Cuando se piensa en femicidas, se piensa en los novios, maridos o familiares de las víctimas. Cuando se piensa en el lugar del crimen, las estadísticas arrojan que el hogar o la vía pública son los principales escenarios de los asesinatos. Pero, ¿qué sucede con los femicidios en trata y prostitución? ¿Quiénes las matan, por qué, dónde? Esas preguntas guiaron a las investigadoras del Programa de Estudio, Formación e Investigación sobre Trata y Explotación (PEFITE) de la Secretaría Académica de La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) , quienes plantearon como la prostitución, al ser una forma de violencia sexista distinta a las del ámbito doméstico o conyugal, aguiza el riesgo de femicidio.

La prostitución, al ser una forma de violencia sexista distinta a las del ámbito doméstico o conyugal, aguiza el riesgo de femicidio

La investigación hecha luz a un fenómeno poco investigado en la región y en el mundo: los asesinatos cometidos contra las mujeres en situación de prostitución y trata.El estudio fue presentado en la Feria del Libro 2022 por PEFITE en el stand de la Defensoría del Pueblo. Mediante un minucioso relevamiento de los 38 femicidios (identificados en medios impresos y digitales, locales y nacionales) cometidos en la Argentina en el periodo 2015-2020, las investigadoras analizaron los puntos en común y la cobertura mediática que recibieron; dos ejes clave para comprender no solo quiénes las mataron, cómo, dónde y por qué, sino cómo sus historias fueron contadas por los medios de comunicación.

Desarrollada durante el 2020 y 2021, la investigación fue dirigida por la directora del PEFITE, Alika Kinan (la primera sobreviviente del delito de trata con fines de explotación sexual que impulsó y ganó un juicio contra sus proxenetas y el Estado), y coordinada y redactada por la doctora Esther Pineda, socióloga e investigadora en materia de femicidios. Fue integrada, además, por un grupo multidisciplinario de jóvenes de entre 21 y 24 años -Candela Fernández Casabat, Lucía Rennella, María Flores, Sofía Becce, Sol Tobía y Victoria Pinillo- comprometidas con la lucha contra la trata y prostitución.

Mediante el proceso de relevamiento y sistematización de los casos, las profesionales se aproximaron a la problemática y caracterizaron el fenómeno a partir de información clave sobre las víctimas, sus agresores, las modalidades, motivaciones y el sitio del crimen y el estatus procesal de los casos.

En el transcurso de la investigación identificaron 38 víctimas de femicidio directo por trata y prostitución entre los años 2015 a 2020. 3 de estos casos identificados fueron cometidos durante el año 2015, 10 de ellos en 2016, 5 en el año 2017, 10 a lo largo de 2018, 5 en 2019 y 5 en el año 2020.

En los registros oficiales de Argentina, la cifra de mujeres en situación de prostitución y trata víctimas de femicidio alcanza el 3,6% (del 2017 a 2019). Para las investigadoras, sin embargo, existe un sub registro de estos crímenes porque en oportunidades no son reconocidos como femicidios por las autoridades y las investigaciones se cierran rápidamente, lo que provoca que las víctimas sean revictimizadas.

14 de los casos fueron perpetrados en la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, dato que denotaría cómo en el ámbito urbano las mujeres tienen más riesgo de ser víctimas de femicidio en el contexto de la trata y prostitución. Le siguieron las Provincias de Santa Fe, Chaco y Neuquén, las cuales, según índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), alcanzan altos índices de pobreza, particularmente las ciudades de Resistencia con 52%, Neuquén con 33,5% y Gran Santa Fe con 38,6%. “Esta situación de existencia de mayores índices de precariedad en determinadas localidades podría estar favoreciendo que las mujeres sean captadas por las redes de trata, incrementando el riesgo de que sean víctimas de diversas formas de vulnerabilidad, violencia sexista y del delito de femicidio”, ilustra la investigación.

De las 38 víctimas, 35 estaban en trata -lo que equivale al 92%-, y solo en 3 de los casos existió la agravante de secuestro -lo que corresponde al 7,8% de los casos-. Este dato rompe con uno de los imaginarios más comunes de la trata de personas con fines de explotación sexual: que las víctimas son captadas únicamente mediante el secuestro y que únicamente las mujeres que son captadas de esta manera son las “verdaderas” víctimas. Para las investigadoras, existe una gran diversidad de métodos de captación y situaciones de vulnerabilidad que ponen a las mujeres en riesgo de ser víctimas de las redes de trata o que las llevan a estar en situación de prostitución.

