Sobre este blog

Justicias es un newsletter de envío mensual en el que la periodista Catalina De Elía posará su mirada sobre el Poder Judicial, la política y sus intrincados caminos.

Cata es licenciada en Ciencias Políticas y Gobierno por la Universidad Torcuato Di Tella. Hizo una maestría en Políticas Públicas en FLACSO y otra en Periodismo en la Universidad de San Andrés. Cubrió temas judiciales y políticos en Telefé Noticias, Radio del Plata, Infobae, Canal 13 y América TV. Actualmente conduce en TV los programas Altavoz (TV Pública) y Fuego Amigo (Canal 9). Además publicó los libros “La cara injusta de la Justicia”, junto al fiscal federal Federico Delgado (Editorial Paidós); y "Maten a Duarte. La historia secreta de la muerte del hermano de Evita" (Editorial Planeta).

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La maquinaria política y judicial vuelve a activarse

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Cata es licenciada en Ciencias Políticas y Gobierno por la Universidad Torcuato Di Tella. Hizo una maestría en Políticas Públicas en FLACSO y otra en Periodismo en la Universidad de San Andrés. Cubrió temas judiciales y políticos en Telefé Noticias, Radio del Plata, Infobae, Canal 13 y América TV. Actualmente conduce en TV los programas Altavoz (TV Pública) y Fuego Amigo (Canal 9). Además publicó los libros “La cara injusta de la Justicia”, junto al fiscal federal Federico Delgado (Editorial Paidós); y "Maten a Duarte. La historia secreta de la muerte del hermano de Evita" (Editorial Planeta).

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El viernes 20 la Corte Suprema de Justicia anunció el reinicio de las actividades presenciales a partir del 1 de septiembre.Durante este tiempo los tribunales trabajaron, pero lo hicieron a velocidades diferentes. El fuero penal fue el que más se movió porque dirime cuestiones que tienen que ver con la libertad de las personas y con los delitos del poder. En el contencioso administrativo, que es donde normalmente recurren las empresas y los políticos para litigar contra el gobierno, la actividad también fue importante. Sin embargo, en otras áreas la lentitud crónica del poder judicial se combinó con el parate y los derechos de los ciudadanos se encogieron. Me refiero a los despedidos que no cobraron sus indemnizaciones, a los jubilados que vieron sus juicios paralizados, a las cuestiones de familia que siguen esperando, a los pequeños comerciantes que no pudieron cobrar sus deudas, a las víctimas de la inseguridad y de la violencia institucional que esperan justicia.

El Estado, por ejemplo, no dijo aún qué pasó con Facundo Astudillo Castro. Ya transcurrió más de un año de la aparición de su cuerpo sin vida. Facundo tenía 22 años y fue visto por última vez el 30 de abril cuando la policía lo detuvo en la ciudad de Mayor Buratovich en la provincia de Buenos Aires por circular durante la cuarentena dictaminada por el Gobierno a causa del COVID-19. También falta la explicación estatal de qué pasó con Magalí Morales, la mujer que fue detenida en San Luis en abril de 2020 por no llevar el DNI en plena cuarentena y que apareció ahorcada en su celda. Lo mismo sucede con los asesinatos de Luis Espinoza en Tucumán y el de Blas Correas en Córdoba a manos de la policía.

Bajo esas condiciones y en medio de una campaña electoral, la justicia se apresta a reabrir sus puertas. Pero hasta ahora ¿qué ofreció a los ciudadanos el poder del Estado al que el Presidente Alberto Fernández dedicó una parte importante de sus intervenciones institucionales frente al Congreso? Por ahora nada nuevo. La cámara de Diputados no discutió la reforma judicial después de la intervención del Senado, el cargo de Procurador General sigue ocupado interinamente por Eduardo Casal, el Consejo de la Magistratura no logró dinamizar las designaciones de nuevos jueces, tampoco enjuició a los que cargan con viejas denuncias en sus mochilas y no diseñó mecanismos de rendición de cuentas que permitan un poco de luz pública en los brumosos pasillos de los tribunales.