía. Sólo con jueces independientes podemos planificar nuestra vida y nuestros negocios con seguridad jurídica. Pero también los jueces deben ser controlados: jueces demasiado independientes pueden convertirse en una corporación sin límites ni control. El Consejo protege a los jueces para que hagan su trabajo con tranquilidad, pero, ocasionalmente, debe recordarles “hasta acá”. ¿Se ha ocupado el Consejo argentino de negociar estos dos valores? Veamos.

¿Ha servido el Consejo para nombrar jueces más independientes? Más o menos. Es plausible que el sistema de concursos haya ahuyentado a los peores candidatos, que al menos se inhiben ante la publicidad y el desgaste de la luz pública previa al nombramiento. Más allá de este módico beneficio, los concursos en el Consejo han enfrentado los peores escándalos: exámenes filtrados a los concursantes, jueces nombrados sin alcanzar el puntaje mínimo en el examen (¡cuatro sobre diez!), órdenes de mérito alterados por entrevistas secretas (sí, además de dar un examen y mostrar el CV, los candidatos tienen una entrevista con los miembros del Consejo, cuyo contenido no trasciende y que cambia su orden en la lista).

La manipulación no cesa ahí. El Consejo no nombra a los jueces directamente sino que elabora ternas que envía al Presidente para que éste, sin ninguna explicación, elija al candidato de su agrado para obtener el acuerdo del Senado. Este sistema tendrá algún mérito, pero también es susceptible de manoseo. Cuando se realizan concursos destinados a cubrir múltiples vacantes, se elaboran varias ternas de la misma lista de candidatos. Así, si hubiera ocho vacantes, el candidato número 24 podría obtener su lugar, mientras que la candidata que quedó en primer lugar deberá seguir buscando trabajo en LinkedIn. Aún peor: es una práctica usual que el Poder Ejecutivo acumule ternas, para poder “jugar” con los resultados de distintos concursos y así enviar a las candidatas menos manipulables a juzgados o fiscalías menos sensibles para el poder político y liberar los tribunales más sensibles para algún amigote.

El sistema no ha producido la independencia judicial deseada. Pero, entonces, se ha ganado en responsabilidad frente a la ciudadanía, ¿no? No. O un poquito, de Guatepeor a Guatemala. Las sanciones disciplinarias prácticamente no existen. Un estudio de la Universidad de José C. Paz muestra que en el periodo 2014-2018 sólo ha habido dos (sobre más de mil denuncias y para cerca de mil jueces). Las destituciones tampoco han abundado. Desde la instauración del Consejo, sólo dos jueces del mítico edificio de Comodoro Py fueron destituidos. Uno, acusado de pagarle U$S400.000 a un testigo para encubrir el atentado terrorista más grande del subcontinente. El otro, por un incremento patrimonial tal que ni siquiera podía justificar el pago de sus tarjetas de crédito. Y en este último caso, lo irregular del procedimiento ilustra lo difícil que ha sido llamar a los jueces a rendir cuentas: una asociación de abogados cercana al gobierno obtuvo un fallo judicial que invalidaba el nombramiento de un miembro del Consejo por no tener título de abogado (requisito que no estaba en la ley). El juez fue suspendido y acusado con la mayoría justa durante las cuatro horas que demoró el presidente de la Corte en tomarle juramento a su reemplazo, que hubiera votado en favor del juez. Ni siquiera es que estos jueces hayan sido los peores. Varios tienen yates, mansiones y extorsiones en su haber, pero pudieron negociar una de las dos salidas disponibles: un fallo oportuno para el poder que los proteja por un turno más, o una decorosa renuncia que les permita seguir cobrando su jubilación.

Los editores de elDiarioAr han sido muy generosos con su espacio con nosotros, pero para realizar un inventario completo de las falencias del Consejo de la Magistratura necesitaríamos escribir todo el sitio web durante varias semanas: ausencia casi absoluta de estadísticas, recursos asignados de modo ineficiente, sistemas informáticos obsoletos. Pero esta breve lista nos sirve para mostrar dos cosas: por qué el Consejo es una institución extremadamente importante y por qué no ha honrado esa importancia. Cuando debería centrarse en lograr una justicia independiente, responsable y eficiente, se ha ocupado de nombrar y proteger amigos. Lo primero es una condición necesaria para una sociedad próspera; lo segundo es prácticamente una garantía de atraso y anomia. Por eso, aun en este presente convulsionado, este olvidado organismo merece una porción de la atención ciudadana. 

MA, SG

Nuestro mayor escritor observaba que al argentino “pasar por un inmoral le importa menos que pasar por un zonzo”, y en algún otro texto se lo atribuía a que, a diferencia de Europa o Estados Unidos, “aquí los gobiernos suelen ser pésimos”. Nuestro mayor músico lamentaba haber sido siempre “un tonto que creyó en la legalidad”. Un siglo antes, la relación del protagonista con la ley atraviesa el Martín Fierro, nuestra Biblia criolla. Todavía hoy, Wos parodia a un autoritario imaginario gritando “háganme caso que soy la ley, ¿o no tienen claro que soy el rey?”. 

La insistencia de nuestros trovadores en señalar la conflictiva relación de los argentinos con la ley tal vez debería empujarnos a declararnos, simplemente, un caso sin remedio. El taxista nos cuenta por enésima vez el chiste en el que un ángel recrimina a Dios estar beneficiando demasiado a la Argentina con tantos recursos naturales (“no te preocupes”, lo tranquiliza, “la voy a llenar de argentinos”). Le respondemos que sí, que “es cultural, no hay nada que hacerle, vivimos en un país al margen de la ley”, y nos ponemos auriculares. Pero entregarnos tan fácilmente a la desesperanza es apresurado: repasar algo de lo que sabemos acerca del cumplimiento del derecho tal vez nos permita imaginar otra relación con las normas.