“Para el imaginario social, la única forma en que una mujer puede ser captada por una red de trata es mediante el secuestro en una Traffic blanca”, dijo Alika Kinan a elDiarioAR. “Este imaginario tranquiliza a la sociedad: sus hijas y mujeres no correrían peligro. Pero nosotras luchamos contra esta teoría, porque los métodos de captación son cada vez más diversos e inimaginables. Los tratantes hacen uso del enamoramiento y/o de la condición previa de vulnerabilidad de las mujeres, como la pobreza”. En países donde hay un contexto económico hostil sobre las mujeres, dijo Kinan, el secuestro ni siquiera es necesario: las mujeres ‘acceden’ a la prostitución para poder sobrevivir; “no hay una iniciativa o voluntad libre, sino que son empujadas por la pobreza, la cultura, y la falta de oportunidades”.

Otro dato interesante arrojado por la investigación es que la gran mayoría de las víctimas fueron mujeres de nacionalidad argentina, una tendencia en aumento en los últimos años. Según las estadísticas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia, entre el 2017 a 2021, 78% de las víctimas de trata sexual identificadas -en los llamados recibidos en la línea 147- fueron de nacionalidad argentina. En el 2021, el número de las víctimas argentinas alcanzó el 92% del total. Según el PEFITE, estos datos permiten desmontar el imaginario de que la mayoría de las víctimas son mujeres extranjeras trasladadas a otros países para ser explotadas, al mismo tiempo que pone de manifiesto la gran magnitud y gravedad que esta problemática alcanzó en Argentina.

La edad promedio de las víctimas de femicidio total de Argentina en el 2020 fue de 38 años, siendo el grupo etario con la tasa más alta el de 35 a 44 años (Corte Suprema de la Justicia de la Nación). En lo que respecta al grupo etario de las víctimas de trata y prostitución, las investigadoras identificaron que la edad promedio es de 31 años. El que la mayoría de las víctimas se encontraran en edad reproductiva dio indicios de que la expectativa de vida de las mujeres es baja, o que, en concordancia con los cánones y expectativas de belleza instalados en la sociedad, la industria de la explotación sexual se sostiene principalmente en la explotación de las niñas y mujeres jóvenes, por lo cual sus cuerpos dejan de ser considerados rentables y explotables cuando superan los 45 o 50 años.

Según la investigación, 18 de los crímenes fueron perpetrados por un varón “cliente” prostituyente, en 10 de los casos el agresor fue el tratante, proxeneta o explotador sexual; en 3 de los casos el femicidio fue cometido por el secuestrador que privaba de su libertad a las mujeres para explotarlas sexualmente, 1 de los casos fue perpetrado por la pareja o expareja de la víctima y no existe información para los 6 casos restantes.

El grupo etario de los agresores va desde los 17 años hasta los 70, teniendo como edad promedio los 40 años, dato que contribuye a desmitificar los estereotipos construidos en torno a los hombres prostituyentes, quienes: “Siguen siendo asociados a hombres de avanzada edad y pertenecientes a los estratos más pobres de la población”. Al mismo tiempo, el dato mostró como la cosificación de las mujeres y la socialización de los varones para el ejercicio de la violencia sexista se inicia a muy temprana edad.

Con el fin de presionar su legalización, el discurso más fuerte frente a estos femicidios (proveniente, por ejemplo, de los sindicatos de mujeres prostituidas) tiende a mostrarlos como una consecuencia directa de la falta de regulación en las condiciones del “ejercicio” de la prostitución. Sin embargo, para el PEFITE, ya sea en hoteles, departamentos o la vía pública, las mujeres en situación de prostitución se encuentran en riesgo de ser víctimas de femicidio con independencia del lugar donde estén siendo explotadas.

