“La identidad siempre florece”: Abuelas anunció la recuperación del nieto 140

“¡ENCONTRAMOS al nieto 140! Convocamos a los medios a una conferencia de prensa hoy, lunes 7 de julio, a las 14 horas, para dar detalles sobre la feliz noticia del encuentro de un nuevo nieto, el 140. Los y las esperamos en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria, en Av. Del Libertador 8151, CABA”, anunciaron este lunes desde Abuelas de Plaza de Mayo, días después de la polémica por la paralización que lkevaba el Banco de Datos Genéticos y el permanente avance en recortes al área de Derechos Humanos desde que iniciói su gestión Javier Milei en diciembre de 2023.

De acuerdo a lo informado en junio por Abuelas, las consultas por parte de personas que dudan sobre su identidad y que nacieron entre 1975 y 1983, que es el período en el que concentra su búsqueda la organización, se sextuplicaron después de que la serie, una adaptación de Bruno Stagnaro a la historieta guionada por Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López, llegara a la plataforma de streaming Netflix.

Desde Abuelas, al salir la serie en abril pasado, publicaron un afiche callejero de la serie que protagoniza Ricardo Darín sobre cuya imagen se le superponen, en blanco y negro, las fotos de Héctor Germán Oesterheld y de sus cuatro hijas: los cinco fueron desaparecidos por la última dictadura y nunca más se supo de ellos. La organizacón que lidera Estela de Carlotto siguen buscando a las nietas o nietos del historietista y Elsa Sánchez, su compañera de vida.

Recortes permanentes en DDHH y el reclamo de Abuelas por el BNDG

El 23 de junio, después de que Abuelas de Plaza de Mayo solicitara a la Justicia una ampliación de las medidas de protección al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que se encontraba acéfalo desde hace semanas, ya que estaban vencidos los cargos directivos y no se había llamado a concurso para cubrir los puestos vacantes, el Gobierno prorrogó el mandato de la directora general del organismo, Mariana Herrera Piñero, a través del decreto 422/2025 publicado en el Boletín Oficial.

El pasado 22 de mayo, por el Decreto N° 351/25 se dispuso la transformación del BNDG “en organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Un mes después, el 20 de junio, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín “una ampliación de las medidas de protección al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) ante las circunstancias que afectan su buen funcionamiento y frente al Decreto N° 351/2025, que lo transformó en un organismo desconcentrado quitándole su autarquía y autonomía”.

En el reclamo, Abuelas denunció que el organismo “se encuentra acéfalo desde hace semanas, ya que están vencidos los cargos directivos y no se ha llamado a concurso para cubrir las vacancias de roles esenciales para el desarrollo de las tareas centrales para su funcionamiento: la firma de informes para comunicar resultados de entrecruzamientos de ADN, la compra de insumos, el mantenimiento y cuidado de las maquinarias, el presupuesto para viajes de extracción de muestras, las exhumaciones para completar grupos familiares, entre otras tantas tareas”.

“Hoy, el BNDG no tiene presupuesto suficiente para trabajar y funcionar, ya que se mantiene con el de 2023. Además, las decisiones del BNDG están en manos del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología- licenciado en Administración de Empresas- y del Subsecretario de Ciencia y Tecnología, licenciado en Psicología. Es decir, profesionales sin formación específica para garantizar la labor de un laboratorio de alta complejidad, que es perito oficial en causas de lesa humanidad”, sostuvieron en un comunicado.

En la presentación, solitaron a la Justicia “que intime al Gobierno para que convoquen a los concursos públicos que garanticen la idoneidad científica de las/los profesionales para cubrir las vacancias de los cargos directivos y hasta tanto suceda, disponga la prórroga del mandato de la actual directora técnica, Dra. Mariana Herrera Piñero. También que intime al Gobierno a disponer las erogaciones necesarias para el adecuado funcionamiento del BNDG”.

Asimismo, Abuelas pidió que se disponga “una medida de no innovar para resguardar las muestras biológicas y genéticas que integran el Banco Nacional de Datos Genéticos, los instrumentos, los equipamientos, el inmueble donde se almacenan y preservan las muestras y la tecnología utilizada para su resguardo y adecuado entrecruzamiento”.

“Como expresamos, lo requerido en forma cautelar encuentra sustento en las obligaciones de investigar, sancionar, juzgar las graves violaciones de derechos humanos y el deber de reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas para garantizar la no repetición de los crímenes de lesa humanidad”, señala el escrito.

“El decreto, firmado el 22 de mayo por el presidente Javier Milei, quita al BNDG la posibilidad de administrar sus propios recursos, lo que implica un entorpecimiento en su objeto y funciones: la búsqueda de nuestros nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico militar”, recordaron.

El decreto, que transformó al BNDG en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, “obstaculiza, burocratiza y ralentiza su labor. Por lo tanto, el riesgo en que se encuentra el Banco se deriva de las omisiones del Estado: por un lado, la omisión de asignar un presupuesto suficiente y adecuado para cumplir con sus objetivos y funciones y, por otro, la omisión de la designación de las autoridades del Banco”, sostuvieron antes de la ratificación de Herrera Piñero al frente del organismo.