Un primer motivo por el que la gente cumple con el derecho es por la amenaza de una sanción: si no cumplimos, hay tabla. El ejemplo más obvio es que, si cometo un delito, el Estado me promete una pena. Pero las leyes no tienen dientes: para que la disuasión funcione, la norma no solo tiene que existir, sino que tiene que aplicarse. Este punto es central, ya que los estudios sobre el tema muestran que la percepción de eficacia en la persecución penal tiene un efecto disuasivo mucho mayor que el de la magnitud de la potencial condena: no me importa que la pena sea de 15 años y no de 10 si sé que no me van a agarrar. Lo mismo sucede con los contratos: la hipotética sanción por mi incumplimiento puede ser muy elevada, pero saber que para la otra parte será muy difícil demandarme me permitirá dormir tranquilo.

En un país donde el futuro es proverbialmente inimaginable, parecería que el efecto disuasivo del derecho es escaso. Que solo el 1% de las causas contra funcionarios públicos terminan en condena refuerza la creencia de que “los políticos roban y siempre zafan”. Que los procesos civiles duren décadas, impongan costos altísimos para demandar y terminen, muchas veces, con condenas diezmadas por la inflación cumple un efecto similar en el derecho privado: nadie se asusta por lo que le puede pasar si no devuelve el depósito del alquiler. Pero la apoteosis de este fenómeno se da en el derecho tributario, en el que la evasión es un fenómeno tan generalizado como, pareciera, conveniente. Difícilmente alguien sienta temor por lo que puede sucederle si no paga impuestos si sabe que, en el peor de los casos, podrá adherir a una moratoria y, en el mejor, entrar en un blanqueo de capitales con el que podrá ingresar beneficios patrimoniales ilícitos al sistema legal caminando sobre una alfombra roja.

En un país donde el futuro es proverbialmente inimaginable, parecería que el efecto disuasivo del derecho es escaso

De todos modos, no hay disuasión que alcance. Ni los estados con mayores capacidades tienen los recursos para controlar a cada uno de nosotros: ninguna ciudad tiene un policía en cada esquina. Afortunadamente, tampoco es necesario: no solo cumplimos con las leyes por miedo, sino también por su legitimidad, la percepción de que son dignas de ser obedecidas. Esto no es poesía: numerosos estudios empíricos muestran que tenemos una mayor propensión a aceptar decisiones jurídicas que no nos gustan cuando provienen de procedimientos justos, que nos dan la oportunidad de dar nuestra versión, que nos muestran cómo llegaron a su resultado y nos miran a los ojos mientras nos lo explican. Esto vale tanto para un proceso judicial en el que nos tratan con dignidad y nos explican por qué perdimos, como para una ley en el Congreso que no nos favorece pero en cuyo debate nos hemos sentido representados. La democracia y el poder judicial independiente, en definitiva, no son aspiraciones de filósofos, son la condición para que siquiera comencemos a imaginar que cumplir con la ley tiene algún sentido. 

Y es aquí es donde nuestra literatura se vuelve punk (como The Clash, lucha contra la ley, y la ley gana). Volvamos al primer párrafo: Borges se queja de los pésimos gobiernos, Wos de la confusión entre políticos y Estado, García escribía en el contexto de una brutal violencia estatal al margen de toda norma. Martín Fierro era mucho más crudo: “Es la ley como la lluvia / nunca puede ser pareja / La ley es como el cuchillo / No ofende al que la maneja”. No se están quejando de la existencia de normas en sí, no patalean contra la necesidad de darnos reglas para vivir en sociedad. Como dijo Julio Mafud en un clásico hoy sólo hallable en librerías de usados, “para el argentino, la justicia es incompatible con la autoridad”.

La autoridad en la Argentina fue siempre percibida como ilegítima, y muchas veces con razón: gobierno colonial monopólico, voto restringido, fraude patriótico, presos políticos, partidos mayoritarios proscriptos y dictaduras sangrientas. ¿Por qué Fierro o nadie habría debido obedecer gobiernos que ni siquiera cumplían con las propias normas que ellos se daban? 

Podemos permitirnos celebrar algunos avances de suma importancia. Estamos por cumplir un récord de cuarenta años de democracia ininterrumpida. A pesar de la creciente polarización y de los odios que generan, muy poca gente considera que Mauricio Macri o Cristina Fernández hayan sido presidentes ilegítimos. Pero como es obvio, esto no alcanza. Así como hemos aprendido dolorosamente que una democracia, por sí sola, no cura, no educa y no alimenta, también hemos aprendido que, aun en democracia, los funcionarios pueden hacer cosas que nos devuelvan a nuestro habitual escepticismo. ¿Qué identificación se puede tener con una ley dictada por alguien que invita a “dejar de robar por dos años”? ¿Que justicia se puede esperar de un juez que admite haber sido malo, “pero no el peor”? 

No llevamos la anomia en la sangre, ni es un castigo divino, ni es un elemento intrínseco de nuestra cultura. El cumplimiento a la ley, en definitiva, depende en buena medida de cómo organizamos nuestro Estado, de cómo lo obligamos a cumplir con sus promesas, de cómo nos obliga a cumplir con las nuestras. No hay biología ni metafísica involucradas: si el Estado se vuelve digno de respeto, tal vez lo respetemos.

MA/SG