“Ante la ocurrencia de estas agresiones sexistas contra las mujeres víctimas de trata y explotación sexual, pocas veces se imputa o juzga por el delito de femicidio”, aclara el informe hacia el final. La mayoría de los condenados lo fueron bajo la tipificación de homicidio simple o por homicidio agravado, y solo dos de ellos fueron condenados a cadena perpetua, lo que pone de manifiesto que si bien los crímenes cometidos contra las mujeres son en menor medida perseguidos y sancionados: “Este desinterés, negligencia e impunidad se profundiza cuando la víctima es una mujer que se encontraba en situación de trata y explotación sexual”.

Motivaciones de los agresores para la comisión del delito de femicidio de mujeres víctimas de trata y explotación sexual

Por último, las investigadoras identificaron las motivaciones para la comisión del delito que sirven para comprender más a fondo esta problemática.

“En oportunidades, los crímenes son perpetrados durante los encuentros sexuales,  ante la resistencia de estas mujeres a realizar algún tipo de práctica sexual o ante el desacuerdo en las condiciones establecidas para el encuentro sexual”, dice el informe. Ante esta situación, el agresor arremete contra la mujer con violencia letal. Otras veces, sucede tras la consumación del acto sexual y el surgimiento del temor a ser descubiertos por su entorno familiar, laboral o comunitario, es decir, cuando ven amenazados su contexto de vida tradicional, status y privilegios.

Algunas víctimas con frecuencia son asesinadas por sus tratantes y proxenetas como mecanismo para afirmar su autoridad cuando las mujeres intentan o desean salir de la explotación sexual, para evitar saldar deudas con las mujeres prostituidas, o cuando estas dejan de ser consideradas útiles y rentables por estos explotadores sexuales. Así mismo, otras víctimas son asesinadas en el contexto de la trata con fines de explotación sexual con agravante por secuestro: “Estos casos con frecuencia tienen lugar cuando la desaparición ha sido denunciada y la víctima es buscada, lo cual se realiza como último acto de agresión contra la mujer y como un medio para evadir la justicia”.

Para Alika Kinan, los femicidios en trata y prostitución desenmascaran una cruda realidad: los varones se consideran dueños de las mujeres por haberlas pagado. “Los prostituyentes no pagan por sexo, pagan por la impunidad de violar”, explicó la sobreviviente a elDiarioAR. “El femicidio es la última instancia de un cúmulo de violencias que se practican previamente sobre la mujer en situación de trata o prostitución: violencia económica, patrimonial, sexual, psicológica y simbólica”.

LR

A las 8.30  del viernes 3 de septiembre del 2021, tres policías entraron al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Salta para llevarse detenida a Miranda Ruíz. El día anterior, la médica de 33 años había armado un bolso con un libro y muda de ropa: sabía que un fiscal de la zona pedía por su detención. ¿El delito? Asistir una interrupción voluntaria y legal de embarazo en el marco de la Ley N° 27.610 diez días atrás.

“Siguen sin explicarme cómo habría cometido el delito”, cuenta Ruíz, que hace un año asistió -junto con otros profesionales médicos- a una joven de 21 años que llegó al hospital solicitando la interrupción legal de su embarazo. Dos días después, la familia de la joven la acusó de forzar a la paciente a abortar. “El tratamiento de Misoprostol es autosuministrado. Es imposible que alguien pueda obligar a una mujer a abortar con un procedimiento que consiste en ubicar dos pastillas debajo de la lengua durante media hora, cada tres horas”, explicó Miranda a elDiarioAR. Hoy, la médica lucha contra su imputación apelando a una justicia que no parece -o quiere- escucharla.

Miranda Ruíz s la única médica a cargo del consultorio de IVE del establecimiento, espacio que funciona a demanda espontánea todos los lunes y que recibe el 90% de las consultas en la zona. El lunes 23 de agosto del 2021, 8 meses después de que el Congreso Nacional sancionara la ley que lo habilita, una mujer de 21 años (L*) acudió al consultorio manifestando su voluntad de interrumpir un embarazo. Si bien el embarazo excedía las catorce semanas de gestación establecidas por la Ley No. 27.610 para acceder a la IVE, la situación de L. fue valorada por el equipo multidisciplinario de médicos debido a la causal de salud. “La dejamos internada en el servicio de Ginecología y Obstetricia y al día siguiente fue evaluada por la psicóloga y la trabajadora social”, contó Ruíz. “Discutimos el caso con el supervisor de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Salta, con el jefe de Ginecología y Obstetricia, con el gerente de nuestro hospital y entre todos determinamos y validamos la legalidad de la IVE bajo la causal de salud física, psíquica y sexual”.

