Jueces bajo sospecha permanente (no importa cuando leas esto)

“Para mí lo peor sería sentir que estoy de acuerdo con las cosas que ya dije o escribí. Eso me pondría realmente incómoda. Porque querría decir que he dejado de pensar”. Susan Sontag

El conflicto con los mapuches, los debates acerca del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 sobre el “Pacto con Irán”, los problemas del Poder Ejecutivo para controlar los precios, la imputación a Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de las víctimas del “Ara San Juan”, la tensión social por los cortes de calles cotidianos, son algunos de los temas que integran la agenda pública en los últimos días. Todos tienen sus especificidades pero también un punto común: están atravesados por la crisis de la ley y del sistema judicial.

Las decisiones de los jueces conviven con la sospecha permanente. A veces, de manera fundada. En otras, simplemente porque la resolución judicial cae mal en alguno de los lados de la grieta.

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La tensión con los mapuches, los cortes de calle y los controles de precios exhiben con nitidez los problemas del Estado para aplicar la ley y las resistencias de los sectores sociales que ponen en tela de juicio esa posibilidad. Da la sensación que nuestra vida pública está estructurada en torno a derechos, pero no de obligaciones. Es un problema complejo y con múltiples aspectos. Pero me interesa reflexionar sobre el comportamiento de las élites dirigenciales; es decir, las políticas, empresariales, sindicales. 

Las élites banalizan hechos que inciden en el nivel de vida de los ciudadanos. A punto tal que pudimos leer y escuchar estas semanas descalificaciones porque algunos funcionarios deslizaron la posibilidad de aplicar la ley de abastecimiento (más allá de la discusión de la eficacia de una medida así) o de juzgar los actos de violencia en la Patagonia; tema que será tratado esta tarde por el Colegio de Abogados de CABA. Y aplicar la ley es una de las razones de la existencia del Estado. El Estado produce y aplica las leyes. Si lo hace bien o mal, es otra cuestión. Pero el propio Estado crea los medios para corregir decisiones.

También hubo comentarios sobre las decisiones del TOF 8 sobre el “Pacto con Irán” que involucra a Cristina Fernández de Kirchner y del juez a cargo del Juzgado Federal de Dolores sobre el “Ara San Juan” que involucra a Mauricio Macri que no tenían relación con las resoluciones de los magistrados. Sin ingresar en ese debate, es importante resaltar que esas reacciones individuales, en su conjunto, son formas de lastimar la democracia desde adentro. La dirigencia pretende llevar agua para su molino, pero ese uso instrumental de las reglas de juego erosiona a las propias reglas de juego. 

A los problemas de eficacia del Estado para aplicar la ley se suman las intervenciones públicas de los dirigentes que simplifican cuestiones muy complejas de acuerdo a sus intereses personales o de grupo. La escena pública se parece cada vez más a un campo de batalla en el que las palabras funcionan como armas para descalificar lo que se percibe como una amenaza para posiciones particulares. Mientras tanto, los ciudadanos quedamos rehenes de esas escenas de pugilato verbal.

La campaña electoral es parte de todo ello. El termómetro de los partidos y coaliciones políticas que compiten por el voto no mide el malestar social. Las intervenciones en general, porque hay excepciones, se limitan a editar hechos para interpretarlos y luego difundirlos de acuerdo con sus intereses. El resultado de todo ello es una profundización entre la relación de las élites y los gobernados que se transforma en desconfianza, resentimiento y en la sensación de que la ley y la justicia se revelan impotentes para mejorar la vida de los ciudadanos. Es una dinámica riesgosa en momentos de crisis.

Aún con todos los problemas que pueda tener, es vital proteger el régimen democrático. Eso no significa no criticar lo que está mal o no identificar a los malos funcionarios. Al contrario, el deber de las élites y también de los ciudadanos es intervenir con firmeza y con el respaldo de la ley…con la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad.

En estos momentos de crisis, se hace indispensable una intervención fuerte del sistema judicial como promotora del diálogo. El diálogo no suprime el conflicto que es inherente a la vida en sociedad, pero la justicia tiene herramientas importantes para promover canales capaces de institucionalizar un diálogo responsable, persistente y sostenido en el tiempo sobre el destino en común.

Esta perspectiva integra el análisis que hace Roberto Gargarella en “El Poder Judicial como Promotor de la Deliberación Democrática”. La discusión pública tiene que darse sobre la Constitución que es el pacto común. Pero ello, exige algunos compromisos públicos como, por ejemplo, respetar la ley y no editar las decisiones judiciales de acuerdo a intereses particulares.

Esta tarea es colectiva, aunque probablemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Procuración General de la Nación, como cabezas del aparato judicial, deberían dar el primer paso. Aún lo esperamos.

CDE