Alika Kinan, activista: “Sólo el 5% de los casos de mujeres rescatadas de las redes de trata tuvo sentencia de la Justicia”

Entre 2008 y agosto de 2021, 16.842 víctimas de trata de personas y explotación sexual fueron rescatadas de sus proxenetas, entre ellas, las 25 mujeres de Córdoba que la semana pasada recibieron la noticia de que sus explotadores las debían indemnizar con $ 31 millones. Los datos se desprenden del informe que año a año presenta la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) desde que en 2008 se sancionó la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas.

Pese a que los datos del combate contra explotadores y tratantes son alentadores, las víctimas de trata, como la activista Alika Kinan, denuncian que el rol del Estado es insuficiente. Kinan, víctima de proxenetas que la sometieron a todo tipo de abusos desde que tenía 19 años -cuando la captaron en Córdoba, donde vivía con su familia-, hasta los 36 años, cuando fue rescatada en 2012 de la whiskería Sheik en Ushuaia, es referente en Occidente de la lucha contra estas bandas.

-Un informe de la Protex publicado en agosto pasado revela que desde 2008, cuando se sancionó la Ley de Lucha contra la Trata, ya fueron rescatadas más de 16.000 mujeres de las redes de explotación sexual.

-Sobre el informe de la Protex debemos aclarar que, de ese total de 16.842 víctimas de trata rescatadas por el Estado, sólo 800 mujeres, o sea, sólo el 5% de las víctimas, tienen sentencia firme de la Justicia por haber sido víctimas de redes de proxenetismo. ¿Qué pasó en estos 13 años con las otras 16.000 mujeres violadas y violentadas en su dignidad? ¿Qué hizo el Estado por ellas, qué respuestas les dio? Ninguna. Además, la Protex no aclara algo fundamental: una vez que se produjo el rescate, hubo una asistencia del Estado de una semana, 15 días o tres meses. Y después no supimos más nada de estas mujeres violentadas. ¿Tuvimos 16.842 víctimas rescatadas, o la víctima “A”, rescatada de un prostíbulo de los Barey en marzo de 2012, volvió a caer en una red de trata en agosto de ese año, la rescataron en 2014 y en 2015 volvió a caer, y la rescataron tres meses después y “A” en vez de ser una persona, sólo se convirtió en un número que engrosa estadísticas? La solución a la trata de personas con fines de explotación sexual debe ser sustentable, con salarios dignos para no volver a caer en las redes de captación, y sostenibles en el tiempo, no como paliativos, sino con soluciones de fondo.

La solución a la trata de personas con fines de explotación sexual debe ser sustentable, con salarios dignos para no volver a caer en las redes de captación, y sostenibles en el tiempo, no como paliativos, sino con soluciones de fondo.

-La semana pasada La Justicia federal de Córdoba dictó un fallo novedoso al condenar a una banda de proxenetas liderada por los hermanos Fabio Barey y Daniel Barey a indemnizar a 25 víctimas. Eso marca un avance hacia el abolicionismo.

-La ley de Trata 26.364 de 2008 y su modificación, la Ley 26.842 de 2012 son muy buenas, pero nada de lo que establecen se cumple. Tener la ley escrita y que no se aplique, que la víctima no vea en su vida diaria la efectividad de la ley, es lo mismo que no tener legislación contra la trata. Nosotras, las víctimas, consideramos que corresponde la debida indemnización por la explotación que sufrimos y por los abusos a los que fuimos sometidas. Este juicio reveló algunas cosas: los proxenetas Fabio Barey y Daniel Barey fueron condenados a sólo cuatro años de cárcel debido a las negociaciones con la Justicia, en lo que llaman un juicio abreviado. Y en realidad no es un juicio abreviado por el transcurso de los años, si bien se respetó el debido proceso para los imputados en la causa, no se respetó el debido proceso para con las víctimas y sobrevivientes, como así los tiempos que destina el sistema en impartir Justicia. Y como ya estuvieron presos dos años y medio, llegaron al juicio en libertad y se fueron en libertad. Todo gracias a un acuerdo con la Justicia. Nunca se debe negociar con proxenetas y tratantes, ¡nunca! Este no es un delito común: la trata de personas con fines de explotación sexual es un delito complejo, donde tratantes y proxenetas se enriquecen de forma desmesurada a través de la violación de los derechos humanos de las víctimas, con lo cual estamos ante un delito de lesa humanidad y debe ser reparado, no solo con una cifra indemnizatoria, sino con penas efectivas de cárcel de acuerdo a las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sobrevivientes.

-Por lo menos en el caso de Córdoba, este fallo demuestra que vamos en un camino abolicionista.