El protocolo nacional que los médicos establecieron para cumplir con la voluntad de L. de interrumpir su embarazo fue el de Misoprostol. La médica -que lleva asistiendo más de 500 abortos desde que está en el hospital- no se encontraba presente al momento de la expulsión del feto, pero se quedó tranquila: el derecho de la paciente a acceder a la IVE se había cumplido.

Mientras L pasaba lo que quedaba del día en la sala de Ginecología y Obstetricia del hospital, su tío policía contactaba a una conocida concejal antiaborto para manifestarle su desacuerdo con el procedimiento. “Desde el minuto cero, la concejala Claudia Subelza empezó a hablar del caso en los medios de comunicación, exponiendo a la paciente, mintiendo sobre la historia clínica y llamando a los médicos, a L. y a mí para que no continuemos con la práctica”. 10 días después, a Miranda Ruiz la llevaron detenida.

Incomunicada, en un calabozo de dos metros por tres, mantuvo la calma: “Sabía que un movimiento de mujeres a nivel nacional luchaba, allá afuera, por mi liberación”. Cuatro horas más tarde, fue liberada. “El fiscal fue presionado para detenerme – considera hoy, mirando en retrospectiva–; no solo la familia presenta la denuncia a los dos días de la IVE, sino que la campaña mediática iniciada por la concejala fue en aumento. Las mentiras y calumnias que se hicieron, como que el feto lloró cuando se produjo la expulsión, surgieron también de políticos, curas antiaborto y del abogado de un ginecólogo que denuncié en el 2020 por abuso sexual a una menor”.

Miranda Ruíz busca explicaciones y no puede dejar de recordar que hace dos años denunció el de un presunto abuso sexual por parte de un médico. “Una menor de edad le solicitó un aborto de forma privada: el médico Marcelo Cornejo le habría propuesto sexo a cambio de la práctica”, explicó Ruíz. El profesional trabaja en el mismo hospital que ella y estaba de guardia el día que L. expulsó el feto. “El actualmente se encuentra imputado por presunta falsificación del documento público que establece que el feto nació con vida: Detalle que no figura en ningún testimonio de la causa”, siempre según Ruíz. Hoy, el abogado de Cornejo defiende a la familia de L.

“¿Por qué me están haciendo esto?, – se pregunta Miranda Ruíz a elDiarioAR–. Por un lado, ”creo que se trataría de la venganza de él por haberme animado a denunciarlo penalmente. Por el otro, si dejo de atender en el consultorio ambulatorio, el 90% de las demandas por el acceso a la IVE en la zona quedan desatendidas. Hay un oportunismo de los sectores políticos antiaborto, que utilizan el caso para militar su oposición contra la ley“. 

La causa hoy

La causa, que se alarga cada vez más, mantiene a Miranda Ruíz como imputada: “En el delito penal uno debe describir el móvil, el delito y el damnificado. Pasan los meses y le sigo preguntando al fiscal cuál es el móvil por el cual yo obligaría a una mujer a abortar, o cómo es que lo hago”.

El argumento del juez Mariscal Astigueta para negarle el segundo pedido de sobreseimiento (el primero fue negado porque se estaba ampliando la imputación) sería el faltante de carga de prueba y que no está probada la inocencia. Junto con sus abogadas presentó una apelación, que se encuentra radicada en un tribunal de impugnación salteño. “Mi inocencia está probada en el expediente”, sostuvo. La carga de prueba requerida por la fiscalía, que consiste en que una junta médica evalúe la historia clínica de la paciente, va en contra del fallo FAL y de las reglamentaciones vigentes. “Los protocolos nacionales de acción médica establecen que las causales no se judicializan –explicó Miranda–, en palabras más sencillas: no pueden venir tres médicos del poder judicial a determinar si la causal estaba bien o mal justificada mirando una historia clínica cuando una paciente fue valorada por todo un equipo multidisciplinario de salud previamente”.