“El BNDG es un instrumento creado en 1984 para resolver el delito de apropiación de menores durante la dictadura, y desde entonces -durante todos los gobiernos democráticos hasta este Gobierno- se había ido fortaleciendo para garantizar el derecho a la identidad y esclarecer crímenes de lesa humanidad”, explicaron. Y agregaron: “Se advierte evidente el riesgo que se deriva para el funcionamiento de cualquier organismo no contar con fondos suficientes ni autoridades que puedan dirigir la labor que se lleva adelante. En el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, el riesgo se exalta en tanto se trata de un laboratorio de alta complejidad que es perito oficial en causas por desapariciones forzadas durante el terrorismo de Estado y almacena y resguarda muestras biológicas y genéticas irreproducibles en caso de pérdida”.

“Nuestra lucha es permanente, seguiremos buscando a nuestros nietos y nietas, víctimas de desaparición forzada; y solicitando a quienes deben dar respuesta sobre estos crímenes, para que cesen. Seguiremos trabajando por la Memoria, Verdad y Justicia, y sosteniendo los valores democráticos de nuestra querida patria”, concluye el comunicado de Abuelas.

A comienzos de abril de este año, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que decidió suspender el giro de fondos que se estaba realizando a organismos de Derechos Humanos que gastaron “más de $3.000 millones de pesos anuales de los contribuyentes” sin ser, dijo, “fiscalizados ni supervisados”.

El funcionario sostuvo en su cuenta de X que su cartera resolvió “iniciar una auditoría y suspender todos los pagos hasta que no haya una rendición transparente de cuentas”.

Según trascendió, el recorte es sobre el presupuesto destinado a 13 organismos de derechos humanos y la administración del predio de la ex ESMA.

“Cortamos otra caja millonaria en Derechos Humanos. Los organismos administraban un fondo sin control de $3.359.732.866 anuales para mantener el predio de la ex ESMA: solo para cortar el pasto gastaban $16.000.000 por mes”, expresó el ministro.

La decisión se enmarcó en la política de recorte del gasto público impulsada por el gobierno de Javier Milei, en medio de la tensión con los organismos de DDHH, cercanos políticamente al kirchnerismo y partidos de izquierda.

La cartera que dirige Cúneo Libarona disminuyó un 37 por ciento su planta de personal el año pasado, lo que implicó -según el Gobierno- un ahorro mensual de 820 millones de pesos.

A principios de enero, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, había advertido que el gobierno de Milei buscaba “cerrar la ex ESMA”, luego de que se produjeran despidos en el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo General de la Memoria que funcionan allí.

La nieta 139

El pasado 21 de enero, el organismo de derechos humanos que conduce Estela de Carlotto anunció la recuperación de la identidad de la nieta 139 y realizó un acto por la tarde en el predio de la ex-ESMA, justamente el emblemático sitio de memoria que el Gobierno amenaza con cerrar.

Se trató de la hija de Noemí Beatriz Macedo y Daniel Alfredo Inama, ambos secuestrados el 2 de noviembre de 1977. Fueron vistos por última vez en el Centro Clandestino de Detención Club Atletico. Noemí tenía casi 20 años en el momento del secuestro, y llevaba un embarazo de unos 7 meses.

La nieta, quien hoy tiene 46 años, tiene dos hermanos por parte de su papá, Ramón y Paula.

“Una vez más queresmos subrayar la importancia de las politicas de memoria, verdad y justicia. Es fundamental la continuidad de la politicas de Estado; deben seguir siendo sostenidas por el Gobierno con la totalidad de sus trabajadores y trabajadoras, y mantener sus instrumentos para poder continuar con el proceso que nos tiene ejemplo en el mundo”, dijo en aquella oportunidad la presidenta de Abuelas.

Es la segunda identidad que Abuelas recuperaba en menos de un mes, en medio del fuera ajuste mileísta sobre el área. El 27 de diciembre la entidad dio a conocer al nieto número 138 y Carlotto aprovechó para reclamar que se sostenga la Secretaría de Derechos Humanos. Apenas días después desde la cartera que conduce Alberto Baños se envió una serie de WhatsApp a los trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti que quedaban desafectados.

La motosierra alcanzó también al Archivo Nacional de la Memoria y a personal que sostiene distintos Sitios de Memoria (como la ex-ESMA, pero también otros de Capital Federal como Virrey Ceballos, donde se despidió al único trabajador que había).

La avanzada negacionista del gobierno libertario llevó a la Justicia a dictaminar en un fallo que el Estado debe garantizar el funcionamiento de los excentros clandestinos de detención y tortura como espacios de memoria pública.

En enero pasado, el juez federal Ariel Lijo hizo lugar a un planteo de la diputada porteña Victoria Montenegro (también nieta recuperada) ante la amenaza del ajuste de Milei. El magistrado le ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que garantice el funcionamiento y la existencia de personal capacitado en todos los excentros clandestinos de Capital Federal: la ex-ESMA y Virrey Ceballos, pero también los conocidos como Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti.

El ajuste sobre el que avanzó Baños, a partir de las directivas del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, provocó el despido de personal muy capacitado como conservadores, técnicos de mantenimiento y pedagogos relacionados a los sitios de memoria. Los organismos de DDHH y el gremio de ATE denunciaron unos 600 recortes.

En ese marco, a fines del 2024 Estela de Carlotto denunció que Milei busca “cerrar la ESMA”. Ahora Abuelas le devuelve el golpe reaccionario al libertario anunciando la recuperación de una nueva nieta.