-La Constitución Nacional, la adhesión a los tratados internacionales y la legislación dice que Argentina es un país abolicionista. Si nos fijamos, tenemos una Ley de Trata que dice que el Estado debe prevenir, erradicar, perseguir y sancionar a los proxenetas y tratantes desde una política criminal que la tiene, pero además debe evitar y condenar el pago por sexo y reconocer a las víctimas como tales y restituirles sus derechos. En Argentina no se evita ni se condena al hombre que paga por sexo, y en la práctica ni se reconoce a las víctimas como tales y mucho menos se les restituyen sus derechos, tenemos un abolicionismo de papel. Volviendo al juicio y la condena contra los Barey, dos de sus 25 víctimas fueron violadas reiteradamente a diario durante seis años, dos años más de la pena que recibieron los jefes de la banda ¡Esto es una vergüenza! Tenemos otras cuatro víctimas, que van a ser indemnizadas con menos de $ 3.000 pese a que fueron violadas durante 24 horas ¿En qué cabeza cabe esa condena? Desde la Justicia federal justificaron un acuerdo con los acusados a través de un juicio abreviado para no extender más los plazos. Las víctimas fueron rescatadas en 2012 y el juicio abreviado se realizó en 2021, pasaron nueve años ¿de qué juicio abreviado me hablan? ¿Alguien del Estado, no sólo de la Justicia, sino de los funcionarios, se preocupó por estas 25 víctimas a lo largo de estos nueve años? En marzo de 2012 nos enteramos por los medios que las víctimas habían sido rescatadas ¿supimos qué pasó con ellas a lo largo de esta década, supimos si lograron construir un proyecto de vida que las dignifique a ellas y a sus hijos? ¿O volvieron a caer en una red de trata y en la prostitución? ¿De las 25 víctimas, cuántas pudieron ser querellantes contra los hermanos Barey? Por eso decimos que pese a que Argentina tiene una legislación de avanzada, es abolicionista de papel.

-Pero la Justicia federal de Córdoba va en un sentido de cambiar las cosas.

-Debe quedar clara una cuestión y eso es irrenunciable, es innegociable: los proxenetas deben pagar con cárcel efectiva el daño que le hicieron a sus víctimas. La Justicia se equivoca al equiparar el rescate de las víctimas con un despido de una empresa. ¿En qué se basan para calcular la reparación económica? La prostitución, el mal llamado trabajo sexual, no es un trabajo. Es una forma de violencia, es claramente una violación a los derechos humanos de las mujeres, acá hay una romantización de la prostitución. Ninguna mujer es puta porque quiere, frente a la falta de oportunidades, con índices de pobreza del 40%, esas mujeres en situación de prostitución tienen que llevarles un plato de comida a sus hijos. El cálculo reparatorio se hizo en base al convenio colectivo de las trabajadoras hoteleras y gastronómicas, contemplando aguinaldo, como si las víctimas de trata violadas reiteradamente a diario, en vez de sufrir un abuso contra su integridad, trabajaran en el sector hotelería. La Protex ni la Justicia deben equiparar el trabajo en un hotel o un restaurante con una violación. No se puede equiparar un trabajo con un abuso sexual reiterado.

La prostitución, el mal llamado trabajo sexual, no es un trabajo. Es una forma de violencia, es claramente una violación a los derechos humanos de las mujeres, acá hay una romantización de la prostitución

-La semana pasada, desde la Fundación que usted preside denunciaron el caso de una víctima de trata que había sufrido destrozos en su vivienda por un temporal y que el Estado no le había dado respuestas. 

-Sí. Durante la noche del martes 12 una tormenta dejó sin hogar a una sobreviviente de explotación sexual en la ciudad de Córdoba, y esta víctima sufrió la pérdida casi total de su vivienda. Pedimos ayuda a la comunidad porque el Estado nacional, provincial y municipal no nos dio respuestas. Esta mujer, víctima de trata, se encuentra con sus hijos y una hija de 9 años con problemas respiratorios y dermatológicos. Recién este lunes, posterior al Día de la Madre, se comunicaron con esta víctima funcionarios de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba y le dieron el mismo trato que al resto de los damnificados del temporal, desconociendo que el Estado debía darle asistencia por su condición de rescatada, que no le dio, engrosando una estadística burocrática, en vez de ser visibilizada y humanizada. Como vemos en este caso puntual hay una ausencia del Estado y eso mismo pasa con todas las víctimas que fueron rescatadas. Les dan alojamiento y atención las primeras semanas y después el Estado se desentiende.

-En junio de 2019, el Congreso de la Nación aprobó la creación de un fondo fiduciario de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas, que establece el destino exclusivo de los decomisos del delito de trata para el resarcimiento a las víctimas, por lo cual, el dinero en efectivo y el producido de la venta de bienes decomisados en procesos judiciales por el delito de trata, incluso aquellos formalizados por medio del delito de lavado de activos, sean destinados exclusivamente a restituir los derechos de las víctimas. 

-El fondo fiduciario ya cuenta con unas 150 propiedades y unos US$ 3 millones. pero las víctimas, como es el caso de las 25 de Córdoba, no han visto un peso. Esos bienes decomisados a los proxenetas de todo el país por los delitos de explotación, trata y lavado de dinero, no han llegado a nosotras. Ese patrimonio el Estado le ha dado un uso que no es el que corresponde, reparar el daño moral, psicológico y físico que sufrimos las víctimas. Y en este caso el Estado es responsable por acción o por omisión.

GM