La médica se siente apoyada por el movimiento de mujeres y de derechos humanos. Y también, por algunos políticos: “Si hay una ley nacional, Tartagal la tiene que cumplir. Esto se volvió un problema político desde el minuto en que la justicia local decidió imputar a una persona por cumplir con la ley”. La médica asegura que no tiene miedo a ir presa y duerme tranquila por las noches: “No cometí ningún delito. La Ley de IVE no tiene fallas, la falla la tiene la justicia”. 

*La inicial es ficticia y fue utilizada para proteger la identidad de la paciente.

LR

La secta “Seshen” destruyó la vida de familias enteras. Disfrazada de fundación, funcionó desde el 2014 hasta el 2021, año en que se le abrió una causa por el delito de asociación ilícita, ejercicio ilegal de la profesión de psicología y estafas reiteradas. ¿La controversia? Nueve víctimas de la secta (de las cuales siete son mujeres víctimas de abuso sexual infantil y/o violencia de género) están imputadas y detenidas desde hace más de un año por los mismos delitos que sus tratantes Álvaro Juan Aparicio Díaz, líder de la secta, y Carolina Cannes, su pareja y cómplice.

Hoy, víctimas y familiares piden a la fiscal Analía Gallaratto y al juez de instrucción, José María Estigarribia que suelten el caso y así pase a manos de la Justicia Federal, ya que para esta -a diferencia de la Justicia Provincial- se trata de un claro caso de trata de personas, donde no hay forma de que las víctimas sean juzgadas como culpables.

“Fundación Académica Seshen”. Así se hacía llamar la secta liderada por Álvaro Juan Aparicio Díaz, un hombre de 64 años que se autoproclamaba “Sahú Ari Merek” y decía ser psicólogo clínico, escritor y egiptólogo. Durante años, aprovechó la situación de vulnerabilidad emocional que invadía muchas de las vidas de hombres y mujeres de Córdoba y alrededores para estafarlos y manipularlos con costosos cursos, terapias, viajes y sanaciones. Se calcula que tuvo más de 500 alumnos y pacientes, donde casi la totalidad de las víctimas fueron mujeres.

Víctimas detenidas

Carolina Lourdes Altamirano tiene 45 años, dos hijos y es la primera víctima detenida. Sufrió los abusos de Juan Aparicio desde el 2016 y hace más de un año que está privada de su libertad. Hace un mes la trasladaron desde la cárcel de Villa Dolores a un hospital neuropsiquiátrico provincial por un intento de suicidio, donde durante varios días estuvo atada a una cama, aislada, esposada, con custodia y sin ropa (solo con una bata de friselina). “Caro se moría de frío, la tuvieron esposada, con fajas de sujeción… por lo menos hacia lo último le permitieron tener algo de ropa puesta”, contaron sus allegados a elDiarioAR. A pesar de la insistencia de sus familiares para que no le den el alta, ante el miedo de que vuelva a la cárcel e intente quitarse la vida, esta semana fue trasladada de vuelta a la cárcel de Bouwer.

Antes de ser captada por la secta, Carolina amaba ver series, leer, cocinar, quedarse en la cama los domingos con sus hijos y viajar. Su sueño era volver a España, donde vivió durante varios años, pero esta vez con su nuevo novio y sus hijos. “Tenía una vida completamente normal. Era una excelente mamá, súper familiera”, recuerda su pareja, R. Además, hizo casi toda la carrera de psicología y tenía un gran interés por las terapias alternativas. “También se encontraba en una profunda búsqueda espiritual”, señala. Pero en el 2016, cuando conoce a Juan Aparicio y su “fundación”, todo cambia. Este se le presenta como Maestro de cierta medicina del antiguo Egipto, llamada Seshen. Una medicina capaz de curar todas sus dolencias, pero que en realidad era la primera mentira para poder manipularla física y psicológicamente durante años.

Carolina empieza a estudiar con él y a pagar los costosos cursos, viajes y sanaciones que la “Fundación Seshen” ofrecía. Mientras sus deudas crecían, una crisis familiar se desata en su vida. Es ahí cuando su sometimiento en manos de Juan Aparicio empeora, ya que este le promete protección y sanación para ella y su familia: “¿Cuánto me cobró esta vez? Nada… en esta ocasión fue peor… le debía ”algo que no podía pagar“, una deuda moral y emocional, de por vida, por su ayuda a la hora de protegernos”, declaró Carolina. También le sacó los diarios íntimos que escribía desde sus 12 años y que eran como un tesoro para ella: “Mi admiración como profesor se fue volviendo una devoción, ya que después de haber leído todo mi pasado, comenzó a manipular todos mis miedos y angustias”, contó.

El campo “Pozos Azules”, otra pesadilla

Cuando llega la pandemia ocasionada por el Covid-19, Juan Aparicio empieza a hablar del fin del mundo y de alejarse del virus para no morir, “nos ofreció ir a un campo que él tenía y que hacía diez años que no utilizaba”, declaró Maximiliano Isiksonas, otra de las víctimas encarceladas, la cual fue obligada a renunciar a su trabajo para ir allí junto con su mujer.

“A partir de ahí ya los tenía a todos prácticamente esclavizados, incluida Caro, obligándolos a hacer trabajos inhumanos y a seguir invirtiendo dinero”, ilustra R. Trabajaban todos los días, de lunes a lunes, de ocho de la mañana a siete de la tarde. Aparicio los obligaba a ejercitarse físicamente, meditar, cocinar, construir muebles, cocheras y corrales para los animales. En el medio, exigencias, maltratos y humillaciones: “Mi cuerpo no daba más. Me sentía muy cansado y Juan Aparicio me exigía que lo hiciera más rápido. Me llamaba vago, lento y decía que no me merecía la mujer que tenía”, relató Maximiliano, quien, además, perdió relación durante 4 años con su mamá luego de que Aparicio le asegurara que ella lo había abusado de niño. Hacia el final, lo separaron de su mujer y le pusieron una “banda de silencio”; una cinta colocada en el brazo que lo obligaba a estar en silencio por los menos dos días: “Era como un castigo, donde no me podía comunicar ni siquiera por señas”, recordó.

Otra de las víctimas, también privada de su libertad, es A.G.C, quien fue captada, en sus palabras, en un pésimo estado psicológico: “Me acababa de separar de una larga relación de tres años y medio, con mucha violencia de género, donde tuve un intento de suicidio; estaba en un pozo depresivo tremendo”, declaró. En el campo, Aparicio la quiso medicar psiquiátricamente y sufrió todo tipo de humillaciones en frente del grupo: “Me decía que estaba loca, que era paciente psiquiátrica grave, me empezó a decir que tenía problemas cognitivos y que era una suicida; me humillaba y me exponía tremendamente”.

Abusos sexuales

Noelia López tiene 35 años y 3 hijos. Es profesora de historia, amiguera y súper curiosa. Ella también está privada de su libertad y durante los primeros 6 meses de encierro compartió celda con su tratante, Carolina Cannes. Recién pudo reconocerse cómo víctima cuando la cambiaron de pabellón, al reencontrarse con sus compañeras A.G.C, L.C.D y L.P.M. “Perdón que te llame a estas horas, pero con las chicas nos moríamos de ansiedad por hablar”, dice una noche, atrincherada contra el teléfono de la cárcel de Bouwer junto con las otras 3 sobrevivientes, quienes le prestan sus 15 minutos diarios para que la llamada no se corte y no deje detalle afuera. Es la primera vez que cuenta su historia desde que brindó declaración.

En busca de sanar los traumas que el abuso sexual infantil dejó en ella, Noelia comenzó a apoyarse en el plano espiritual y en las terapias alternativas. Reiki, registros akáshicos, memoria celular…: “Buscaba algo para sanar”, contó a elDiarioAR. Un día, conoce la terapia alternativa egipcia “Seshen”. Le llamó mucho la atención; desde chica soñaba con conocer Egipto y como estudiante de Historia tenía gran interés por las civilizaciones antiguas. Comenzó a tomar las clases y en un momento surgió la posibilidad de viajar a Egipto. Al volver, fascinada, empezó con las “terapias psicológicas” de Juan Aparicio, quien le aseguró que según sus “visiones” uno de sus familiares la había violado desde los 6 hasta los 11 años. Noelia recordaba perfectamente los abusos que había sufrido y ese no era uno de ellos. Sin embargo, al cabo de unas sesiones, comenzó a creerle.

Una vez en el campo, alejada de su familia y de su novio -de quien se separa luego de que Aparicio le asegure que la engañaba con otras mujeres, que tenía sida y que si se quedaba junto a él, en 10 años moriría por el virus-, comenzaron las violaciones reiteradas. En una de las ceremonias para “reforzar el sistema inmune”, luego de que sus compañeros abandonaran la habitación, Noelia se quedó sola con él: “Me dijo que, en mi caso, como tenía que trabajar mi energía y la de mis tres hijos se sentiría demasiado desgastado energéticamente”. Y, ¿cómo podía hacer Noelia para evitar ese cansancio y salvar su vida, la de sus hijos y evitar el fin del mundo? Manteniendo relaciones sexuales con él: “Me decía que a través de los orgasmos recuperaría su energía. Yo no entendía nada. Toda la imagen que tenía de él como un hombre serio, honesto, comenzaba a desmoronarse; nada cuadraba”. Esa sería la primera de las numerosas violaciones que sufrió Noelia en el campo “Pozos Azules”.

Al consultarles desde elDiarioAR si recordaban otros abusos o acosos sexuales cometidos contra las mujeres en el campo, entre las 4 víctimas detenidas contaron cómo debían hacerle masajes a Aparicio, quien, además, organizaba “confesionarios” donde las hacía tomar alcohol para que le contaran sus experiencias sexuales. Les decía que quien tuviese relaciones con él iba a ganar luz y poder y les diagnosticaba cáncer de mama para que su mujer las tocara frente a él, diciendo que solo así, con sus poderes, se curarían. Según Maximiliano, además: “Elegía a una de las chicas para que lo cuide toda la noche”.

Un claro caso de trata de personas

Hoy, las 9 víctimas se encuentran detenidas por los mismos delitos que Juan Aparicio y Carolina Cannes. Además, el hijo de ambos y otro de los tratantes, Máximo Ángel Aparicio, continúa libre y armado en el campo. “Los días pasan, y las víctimas siguen encerradas injustamente por la justicia Provincial de Córdoba”, reclaman desde la Red de víctimas secta Seshen. Porque si bien la Justicia Federal -a través del juzgado N*3 a cargo del juez federal Miguel Vaca Narvaja- se declaró competente, tomando el caso como trata y explotación de personas, esta no puede actuar hasta que la justicia provincial no suelte el caso. El lunes pasado, en una reunión mantenida entre los familiares de las víctimas y la fiscal, Gallaratto los mandó a leer los expedientes (que a esta altura conocen de memoria) y les dijo que ya envió una respuesta a los tribunales federales donde argumenta su postura; es decir, que no planea apartarse del caso.

La Fundación Alika Kinan viene trabajando en el acompañamiento a las víctimas y familiares, con especial énfasis en el carácter de violencia de género que atraviesa al caso, y puso en alerta a diferentes organismos nacionales (entre ellos el Observatorio de Víctimas del Congreso de la Nación), sobre la violación de derechos humanos por parte de la justicia cordobesa. Sostienen que es un caso claro de trata de personas con la finalidad de reducción a la servidumbre: “es una modalidad de trata que está muy en auge entre los new age, de clase media alta, siendo una necesidad para ellos ”creer en algo“”, explicaron a elDiarioAR. Para Alika Kinan, sobreviviente del delito de trata sexual y luchadora por los derechos de las mujeres, de acuerdo a los relatos obtenidos de la causa hubo un dominio de la vida de las víctimas y una acumulación de recursos económicos por parte del falso Maestro Egipcio: “Estas organizaciones proliferaron en pandemia, dando una inyección colectiva de miedo al fin del mundo sobre la situación sanitaria preexistente”, ilustró.

Si las víctimas quedan absueltas, ¿se les restituirán sus derechos? ¿Quién les devolverá el tiempo y la salud perdida? En cualquier caso, en palabras de Noelia: “Esta lucha recién empieza”. Detrás de las rejas dice que -paradójicamente- se siente más viva que nunca y sentencia: “Cuando seamos libres, nos vamos a encontrar a nosotros mismos sin depender de nadie; vamos a recuperar nuestras vidas”.

LR